TC Rol 13585

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0000268
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO




Santiago, quince de septiembre de dos mil veintitrés.


VISTOS Y CONSIDERANDO:
1°. Que, la parte requirente ha solicitado a esta Magistratura
Constitucional que se tenga a su parte por desistida de la acción de
inaplicabilidad deducida;
2°. Que, según consta en certificación de fojas 250, fue adoptado
acuerdo en autos con fecha con anterioridad a la presentación de
desistimiento referida en la considerativa 1°;
3°. Que, en consecuencia, corresponde a esta Magistratura resolver la
procedencia de una solicitud de desistimiento una vez adoptado acuerdo
respecto de la impugnación de autos;
4°. Que, en lo pertinente el artículo 46 de la Ley N° 17.997, Orgánica
Constitucional del Tribunal Constitucional, señala expresamente en su inciso
tercero que “Declarada su admisibilidad, dichos órganos y personas podrán
expresar al Tribunal su voluntad de desistirse. En tal caso, se dará traslado
del desistimiento a las partes y se comunicará a los órganos constitucionales
interesados, confiriéndoles un plazo de cinco días para que formulen las
observaciones que estimen pertinentes”. A su vez, el inciso cuarto de la
misma disposición señala que “El desistimiento será resuelto y producirá los
efectos previstos en las normas pertinentes del Título XV del Libro Primero
del Código de Procedimiento Civil, en lo que sea aplicable”;
5°. Que, al tenor literal de la disposición previamente transcrita,
resulta manifiesto que no existe una limitación temporal establecida
legalmente para el desistimiento de la parte requirente, por lo que resulta
ajustado a derecho acceder a la petición de la actora de fojas 251, resultando
ello por lo demás coherente con la naturaleza jurídica propia de una acción de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad la cual materializa el ejercicio de un
interés privado de carácter disponible.
A mayor abundamiento, ello coincide con la línea de pronunciamientos
de esta Magistratura Constitucional en la tramitación de desistimientos tras
adopción de acuerdos, como ha tenido lugar en causas Roles N°s 12.565-21 y
12.813-22 INA, entre otros.


Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley
Orgánica de esta Magistratura,


SE RESUELVE:
Ha lugar a la solicitud de lo principal de fojas 251. Téngase a la
parte requirente por desistida y, en consecuencia, por terminado el presente
proceso constitucional.
Álcese la suspensión decretada en autos.


Acordado con el voto en contra de los Ministros señores
CRISTIÁN LETELIER AGUILAR, señora MARÍA PÍA SILVA GALLINATO, y
MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ por las siguientes razones:
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DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE




1°. Que, el Tribunal Constitucional está encargado, en forma exclusiva,
de garantizar la supremacía constitucional cuando conoce de un
requerimiento de inaplicabilidad, a través de un control jurisdiccional de
carácter represivo y concreto, de preceptos legales, con el objeto de
determinar si su aplicación, en una gestión pendiente, produce o no un
resultado contrario a la Constitución (STC 794, c. 6°). Para que “la acción de
inaplicabilidad pueda prosperar, debe estarse siempre en presencia de un
conflicto de constitucionalidad, esto es, frente a una contradicción directa,
clara y precisa, entre determinado precepto legal que se pretenda aplicar en
el caso concreto, con la propia Constitución” (STC 5442, c. 4°).
2°. Que, el ejercicio de esta atribución envuelve, por lo tanto, un interés
público comprometido, por cuanto el examen que realiza esta Magistratura, al
conocer un requerimiento de inaplicabilidad, es de carácter normativo, el
cual, si bien es concreto -para determinar si la aplicación de la norma legal en
una gestión pendiente produce o no un resultado inconstitucional-, se dirige
en contra de la ley que, de ser acogido el requerimiento, conducirá a inaplicar
el respectivo precepto legal, pudiendo servir de base, conforme a lo dispuesto
en el artículo 93 inciso primero N° 7° de la Carta Fundamental, a un posterior
pronunciamiento de inconstitucionalidad que lo derogue, denotando así que
la sentencia estimatoria no tiene sólo interés para quienes son parte en la
gestión pendiente;
3°. Que, en efecto, si bien el control previo y concreto de la ley, a través
de la declaración de inaplicabilidad, es diverso al de inconstitucionalidad, el
primero ya constituye una advertencia al legislador de que un precepto legal
vigente, aplicado conforme a ciertas circunstancias de un caso concreto,
produce un efecto inconstitucional. De lo anterior resulta que existe una
íntima ligazón entre la sentencia estimatoria de inaplicabilidad y la
declaración de inconstitucionalidad en abstracto de la ley, lo cual conduce a
que su resolución produzca un impacto público que escapa al mero interés
particular de quien acciona ante el Tribunal Constitucional.
Como se ha sostenido, “La inaplicabilidad es un proceso que debe ser
conocido por el Tribunal Constitucional, que presenta por las altas razones
de interés público que concurren, características que la hacen diferenciarse
de los procesos que se siguen ante los tribunales ordinarios de justicia”
(Mosquera, Mario y Maturana, Cristián (2010). Los recursos procesales, Ed.
Jurídica de Chile, p. 507).
Por ello, contra la sentencia que la resuelva, no procederá recurso
alguno, lo cual es consecuencia de la alta jerarquía que tiene el Tribunal
Constitucional como máximo intérprete de la Carta Fundamental, conforme
con lo dispuesto en su artículo 94;
4°. Que, así las cosas, no resulta posible, a nuestro juicio, tratar el
desistimiento en términos idénticos a los contemplados en la legislación
procesal civil, hallándose especialmente regulado en el artículo 46 de nuestra
Ley Orgánica Constitucional, por lo que es menester resolverlo conforme a los
principios y normas que regulan la acción de inaplicabilidad, en los términos
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DOSCIENTOS SETENTA




expuestos en los considerandos anteriores, lo que nos conduce a sostener que
ya no cabe acogerlo, interpretando lo que al efecto dispone el artículo 3°
inciso segundo de aquella Ley Orgánica Constitucional, si es que se ha
producido la vista de la causa y ésta se encuentra en estado de sentencia con
Ministro redactor ya designado, como sucede en este caso;
5°. Que, mientras en el artículo 148 del Código de Procedimiento se
establece que, después de notificada la demanda, podrá el actor, en cualquier
estado del juicio, desistirse de ella ante el tribunal que conozca del asunto y, si
se hace oposición o sólo se acepta condicionalmente, el Tribunal resolverá si
continúa o no el juicio o la forma en que debe tenerse por desistido al actor,
en el caso de nuestra Ley Orgánica Constitucional, el artículo 46 preceptúa
que del desistimiento se dará traslado a las partes y se comunicará a los
órganos constitucionales interesados y que, en cualquier caso, será resuelto
por esta Magistratura, es decir, aun sin que se haya producido oposición de la
contraparte, debemos pronunciarnos acerca de la solicitud de desistimiento;
6°. Que, adicionalmente, cabe tener presente que, según el Auto
Acordado sobre Ingresos, Formación de Tabla y Vista de Causas de esta
Magistratura, de 3 de diciembre de 2009, para los efectos de computar el
plazo para dictar sentencia definitiva, “se entenderá que la tramitación de la
causa ha concluido o esta encuentra totalmente tramitada, cuando se certifica
dicha circunstancia por el relator respectivo” (Párrafo IV N° 24).
Pues bien, en tal sentido la causa de autos se encuentra totalmente
tramitada, ya que, en ella, luego que el requerimiento fuera declarado
admisible, se evacuaron los traslados respectivos, se incorporó al rol de
asuntos y, acto seguido, a la tabla del Pleno en la sesión ordinaria celebrada el
22 de marzo de 2023, fue examinada ese día por el Pleno de Ministros, previa
vista de la causa, oyéndose los alegatos de los abogados anunciados, se adoptó
el acuerdo y, en fin, se designó al Ministro redactor, todo lo cual fue
certificado por el Relator;
7°. Que, en consecuencia, de acuerdo con el interés público que se
encuentra comprometido en las acciones de inaplicabilidad de preceptos
legales y que excede, por lo tanto, el mero elemento subjetivo y particular de
los intereses de la parte requirente, atendido el estado de la causa, estimamos
que procede dictar la sentencia, negando lugar al desistimiento solicitado.


Notifíquese y comuníquese.
Archívese.


Rol N° 13.585-22-INA.

Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida
Fecha: 15/09/2023
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DOSCIENTOS SETENTA Y UNO


José Ignacio Vásquez Márquez
Fecha: 15/09/2023



María Pía Silva Gallinato Miguel Angel Fernández González
Fecha: 15/09/2023 Fecha: 15/09/2023



Daniela Beatriz Marzi Muñoz Natalia Marina Muñoz Chiu
Fecha: 15/09/2023 Fecha: 19/09/2023



Raúl Eduardo Mera Muñoz
Fecha: 15/09/2023


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta,
Ministra señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida, y por sus Ministros señor
Cristian Omar Letelier Aguilar, señor José Ignacio Vásquez Márquez, señora
María Pía Silva Gallinato, señor Miguel Ángel Fernández González, señora
Daniela Beatriz Marzi Muñoz, la Suplente de Ministro señora Natalia Marina
Muñoz Chiu y señor Raúl Eduardo Mera Muñoz.

Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional, señora María Angélica Barriga
Meza.


María Angélica Barriga Meza
Fecha: 20/09/2023




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