TC Rol 1469

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000279 7

Santiago, cuatro de noviembre de dos mil diez.

VISTOS:

Con fecha 29 de mayo de 2009, en el Rol 1399, y el
día 26 de agosto de 2009, en los autos Rol 1469, estos
últimos acumulados al anterior por disponerlo así la
resolución de 25 de enero de 2010 -fojas 247-, el señor
Adolfo Paúl Latorre ha deducido ante esta Magistratura
requerimientos de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad respecto del inciso final del
numeral 1% del artículo 42 de la Ley sobre Impuesto a la
Renta, aprobada por el Decreto Ley N” 824, de 1974, en
las causas Judiciales pendientes que se individualizan en
los respectivos libelos.

Así, el primero de los procesos constitucionales
referidos incide en un recurso de casación en el fondo
del que conoce la Corte Suprema bajo el Rol de ingreso N”
4944-2009, que el actor ¡interpuso en “contra de la
sentencia de segunda instancia dictada por la Corte de
Apelaciones de Valparaíso resolviendo un recurso de
apelación, Rol de ingreso N* 238-2009, deducido, a su
vez, en contra del fallo dictado por el Tribunal
Tributario de Valparaíso en causa sobre reclamo
tributario Rol N* 12.111-2007. El segundo de los
procesos, por su parte, incide en los autos sobre
reclamación tributaria Rol N* 10.354-2008, de los que
conoce el mismo Tribunal Tributario recién aludido.

El precepto legal que se impugna en ambos
requerimientos es el que se encontraba vigente con
anterioridad a su derogación por la Ley N”* 20.219, esto
es, previo al 1” de diciembre de 2007, y es del siguiente
tenor: "Se incluyen en este número las rentas que
obtengan, en su calidad de tales, los prácticos de
puertos y Canales autorizados por la Dirección del

Litoral y de la Marina Mercante”.

y PA

900280 :

dicie.ta, edo da

El requirente hace presente que la cuestión de fondo

que se debate en ambas causas Judiciales individualizadas
dice relación con la dilucidación de su condición de
contribuyente independiente o dependiente, a los efectos
de la determinación y cálculo del impuesto a la renta que
debe pagar. Señala que las respectivas reclamaciones las
interpuso ante el competente Tribunal . Tributario de
Valparaíso luego de que el Servicio de Impuestos Internos
objetara sus declaraciones de impuesto a la rentá, “por
cuanto dicho organismo entendió que, en su calidad de
práctico de puerto autorizado por la Dirección General de
Territorio Marítimo y Marina Mercante (Directemar),
desarrolla una actividad dependiente desde el punto de
vista laboral y, por consiguiente, debió haber declarado
el respectivo ¡impuesto conforme a lo reglado en el
numeral 1” del artículo 42 de la Ley sobre Impuesto a la
Renta y no como lo hizo, con sujeción a las normas del
numeral 2% del mismo precepto citado y acogiéndose al
beneficio que se le otorga a los trabajadores
independientes een el artículo 50 de la referida
legislación, esto es, descontando de sus ingresos brutos
hasta 15 Unidades Tributarias Anuales (UTA). Hace notar
que dicho criterio de la autoridad administrativa ha sido
ratificado por el Tribunal Tributario de Valparaíso y por
la Corte de Apelaciones de la misma ciudad en los fallos
dictados en la gestión en la que incide el requerimiento
de inaplicabilidad Rol 1399-09-INA.

En varios escritos que obran en autos, el requirente
también ha expresado que el precepto legal que se impugna
fue derogado expresamente por la Ley N” 20.219, que, como
ya se indicó, entró en vigencia el día 1” de diciembre de
2007, y que, en “su Caso particular, se continúa
aplicando, atendido que los giros que son objeto de los
reclamos pendientes ante los mencionados tribunales de

justicia corresponden a los años tributarios 2007 y 2008,

0002831
oliendo rehenda yuan”

es decir, fueron emitidos por las rentas percibidas los
años calendario 2006 y 2007, esto es, Cuando la norma
legal que es objeto de las acciones de inaplicabilidad
deducidas se encontraba aún vigente. Agrega que el motivo
de la derogación se encontraría en el reconocimiento del
carácter inconstitucional de la norma de que se trata, ya
que ésta establecía una discriminación infundada e
irracional en contra de algunos profesionales
independientes como lo son los prácticos de puertos y
canales autorizados por la Directemar, lo que se
encuentra prohibido por la Constitución de 1980, que
entró en vigencia con posterioridad a la norma impugnada.
Dicha circunstancia, según denuncia el mismo requirente,
no fue prevista por los tribunales que han dictado
sentencia en una de las gestiones judiciales invocadas,
con lo cual habría quedado sin aplicación el principio de
supremacía constitucional. Sobre este aspecto en
particular, y también en diversos escritos presentados en
autos, el señor Adolfo Paúl argumenta que el hecho de que
el precepto legal cuestionado se encuentre actualmente
derogado no impide que su aplicación pueda resultar
decisiva en la resolución de los asuntos pendientes
referidos o que su aplicación a hechos acaecidos durante
su vigencia pueda producir efectos contrarios a. la
Constitución Política y añade que sería precisamente esa
la razón que lo motivó a interponer los requerimientos de
inaplicabilidad ante este Tribunal Constitucional.

En ese mismo aspecto, hace hincapié en que los
tribunales de la instancia ya se han pronunciado en el
sentido de que resulta aplicable dicho precepto a su
situación tributaria particular, aunque aquél sea
contrario a la Constitución Política, y agrega que sería
probable que la Corte Suprema, por aplicación de un
“criterio restrictivo”, siga idéntica interpretación en

el conocimiento del recurso de casación en el fondo

000282
crbenda. odo 4

pendiente de resolución en uno de los procesos judiciales
indicados.

Como precedente Jurisprudencial que apoyaría sus
argumentos, el actor se refiere a un proceso de
reclamación tributaria similar al suyo, pero tramitado
ante el Tribunal Tributario de la VI1I Región (se cita la
causa Rol N” 10.608-2007), en el cual se habría entendido
que las rentas percibidas por servicios de practicaje,
correspondería “"clasificarlas como rentas de trabajo
independiente” y, como tales, afectas al Impuesto Global
Complementario.

En razón de lo expresado, el conflicto
constitucional que se pide resolver a esta Magistratura
dice relación con que, según sostiene el actor, la
aplicación del inciso final del numeral 1 del artículo
42 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, en el caso
concreto involucrado en cada expediente tributario
citado, ha generado y puede originar, según corresponda
al estado de cada gestión, una vulneración de la garantía
de igualdad ante la ley que el numeral 2* del artículo 19
constitucional le asegura al señor Paúl como a cualquier
otra persona. Alega en tal sentido el requirente que la
norma legal impugnada no propendería al bien común, no
obedecería a los principios de equidad y justicia ni a
fundamentos éticos O jurídicos Y tampoco sería
conciliable con la naturaleza de la función que ejercen
los prácticos de puertos autorizados por la autoridad
pública competente.

Según consta en resoluciones de fojas 129 y 212,
respectivamente, ambos requerimientos fueron declarados
admisibles por la Segunda Sala del Tribunal -en el caso
del Rol 1399-09-INA luego de evacuado el traslado
otorgado al Servicio de Impuestos Internos acerca de la
admisibilidad de la acción- y se decretó la suspensión de

los procedimientos en los que inciden. Pasados los autos

000283,
to lata y he,

al Pleno, las acciones deducidas fueron puestas en
conocimiento de los órganos constitucionales interesados
y del Servicio de Impuestos Internos, en su condición de
órgano reclamado en los asuntos en que inciden los
requerimientos. Lo anterior, a los efectos de que
pudieran hacer valer las observaciones y acompañaran los
antecedentes que estimaren pertinentes. Ñ

Consta también en los respectivos expedientes -fojJas
188 y 230- que sólo el mencionado Órgano de la
Administración evacuó el traslado conferido, solicitando
el rechazo de las acciones deducidas, en razón de las
consideraciones siguientes:

En primer término, el organismo aduce que la
situación del contribuyente Adolfo Paúl Latorre, en su
calidad de práctico de puerto autorizado por la autoridad
competente, “sería Claramente la de un contribuyente

ai

“dependiente”, con características especialmente
particulares”. En tal sentido, se encuentra afecto al
impuesto único al trabajo o de segunda categoría y no al
Impuesto Global Complementario aplicable a los
trabajadores independientes, conforme al análisis que
realiza respecto de la norma que se impugna en estos
autos -vigente desde el año tributario 1978 hasta el año
2008-, como también de las disposiciones del Reglamento
de Practicaje y Pilotaje, aprobado por el DS N” 1836, de
1955, y del Reglamento de Prácticos, en su versión
vigente al año 2005. El aludido servicio afirma, en
síntesis, que la actividad desarrollada por los prácticos
de puertos se encuentra supeditada a la autoridad
marítima y a la normativa dictada por ella, no sólo en
cuanto al desarrollo de la actividad, a su inicio, a su
término y a la responsabilidad que asumen, sino que,
además, en relación con la fijación de sus ingresos.
También sostiene el organismo público que es en

razón de la especial condición de la actividad que

00284
erdarila y tusT,,

desarrollan los prácticos que los ingresos que se
obtienen de su ejercicio están afectos al impuesto

regulado en la norma legal impugnada y, en esta medida,

no se alcanzaría a visualizar la desigualdad ante la ley.

contraria a la Carta Fundamental que denuncia el actor en
sus requerimientos. Agrega que esa misma disposición
legal sería un ejemplo de lo que en doctrina se denomina
“agrupamiento de los iguales” y que sería concordante con
la disposición contenida en el numeral 22” del artículo
19 de la Carta Fundamental. Se aduce, en similar sentido,
que la regulación de la norma impugnada se aviene con el
criterio reconocido por alguna doctrina publicista, en
cuanto a que la imposición de gravámenes especiales en
razón de “la agrupación por sector, actividad o zona
geográfica” se conforma con la Constitución (se cita en
tal sentido al profesor Arturo Fermandois V. a fojas
23D).

Finalmente, el Servicio de Impuestos Internos afirma
que tampoco en este caso la aplicación de la norma legal
de que se trata provocaría la vulneración de los
artículos 6 y 71% de la Ley Fundamental, como habría
insinuado el requirente en sus libelos, y para sostener
tal aserto señala que dicho organismo ha obrado de
acuerdo a la Constitución y a las normas dictadas en su
conformidad, con apego a la competencia que le ha sido
asignada y dentro de un sistema de control y de
responsabilidad integral.

El requirente, en presentación de fojas 167 (Rol
1399-09-INA), haciéndose cargo de las alegaciones de su
contraparte en los procesos judiciales sub lite, en
cuanto a que la actividad desarrollada por los prácticos
de puertos debe ser calificada como trabajo dependiente
de la Directemar, pide al Tribunal tener presente que la
conclusión sería diversa si se atiende a lo dispuesto en

normas expresas del Reglamento de Practicaje y Pilotaje

(artículo 9%), del Reglamento de Prácticos (artículos 6”,
inciso tercero, 7, 8” y 9), de la Ley Orgánica de la
Dirección de Territorio Marítimo y Marina Mercante -—
D.F.L. N* 292, de 1953- (artículo 18, inciso segundo) y
de la misma Ley N” 20.219 -que derogó expresamente el
precepto legal que se impugna en estos procesos
constitucionales-. Señala que la única forma de
interpretar tales normas lleva a concluir que los
prácticos ejercen su labor de manera independiente,
puesto que no tienen un empleador y no están sujetos a
relaciones de dependencia y subordinación laboral con la
Directemar, ni con los armadores ni con los agentes de
naves, ya que no tienen contrato de trabajo, no se les
practican retenciones ni descuentos a sus remuneraciones,
tampoco tienen derecho a vacaciones pagadas, a
gratificaciones, a aguinaldos, a asignación de mando,
administración y responsabilidad superior, a gastos de
representación, a bonos, ni a indemnizaciones por
desahucio o retiro o despido, entre otros beneficios
propios del trabajo dependiente. Aclara, por último, que
quienes pagan por los servicios prestados por los
prácticos de puertos son los armadores o los agentes de
naves y que la Directemar sólo actúa como entidad
recaudadora de tales ingresos.

A fojas 258 de autos obra agregado otro escrito del
Servicio de Impuestos Internos en el que se pide al
Tribunal tener presente consideraciones de hecho y de
derecho relacionadas con estos procesos de
inaplicabilidad, las cuales, en lo medular, complementan
lo expresado en la anterior presentación ya descrita, en
cuanto a la naturaleza jurídica de relación de empleo que
existiría entre los prácticos de puerto y los organismos
e ¡instituciones que operan en el sector portuario

nacional.

Habiéndose traído los autos en relación, el día 23
de septiembre de 2010 se procedió a la vista de la causa,
oyéndose la relación y los alegatos de los abogados
señores Adolfo Paúl Latorre -requirente-, y César Toledo
Concha, por el Servicio de Impuestos Internos.

CONSIDERANDO:

I. EL CONFLICTO CONSTITUCIONAL PLANTEADO.

PRIMERO: Que el artículo 93, inciso primero, N* 6”,
de la Constitución Política de la República dispone que
es atribución del Tribunal Constitucional “resolver, por
la mayoría de sus miembros en ejercicio, la
inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en
cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario
o especial, resulte contraria a la Constitución”. La
misma norma constitucional expresa en su inciso
decimoprimero que, en este caso, “la cuestión podrá ser
planteada por cualquiera de las partes o por el juez que
conoce del asunto” y agrega que “corresponderá a
cualquiera de las salas del Tribunal declarar, sin
ulterior recurso, la admisibilidad de la cuestión siempre
que verifique la existencia de una gestión pendiente ante
el tribunal ordinario o especial, que la aplicación del
precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la
resolución de un asunto, que la impugnación esté fundada
razonablemente y se cumplan los demás requisitos que
establezca la ley”;

SEGUNDO: Que, de este modo, para que prospere la
acción de inaplicabilidad es necesario que concurran los
siguientes requisitos: a) que se acredite la existencia
de una gestión pendiente ante un tribunal ordinario o
especial; b) que la solicitud sea formulada por una de
las partes o por el juez que conoce del asunto; Cc) que la
aplicación del precepto legal en cuestión pueda resultar
decisiva en la resolución de un asunto y sea contraria a

la Constitución Política de la República; d) que la

000287
devido aleta yates

Do

impugnación esté fundada razonablemente; y e) que se
cumplan los demás requisitos legales;

TERCERO: Que, en cuanto al primer requisito,
atendida la acumulación dispuesta por esta Magistratura
de los roles N*%s 1.399 y 1.469, son dos las gestiones
pendientes en que tendrá efecto este pronunciamiento de
inaplicabilidad. La primera de ellas consiste en un
recurso de casación en el fondo, del que conoce la Corte
Suprema bajo el Rol N% 4944-2009, que el requirente
interpuso en contra de la sentencia de segunda instancia
dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en los
autos sobre recurso de apelación Rol N”* 238-2009, que
confirmó la sentencia dictada por el Director Regional
del Servicio de Impuestos Internos de Valparaíso, en la
causa -Rol N* 12.111-2007, que rechazó la reclamación
tributaria. La segunda gestión se refiere a los autos
sobre reclamación tributaria, Bol N” 10.354-2008, de los
que conoce el Tribunal Tributario de Valparaíso;

CUARTO: Que, respecto al segundo requisito, la
acción de inaplicabilidad de autos ha sido deducida por
don Adolfo Paúl Latorre, recurrente de casación y'
reclamante, por lo que tiene la calidad de parte en los
procesos pendientes en que tendrá efectos este
pronunciamiento de inaplicabilidad;

QUINTO: Que, respecto al tercer requisito, en el
presente caso la norma legal decisiva para la resolución
de los asuntos descritos en el considerando tercero,
corresponde al inciso final del numeral primero del
artículo 42 de la Ley sobre Impuesto a la Renta,
contenida en el Decreto Ley N” 824, de 1974, que fuera
derogado por la Ley N* 20.219, conforme al cual: “Se
aplicará, calculará y cobrará un impuesto en conformidad
a lo dispuesto en el artículo 43, sobre las siguientes
rentas: (..) Se incluyen en este número las rentas que

obtengan, en su calidad de tales, los prácticos de

000288

E a PA E

puertos y canales autorizados por la Dirección del
Litoral y de la Marina Mercante”.

La parte requerida ha cuestionado la circunstancia
de que se solicite la inaplicabilidad de una norma
derogada, toda vez que, a su juicio, esta clase de normas
no son susceptibles de ser impugnadas por la aludida vía
constitucional, alegación de la que este Tribunal, se hará
cargo en el capítulo siguiente;

SEXTO: Que, en cuanto al cuarto requisito, el
requirente funda su acción aduciendo que la disposición
legal infringiría el derecho a la igualdad ante la ley,
que asegura y ampara el artículo 19, N* 2%, de la
Constitución Política de la República, desde el momento
que la labor de los prácticos de puertos no puede ser
asimilada a un trabajo dependiente y diferenciarse de
manera infundada respecto de los demás profesionales
independientes, con el consiguiente perjuicio de ser
objeto de un tratamiento tributario más gravoso que el
dispuesto respecto de éstos. Precisa al respecto que la
aludida asimilación importa que, a diferencia de otros
profesionales independientes, los prácticos de puertos y
canales autorizados no puedan acogerse al beneficio
tributario que a aquéllos les concede el artículo 50 bis

de la Ley sobre Impuesto a la Renta;

ll. ACERCA DEL PRECEPTO LEGAL QUE SE IMPUGNA Y QUE SE
ENCUENTRA .DEROGADO A ESTA FECHA Y SU CARÁCTER
DECISIVO A EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE
INAPLICABILIDAD.

SÉPTIMO: Que, como “se ha señalado, previo al
análisis del asunto de fondo, corresponde hacerse cargo
de las alegaciones referidas a la circunstancia de que la
disposición objetada de autos, al no tener el carácter de
precepto legal vigente, no sería susceptible de ser

impugnada a través de la acción de inaplicabilidad;

000289
: cba y pure

OCTAVO: Que, como ya se ha señalado, el precepto
legal que se objeta corresponde al inciso final del
numeral primero del artículo 42 de la Ley sobre Impuesto
a la Renta, contenido en el Decreto Ley N” 824, de 1974,
incorporado por el Decreto Ley N”* 1.604, de 1976, y
vigente hasta antes del 1” de diciembre de 2007, atendida
la derogación efectuada por la Ley N* 20.219, de acuerdo
al cual se entienden como rentas provenientes del trabajo
dependiente aquellas que reciban los prácticos de puertos
y Canales autorizados por la Dirección del Litoral y de
la Marina Mercante;

NOVENO: Que, en opinión de estos sentenciadores,
resulta perfectamente posible pronunciar un veredicto de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de un

precepto legal que, a la fecha de la sentencia

respectiva, se encuentre derogado por el legislador,
siempre y cuando, como sucede en la especie, dicha norma
hubiere estado en vigor en el momento en que se suscitó
la situación jurídica regida por ella y deba ser aplicada
por el juez de la gestión pendiente al momento de
resolver el asunto;

DÉCIMO: Que, en efecto, lo que la Constitución ha
exigido en esta materia es que el precepto impugnado
resulte aplicable al caso de que se trate, toda vez que
en su artículo 93, N* 6”, prescribe que es atribución del
Tribunal Constitucional el declarar la inaplicabilidad de
un precepto legal “cuya aplicación en cualquier gestión
que se siga ante un tribunal ordinario o especial,
resulte contraria a la Constitución”, no exigiendo que el
mismo se encuentre actualmente vigente. Con ello, el
constituyente previó acertadamente la hipótesis de la
ultraactividad de una disposición derogada, es decir, de
aquellas normas que si bien no rigen respecto de
situaciones fácticas que acontezcan en la actualidad, sí

regían en el momento en que ocurrieron los hechos que se

000290
dncodo meda 12

juzgan. Así, por lo demás, lo ha estimado esta propia
Magistratura en sentencia Rol N* 728-2007;

DECIMOPRIMERO: Que de lo dicho se desprende que la
disposición legal que se impugna en la presente acción de
inaplicabilidad tiene el carácter de precepto legal cuya
aplicación resulta decisiva para la resolución de los
asuntos que se encuentran pendientes ante los tribunales
de justicia, razón por la cual corresponde analizar -en
esta fase- los razonamientos jurídicos de las partes y la
veracidad de las infracciones constitucionales
denunciadas respecto del precepto legal aplicable a la

referida gestión judicial;

IIT. ACERCA DE LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

RESPECTO DE. LA IGUALDAD ANTE LA LEY.

DECIMOSEGUNDO: Que este Tribunal, en diversos
pronunciamientos, entendió que la igualdad ante la ley
“consiste en que las normas jurídicas deben ser iguales
para todas las personas que se encuentren en las mismas
circunstancias Y, consecuencialmente, diversas para
aquellas que se encuentren en situaciones diferentes. No
se trata, por consiguiente, de una igualdad absoluta sino
que ha de aplicarse la ley en cada caso conforme a las
diferencias constitutivas del mismo. La igualdad supone,
por lo tanto, la distinción razonable entre quienes no se
encuentren en la misma condición”. Así, se ha concluido
que "la razonabilidad es el cartabón o standard de
acuerdo con el cual debe apreciarse la medida de igualdad
o la desigualdad”. (Sentencias roles N*s. 28, 53 y 219);

DECIMOTERCERO: —Que, como lo ha precisado esta
Magistratura, “la garantía jurídica de la igualdad
supone, entonces, la diferenciación razonable entre
quienes no se encuentren en la misma condición; pues no
se impide que la legislación contemple en forma distinta

situaciones diferentes, siempre que la discriminación no

9002

91
dnde 4 Uds

>

sea arbitraria ni responda a un propósito de hostilidad
contra determinada persona o grupo de personas, o importe
indebido favor o privilegio personal o de grupo, debiendo
quedar suficientemente Claro que el legislador, en
ejercicio de sus potestades, puede establecer regímenes
especiales, diferenciados y desiguales, siempre que ello
no revista el carácter de arbitrario”. (Rol N”* 986/2008).
En palabras del Tribunal Constitucional español, "no toda
desigualdad de trato resulta contraria al principio de
igualdad, sino aquella que se funda en una diferencia de
supuestos de hecho injustificados de acuerdo con
criterios o juicios de valor generalmente aceptados” (STC
128/1987). De esta forma, un primer test para determinar
si un enunciado normativo es o no arbitrario, consiste en
analizar su fundamentación O razonabilidad y la
circunstancia de que se aplique a todas las personas que
se encuentran en la misma situación prevista por el
legislador;

DECIMOCUARTO: Que, por otro lado, ¿como lo ha
señalado esta Magistratura en diversos pronunciamientos
(roles 755 y 790, entre otros), el examen de la
jurisprudencia de diversos Tribunales Constitucionales,
como el alemán y el español, da cuenta de que no basta
con que la justificación de las diferencias sea razonable
sino que además debe ser objetiva. De este modo, si bien
el legislador puede establecer criterios específicos para
situaciones fácticas que requieran de un tratamiento
diverso, ello siempre debe sustentarse en presupuestos
razonables y objetivos que lo justifiquen, sin que, por
tanto, queden completamente entregados los mismos al
libre arbitrio del legislador;

DECIMOQUINTO: Que para poder determinar si se
infringe la igualdad ante la ley, es necesario atender
además a la finalidad perseguida por el legislador para

intervenir el derecho fundamental de que se trata, la que

900299
dinceto pere y des

debe ser adecuada, necesaria y tolerable pata el
destinatario de la misma, como lo ha puntualizado la
doctrina autorizada (Tomás Ramón Fernández. De la
arbitrariedad del legislador. Una crítica de la
jurisprudencia constitucional. Editorial Civitas, Madrid,
1988, pp. 34 y 42). Precisamente en este sentido, el
Tribunal Constitucional de España ha señalado,
específicamente, que “para que la diferenciación resulte
constitucionalmente lícita no basta que lo sea el fin que
con ella se persigue, sino que es indispensable además
que las consecuencias jurídicas que resultan de tal
distorsión sean adecuadas y proporcionadas a dicho fin,
de manera que la relación entre la medida adoptada, el
resultado que produce y el fin pretendido por el
legislador supere un juicio de proporcionalidad en sede
constitucional, evitando resultados especialmente
gravosos o desmedidos”. (Sentencias 76/1990 y 253/2004).

En otras palabras, como también lo ha hecho presente
esta Magistratura (roles N*s 755, 790, 1138 y 1140), la
igualdad ante la ley supone analizar si la diferenciación
legislativa obedece a fines objetivos y
constitucionalmente válidos. De este modo, resulta
sustancial efectuar un examen de racionalidad de la
distinción; a lo que debe agregarse la sujeción a la
proporcionalidad, teniendo en cuenta las situaciones
fácticas, la finalidad de la ley y los derechos
afectados. Habida cuenta de lo anterior, corresponde
contrastar el precepto legal que se impugna a la luz de
la igualdad ante la ley;

DECIMOSEXTO: Que en el ámbito de la garantía
constitucional referida también resulta pertinente
reiterar en este caso lo expresado por este Tribunal en
sentencia Rol 1710, de 6 de agosto de 2010:

“Que en el fallo Rol 1273, recaído en causa de

inaplicabilidad por inconstitucionalidad que sirve

SECREYARIA

de sustento al procedimiento de autos, esta
Magistratura incorporó en su entendimiento sobre la
igualdad los criterios jurisprudenciales que en el
derecho comparado se han utilizado en la última
década para afrontar las crecientes complejidades

que presentan los casos sobre tal garantía

e

constitucional, así como los afanes desplegado8z por
la doctrina en la misma dirección. De estos aportes,
entre otros descritos en la sentencia citada,
destaca el enfoque alemán que distingue
conceptualmente entre “igualdades esenciales” y
“desigualdades esenciales”, de tal modo que estamos
en presencia de una ¡igualdad esencial cuando
“personas, grupos de personas o situaciones, sobre
la base de un punto de partida (tertium
comparationis), son comparables”, de lo que,
consecuentemente, el Tribunal Constitucional Federal
alemán ha decidido que la Ley Fundamental considera
arbitrario y, por ende, inconstitucional, tratar
desigualmente a las igualdades esenciales, así como
tratar igualmente a las desigualdades esenciales.
Además, “se agrega la denominada “nueva fórmula”,
consistente en considerar lesionada la igualdad ante
la ley cuando un grupo de destinatarios de la norma,
comparados con otro grupo de destinatarios de la
norma, son tratados de manera distinta, a pesar de
que entre ambos grupos no media ninguna diferencia
de tal entidad o importancia que pudiera justificar
un tratamiento desigual. Para poder dimensionar
tales situaciones, esta fórmula requiere
expresamente una ponderación en el sentido de examen
de proporcionalidad, especialmente respecto de una
diferencia de trato de gran intensidad, para lo cual
se requiere que aquélla persiga un fin legítimo, que

esa búsqueda sea necesaria y que presente una

A

razonable relación con el valor del fin propuesto”

(Considerando centésimo) ;

IV. ANÁLISIS DE LA INFRACCIÓN A LA IGUALDAD ANTE LA LEY.

DECIMOSÉPTIMO: Que el numeral 1” del artículo 42 de
la Ley sobre Impuesto a la Renta grava los ingresos
provenientes del trabajo dependiente O asalariado
(sueldos, sobresueldos, salarios y otras remuneraciónes
análogas que menciona), en tanto que el numeral 2” del
propio artículo se refiere a los ingresos devengados por
quienes ejercen profesiones liberales o cualquiera otra
profesión u ocupación lucrativa independiente,
prodigándoles un tratamiento tributario diferenciado a
unos y otros;

DECIMOCTAVO: Que, en consecuencia, en el caso sub
lite el elemento toral para discernir el régimen
impositivo aplicable a las rentas que en el ejercicio de
su actividad obtienen los prácticos de puerto autorizados
es el alusivo a determinar si tal actividad lucrativa es
dependiente o independiente, para así establecer con qué
_Uuniverso de contribuyentes de segunda categoría deben ser
equiparados y, consiguientemente, si se ha observado o no
a su respecto el principio constitucional de simetría de
tratamiento entre iguales;

DECIMONOVENO: Que para dilucidar lo anterior debe
tenerse en cuenta que la relación de dependencia
relevante para estos efectos es la de índole laboral,
como resulta del propio epígrafe con que comienza en la
referida ley la regulación de los impuestos de segunda
categoría (“De las rentas del trabajo”). Por
consiguiente, no cabe atender aquí a otras acepciones
posibles del vocablo “dependencia”, entre las que figura
la relativa a una relación de sujeción por
supervigilancia o fiscalización técnica del desempeño de
esta clase de profesionales por parte de la autoridad

marítima;

000293
olreolo, pardo y Cenes

VIGÉSIMO: Que, sobre el particular, es pertinente
tener en cuenta que, en conformidad a lo preceptuado en
el inciso segundo del artículo 18 de la Ley Orgánica de
la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante (DEL N* 292, de 1953), los prácticos autorizados
son nombrados, cuando las necesidades del servicio lo
requieran, por el jefe de dicha repartición para atender
un “servicio determinado, sin “ser empleados de tal
organismo, y cuyos emolumentos (nótese que la ley no
habla de sueldos ni salarios sino de “emolumentos”,
concepto equiparable al de “honorarios”, es decir, a la
retribución del trabajo independiente) son de cargo del
armador Oo agente de naves que solicite sus servicios,
persona respecto de la cual el práctico .tampoco tiene un
vínculo de subordinación laboral. Confirma lo anterior lo
dispuesto en el Reglamento de Prácticos, que establece

que si bien los prácticos autorizados son nombrados por

el Director General, “no tendrán la calidad de empleados
de la Dirección General” (artículo 6”, inciso tercero,
del Decreto Supremo N” 398, de 8 de mayo de 1985);
VIGESIMOPRIMERO: Que, así las cosas, el cartabón con
el que resulta asimilable la condición tributaria del
práctico de puerto autorizado es el que respecto del
ejercicio profesional independiente describe el párrafo
segundo del numeral 2 del artículo 42 de la Ley sobre
Impuesto a: la Renta, cuando establece que "para los
efectos del inciso anterior se entenderá por “ocupación
lucrativa” la actividad ejercida en forma independiente
por personas naturales y en la cual predomine el trabajo
personal basado en el conocimiento de una ciencia, arte,
oficio o técnica por sobre el empleo de maquinarias,
herramientas, equipos u otros bienes de capital”;
VIGESIMOSEGUNDO: Que, en consecuencia, la
asimilación que el precepto legal impugnado en estos

autos hacía de los prácticos autorizados, para efectos

000296 18.
decido moot. ti

tributarios, con los trabajadores dependientes O

asalariados, en lugar de hacerlo con los trabajadores
independientes, necesariamente riñe con el principio de
igualdad de trato consagrado en el numeral 2% del
artículo 19 constitucional y configura una especie de
discriminación arbitraria que expresamente proscribe el
párrafo segundo de dicha norma fundamental;

VIGESIMOTERCERO: Que, por lo demás, una
consideración de esta índole fue la que tuvo en vista el
legislador cuando, mediante la Ley N* 20.219, de 2007,
derogó el inciso final del N” 1% del artículo 42 de la
Ley sobre Impuesto a la Renta;

VIGESIMOCUARTO: Que, en efecto, en el Mensaje de la
aludida ley se indica textualmente:
“Los Prácticos Autorizados son las únicas personas
facultadas por la Dirección General del Territorio
Marítimo Nacional, cuando no existe disponibilidad de
Prácticos Oficiales, para cumplir legalmente
funciones de pilotaje y practicaje en el litoral del

país. En su mayoría, provienen de la Armada de Chile

y la Marina Mercante Nacional y ejercen en forma
independiente su profesión.

Mediante el Decreto Ley N* 1.604 se incorporó al N* 1
del artículo 42 de la Ley sobre Impuesto a la Renta
los ingresos obtenidos por los Prácticos Autorizados,
lo que equiparó el tratamiento tributario de estos
profesionales al que rige sobre los trabajadores
dependientes.

Sin embargo, las características del ejercicio de la
actividad señalada corresponden a las de un
profesional independiente, ya que reciben pagos
esporádicos y variables y deben incurrir en gastos
para sostener su actividad. Más aún, como los
Prácticos Autorizados no tienen dependencia

contractual alguna con la Dirección General del

Territorio Marítimo y Marina Mercante, ni tampoco con
los armadores o agentes de naves, nadie les retiene
impuestos o cotizaciones previsionales y tampoco
tienen derecho a vacaciones u otros beneficios
propios de una relación laboral dependiente.

Con todo, tributar de acuerdo al N* 1 del artículo 42
de la Ley sobre Impuesto a la Renta resulta en una
situación menos favorable para estos trabajadores. En
primer lugar, no pueden descontar los gastos en que
incurren para el ejercicio de su actividad. Segundo,
como sus ingresos son esporádicos y no se distribuyen
de manera uniforme a lo largo del año, pueden
terminar pagando más impuestos de lo que harían al
tributar como trabajadores independientes bajo la

modalidad del Impuesto Global Complementario.

Con el objeto de corregir un trato tributario que no
está acorde con la realidad contractual ni tampoco
con las condiciones en que se desenvuelven en su
actividad los Prácticos Autorizados, se propone que
este grupo de contribuyentes tribute de la misma
manera que hoy Lo hacen los trabajadores
independientes”;

VIGESIMOQUINTO: Que lo anterior también se hizo
presente en la discusión parlamentaria de la normativa
aludida. Así, en la Cámara de Diputados se resaltó que se
buscaba “establecer que su tributación sea más lógica con
la condición de trabajador independiente”, lo que “parece
más adecuado por la naturaleza de la función” (Diputado
señor Álvarez, sesión de 3 de mayo de 2007, en Historia
fidedigna de la Ley N”* 20.219, págs. 54 y 55). Del mismo
modo, la asesora del Ministro de Hacienda, señora Tamara
Agnic, señaló que “estos trabajadores tributan
mensualmente como trabajadores dependientes, a pesar de
ser profesionales independientes, ya que no tienen

contratos, no se les retiene impuesto, reciben pagos

000297,
coda prada yate

000298 20

esporádicos e incurren en gastos para el ejercicio de su

actividad”. (Primer Informe de la Comisión de Hacienda
del Senado, 12 de junio de 2007, en Historia fidedigna de
la Ley N* 20.219, pág. 97);

VIGESIMOSEXTO: Que así por lo demás lo ha entendido
incluso el propio Servicio de Impuestos Internos. En
efecto, por Circular N”* 139, de 1976, dicho ente
fiscalizador reconoce que “el citado servicio es prestado
por las personas indicadas en forma ocasional, cuando no
hay disponibilidad de prácticos oficiales para atender
las faenas marítimas”. Del mismo modo lo reconoció el
Juez Tributario de Concepción al afirmar que las rentas
de practicaje “corresponde clasificarlas como rentas del
trabajo independiente” (Rol N”* 10.608, de 30 de octubre
de 2008);

VIGESIMOSÉPTIMO: Que si bien la Ley Fundamental

permite que el legislador goce de amplia libertad para
establecer y fijar los tributos, atendido el derecho a la
igualdad ante la ley y a la igual repartición de los
tributos, reconocidos en los numerales 2% y 20% del
artículo 19 de la Constitución, ello debe efectuarse de
conformidad a las exigencias y garantías que las mismas
disposiciones imponen a la potestad tributaria. De esta
manera, el legislador tributario debe tomar en
consideración la similitud o diferencia de la situación
fáctica a la que se aplicará la disposición legal, en la
especie, la naturaleza jurídica de los actos que se
gravan, y disponer un determinado trato impositivo bajo
parámetros de razonabilidad que suponen que éste se
encuentre al alero de una fundamentación razonable y
objetiva, y que su finalidad implique que la intervención
de un derecho fundamental sea adecuada, necesaria y
tolerable para el destinatario de la misma;

VIGESIMOCTAVO: Que, vistos los antecedentes

consignados en las anteriores motivaciones de la presente

sentencia, esta Magistratura puede concluir que se ha
producido una conculcación al derecho a la igualdad ante
la ley. En efecto, atendidas las características de la
labor que desempeñan los prácticos de puertos y canales
autorizados por la Dirección del Litoral y de la Marina
Mercante, esta clase de profesionales ejerce una
actividad que indubitadamente debe catalogarse como
independiente en el ámbito laboral. Por consiguiente, no
corresponde, como lo hace el precepto legal impugnado,
que su actividad lucrativa sea sometida a un estatuto
impositivo más gravoso que el existente para ese grupo de

trabajadores, más aún si no se encuentra fundamentación

¡Y razonable para ello y si se tiene en consideración que ha

l sido el mismo legislador el que, a través de la Ley N?
20.219, vino a corregir esta situación por considerarla
desajustada a la realidad y arbitraria, estableciendo una
tributación acorde con su calidad de trabajador

independiente.

Y VISTO lo dispuesto en los artículos 19, N” 2%, y
93, inciso primero, N* 6%, e inciso undécimo, de la
Constitución Política de la República, así como en las
disposiciones pertinentes de la Ley N” 17.997, Orgánica
Constitucional del Tribunal Constitucional, cuyo texto
refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el
D.F.L. N* 5, de 2010, del Ministerio Secretaría General

de la Presidencia,

Se resuelve: que se acoge la acción presentada. Se
pone término a la suspensión de los, procedimientos
decretada en estos autos, oficiándose al efecto al

respectivo tribunal.

Acordada con el voto en contra de los Ministros

señores Carlos Carmona Santander y José Antonio Viera-

00999 21
meda y pre

A E

Gallo Quesney, quienes estuvieron por rechazar el

requerimiento por las siguientes razones:

1. Que, para la mayoría, la norma impugnada afecta
la igualdad ante la ley, pues se somete a un grupo de
contribuyentes a un estatuto más gravoso que el existente
para otros que desempeñan labores semejantes, ya que no
pueden descontar ciertos costos de la base imponible de
los impuestos que deben declarar y pagar. La ley, al
tratarlos como trabajadores dependientes, se afirma, no
tiene Justificación. Ello ha sido ratificado por la Ley
N* 20.219, que vuelve a los prácticos de puerto y canales
autorizados por la autoridad marítima, a la categoría de
trabajadores independientes, como es su naturaleza, pues
no tienen contratos, no se les retiene impuestos, reciben
pagos esporádicos e incurren en gastos para el ejercicio

de su actividad, tal como era antes de 1976.

Discrepamos de dicho razonamiento, por las razones

que sostendremos a continuación:
I. ADVERTENCIA PREVIA.

2. Que es necesario, sin embargo, advertir que no

discrepamos de toda la sentencia de mayoría.

En efecto, el precepto que se impugna se encuentra

derogado por la Ley N” 20.219.

Hasta la reciente sentencia Rol 1452 (05.08.2010),
la mayoría del Tribunal consideraba que una norma
derogada no era precepto legal (STC roles 978/2008;
1186/2008; 1230/2009; 1231/2009; 1232/2009); por lo
mismo, no cabía a su respecto la inaplicabilidad, pues
implicaba dar una eficacia ultraactiva al precepto
respectivo, cualidad que exigiría hallarse prevista

expresamente (STC roles 1230/2009; 1231/2009; 1232/2009).

000301 —,,

Tal situación se traducía en dos Causales de
inadmisibilidad: de un lado, que no resultaba decisiva en
la resolución del asunto controvertido (STC roles
760/2007; 843/2007; 978/2008). Del otro, carecía de
fundamento plausible (STC roles 1230/2009; 1231/2009;
1232/2009).

Dicha declaración la hizo tanto el Pleno (STC rol

843/2007) como sus Salas (STC roles 838/2007; 760/2007).

3. Que la Sala que analizó la admisibilidad del
requerimiento, consideró, por mayoría, que dicha

derogación no impedía entrar al fondo del asunto.

Dicha decisión ha sido ratificada por el Pleno de

lesta Magistratura.

4. Que, como se constata, el Tribunal ha cambiado de
criterio. Eso es lícito en la medida que lo advierta y
fundamente claramente su cambio de criterio (STC rol 171,
26.08.1993), tal como lo hace el fallo de mayoría en los

considerandos 9”, 10% y 117).
Sobre ello no discrepamos.
II. LOS ANTECEDENTES DE LA CUESTIÓN DEBATIDA.

5. Que, formulada dicha advertencia, es necesario
reiterar ciertos antecedentes que permitan examinar

adecuadamente la cuestión debatida.

En primer lugar, la norma cuya aplicación se
cuestiona en autos es el inciso final del N* 1% del
artículo 42 de la Ley sobre Impuesto a la Renta,
introducido por el Decreto Ley N* 1.604, de 1976. Dicho
artículo establece dos categorías de contribuyentes para
aplicar, calcular y cobrar el impuesto sobre las rentas
que obtiene un trabajador. En el numeral 1%, establece el

mecanismo para el cálculo y cobro referido a las personas

302 2

hucudo de

que ejercen actividades dependientes y análogas; y, en su

numeral 2%, dicho artículo dispone el régimen al que
deben someterse las personas que ejercen profesiones

liberales.

Con anterioridad a la ley N” 20.219, de octubre de
2007, y desde 1976, los prácticos autorizados eran
asimilados a las profesiones dependientes, por lo que las
rentas percibidas con anterioridad a dicha ley debián

regirse por las normas establecidas en el inciso final

YN, del N* 1% del artículo 42 de la Ley de la Renta, mientras

que con posterioridad a la vigencia de la Ley N* 20.219

o

deben regirse por el N* 2” del referido artículo 42.

En segundo lugar, el requirente de autos, quien es
un práctico de puertos, señala que la profesión que él
ejerce debe ser considerada como profesión liberal para
efectos del referido artículo 42, como de hecho ocurre
desde la normativa incorporada por la Ley N” 20.219, en
octubre de 2007, dada la -a su juicio- real naturaleza de
dicha actividad económica. Alega el requirente que, en
consecuencia, la normativa pertinente de la ley de la
Renta, anterior a la vigencia de la Ley N* 20.219, fue
arbitraria al asimilar su profesión a las actividades
remuneradas dependientes para efectos del pago del
impuesto a la renta. Por ello, solicita que se declare
inaplicable dicha normativa, toda vez que, a su Juicio,
ella infringiría los artículos 1*, inciso tercero, y 19,

N9%s 24” y 26”, de la Constitución Política.
III. DOS CUESTIONES METODOLÓGICAS.

6. Que, luego de tener en cuenta estos dos
antecedentes, es necesario, para la adecuada resolución
del asunto formulado por el requirente y antes de entrar
al fondo de la discrepancia con la mayoría, analizar dos

cuestiones metodológicas: el ámbito de discrecionalidad

000303
t , tf Lu, 25

de que goza el legislador para determinar los tributos y

sus categorías; y el alcance del principio de igualdad en

la acción de inaplicabilidad.
a. Deferencia al legislador en materia de tributos.

7. Que, como señala el artículo 63 N* 2% de la
Constitución, son materias de ley aquellas que la
Constitución exige que sean reguladas por una ley. Al
respecto, al tenor del precepto constitucional contenido
en el artículo 19 N* 20%, es el legislador el órgano
competente para fijar la proporción, progresión o forma
en que debe regularse la ¡igual repartición de los
tributos y la igual repartición de las demás cargas
públicas, determinando los elementos esenciales de la
obligación tributaria. Además, conforme a la preceptiva
constitucional, las leyes sobre tributos sólo pueden
tener origen en la Cámara de Diputados (artículo 65,
inciso segundo). Luego, se señala que tales leyes son de
iniciativa exclusiva del Presidente de la República

(artículo 65, inciso cuarto, N* 1%).

8. Que, como se observa, la Constitución exige que
el contenido de la ley tributaria incluya los elementos
esenciales de la obligación impositiva, esto es: el hecho
imponible; los presupuestos de hecho a los que se
atribuirá la producción del hecho imponible; los sujetos
obligados al pago; el método o procedimiento para
determinar la base imponible, en “sus lineamientos
esenciales; las alícuotas que se aplicarán para fijar el
monto del tributo; los casos de exenciones; los supuestos
de infracciones, y las sanciones correspondientes (EVANS
DE LA CUADRA, E., Y EVANS ESPIÑEIRA, E.: Los Tributos
ante la Constitución, Editorial Jurídica de Chile,
Santiago, 1997, págs. 70 y 72). En sentencias anteriores,

por lo demás, este Tribunal ha señalado que corresponde

000304

de e mt. 26

al legislador efectuar la regulación de los tributos,

indicando que “es al legislador a quien le corresponde

señalar los elementos esenciales de la obligación

tributaria” (el destacado es nuestro) (C. 31%, STC roles

N9%s 759, 718, 773).

9. Que, por otra parte, la Constitución no asegura
la invariabilidad tributaria, sino que establece un
ámbito de discrecionalidad para el legislador. El
legislador, ha dicho este Tribunal, es soberano para
modificar o suprimir tributos a la luz de las nuevas
circunstancias imperantes que imponen una revisión de la
N, política fiscal existente hasta entonces (STC rol

11452/2010).

Frente a ello, cabe tener presente que, en materla

tributaria, el legislador ha previsto normas especiales
sobre vigencia de la ley en el artículo 3% del Código
Tributario, por lo que corresponde al juez de fondo, de
conformidad a tales reglas, determinar el estatuto
aplicable en cada caso concreto. Dicha tarea es ajena a

esta Magistratura.

10. Que, no obstante lo anterior, que la regulación
tributaria sea competencia del legislador no implica que
este Tribunal esté impedido de controlar su eventual
arbitrariedad, desproporcionalidad o desigualdad en la

repartición de los tributos.

Sin embargo, al hacerlo, en virtud del principio
democrático (artículo 4” de la Constitución) y del hecho
que esta Magistratura sea un órgano del Estado inserto en
el sistema de reparto de atribuciones que la Constitución
establece, así como por la deferencia debida al
legislador, el Tribunal Constitucional debe actuar con

especial cuidado, tanto al interpretar dicha ley,

buscando una interpretación conforme, como al interpretar

la propia Constitución.

En efecto, el principio de dignidad democrática de
la ley debe tenerse en cuenta no sólo al interpretar la
ley sino también a la hora de interpretar la Constitución
(FERRERES COMELLA, VÍCTOR: Justicia constitucional y
democracia, Centro de Estudios Políticos Y

Constitucionales, Madrid, 1997, p. 38).

No debe olvidarse que también la propia Constitución
ha de ser interpretada en términos estrictos y no en una

dirección extensiva que amplíe o restrinja su contenido

SN por tanto, el límite que de él resulte para el

j

Fllegislador (DE OTTO, IGNACIO: Derecho Constitucional.
Sistema de fuentes, Ed. Ariel, Barcelona, 1988, p. 148).

11. Que, adicionalmente, debe considerarse que los
tributos “son obligaciones pecuniarias expresas que
establece el legislador para financiar el cumplimiento de
las funciones y cometidos estatales. Tales funciones y
cometidos del Estado se orientan al servicio de la!
persona humana y a la promoción del bien común, para lo
cual el Estado debe contribuir a crear las condiciones
sociales que permitan a todos y a Cada uno de los
integrantes de la comunidad nacional su mayor realización
espiritual y material posible, con pleno respeto a los
derechos y garantías constitucionalmente asegurados
(artículo 1%, inciso cuarto, de la Constitución). Se
trata de ingresos públicos cuyo destino es definido por
la Administración. Ellos generan una relación de derecho
público entre el contribuyente y el Estado. Asimismo, en
los tributos no hay una obligación de contraprestación,
pues el contribuyente no recibe directamente algo a

cambio de lo que paga (STC roles 1295/2008; 1034/2008).

000308.

ALAA

Los tributos son de beneficio fiscal. Sin embargo,
ello no implica que el Estado no pueda dar a los tributos
otra finalidad que la recaudatoria. Por ejemplo, pueden
ser utilizados como instrumento de una política
económica, destinada .a motivar O desincentivar el
desarrollo de una actividad, a corregir distorsiones en
el mercado, estabilizar la economía, redistribuir
ingresos, etc. (STC rol 1295/2008). Para tal efecto el
legislador se encuentra dotado de potestades de

configuración.

12. Que, en consecuencia, el sistema tributario
configurado por el legislador debe analizarse con

deferencia.

Al respecto, se ha señalado que "perfectamente
pueden existir leyes que excluyan de determinado
beneficio a determinado grupo o le impongan Ciertas
cargas, pero en virtud del principio de deferencia, no
existe razón para sospechar que el parlamento no ha
sopesado con igual consideración los intereses de cada
uno de esos grupos” (FERRERES COMELLA, VÍCTOR: Justicia
constitucional y democracia, Centro de Estudios Políticos

y Constitucionales, Madrid, 1997, p. 246).

Inclusive y, especialmente, cuando los afectados por
la legislación supuestamente perjudicial son grupos o
minorías que no han sido históricamente desfavorecidos,
los Juicios de legitimidad, adecuación y proporcionalidad
que subyacen a la decisión legislativa, deben ser
especialmente cuidadosos de no restringir el ámbito de

discrecionalidad del legislador.

307

000
Luto ”

b. Alcances del principio de igualdad en la acción de

inaplicabilidad.

13. Que una segunda cuestión metodológica es que,
siendo el legislador quien debe configurar los distintos
estatutos tributarios, el Tribunal Constitucional debe
procurar no establecer estatutos privilegiados que rompan
el equilibrio del sistema que el legislador ha
construido. Lo anterior se ve reforzado si se considera
que la acción de inaplicabilidad no afecta la validez del
precepto legal cuya aplicación se impugna, sino
únicamente impide que dicho precepto sea aplicado en un
caso concreto. En tal contexto, debe evitarse el riesgo
de generar estatutos especiales privilegiados respecto de
quienes litigan, por la vía de ordenar prescindir de un
precepto legal. La Constitución ordena que sea la ley la
que fije “la igual repartición de los tributos” (artículo

19 N* 20%).

El asunto es especialmente delicado en el caso en
cuestión, pues en el presente requerimiento se solicita
que un contribuyente sea excluido del régimen general que
rige la actividad que desempeña; y sin Que quede
precisado con absoluta certeza cuál será su estatuto

jurídico después de dicha supresión.

14. Que, además, al enjuiciar la igualdad de una
determinada norma tributaria, debe tenerse presente que
es de la esencia de tales normas establecer regímenes
diferenciados atendiendo a las capacidades contributivas.
En este sentido, se ha señalado que “la igualdad
tributaria resulta ser una especie dentro del género
igualdad ante la ley; en ésta todas las personas son
iguales, en aquélla no todas son iguales ante la ley del
tributo. En efecto, es la ley del tributo la que tiene

que ser igual frente a capacidades contributivas

00030

] . Í, A 30

iguales.” (EVANS DE LA CUADRA, E., Y EVANS ESPIÑEIRA, E.:

Los Tributos ante la Constitución, Editorial Jurídica de

Chile, Santiago, 1997, p. 80).

15. Que, por ello, para verificar si una regulación
incurre co no en dicha arbitrariedad oO falta de
proporcionalidad, es necesario tener presente que a esta
Magistratura no le corresponde enjuiciar el mérito de las

decisiones legislativas.'

Como se señaló en el considerando trigésimo primero

Ade la sentencia rol N* 1295: "a esta Magistratura no le
¡corresponde sustituir el juicio propio del legislador ni
"juzgar la sabiduría o mérito de los instrumentos que
emplea, incluso si ellos conllevan diferencias, a
condición de que estos instrumentos diferenciadores se
presenten como razonablemente idóneos y proporcionales a
los fines perseguidos (STC rol 797/07). Así, por ejemplo,
se ha señalado que un determinado precepto “obedece a una
decisión de política legislativa específica, en el marco
ya reseñado, que establece una diferencia que, por tener
fundamento racional, no puede ser calificada de
arbitraria” (Rol N* 811/07). Además, se ha sentenciado
que "el Tribunal no legisla ni administra, ni entra a
calificar la bondad de las disposiciones legales 0
administrativas. Sólo debe resolver si se ajustan o no a
las normas, valores y principios constitucionales. De una
parte, debe velar por que la ley o el decreto no vulneren
los límites constitucionales y, de otra, no puede
inmiscuirse en la esencia del ejercicio de las funciones
públicas que le corresponden al Congreso Nacional, al
Presidente de la República o a los Tribunales de
Justicia. En el ejercicio de esta facultad, el legislador
se encuentra sujeto al marco que fija la propia Carta
Fundamental y el Tribunal Constitucional es el principal

órgano encargado de velar por que la ley efectivamente no

REKO

hiato po,

vulnere los límites constitucionales. El principio que se
ha descrito constituye un criterio interpretativo
adoptado explicitamente . por los más importantes

Tribunales Constitucionales del mundo” (STC rol 896/07)”.

16. Que, en segundo lugar, al enjuiciarse la
arbitrariedad de un precepto legal, no puede cuestionarse
el mérito de la decisión legislativa, punto sobre el cual
existe consenso y que ha sido manifestado en numerosas
sentencias de esta Magistratura. Así, se ha señalado que
“vel Tribunal Constitucional es el principal órgano
encargado de velar por que la ley no vulnere los límites
constitucionales, lo que significa, a la vez, la garantía
de cierta esfera de autonomía del legislador, que
comprende, básicamente, el conjunto de apreciaciones de
conveniencia y oportunidad política que lo llevan a la
adopción de una u otra fórmula normativa orgánica. De
este modo, como se ha consignado por esta Jurisdicción
Constitucional, sólo cuando el legislador excede su
ámbito de atribuciones, infringiendo los márgenes
contemplados en el texto, principios o valores esenciales
de la Carta Fundamental, o violenta el proceso de
formación de la ley, el Tribunal Constitucional puede
intervenir para reparar los vicios de
inconstitucionalidad en que aquél haya incurrido (entre
otros, STC 664/06. En el mismo sentido, entre otros,

roles N*s. 231; 242; 465; 473; 541; 786/07 y 1065).

17. Que, así, el control concreto de
constitucionalidad únicamente deberá constatar y juzgar
los motivos de la norma que se cuestionan, determinando,
en primer lugar, la existencia de motivos; en segundo
lugar, verificando que estos motivos sean coherentes, y,
en tercer lugar, verificar que dichos motivos sean
consistentes. Así, esta Magistratura ha señalado que

“[fljo relevante es que esa discriminación no sea

900310 — =

Fmmiato diez

arbitraria. Por lo tanto, hay que buscar la

justificación, el motivo que explica y funda la medida.
No se trata con ello de que exista una razón que convenza
o persuada a todos. Lo relevante es que esa razón exista,
sea suficiente y coherente con la decisión, y no sea
ilegítima; se trata de justificar, no de obligar a creer

en esas razones.” (C. 96%, STC rol N* 1295).
IV. LA REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS PRÁCTICOS.

18. Que, señaladas las dos cuestiones metodológicas

precedentes, entraremos al fondo de lo planteado.

Como es sabido, mediante el Decreto Ley N”* 1.604, de
1976, se incorporó al N* 1% del artículo 42 de la Ley
sobre Impuesto a la Renta la tributación de los ingresos
obtenidos por los prácticos autorizados, lo que equiparó
el tratamiento tributario de estos profesionales al que

rige a los trabajadores dependientes.

Por lo mismo, estas personas han tenido, en los
últimos cuarenta años, tres regímenes diferentes. Antes de
1976, es decir del D.L. N” 1.604, eran considerados por el
legislador como trabajadores independientes. Desde 1976
hasta 2007, año de dictación de la Ley N” 20.219, su.
régimen impositivo, por más de 30 años, fue el propio de
trabajador dependiente. A partir del año 2008, la ley los

vuelve a considerar trabajadores independientes.

19. Que no se cuenta con registros disponibles de la
historia fidedigna de tal Decreto Ley, pues ésta no se

encuentra en la Biblioteca del Congreso Nacional.

Ello, sin embargo, no significa que el legislador no
haya tenido motivos o que tales motivos o Justificación no

puedan desprenderse de la norma impugnada.

211 Ñ
qual

Si bien la historia fidedigna de un precepto legal es
un instrumento de interpretación constitucional, no es

muchas veces el mejor, y mucho menos el único criterio.

Para determinar si en el presente caso resulta
arbitrario y carente de justificación que los prácticos
sean tratados como empleados dependientes para efectos
del pago del impuesto a la renta, es menester comprender
la peculiar naturaleza de la actividad que realizan en

atención a la regulación a la que están sometidos.

20. Que, en primer lugar, prácticos son los
profesionales dependientes de la Dirección General,
autorizados por ella y ajenos a la dotación de la nave,
que asesoran al Capitán en todo lo relativo a. la
navegación, a las maniobras, a la legislación y a la
reglamentación de la República. Cuando éstos realizan
toda maniobra que se ejecuta con una nave en un puerto,
se denominan “prácticos de puerto”, y cuando efectúan la
conducción de una nave por los canales o entre los
puertos del litoral, reciben la denominación de

“prácticos de canales”.

La actividad de los prácticos es una actividad a la
que forzosamente debe recurrir toda nave chilena 0
extranjera que navegue por aguas interiores de la
República, por el Estrecho de Magallanes, o en sus
vecindades (artículo 1%, Reglamento de Practicaje y
Pilotaje, de la Dirección General del Territorio Marítimo

y de Marina Mercante de la Armada, de 2010).

21. Que, en segundo lugar, la actividad de los
prácticos es una actividad densamente regulada. De
partida, los prácticos son nombrados por la Dirección
General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante

cuando las necesidades del servicio lo requieran

34

ll

(artículo 18 de la Ley Orgánica de la Dirección General

==
a
>
(6

del Territorio Marítimo y de Marina Mercante).

Enseguida, las remuneraciones de los prácticos se
encuentran reguladas por la ley, que establece que éstos
recibirán, además de su sueldo, el 20% de las entradas
procedentes de las faenas que se efectuaren, suma que no
podrá exceder del 50% del sueldo base (artículo 20).
Asimismo, la ley señala que los viáticos y demás gastos
de movilización en que ¡incurran (los prácticos serán

fijados por reglamento (artículo 35).

Luego, la actividad de los prácticos se somete al
control de diversas potestades por parte de la Dirección
General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante.
Así, se someten a las órdenes de la Dirección de Marina,
a su control y a la aplicación de sanciones, pues a ella
corresponde juzgar y sancionar al personal de la Marina
Mercante, al personal de naves especiales y, en general,
al personal que trabaja en faenas que las leyes le
encomiendan fiscalizar (artículo 3, letra f), de la ley
Orgánica de la Dirección General del Territorio Marítimo
y de Marina Mercante). En efecto, por tal sometimiento es
que el práctico debe permanecer a bordo de la nave todo
el tiempo que dura la faena realizada (artículo 16 del
Reglamento de Practicaje y Pilotaje); debe existir un
libro de registro de maniobras de practicaje realizadas,
en el cual el práctico debe dejar constancia de todas las
maniobras realizadas (artículo 17 del Reglamento de
Practicaje y Pilotaje); la actividad de pilotaje se
ejercerá conforme .a las normas contenidas en el
Reglamento y a las instrucciones especiales que imparta
el Director General (artículo 28 del Reglamento de
Practicaje y Pilotaje). Así, en el artículo 9” del
Reglamento de Practicaje y Pilotaje se señala que “los

prácticos dependen de la Dirección General o de la

Autoridad Marítima, en su caso, y son las únicas personas
que pueden cumplir las funciones de pilotaje y

practicaje”.

22. Que la regulación mencionada anteriormente da
cuenta de las particularidades de las actividades de
practicaje y pilotaje. No es una actividad semejante a

una profesión liberal. E

Es la ponderación de esos elementos lo que explica
que el Decreto Ley N* 1604, de 1976, asimilara los
prácticos autorizados a empleados dependientes,
sometiéndolos al régimen del artículo 42 N* 1% de la Ley
de la Renta. Tal como se señala en la Circular N* 139, de
1976, del Servicio de Impuestos Internos, “su
incorporación al N”* 1 del Artículo 42 de la Ley de la
Renta se fundamenta en que de acuerdo al Reglamento de
Practicaje y Pilotaje, los prácticos autorizados dependen
de la Dirección del Litoral y de Marina Mercante, no
teniendo ellos injerencia alguna en la fijación de las

remuneraciones y naves que deban pilotar”.

23. Que, de otro lado, si bien en virtud de la Ley
N* 20.219 los prácticos autorizados fueron asimilados a
los trabajadores ¡independientes para efectos de la
determinación de su impuesto a la renta, en el respectivo
Mensaje del Ejecutivo se consideró para tal asimilación
el hecho de que éstos poseen rentas discontinuas y
variables. En efecto, en dicho Mensaje (N* 650-354 de 24
de enero de 2007) se señaló que la actividad de los
prácticos autorizados podía ser tratada como la de un

”M

profesional independiente, ya que reciben pagos
esporádicos y variables y deben incurrir en gastos para
sostener su actividad.”. Además, se consideró que los
prácticos autorizados no tienen dependencia contractual

alguna con la Dirección General del Territorio Marítimo y

000314 36

Trncorkn táliee

Marina Mercante, ni tampoco con los armadores Oo agentes de

naves, nadie les retiene impuestos 0 cotizaciones
previsionales y tampoco tienen derecho a vacaciones u
otros beneficios propios de una relación laboral

dependiente.”.

Sin embargo, debe considerarse que tales referencias
del Mensaje se contienen en el título “Dificultades en la
tributación de prácticos autorizados” y que las
modificaciones ¡introducidas por la mencionada ley cumplen
precisamente el objetivo de subsanar dichas dificultades,
estableciendo que Jos prácticos sean tratados como

trabajadores independientes.

24. Que, como se observa, la actividad de los
prácticos no es una simple actividad lucrativa
independiente. Por ello, existían distintas

interpretaciones respecto a qué tratamiento debían
recibir (VALDERRAMA RONCO, CATALINA. Naturaleza jurídica
de la relación existente entre los prácticos autorizados
y la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina
Mercante. Memoria para optar al grado de Licenciado,
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad

Católica de Valparaíso, págs. 17 y ss.).

En tal escenario, el legislador goza de
discrecionalidad para encasillar tal categoría de
trabajadores en cualquiera de los dos primeros numerales

del artículo 42 de la Ley de la Renta.
Así lo hizo en 1976 y lo volvió a hacer en 2007.

El Tribunal Constitucional no es el único que puede
cambiar de criterio. También el legislador puede hacerlo.
Más todavía si las categorías en que ha ubicado a los
prácticos en distintos períodos, son definidas por él

mismo.

000315 7

Las Categorías de "trabajador dependiente” y de
“trabajador independiente” no están contenidas en la
Constitución. Son definiciones que da el legislador y
que, por lo mismo, le corresponde a él completar 0

desarrollar.

Incluso más. Todos los elementos en juego en el
presente caso son legales: el impuesto a la renta, los
factores del impuesto, quiénes descuentan rentas, las

categorías que establece el artículo 42.

Además, sólo toca al legislador decidir las razones
para configurar a los sujetos que deben pagar un impuesto

determinado.

25. Que, por lo demás, personas que desarrollan
actividades económicas análogas a las desarrolladas por
f los prácticos autorizados, son tratadas como trabajadores
dependientes, sin serlo en sentido estricto. Pero, dada
la especial regulación a la que se encuentran sometidos,
el legislador les ha dado tal tratamiento. Así ocurre con
los choferes taxistas que no sean propietarios de los
vehículos que exploten, caso en el que pese a no existir
un vínculo contractual tal que permita catalogarlos como
trabajadores dependientes, el legisiador ha atendido a la
especial naturaleza de la actividad que desarrollan y los
ha ubicado en esa categoría (Cfr. artículo 42 N* 1, Ley

sobre Impuesto a la Renta).

26. Que, en este orden de consideraciones, Cabe
tener presente que la determinación de quiénes se
encuentran en situaciones análogas, y la formación de
distingos o categorías, le corresponden al legislador, el
cual, al proceder, deberá adoptar alguno de los criterios
formulados por la doctrina económica, esto es, el de la
capacidad contributiva, el del origen de las rentas, el

del beneficio del contribuyente, u otros parámetros que

Yun

000316 >

1 U , rn :

estime convenientes (Bielsa, citado por FIGUEROA VALDÉS,
JUAN: Las Garantías Constitucionales del Contribuyente en
la Constitución Política de 1980, Editorial Jurídica de
Chile, 1985, p. 163). Así, de la misma forma en que el
legislador es libre de determinar quiénes se encuentran
en categorías análogas, también es libre de modificar
dichas categorías conforme a las razones de mérito que

considere oportunas.

Además, si se observa con detención las 28
modificaciones que el artículo 1” del Decreto Ley N?
1.604 introdujo a la Ley de Impuesto a la Renta, y que
ubicó a los prácticos como trabajadores dependientes,
casi todas tienen que ver con la definición de categorías
de contribuyentes; y qué hechos gravados quedan afectos
al impuesto. En ese marco, se consideró que los prácticos

eran trabajadores dependientes, a pesar de que hasta ese

momento -1976- eran considerados por el mismo legislador
como trabajadores independientes, tal como lo volvió a

considerar a partir de 2008.

27. Que, por lo todo lo señalado, debe concluirse
que el legislador de 1976 no incurrió en arbitrariedad al
dar a los prácticos autorizados el tratamiento de
trabajadores dependientes, pues la naturaleza de la
actividad realizada por aquéllos es sui géneris y frente
a ello bien puede el legislador establecer una ficción
que lOs asimile a la categoría de trabajadores
dependientes, como lo hizo el DL N* 1604 de 1976, o bien
a la categoría de independientes, como lo hizo la Ley N?

20.219 en el año 2007.

Además, es suficiente para esta Magistratura, sin
entrar a disputar su tarea con la del legislador, que
éste, al definir la ubicación de determinados

trabajadores en una determinada categoría de

000317 39

contribuyentes, haya tenido una razón suficiente, y ésta

sea coherente y consistente con la regulación que
establece, como sucede en la especie. Ir más allá,
implicaría entrar a analizar variables que toca al

legislador ponderar.

No es rol de esta Magistratura definir si los
prácticos son o) no trabajadores dependientes O
independientes. Lo que nos corresponde es verificar que
existan razones para que el legislador opte por una u

otra alternativa.

28. Que, para estos disidentes, el legislador tiene

suficientes razones para considerar que los prácticos son

SE trabajadores dependientes. El hecho de que la Ley N”
Ñ
«20.219 los haya considerado trabajadores independientes,

--

Le

¿no hace inconstitucional la anterior regulación. Sólo

WM Y, A
Ny SECRESARIA revela que el legislador, ponderando otras razones, ha

cambiado de parecer. En eso no puede haber reproche. La
Constitución faculta al legislador para “imponer,
suprimir, reducir o condonar tributos” y “determinar su
forma, proporcionalidad o progresión” (artículo 65,
inciso cuarto, N* 1%, Constitución). Ha cumplido,
entonces, su rol de definir los sujetos gravados con el

tributo.

29. Que en la definición de la naturaleza del examen
que hace esta Magistratura de las decisiones del
legislador, está en juego la deferencia que debe existir
hacia él. Este Tribunal no puede imponer sus proplas
motivaciones o sobrevalorar las que tuvo en cuenta una
determinada composición del cuerpo legislativo en una
época, al momento de determinar si un precepto vulnera o

no la Constitución.

El. Tribunal debe actuar con deferencia y auto

restricción en estas materias, a fin de no desbalancear

¿000318 e

el delicado equilibrio de competencias que la

Constitución asignó a los distintos órganos del Estado.

30. Que esas son las razones que llevan a estos
disidentes a no compartir el razonamiento y la conclusión
del voto .de mayoría, y ser partidarios, en cambio, de

rechazar el presente requerimiento.

Redactaron la sentencia los Ministros señores
Enrique Navarro Beltrán y' Francisco Fernández Fredes, y

la disidencia, sus autores.
Notifíquese, regístrese y archívese.

Roles Ns 1399-09 INA y 1469-$9-INA, acumulados.

Se certifica que el Ministro señor Raúl Bertelsen Repetto
concurrió a la vista de la causa y al acuerdo del fallo,
pero no firma por encontrarse con permiso.

Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional,
integrado por los Ministros señores Marcelo Venegas

eel

000319 41

Palacios (Presidente), Raúl Bertelsen Repetto, Hernán
Vodanovic Schnake, señora Marisol Peña Torres y señores
Enrique Navarro Beltrán, Francisco Fernández Fredes,
Carlos Carmona Santander, José Antonio Viera-Gallo
Quesney e Iván Aróstica Maldonado.

Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional,
señora Marta de la Fuente Olguín.

lo