TC Rol 14775

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TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES




Santiago, ocho de noviembre de dos mil veintitrés.


VISTO Y CONSIDERANDO:
1º. Que, a fojas 1, , Ilustre Municipalidad de Cholchol ha presentado un
requerimiento inconstitucionalidad respecto del numeral 15°, del Auto Acordado N°
94, de 2015, de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de
Protección de las Garantías Constitucionales, en el proceso Rol N° 6922-2021,
seguido ante la Corte de Apelaciones de Temuco, por recurso de protección;
2°. Que, la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó que se diera
cuenta del requerimiento de autos ante la Primera Sala de esta Magistratura;
3°. Que, estudiado el expediente constitucional, la Sala ha arribado a la
conclusión de que el requerimiento de autos no cumple con las exigencias
constitucionales y legales para poder ser admitido a trámite, conforme se explicará a
continuación;
4º. Que, conforme a lo preceptuado por el artículo 93, inciso tercero, de la
Constitución, en los casos de requerimientos de inconstitucionalidad de autos
acordados, “podrá requerir al Tribunal toda persona que sea parte en juicio o gestión
pendiente ante un tribunal ordinario o especial, o desde la primera actuación del
procedimiento penal, cuando sea afectada en el ejercicio de sus derechos
fundamentales por lo dispuesto en el respectivo autoacordado.”; al tiempo que el
artículo 52, inciso segundo, de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal
Constitucional, consigna que “el requerimiento deberá formularse en la forma
señalada en el inciso primero del artículo 63 y a él se acompañará el respectivo auto
acordado, con indicación concreta de la parte impugnada y de la impugnación. Si lo
interpone una persona legitimada deberá, además, mencionar con precisión la
manera en que lo dispuesto en el auto acordado afecta el ejercicio de sus derechos
fundamentales.”;
5°. Que el actor requiere la declaración de inconstitucionalidad respecto del
numeral 15 del Auto Acordado N° 94, de 2015, de la Corte Suprema, que dispone:
“15º.- Si la persona, el funcionario o el representante o Jefe del Órgano del Estado,
ya tenga éste la calidad de titular, interino, suplente o subrogante, o cualquiera otra,
no evacuare los informes o no diere cumplimiento a las diligencias, resoluciones y
sentencias dentro de los plazos que la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema
ordenaren, conforme a lo establecido en este Auto Acordado, podrán éstas imponer
al renuente, oyéndolo o en su rebeldía alguna o algunas de las siguientes medidas: a)
amonestación privada; b) censura por escrito; c) multa a beneficio fiscal que no sea
inferior a una unidad tributaria mensual ni exceda de cinco unidades tributarias
mensuales; y d) suspensión de funciones hasta por cuatro meses, tiempo durante el
cual el funcionario gozará de medio sueldo. Todo ello además de la responsabilidad
penal en que pudieran incurrir dichas personas.”;
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TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO




6°. Que, la Municipalidad de Cholchol explica que la Corte de Apelaciones de
Temuco acogió un recurso de protección presentado por doña Claudia Molina
Espinoza, que se fundamentaba en la no renovación para el segundo semestre del
año 2021 de un nombramiento a plazo fijo.
Añade que la sentencia ordenó renovar la contrata de la recurrente,
reintegrarla en su cargo y disponer el pago a su favor de todas las remuneraciones y
estipendios que se hubieren devengado mientras hubiere permanecido separada o
en otro cargo.
Indica que la Corte Suprema confirmó con declaración la sentencia apelada
por el Municipio, disponiendo que se dejaba sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 574
de 31 de mayo de 2021, debiendo la recurrida reincorporar a la recurrente en las
mismas condiciones en que se venían prestando sus servicios y enterar las
remuneraciones y demás emolumentos legales, debidamente reajustados, entre la
fecha de su separación y la de su reincorporación.
Señala que el 26 de abril de 2022 se dictó el cúmplase, y que la parte
recurrente solicitó se informara sobre el cumplimiento del fallo bajo apercibimiento
de arresto.
Agrega que el Municipio informó haber reincorporado a la recurrentes en los
términos señalados por la Corte Suprema, pero que la recurrente disconforme con el
informe emitido solicitó el apremio por incumplimiento, frente a lo cual la Corte de
Apelaciones de Temuco resolvió que teniendo presente el informe de la recurrida no
se daba lugar al apercibimiento solicitado.
Añade que esta resolución fue objeto de recurso de reposición, y también
queja disciplinaria, los cuales fueron rechazados.
Luego, la requirente indica que agotadas todas las etapas procesales, la Corte
de Apelaciones de Temuco ha ordenado a la Municipalidad con fecha 18 de agosto
de 2023 informar sobre el cumplimiento del fallo, con lo cual, alega, se vulnera la
autoridad de cosa juzgada, el desasimiento del tribunal y el derecho a un proceso
racional y justo (fojas 3).
Señala que la situación descrita lleva implícita la posibilidad de que se aplique
la norma impugnada en estos autos constitucionales;
7°. Que, a fojas 4 y siguientes, la actora sostiene que el precepto en examen
afecta las garantías de igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, y de
no afectación de los derechos en su esencia, contenidas en el artículo 19 N° 3 y 26
de la Constitución Política, respectivamente.
Señala que la norma en examen es inconstitucional dado que entrega un
catalogo de sanciones sin establecer el mecanismo para su aplicación y que ésta
puede ser aplicada sin escuchar al afectado, en una abierta transgresión al debido
proceso, lo que a su vez vulnera el derecho de propiedad sobre dicha garantía;
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TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO




8°. Que, de lo expuesto, esta Sala constata que el libelo de fojas 1 no cumple
con el requisito previsto en el artículo 52, inciso segundo de la Ley N° 17.997,
Orgánica Constitucional de esta Magistratura, pues no se menciona con precisión la
manera en que lo dispuesto en el auto acordado afecta el ejercicio de los derechos
fundamentales que invoca como amagados.
Cabe en este punto señalar que la infracción de las garantías constitucionales
que produciría la norma del auto acordado se fundamenta en abstracto, y más bien
el problema finalmente se centra sobre la eventual atribución de la Corte de
Apelaciones para apremiar al Municipio.
Sin embargo, en el libelo no se desarrolla un conflicto que funde de modo
meridianamente claro una infracción a los derechos fundamentales invocados por la
aplicación del artículo 15 del auto acordado en examen, en términos suficientes
como para activar la competencia de esta Magistratura Constitucional dispuesta en
el artículo 93, inciso primero, N° 2 constitucional.


Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en el artículo 93, inciso primero, N° 2°, e
inciso tercero, de la Constitución y artículo 52 de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional del Tribunal Constitucional,


SE RESUELVE:
Que no se acoge a tramitación el requerimiento deducido en lo principal de
fojas uno, el que se tiene por no presentado, para todos los efectos legales; a los
otrosíes, estese a lo resuelto.


Notifíquese y archívese.
Rol N° 14.775-23-CAA.

Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida
Fecha: 09/11/2023



Nelson Pozo Silva María Pía Silva Gallinato
Fecha: 09/11/2023 Fecha: 08/11/2023



Miguel Angel Fernández González Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 09/11/2023 Fecha: 09/11/2023


Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por
su Presidenta, Ministra señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida, y por sus
Ministros señor Nelson Roberto Pozo Silva, señora María Pía Silva Gallinato,
señor Miguel Ángel Fernández González y señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz.

Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional.
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TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS


María Angélica Barriga Meza
Fecha: 09/11/2023




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