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Texto completo

Santiago, nueve de septiembre de dos mil diez.

VISTOS:

Con fecha 2 de octubre de 2009, el abogado Juan Ignacio
Piña Rochefort, en representación del señor Nelson Arnaldo
Pino San Martín, presentó un requerimiento de inaplicabilidad
de la oración “cuando lo interpusiere el ministerio público”,
contenida en el inciso segundo del artículo 277 del Código
Procesal Penal, en relación con la causa RUC N” 0800510604-5,

seguida ante el Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso.

Señala que, con fecha 17 de agosto de 2009, tuvo lugar
la audiencia de preparación del juicio oral del señor Pino
San Martín, quien fue acusado por el Ministerio Público por

el delito de parricidio de doña Elizabeth Vivanco Vivanco,

ocurrido con fecha 7 de junio de 2008.

En ella se procedió a la discusión sobre la exclusión de
prueba. En su contestación de la acusación y al ofrecer las
probanzas, la defensa del imputado hizo valer antecedentes de
la víctima esenciales para desacreditar la supuesta

convivencia entre ambos.

Hace presente que tanto el Ministerio Público como la
querellante particular sostienen que, entre ellos, que no
estaban casados, existía una relación de convivencia que
fundamenta que el delito sea considerado como parricidio y no

como homicidio, con la correspondiente agravación de la pena.

Por este motivo, su parte incorporó documentos que daban
cuenta de que el domicilio de la víctima no era el del

imputado, por cuanto, al demostrarse la ausencia de

000137 2

convivencia, no resulta posible calificar el hecho como

parricidio. Entre esos antecedentes se encuentran:

a) El certificado de contribuciones de la propiedad en
que vivía la víctima, obtenido de la página web del Servicio

de Impuestos Internos, y

b) Cartola tributaria de la contribuyente doña Elizabeth
Vivanco Vivanco, con mención de la declaración Jurada de su

domicilio, obtenida de la misma forma.

Según señala el requirente, el Tribunal de Garantía de

Viña del Mar excluyó tales pruebas por estimar Que ellas

fueron obtenidas con inobservancia de garantías
fundamentales, esto es, el derecho de propiedad de sus datos

END y el derecho a la privacidad, de acuerdo a lo establecido en

de pel artículo 276, inciso tercero, del Código Procesal Penal.

indica el actor que en el caso de que al Ministerio

Público se le excluya prueba por el motivo antes indicado, el
artículo 277 de dicho cuerpo legal, en su inciso segundo, le
concede apelación para que el tribunal de alzada conozca de
esa exclusión y pueda dejarla sin efecto. Sin embargo, cuando
dicha prueba, por la misma razón, se le excluye a la defensa,
no hay posibilidad de que se recurra al tribunal superior

porque la ley no ha concedido ese recurso.

Agrega que el motivo por el cual el legislador optó por
entregar exclusivamente la facultad de apelar al Ministerio
Público resulta relativamente evidente, en atención a que,
por dirigir la investigación y tener bajo su mando a los

cuerpos policiales, es quien, en primer lugar, puede llevar

000138 23

adelante diligencias oO actuaciones con j¡nobservancia de

garantías constitucionales en el marco de su investigación.

Sin embargo, ello no implica, como ha ocurrido en este
caso, que un juez de garantía no pueda excluir prueba de la
defensa por la misma razón. Sin embargo, en tal situación se
la priva de la posibilidad de recurrir de apelación, lo que

deja al imputado en la indefensión al respecto.

Señala en tal sentido el actor que el otorgar un recurso
a una sola de las partes de un litigio penal, en
circunstancias que cualquiera de ellas puede verse afectada
del mismo modo por una resolución judicial, constituye una

discriminación arbitraria prohibida por el artículo 19, N”

Indica que no afirma que cualquier trato diverso entre
las partes tenga esa naturaleza, pero sí aquel en que la
diferencia no puede sustentarse sobre un criterio de
razonabilidad. Si “sólo al Ministerio Público pudiera
excluírsele prueba por infracción de garantías
constitucionales, sería razonable y no discriminatorio que
sólo a él se le otorgara un recurso para reclamar de ello.
Sin embargo, cuando a cualquiera de las partes se le puede
excluir prueba por el mismo motivo, el concederle el recurso
nada más que al Ministerio Público no se condice con

criterios de racionalidad.

Agrega que el artículo 19, N* 3%, de la Carta
Fundamental, asegura a toda persona la igual protección de la

ley en el ejercicio de sus derechos. El precepto resulta

006139 +

violado si se otorgan medios especiales de protección a una

de las partes en un proceso penal y no así a las demás.

Por otra parte, la norma que se objeta vulnera el
derecho a un racional y justo procedimiento, comprendido en
el inciso quinto de la misma disposición constitucional. Como
consecuencia de ello, una persona ha quedado sometida a un
procedimiento judicial desigual, que no le otorga las
garantías mínimas de racionalidad y Justicia exigidas al
legislador y, por lo tanto, no podrá presentar ante el
Tribunal pruebas esenciales para su descargo que le
permitirían aspirar a una diferente calificación del hecho,

con la consiguiente disminución de la pena.

Por resolución de 20 de octubre de 2009, la Segunda Sala

¿de esta Magistratura declaró admisible el requerimiento

deducido.

Con fecha 2 de diciembre de 2009, el Fiscal Nacional del
Ministerio Público, en “su representación, formuló sus

observaciones al requerimiento interpuesto.

Luego de señalar que la causa seguida en contra del
señor Pino San Martín por los delitos de lesiones menos
graves y parricidio se encuentra en el Tribunal Oral en lo
Penal de Viña del Mar y no de Valparaíso, y después de
precisar los hechos a que se refiere la acusación, afirma que
la acción debe rechazarse por cuanto la disposición legal

objetada ya recibió aplicación.

Según la doctrina que cita, el auto de apertura del

juicio oral es una sentencia interlocutoria que provoca los

000140 >

efectos que el derecho atribuye a las resoluciones de esa

naturaleza.

Señala que, en este caso, dicho auto es de fecha 24 de
agosto de 2009 y que el 1” de septiembre del mismo año el
Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar lo tuvo
por recibido y fijó la audiencia del juicio para el 9 de

noviembre de ese año.

Ahora bien, el requerimiento ante esta Magistratura fue
presentado el 2 de octubre de 2009, fecha en la cual el auto

se encontraba firme, lo que implica que la norma que se

De este modo, si lo que el requirente pretende es

obtener para sí el recurso de apelación del artículo 277 del
Código Procesal Penal, ello exigiría pasar por sobre la
decisión judicial firme que se contiene en el auto de
apertura, de manera que ya no se trataría de inhibir la
aplicación de una determinada disposición legal, lo que a la
luz de lo expuesto resulta imposible, sino de intervenir la

causa restando eficacia a dicha resolución.

Agrega que el requerimiento interpuesto, considerando el
estado del proceso en que incide al momento de su
presentación, supondría retrotraer el procedimiento desde la

etapa del juicio oral a la de su preparación.

Concluye el Fiscal Nacional expresando que ello excede
con mucho el propósito y los objetivos que la Constitución

contempla en relación con una acción de inaplicabilidad por

0060141 $
Lindo Luca,

inconstitucionalidad, razón por la cual el requerimiento debe

rechazarse.

Habiéndose traído los autos en relación con fecha 15 de
enero de 2010, se procedió a la vista de la causa, oyéndose
los alegatos de los abogados Juan Ignacio Piña Rochefort, por
la parte requirente, Juan Carlos Manríquez Rosales, por la
parte querellante, y Hernán Ferrera Leiva, por el Ministerio

Público, el día 5 de agosto del presente año.
CONSIDERANDO:

I. Identificación del conflicto constitucional sometido

a esta Magistratura.

PRIMERO: Que, de conformidad con el artículo 93,
incisos primero, N” 6”, y decimoprimero, de la Constitución
Política de la República, según se señala en la parte
expositiva de esta sentencia, en la acción deducida en autos
se solicita la ¡inaplicabilidad del artículo 277, inciso
segundo, del Código Procesal Penal, en la parte que dice
“cuando lo interpusiere el ministerio público”, porque su
aplicación al caso específico de que se trata, resultaría
contraria al artículo 19, Ns 2% y 3%, incisos primero y

quinto, de la Carta Fundamental;

SEGUNDO: Que, a este respecto, el actor sostiene que
dicho precepto legal impide al imputado apelar en contra del
auto de apertura del juicio oral que hubiere excluido pruebas
obtenidas con inobservancia de garantías constitucionales,
situación que incide en la causa RUC 0800510604-5,
actualmente radicada en el Tribunal Oral en lo Penal de Viña

del Mar, ya que su defensa no podría reclamar ante la Corte

UNE -

000142 7
Lilo ducindo. y oler

de Apelaciones respectiva aquella resolución que dispuso
eliminar parte esencial de la prueba ofrecida, consistente en
antecedentes que acreditarían que el imputado no cometió
delito de parricidio, sino de homicidio, con el consiguiente
efecto respecto de la pena a que puede hacerse acreedor en

definitiva;

TERCERO: Que, en lo que hace al artículo 19 N” 2”,
. inciso segundo, de la Constitución, en cuya virtud “ni la ley
ni autoridad alguna podrán establecer diferencias
arbitrarias”, el requirente apunta a que el hecho de permitir
la apelación a una sola de las partes en un litigio penal, en
este caso únicamente al ministerio público, no obstante que
cualquiera de ellas puede verse afectada del mismo modo por
una resolución Judicial de igual carácter, configura una

pS SRST discriminación infundada y carente de razonabilidad;
PY SETA MN
AS h an A

CUARTO: Que, en lo referente al artículo 19 N” 3” de
la Carta, que asegura a todas las personas "la igual
protección de la ley en el ejercicio de sus derechos”, en el
inciso primero, así como “las garantías de un procedimiento y
una investigación racionales y justos”, en el inciso quinto,
el actor objeta que la norma legal impugnada no promueve un
igual acceso a la justicia, al conceder mecanismos especiales
de protección a una de las partes del proceso penal y no así

a las restantes;

QUINTO: Que el aludido artículo 277, inciso segundo,

del Código Procesal Penal prescribe lo siguiente:

“El auto de apertura del juicio oral sólo será

susceptible del recurso de apelación, cuando lo interpusiere

000143 ,
Lilo ducreilo. has .

el ministerio público por la exclusión de pruebas decretada
por el juez de garantía de acuerdo a lo previsto en el inciso
tercero del artículo precedente. Este recurso será concedido
en ambos efectos. Lo dispuesto en este inciso se entenderá
sin perjuicio de la procedencia, en su caso, del recurso de
nulidad en contra de la sentencia definitiva que se dictare

en el juicio oral, conforme a las reglas generales”;

SEXTO: Que, tal como se ha considerado en otras
oportunidades, se entenderá que la frase “cuando lo
interpusiere el ministerio público” de dicho artículo,
objetada en este caso, reviste los caracteres de una unidad
linguística constitutiva de un "precepto legal”, en los
términos que señala el artículo 93 N”* 6” de la Constitución
(roles Ns 626; 944, considerando decimoctavo, y 1532,

considerandos primero a séptimo, entre otras);
II. Acerca del debido proceso penal.

SEPTIMO: Que, atendidas las razones que se expresan a

continuación, esta Magistratura concluirá que la aplicación
de esa expresión, contenida en el referido artículo 277,
inciso segundo, produce un resultado inconstitucional, habida
cuenta que dentro de la causa sub lite, frente a idéntica
situación de agravio, consistente en una resolución que priva
de un medio de prueba, se otorga el derecho a apelar a un

interviniente activo y al otro no;

OCTAVO: Que, efectivamente, aludiendo a quienes poseen
la calidad de intervinientes según el artículo 12 del Código
Procesal Penal, y a propósito del mismo precepto ahora

cuestionado, este Tribunal ha tenido oportunidad de precisar

000144 y

que “el debido proceso penal debe ajustarse a lo dispuesto en
el número 3” del artículo 19 de la Constitución, en expresa
armonía con su numeral 26”, es decir, lograr la igual
protección de la ley en el ejercicio de los derechos, lo que
naturalmente se ve violentado cuando un derecho procesal
básico es otorgado por la ley a sólo uno de los dos
agraviados por una resolución Judicial, excluyendo al otro de
la posibilidad de reclamar” (rol N* 1535, considerando

Am vigesimoctavo);

NOVENO: Que, para declararlo así, se tuvo

ejercicio efectivo de los derechos fundamentales recogidos
por la Constitución, conforme ordenan sus artículos 5D”,
inciso segundo, y 6%, incisos primero y segundo, entre los
cuales se encuentra el derecho a una tutela Judicial eficaz
que le asiste a las partes, incluido el imputado, así como el
acceso a la jurisdicción en todos los momentos de su
realización, con el propósito de excluir, justamente,

cualquier forma de indefensión;

DECIMO: Que, por lo mismo, no condice con los
parámetros de racionalidad y justicia que la Constitución
exige al proceso penal, la circunstancia de que el imputado
se vea privado de la posibilidad de apelar contra la
resolución que determina lo que será, en la práctica, todo el
juicio oral, incidiendo en la prueba y, por consiguiente, en
el esclarecimiento del hecho punible y las circunstancias que

lo rodean;

III. Acerca de la igualdad ante la ley.

000145 10

DECIMOPRIMERO: Que, además, esta Magistratura ha tenido
ocasión de pronunciarse en cuanto atañe al artículo 19 N* 2”
de la Constitución, en el sentido de que la igualdad ante la
ley consiste en que las normas jurídicas deben ser iguales

para todas las personas que se encuentran en la misma

situación y, consecuentemente, distintas para aquellas que se

encuentran en circunstancias diversas (roles N?s 53,
considerando septuagesimosegundo; 1559, considerando
vigesimoséptimo; 790, considerando vigesimoprimero; 7197,
considerando decimonoveno, y 1535, considerando

ASEOS ] ]

> eo, trigesimotercero, entre varias).

ESA YA

) Se ha señalado asmismo que si bien cabe

al legislador formular diferencias o estatutos especiales,
tales distinciones son constitucionalmente admisibles sólo
cuando obedecen a presupuestos objetivos, pertinentes y
razonables; cuando resultan proporcionadas e indispensables,
amén de perseguir una finalidad necesaria y tolerable (roles
N%s 790, considerando vigesimosegundo; 1138, considerando
trigesimoséptimo, y 1140, considerando trigesimoprimero,

entre otras);

DECIMOSEGUNDO: Que, en estas condiciones, no se divisa
razón ni proporción en otorgar el recurso de apelación en
forma privativa a uno de los intervinientes, como es el
ministerio público, mas no al imputado, lo que hiere
injustificadamente su derecho a participar con igualdad de

oportunidad ante los órganos Jurisdiccionales.

En efecto, siendo lógico que al amparo

del artículo 277, inciso segundo, examinado, el ministerio

000146 u

público pueda apelar, en función de superar la presunción de
inocencia que beneficia al imputado, no lo es que a éste se
le impida levantar -con iguales posibilidades procesales- una
teoría alternativa o colateral al caso, en defensa activa de

sus derechos;

DECIMOTERCERO: Que, en consecuencia, existiendo dos
sujetos activos en un mismo proceso penal, toma cuerpo una
discriminación arbitraria cuando se entiende que solamente

uno puede apelar por exclusión de la prueba, y el otro no;

IV. Consideraciones finales.

DECIMOCUARTO: Que no será admitida, en este caso, la
alegación esgrimida por el Ministerio Público, en orden a que
la presente acción tendría que rechazarse porque el precepto
objetado ya habría sido aplicado, desde que el auto de
apertura del juicio oral dictado por el juez de garantía -a
la época del requerimiento- se encontraba ejecutoriado y
formalmente recibido por el Tribunal de Juicio Oral en lo

Penal.

Ello, por cuanto a la firmeza de un acto
judicial meramente interlocutorio no puede atribuírsele el
alcance de impedir la acción constitucional consagrada en el
artículo 93 N”* 6 de la Carta Fundamental, máxime cuando su
ejercicio busca precisamente, por inaplicación de una norma
legal, revisar lo resuelto en esa oportunidad. Ni obsta a su
interposición el hecho de que el referido auto haya llegado
al tribunal competente, porque de acuerdo al artículo 281,

inciso primero, del Código Procesal Penal, eso implicaría

000147
Leibo Luourdo,y titlo

reducir a cuarenta y ocho horas el plazo para recurrir de

inaplicabilidad, lo que no se sostiene en derecho;

DECIMOQUINTO: Que tampoco es atendible la alegación de
que por acogerse este requerimiento se estaría alterando el
itinerario procesal trazado por el Código del ramo, al tener
que retrotraerse la situación a un estado de apelación no

previsto por dicho cuerpo legal.

Comoquiera, lo anterior, que los órganos
del Estado deben adecuar su proceder a las normas superiores
previstas en la Constitución, acorde con el artículo 6” de la

misma, conforme ordene esta Magistratura en los asuntos

“ sometidos a su jurisdicción;

DECIMOSEXTO: Que, finalmente, no corresponde a este
Tribunal sopesar otras eventuales vías procesales con que
cuente el requirente para obviar la inconstitucionalidad

pedida.

En efecto, la cuestión concreta sometida
a la decisión de esta Magistratura no concierne a la
posibilidad de entablar el recurso de nulidad a que alude el
artículo 373, letra a), del Código Procesal Penal, sino que a
la diferencia infundada que -como se declarará- se produce en
su artículo 277, inciso segundo, respecto a la titularidad

del recurso de apelación.

Y TENIENDO PRESENTE lo prescrito en los artículos 109,
Ns 2% y 3%, y 93, inciso primero, N” 6”, e inciso
decimoprimero, de la Constitución Política de la República,
así como en las disposiciones pertinentes de la Ley N”

17,997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,

000148»
Lirio Creermda, echo.

SE DECLARA:

QUE SE ACOGE EL REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD
INTERPUESTO EN AUTOS, SÓLO EN CUANTO SE DECLARA INAPLICABLE,
EN LA GESTIÓN SUB LITE, LA EXPRESIÓN “CUANDO LO INTERPUSIERE
EL MINISTERIO PÚBLICO”, COMPRENDIDA EN EL INCISO SEGUNDO DEL
ARTÍCULO 277 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. DÉJASE SIN EFECTO LA
SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA EN AUTOS, OFICIÁNDOSE
AL EFECTO AL TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE VIÑA DEL

MAR.

Acordada con el voto en contra de los Ministros señores
Hernán Vodanovic Schnake, Francisco Fernández Fredes, Carlos

Carmona Santander y José Antonio Viera-Gallo Quesney, quienes

PRIMERO: Que, para la mayoría, es inconstitucional la

Código Procesal Penal, en la parte que dispone que el recurso
de apelación contra el auto de apertura del juicio oral
procede sólo “cuando lo interpusiere el Ministerio Público”,
por infringir el derecho al debido proceso, establecido en el
artículo 19 N* 3%, inciso quinto, en armonía con el numeral
26% del mismo artículo, así como el derecho a la igualdad
ante la ley que establece el artículo 19 N* 2%, todos ellos

preceptos de la Carta Fundamental;

SEGUNDO: Que, antes de hacernos cargo de este
argumento, es necesario realizar algunas consideraciones

acerca del estado procesal de la gestión pendiente;

000149 *
Lénlo Luorbo. y puaret,

TERCERO: Que, ante todo, en el juicio penal que se
invoca como gestión pendiente, la audiencia preparatoria del
juicio oral se llevó a cabo el día 24 de agosto de 2009,
siendo remitidos los antecedentes al tribunal de juicio oral
respectivo dentro de las cuarenta y ocho horas que prescribe
el artículo 281 del Código del ramo. El requerimiento de
inaplicabilidad se presentó sólo el 2 de octubre de 2009, es
decir, cerca de seis semanas después que el juicio pasó a

otro estado procesal.

Como se observa, el requerimiento ante este

CONSP Tribunal se presentó transcurrido largamente el plazo para
?

vw
AS Ay A .
> (0 yrepelar, cerrada la etapa ante el juez de garantía y radicado
| UV 2
A ¿el asunto ante el juez oral en lo penal;
SECRETARIA
. CUARTO: Que la mayoría pretende obviar este hecho,
vinculado a la utilidad del presente recurso, por la

preclusión que operó, dado el orden consecutivo legal que
rige el procedimiento penal, realizando dos afirmaciones. La
primera, que los órganos del Estado "deben adecuar su
proceder a las normas superiores previstas en la
Constitución, acorde con el artículo 6” de la misma, conforme
ordene esta Magistratura en los asuntos sometidos a su
jurisdicción”;

QUINTO: Que al respecto cabe señalar, ante todo, en
contra de lo sustentado, que no resulta admisible que
mediante una sentencia de esta Magistratura se intente dejar
sin efecto resoluciones dictadas en la gestión pendiente que
tienen el carácter de firmes y que ya han producido efectos

ulteriores en el proceso.

La Constitución no faculta en ningún caso a
esta Magistratura para dejar sin efecto resoluciones
judiciales y, menos, retrotraer un Juicio en curso a un

estado procesal anterior;

SEXTO: Que, enseguida, la interpretación de la
mayoría importa hacer equivalentes los efectos de la
sentencia dictada en sede de inaplicabilidad con aquellos que
produce la nulidad. Sin embargo, tal efecto escapa al alcance

que la Constitución le da a las resoluciones que este

4 SEPTIMO: Que la segunda afirmación que la mayoría hace,
para obviar la preclusión, es que “eso implicaría reducir a
cuarenta Y ocho horas el plazo para recurrir de

inaplicabilidad, lo que no se sostiene en derecho”;

OCTAVO: Que al respecto cabe señalar, desde luego,
que, a juicio de estos disidentes, el legislador es soberano
para establecer las ritualidades del juicio, slempre que
respete el debido proceso. Como se ha sostenido en la
sentencia de este Tribunal Rol N* 1432, de este año, "la
decisión de sustituir o modificar el sistema de acciones y
recursos respecto de las decisiones Judiciales constituye una
problemática que -en principio- deberá decidir el legislador
dentro del marco de sus competencias, debiendo sostenerse
que, en todo caso, una discrepancia de criterio sobre este
capítulo no resulta eficaz y pertinente por sí misma para
configurar la causal de inaplicabilidad, que en tal carácter
establece el artículo 93, número 6%, de la Carta Fundamental”

(considerando 15%). Por tanto, será el legislador quien

deberá determinar cuáles son las etapas del juicio y los

plazos en que deben materializarse.

A continuación, de seguirse la interpretación
de la mayoría, resultaría que todo el sistema legal y todos
los procesos Judiciales tendrían que adaptarse - y todos los
plazos extenderse - para que las partes puedan presentar la
acción de ¡inaplicabilidad. Ello nos parece excesivo; el
ordenamiento no puede adaptarse a la inaplicabilidad, por muy

importante que sea.

A mayor abundamiento, la interpretación de la

en un plazo razonable. En efecto, si las reglas
procesales deben adaptarse siempre y en todo caso ala
posibilidad de interponer la acción de inaplicabilidad, la
que, como dispone la Constitución, puede significar la
suspensión del proceso, el imputado puede quedar a merced de
un procedimiento penal que se desarrolla indefinidamente.
Ello contrasta con el hecho de que uno de los propósitos
básicos que tiene la legislación penal vigente, es asegurarle
al imputado que será juzgado dentro de un plazo razonable.
Para eso se establece previamente cada una de sus etapas. Si
se permite que dicha ritualidad sea sustituida por aquella
que decida esta Magistratura, su derecho a ser Juzgado en un
plazo razonable se vería conculcado, pues no debe olvidarse
que en el caso que regula el artículo 277 del Código Procesal
Penal el recurso de apelación se concede en ambos efectos,

suspendiendo el curso del juicio;

000152 y

bo Qiucuenlo., ole

NOVENO: Que, luego de realizadas estas consideraciones
previas, estamos en condiciones de entrar al fondo del
asunto. Para ello, en primer lugar, sostenemos que este
Tribunal ha declarado que, en materia procesal penal, el
recurso de apelación es de derecho estricto. En efecto, se ha
justificado la excepcionalidad del recurso de apelación en
las siguientes circunstancias: “primero, que se ha separado
la actividad de investigar y juzgar... En el sistema procesal
antiguo, la apelación se justificaba en el hecho de que el
tribunal de alzada era verdaderamente independiente del
acusador, es decir, del juez de primera instancia. Tal
fundamento desaparece hoy en día, pues la independencia de

ambas funciones está asegurada desde la primera etapa del

Fiproceso”. Segundo, “no tiene sentido tener un tribunal
E

NES a
" fla colegiado en primera instancia para luego duplicar el juicio

en la Corte o fallar en base a actas, perdiendo la

inmediación necesaría que debe tener el tribunal...”. A lo que
se agrega que "los principios de inmediación y oralidad
impiden que se pueda "hacer de nuevo” el juicio... Para

concluir que “la oralidad del procedimiento requiere que el
tribunal que conoce el juicio tenga el máximo poder de
decisión. Si, en vez de darle el poder de decisión final,
salvo excepciones, al tribunal que asiste al juicio oral, se
le otorga a otro tribunal, que conocerá de la causa por la
vía de la lectura del expediente, se estaría poniendo el
centro del debate en la lectura del expediente y no en el
juicio oral. No sólo se pondría el énfasis en la lectura del
expediente, sino que se terminaría privilegiando la opinión

del tribunal menos informado ¡por sobre la opinión del

000153

Crido Civcuena y das.

tribunal más informado”. Tercero, “se privilegió el control
horizontal por sobre el jerárquico. Se confió en que el
establecimiento de un tribunal colegiado otorga las garantías
de independencia y control que, bajo el sistema antiguo,
entregaba el conocimiento de la apelación por el Tribunal de
Alzada” (sentencia del Tribunal Constitucional en Rol 1432-

09, considerandos 21% a 237);

DÉCIMO: Que lo dicho cobra relevancia en el caso en
cuestión, porque la norma impugnada, es decir, el artículo
217, es una norma de excepción en tanto concede el recurso de
apelación. En concordancia con el artículo 370 del mismo
cuerpo legal, no siendo el auto de apertura del juicio oral

una resolución que ponga término al juicio o haga imposible

prosecución o lo suspenda por más de treinta días, era
- necesario que la ley lo concediera expresamente, conforme a
la letra b) del artículo citado; de otro modo, simplemente no
existiría. Toda vez que es una norma de excepción, la ley
señala expresamente que el recurso sólo lo puede ejercer el
Ministerio Público y únicamente por la causal que ahí señala:
la exclusión de prueba declarada “ilícita”, conforme al
artículo 276. No es un recurso que proceda por el mero

agravio.

Además, a esta Magistratura no le corresponde
“crear” ni “otorgar” recursos. En la gestión pendiente el
requirente tuvo la oportunidad de ejercer las defensas que la
ley le da - como se demostrará en los considerandos que
siguen - y el procedimiento siguió su curso. Al acogerse la
acción de inaplicabilidad, retrotrayéndose el proceso a un

estado procesal que ya había sido superado, como lo pretende

5!

000154
pinto picada y dut

la mayoría, esta Magistratura está creando un nuevo recurso
procesal a favor del requirente, invadiendo las competencias
que la Constitución reserva al legislador en los artículos

19, N* 3%, inciso quinto, y 63, N* 3 y N* 20;

UNDÉCIMO: Que, en segundo lugar, la norma del artículo
217 es coherente con el sistema que crean la Constitución y
la ley en materia de persecución penal. De acuerdo con el
artículo 83, inciso primero, de la Constitución, es
atribución exclusiva del Ministerio Público dirigir la
investigación y ejercer la acción penal pública. Sobre esa
premisa básica, la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio
Público señala que éste tiene por función “dirigir en forma

o Sretusiva la investigación de los hechos constitutivos de

A,
E) Blaelito, los que determinen la participación punible y los que
Pd

acuerdo con el Código Procesal Penal, es el Ministerio
Publico quien ordena y practica las diligencias de
investigación (artículos 77, 166, 172 y 180), y si los demás
intervinientes requieren de diligencias, éstas se realizan
por el Ministerio Público (artículo 183). Para ello, dirige
la actuación de la policía (artículo 79) y puede solicitar
medidas Cautelares en nombre del interés público (por
ejemplo, la prisión preventiva, artículo 140). En cuanto al
ejercicio de la acción penal, es el Ministerio Público quien
formaliza (artículo 229), acusa (artículos 248 y 259) y
sustenta ante un tribunal dicha acusación (artículos 325 y
siguientes). Por tanto, sólo a él le perjudica la exclusión

de la prueba por causal de ilicitud. Recuérdese que la prueba

4

ye

Lónlo encuanto. y bneo .

a]

ilícita es aquella que proviene de actuaciones o diligencias
que hubieren sido declaradas nulas y aquellas que hubieren
sido obtenidas con inobservancia de garantías fundamentales.
Para el Ministerio Público que se le excluya prueba por esta
causal no es un simple agravio: significa que ha fallado en
su deber de respetar y promover los derechos esenciales de la
persona (artículo 5%, inciso segundo, de la Constitución). De
ahí nace su legitimación para apelar. Necesita de la
apelación para restablecer su legitimidad como Órgano

público;

A DUODÉCIMO: Que, además, el sistema procesal penal

] 1% Fjconcilia los principios de legalidad y eficiencia. Es decir,

la obligación que pesa sobre el Ministerio Público de
perseguir todos los ilícitos que llegan a su conocimiento se
matiza por la necesidad de que lo haga sólo cuando. la
persecución pueda resultar efectiva. Como ha resuelto esta
Magistratura, Y (p)Jara maximizar la eficiencia de la
utilización de los recursos públicos por parte del Ministerio
Público, se han ideado distintas fórmulas. Primero, se
establecen herramientas procesales idóneas para ese objetivo.
Luego, se aspira a un diseño organizacional adecuado para el
logro del mismo. Y, por último, se le permite al Ministerio
Público organizar la persecución penal de un modo eficiente,
priorizando algunos casos y delitos por sobre otros.
(Tavolari Oliveros, Raúl; Instituciones del Nuevo Proceso
Penal. Cuestiones y Casos; Editorial Jurídica; Santiago,
2005; pág. 48).” (Sentencia del Tribunal Constitucional Rol
N?* 1341-2009, considerando 29%). El Ministerio Público debe

perseguir las conductas constitutivas de delito, pero debe

hacerlo en la medida que ello resulte eficiente. Debe contar
con pruebas suficientes y pertinentes. Por eso, si se

excluyen del juicio, la ley le otorga el derecho de apelar;

DECIMOTERCERO: Que, en tercer lugar, a diferencia de
lo que ocurre con el Ministerio Público, el imputado goza de
una protección, que la legislación ha elevado a la calidad de
derecho: la presunción de inocencia (artículo 4% del Código
Procesal Penal). El imputado no tiene que probar nada en el
proceso. La Carga de la prueba recae en el acusador. El
imputado sólo tiene que defenderse. Por eso, se explica que
no tenga necesidad de apelar de la resolución que abre el
juicio oral, toda vez que no le corresponde presentar prueba.
Es más: la norma está pensada para proteger al imputado.
que es el mismo artículo 277, en su inciso
prevé que el Ministerio Público, frente a la
exclusión de prueba, puede optar por solicitar el
sobreseimiento definitivo. O sea, si al Ministerio Público se
le excluye prueba que pretendía presentar, si esa prueba era
determinante para acusar, el proceso penal se termina. No es
necesario ir a un juicio que será inútil. Finalmente, si el
juicio prosigue, es el imputado quien se beneficia por la
exclusión de prueba: sin prueba no puede haber condena, pues
de acuerdo al artículo 340, el tribunal sólo puede imponer
una condena si adquiere una convicción que vaya más allá de

“toda duda razonable”;

DECIMOCUARTO: Que, en Cuarto lugar, en cualquier
caso, el imputado no queda indefenso. La ley otorga medios
para que se cautele el debido proceso. No es efectivo, como

aduce la mayoría, que se le esté privando del derecho a

00157, »

impugnar el auto de apertura del juicio oral Y;
especificamente, la decisión de excluir prueba. Por una
parte, porque si el imputado se considera agraviado por la
resolución de apertura del juicio oral, puede interponer el
recurso de reposición en la misma audiencia, lo que debió
hacer tan pronto como se dictó dicho auto (siempre que no
hubiera existido un debate previo sobre la admisibilidad de
la prueba), conforme al artículo 363 del Código Procesal
Penal. Por otra parte, porque el imputado siempre tiene a

salvo la facultad de interponer ante el tribunal competente

2: de acuerdo con las reglas generales, eventualmente, el

recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva.
Concordante con ello, el mismo artículo 2/7, inciso segundo,
dispone que la apelación del Ministerio Público se entiende
“sin perjuicio de la procedencia, en su Caso, del recurso de
nulidad en contra de la sentencia definitiva”. Precisamente,
el recurso de nulidad tiene entre sus causales el que esta
resolución se haya dictado con infracción sustantiva de
derechos o garantías asegurados por la Constitución o por
tratados internacionales ratificados por Chile y que se

encuentren vigentes (artículo 373, letra a);

DECIMOQUINTO: Que, atendido lo anterior, o sea que el
imputado goza del derecho a ejercer tanto el recurso de
reposición, en la misma audiencia, como el recurso de
nulidad, contra la sentencia definitiva, se concluye que el
único recurso del que se está privando al imputado es el
recurso de apelación. Entonces, lo que la mayoría está
diciendo es que la única manera de garantizar el derecho al

debido proceso es otorgando siempre y en toda circunstancia

el acceso al recurso de apelación. Ello contradice lo que
esta misma Magistratura ha resuelto en dos sentencias
consecutivas dictadas este mismo año, donde se entendió que
el legislador es libre de definir las causales de procedencia
del recurso en cuestión (sentencias roles N* 1432-09,

considerando 16%, y N”* 1443-09, considerando 16%);

DECIMOSEXTO: Que, por último, la exclusión de prueba
es una decisión del juez, no del Ministerio Público. En la
audiencia destinada especialmente al efecto, las partes la
examinan y hacen alegatos. Por tanto, el requirente no está
padeciendo un acto unilateral del ente persecutor. Tuvo
oportunidad de debatir y fue un tercero imparcial quien

decidió. Hubo un debido proceso;

DECIMOSEPTIMO: Que, en consecuencia, a Juicio de estos
disidentes, el requerimiento debe rechazarse por los
fundamentos expuestos, "pues, en la gestión pendiente, la
aplicación del precepto legal impugnado no resulta contraria

a los derechos consagrados por la Constitución.

Redactó la sentencia el Ministro señor Iván Aróstica
Maldonado y la disidencia el Ministro señor Carlos Carmona

Santander.

Notifíquese, regístrese-yxarchivese.

Rol 15020!

Se certifica que el Presidente del Tribunal, Ministro

señor Marcelo Venegas Palacios concurrió a la vista de la
causa y al acuerdo del fallo, pero no firma por encontrarse

haciendo uso de su feriado legal.

Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional
integrado por su Presidente, Ministro señor Marcelo Venegas
Palacios, y por los Ministros señores Raúl Bertelsen Repetto,
Hernán Vodanovic Schnake, Mario Fernández Baeza, señora
Marisol Peña Torres y señores Francisco Fernández Fredes,
Carlos Carmona Santander, José Antonio Viera-Gallo Quesney e

Iván Aróstica Maldonado.

Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional,

señora Marta de la Fuente Olguín.