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000366
Ai scientos sesedo y 5ós

Santiago, dieciséis de noviembre de dos mil diez.

VISTOS:

Con fecha 28 de octubre de 2009, el señor Marcelo
Eugenio Encina Cerón ha requerido a esta Magistratura la
declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
del inciso tercero del artículo 172 del Código del
Trabajo en la causa laboral caratulada “Encina Cerón,
Marcelo, con Conservador de Bienes Raíces de Santiago”,
Rol N* 390-2007 del Séptimo Juzgado del Trabajo de
Santiago y de la que actualmente conoce la Corte de
Apelaciones de Santiago por apelación de la sentencia de

primera instancia, bajo el Rol de ingreso N” 10.908-2009.
La norma legal impugnada dispone:

“Con todo, para los efectos de las
indemnizaciones establecidas en este
Título, no se considerará una remuneración
mensual superior a 90 unidades de fomento

del último día del mes anterior al pago,

limitándose a dicho monto la base de

cálculo”.

En cuanto a la gestión pendiente en la que incide su
acción, el actor señala en el libelo que ella se inició
por demanda por despido injustificado y carente de motivo
plausible, deducida en virtud de lo dispuesto en los
artículos 168 y siguientes y 439 y siguientes del Código
del Trabajo, en contra de sus empleadores, a objeto de
que éstos fueran condenados solidariamente al pago de
todas las indemnizaciones, recargos, lucro cesante y daño
moral derivados del hecho de que no serían efectivos los
hechos fundantes del despido que lo afectó el día 7 de

marzo de 2008, después de 41 años de servicios.
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Señala también el requirente que en su contestación
los demandados sostuvieron que de ser acogidas las
acciones deducidas y, por ende, para el cálculo de la
respectiva indemnización, el tribunal de la instancia
debía aplicar la disposición contenida en el inciso
tercero del artículo 172 del Código del Trabajo, esto es,
que no se considere una remuneración superior a 90 UF,
argumentación que habría sido acogida por el juez a quo

en su sentencia.

En «suma, alega que de no haberse aplicado la
disposición legal impugnada para resolver el caso sub
lite, debiera haberse determinado una indemnización
ascendente a $246.675.286. En cambio, producto de su
aplicación, la sentencia de primera ¡instancia sólo
condenó a los demandados al pago de $137.880.000, lo que
implica, a su juicio, que se ha afectado su patrimonio en

la cifra de $108.795.286.

En seguida, el actor plantea que la norma impugnada
fue incorporada al ordenamiento jurídico por la Ley N”
19.010 (artículo 14), que fue publicada en el Diario
Oficial de 29 de noviembre de 1990, con posterioridad a
la celebración del contrato de trabajo que lo une con los
demandados (25 años), que tiene fecha 1” de septiembre
del año 1965, y, por consiguiente, no debió ser aplicada
por el tribunal del Trabajo que conoce del asunto de que
se trata. En concreto, a su juicio, la aplicación que en
su caso se ha hecho de la norma legal cuestionada en
estos autos, habría vulnerado el derecho de dominio
asegurado en el numeral 24% del artículo 19 de la
Constitución, toda vez que las indemnizaciones legales
que procedían en su favor, debieron ser calculadas
conforme .a la legislación vigente a la época de
celebración del contrato de trabajo, es decir, sobre la

base de la última remuneración mensual devengada o, en su
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Poseidon sesesla yocho

caso, el promedio de las tres últimas percibidas, sin

limitación de monto.

Mediante resolución de 3 de noviembre de dos mil
nueve, la Segunda Sala de este Tribunal admitió a
tramitación el requerimiento deducido, requirió al
tribunal que conoce de la causa en la que incide para que
remitiera copia autorizada de las principales piezas del
proceso y, para pronunciarse sobre su admisibilidad,
confirió traslado de la acción interpuesta a los
demandados en la causa sub lite. Habiéndose evacuado
dicho traslado por los señores Luis Maldonado
Croquevielle, Edmundo Rojas García y Kamel Saquel Zaror,
en escrito de 12 de noviembre del mismo año, que rola a
fojas 134, la misma Sala declaró admisible la acción por
resolución del día 19 del mismo mes y año -fojas 139-.
Pasados los autos al Pleno, a los efectos de que pudieran
hacer valer observaciones y acompañaran los antecedentes
que estimasen pertinentes, esta Magistratura comunicó el

requerimiento al tribunal que conoce de la gestión en la

que incide y a los órganos constitucionales interesados,
los que no formularon presentación alguna en este
proceso. A los mismos efectos señalados se notificó la
acción deducida a los demandados en la causa sub lite,
quienes, en escrito de 24 de diciembre de 2009 -fojas
301-, pidieron a esta Magistratura rechazar el
requerimiento en razón de que, a su entender, el precepto
legal impugnado no suprime “el derecho de dominio que el
requirente pretende tener sobre la indemnización que
podría pagársele si su despido se declara injustificado o
carente de motivo plausible” por el tribunal competente,
sino que el efecto de esa disposición sería el de limitar
el tope para el cálculo de la remuneración mensual base

que se toma en cuenta para determinar el monto de las
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Festienlos sesenta. ¡nueve

indemnizaciones que procedan en estas materias de índole

laboral.

Afirman, además, que el requirente no tendría un
derecho adquirido sobre la indemnización que ha demandado
ante el juez competente, ni tampoco sobre el eventual

monto de ella y como fundamento de tal aserto sostienen:

Que la legislación vigente a la época de celebración
del contrato de trabajo con el requirente, estaba
contenida en el Código del Trabajo del año 1931, que
permitía que el empleador pusiera término a la convención
sin más restricción que el correspondiente aviso al
trabajador. También regían las leyes Ns. 6.020 (de 1937)
y 10.475 (de 1952) que, en reemplazo de la indemnización
por años de servicio, establecieron el seguro de
pensiones o jubilación financiada con la cotización para
el retiro. Añaden que hasta el año 1966, en que fue

dictada la Ley N? 16.455 “conocida como “Ley de

Inamovilidad en el Empleo” y que consagró el principio de
estabilidad en el empleo-, no existía ningún obstáculo
para poner término a los contratos de trabajo de obreros
y empleados, ni existía la llamada indemnización por años
de servicios. De ello se derivaría que el señor Encina no
haya incorporado a su patrimonio disposición alguna que
haya regulado la terminación de su contrato de trabajo ni
tampoco norma alguna respecto de un eventual desahucio
del mismo, en razón de leyes vigentes a la fecha de su

suscripción.

Por otra parte, fundados en normas contenidas en la
Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes y en la opinión
de alguna doctrina autorizada, sostienen que aun cuando
pudiera afirmarse que el derecho a desahucio constituiría
un derecho de dominio o propiedad sobre la indemnización

en caso de despido injustificado, la norma de la Ley N”
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Fresciendos sella”

19.010, que limita el tope de la misma indemnización, no
infringiría un derecho adquirido para el actor, sino que
se trataría de una mera expectativa. No vulneraría, en
consecuencia, el derecho de propiedad garantizado por la
Carta Fundamental. En este mismo aspecto añaden que la
norma legal impugnada en estos autos y que sería
plenamente aplicable en el juicio sub lite, no resulta
expropiatoria de un eventual derecho sobre el pago de
desahucio y que ella sólo se limita a establecer la forma
y condiciones en que debe ser pagada la indemnización que
proceda según el caso, haciendo hincapié en que el
derecho a desahucio fue incorporado al patrimonio del
señor Encina por una ley posterior a la celebración del
respectivo contrato de trabajo, por lo que, para su
ejercicio, debe regirse por aquellas normas legales

posteriores.

En apoyo de los mencionados argumentos se hacen
valer pronunciamientos de los tribunales de justicia que
han acotado el sentido y alcance que tiene la
indemnización de perjuicios en relación con la norma
contenida en el numeral 24 del artículo 19
constitucional y también se alude tanto a fallos de
inaplicabilidad por ¡inconstitucionalidad dictados por
esta Magistratura como a un dictamen de la Contraloría

General de la República (fojas 311 y 312).

Se pide al Tribunal, además, tener presente la
opinión manifestada por la Comisión de Constitución,
Legislación, Justicia y Reglamento del Senado respecto de
las dudas de constitucionalidad que surgieron respecto de
la Ley N”* 10.343, que congeló los precios, sueldos y
salarios, en orden a que el legislador sería soberano
para modificar los beneficios que hubiere otorgado a sus
servidores, en la forma que estime conveniente y de

acuerdo con los intereses generales del país, ya que
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Aescierdo s selenía y uno

sobre ellos no existirían derechos adquiridos, por
tratarse de normas administrativas y de orden público que

rigen in actum.

Las principales piezas del proceso en el que incide
la acción de inaplicabilidad de estos autos fueron
remitidas por la Corte de Apelaciones de Santiago, según
le fuera solicitado, y rolan agregadas a fojas 144
(Oficio N” 10.990, de 20.11.09, del señor Secretario de

la Corte de Apelaciones de Santiago).

Según consta a fojas 353, mediante resolución de 22
de junio de 2010, la Segunda Sala de esta Magistratura,
acogiendo una solicitud del requirente, dispuso la

suspensión del procedimiento en el que incide la acción

EAS materia de estos autos, oficiándose al efecto al tribunal
le
E c que conoce de aquél.

Habiéndose traído los autos en relación, conforme

consta en certificado de fojas 365, el día 9 de
septiembre de dos mil diez se procedió a la vista de esta
causa, oyéndose la relación y los alegatos del abogado
Gabriel Guevara Guevara, por el requirente, y del abogado
Fernando Márquez Rojas, por los demandados en la causa
laboral sub lite, señores Luis Maldonado, Edmundo Rojas y

Kamel Saquel.
CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 93, inciso primero, N” 6”,
de la Constitución Política de la República dispone que
es atribución del Tribunal Constitucional “resolver, por
la mayoría de sus miembros en ejercicio, la
inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en
cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario

o especial, resulte contraria a la Constitución”;
E

000372
Les e s selenta y

SEGUNDO: Que la misma norma constitucional, en su
inciso undécimo, expresa que: “la cuestión podrá ser
planteada por cualquiera de las partes o por el juez que
conoce del asunto” y agrega que "corresponderá a
cualquiera de las salas del Tribunal declarar, sin
ulterior recurso, la admisibilidad de la cuestión siempre
que verifique la existencia de una gestión pendiente ante
el tribunal ordinario o especial, que la aplicación del
precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la
resolución de un asunto, que la impugnación esté fundada
razonablemente y se cumplan los demás requisitos que

establezca la ley”;

TERCERO: Que, como se ha expresado en la parte
expositiva de este fallo, en el presente requerimiento el
señor Marcelo Eugenio Encina Cerón solicita la
declaración de ¡inaplicabilidad del inciso tercero del
artículo 172 del Código del Trabajo en la causa laboral
caratulada “Encina Cerón, Marcelo, con Conservador de
Bines Raíces de Santiago”, que se sustanció en primera
instancia ante el Séptimo Juzgado de Letras del Trabajo
de Santiago bajo el número de rol 390-2007 y que
actualmente pende de la consideración de la Corte de
Apelaciones de Santiago por la interposición de un
recurso de apelación contra la sentencia definitiva de

primer grado (rol N” 10.908-2009);

CUARTO: Que el actor hace consistir lo medular de su
reclamo en que la limitación del monto de la remuneración
mensual que sirve de base de cálculo para la
indemnización por años de servicio que pretende,
contemplada en la norma legal que impugna, vulneraría el
derecho de propiedad que le asiste sobre tal
indemnización y que el numeral 24% del artículo 19
constitucional garantiza sobre toda clase de bienes,

tanto corporales como incorporales (derechos).
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Lesciertos solera y Tres

Lo anterior lo fundamenta en que, a su juicio, la
legislación vigente al momento en que celebró su contrato
de trabajo con el Conservador de Bienes Raíces de
Santiago (año 1965) no contenía una limitación de tal
tipo para esa clase de indemnizaciones, por lo cual su
introducción por la Ley N” 19.010 (del año 1990) sólo
sería aplicable a los contratos convenidos con
posterioridad a su entrada en vigencia y no a los
celebrados anteriormente, como sería su caso, pues, de lo
contrario, atropellaría derechos adquiridos con clara
transgresión de la garantía constitucional de la

propiedad;

QUINTO: Que, contra lo sostenido por el requirente,
a la época en que comenzó a trabajar para la institución
a la que ahora ha demandado (septiembre de 1965), la
legislación en vigor no contemplaba la indemnización por
años de servicio en caso de despido injustificado, misma

que fue establecida al año siguiente por la Ley N”

16.455, sobre ¡inamovilidad en el empleo, y sólo
consagraba una indemnización por falta de aviso previo,
motivo por el cual, ni aun en caso de que se acogiera la
tesis de la incorporación en los contratos de tracto
sucesivo del derecho a prestaciones que sólo se
devengarán con posterioridad a su celebración, bajo el
imperio de una nueva ley que lo limita, le asistiría
fundamento jurídico a su pretensión de titularidad de tal

derecho como derecho adquirido;

SEXTO: Que es menester dejar establecido que la
legislación en materia de indemnizaciones por despido ha
experimentado continuas modificaciones en el transcurso
de las últimas cuatro décadas y la mayoría de ellas ha
incluido normas transitorias que demarcan el ámbito de su
aplicación temporal. No ha ocurrido ello, sin embargo,

con la Ley N” 19.010, que no contiene norma alguna que
000374 o

Cescierto

precise si la aplicación del límite de 90 unidades de
fomento que introdujo en el artículo 172 del Código del
Trabajo debía regir para todos los trabajadores o sólo

para aquellos que fueran contratados desde su vigencia;

SÉPTIMO: Que, puestas así las cosas y atendido lo
expresado en los considerandos que preceden, cabe
concluir que nos encontramos en presencia de un conflicto
de mera aplicación de leyes en el tiempo, el que debe ser
resuelto por los tribunales del fondo, llamados a decidir
qué norma legal es la aplicable al caso de que se trata
de conformidad a la normativa sobre efecto temporal de

las mismas;

OCTAVO: Que, finalmente, se deja constancia que, de
acuerdo a lo prevenido en el inciso segundo del artículo
92 de la Ley N” 17.997, Orgánica Constitucional de esta

Magistratura, no se condena en costas a los requirentes,

por estimar este Tribunal que han tenido motivos

plausibles para litigar.

Y VISTO lo prescrito en los artículos 19 N* 24” y
93, inciso primero, N”* 6”, e inciso decimoprimero, de la
Constitución Política de la República, así como en las
disposiciones pertinentes de la Ley N”* 17.997, Orgánica
Constitucional de este Tribunal Constitucional, cuyo
texto refundido, coordinado y sistematizado se contiene
en el DFL N*5, de 2010, del Ministerio Secretaría General

de la Presidencia,
SE DECLARA:

QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DE FOJAS 1 Y SE DEJA
SIN EFECTO LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA EN
ESTOS AUTOS, OFICIÁNDOSE AL EFECTO A LA CORTE DE
APELACIONES DE SANTIAGO.
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Le .
Frescicñtos Selenla ¡Anto

Redactó la sentencia el Ministro señor Francisco

Fernández Fredes.
Notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N” 1521-09-INA.

600376 1.

Vrescientos selenta 7 Ses

Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional,
integrado por los Ministros señores Raúl Bertelsen
Repetto (Presidente subrogante), Hernán Vodanovic
Schnake, Mario Fernández Baeza, señora Marisol Peña
Torres y señores Enrique Navarro Beltrán, Francisco
Fernández Fredes, Carlos Carmona Santander, José Antonio

Viera-Gallo Quesney e Iván Aróstica Maldonado.

Se certifica que la Ministra señora Marisol Peña
Torres y el Ministro señor José Antonio Viera-Gallo
Quesney concurren a la presente resolución, pero no
firman, por encontrarse en comisión de servicio y

haciendo uso de permiso, respectivamente.

Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional,

señora Marta de la Fuente Olguín.