TC Rol 15221

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CIENTO VEINTITRES




Santiago, veintidós de mayo de dos mil veinticuatro.


VISTOS
Y CONSIDERANDO:
1°. Que, a fojas 101, en presentación de 6 de mayo de 2024, la parte
requirente interpone recurso de reposición en contra de la resolución de inadmisión
a trámite dictada el 2 de mayo del presente año, a fojas 95, en que se estimó la
inadmisión a trámite de la acción de inconstitucionalidad deducida respecto de una
disposición contenida en el Auto Acordado N° 142- 2015, de la Corte Suprema, que
fija el texto refundido del Auto Acordado sobre Régimen de Calificación a los
Miembros del Poder Judicial, sobre procedimiento para investigar la responsabilidad
disciplinaria de los integrantes del Poder Judicial, y del artículo 276 inciso séptimo
del Código Orgánico de Tribunales, en tanto no fue cumplida la exigencia prevista en
el artículo 52 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal
Constitucional, al no acompañarse por la requirente el “respectivo auto acordado,
con indicación concreta de la parte impugnada y de la impugnación”;
2°. Que, al fundar su recurso de reposición, la requirente solicita tener por
acompañado dicho auto acordado y explica que la impugnación corresponde a su
artículo segundo, N° 6, y, conjuntamente, a lo previsto en el artículo 276 inciso
séptimo del Código Orgánico de Tribunales;
3°. Que, para resolver el recurso interpuesto, se debe tener presente que la
exigencia de acompañar el respectivo auto acordado con identificación precisa de su
parte impugnada posibilita el examen inicial de los requisitos de admisión a tramite
cuando se ha activado ante este Tribunal la competencia del artículo 93 inciso
primero, N° 2, de la Constitución, para “[r]esolver sobre las cuestiones de
constitucionalidad de los autos acordados dictados por la Corte Suprema, las Cortes
de Apelaciones y el Tribunal Calificador de Elecciones”, lo que, precisamente, se
tiene de la petitoria del presente requerimiento a fojas 20;
De ello se deriva la relevancia de que sea incorporado al expediente
constitucional el auto acordado cuestionado, lo que no se cumplió por la actora y,
consecuencialmente, derivó en la inadmisión a trámite del requerimiento;
4°. Que, según lo dispone el artículo 94 de la Constitución Política, contra las
resoluciones del Tribunal Constitucional “no procederá recurso alguno, sin perjuicio
de que puede, el mismo Tribunal, conforme a la ley, rectificar los errores de hecho en
que hubiere incurrido”, precepto que debe correlacionarse con el artículo 41 de la
Ley Orgánica Constitucional de este Tribunal que, en análogos términos a lo previsto
en la Carta Fundamental, establece sólo la concurrencia del error de hecho para la
enmienda de lo resuelto por esta Magistratura. De acuerdo con lo que se viene
razonando, no se aprecia en lo resuelto por esta Sala a fojas 95 un error de dicha
naturaleza, por lo que el recurso interpuesto por la requirente ha de ser desde ya
rechazado;


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CIENTO VEINTICUATRO




5°. Que, unido a lo señalado, y atendida su reiteración en el recurso de
reposición interpuesto a fojas 101, se constata que la parte requirente ha
presentado en conjunto con su acción de inconstitucionalidad de un auto acordado
una solicitud de inaplicabilidad de un precepto legal, lo que se tiene tanto del libelo
deducido a fojas 1 como en la petición que se está resolviendo.
En este sentido, conforme lo dispone el artículo 93 de la Constitución, al
Tribunal Constitucional sólo le corresponde decidir los conflictos constitucionales
expresamente entregados a su competencia y contemplados en sus dieciséis
numerales (STC Rol N° 2025, c. 11°). Sus atribuciones están taxativamente previstas
en la Carta Fundamental y sólo ejerce jurisdicción para pronunciarse en estas
materias (STC Rol N° 2246, c. 8°).
De ello se deriva que el propio texto constitucional diferencie en el inciso
primero, N° 6, del anotado artículo 93 la acción de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, concebida como aquella ejercida para evitar que la aplicación
de uno o más preceptos legales, invocados en una gestión judicial pendiente,
produzca efectos contrarios a la Carta Fundamental. Esta competencia materializa el
ejercicio de control concreto de la constitucionalidad de la ley en el asunto
sustanciado ante un tribunal ordinario o especial y cuya resolución se limita al
examen de disposiciones legales determinadas que, de ser el caso, resulten
inconciliables con la Constitución (STC Rol N° 1390, c. 10°).
Por el contrario, en el numeral 2° del artículo 93 inciso primero de la
Constitución, encuentra consagración una acción diversa a la anterior y también de
competencia de esta Magistratura, pero referida al cuestionamiento de autos
acordados (STC Rol N° 231, c. 8°; STC Rol N° 1849, cc. 2° a 4°). En su naturaleza
jurídica, son concebidos como un “cuerpo de normas generales y abstractas, dictado
generalmente por tribunales colegiados (Corte Suprema, Cortes de Apelaciones y
Tribunal Calificador de Elecciones), con el objeto de imponer medidas o impartir
instrucciones dirigidas a velar por el más expedito y eficaz funcionamiento del
servicio judicial”, y que pueden ser eventualmente derogados por decisión de este
Tribunal Constitucional en ejercicio de dicha competencia (STC Rol N° 1557, c. 3°), a
diferencia de la decisión de inaplicabilidad de un precepto legal en que una
sentencia estimatoria únicamente puede incidir en el respectivo proceso que conoce
el tribunal ordinario o especial de la gestión judicial pendiente;
6°. Que, se trata, por tanto, de dos acciones previstas directamente en la
Constitución para el conocimiento y resolución por este Tribunal con ámbitos de
aplicación diferenciados y delimitados, y requisitos procesales de sustanciación
diversos. El requerimiento presentado en autos, según ya se aludió, enuncia en
diversos acápites accionar de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de un precepto
contenido en el Código Orgánico de Tribunales (así, fojas 1, 10 y 21), pero, por otra
parte, requiere la declaración de inconstitucionalidad de una norma contenida en un
auto acordado dictado por la Excma. Corte Suprema (fojas 1, 2, 20 y 101);




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CIENTO VEINTICINCO




7°. Que, por lo anterior, además de lo razonado en considerativas 3ª y 4ª
precedentes con relación a lo resuelto a fojas 95 al inadmitir a trámite el
requerimiento, no puede tenerse por satisfecha la exigencia de que el
requerimiento contenga fundamentos de derecho que le sirvan de apoyo en los
términos del artículo 63 inciso primero de la ley orgánica constitucional de este
Tribunal. Al haberse ejercido conjuntamente por la actora dos solicitudes en
distintas competencias, se produce necesariamente la inadmisión a trámite del
presente libelo.
Por lo expuesto, no obstante mantenerse lo previamente resuelto por esta
Sala en la decisión recurrida de 2 de mayo de 2024, a fojas 95, de todas formas,
concurre la causal prevista en el artículo 52 inciso segundo de la Ley N° 17.997,
Orgánica Constitucional de este Tribunal, atendido el ejercicio de un requerimiento
de inconstitucionalidad de auto acordado y de una inaplicabilidad de precepto legal
bajo una misma presentación. Ello imposibilita el inicio del respectivo proceso
constitucional;
8°. Que, por todas las razones precedentes, ha de ser rechazado el recurso
de reposición presentado por la parte requirente y mantenerse lo que fuera resuelto
por esta Sala, a fojas 95. El requerimiento se tuvo por no presentado, para todos los
efectos legales, de acuerdo con lo previsto en la parte final del inciso segundo del
artículo 53 de la notada ley orgánica constitucional.


POR TANTO,
Teniendo presente lo previsto en los artículos 93 incisos primero, N° 2° y N°
6°, tercero y undécimo, y 94 de la Constitución Política, y los artículos 41, 46, 52 y
53 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,


PROVEYENDO A FOJAS 101: No ha lugar. Estese a lo resuelto a fojas 95. A sus
antecedentes el documento acompañado.


Notifíquese.
Rol N° 15.221-24-CAA.




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CIENTO VEINTISEIS


Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida
Fecha: 22/05/2024



Miguel Angel Fernández González Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 22/05/2024 Fecha: 22/05/2024



Héctor Antonio Mery Romero
Fecha: 22/05/2024


Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por
su Presidenta, Ministra señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida, y por sus
Ministros señor Miguel Ángel Fernández González, señora Daniela Beatriz Marzi
Muñoz y señor Héctor Mery Romero.

Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional.


María Angélica Barriga Meza
Fecha: 22/05/2024




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