TC Rol 1523

Texto completo

0000443
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES




2025

REPÚBLICA DE CHILE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

____________
Sentencia

Rol 16.367-25 INA


[14 de julio de 2025]
____________



REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD
RESPECTO DEL ARTÍCULO 8°, NUMERAL 2), DE LA LEY N° 18.101, QUE FIJA
NORMAS ESPECIALES SOBRE ARRENDAMIENTO DE PREDIOS URBANOS



SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT

EN EL PROCESO ROL C-1523-2021, SEGUIDO ANTE EL SEGUNDO JUZGADO DE
LETRAS EN LO CIVIL DE PUERTO MONTT



VISTOS:

Que, con fecha 8 de abril de 2025, el Segundo Juzgado de Letras en Lo
Civil de Puerto Montt, remite Oficio N° 615, solicitando pronunciamiento
respecto de la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 8°, numeral
2), de la Ley N° 18.101, que fija normas especiales sobre arrendamiento de
predios urbanos, para que ello incida en el proceso Rol C-1523-2025, seguido
ante el Segundo Juzgado Civil de Puerto Montt.



Precepto legal cuya aplicación se impugna

El texto del precepto impugnado dispone, en su parte destacada:



“Ley

18.101, que Fija Normas Especiales sobre Arrendamiento de Predio
Urbanos




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CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO




Artículo 8.- Los juicios a que se refiere el artículo anterior se regirán por
las reglas siguientes:

[…]

2) La notificación de la demanda se efectuará conforme a la norma
del inciso primero del artículo 553 del Código de Procedimiento Civil. Para
los efectos de lo dispuesto en el artículo 44 del mismo Código, se presumirá
de pleno derecho como domicilio del demandado el que corresponda al
inmueble arrendado.”



Síntesis de la gestión pendiente y conflicto constitucional sometido
al conocimiento y resolución del Tribunal Constitucional.

Como antecedentes de la gestión pendiente, explica el magistrado que
entre Inversiones Quetrihue S.A. y Pesquera y Acuícola VitaChile Limitada, se
celebró contrato de arrendamiento respecto del inmueble ubicado en calle El
Teniente N° 100, Parque Industrial, Puerto Montt, empezando a regir el 1° de
enero de 2013. En virtud de dicho contrato, la arrendataria se obligó al pago de
una renta mensual de $ 2.000.000, los cuales debían pagarse mensualmente y en
forma sucesiva mientras se encuentre vigente el contrato respectivo.

Señala que, con fecha 7 de abril de 2021, la demandante remitió carta
certificada de rigor y le comunicó a la demandada la decisión de dar por
terminado el contrato de arrendamiento.

No obstante lo anterior y atendido al no pago de ninguna de las rentas de
arrendamiento durante toda la vigencia del contrato, Inversiones Quetrihue
S.A., con fecha 29 de abril de 2021, interpuso demanda de cobro de todas las
rentas adeudadas que se encontraren exigibles al momento de interponer la
demanda, cuya suma ascendía a $ 116.000.000, correspondientes a los periodos
que van desde el 7 de julio de 2016 y hasta el 7 de mayo de 2021, más los
reajustes e intereses correspondientes de acuerdo al artículo 21 de la Ley N°
18.101, que fija normas especiales sobre arrendamiento de predios urbanos.

Indica que las notificaciones respectivas se realizaron en el domicilio en
donde se encuentra ubicado el inmueble, incluida la notificación personal
subsidiaria, en virtud de la presunción de derecho del artículo 8 N° 2) de la
mencionada ley.

Asimismo, hace presente que la tramitación del juicio de arrendamiento
se realizó en su totalidad en rebeldía del demandado. Y, con fecha 2 de junio de
2022, se dictó sentencia, la que se encuentra firme y ejecutoriada, según
certificación de fecha 1° de julio de 2022.




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CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO




Seguidamente, el Magistrado relata que la parte demandada recién tuvo
conocimiento del juicio con fecha 4 de abril de 2024.

Luego, con fecha 10 de abril de dicho año, la parte demandada interpone
incidente de nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento. Funda la
incidencia en que con fecha 31 de marzo de 2021, la demandante Inversiones
Quetrihue S.A. -cuyo Gerente General era, a su vez, el representante legal de la
Pesquera y Acuícola VitaChile-, puso fin unilateralmente a la relación comercial
existente entre ambas empresas y, en ese contexto, también decidió de forma
unilateral impedir el acceso al inmueble objeto del arriendo tanto al
representante legal de la demandada como a todo su personal, que hacían uso
del inmueble como planta de proceso.

De acuerdo con las piezas acompañadas a la solicitud de inaplicabilidad a
fojas 117 se tiene que con fecha 3 de mayo se recibe a prueba el incidente de
nulidad, encontrándose suspendida de oficio la tramitación de la causa
mediante resolución del Segundo Juzgado Civil de Puerto Montt, de fecha 8 de
abril de 2025.

En cuanto a la presunción de derecho del artículo 8°, N° 2) de la Ley N°
18.101, el magistrado señala que dicha presunción no puede ser obviada por el
tribunal y tiene por objeto facilitarle al actor la notificación y emplazamiento
efectivo del demandado. La intención del legislador es facilitar y agilizar la
diligencia de notificación, haciendo que ésta se practique en un domicilio de uso
y/o residencia del demandado.

Indica que, “tras haber revisado el expediente, los elementos probatorios
rendidos por el articulista y establecido su valor probatorio conforme la sana
crítica, se puede establecer que, tras haberse removido a Jaime Arredondo de su
cargo como Gerente General de la empresa demandante (31 de marzo de 2021),
éste no tuvo posterior acceso a las dependencias del inmueble objeto de autos, al
haberse impedido el acceso por el propio demandante” (fojas 3).

De esta forma, el haberse practicado todas las notificaciones en el
domicilio al cual de forma intencional el actor impide el acceso al demandado,
resulta en que éste nunca podría haber recibido las copias a que se refiere el
artículo 40 del Código de Procedimiento Civil, resultando en un abuso del
derecho otorgado por la presunción establecida en el artículo impugnado.

En cuanto a los derechos fundamentales que podrían verse
conculcados el magistrado sostiene que, en el caso concreto se afecta la
garantía del debido proceso del demandado, establecida en el inciso sexto,
numeral 3°, del artículo 19, de la Constitución, específicamente en su variante
del derecho que tiene toda persona a que la sentencia que ejerza jurisdicción
debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado, a través de un
procedimiento racional y justo.



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CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS




En este sentido, enfatiza que la decisión del legislador de establecer una
presunción de derecho implica una afectación de la garantía en cuestión,
cuando es el arrendador quien haciendo uso de sus atribuciones -legales o
fácticas-, impide el acceso del arrendatario al inmueble objeto del contrato,
derivando no solo en un incumplimiento contractual, sino en una negación
absoluta de la realidad que el legislador pretendió plasmar en la presunción.

Por otra parte, a fojas 4 advierte que podría existir un abuso del derecho
procesal contenido en la norma impugnada, en tanto el arrendador que impide
el ingreso del arrendatario al inmueble arrendado y luego aprovecha la
presunción de derecho para llevar adelante su pretensión respecto de dicho
inmueble, estaría excediendo o desviándose del interés protegido por la norma
jurídica, a saber, dar celeridad a los procedimientos donde los arrendadores
ven perjudicado su patrimonio producto de arrendatarios incumplidores que
evitan la notificación judicial.

En conclusión, la disposición legal en el caso concreto, a juicio del
tribunal, configura una contravención a los derechos establecidos tanto en el
artículo 19 N° 3° de la Constitución, como en el artículo 24 de la Convención
Americana de Derechos Humanos; artículo 3 y 14 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, en relación con el artículo 5° de la Carta
Fundamental.

Tramitación y observaciones al requerimiento

Por resolución de fecha 11 de abril de 2025 a fojas 174, la Primera Sala de
esta Magistratura admitió a trámite el libelo de inaplicabilidad, y por resolución
de la misma Sala, fue declarado admisible, con fecha 30 de abril del presente
año, a fojas 201.

Conferidos los traslados de fondo a los órganos constitucionales
interesados y a las demás partes en la gestión invocada, la Sociedad
Pesquera y Acuícola Vitachile Ltda. a fojas 429, suscribió e hizo suyos todos y
cada uno de los argumentos expuestos por el magistrado, pues efectivamente, la
aplicación del precepto impugnado afecta las garantías constitucionales
indicadas.



A fojas 214, en decreto de fecha 27 de mayo de 2025, fueron traídos los
autos en relación.



Vista de la causa y acuerdo

En audiencia de Pleno del día 10 de junio de 2025, se verificó la vista de la
causa, oyéndose la relación pública y el alegato del abogado Ernesto Manuel




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CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE




González Barría, por la parte de Pesquera y acuícola Vitachile Limitada,
adoptándose acuerdo con igual fecha, conforme certificación de la señora
relatora.



Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el Juez del Segundo Juzgado Civil de Letras en lo Civil de
Puerto Montt ha requerido la inaplicabilidad del artículo 8° N° 2) de la Ley N°
18.101, que fija normas especiales sobre arrendamiento de predios urbanos, en
virtud del cual “[l]a notificación de la demanda se efectuará conforme a la norma
del inciso primero del artículo 553 del Código de Procedimiento Civil. Para los
efectos de lo dispuesto en el artículo 44 del mismo Código, se presumirá de pleno
derecho como domicilio del demandado el que corresponda al inmueble
arrendado", atendido que, según consta en el referido Oficio N° 615, “(…) el
precepto legal en comento, establece una presunción de pleno derecho que no
puede ser obviada por este tribunal y tiene por objeto facilitarle al actor la
notificación y emplazamiento efectivo del demandado. Por lo cual, la intención
del legislador es facilitar y agilizar la diligencia de notificación, haciendo que esta
se practique en un domicilio al cual se entendería que sería de uso y/o residencia
del demandado”.

Agrega el mismo Oficio “(…) Que, tras haber revisado el expediente, los
elementos probatorios rendidos por el articulista y establecido su valor
probatorio conforme la sana crítica, se puede establecer que, tras haberse
removido a don Jaime Arredondo de su cargo como Gerente General de la
empresa demandante (con fecha 31 de marzo de 2021), este no tuvo posterior
acceso a las dependencias del inmueble objeto de autos, al haberse impedido el
acceso por el propio demandante. En consecuencia, el haber practicado todas las
notificaciones en el domicilio, al cual de forma intencional el actor impide el
acceso al demandado, resulta en que este nunca podría haber recibido las copias
que se refiere el artículo 40 del Código de Procedimiento Civil, resultando en un
abuso del derecho otorgado por la presunción establecida en el artículo 8 N° 2 de
la Ley N°18.101”.

1. Origen y evolución del precepto legal

SEGUNDO: Que, el artículo 8° de la Ley N° 18.101, en su texto original,
disponía que “[l]a notificación de la demanda se efectuará conforme a la norma
del inciso primero del artículo 553”, esto es, de acuerdo con las reglas generales,
pero, en el caso del artículo 44, se practicaba la notificación en la forma
indicada en el inciso 2° de dicho artículo, aunque el demandado no se
encontrara en el lugar del juicio;




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CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO




TERCERO: Que, en virtud de la Ley N° 19.866, de 2003, se modificó la
forma de notificación referida, con la finalidad de modernizar la normativa
reguladora de los arrendamientos de predios urbanos. En particular, para “(…)
evitar el problema de la notificación de la demanda, dando certeza del domicilio
del demandado” (Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia
de la Cámara de Diputados recaído en el proyecto de ley que moderniza la
normativa reguladora de los arrendamientos de predios urbanos, Boletín N°
2.625-07 (S), 11 de diciembre de 2002, p. 13), facilitando la notificación, pero -al
decir del profesor Raúl Tavolari- “(…) mantiene la necesidad de que se establezca
esta circunstancia (que se trata del domicilio del demandado) para llevar a cabo
la notificación, cuestión que confiere una razonable cuota de seguridad al
arrendatario demandado” (Informe de la Comisión de Constitución, Legislación,
Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de ley, en tercer trámite
constitucional, que moderniza la normativa reguladora de los arrendamientos
de predios urbanos, Boletín N° 2.625-07 (S), 21 de enero de 2003, p. 9);

CUARTO: Que, de esta manera, no hay duda de la intención del
legislador en orden a facilitar la acción del arrendador, frente al arrendatario
que ha incumplido sus obligaciones contractuales, para dar eficacia al derecho
de propiedad que la Constitución asegura en su artículo 19 N° 24°, tal y como
también ha continuado actuando, por ejemplo, en la Ley N° 21.461
que incorpora medida precautoria de restitución anticipada de inmuebles y
establece procedimiento monitorio de cobro de rentas de arrendamiento;

2. Jurisprudencia anterior y conflicto constitucional

QUINTO: Que, como sostuvimos en el Rol N° 2.986, donde se rechazó la
acción de inaplicabilidad intentada, “(…) la norma impugnada no resulta
caprichosa o arbitraria, atendido a que precisamente busca dar certeza respecto
de dónde puede ser notificado el arrendatario de un inmueble, teniendo presente
la naturaleza del conflicto y la calidad o condición del demandado, arrendatario
del predio urbano en el que se le notifica” (c. 14°). En el mismo sentido, el Rol N°
1.368 y la sentencia de inadmisibilidad pronunciada en el Rol N° 842;

SEXTO: Que, más recientemente, sin embargo, en el Rol N° 14.622
acogimos la inaplicabilidad del artículo 8° N° 2) de la Ley N° 18.101 porque su
aplicación, en ese caso, vulneraba lo dispuesto en el artículo 19 N° 3° inciso
sexto de la Constitución, por cuanto presumía de derecho que el codeudor
había sido notificado en el inmueble arrendado, en circunstancias que había
fijado su propio domicilio en el contrato de arrendamiento, por lo que dicha
presunción no permitía, razonablemente, sostener que pudo tener oportuno
conocimiento de la acción;

SEPTIMO: Que, en esta oportunidad, la cuestión constitucional que se
nos pide resolver consiste en determinar si resulta o no contrario a la Carta




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CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE




Fundamental aplicar la presunción de pleno derecho que establece el artículo
8° N° 2) de la Ley N° 18.101, en circunstancias que, por la actuación del propio
arrendador, el arrendatario no habría tenido acceso al inmueble arrendado
desde antes de la notificación de la demanda, por lo que esa aplicación
lesionaría el derecho a defensa y a un procedimiento racional y justo, dado que
no resultaría plausible sostener que pudo tener conocimiento del juicio y, por
ende, habría quedado impedido de ejercer su derecho a defensa
oportunamente;

3. Decisión estimatoria

OCTAVO: Que, lo cierto es que la gestión pendiente se ha desarrollado
íntegramente sin intervención de la requirente, la que fue notificada en el
inmueble arrendado, lo que estimamos resulta una aplicación de la regla
contenida en el artículo 8° N° 2) contraria al artículo 19 N° 3° de la Constitución,
pues, como se ha preguntado la Corte Constitucional de Colombia, examinando
también una presunción de derecho sobre el domicilio para notificar,
contenida en su ley de arrendamiento, “(…) ¿debe respetar el legislador el
principio de proporcionalidad cuando en desarrollo de su facultad de realizar los
preceptos constitucionales -en un ámbito como el del contrato de arrendamiento
de vivienda urbana- crea una presunción que puede implicar una seria restricción
frente a derechos constitucionales fundamentales, como lo son la garantía del
derecho al debido proceso (artículo 29 de la Constitución), la prevalencia del
derecho sustancial (artículo 228 de la Constitución) y al derecho a acceder a la
justicia (artículo 229 de la Constitución)?”;

NOVENO: Que, la Corte de Colombia responde a esa interrogante desde
la óptica del principio de proporcionalidad, objetando que “(…) la presunción de
derecho contenida en el inciso acusado sea la única medida posible para alcanzar
el propósito buscado por la norma, tanto más si se tienen en cuenta los efectos
que puede tener la imposibilidad de desvirtuar la presunción para asegurar la
garantía del derecho fundamental al debido proceso de las partes contratantes.
Como fue expuesto en párrafos anteriores, la notificación es clave para el
ejercicio del derecho al debido proceso, más cuando se trata de notificaciones tan
importantes como la del auto admisorio de la demanda. El Procurador General
atina, sin duda, cuando en su intervención marca una distinción entre la
obligación de notificar el auto admisorio de la demanda y el lugar en el que han de
surtirse las notificaciones. Ciertamente son dos asuntos diferentes. Si se
examinan más detenidamente, es factible hallar una estrecha relación entre los
dos (…)”, de tal modo que “[e]l legislador no puede diseñar instrumentos
procesales que resulten ilusorios y configuren un cuadro de denegación de
justicia al impedir a las personas lesionadas el acceso a la justicia. Esto iría en
contravía de la protección que se le confiere al derecho al debido proceso tanto en




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CUATROCIENTOS CINCUENTA




el ámbito constitucional como a nivel internacional (Artículo 8 de la Convención
Interamericana de Derechos Humanos) (…)”;

DECIMO: Que, ahora, en línea con nuestra jurisprudencia, “el derecho a
defensa jurídica” es un derecho fundamental de naturaleza procesal que se
proyecta, sustantivamente, como interdicción de la indefensión y, formalmente,
como principio de contradicción de los actos procesales” (Rol 2.029, c. 32°) (…)”
(Rol N° 3.682, c. 12°);

DECIMOPRIMERO: Que, por eso, esta Magistratura ha sostenido,
repetidamente, que el oportuno conocimiento de la acción es una de las
garantías del derecho a un procedimiento racional y justo, como ya lo dijo en el
Rol N° 478, c. 14°, o en los Roles N° 1.448, c. 60°, 2.381, c. 12°, 3.119, c. 19° y 3.649,
c. 11°. O, más claramente, en el Rol N° 1.200, al sostener “[q]ue entre las bases del
debido proceso, aludidas por el constituyente como las garantías de un
procedimiento y una investigación racionales y justos, se cita generalmente el
principio de contradicción o bilateralidad de la audiencia, comprensivo del
conocimiento oportuno de la acción, el derecho a formular las defensas y de
rendir y controvertir las pruebas (…).

Que, según un reconocido procesalista, el régimen de la bilateralidad
supone que “todos los actos de procedimiento deben ejecutarse con intervención
de la parte contraria. Ello importa la contradicción, o sea el derecho a oponerse a
la ejecución del acto, y el contralor, o sea el derecho a verificar su regularidad…
La bilatelaridad no quiere decir que necesariamente deban intervenir las dos
partes para que el acto tenga validez, sino que se les haya dado la oportunidad de
intervenir…. La jurisprudencia permite que, excepcionalmente, se ejecute una
providencia antes de ser notificada a la parte a quien afecte (inaudita parte)
cuando en caso contrario podría ponerse en peligro un derecho, pero sin que ello
impida la oposición posterior. Tal ocurre con las medidas precautorias y entre
ellas principalmente el embargo de bienes” (Alsina, Hugo, Fundamentos de
Derecho Procesal, Volumen 4, p. 175, Editorial Jurídica Universitaria)”.

DECIMOSEGUNDO: Que, en el Rol N° 7.688, expresamos “[q]ue, por
ende, la circunstancia que el legislador deba concretar las garantías de un
proceso justo y racional, no puede concebirse como una irrestricta libertad de
configuración de la etapa y modalidades de notificación, a cuyo amparo le sea
dable ignorar condiciones esenciales, sino más bien como la concesión de una
razonable discrecionalidad, tendiente a promover o procurar el logro efectivo de
ese derecho, según las particularidades que presenten las diferentes causas,
conforme se desprende inequívocamente del artículo 5° inciso segundo de la
misma Carta Fundamental, puesto que el legislador tiene deberes
constitucionales insalvables al regular los diversos juicios especiales (Roles N°s
1.217 y 1.994), ya que en todos ellos -sin excepción- debe materializar el derecho a




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defensa, a partir del conocimiento oportuno de la demanda (Roles N°s 576, c. 41°;
1.448, c. 40°; y 1.557, c. 25°)” (c. 14°).

Y añadimos en el mismo pronunciamiento “[q]ue, desde otro ángulo se
arriba a la misma conclusión, por cuanto el derecho a defensa se expresa, entre
otros, en el principio de bilateralidad de la audiencia, de tal manera que nadie
puede ser condenado sin ser oído, ya sea en juicios penales o civiles, por lo que el
demandado debe contar con el plazo razonable y los medios necesarios para
presentar adecuada y eficazmente sus alegaciones, lo que presupone el
conocimiento oportuno de la acción (Rol N° 1.994, c. 25°). Por ello, por regla
general, la ley establece que la demanda y el resto de las acciones en juicio sean de
bidamente notificadas, con la finalidad de poner en conocimiento del afectado la
alegación que se entabla en su contra, correspondiendo determinar sus formas al
legislador, teniendo en cuenta la naturaleza del conflicto que ha dado origen a la
demanda y los datos relativos a la persona natural o jurídica a quien se busca
notificar (Rol N° 1.368, c. 7°) (…)” (c. 15°);

DECIMOTERCERO: Que, en fin y solo para concluir con una sentencia
reciente, en el c. 11° del Rol N° 14.787, hemos vuelto a reiterar “[q]ue no
debemos olvidar que esta propia Magistratura ha señalado como elementos
constitucionales y legales del debido proceso todo el conjunto de garantías
procesales, orgánicas y penales, estableciendo el constituyente un criterio de no
clausura del contenido del debido proceso. En sentencia Rol N° 1518-09, en su
motivo 23 se estableció “en lugar de señalar con precisión en el propio texto
constitucional cuáles serían los presupuestos mínimos del debido proceso, sin
perjuicio de dejar constancia que algunos de dichos elementos decían relación
con el oportuno conocimiento de la acción y debido emplazamiento, bilateralidad
de la audiencia, aportación de pruebas pertinentes y derecho a impugnar lo
resuelto por un tribunal, imparcial e idóneo y establecido con anterioridad por el
legislador” (García Pino, Gonzalo y Contreras Vásquez, Pablo; Diccionario
Constitucional, Cuaderno del Tribunal Constitucional, N° 55, 2014, p. 247)” (c.
11°);

DECIMOCUARTO: Que, a partir de esta jurisprudencia puede resolverse
el requerimiento que ha presentado el Juez del Segundo Juzgado de Letras en lo
Civil de Puerto Montt.

No se trata, en este caso, de evaluar la aplicación del principio de
unilateralidad, esto es, de una regla legal precautoria, pues, en el artículo 8° N°
2) se ha dispuesto la notificación de la demanda y tampoco compete a esta
Magistratura, sino al Juez del Fondo, determinar las circunstancias alegadas en
la gestión pendiente que habrían impedido al requirente conocer
oportunamente la acción intentada en su contra.




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Lo que debemos examinar es si la presunción de derecho que tiene por
debidamente emplazado al arrendatario, cuando se lo notifica, por cédula, en el
inmueble arrendado, atendidas las circunstancias de este caso que ha relevado
el Juez requirente, permite sostener, con suficiente plausibilidad, que el
demandado pudo, oportunamente, conocer la acción intentada en su contra y,
por ende, ejercer su derecho a defensa;

DECIMOQUINTO: Que, en el marco de las circunstancias que se
describen en el Oficio N° 615, con que se ha dado inicio a este proceso
constitucional, la presunción de derecho contenida en el artículo 8° N° 2) de la
Ley N° 18.101, deja al Juez del Fondo desprovisto de la competencia para
examinar, realmente y conforme al mérito del proceso, si el demandado pudo o
no tener efectivo conocimiento de la acción dirigida en su contra, pues,
cualesquiera sean sus alegaciones y las pruebas que allegue al proceso,
indefectiblemente tendrá que aplicar la presunción y desestimar la nulidad de
todo lo obrado por falta de emplazamiento, de manera que la imposibilidad de
desvirtuar la presunción, como ha dicho la Corte de Colombia, impide asegurar
el derecho fundamental al debido proceso;

DECIMOSEXTO: Que, así las cosas, la presunción establecida en el
aludido artículo 8° N° 2), que debe ser aplicada por el Tribunal de primera
instancia, salvo que sea inaplicada, resulta contraria al derecho a defensa y al
derecho a un procedimiento racional y justo que la Constitución asegura en su
artículo 19 N° 3° incisos segundo y sexto, por cuanto no permite al Juez del
Fondo dirimir si el demandado estuvo en situación de conocer la acción y,
consecuentemente, de ejercer, de manera oportuna, su derecho a defensa.



Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93, incisos
primero, N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y
pertinentes de la Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997,
Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,



SE RESUELVE:

QUE SE ACOGE EL REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD
DEDUCIDO A FOJAS 1, DECLARÁNDOSE LA INAPLICABILIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 8°, N° 2), DE LA LEY 18.101, QUE
FIJA NORMAS ESPECIALES SOBRE ARRENDAMIENTO DE PREDIOS
URBANOS, EN EL PROCESO ROL N° C-1523-2021, SEGUIDO ANTE EL
SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT.




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Acordada con el voto en contra de las Ministras señoras DANIELA
MARZI MUÑOZ (Presidenta), NANCY YÁÑEZ FUENZALIDA, MARÍA PÍA SILVA
GALLINATO y CATALINA LAGOS TSCHORNE, quienes estuvieron por rechazar el
requerimiento atendidas las siguientes circunstancias:



1° Que el numeral 2° del artículo 8° de la Ley N° 18.101, que se encuentra
en el Título III (“De la competencia y del procedimiento) de dicho cuerpo legal,
establece una regla especial de notificación para los juicios relativos a contratos
de arrendamiento de bienes raíces urbanos estableciendo que, para los efectos
de la notificación comprendida en el artículo 44 del Código de Procedimiento
Civil, se presume de pleno derecho como domicilio del demandado el
correspondiente al inmueble arrendado.

Cabe recordar que esta Magistratura ha declarado ya su
constitucionalidad en dos sentencias de inaplicabilidad, en las que ha sostenido
que “tratándose de una acción que se dirige contra quien detenta la calidad de
arrendatario de un predio urbano que tiene una ubicación y dirección precisa, y
que, como consecuencia del contrato celebrado, se entrega al arrendatario para
que lo goce mientras subsista el contrato, no es algo antojadizo presumir que
aquél tendrá su domicilio en el inmueble arrendado, lugar que resulta entonces
idóneo para darle a conocer la existencia de una acción judicial derivada de dicho
contrato y que se dirige en su contra” (STC 1.368, c. 8° y 2.986, c. 12°).

Reflexionando también en torno a la razonabilidad de la norma, se
señaló que la presunción que contempla “no es algo caprichoso, surgido del
propósito de perjudicar al arrendatario, sino creada con el objeto de obtener que
se establezca la relación procesal en los juicios de arrendamiento, propósito que
se dificultaba considerablemente con otras formas de notificación, y que es
necesario configurar para que puedan discutirse los intereses y derechos del
propietario arrendador” (STC 1368, c. 8° y 2.986, c. 12°).

2° Que, según lo que expresa la sentencia respecto de la cual disentimos,
este requerimiento difiere de los desestimatorios, toda vez que los antecedentes
presentados por el juez requirente darían cuenta de la necesidad de otorgarle la
posibilidad a la parte demandada de acreditar que no estuvo en condiciones de
tener conocimiento de la demanda.

3° Que, presentado así los términos del debate, nos parece que este caso
no difiere de los previamente desestimados, pues en todos se alegaba por la
parte requirente que el precepto impugnado impedía acreditar ante la
judicatura de fondo la circunstancia de no haber tomado conocimiento de la
demanda. Disentimos del voto de mayoría al tener por acreditados los hechos y
antecedentes presentados por el juez del fondo, cuestión que excede el ámbito
de la inaplicabilidad por inconstitucionalidad que esta Magistratura debe



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CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO




analizar. Tales antecedentes fácticos, como se ha afirmado en otras sentencias,
no pueden tenerse por verdaderos o falsos, pues corresponde a un análisis de
mérito, que es el que realizará el juez del fondo, excediendo, por tanto, del
control que corresponde efectuar al Tribunal Constitucional. La acción de
inaplicabilidad consiste en un control de Derecho, respecto de normas jurídicas,
y no un control fáctico. En este sentido, el Tribunal Constitucional ha resuelto
que “Una controversia de esta naturaleza no puede ser resuelta por este Tribunal,
a quien le corresponde un control de normas, de ajuste de éstas con la
Constitución, pero no de revisión de asuntos que implican pruebas y valorización
de las mismas. Menos si ese asunto es objeto de controversia en el juicio que
constituye la gestión pendiente” (STC rol 1284, c. 3°).

4° Que vinculado con el impedimento que pesa sobre esta Magistratura
de valorar antecedentes fácticos, se encuentra el principio de interpretación
conforme que “obliga al Tribunal Constitucional, en su función de contralor de la
constitucionalidad de la ley, a buscar, al menos, alguna interpretación del
precepto cuestionado que permita armonizarlo con la Carta Fundamental y sólo
en el evento de no ser ello posible, unido a la necesidad de cautelar integralmente
la plena vigencia de los principios de supremacía constitucional, igualdad ante la
ley y certeza jurídica, resultará procedente y necesaria la declaración de
inconstitucionalidad” (STC 681, c. 8°).

5° Que, en línea con lo que ha razonado este Tribunal en sentencias
desestimatorias, el legislador bien pudo establecer que las notificaciones a que
dan lugar los litigios derivados del contrato de arrendamiento se practiquen,
respecto del arrendatario, en el inmueble arrendado. Ello es así porque el
contrato de arrendamiento tiene como objeto conceder el goce de la cosa al
arrendatario, y al mismo tiempo le impone una serie de obligaciones de
cuidado, de modo que es esperable, y hasta exigible, que éste se encuentre en el
inmueble, por sí o por interpósita persona. Es esta la ratio de la presunción.
Ahora bien, la jurisprudencia de los tribunales ordinarios ha ido precisando
casos en donde la presunción no tendría cabida por ser contraria a las razones
subyacentes que justifican la norma (véase, Corte de Apelaciones de Arica, 19 de
diciembre de 2008, rol 524-2008; Corte de Apelaciones de Antofagasta, 03 de
junio de 2015, rol 240-2015; Corte de Apelaciones de Concepción, 21 de junio de
2012, rol 72-2012).

6° Que es cierto que la norma de presunción se basa en una
generalización razonable y legítimamente justificada: los arrendatarios gozan y
cuidan del inmueble. Sin embargo, lo que alega el demandado no es que, siendo
arrendatario, no se encontraba en el inmueble. Lo que hace el demandado es
negar su calidad de arrendatario al momento de la notificación. En efecto,
sostiene que, al habérsele puesto término al contrato en forma previa por el
arrendador, no cabe notificar la demanda en el inmueble arrendado. Luego,



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0000455
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO




para el evento de que el juez tenga por verdaderos tales asertos, la discusión no
es probatoria, como insinúa la mayoría, sino jurídica: si el artículo 8 N° 2 de la
Ley 18.101 se aplica o no a los contratos de arriendos terminados.

7° Que todo lo anterior da cuenta que la determinación de si en la especie
se ha incurrido no en un tipo de “fraude procesal”, o si era imposible que el
demandado usara y gozara el inmueble, por así impedirlo la demandante, y si
tales hipótesis se encuadran genuinamente en la presunción del artículo 8 N° 2
de la Ley 18.101, es una labor privativa del juez del fondo, por tratarse de un
ejercicio de apreciación de la prueba, de calificación jurídica, de interpretación
legal, y de adjudicación del derecho.

8° Que, en efecto, para el evento de que el juez estime que el demandado
ya no era arrendatario del inmueble al momento de la notificación de la
demanda, bien puede advertir que desaparece la generalización que justifica la
presunción por lo que podría concluir que el caso no se encuentra dentro de la
ratio legis del precepto impugnado. El problema, ciertamente, no es de
inconstitucionalidad, sino de interpretación legal.

9° Que, por lo anterior, al no caber la declaración de inaplicabilidad de
una norma si la misma admite una lectura conforme a la Carta Fundamental, a
juicio de las disidentes, el requerimiento debió ser desestimado.



Redactó la sentencia el Ministro señor MIGUEL ANGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
y la disidencia, la Ministra señora NANCY YÁÑEZ FUENZALIDA.



Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N° 16.367-25 INA.




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0000456
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS


Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 14/07/2025



María Pía Silva Gallinato
Fecha: 15/07/2025



Miguel Angel Fernández González Raúl Eduardo Mera Muñoz
Fecha: 15/07/2025 Fecha: 14/07/2025



Catalina Adriana Lagos Tschorne Héctor Antonio Mery Romero
Fecha: 14/07/2025 Fecha: 14/07/2025



Marcela Inés Peredo Rojas Alejandra Precht Rorris
Fecha: 14/07/2025 Fecha: 17/07/2025



Mario René Gómez Montoya
Fecha: 14/07/2025


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta,
Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros señora Nancy
Adriana Yáñez Fuenzalida, señora María Pía Silva Gallinato, señor Miguel Ángel
Fernández González, señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana
Lagos Tschorne, señor Héctor Mery Romero, señora Marcela Inés Peredo Rojas,
señora Alejandra Precht Rorris y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario (S) del Tribunal Constitucional, señor Sebastián López
Magnasco.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 18/07/2025




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