TC Rol 15264

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CINCUENTA Y SEIS




Santiago, diecisiete de marzo de dos mil veinticuatro.



VISTOS Y CONSIDERANDO:

1º. Que a fojas 1, con fecha 1° de marzo de 2024, las y los H. Senadores de la
República señoras y señores Carmen Gloria Aravena Acuña; María José Gatica
Bertín; Rodrigo Galilea Vial; José García Ruminot; Rafael Prohens Espinosa; Manuel
José Ossandón Irarrázabal; Matías Walker Prieto; Ximena Rincón González; Javier
Macaya Danús; Luz Eliana Ebensperger Orrego; José Miguel Durana Semir; Gustavo
Sanhueza Dueñas y Sergio Gahona Salazar, que constituyen más de la cuarta parte
de los miembros en ejercicio de dicha Corporación, han deducido ante esta
Magistratura Constitucional, conforme al artículo 93, inciso primero, N° 16, de la
Constitución Política de la República, requerimiento de inconstitucionalidad
respecto del Decreto Supremo N°30, de 22 de agosto de 2023, que modifica el
Decreto Supremo N°40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, que establece
el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, dictado por Su
Excelencia el Presidente de la República don Gabriel Boric Font y la Ministra del
Medio Ambiente, Sra. María Heloísa Rojas Corradi, y que fue publicado en el Diario
Oficial el 1° de febrero de 2024 (en adelante “Decreto Impugnado”);

2°. Que, el cuerpo del requerimiento se divide en 4 Capítulos y una parte
petitoria.

El primer capítulo se refiere al Cumplimiento de Requisitos para que el
Requerimiento sea Acogido a Tramitación y Declarado Admisible (fojas 1 a 4). Luego
de transcribir las disposiciones constitucionales y legales que le sirven de
fundamento, en el acápite ii) de tal Capítulo, se afirma que “este requerimiento
señala de manera precisa y categórica tanto las normas específicas del Decreto
Supremo contra el que se dirige, así como los vicios de inconstitucionalidad alegados,
y las disposiciones constitucionales que resultan vulneradas por el mismo. En efecto y
tal como se desarrollará, el Decreto Impugnado vulnera los artículos 4°, 5°, 6° y 7°,
19 N°8 inciso segundo, 19 N°26, 32 N°6; 46, 63 N°20, 24 inciso segundo en relación
con el artículo 65 inciso cuarto, numeral 2°, artículo 63 N°1 en relación con el artículo
93 N°1 de la CPR” (sic, fojas 3), para luego anunciar que se acompaña copia del
decreto impugnado (iii) y terminar afirmando que “verificado el cumplimiento de los
requisitos necesarios para que este requerimiento sea acogido a trámite,
corresponde ahora referirse a su admisibilidad” por las razones que luego da a
conocer (fojas 4).

Después de que en el Capítulo II del requerimiento se aluda a los
Antecedentes (fojas 4 y 5) del Decreto Supremo Nº30/2023, el Capítulo III describe la
“Cuestión de Constitucionalidad Planteada y Vicios de Constitucionalidad de que
Adolece el Decreto Supremo Impugnado” (fojas 5 a 15). Este tercer capítulo, a su vez,
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CINCUENTA Y SIETE




contiene varios subcapítulos, que parten por contextualizar la evaluación ambiental
y la revisión de proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental,
haciendo diversas referencias a la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio
Ambiente, en particular al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), y a
los instrumentos de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y del Estudio de
Impacto Ambiental (EIA) (fojas 5 a 8); luego indica las modificaciones, que califica
como verdaderas “innovaciones” que introdujo el Decreto Supremo N° 30 al
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA), contenido a su
vez en el Decreto Supremo N°40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente (fojas
8 a 10); posteriormente, de fojas 11 a 15, indica que la cuestión de
constitucionalidad planteada dice relación con que el Presidente de la República, a
través del decreto impugnado, ha transgredido y pretendido ampliar sus
competencias normando aspectos reservados a la ley, dentro de un párrafo que
denomina “El Decreto Supremo N°30/2023 incorpora al RSEIA materias que la
Constitución ha confiado privativamente al legislador,” y en el que identifica y
explica la existencia de los siguientes seis vicios de inconstitucionalidad: Primer vicio:
el Decreto Supremo N°30/2023 determina como contenido mínimo exigible a las DIA
un Plan de Seguimiento de las Variables Ambientales, elemento que la ley sólo
contempla para los EIA (fojas 11); Segundo vicio: el Decreto Supremo N°30/2023
posibilita la revisión de las RCA obtenidas a partir de una DIA, aun cuando el
legislador prevé este mecanismo excepcional sólo para los EIA (fojas 11); Tercer vicio:
el Decreto Supremo N°30/2023 sustrae la competencia de las Comisiones de
Evaluación Ambiental del artículo 86 de la Ley N°19.300, para conocer las revisiones
del artículo 25 quinquies, atribuyéndoselas al “Servicio” (se refiere al Servicio de
Evaluación Ambiental), lo que es materia de ley, y de iniciativa exclusiva del
Presidente de la República (fojas 12); Cuarto vicio: el Decreto Supremo N°30/2023
atribuye competencia al Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental para
conocer, vía reclamación administrativa especial del artículo 20 de la Ley N°19.300,
sobre los procedimientos de revisión del artículo 25 quinquies en el caso de las DIA, lo
que también es materia de ley y de iniciativa exclusiva del Presidente de la República
(fojas 13); Quinto vicio: el Decreto Supremo N°30/2023 habilita a la Superintendencia
del Medio Ambiente para solicitar el inicio de un procedimiento de revisión por
cualquier variable, lo que también es materia de ley y de iniciativa exclusiva del
Presidente de la República, toda vez que esa facultad −prevista en el artículo 40
inciso final de la Ley N°21.455− se encuentra acotada únicamente a la variable de
cambio climático (fojas 14); Sexto vicio: el Decreto Supremo N°30/2023 amplía la
competencia de los tribunales ambientales, los que ahora podrán conocer de
reclamaciones por aplicación del artículo 17 N°5, en virtud de RCA revisadas y
obtenidas mediante una DIA, innovación que es materia de ley orgánica
constitucional y, por tanto, de control preventivo y obligatorio del Tribunal
Constitucional (fojas 14).
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CINCUENTA Y OCHO




El Capítulo IV se titula Normas Constitucionales Transgredidas por el Decreto
Supremo Impugnado, en el cual primeramente se enumeran tales disposiciones
(artículos 4°, 5°, 6°, 7°, 19 N° 8 inciso segundo, 19 N° 26, 32 N° 6, 46, 63 N° 20, 24
inciso segundo en relación con el artículo 65 inciso cuarto, numeral 2°, y artículo 63
N° 1 en relación con el artículo 93 N° 1) para luego ir desarrollando el contenido de
dichos preceptos y de ciertos principios constitucionales que habrían resultado
infringidos por el decreto supremo que objeta (fojas 15 a 18).

Por último, en su parte petitoria, el requerimiento pide ser admitido a trámite,
que se declarare admisible y se acoja “declarando la inconstitucionalidad del Decreto
Supremo N° 30/2023 publicado el 1° de febrero de 2024, del Ministerio del Medio
Ambiente, dejando sin efecto el acto impugnado y ordenando la publicación de la
sentencia estimatoria en el Diario Oficial”. Luego, en párrafo aparte, indica que “de
forma subsidiaria, y para el evento de que su SS. Excma. Considere dejar sin efecto
sólo parcialmente el Decreto Supremo N° 30/2023 en virtud del principio de
conservación del acto, solicitamos que se declaren inconstitucionales las siguientes
disposiciones: a) Artículo primero, numeral 7, letra j.; b) Artículo primero, numeral
23, letra a., y c) Artículo primero numeral 13” (fojas 19);

3º. Que, a fojas 54, la señora Presidenta del Tribunal ordenó que se diera
cuenta del requerimiento al Pleno de esta Magistratura;

4°. Que en conformidad a lo dispuesto en el artículo 93, inciso primero, Nº
16°, de la Constitución, es atribución de este Tribunal “resolver sobre la
constitucionalidad de los decretos supremos, cualquiera sea el vicio invocado,
incluyendo aquellos que fueren dictados en el ejercicio de la potestad reglamentaria
autónoma del Presidente de la República cuando se refieran a materias que pudieran
estar reservadas a la ley por mandato del artículo 63.”.

A su turno, el inciso decimonoveno del mismo precepto de la Carta
Fundamental señala que “en el caso del número 16º, el Tribunal sólo podrá conocer
de la materia a requerimiento de cualquiera de las Cámaras efectuado dentro de los
treinta días siguientes a la publicación o notificación del texto impugnado. En el caso
de vicios que no se refieran a decretos que excedan la potestad reglamentaria
autónoma del Presidente de la República también podrá una cuarta parte de los
miembros en ejercicio deducir dicho requerimiento.”;

5º. Que la normativa constitucional aludida precedentemente se
complementa con la contenida en la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional del
Tribunal Constitucional, la cual reitera lo recién referido en su artículo 110,
agregando el inciso final del mismo artículo: “La substanciación de estas cuestiones
se regirá, en lo pertinente, por las disposiciones del Párrafo 4 y por las normas del
artículo siguiente.”
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CINCUENTA Y NUEVE




La misma preceptiva de la Ley N° 17.997, se refiere tanto a los requisitos para
que el requerimiento de inconstitucionalidad de un decreto supremo sea admitido a
trámite como a los que, luego de cumplir con tales exigencias, debe ajustarse para
ser declarado admisible.

Así, en su artículo 111, inciso primero, dispone que “para ser admitido a
tramitación, el requerimiento deberá cumplir con las exigencias señaladas en el
inciso primero del artículo 63 y a él deberá acompañarse la publicación del decreto
impugnado.” El artículo 63, inciso primero, a que alude la norma recién transcrita y
que se contiene dentro del párrafo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional
sobre Cuestiones de Constitucionalidad sobre proyectos de ley, de reforma
constitucional y tratados en tramitación legislativa, dispone que “el requerimiento
deberá contener una exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho que
le sirven de apoyo. Se señalará en forma precisa la cuestión de constitucionalidad
y, en su caso, el vicio o vicios de inconstitucionalidad que se aducen, con indicación
de las normas que se estiman transgredidas.”

Por su parte, el artículo 73 -aplicable por la remisión que el artículo 110
inciso final efectúa al párrafo 4 de la ley N° 17.997 que lo contiene- establece, que
“si el requerimiento no cumple con las exigencias establecidas en el artículo 63, no
será acogido a tramitación y se tendrá por no presentado, para todos los efectos
legales. La resolución se dictará en el plazo de tres días, contado desde que se dé
cuenta, y se notificará a quien lo haya formulado. En caso que no lo acoja a
tramitación deberá ser fundada.”, preceptuando en su inciso cuarto y final que “no
obstante, tratándose de defectos de forma o de la omisión de antecedentes que
deban acompañarse, el Tribunal, en la misma resolución a que se refiere el inciso
anterior, otorgará a los interesados un plazo de tres días para que subsanen aquéllos
o completen éstos. Si así no lo hacen, el requerimiento se tendrá por no presentado,
para todos los efectos legales”.

Mientras tanto, el inciso segundo del ya mencionado artículo 111 de la Ley
N° 17.997, señala que “procederá declarar la inadmisibilidad de la cuestión, en los
siguientes casos: 1. Cuando el requerimiento no es formulado por un órgano
legitimado; 2. Cuando se promueva extemporáneamente; 3. Cuando se funde en
vicios de ilegalidad, y 4. Cuando se alegue exceso de la potestad reglamentaria
autónoma y no fuese promovida por una de las Cámaras”;

6º. Que, teniendo presente las disposiciones constitucionales y legales antes
citadas, esta Magistratura Constitucional ha de pronunciarse primeramente acerca
de si el requerimiento de inconstitucionalidad de autos, fundado en el artículo 93 N°
16 constitucional, se ajusta a los requisitos legales para ser admitido a tramitación a
que se refiere el artículo 111 de la Ley N° 17.997, es decir, si cumple tanto con las
exigencias señaladas en el inciso primero del artículo 63 de la ley N° 17.997 como
con acompañar la publicación del decreto impugnado, ya que, sólo en el evento de
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SESENTA




que se haya ceñido a tales requisitos el Tribunal Constitucional, podría luego
pronunciarse sobre el trámite que sigue, es decir, sobre su admisibilidad;

7º. Que, como ha sostenido esta Magistratura, “mediante el proceso
jurisdiccional se resuelven conflictos de relevancia jurídica, por un tribunal y en el
estricto marco de su competencia, en este caso tasada y establecida
constitucionalmente, a lo cual se agrega el marco procedimental, de admisión y
admisibilidad establecido en su correspondiente ley orgánica, todo lo cual, en el
lenguaje del artículo 7° de la Constitución, delimita los casos y formas en los que este
tribunal ha de actuar” (Rol N° 10.774, c. 5°).

Cabe recordar al efecto que “la acción solo puede ser deducida por titulares
nominativamente señalados por la Carta Fundamental y que el Tribunal no puede
actuar de oficio, debiendo ajustar su resolución estrictamente al ‘objeto pedido’ en el
requerimiento” (Rol 23, c. 4°), por lo que, dentro del proceso que se abre con la
presentación del requerimiento, su admisión a trámite constituye “un verdadero
examen de reconocimiento de los elementos, caracteres, límites y sentido del
conflicto planteado, constituyendo el examen de los presupuestos de admisión a
trámite la verificación del carácter de control jurídico de competencia de este
Tribunal acerca del conflicto que cualquier requirente plantee” (Rol 10.774, c. 8°).
Ajustándose a lo anterior, el Tribunal rechazó un requerimiento por no satisfacer
“las exigencias contenidas en el inciso primero del artículo 63 de la Ley N° 17.997
para admitir a tramitación el requerimiento y que son esenciales para que se
configure con certeza la competencia específica de esta Magistratura en el caso
concreto sometido a su conocimiento, y para que los órganos constitucionales
interesados puedan formular sus observaciones y acompañar los antecedentes que
estimen necesario” (Rol N° 2160, c. 14°).

Asimismo, en resolución de 7 de abril de 2020, que acogió parcialmente a
trámite el requerimiento en Rol N° 8574-CPT, este Tribunal sostuvo que “el estándar
de formulación de conflictos del artículo 63 aludido, como toda norma sobre
apertura de proceso, no es neutra ni carente de finalidad, pues en esta sede la
competencia de este Tribunal es limitada, tasada y regida por la petición del órgano
legitimado, presupuesto necesario de su actividad jurisdiccional, no pudiendo
conocer ni fallar conflictos no formulados correcta ni suficientemente por las
partes”(c. 7°); la mencionada norma “exige que el conflicto sea debidamente
explicitado, planteado y delimitado completa y suficientemente por los requirentes,
de forma tal que las contrapartes y el Tribunal lo comprendan prístina y claramente,
siendo sus límites claros e indiscutibles, para que quede determinada la competencia
específica del Tribunal Constitucional dentro del proceso. Ello se entiende además en
el marco del inciso primero del artículo 7° de la Constitución Política, al ser los casos
y formas establecidos por la ley para abrir proceso y ejercer jurisdicción, a la luz de la
garantía constitucional de reserva de ley procedimental y del proceso previo
legalmente tramitado establecidas en el numeral 3° del artículo 19 de la misma
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SESENTA Y UNO




Constitución, un estándar de validez de lo obrado. Estas cuestiones las plasmó que el
legislador orgánico, para el control preventivo contencioso de proyectos de ley, en la
exigencia de los presupuestos de admisión a trámite del artículo 63 aludido, que así
cobran especial relevancia” (c. 8°).

En definitiva, el estándar de argumentación que exige el inciso primero del
artículo 63 de la Ley N° 17.997 para que un requerimiento dirigido en contra de un
decreto supremo sea sometido a tramitación por el Tribunal Constitucional, delimita
su competencia, por cuanto le fija el marco dentro del cual debe pronunciarse, sin
que pueda “incursionar en el vedado acto de complementar un requerimiento de
parte o de autoconfigurarse conflictos para conocerlos sin que las partes cumplan su
carga procesal de plantearlos en forma” (Rol N° 8574, c. 11°);

8°. Que, sin perjuicio de constatar si se acompañó la publicación del decreto
impugnado –lo cual sucedió en este caso-, en el examen de los requisitos que
impone el artículo 63 de la Ley N° 17.997 para que un requerimiento en contra de
un decreto supremo pueda ser admitido a trámite, debe tenerse presente, siguiendo
lo que la misma regla dispone, que éste debe:

a) Contener una exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho
que le sirven de apoyo.

b) Señalar en forma precisa la cuestión de constitucionalidad y, en su caso,
el vicio o vicios de inconstitucionalidad que se aducen.

c) Ese señalamiento debe efectuarse con indicación de las normas
constitucionales que se estiman transgredidas;

9°. Que, refiriéndose específicamente a un requerimiento dirigido en contra
de un decreto supremo, en STC Rol N° 2.523 esta Magistratura sostuvo que “la
facultad que tiene el Tribunal de conocer de eventuales transgresiones a la
Constitución por decretos supremos, exige la formulación de un vicio de
constitucionalidad. De ahí que los requerimientos deban señalar en forma precisa
el vicio o los vicios de constitucionalidad que se aducen (artículos 111 y 63, Ley
Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional). Si bien la Constitución establece
que dicho vicio puede ser "cualquiera", comprendiendo, por ejemplo, la invasión de
la reserva legal, la transgresión de derechos, la vulneración del procedimiento de
generación del acto, la irregularidad vinculada a los requisitos de forma, etc., debe
demostrarse categóricamente” (STC 1849/2010)” (c. 12°).

Por otra parte, como se expresó en la resolución de inadmisión a trámite de
la causa Rol N° 8547, “si en un mismo requerimiento se plantean varias cuestiones de
constitucionalidad, cada una de ellas debe cumplir dicho estándar de formulación”,
por lo que cabe examinar el libelo a la luz de cada reproche de constitucionalidad
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SESENTA Y DOS




planteado, para determinar si cada uno cumple con los requisitos que indica el
mencionado artículo 63;

10°. Que examinado por esta Magistratura el libelo que rola de fojas 1 a 20
éste no cumple con el estándar de formulación dispuesto en el referido artículo 63
de la Ley N° 17.997;

11°. Que para llegar a dicha conclusión debe tenerse en cuenta, en primer
lugar, que el requerimiento de forma principal se dirige en contra de todo el Decreto
Supremo N° 30/2023, sin precisar las normas concretas de tal cuerpo normativo que
impugna por incurrir en cada uno de los vicios de inconstitucionalidad que esgrime a
fojas 5 a 15 y que se fundarían en la transgresión de las normas constitucionales que
cita al final del escrito. Desde esta perspectiva, el requerimiento resulta genérico,
abstracto, sin que sea posible reconocer en forma precisa el conflicto planteado
respecto de uno o de algunos de los preceptos que conforman el citado decreto.

Tal defecto se pone de relieve no sólo porque solicita la declaración de
inconstitucionalidad de la totalidad del DS 30/2023, sino también a través de la
petición subsidiaria de fojas 19, mediante la cual pide que se declaren
inconstitucionales las siguientes disposiciones: “a) Artículo primero, numeral 7, letra
j.; b) Artículo primero, numeral 23, letra a., y c) Artículo primero numeral 13”.
Resulta que, respecto de tales preceptos, sólo los cita sin detallar su contenido, ni
fundamentar cómo ellos adolecen de un vicio de inconstitucionalidad por infringir
determinadas normas constitucionales. Si bien allí se mencionan tres preceptos
concretos del Decreto Supremo N° 30, igualmente de todo el cuerpo del
requerimiento no es posible unir esos preceptos con los vicios invocados y con uno o
más preceptos constitucionales concretos vulnerados, de modo de poder tener por
trabado, ante este Tribunal, un conflicto normativo preciso entre disposiciones de
un Decreto Supremo y la Carta Fundamental, en los términos que la Constitución y la
ley orgánica constitucional N° 17.997 exigen para poder admitir a tramitación un
requerimiento intentado por un grupo de parlamentarios conforme al artículo 93, N°
16, de la Constitución;

12°. Que al respecto cabe hacer notar que no son admisibles en esta sede ni
las impugnaciones genéricas de todo un cuerpo normativo ni las peticiones
subsidiarias en un requerimiento de inconstitucionalidad, por cuanto es un
presupuesto de admisión a trámite que el conflicto de constitucionalidad y los vicios
de inconstitucionalidad sean demostrados categóricamente, ya que “la jurisdicción
contenciosa y sus procesos solo pueden referirse a conflictos específicos, delimitados
y de clara dimensión jurídicos, exigiendo alto estándar de legitimación activa,
competencia, formulación y delimitación” (Rol N° 10.774, c. 9°).

Por lo tanto, al no quedar claro si el problema de constitucionalidad se
predica de la generalidad del reglamento o sólo de disposiciones específicas, no
corresponde que, a través de un ejercicio interpretativo, este Tribunal supla tal
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SESENTA Y TRES




deficiencia, por ejemplo, contrastando las tres reglas que menciona en forma
subsidiaria con los vicios a que alude el Capítulo III del escrito o buscando otras
disposiciones del propio decreto impugnado que pudiesen adolecer de alguno de los
seis reproches de inconstitucionalidad que se formulan. Reiteramos que del libelo
debe surgir en forma prístina el conflicto, sin que le corresponda a esta Magistratura
Constitucional efectuar ejercicios interpretativos que lleven a dilucidarlo,
correspondiendo a quien acude a esta judicatura cumplir con la carga procesal de
exponerlo claramente para ser admitido a trámite conforme a las exigencias que le
impone el artículo 63 de la Ley N° 17.997;

13°. Que, además, al señalar los vicios de inconstitucionalidad que afectarían
a todo el cuerpo normativo en el Capítulo III de su escrito, los H. Senadores
requirentes no indican en forma precisa y clara cómo cada uno de tales vicios
conduce a la vulneración de las normas constitucionales que luego anuncian en otro
capítulo aparte. Es decir, el requerimiento parlamentario bajo análisis no efectúa la
consecuente concatenación lógica no sólo entre las normas precisas del Decreto
Supremo y los reproches alegados, sino tampoco entre los vicios de
inconstitucionalidad y la normativa de la Carta Fundamental que se enuncia como
amagada respecto de cada uno de ellos.

No salva tampoco lo anterior la ya mencionada petición subsidiaria de fojas
19, en orden a que se declaren inconstitucionales las tres disposiciones del decreto
que menciona, porque respecto de ellas el libelo tampoco va señalando en forma
precisa cuáles son las normas constitucionales vulneradas;

14°. Que lo recién anotado se manifiesta en forma palmaria al examinar los
cuatro capítulos que conforman el requerimiento, tomados en conjunto o por
separado, los cuales no permiten al lector tener por configurado “en forma precisa
el vicio o los vicios de constitucionalidad que se aducen”, porque no basta con
señalar las normas constitucionales que podrían haberse infringido sino que debe
fundamentarse en forma clara y precisa cómo las normas del decreto producen su
vulneración. En ninguno de dichos Capítulos se aprecia una conexión entre las reglas
del Decreto Supremo N° 30 con las disposiciones de la Carta Fundamental concretas
que se dan por infringidas, siendo, por lo tanto, difuso para este Tribunal apreciar
cuáles son los vicios de constitucionalidad que contendría el texto del Decreto
Supremo impugnado;

15°. Que, en efecto, si bien existe un capítulo del requerimiento referido a
normas constitucionales transgredidas por el Decreto Supremo N° 30 (Capítulo IV,
fojas 15 a 18), dichas normas, a su vez, tampoco se concatenan con una o más
disposiciones del Decreto Supremo N° 30 y, aun cuando se entendiera el referido
Decreto como impugnado en su totalidad, igualmente el requerimiento no permite a
estos jueces constitucionales -desprovistos de la facultad de efectuar tales ejercicios
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SESENTA Y CUATRO




interpretativos- vislumbrar un conflicto entre cada una de los preceptos del Decreto
y la normativa constitucional que se da por impugnada en el requerimiento;

16°. Que, de todo lo expuesto, y del estudio del requerimiento impetrado a
fojas 1 y de los antecedentes acompañados, esta Magistratura no logra vislumbrar
un conflicto constitucional meridianamente determinado y claro en sus contornos
que pueda resolver.

Como ya se expuso, para poner en ejercicio la competencia específica de este
Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad de decretos supremos, además
del plazo del artículo 111 de la Ley N° 17.997, quien accione ante esta judicatura
debe cumplir con los requisitos del artículo 63 de la misma, los cuales, aunque
formales, son insoslayables y exigen -incluso antes de determinar si el asunto fuere
de legalidad o de constitucionalidad, lo que debía en su caso resolverse en la etapa
de admisibilidad- que el requerimiento exponga con claridad los hechos y el
derecho, puesto que, aunque el vicio de inconstitucionalidad pueda ser
“´cualquiera”, este mismo “debe demostrarse categóricamente”, y aquello no
acontece en el requerimiento de autos, donde no se señala en forma precisa un
conflicto entre la Constitución y uno o más preceptos del Decreto Supremo N° 30,
arriba individualizado.

Aún más, el libelo de autos ni siquiera alcanza un estándar de plausibilidad
suficiente que pudiese ser subsanado para luego poder discutir sobre su eventual
admisibilidad (legalidad o inconstitucionalidad en las alegaciones), pues ya en la
presente etapa procesal se observa que, por las razones antes esgrimidas, no
cumple con exponer claramente los hechos y fundamentos de derecho que sirven
de apoyo, como consecuencia de la ausencia de determinación de las normas
impugnadas y la falta de relación lógica entre los vicios alegados y las normas
constitucionales infringidas;

17°. Que, por todo lo expuesto, no pueden darse por establecidos los
presupuestos de admisión a trámite del inciso primero del artículo 63 de la ley
orgánica constitucional de esta Magistratura al que se remite su artículo 111
respecto del requerimiento de fojas 1, en tanto establece que el libelo dirigido en
contra de un decreto supremo debe contener una exposición clara de los hechos y
fundamentos de derecho, así como señalar en forma precisa la cuestión de
constitucionalidad y, en su caso, el vicio o vicios de inconstitucionalidad que se
aducen, con indicación de las normas que se estiman transgredidas correspondiendo
resolver que el requerimiento de autos no se acoge a tramitación.

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en el artículo 93, inciso primero, Nº 16º,
e inciso decimonoveno, de la Constitución Política de la República y lo prescrito en
los artículos 63, 73, 110, 111 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional del Tribunal Constitucional,
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SESENTA Y CINCO




SE RESUELVE:

Que no se acoge a tramitación el requerimiento deducido en lo principal de
fojas 1. Téngase por no presentado para todos los efectos legales; al primer y
segundo otrosíes, a sus antecedentes; al tercer y cuarto otrosíes, estese al mérito de
lo resuelto en lo principal; al quinto y sexto otrosíes, téngase presente.



Acordada con el voto en contra de los Ministros señor MIGUEL ÁNGEL
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, señor HÉCTOR MERY ROMERO y señora MARCELA PEREDO ROJAS,
quienes estuvieron por acoger a tramitación el requerimiento deducido a fojas 1 y
resolver sobre su admisibilidad, por las siguientes consideraciones:

1°. Que, el requerimiento cumple con los requisitos dispuestos en los
artículos 111 y 63 de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional de esta Magistratura,
para ser acogido a tramitación, dado que contiene una clara exposición de los vicios
constitucionales planteados, siendo así fundado en derecho, especialmente
considerando que contiene un capítulo dedicado a señalarlos, de fs. 5 a 15,
conforme al estándar que esta Magistratura ha empleado, invariablemente, para
entrar a conocer el fondo de esta especie de impugnaciones;

2°. Que, efectivamente, examinando las sentencias de esta Magistratura -
cuando ha sido convocada a pronunciarse acerca de la atribución contenida en el
artículo 93 inciso primero N° 16°- se verifica, según da cuenta el voto del ex Ministro
Gonzalo García, precisamente en el Rol N° 2.523, que, al 30 de septiembre de 2013,
se habían impugnado veintisiete Decretos Supremos, de los cuales solo dos fueron
declarados inadmisibles, el Rol N° 234 y el Rol N° 362. En el primer caso, porque el
requerimiento no había sido suscrito por el número de Diputados exigido por la
Constitución y, en el segundo, por desarmonía entre el cuerpo del escrito y el
petitorio. En ambos casos, nuestra Ley Orgánica sólo contemplaba un trámite de
control previo del requerimiento y no, como hoy, con posterioridad a las reformas
introducidas por la Ley N° 20.381, en 2009, que establece la admisión a trámite y la
admisibilidad;

3°. Que, con posterioridad, esta Magistratura ha debido pronunciarse sobre
otros requerimientos en contra de Decretos Supremos: Entre otros, en 2013, el Rol
N° 2.565 y en 2014, el Rol N° 2.618; en 2018, el Rol N° 4.757 y los Roles acumulados
N° 5.572 y N° 5.650; en 2022, los Roles N° 12.812 y 12.929; en 2023, aparecen los
Roles N° 13.964, 13.965, 13.968, 13.969, 13.970, 13.971 y 13.972, referidos a
Decretos Supremos de indulto particular, y el Rol N° 14.539. Todos los
requerimientos fueron admitidos a tramitación y declarados admisibles, salvo en el
caso del Rol N° 12.812 que es el único que no fue admitido a tramitación;
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SESENTA Y SEIS




4°. Que, así las cosas, se verifica, en una primera aproximación, que
prácticamente todos los requerimientos deducidos en contra de Decretos Supremos
han sido admitidos a tramitación, incluyendo, por cierto, el Rol N° 2.523, que fue,
posteriormente declarado inadmisible, por plantear vicios de legalidad y no de
constitucionalidad. De modo tal que, a nuestro entender, no resulta idóneo para
sustentar un pronunciamiento de inadmisión a trámite, en esta oportunidad, ya que
no se condice con la argumentación conforme a la cual el requerimiento de fs. 1 no
ha formulado, con claridad, el vicio de constitucionalidad que esgrime.

Solo el Rol N° 12.812 fue inmediatamente rechazado, en primer lugar,
porque no se acompañó el Decreto Supremo impugnado y, en segundo lugar, por no
contener una exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho, desde que
“(…) en diversos pasajes se alude a la presentación de un “requerimiento de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad” (fojas 3), especificándose luego que se pide
la declaración de inaplicabilidad de “preceptos legales” (fojas 4), y la suspensión del
procedimiento de un determinado proceso de licitación sin previo “pronunciamiento
acerca de la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los preceptos legales
impugnados” (fojas 8)” (c. 14°). Ello, sin perjuicio que, además, se había deducido
extemporáneamente;

5°. Que, la constatación histórica referida, sin embargo, atendida la
abrumadora inclinación hacia la admisión a trámite -tal y como ya había ocurrido
antes de 2013, en que sólo dos requerimientos fueron declarados inadmisibles- no
permite colegir sólo una conclusión estadística o meramente cuantitativa, sino que
da cuenta del estándar constitucional flexible con que ha venido obrando esta
Magistratura, incluso considerando que se trata de acciones intentadas por los
colegisladores, lo que, a nuestro juicio, el pronunciamiento de autos viene a
modificar radicalmente, sin que, como ya se dijo, el requerimiento de fs. 1 pueda ser
calificado como contrario o ajeno a esos precedentes y, por ende, susceptible de
recibir un tratamiento tan palmariamente diverso del que ha sido la decisión
consistente de esta Magistratura en la etapa de admisión a trámite;

6°. Que, en efecto, estimamos que el requerimiento da cuenta de un vicio de
constitucionalidad, consiste en que diversas disposiciones del Decreto Supremo
impugnado incurren en “(…) la alteración de las competencias de los órganos de la
institucionalidad ambiental, soslayando la reserva que el constituyente confió al
legislador en la materia. (…)” (fs. 4).

¿Cuáles son esas “alteraciones competenciales” definidas por el legislador
que el Decreto impugnado modifica?

- Exigir un Plan de Seguimiento de las Variables Ambientales, como
contenido mínimo de las Declaraciones de Impacto Ambiental, en
circunstancias que la ley sólo lo contempla para los Estudios de Impacto
Ambiental;
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SESENTA Y SIETE




- Admitir la revisión de las Resoluciones de Calificación Ambiental
obtenidas a partir de una Declaración de Impacto Ambiental, no obstante
que la ley sólo prevé este mecanismo excepcional para los Estudios de
Impacto Ambiental;

- Sustraer la competencia de las Comisiones de Evaluación Ambiental para
conocer las revisiones del artículo 25 quinquies, entregándola al Servicio
de Evaluación Ambiental.

- Atribuir competencia al Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación
Ambiental para conocer procedimientos de revisión del artículo 25
quinquies en el caso de las Declaraciones de Impacto Ambiental.

- Habilitar a la Superintendencia del Medio Ambiente para solicitar el inicio
de un procedimiento de revisión por cualquier variable, a pesar de que
esa facultad se encuentra acotada, en el artículo 40 inciso final de la Ley
N° 21.455, sólo respecto de la variable de cambio climático.

- Ampliar la competencia de los Tribunales Ambientales, a raíz de la
determinación anterior.

¿Y cuál es, entonces, el vicio de constitucionalidad en que incurre el Decreto
al realizar esas “alteraciones competenciales”?

“El Presidente de la República, en ejercicio de su potestad reglamentaria de
ejecución, ha transgredido y pretendido ampliar sus competencias normando
aspectos que corresponden a una ley general y que establece las bases esenciales del
medio ambiente, a saber, la Ley N°19.300. Del mismo modo, ha alterado las
competencias de organismos evaluadores de aquella legislación, a la vez que
termina por inmiscuirse en materias que son propias de ley orgánica constitucional,
en tanto inciden en las atribuciones de la judicatura, disposiciones que −por lo
demás− corresponde que sean controladas obligatoria y preventivamente por este
Tribunal Constitucional” (fs. 10). Ello se concreta en la vulneración de los preceptos
constitucionales que se invocan repetidamente en el requerimiento;

7°. Que, a mayor abundamiento, la doctrina ha destacado la relevancia
práctica que tiene el control de constitucionalidad de decretos supremos, puesto
que esta atribución constitucional específica que se añade a esta Magistratura
constitucional en virtud de la reforma constitucional del año 2005 supone una
expresión diferente al control normativo de preceptos legales y a la jurisprudencia
emanada de ella. Puesto que, el control de constitucionalidad de decretos supremos
supone la protección de la garantía sustantiva de la reserva legal que implica la
legitimidad del sistema democrático en coherencia con la supremacía constitucional.
En ese sentido, la admisión a trámite de este tipo de control normativo implica que
puede invocarse cualquier tipo de vicio. Tanto es así, que la doctrina ha expresado
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SESENTA Y OCHO




que este control normativo en base al principio de supremacía constitucional “hará
más coherente el sistema de control de los productos normativos emanados de la
potestad reglamentaria presidencial; y, por la otra, perfeccionará uno de los más
importantes cometidos de este mecanismo de verificación, cual es, encontrar el
necesario equilibrio en la relación ley-reglamento que configura nuestra Carta
Fundamental.” (Cazor Alister, Kamel. “Actual marco atributivo del Tribunal
Constitucional en el control de los Decretos Supremos Presidenciales”; Revista
Estudios Constitucionales, año 4, N°1, pp.233-240).

Así, esta disidencia entiende que en virtud de la revisión judicial de esta
instancia, este tipo de control normativo conforme a la doctrina de los checks and
balances permite buscar en el ordenamiento constitucional el necesario equilibrio
entre la potestad reglamentaria del Ejecutivo, la reserva legal y principio de
supremacía constitucional. Lo cual debe tenerse en cuenta, especialmente
considerando que el requerimiento en cuestión ha cumplido con el estándar
aplicado constantemente por esta Magistratura respecto al examen de admisión a
trámite, como ya se ha señalado precedentemente;

8°. Que, por ende y conforme al estándar de control que ha establecido esta
Magistratura al examinar la admisión a trámite e, incluso, la admisibilidad de
requerimientos deducidos en contra de Decretos Supremos, a nuestro juicio el
requerimiento de fs. 1 cumple con los requisitos formales para ser admitido a
tramitación, por lo cual debió admitirse y procederse al pronunciamiento de
admisibilidad.



El Ministro señor RAÚL MERA MUÑOZ previene que, concordando con el
parecer de la mayoría, en cuanto a que el requerimiento es formalmente
defectuoso, le parece sin embargo que su debilidad se centra en la omisión de
indicar, en cada uno de los seis puntos que desarrolla como vicios de
inconstitucionalidad del decreto atacado, qué preceptos concretos de aquel acto del
Ejecutivo incurren en el defecto específico de que en cada caso se trata. No puede
salvarse esa omisión por la referencia genérica a tres artículos en la petición
subsidiaria; primero, porque no son admisibles las peticiones subsidiarias en un
requerimiento como el que nos ocupa y, segundo, porque precisamente si es una
pretensión subsidiaria es porque en lo principal se ataca todo el decreto, lo que
implica que cada artículo de esa normativa debe ir asociándose a alguno de los
defectos que se enuncian de fs. 5 a 15 de la presentación que analizamos, labor que
no puede ser suplida por el actuar del Tribunal, debiendo el libelo bastarse a sí
mismo. Sin embargo, ese defecto configura un problema formal, en parecer de este
Ministro, relativo a las citas legales (reglamentarias, en este caso; usamos aquí el
término “legal” en su sentido amplio), pues la argumentación jurídica sí está
presente en el requerimiento, lo que permite que, de acuerdo con lo dispuesto en
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SESENTA Y NUEVE




el artículo 73, inciso cuarto, de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional de esta
Magistratura (por remisión del artículo 110 de la misma) este ministro esté por
conferir a las señoras y los señores parlamentarios requirentes un plazo de tres
días para que subsanen o completen el requerimiento, precisando las normas
específicas del Decreto Supremo que se impugnan, con relación a cada uno de los
vicios de inconstitucionalidad y normas de la Constitución Política que se señalan a
fojas 11 y siguientes. Lo anterior, bajo apercibimiento de tener el requerimiento por
no presentado.

Comuníquese y notifíquese.

Rol N° 15.264-24 CDS.

Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida
Fecha: 17/03/2024



María Pía Silva Gallinato Miguel Angel Fernández González
Fecha: 17/03/2024 Fecha: 17/03/2024



Daniela Beatriz Marzi Muñoz Raúl Eduardo Mera Muñoz
Fecha: 17/03/2024 Fecha: 17/03/2024



Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 17/03/2024



Marcela Inés Peredo Rojas
Fecha: 17/03/2024


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta,
Ministra señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida, y por sus Ministros señora
María Pía Silva Gallinato, señor Miguel Ángel Fernández González, señora
Daniela Beatriz Marzi Muñoz, señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina
Adriana Lagos Tschorne, señor Héctor Mery Romero, señora Marcela Inés
Peredo Rojas y señora Alejandra Precht Rorris.

Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional, señora María Angélica Barriga
Meza.


María Angélica Barriga Meza
Fecha: 17/03/2024




CF81F256-ED88-4229-8A45-66A1683547E6
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