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000781
Lelesicrdos Obkarda, demo

Santiago, veinticuatro de agosto de dos mil diez.

VISTOS:

Con fecha 10 de noviembre de 2009, el abogado
Enrique Monasterio Rebolledo, en representación de Kurt
Herbert Schnellenkamp Nelaimischkies, Rudolf Hans Collen
Franzkowsky, Wolfgang Freidhelm Alexander Zeitner Bohnau,
Gúnther Schaffrik Brúckmann, Reinhard Zeitner Bohnau,
Alfred Gerlach Scritt, Gerhard Wolfgang Mucke Koschitzke,
Wolfgang Hermann Muller Altevogt, Dennys .Ricardo Ramón
Alvear Henríquez, Gerd Seewald lLefevre, Hartmut Wilhelm
Hopp Miottel, Hugo Ernesto Hidalgo Díaz y Olalia del
Carmen Vera Gutiérrez, ha requerido a esta Magistratura
Constitucional para que declare la inaplicabilidad por
inconstitucionalidad del artículo 509 del Código de
Procedimiento Penal, en la causa criminal sobre abusos
deshonestos, Rol 53.015 del Juzgado de Letras de Parral,

que se encuentra en actual tramitación ante la Corte de

Apelaciones de Talca, bajo el Rol N* 28-2005, por
interposición de recursos de apelación y de casación en

la forma.

En cuanto al fundamento de la acción de
inaplicabilidad deducida, en síntesis se plantea que la
norma legal cuestionada tiene carácter decisorio litis,
ya que ha sido aplicada por el tribunal de primera
instancia al dictar la sentencia que ha condenado a los
actores en calidad de cómplices del delito reiterado de
abusos deshonestos. Asimismo, se aduce que el mencionado
fallo les ha aplicado el más elevado nivel de la pena que
admite el precepto legal impugnado, sin que el juez haya
considerado que existe una ley nueva más benigna en la

materia, que se contiene en el artículo 351 del Código

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Procesal Penal, que dispone, en lo que interesa a los
efectos de este proceso, que en los casos de reiteración
de crímenes o simples delitos de una misma especie se
impondrá la pena correspondiente a las diversas
infracciones, estimadas como un solo delito, aumentándola
en uno o dos grados. Esta situación es la que los actores
estiman que infringiría la garantía constitucional
reconocida en el inciso séptimo del numeral 3 del
artículo 19 de la Constitución, es decir, aquella que
establece que ningún delito será castigado con otra pena
que la que se encuentre establecida por ley promulgada
con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva

ley favorezca al afectado.

En el mismo orden de consideraciones señalan que la
declaración de i¡inaplicabilidad del artículo 509 del
Código de Procedimiento Penal permitirá dar plena
aplicación, en el caso concreto invocado, al principio
pro reo que la mencionada garantía fundamental
reconocería y sobre el cual ya existen pronunciamientos
de esta misma Magistratura, como ocurre con el fallo Rol
N2 113 (Considerando tercero), que permitió dejar sin
efecto la sentencia condenatoria dictada en contra del
señor Clodomiro Almeyda Medina, por haberse derogado el
artículo 8% de la Constitución por efecto de la Ley de

Reforma Constitucional N* 18.825, de 1989.

Agregan que la esencia de la norma constitucional
contenida en el inciso séptimo del numeral tercero del
artículo 19, sería la de producir la derogación tácita de
las normas penales anteriores que sean más gravosas para
el condenado y que dicho efecto también estaría
reconocido en la Ley N”* 19,806, en su artículo 66, que
dispone la derogación de todas las normas procesales

penales especiales que resultaren incompatibles con las

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reglas del Capítulo VI-A de la Constitución, de las leyes
que menciona y con el Código Procesal Penal. Por
consiguiente, los actores sostienen que, en sustitución
de tales normas derogadas, debieran ser aplicadas las
disposiciones del mencionado Código Procesal Penal para
resolver la cuestión pendiente en la que incide la acción

deducida en estos autos.

Mediante resolución de 19 de noviembre de 2009, la
Primera Sala admitió a tramitación el requerimiento
interpuesto y, entre otras medidas, para pronunciarse
sobre la admisibilidad de la acción, confirió traslado a

las partes de la causa sub lite.

Consta en autos que dicho traslado fue evacuado por
el Fisco de Chile, representado por la Abogado Procurador
Fiscal de Santiago, del Consejo de Defensa del Estado,
por el Servicio Nacional de Menores, por el abogado
Hernán Fernández, en representación de algunos de los
querellantes de la causa, y por el Fiscal Judicial de la
Corte de Apelaciones de Talca, en todos los casos
solicitándose al Tribunal declarar inadmisible la acción
de ¡naplicabilidad deducida. También consta en el
expediente que la Sala competente escuchó los alegatos
que formularon los apoderados de los requirentes, del
Fisco de Chile y del Servicio Nacional de Menores, en la
audiencia previamente fijada y verificada el 17 de marzo

del año en curso.

Mediante resolución del día 23 de marzo de 2010, la
Primera Sala de esta Magistratura Constitucional declaró
la admisibilidad del requerimiento materia de este
proceso -fojas 642-. Pasados los autos al Pleno, conforme
a lo dispuesto en la Ley N? 17.997, Orgánica

Constitucional del Tribunal Constitucional, se dio

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y Fis

000784,

traslado de la acción interpuesta a las partes del
proceso criminal en el que incide dicha acción y también
se puso en conocimiento de ella a los órganos

constitucionales interesados.

Consta a fojas 669 de los autos que, con fecha 14 de
abril de 2010, la Abogado Procurador Fiscal de Santiago
del Consejo de Defensa del Estado, en representación del
Fisco de Chile, al evacuar el respectivo traslado ha
solicitado a esta Magistratura rechazar la acción

deducida, en razón de las consideraciones siguientes:

El Organismo hace presente que la reforma procesal
penal entró en vigencia en la VII Región el 16 de octubre
del año 2001 y que los delitos por los que han sido
condenados los actores de estos autos fueron cometidos
entre los años 1993 y 1997. En seguida, se afirma que la
norma impugnada se encuentra validada por la disposición
octava transitoria del Texto Constitucional, toda vez que
es ese precepto el que dispone y reconoce la aplicación
gradual de las nuevas leyes procesales, sin distinguir
entre reglas sustantivas y adjetivas, incluidas en la Ley
N* 19.519, que crea el Ministerio Público. Por lo
expresado, el Consejo de Defensa del Estado sostiene que
el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal tendría
base constitucional. Por otra parte, sostiene que el
requerimiento no plantearía un conflicto de
constitucionalidad que deba resolver esta Magistratura,
sino que se refiere a un problema de legalidad que
corresponde al ámbito o esfera de competencia de los
tribunales de justicia, como es decidir si la
determinación de la pena en el caso de que se trata, ha
de regirse por el mencionado artículo 509 o por el
artículo 351 del Código Procesal Penal. En todo caso, el

Consejo afirma que, si se toma en consideración la fecha

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de ocurrencia de los hechos investigados en la causa
pendiente, que son anteriores a la entrada en vigencia
del Código Procesal Penal, sólo cabría concluir que el
artículo 351 de tal texto legal no podría ser aplicado en
este caso particular y, por consiguiente, slendo sí
aplicable a la causa sub lite la norma legal impugnada,
esto es el artículo 509 del Código de Procedimiento
Penal, no se visualiza vulneración a lo dispuesto en el
inciso séptimo del numeral 37 del artículo 19

constitucional.

Habiéndose traído los autos en relación, el día 29
de julio de dos mil diez se procedió a la vista de la
causa, oyéndose los alegatos de los abogados Enrique
Monasterio Rebolledo, por los requirentes, Mauricio
Mejías Olguín, por el Servicio Nacional de Menores,
Eduardo Urrejola González, por el Consejo de Defensa del
Estado, en representación del Fisco de Chile, y Hernán
Fernández Rojas, por algunos de los querellantes de la
gestión pendiente en la que incide la acción materia de

autos.
CONSIDERANDO:

TI. Identificación del conflicto constitucional sometido

a esta Magistratura.

PRIMERO: Que, de conformidad con el artículo 93,
incisos primero, N? 6%, Y decimoprimero de la
Constitución Política de la República, según se señala en
la parte expositiva de esta sentencia, en la acción
deducida en autos se solicita la inaplicabilidad del
artículo 509 del Código de Procedimiento Penal, porque su
aplicación al caso específico de que se trata, resultaría
contraria al artículo 19 N”* 3, inciso séptimo, de la

Carta Fundamental;

tolicieuto dodo, ro

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SEGUNDO: Que a este efecto el actor sostiene que la
aplicación del artículo 509 del Código de Procedimiento
Penal impide a sus representados aprovechar la garantía
que, a todas las personas, asegura el artículo 19 N” 3,
inciso séptimo, del texto supremo, en cuya virtud "ningún
delito se castigará con otra pena que la que señale una
ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a

menos que una nueva ley favorezca al afectado”;

TERCERO: Que, según el actor, dicha contravención se
produciría porque en el juicio criminal seguido en contra
de quienes defiende, Rol N* 53.015 del Juzgado de Letras
de Parral, sobre abusos deshonestos, y del que conoce
actualmente la Corte de Apelaciones de Talca bajo el Rol
N* 28-2005, se les estaría aplicando el artículo 509 del
ódigo de Procedimiento Penal, en circunstancias que
cabría aplicarles el artículo 351 del Código Procesal
Penal, por constituir esta última disposición una nueva

ley que favorece a los afectados;

CUARTO: Que, efectivamente, mientras el artículo 509
del Código de Procedimiento Penal del año 1906 permite a
los jueces del fondo aumentar la pena hasta tres grados
en Caso de delitos reiterados de la misma especie, por
otra parte el artículo 351 del Código Procesal Penal del
año 2000 les permite aumentar la pena hasta en dos grados

en caso de ese tipo de delitos;

QUINTO: Que el artículo 509 citado, cuya

inaplicabilidad se solicita, reza así:

“En los casos de reiteración de crímenes o
simples delitos de una misma especie, se
impondrá la pena correspondiente a las

diversas infracciones, estimadas como un

solo delito, aumentándola en uno, dos o

tres grados.

Si por la naturaleza de las diversas
infracciones éstas no pueden estimarse
como un solo delito, el tribunal aplicará
la pena señalada a aquella que considerada
aisladamente, con las circunstancias del
caso, tenga asignada pena mayor,
aumentándola en uno, dos o tres grados

según sea el número de delitos.

Podrán con todo aplicarse las penas en la
forma establecida en el artículo 74 del
Código Penal, si, de seguir éste
procedimiento, haya de corresponder al

procesado una pena menor.

Las reglas anteriores se aplicarán
también en los casos de reiteración de una

misma falta.

Para los efectos de este artículo se
considerarán delitos de una misma especie
aquellos que estén penados en un mismo
Título del Código Penal o ley que los

castiga”;
II. Competencia de los tribunales del fondo.

SEXTO: Que, según es dable apreciar, en la especie
concurren dos órdenes de problemas distintos y con

diferentes instancias de resolución.

El primero consiste en dirimir cuál de estas dos
normas legales puede tener cabida y recibir aplicación en

la gestión judicial pendiente de que se trata: si el

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artículo 509 del Código de Procedimiento Penal o el
artículo 351 del Código Procesal Penal. El segundo se
traduce en examinar la constitucionalidad del citado

artículo 509, cuestionado en estos autos;

SÉPTIMO: Que, tocante al primer problema, conviene
recordar que es facultad privativa de los jueces de la
instancia determinar las leyes con arreglo a las cuales
deben pronunciar sus fallos, naturalmente en contrapunto
con los derechos que recoge la Constitución y los
tratados internacionales ratificados por Chile que se

encuentren vigentes.

Por ende, no corresponde a esta Magistratura, tal
como lo ha declarado en otras oportunidades, adentrarse
en cuestiones sobre vigencia por sucesión de leyes en el

tiempo (roles N*s 503-06, considerando noveno; 513-06,

considerando séptimo; 7196-07, considerando
igesimoséptimo, y 976-07, considerando decimosexto).
anto más cuando aquí no se ha impugnado el artículo 483
del Código Procesal Penal, el que a propósito de la
“Aplicación de las disposiciones del Código”, señala que
“las disposiciones de este Código sólo se aplicarán a los
hechos acaecidos con posterioridad a su entrada en

vigencia”;

OCTAVO: Que, en consecuencia, lo que el requirente
presenta a este respecto como una cuestión de
constitucionalidad, revierte en un conflicto previo de
legalidad que, como tal, escapa a la potestad específica
de esta Magistratura y se circunscribe por completo en la
esfera de atribuciones del tribunal que conoce de la

gestión pendiente;

NOVENO: Que, atinente al segundo problema, propio de

esta sede, este Tribunal no advierte alguna posible:

peleciando soda y oo

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oposición directa entre el contenido del artículo 19 N*
3, ¡inciso séptimo, de la Carta Fundamental, que hace
primar la nueva pena más benigna por sobre aquella
anterior más rigorosa, y el artículo 509 del Código de
Procedimiento Penal, que versa sobre la determinación de
la pena aplicable en el supuesto de existir concurso real

de delitos de una misma especie.

En los términos de la referida garantía, una tal
oposición directa, susceptible de reproche, podría
configurarse si se pretendiera aplicar una nueva ley que
perjudique a los afectados, cuyo no es el caso del

artículo 509 impugnado;

DÉCIMO: Que, por lo demás, no se ha acreditado en
autos que, al declararse inconstitucional la aplicación
del artículo 509 del Código de Procedimiento Penal, por
ello se modificaría favorablemente la situación jurídica

de los afectados.

En efecto, si bien la sentencia de primer grado del
Juzgado de Letras de Parral, de 16 de noviembre de 2004,
en el Capítulo XXXI, “Decisiones”, invoca el citado
artículo 509, no aparece de su parte resolutiva que haya
elevado la pena en tres grados, que es lo que objeta el
requirente. A la luz del conjunto de antecedentes que
evalúa y pondera el fallo, y que corresponde sopesar
exclusivamente al juzgador de la instancia, es de
observar que a la postre agravó la pena por reiteración
en dos grados, que es lo mismo que permite hacer el
artículo 351 del Código Procesal Penal, preferido por el

reclamante.

Y VISTO lo prescrito en los artículos 19 N* 3,
inciso séptimo, y 93, inciso primero, N* 6%, e inciso

decimoprimero, de la Constitución Política de la

000790.

República, así como en las disposiciones pertinentes de

la Ley N* 17.997, Orgánica Constitucional de este
Tribunal Constitucional, cuyo texto refundido, coordinado
y sistematizado fue aprobado por Decreto con Fuerza de
Ley N* 5, de 2010, del Ministerio Secretaría General de

la Presidencia,
SE DECLARA:

QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD
INTERPUESTO EN AUTOS.

Los Ministros señores Raúl Bertelsen Repetto y Mario
Fernández Baeza concurren al fallo pero previenen que lo

hacen en atención a las siguientes consideraciones:

1.Que el requerimiento de inaplicabilidad impugna la
aplicación del artículo 509 del Código de Procedimiento
Penal, norma que establece una regla de determinación de
las penas en los Casos de reiteración de crímenes oO
simples delitos de la misma especie más severa que la
establecida con posterioridad por el artículo 351 del
Código Procesal Penal, razón por la que su aplicación
vulneraría la garantía contenida en el artículo 19 N” 3,
inciso séptimo, de la Constitución Política, que
establece que ningún delito se castigará con otra pena
que la que señale una ley promulgada antes de su
perpetuación, a menos que una nueva ley favorezca al

afectado;

2. Que, sin embargo, la disposición legal que impide a
los tribunales la aplicación del artículo 351 del Código
Procesal Penal en los casos de delitos cometidos con
anterioridad a su entrada en vigencia, como es el caso
que nos ocupa, es el artículo 483 del mismo Código que

tiene por epígrafe “Aplicación de las disposiciones del

too o

000791 *

A

Código”, el que señala que "las disposiciones de este
Código sólo se aplicarán a los hechos acaecidos con

posterioridad a su entrada en vigencia”;

3.Que, a pesar de la incidencia que tiene en la
materia objeto del requerimiento de que conoce este
Tribunal, no se solicitó la declaración de
inaplicabilidad del artículo 483 del Código Procesal
Penal, disposición que, como se ha dicho, es la que
impide la aplicación del artículo 351 del mismo Código,
razón por la que el requerimiento, en cuanto está
dirigido únicamente contra el artículo 509 del Código de
Procedimiento Penal, debe rechazarse, ya que, aunque se
acogiera, el tribunal de la Causa estaría igualmente
impedido de aplicar la nueva regla de determinación de
las penas en los casos de reiteración de crímenes 0

simples delitos de la misma especie.

Se previene que los Ministros señora Marisol Peña
Torres y señores Francisco Fernández Fredes, Carlos
Carmona Santander y “José Antonio Viera Gallo Quesney
concurren al fallo teniendo además ¡presente que el
precepto legal invocado como más favorable en la acción
no es aplicable al caso sub lite, por estar expresamente
excluido por otra norma de rango constitucional. En
efecto, el principio de aplicación de la ley posterior
más favorable al inculpado exige lógicamente que esa
pretendida ley posterior sea susceptible de aplicación,
lo que en el caso de autos no permite el inciso segundo
de la disposición octava transitoria de la propia
Constitución, que limita la vigencia de las normas del
Código Procesal Penal sólo a hechos delictuales cometidos
con posterioridad a la vigencia de ese orden de

enjuiciamiento.

y no

000792 2
Aclesiondo nevado, oleo.

Redactó la sentencia el Ministro señor Iván Aróstica

Maldonado. La primera prevención la redactó el Ministro
señor Raúl Bertlesen Repetto y la segunda, el Ministro

señor Francisco Fernández Fredes.

Notifíquese, regístrese y Archívese

ROL 1532-09-INA.

—

Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional,
integrado por los Ministros señores Marcelo Venegas
Palacios (Presidente), Raúl Bertelsen Repetto, Hernán

Vodanovic Schnake, Mario Fernández Baeza, señora Marisol
Peña Torres y señores Enrique Navarro Beltrán, Francisco
Fernández Fredes, Carlos Carmona Santander, José Antonio
Viera-Gallo Quesney e Iván Aróstica Maldonado.

Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional,

señora Marta de la Fuente Olguín. Qu |