INA-STC

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000195, :
Crénlo novenla y Unco

Santiago, veinticuatro de marzo de dos mil once.

VISTOS:

Doña Patricia Dibarrart Belloni ha deducido acción
de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de
los artículos 38 (en la parte que alude a la tabla de
factor etario) de la ley N“ 18.933, vigente con
anterioridad a la Ley N”* 20.015; 38 ter de la Ley N?
18.933; 2% de la Ley N”* 20.105 y 199 del Decreto con
Fuerza de Ley N”* 1, de 2005, del Ministerio de Salud, en
la causa sobre recurso de protección en contra de la
Isapre Cruz Blanca S.A., actualmente pendiente ante la
Corte de Apelaciones de Santiago, bajo el Rol N* 697-
2009.

Consta en autos que la requirente suscribió con la
mencionada Isapre un plan de salud en diciembre del año
2005 y, mediante carta de septiembre de 2009, ésta le
informó el cambio de tramo de edad y el consiguiente
aumento del precio de su plan de salud, de 5,65 a 6,53

(A Unidades de Fomento mensuales.

Afirma la actora en su libelo que la aplicación de
ECRETARA los preceptos legales impugnados vulneraría las garantías
reconocidas en los numerales 2%, 9%, 24” y 26” del
artículo 19 de la Constitución Política de la República.
Sobre el particular, sostiene que la aplicación de
las normas impugnadas en la causa judicial aludida genera
una diferencia arbitraria, por ende, contraria a la
garantía constitucional de la igualdad ante la ley, ya
que permitiría a las Isapres ajustar los precios de los
contratos de salud en razón de la edad y del sexo de los
beneficiarios de los respectivos planes, en lugar de
considerar otros factores que serían de mayor entidad o

pertinencia para determinar el riesgo que deben asumir

tales entidades que operan dentro del rubro de los
SECRETARIA

000196, 2
Ciento novenla y

seguros de salud. En este mismo aspecto se puntualiza que
sería un error sostener que por el solo hecho de que una
persona llegue a la vejez tendrá mayor incidencia de
enfermedades.

Aduce, por otra parte, que el aumento del precio de
los planes de salud, fundado en la aplicación de los
preceptos legales impugnados, afectaría el derecho a la
protección de la salud, en tanto alteraría la libertad de
elección del sistema de salud como también el libre e
igualitario acceso a las acciones de promoción,
protección y recuperación de la salud, que se asegura a
toda persona en la Constitución. Lo anterior se explica
por el hecho de que las personas mayores, como es su
caso, se verían obligadas a emigrar al sistema público
por la imposibilidad de seguir pagando el precio de los
planes que ofrece el sector privado.

Puntualiza, además, que por el alza desmedida en los
precios de los planes de salud que permiten las normas
legales impugnadas se le estaría privando, en su
condición de “cotizante cautiva”, de su derecho a hacer
uso del sistema privado de salud, el cual sería un
derecho incorporal que forma parte de su patrimonio, y de
los beneficios que se contemplan en su contrato de salud
previsional.

Plantea, finalmente, la eventual transgresión del
numeral 26” del artículo 19 de la Ley Suprema, en tanto
la aplicación de los preceptos legales cuestionados
afectaría een “su esencia los mencionados derechos
asegurados por la misma Carta Fundamental.

La Primera Sala de este Tribunal, por resolución de
27 de noviembre de 2009, admitió a tramitación el
requerimiento y ordenó la suspensión del procedimiento en
que incide. Posteriormente, dando por evacuado el

traslado de la Isapre Cruz Blanca S.A., institución que

ar.

Sefs
000197 s
Ciento noventa 7 code

abogó por la declaración de inadmisibilidad de la acción,
lo declaró admisible, por resolución de 17 de diciembre
del mismo año. Pasados los autos al Pleno, a los efectos
previstos en el artículo 86 de la Ley Orgánica
Constitucional del Tribunal Constitucional, el
requerimiento fue puesto en conocimiento de los órganos
constitucionales interesados y se le notificó a la
mencionada Institución de Salud Previsional.

Consta a fojas 76 de autos que sólo la Isapre Cruz
Blanca S.A. formuló observaciones al requerimiento
solicitando su rechazo en todas sus partes. Planteó que
la aplicación del artículo 38 ter de la Ley N* 18.933 no
resultaría decisiva en la resolución del recurso de
protección pendiente, lo cual configuraría la causal de
inadmisibilidad de esta clase de requerimientos prevista
en el numeral 5% del artículo 47 F (actual artículo 84)
de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal
Constitucional. Esto, ya que en la gestión ordinaria se

plantea una controversia respecto de la eficacia 0

validez de la aplicación de una cláusula contractual
referida a la observancia de la tabla de factores de
riesgos para la determinación de su precio, por lo cual
el conflicto no versaría sobre el efecto de un precepto
legal ni menos respecto de la norma que se impugna a
través del presente requerimiento.

De igual forma, la inaplicabilidad del artículo 38
ter no produciría efectos en el recurso de protección en
que incide la acción materia de este proceso
constitucional, ya que existen otros dos preceptos
legales cuya inaplicabilidad no se requirió en estos
autos, a pesar de que contemplan el mismo mecanismo de
determinación del precio y que el juez de la causa deberá
aplicar para resolver el asunto: las letras m) y n) del

artículo 170 del referido DFL N* 1, de Salud, que definen
000198, a
Ciento movenka, y oche

el precio base y la tabla de factores de los contratos de
salud.

Sostiene la entidad, en cuanto al fondo, que no se
producen las infracciones a las disposiciones
constitucionales ¡invocadas en este proceso, pues la
aplicación de los preceptos impugnados por la actora:

1%- No afecta la garantía de igualdad ante la ley,
pues si se parte de la base que hombres y mujeres, de
diversa edad, tendrían distintos perfiles de gasto, la
magnitud del riesgo asumido por la Isapre al contratar
con ellos también sería distinta.

2%- No infringe el derecho a la protección de la
salud, ya que la señora Dibarrart no ha probado de manera
alguna en este proceso que será expulsada del sistema
privado de salud por efecto directo e inmediato del
aumento del precio del respectivo plan de salud que se
producirá por aplicación de la tabla de factores de
riesgo de que se trata.

3”- No vulnera el derecho de propiedad sobre cosas

incorporales, ya que la alteración del precio del

contrato de salud no es un elemento que impida el goce de
los beneficios del sistema privado de salud, desde que
tal circunstancia es el efecto de un acuerdo de
voluntades válido ante el derecho.

4%*- No afecta la esencia de los derechos que la
requirente estima violados, al haberse descartado la
incidencia de las normas requeridas en los derechos
constitucionales ya aludidos.

Se ordenó traer los autos en relación y en audiencia
de fecha 26 de octubre de 2010 se procedió a la vista de
la causa, oyéndose la relación y los alegatos del abogado
Sergio Roa Bascuñán, por la requirente, y del abogado

Maximiliano Silva Baeza, por la Isapre Cruz Blanca S.A.
000199 s

Ciento nove 2 nueve

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, conforme con el artículo 93, incisos
primero, N* 6%, y decimoprimero, de la Constitución
Política de la República, según se señala en la parte
expositiva de esta sentencia, en la acción deducida en
autos se solicita inaplicar -en lo pertinente- los
artículos 38 de la Ley N? 18.933, vigente con
anterioridad a la Ley N” 20.015; 38 ter de la Ley N”
18.933; 2% de la Ley N” 20.015 y 199 del Decreto con
Fuerza de Ley N* 1, del Ministerio de Salud, del año
2005, porque su aplicación al caso concreto de que se
trata resultaría contraria a los reseñados derechos
asegurados por la Constitución;

SEGUNDO: Que, de acuerdo con la fecha en que se
celebró el contrato de salud previsional entre la
requirente y la antes individualizada Isapre, Cabe
descartar, a su respecto, la aplicación del artículo 38
de la Ley N” 18.933, vigente con anterioridad a la Ley N”
20.015, de modo que se rechazará desde luego la

impugnación de autos dirigida en contra de tal precepto.

Igualmente, procede desestimar la acción en la parte
que cuestiona el artículo 2” de la Ley N” 20.015, puesto
que esta norma sólo determina los efectos en el tiempo de
dicho cuerpo legal, precisando cómo deben adaptarse los
contratos vigentes a Julio de 2005 a sus disposiciones.
Se trata, pues, de un precepto que se limita a regular la
transitoriedad de las situaciones contractuales
anteriores y posteriores al año 2005, no estableciendo,
por ende, ninguna regulación sustantiva sobre los
contratos de salud, susceptible de ser declarada
inaplicable por inconstitucional;

TERCERO: Que, siéndole aplicables al caso de autos
las reglas sobre alzas establecidas en los N*%s 1 al 4 del

inciso tercero del artículo 38 ter de la Ley N” 18.933,
000200 e

Doscientos

que corresponde también al artículo 199 del Decreto con
Fuerza de Ley N” 1, de 2005, del Ministerio de Salud, sí
se acogerá el requerimiento formulado a este respecto,
justamente porque su aplicación al caso específico de que
se trata contraviene la Constitución.

Lo anterior, en consideración a lo ya expresado por
esta Magistratura en su sentencia de 6 de agosto de 2010
(Rol N* 1.710), donde se declararon inconstitucionales
los números 1, 2, 3 y 4 del inciso tercero del referido
precepto legal, y a lo reflexionado extensamente en su
jurisprudencia posterior, especialmente en su sentencia
de 28 de octubre de 2010 (Rol N* 1.552), cuyos criterios
se dan por reproducidos y no pueden sino reiterarse en
esta oportunidad.

Y TENIENDO, ADEMÁS, PRESENTE lo preceptuado en los
artículos 6” y 7” de la Carta Fundamental, así como las
disposiciones pertinentes de la Ley N”* 17.997, Orgánica
Constitucional del Tribunal Constitucional, cuyo texto
refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el
Decreto con Fuerza de Ley N* 5, de 2010, del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia,

SE RESUELVE:

QUE SE ACOGE EL REQUERIMIENTO DEDUCIDO A FOJAS UNO,
sólo en cuanto se declara inaplicable el artículo 38 ter
de la Ley N” 18.933 en la causa sub lite. En lo demás, se
rechaza, sin costas, el requerimiento interpuesto. Se
deja sin efecto la suspensión del procedimiento decretada
en autos. Ofíciese al efecto a la Corte de Apelaciones de

Santiago.

Se ¡previene que la Ministra señora Marisol Peña
Torres concurre a la decisión de acoger el requerimiento,

pero en base a las siguientes consideraciones:
000201 >
Doscientos Uno

1%. Que, tal como se indica en la parte expositiva,
la requirente, señora Patricia Dibarrart Belloni,
suscribió un contrato de salud con la Isapre Cruz Blanca
S.A. en diciembre del año 2005. Mediante Carta de
septiembre de 2009, ésta le comunicó el cambio en su
tramo de edad y la consiguiente variación de su factor de
riesgo aumentando consecuencialmente el precio de su plan
de salud de 5,65 a 6,53 unidades de fomento mensuales;

2. Que la sentencia de este Tribunal que pronunció
la inconstitucionalidad de cuatro numerales del inciso
tercero del artículo 38 ter de la Ley N” 18.933 fue
dictada el 6 de agosto de 2010, entendiéndose derogada
aquella parte del precepto legal indicado desde la
publicación de dicha sentencia en el Diario Oficial, lo
que ocurrió el 9 de agosto de ese mismo año, por
aplicación de lo dispuesto en el inciso tercero del
artículo 94 de la Carta Fundamental;

3". Que la disposición constitucional recién
mencionada señala expresamente: “(.) el precepto
declarado inconstitucional en conformidad a lo dispuesto
en los numerales 2, 4 Óó 7 del artículo 93, se entenderá
derogado desde la publicación en el Diario Oficial de la

sentencia que acoja el reclamo, la que no producirá

efecto retroactivo.” (El subrayado es nuestro). Cabe
entender entonces que, por expresa disposición
constitucional, la sentencia que pronuncia la

inconstitucionalidad de un precepto legal no puede
hacerse extensiva a situaciones acaecidas con
anterioridad a su publicación en el Diario Oficial, pues
ello implicaría violentar la voluntad del Constituyente
que optó por otorgarle efectos ex nunc a dicha sentencia
y no efectos ex tunc, como ocurre con otros ordenamientos

normativos en el Derecho Comparado;
000202 ,
Doscientos olos

4%. Que el problema a determinar, en relación con el
caso concreto que en esta oportunidad se decide, es si el
efecto no retroactivo de las sentencias de
inconstitucionalidad es de carácter absoluto o puede
matizarse en algunos casos sin violentar la voluntad del
Constituyente;

5. Que, sobre este punto, conviene recordar que el
propio creador de la jurisdicción constitucional
concentrada, el jurista Hans Kelsen, sostenía que “sería
conveniente en interés de la propia seguridad jurídica,
no atribuir, en principio, ningún efecto retroactivo a la
anulación de normas generales. Al menos dejar subsistir
todos los actos jurídicos anteriormente realizados con
base a la norma en cuestión. Pero ese interés no existe
cuando los hechos anteriores a la anulación no han sido
todavía objeto -al momento en que la anulación se
produce- de ninguna decisión de autoridad pública, los
cuales si se evitara todo efecto retroactivo a la
resolución de anulación, deberían ser juzgados en virtud
de que la norma general es anulada pro futuro, esto es,
para los hechos posteriores a su anulación- de acuerdo
con la norma anulada (...).” (“La garantía Jurisdiccional
de la Constitución (la justicia constitucional)”.
Traducción de Rolando Tamayo Salmorán, revisada por
Domingo García Belaúnde. En: Revista Iberoamericana de
Derecho Procesal Constitucional, N”* 10, julio-diciembre
2008, p. 25);

6”. Que si bien el Constituyente del año 2005 optó
por conferir un efecto “derogatorio” y no “anulatorio” a
la declaración de ¡inconstitucionalidad de un precepto
legal -lo que naturalmente no tiene el mismo alcance-, la
doctrina especializada ha estimado que la regla
constitucional que contempla el efecto no retroactivo de

la aludida declaración parece excesivamente rígida, ya
000203 >
Doscientos les

que en algunos casos excepcionales se puede requerir que
la sentencia pueda generar efectos ex tunc (Nogueira
Alcalá, Humberto. “El control represivo concreto y
abstracto de inconstitucionalidad de leyes en la reforma
constitucional 2005 de las competencias del Tribunal
Constitucional y los efectos de sus sentencias.” En:
Francisco Zúñiga (Coord.). Reforma constitucional.
Editorial Lexis Nexis, Santiago, 2005, p. 615);

7%. Que, en ese sentido, durante la discusión de la
reforma constitucional del año 2005, el senador Alberto
Espina promovió una indicación tendiente a agregar al
entonces inciso tercero del artículo 83 (hoy 94) de la
Constitución, la siguiente oración: “La declaración de
inconstitucionalidad no operará con efecto retroactivo
respecto de todas aquellas gestiones en que haya recaído
resolución o sentencia ejecutoriada.” (Segundo Informe de
la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento del Senado, 8 de marzo de 2003);

8%. Que, por su parte, el Subsecretario del
Interior, Jorge Correa Sutil, acotaba, respecto de este
punto que: “la indicación 269 (del Ejecutivo), si bien
intenta reafirmar la validez de aquellas gestiones en que
haya recaído resolución o sentencia ejecutoriada antes de
una declaración de inconstitucionalidad, no impide que se
susciten dudas en relación a actos, negocios, contratos y
otros instrumentos suscritos con anterioridad a dicha
declaración.” (El subrayado es nuestro).

Por su parte, en el Segundo Informe de la Comisión
de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del
Senado se estimó conveniente dejar expresa constancia de
que los fallos del Tribunal Constitucional que declaran
inconstitucional un precepto legal producen efectos desde

su publicación en el Diario Oficial y “en ningún caso en

forma retroactiva”. (El subrayado es nuestro). (Segundo
000204 su
Doseicñlos Tálro

Informe de la Comisión de Constitución, Legislación,
Justicia y Reglamento del Senado, 8 de marzo de 2003).

De esta forma, al rechazarse las indicaciones que
tendían a matizar el efecto no retroactivo de las
sentencias que declaran la inconstitucionalidad de un
precepto legal, sólo cabe concluir que el Tribunal
Constitucional no puede, en ningún Caso, atribuirles
dicho efecto;

9%. Que, así, y en lo que a la resolución de este
conflicto de constitucionalidad atañe, no cabe, a Juicio
de esta disidente, extender los efectos de la sentencia
recaída en el Rol 1.710 a un contrato celebrado con
anterioridad a su dictación, con mayor razón cuando el
conflicto se ha originado por un alza en el precio del
plan de salud, derivada de ese contrato, que se ha
reclamado, también, con anterioridad a la fecha de
publicación de dicha sentencia en el Diario Oficial;

10%. Que distinta es la necesidad que asiste a este
Tribunal de examinar si el precepto legal impugnado en
estos autos -el artículo 38 ter de la Ley N”* 18.933,
introducido por la Ley N“ 20.015- puede recibir
aplicación en el recurso de protección que sustancia la
Corte de Apelaciones de Santiago bajo el rol de ingreso
N* 6597-2009 teniendo presente que, al momento de su
interposición, dicho precepto legal no se encontraba
derogado y que, además, en virtud de lo dispuesto en el
inciso segundo del artículo 2” de la Ley N* 20.015, “los
contratos de salud previsional que se celebren con
posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley
deberán ajustarse a ella.”;

119. Que, en esa línea de razonamiento, debe
recordarse la jurisprudencia de esta Magistratura en el
sentido que basta que el precepto legal impugnado tenga

la posibilidad de aplicarse en la gestión pendiente de
000205 u

Doscientos CUnce

que se trata -y, eventualmente, de forma
inconstitucional- para que este Tribunal deba entrar a
pronunciarse sobre su inaplicabilidad.

Se ha sostenido, en efecto, que "(..) para fundar una
acción de ¡inaplicabilidad por inconstitucionalidad es
suficiente que la aplicación del precepto legal impugnado
pueda resultar decisiva en la resolución de un asunto,
correspondiendo al Tribunal únicamente verificar la
posibilidad de que el precepto legal sea aplicado a un
caso, para quedar obligado a pronunciarse sobre la acción
deducida, y que la acción de inaplicabilidad es un medio
de accionar en contra de la aplicación de normas legales
determinadas contenidas en una gestión judicial y que
puedan resultar derecho aplicable (roles 501, 505, 790 y
943, entre otros).” (Rol 1.295, considerando 42”);

12. Que, desde este punto de vista, la requirente
sostiene que “siendo una de las razones que motiva el
recurso de protección interpuesto ante la Corte de
Apelaciones de Santiago, precisamente la arbitrariedad
que supone el ostensible e inexorable aumento de precio
de los planes de salud a medida que las personas
envejecen, de la simple lectura de los textos transcritos
se desprende que las normas impugnadas resultan
directamente aplicables para resolver la cuestión
debatida en dicha gestión pendiente.” (Página 4 del
requerimiento).

La carta de adecuación enviada por Isapre Cruz
Blanca S.A. a la requirente, que rola a fs. 20 de estos

“M

autos, de 30 de septiembre de 2009, indica que en
conformidad con lo convenido en su contrato de salud,
para el período anual del mismo que se cumple en el mes
de diciembre, se registra(n) variación(es) en la(s)
edad (es) del (de los) beneficiario(s) que implican un

cambio en los tramos previstos. Por lo anterior,
se - Pe
AN SECREZARIA /

000206 2
Doscientos sers

corresponde actualizar el factor por sexo y edad de su
contrato a 3.00 lo que significará una variación en el
precio de su Plan de Salud Complementario.”;

13%. Que, así, la acción de inaplicabilidad deducida
en esta oportunidad se funda en el hecho de que, de
aplicarse por la Corte de Apelaciones de Santiago el
artículo 38 ter de la Ley N” 18.933 o Ley de Isapres,
para fallar el recurso deducido por la Sra. Patricia
Dibarrart Belloni, se producirá una vulneración de los
derechos asegurados en los numerales 2” (igualdad ante la
ley); 9% (derecho a la protección de la salud); 24”
(derecho de propiedad) y 26” (protección a la esencia de
los derechos) del artículo 19 de la Constitución
Política. Entonces, la sola posibilidad de que dicha
aplicación produzca un resultado contrario a la
Constitución es suficiente para que, conforme a su
jurisprudencia reiterada, este Tribunal deba decidir su
inaplicabilidad a la luz de las circunstancias propias
del control concreto que ella supone;

14”. Que, según el texto inequívoco del artículo 93,
inciso primero, N”* 6”, de la Carta Fundamental, el
Tribunal Constitucional debe decidir la inaplicabilidad

de un precepto legal “cuya aplicación en cualquier

gestión que se siga ante un tribunal ordinario 0
especial, resulte contraria a la Constitución.” (El
subrayado es nuestro). De ello se deduce que lo que puede
resultar contrario a la Carta Fundamental es la
aplicación que un determinado precepto legal recibirá en
una “gestión judicial concreta, a la luz de las
particulares circunstancias que la rodean. Sólo así puede
comprenderse por qué, en la jurisprudencia de esta
Magistratura, un mismo precepto legal, en algunos casos,
ha sido declarado inaplicable y en otros, no (vgr.,

artículo 299 N” 3% del Código de Justicia Militar);
000207 =
Doscieilos sele

15. Que, sobre la base explicada, y para decidir el
conflicto de constitucionalidad que ha de resolverse,
debe considerarse que esta Magistratura ha acogido, en
reiteradas oportunidades, acciones de inaplicabilidad
referidas al artículo 38 ter de la Ley N” 18.933, que es
la misma norma impugnada en esta ocasión. De hecho, y
antes de pronunciarse la inconstitucionalidad de dicha
norma, con efectos erga omnes, decidió la inaplicabilidad
de ese precepto legal en los roles Ns. 976, 1.218, 1.287
y 1.273;

167. Que, como esta Ministra disidente señaló en su
voto particular recaído en la sentencia Rol 1.710, tales
acciones de inaplicabilidad se dedujeron teniendo como
gestión pendiente sendos recursos de protección deducidos
ante diversas Cortes de Apelaciones, reclamando de la
ilegalidad y arbitrariedad en que había ¡incurrido la
Isapre respectiva, al subir, unilateralmente, el precio
del plan de salud por aplicación de la tabla de factores
contenida en el artículo 38 ter de la Ley N” 18.933,
introducido por la Ley N” 20.015. Ello coincide con la
gestión pendiente en este requerimiento de
inaplicabilidad.

Pero, además, esta misma disidente precisó, en aquel
voto particular, que “vias referidas acciones de
inaplicabilidad fueron deducidas por personas afiliadas a
diversas Instituciones de Salud Previsional (Isapres),
quienes fueron notificadas, mediante la respectiva carta
de adecuación de una alza en el precio de su plan de
salud como consecuencia de la modificación experimentada
en el valor de éste, no en su precio base, sino que en la
aplicación de la tabla de factores a que alude el
artículo 38 ter de la Ley N” 18.933, en base a los
factores de edad y sexo, respectivamente.” Se indicó,

también, que “los diversos requirentes de
000208 1
Doscientos ocho

inaplicabilidad, en cada uno de esos procesos, fueron
personas de 60 años de edad o más.”;

17”. Que las declaraciones previas de
inaplicabilidad recaídas en los roles 976, 1.218, 1.287 y
1.273 identifican la postura de esta Ministra disidente
sobre la base de que la vulneración, en Cada una de las
gestiones judiciales pendientes, de los derechos
constitucionales mencionados se producía porque el alza
en el precio del respectivo plan de salud, como
consecuencia de la aplicación de la tabla de factores
contemplada en el artículo 38 ter de la Ley N” 18.933, se
producía considerando el factor edad a que ella alude, de
forma que personas que objetivamente se encontraban en
condiciones de particular vulnerabilidad, no sólo por su
edad, sino por su condición de “cotizantes cautivos”,
eran discriminadas y desprotegidas desde el punto de
vista de la seguridad social, haciendo además ilusorio su
derecho a elegir el sistema de salud al que habían
decidido estar adscritas;

18. Que un razonamiento congruente con tal juicio y
que además resulte acorde a la naturaleza propia de un
control concreto que importa la acción de inaplicabilidad
por inconstitucionalidad exige examinar si, en la
especie, se dan condiciones similares a las que motivaron
la decisión de esta magistrada en las sentencias previas
de inaplicabilidad a que se ha hecho referencia;

19. Que, en tal sentido, de la copia de la cédula
de identidad de la requirente, acompañada a estos autos
por la Isapre Cruz Blanca S.A., puede desprenderse que la
cotizante Y requirente de inaplicabilidad, señora
Patricia Dibarrart Belloni, tenía 56 años de edad al
momento de la interposición del reclamo que originó la
gestión pendiente. Según la tabla de factores,

incorporada al contrato referido al plan de salud ING
000209 ss

Doscientos nueve

Gran Alemana 2 Normal 7090, la adecuación en el precio de
su plan, comunicada por carta de 30 de septiembre de
2009, se debe precisamente a que ella cambió de tramo de
edad. En efecto, en el tramo que va desde los 50 a menos
de 55 años de edad, el factor que debía aplicarse al
precio base era de 2,70. En cambio, al cumplir 55 años,
cambia al tramo que va desde los 55 a menos de 60 años,
donde el factor corresponde a 3,00;

20. Que, tal y como se explicó en la sentencia
recaída en Rol N* 1.273, la aplicación del artículo 38
ter de la Ley N”* 18.933 producirá un resultado contrario
a la Constitución, en la especie, por las siguientes
razones:

1) Porque la evolución del factor edad consultado
en la respectiva tabla de factores, incorporada al
contrato de salud suscrito entre la señora Patricia
Dibarrart Belloni e Isapre Cruz Blanca S.A., como
consecuencia de haber cambiado de tramo, implica que no
se ha respetado la proporcionalidad de las prestaciones
derivadas de un contrato que, por exigencias de orden
público, debe tender a maximizar el goce de. las
prestaciones de salud, impidiendo a los respectivos
cotizantes mantener el régimen privado de atención al que
habían deseado acogerse. Esta situación reviste
particular preocupación cuando se trata de una afiliada
a quien se eleva significativamente el precio de su plan
de salud, al alcanzar la edad de 55 años, esto es,
precisamente cuando accede a una situación de mayor
vulnerabilidad, desde el punto de vista de la salud, tal
y como ha sido explicado a este Tribunal, a raíz de la
tramitación de la causa Rol 1.710, que culminó con la
declaración de inconstitucionalidad de una parte del

artículo 38 ter de la Ley 18.933,
000210 a:
Doscientos diez

Si la respectiva afiliada no puede seguir pagando el
nuevo costo del plan, quedaría obligada a abandonar el
sistema privado de salud para incorporarse,
necesariamente, al equivalente público vulnerándose su
derecho a elegir el sistema de salud al que desea
acogerse, de acuerdo con lo que le asegura el numeral 9?
del artículo 19 de la Constitución (considerandos 66” y
1%);

2) Porque la existencia de reajustes periódicos
del precio del plan de salud previsional sólo por el
aumento de edad, independientemente de la iniquidad de su
cuantía, por estar expresada en múltiplos del precio
base, resulta inconciliable con el derecho a la seguridad
social, garantizado en el numeral 18” del artículo 19 de
la Ley Suprema, puesto que resulta incompatible con los
propósitos que persiguen las instituciones de seguridad
social -entre las que se encontraría el contrato de salud
previsional- en el sentido de impedir que la
desprotección frente a los estados de necesidad aumente
en la misma medida en que aumentan los años de vida
(considerandos 78% y 807);

21”. Que, en este sentido, no debe olvidarse que la
sentencia recaída en el Rol N* 976 afirmó:

“Que el deber de los particulares y de
las instituciones privadas de respetar y
promover el ejercicio de los derechos
consustanciales a la dignidad de la persona
humana en cuanto a su existencia y

exigibilidad, se torna patente respecto de

aquellos sujetos a los cuales la
Constitución, como manifestación del
principio de subsidiariedad, les ha

reconocido y asegurado la facultad de

participar en el proceso que infunde
000211 7
hoscientos once

eficacia a los derechos que ella garantiza.
Tal es exactamente lo que sucede con las
Instituciones de Salud Previsional, en
relación con el derecho de sus afiliados a
gozar de las acciones destinadas a la
protección de la salud, consagrado en el
artículo 19, N” 9, de la Constitución.”
(Considerando 36“).

“Que, sin duda, las instituciones aludidas
tienen también asegurados sus derechos en la
Carta Política, pero, con idéntica certeza,
ha de afirmarse que ellos se encuentran
sometidos a los deberes correlativos, de los
cuales resulta menester realzar aquí su
contribución al bien común, haciendo cuanto
esté a su alcance, dentro del ordenamiento
jurídico, por materializar el goce del
derecho a la protección de la salud (..).”
(Considerando 37%);

22”. Que las circunstancias particulares que rodean
la situación de la señora Patricia Dibarrart Belloni
demuestran que la cotizante no goza de la libertad
indispensable para trasladarse a otra institución de
salud previsional. Con mayor razón cuando, en razón de su
edad, es posible sostener que se trata de una cotizante
“cautiva”, en los términos definidos por el artículo 170,
letra i), del D.F.L. N”* 1, de 2005, del Ministerio de
Salud, esto es, de “aquel cotizante cuya voluntad se ve
seriamente afectada, por razones de edad, sexo o por la
ocurrencia de antecedentes de salud, sea de él o de
algunos de sus beneficiarios, y que le impida O
restrinja, significativa O definitivamente, su
posibilidad de contratar con otra Institución de Salud

Previsional.”;
000212 ys
Doscieno s doce

23". Que los razonamientos consignados
precedentemente son suficientes, a Juicio de esta juez
previniente, para acoger el requerimiento de
inaplicabilidad deducido por doña Patricia Dibarrart
Polloni, en forma congruente con la jurisprudencia previa
del Tribunal Constitucional y sin brindarle efecto
retroactivo a la sentencia recaída en el Rol N* 1.710,

por prohibirlo expresamente la Carta Fundamental.

Se previene que el Ministro señor Enrique Navarro
Beltrán concurre a lo resuelto, teniendo presente en
relación a la referencia contenida en el considerando
tercero respecto de la jurisprudencia posterior a la
inconstitucionalidad y, en particular, a la sentencia Rol
N* 1552, lo siguiente:

1%. Que, con fecha 6 de agosto de 2010, esta
Magistratura señaló, en los autos de inconstitucionalidad
Rol N* 1710, que “los numerales 1, 2, 3 y 4 del inciso
tercero del artículo 38 ter de la Ley N*” 18.933 son
inconstitucionales”. Como se sabe, dicho precepto decía
relación con la circunstancia de que cada rango de edad
que fijare la Superintendencia en sus instrucciones se
debía sujetar a las siguientes reglas: "“1.- El primer
tramo comenzará desde el nacimiento y se extenderá hasta
menos de dos años de edad; 2.- Los siguientes tramos,
desde los dos años de edad y hasta menos de ochenta años
de edad, comprenderán un mínimo de tres años y un máximo
de cinco años; 3.- La Superintendencia fijará, desde los
ochenta años de edad, el o los tramos que correspondan;
4.- La Superintendencia deberá fijar, cada diez años, la
relación máxima entre el factor más bajo y el más alto de
cada tabla, diferenciada por sexo.”;

2%. Que en dicha sentencia se sostuvo que "como

corolario del análisis efectuado, este Tribunal ha
000213 1
Doseteritos Irece

logrado convicción en cuanto a que los números 1, 2, 3 y
4 del inciso tercero del artículo 38 ter de la Ley N”
18.933 no cumplen los supuestos descritos en el
considerando precedente Y, por consiguiente, son
incompatibles con el derecho a la igualdad ante la ley,
especialmente entre hombres y mujeres, y lesionan,
asimismo, el derecho a la protección de la salud y el
derecho a la seguridad social, en el sentido que todos
ellos se encuentran reconocidos y asegurados en nuestra
Carta Fundamental” (considerando 144%). Por lo mismo se
dejó constancia de que “esta Magistratura estima
necesario, además, hacer presente que la determinación de
la estructura de las tablas de factores y la fijación de
los factores de cada una de ellas deberán ajustarse a lo
que establezcan, en uso de sus facultades, los órganos
colegisladores para dar cabal cumplimiento a lo resuelto
en este fallo” (considerando 163). Se trata de un
llamado al legislador futuro;

3%, Que en más de un centenar de pronunciamientos
(roles 742, 757, 761, 837, 845, 847 a 874, 876, 878, 879,
880, 882 a 942, 949 a 962, 971, 973, 974, 975 y 978,
entre otros) esta Magistratura sostuvo la improcedencia
de las acciones de inaplicabilidad presentadas respecto
de un precepto declarado íntegramente inconstitucional.
Fundó lo anterior en atención a que "no le corresponde
pronunciarse sobre un requerimiento recaído sobre
preceptos legales que no tienen carácter de tales por
encontrarse derogados a la fecha en que éste fue
presentado”. Se hicieron presentes los efectos
derogatorios de la declaración, entendiendo que por lo
mismo la sentencia sólo produce consecuencias a futuro,
considerándose como tales "las situaciones que ocurran
con posterioridad a su publicación en el Diario Oficial”.

De forma tal que carecería de "facultades para declarar
000214 20
Do secerto.s catorce

la inaplicabilidad de un precepto legal que no tiene
existencia constitucional y que, además y a mayor
abundamiento, como su principal consecuencia, ya no puede
tener efecto alguno en la decisión del fondo de la
materia en litis”. Sin embargo, este previniente
concurrió a dicha decisión en el entendido que el
conflicto constitucional no resultaba factible al haber
dejado de existir el precepto legal en Cuestión,
presupuesto básico de la inaplicabilidad, razón por la
cual el precepto legal no podía aplicarse a partir de
dicha decisión;

4%. Que en estos autos se ha acogido la acción de
inaplicabilidad, remitiéndose en el considerando tercero
a lo resuelto en los autos Rol N” 1552. En esta última
decisión esta Magistratura hizo presente que la sentencia
de inconstitucionalidad “ha venido a afectar la totalidad
de los contratos de salud en curso al 9 de agosto, donde
fueron incorporadas las reglas sobre alzas que preveían
los N*s 1 a 4 del inciso tercero del artículo 38 ter de
la Ley N”* 18.933, puesto que -a contar de esa data- tales
reglas perdieron validez general y, por tanto, no pueden
seguir aplicándose”. De modo tal que no resulta posible
“que un precepto invalidado por esta Magistratura (...)
Pueda seguir rigiendo hacia el futuro bajo la premisa de
haberse encontrado vigente al momento de perfeccionarse
la antedicha relación contractual”; concluyéndose que los
contratos de salud a partir de la fecha de la sentencia
no pueden estar afectos a lo dispuesto en el precepto
legal declarado inconstitucional y por lo mismo “no tiene
dicho precepto efecto ultractivo por el hecho de que se
hallara vigente al momento de perfeccionarse las
mencionadas convenciones”;

5%. Que, como lo señaló este previniente en todas

las causas a que alude el considerando tercero de este
000215 2
Doscientos quince

voto, de conformidad a lo establecido en el artículo 94
de la Constitución Política de la República, inciso
tercero, el precepto legal declarado inconstitucional, en
este caso los números 1 a 4 del inciso tercero del
artículo 38 ter de la Ley de Isapres, “se entenderá
derogado desde la publicación en el Diario Oficial de la
sentencia que acoja el reclamo, la que no producirá
efecto retroactivo”;

62. Que en cuanto a los antecedentes de la historia
fidedigna del establecimiento de la disposición, es del
caso reiterar la discusión suscitada en torno a la
controversia, a objeto de precisar el propósito del
constituyente;

72. Que, en primer trámite constitucional, en el
Senado, “se consagraba que la norma legal que fuera
declarada inconstitucional “se entenderá derogada desde
dicha publicación”. En la Comisión de Constitución,
Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, el Senador
señor Espina propuso una disposición según la cual "“la
declaración de inconstitucionalidad no operará con efecto
retroactivo respecto de todas aquellas gestiones en que
haya recaído resolución o sentencia ejecutoriada”. Sobre
el punto el Subsecretario del Interior de la época, señor
Jorge Correa Sutil, opinó que, "si bien intenta reafirmar
la validez de aquellas gestiones en que haya recaído
resolución O sentencia ejecutoriada antes de una
declaración de ¡inconstitucionalidad, no impide que se
susciten dudas en relación a actos, negocios, contratos y
otros instrumentos suscritos con anterioridad a dicha
declaración”. Por su parte, el senador Larraín consideró
innecesaria esta indicación pues “las proposiciones que
ella contiene son igualmente aplicables en virtud de los
principios generales de derecho en esta materia, que son

de común e indubitada aplicación en nuestro medio”. Del
000216 =
Doscientos dieciseis

mismo modo, los senadores Moreno y Silva Cimma
“coincidieron en cuanto a que tales disposiciones serían
innecesarias”. Así las cosas, se dejó expresa constancia
en relación a que “los fallos del Tribunal Constitucional
que declaran inconstitucional un precepto legal producen
efectos desde su publicación en el Diario Oficial y, en
caso alguno, en forma retroactiva”;

8%. Que, en segundo trámite, en la Cámara de
Diputados también se discutió acerca del alcance de la
inconstitucionalidad. Así, en sesión de 23 de marzo de
2005, la diputada señora Guzmán destacó la relevancia de
la inconstitucionalidad, como una “forma más consistente
para asegurar la igualdad ante la ley”. Por su parte, el
diputado señor Bustos señaló la conveniencia de
“establecer un recurso de inconstitucionalidad en que la
disposición quede sin efecto erga omnes como tal y, por
lo tanto, inválida jurídicamente”. El texto aprobado en
segundo trámite establecía que el precepto legal

declarado inconstitucional quedaría sin efecto “de pleno

derecho”;

92. Que, con posterioridad, en la Comisión de
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del
Senado se hicieron presentes ciertas dudas que se
suscitaban en lo concerniente al momento a partir del
cual el precepto declarado inconstitucional quedaba sin
efecto, estimándose que "la redacción de esta norma no
debería admitir la posibilidad que las resoluciones que
el Tribunal Constitucional adopte en estos casos
produzcan efectos retroactivos” Y solicitando al
Ejecutivo recoger estas observaciones en el veto que el
Presidente de la República podía formular;

10%. Que, por lo mismo, el efecto de las sentencias
del Tribunal Constitucional fue materia de un veto

presidencial, precisándose -en sus motivaciones- que la
000217 2

declaración de inconstitucionalidad de un precepto legal
“sólo tiene carácter derogatorio y, por ende, su
declaración de inconstitucionalidad no tiene efecto
retroactivo”. De modo tal que la disposición señala que
el precepto declarado ¡inconstitucional "se entenderá
derogado desde la publicación en el Diario Oficial de la
sentencia que acoja el reclamo, la que no producirá
efecto retroactivo”. En el Informe de la Comisión de
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del
Senado se consignó que este veto correspondía a "ajustes
que se han efectuado a diversos numerales del artículo
82”. Esta materia fue aprobada en la Sala sin discusión y
por unanimidad. La Cámara de Diputados a su turno también
la aprobó, destacándose por los diputados Guzmán y Bustos
la relevancia de la acción de inconstitucionalidad;

11%. Que sobre el punto la doctrina especializada ha
señalado que la decisión del constituyente en cuanto al
efecto derogatorio y no retroactivo, ex nunc, “es
compleja y no exenta de críticas”, habida consideración
de que ello "tiene enormes implicancias y se relaciona
con juicios sentenciados conforme a preceptos legales
declarados inconstitucionales; con procesos en marcha, y
derechos, situaciones o posiciones adquiridas en dicho
período conforme a un precepto legal inconstitucional”,
incluso en materias tan relevantes como la penal; sin
embargo, concluye, “la Constitución es categórica:
prohíbe aplicar efectos retroactivos a una sentencia de
inconstitucionalidad”. (Gastón Gómez Bernales, La reforma
constitucional a la jurisdicción constitucional, en
Reforma Constitucional, 2005, página 683). Otro autor ha
puntualizado, con motivo de la prohibición de efecto
retroactivo de la sentencia de inconstitucionalidad, que
la regla constitucional “parece excesivamente rígida, ya

que en algunos casos excepcionales se puede requerir que

Doscientos diecissdo
000218 2
Dascientos oleciocho

la sentencia pueda generar efectos ex tunc. Un caso
concreto donde parece razonable la aplicación de
criterios ex tunc es cuando se impugna la
inconstitucionalidad de un precepto legal por vicios de
procedimiento o forma; declarada la inaplicabilidad en
concreto y solicitada la expulsión de la norma del
ordenamiento jurídico, parece difícil sostener que una
norma que no pudo nacer constitucionalmente pueda
considerarse válida e integrante del ordenamiento
jurídico hasta el momento de la expulsión por fallo del
Tribunal Constitucional; parece que en tal caso se
justifican los efectos ex tunc, dejando a salvo los
derechos adquiridos y la cosa juzgada”. (Humberto
Nogueira Alcalá, El control represivo y abstracto de
inconstitucionalidad de las leyes en la reforma
constitucional de 2005. De la competencia del Tribunal
Constitucional y los efectos de sus sentencias, en La
Constitución Reformada de 2005, páginas 444 y 445);

12%. Que de lo dicho se desprende que el propósito
del constituyente fue evitar que la decisión de
inconstitucionalidad pudiera tener efectos retroactivos,
de forma tal de no alterar situaciones Jurídicas
consolidadas o amparadas por sentencia o resolución que
produzca efectos de cosa juzgada. Como señaló esta misma
Magistratura, en los autos de inconstitucionalidad: “de
lo expresado anteriormente, debe concluirse que el
artículo 94 de la Constitución, al referirse a los
efectos de la declaración de inconstitucionalidad y
señalar que la norma declarada inconstitucional se
entenderá derogada, alude a una especie de derogación sul
generis, que debe distinguirse de la derogación efectuada
por el legislador, toda vez que no responde a razones de
mérito sino a la verificación de un vicio constitucional

de orden público; por lo mismo, un efecto ultractivo de
000219 >
Doscientos Aiecin veve

las normas derogadas es limitado y sólo opera para el
futuro” (considerando 27%). De este modo, "la sentencia
que dicte el Tribunal Constitucional no puede afectar
situaciones consolidadas, esto es, nacidas y concluidas
bajo el imperio de la co las normas declaradas
inconstitucionales” (considerando 1687). En otras
palabras, el hecho de que su sentencia carezca de efectos

“u

retroactivos significa que no afecta situaciones
acaecidas ni actos realizados con anterioridad a su
publicación en el Diario Oficial” (Rol N?2 597,
considerando 5%);

139. Que así las cosas, teniendo presente la
circunstancia de que los numerales 1 al 4 del inciso
tercero del artículo 38 ter de la Ley N” 18.933 han sido
derogados como consecuencia de la sentencia dictada por
este Tribunal, en conformidad a lo prescrito en el
artículo 94 de la Constitución Política de la República,
debe concluirse que la disposición no puede recibir
aplicación en la causa sub-lite, tal como se señaló en
los autos Rol N* 685-2007;

14. Que, por último, a este Tribunal, como también

lo ha señalado esta Magistratura, no le corresponde
pronunciarse sobre la validez de los pactos contractuales
suscritos con anterioridad a la publicación en el Diario
Oficial de la sentencia de inconstitucionalidad, lo que
es de resorte y competencia exclusiva del juez de la
instancia (Rol N* 685, considerando 13%). Por lo mismo,
tal como lo comunicó este Tribunal frente a una consulta
formulada por la Corte Suprema, en resolución de 17 de
julio de 2007, “la sentencia de inconstitucionalidad
dictada por este organismo y a la que alude el oficio, no
puede, ni pueden producir, ningún efecto respecto de la
facultad privativa que tiene vuestra Excelencia para

resolver, en ejercicio de su competencia, la causa sub
000220 2
Dos Uentos verde

lite”. De igual forma como también le corresponderá a la
judicatura ordinaria determinar si el precepto legal no
resulta aplicable a la litis en atención a la fecha de
suscripción de los contratos respectivos de salud, tal
como lo ha señalado este Tribunal (roles N%s 1544, 1644 y
1646) y la propia Sala Constitucional de la Corte Suprema
(Rol N* 7779-2008).

El Ministro señor José Antonio Viera-Gallo Quesney
concurre al fallo con la siguiente prevención:

1%. Que, dado el carácter de legislador negativo del
Tribunal Constitucional, las sentencias que establecen la
inconstitucionalidad de un precepto legal sólo producen
efectos constitutivos erga omnes y ex nunc o pro futuro a
partir de su publicación en el Diario Oficial, sin
afectar situaciones consolidadas mediante contratos
celebrados al amparo de la norma cuya
inconstitucionalidad se declara;

2. Que el tema de los efectos de tales sentencias
en el tiempo fue ampliamente debatido durante la reforma
a la Constitución efectuada el año 2005, cuando se
introdujo la facultad contenida en el actual artículo 93
N* 7% de la Constitución. En dicha ocasión, a sugerencia
del Ministro Eugenio Valenzuela, se alcanzó consenso

respecto a la necesidad de evitar incertidumbres del todo

inconvenientes para el ordenamiento jurídico,
especialmente en materia civil. Como consta en la
historia fidedigna de dicha reforma, se estimó

conveniente dejar expresa constancia en relación a que
los fallos del Tribunal Constitucional que declaran
inconstitucional un precepto legal producen efectos desde
su publicación en el Diario Oficial y, en caso alguno,

tienen efecto retroactivo (Segundo Informe de la Comisión
000221 >

Doscientos veinícuno

de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del
Senado, Boletines N*%s 2.526-07 y 2.534-07, p. 278);
3, Que lo anterior fue reforzado por el veto

“

enviado por el Ejecutivo, el cual estableció que no
obstante, el precepto declarado inconstitucional en
conformidad a lo dispuesto en los numerales 2, 4 Ó 7 del
artículo 93, se entenderá derogado desde la publicación
en el Diario Oficial de la sentencia que acoja el
reclamo, la que no producirá efecto retroactivo”, no
dejando lugar a dudas sobre los alcances exclusivamente
prospectivos de tales sentencias;

4. Que, al efecto, se tuvo .en consideración el
ejemplo de otros países, como Italia, donde impera el
principio de ¡rretroactividad de las sentencias de
inconstitucionalidad, sin que se vea lesionada O
menoscabada la supremacía constitucional;

52. Que, en consecuencia, una declaración de
inconstitucionalidad por parte de esta Magistratura no

puede afectar los derechos legalmente constituidos ni las

situaciones consolidadas mediante contratos celebrados

con anterioridad, tal como lo sostiene la Ley sobre
Efecto Retroactivo de las Leyes;

6”. Que, por tanto, los procesos judiciales que se
suscitaron antes de la sentencia de este Tribunal que
declaró inconstitucional parte del artículo 38 ter de la
Ley 18.933, sobre la aplicación de los contratos de salud
válidamente celebrados con antelación a esa fecha, deben
ser resueltos conforme a las disposiciones legales
vigentes con anterioridad a la sentencia de
inconstitucionalidad de esta Magistratura;

7%. Que, por ende, corresponde acoger el presente
recurso de inaplicabilidad por las razones de fondo que
esta Magistratura ha señalado en numerosas oportunidades,

pues, efectivamente, la posible aplicación del artículo
000222 2
Doscientos feinkedos

38 ter de la Ley 18.933, actual artículo 199 del DFL N*1,
del Ministerio de Salud, de 2005, en el caso en cuestión
provocaría efectos contrarios a la Constitución.

Redactó la sentencia el Ministro señor Iván Aróstica
Maldonado. Las prevenciones fueron redactadas por los

Ministros que las suscriben.

Notifíquese, regístres

Rol 1540-09-INA.

000223 2

Doscientos yeinlire €

Se certifica que los Ministros señora Marisol Peña Torres
y Mario Fernández Baeza concurrieron a la vista de la
causa y al acuerdo de la sentencia, pero no firman por
encontrarse en comisión de servicio en el exterior y
haciendo uso de permiso, respectivamente.

Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional,
integrado por los Ministros señores Marcelo Venegas
Palacios (Presidente), Raúl Bertelsen Repetto, Mario

Fernández Baeza, señora Marisol Peña Torres y señores
Enrique Navarro Beltrán, Francisco Fernández Fredes,
Carlos Carmona Santander, José Antonio Viera-Gallo
Quesney e Iván Aróstica Maldonado.
Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional,
señora Marta de la Fuente Olguín.

SECRETARIA

____——
in.

000224
Doscieilos veia le cualr o

Santiago 24 de marzo de 2011
OFICIO N”? 5.669

Remite sentencia.

EXCELENTÍSIMO SEÑOR
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA:

Tengo a bien remitir a V.E. copia de la sentencia definitiva dictada por
esta Magistratura con fecha 24 de marzo de 2011 en el proceso Rol N* 1540-09-INA, sobre
acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida en la causa rol N* 697-2009
sobre recurso de protección interpuesto en la Corte de Apelaciones de Santiago, en contra

de Isapre Cruz Blanca S.A., a los efectos que ella indica.

Dios guarde a V.E.

MARSÉLO VENEGAS
Presidente/

MARTA DE LA F FE-OLGUÍN
Secretaria

AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DON SEBASTIAN PIÑERA ECHENIQUE
PALACIO DE LA MONEDA

PRESENTE.

000225
Do sgecentos seinlicinco

r.r.v.
Santiago, 24 de marzo de 2011
OFICIO N? 5.670
Remite sentencia.

EXCELENTÍSIMO SEÑOR

PRESIDENTE DEL SENADO:

Tengo a bien remitir a V.E, copia de la sentencia definitiva dictada
por esta Magistratura con fecha 24 de marzo de 2011 en el proceso Rol N* 1540-09-INA,
sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida en la causa rol N* 697-
2009 sobre recurso de protección interpuesto en la Corte de Apelaciones de Santiago, en

contra de Isapre Cruz Blanca S.A., a los efectos que ella indica.

Dios guarde a V.E.

dá
A
ES
£

¿(rr

MARCELO VENEGAS PALACIOS 2 ooo
Presidente . E
_T Al E
MARTA DE LA EUENPEOLGUÍN LA DE LA EUENPEOLGUÍN

Secretaria

AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR

o s. PRESIDENTE DEL SENADO
DON GUIDO GIRARDI LAVÍN
SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE
000226.

Doscientos veintiseis

T.r.V
Santiago, 24 de marzo de 2011
OFICIO N? 5.671
Remite sentencia.
EXCELENTÍSIMO SEÑOR

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS:

Tengo a bien remitir a V.E. copia de la sentencia definitiva dictada
por esta Magistratura con fecha 24 de marzo de 2011 en el proceso Rol N* 1540-09-INA,
sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida en la causa rol N* 697-
2009 sobre recurso de protección interpuesto en la Corte de Apelaciones de Santiago, en

contra de Isapre Cruz Blanca S.A., a los efectos que ella indica.

Dios guarde a V.E.

dedo

MARTA DÉ LA FUENTEOTGÚÍN.
Secretaria

TEAMARA DE DIPUTADQS

2 4 MAR. 2011

AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR RECEPCIÓN JOC
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

y«.?. DON PATRICIO MELERO ABAROA
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE

m5.

0227
e podes ale

T.r.v.
Santiago, 24 de marzo de 2010
OFICIO N?* 5.672
Remite sentencia.

SEÑOR PRESIDENTE DE LA

I. CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO:

Tengo a bien remitir a V.S.I. copia de la sentencia definitiva dictada por
esta Magistratura con fecha 24 de marzo de 2011 en el proceso Rol N” 1540-09-INA, sobre
acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida en la causa rol N* 697-2009
sobre recurso de protección interpuesto en la Corte de Apelaciones de Santiago, en contra

de Isapre Cruz Blanca S.A. a los efectos que ella indica.

Saluda atentamente a V.S.I.

man cpto VENEGAS PALACIOS

Presidente

MO 0 GUNS PYR
ES E
Fra E z z
A
Mo má

MARTADE LA EF NTE-OEGUÍN.
CRETARIA

CORTE DE APELACIONE
ING: S DE SANTIAGO
A Ne API GO0S FOLJO: 38842
LIBRO: Proteccion
- HORA; 09:02 CASTGBTR

SEÑOR PRESIDENTE DE LA Escrito : Tengase presente *Duplicado»

I. CORTE DE APELACIONES DE SANTIAC

DON JUAN EDUARDO FUENTES BELMA

PALACIO DE TRIBUNALES

PRESENTE.