INA-STC

Considerando 1

Que, se ha requerido la inaplicabilidad de la frase contenida en el artículo 1° inciso segundo de la Ley N° 18.216, en virtud de la cual se establece que no procede la sustitución de las penas privativas o restrictivas de libertad, por alguna de las que se indican en dicha norma, respecto de los delitos que allí se especifican, entre los cuales -por su incidencia en la gestión pendiente- se encuentran los que atenten “(…) contra la vida y la integridad física de funcionarios de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y Gendarmería de Chile";

Considerando 2

, DE LA LEY N° 18.216 DANILO ESTEBAN RETAMAL JAQUE EN EL PROCESO PENAL RIT N° 1825-2023, RUC N° 2300628431-0, SEGUIDO ANTE EL JUZGADO DE GARANTÍA DE LINARES, EN CONOCIMIENTO DE LA CORTE DE APELACIONES DE TALCA, POR RECURSO DE APELACIÓN, BAJO EL ROL N° 825-2024 (PENAL) VISTOS: Que, con fecha 9 de mayo de 2024, Danilo Esteban Retamal Jaque ha presentado un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, en el proceso penal RIT N° 1825-2023, RUC N° 2300628431-0, seguido ante el Juzgado de Garantía de Linares, en conocimiento de la Corte de Apelaciones de Talca, por recurso de apelación, bajo el Rol N° 825-2024 (Penal); Precepto legal cuya aplicación se impugna El texto del precepto impugnado, en su parte destacada, dispone: 1 0000227 DOSCIENTOS VEINTISIETE Ley N° 18.216 “Artículo 1°.- La ejecución de las penas privativas o restrictivas de libertad podrá sustituirse por el tribunal que las imponga, por alguna de las siguientes penas: […] No procederá la facultad establecida en el inciso precedente ni la del artículo 33 de esta ley, tratándose de los autores de los delitos consumados previstos en los artículos 141, incisos tercero, cuarto y

Considerando 3

Que, en efecto y en primer lugar, la requirente acude a la historia fidedigna de la Ley N° 21.560 para sostener su aseveración de falta de justificación de la normativa referida, especialmente, recordando intervenciones de diputados y diputadas, durante el primer trámite constitucional, así como el debate en el segundo trámite, que plantearon objeciones a lo propuesta en la moción correspondiente, habiéndose incluso formulado reservas de constitucionalidad. Empero, lo cierto es que aquellas opiniones contrastan con otras, vertidas también durante la tramitación de la ley, en orden a justificar la incorporación de los delitos contra la vida y la integridad física de funcionarios de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y Gendarmería de Chile, entre aquellos previstos en el inciso segundo de la Ley N° 18.216;

Considerando 4

Que, exactamente, el debate habido en el seno del Congreso Nacional, incluso con base en cuestiones de constitucionalidad como las contenidas en el requerimiento de fs. 1, finalmente zanjado de acuerdo con los procedimientos y reglas que rigen el proceso de formación de la ley, da cuenta de la ponderación de esas cuestiones y la configuración de lo que los legisladores estimaron razonable o justificado en este caso, en ejercicio de la deliberación democrática de los órganos políticos encargados de legislar, lo 5 0000231 DOSCIENTOS TREINTA Y UNO que, si bien, no obtura ni necesariamente condiciona nuestro examen en sede de inaplicabilidad, exige reconocer que, a diferencia de lo sostenido por la accionante, lejos de carecer de justificación, la normativa aprobada se discutió y promulgó, en definitiva, teniendo en consideración aquellas discusiones de constitucionalidad;

Considerando 5

; 142, 150 A, 150 B, 293, 361, 362, 363, 365 bis, 366 incisos primero y

Considerando 6

Que, así las cosas, la disposición cuya inaplicabilidad se solicita no carece de fundamentación en su historia fidedigna, aun cuando se pueda, legítimamente, discrepar de ella, como lo sostuvieron parlamentarios durante su discusión o como lo plantea también la requirente, pero sin que este debate alcance, al menos en esta oportunidad, a configurar una transgresión a la Constitución por la aplicación que se dé al precepto legal en la gestión pendiente;

Considerando 7

Que, desde esta perspectiva, hemos sostenido con anterioridad (Rol N° 14.800, c. 6°), que la comprensión del sistema penal como el “reflejo de la identidad social, es decir, de la comprensión que una sociedad tiene de sí misma en un determinado momento histórico”, se expresa en su política criminal (Alex van Weezel: Curso de Derecho Penal. Parte General, Santiago, Ediciones UC, 2023, p. 17). Así y dado que el mecanismo con que cuenta el derecho penal es la imposición de una pena, ha apuntado la doctrina que se trata de “la reacción más violenta y vigorosa que ha contemplado el ordenamiento jurídico” (Juan Ignacio Piña: Derecho Penal Fundamentos de la Responsabilidad, Santiago, Thomson Reuters, 2023, p. 122), lo que torna necesaria la concatenación entre la decisión legislativa con la estructura mayor de legitimación del sistema jurídico que se contiene en la Constitución para establecer “los fines y funciones que debe cumplir el Derecho penal y las condiciones para hacerlo” (Piña, p. 123). Allí encuentra, en consecuencia, sustento la vinculación entre Constitución y sistema penal, al que le corresponde el aseguramiento de los valores fundamentales más importantes de la vida social, garantizar el mantenimiento de la paz jurídica en el marco del orden social e imponer el derecho en caso de conflicto (Wessels, Beulke y Satzger: Derecho Penal, Parte General. El delito y su Estructura, Lima, Instituto Pacífico, 2018, p. 4), por lo que 6 0000232 DOSCIENTOS TREINTA Y DOS el trabajo del legislador penal y procesal penal se estructura a partir de un presupuesto o programa contenido en la Constitución, el que no puede transgredirse (Harro Otto: Manual de Derecho Penal. Teoría General del Derecho Penal, Barcelona, Atelier, 2017, pp. 43-44);

Considerando 8

Que, en este sentido, no es posible preterir que el artículo 1° inciso quinto de la Constitución impone al Estado el deber de dar protección a la población y a la familia y que su artículo 101 inciso segundo establece que “[l]as Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están integradas sólo por Carabineros e Investigaciones. Constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas. Dependen del Ministerio encargado de la Seguridad Pública”;

Considerando 9

Que, lo anterior, en este caso, permite vincular la preceptiva constitucional referida y la norma legal impugnada con lo que sostuvimos en la sentencia Rol N° 2.022, en cuanto a que “el Derecho Penal es la herramienta del Estado más invasiva en la restricción de la libertad, por lo que requiere un mayor cuidado en su configuración. Efectivamente, la norma de carácter penal debe ser idónea y necesaria para proteger un determinado bien jurídico, manteniendo un equilibrio entre la trascendencia social de la conducta típica y la pena que se asigna al delito” (c. 30°);

Considerando 10

Que, por ende, tampoco se produce el efecto contrario a la Constitución desde el principio de proporcionalidad, en cuanto la improcedencia de conceder pena sustitutiva en este caso sería lesiva de lo que la requirente estima la función primordial de la pena, consistente en la resocialización, ni limita severamente la capacidad del Juez del Fondo de actuar con justicia;