TC Rol 15533

Texto completo

0001311
UNO MIL TRESCIENTOS ONCE




2025

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

____________
Sentencia

Rol N° 15.533-24 INA
[8 de agosto de 2025]
____________



REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD RESPECTO DEL
ARTÍCULO 2331 DEL CÓDIGO CIVIL

ALEXIS IRACHETA MARCHANT

EN EL PROCESO ROL C-7004-2022, SEGUIDO ANTE EL VIGÉSIMO CUARTO
JUZGADO DE LETRAS EN LO CIVIL DE SANTIAGO




VISTOS:


Introducción

A fojas 1, con fecha 17 de junio de 2024, Alexis Mauricio Iracheta Marchant
deduce requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del
artículo 2331 del Código Civil, en el proceso Rol C-7004-2022, seguido ante el
Vigésimo Cuarto Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago.



Preceptiva legal cuya aplicación se impugna

La preceptiva legal cuestionada dispone:

“Las imputaciones injuriosas contra el honor o el crédito de una persona
no dan derecho para demandar una indemnización pecuniaria, a menos
de probarse daño emergente o lucro cesante, que pueda apreciarse en
dinero; (…)”.




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UNO MIL TRESCIENTOS DOCE




Antecedentes y conflicto constitucional sometido al conocimiento y
resolución del Tribunal Constitucional

Como antecedentes y en cuanto a la gestión judicial en que incide el
requerimiento, expone el requirente señor Iracheta Marchant, médico
cirujano, que, ante el Vigésimo Cuarto Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago,
dedujo demanda en juicio ordinario de indemnización de perjuicios por
responsabilidad extracontractual y, en subsidio, en sede contractual, en contra
de: (i) Gisela Gómez Montecino, enfermera; (ii) Bárbara Crisóstomo Sepúlveda,
técnico paramédico; y (iii) Nicole Daniela Lobos Ibarra, enfermera. Lo anterior,
a fin de resarcir los perjuicios morales y patrimoniales sufridos por el
requirente, a consecuencia del actuar ilícito de las demandadas, consistente en
“denunciarme falsamente como supuesto autor de acoso sexual y maltrato
laboral en Clínica Bupa Santiago”, lugar en que indica se desempeñaba como
Jefe de Endoscopía y Gastroenterología.

El requirente expresa que la mera denuncia trajo como consecuencia el
total menoscabo de su honorabilidad en lo privado (familia y amigos) y su
prestigio profesional ante pacientes y colegas. No obstante, agrega que se
declaró su inocencia en el proceso investigativo llevado a cabo por la misma
Clínica Bupa.

Así, la Sra. Fiscal concluyó, en marzo de 2021, que no se pudo acreditar
conductas de acoso laboral ni sexual denunciadas en contra del señor Iracheta.
Sin embargo, indica que igualmente fue desvinculado de la Clínica con
posterioridad, por desahucio y que también fue desvinculada la demandada
señora Gómez Montecino. Esta última, a su vez, demandó a la Clínica de tutela
laboral por vulneración de derechos con ocasión del despido, causa que se
tramitó ante el 1° Juzgado del Trabajo de Santiago, RIT T-903-2021, y que
concluyó por avenimiento. Sostiene el actor que, durante la tramitación de la
tutela, la señora Gómez Montecino habría continuado calificándolo como
acosador.

Añade la requirente que la demanda de indemnización de perjuicios
continuó su tramitación y se sigue actualmente sólo en contra de doña Gisela
Gómez, por cuanto se retiró en contra de doña Bárbara Crisóstomo, al no
notificársele de la misma, y se arribó a avenimiento con doña Nicole Lobos,
quien pidió disculpas públicas.

A la fecha de esta vista de la causa, la gestión pendiente invocada se
encuentra con el término probatorio vencido y suspendida en su tramitación
conforme a lo ordenado por la Primera Sala de este Tribunal Constitucional,
mediante resolución de fecha 11 de julio de 2024 (fojas 410).

En seguida, en cuanto al conflicto constitucional, la parte requirente
afirma que la aplicación del impugnado artículo 2.331 del Código Civil, en tanto
excluye la posibilidad de resarcir el daño moral ante imputaciones injuriosas
contra el honor del requirente, importa en el caso concreto la vulneración de lo
dispuesto en los artículos 1°, 4°, 5° inciso segundo, 6°, y 19 N°s 1°, 2°, 3°, inciso
primero, 4° y 26° de la Constitución; así como lo dispuesto en el artículo 11 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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UNO MIL TRESCIENTOS TRECE




Así, afirma el requirente que de aplicarse el impugnado artículo 2.331
del Código Civil al juicio sublite, se vulnerarán los artículos 1°, 4°, 5° inciso
segundo, y 19 N° 4° de la Constitución, pues se despojaría de protección a la
honra y dignidad de las personas, al quedar impune los atentados en contra de
la víctima cuya honra y dignidad han sido lesionadas, en cuanto la norma
reprochada no permite que el daño moral ocasionado sea reparado.

Consigna el actor que la exclusión de resarcir las afectaciones a la honra
impactaría en la función preventiva y retributiva de la indemnización como
reparación dentro del estatuto de responsabilidad, y podría generar un
incentivo a la comisión los referidos ilícitos, al dejar sin protección real el
derecho a la honra.

Así, se infringiría el derecho de protección al derecho a la honra
consagrado en el artículo 19 N° 4° de la Constitución y el artículo 11 de la
Convención, y la dignidad humana garantizada en el artículo 1° inciso primero
de la misma Carta Fundamental, ya que dejaría indemne el daño moral
ocasionado como consecuencia de imputaciones injuriosas en contra del buen
nombre de las personas, dejando impune los perjuicios, agravios y ofensas
ocasionadas a la buena fama, prestigio o reputación, y dignidad de las personas.

Añade el actor la infracción al artículo 19 N° 1° de la Constitución, pues al
ser lesionado el derecho al honor, necesariamente se atenta contra la
integridad psíquica de la persona. Afirma que no es posible desconocer que la
transgresión de la honra y renombre de las personas, como derecho relacional
y de la sociabilidad, acarrea un menoscabo moral, espiritual y psíquico del ser
(persona) frente al desprestigio y repudio social, situación que sería evidente en
este caso, donde el requirente fue descalificado socialmente como acosador.

Agrega la vulneración del artículo 19 constitucional en sus N°s 2° y 3°
inciso primero, toda vez que la norma impugnada consagra una diferencia de
trato arbitraria sobre la procedencia de la reparación del daño moral. En
concreto, el artículo 2.331 impide la indemnización con ocasión de
imputaciones injuriosas contra el honor o el crédito de una persona, siendo que
otras disposiciones legales sí permiten la reparación del daño moral, como el
artículo 40 de la Ley N° 19.733, o en caso de delito de injurias contra el honor o
el crédito de una persona y los otros delitos y cuasidelitos establecidos en el
Título XXXV del Libro IV del Código Civil.

Por otra parte, el actor da por conculcado en la especie el principio de
proporcionalidad, desde que, frente al daño ocasionado, el ordenamiento
jurídico lleva al injusto de que sean las víctimas quienes deben soportar el daño
sufrido, sin verse el victimario compelido a resarcirlo, lo que determina que la
disposición legal objetada de inaplicable resulta excesiva a la luz de la
Constitución Política.

Añade la infracción del artículo 19 N° 26° de la Constitución, puesto que
la imposibilidad de demandar el daño moral en el marco de la responsabilidad
extracontractual, por las imputaciones injuriosas que afectaren la honra de
una persona, haría que el afectado no obtenga del juez la indemnización de
dicho daño, y, en consecuencia, lesionaría en su esencia los derechos a la honra
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UNO MIL TRESCIENTOS CATORCE




y a la igualdad ante la ley, dado que, en general, las acciones que pretenden
resarcimiento de perjuicios no admiten restricciones por ley.

Sobre el artículo 5° inciso segundo de la Constitución, se afirma que al
infringir el artículo 2.331 del Código Civil los derechos a la honra, dignidad
humana, integridad psíquica de las personas e igualdad ante la Ley, de igual
forma, vulnera dicho artículo 5° constitucional, que establece como limitación
al ejercicio de la soberanía la afectación de los derechos reconocidos y
garantizados -directamente- por nuestra Carta Fundamental y por los tratados
internacionales ratificados por nuestro país.

Y, en cuanto al artículo 6° de la Constitución, alega la requirente que el
impugnado artículo 2.331 también infringe esta disposición fundamental, que
expresamente obliga a gobernantes y gobernados a obrar a fin de velar por el
efectivo cumplimiento, respeto y protección de las normas y derechos
constitucionales.



Tramitación y observaciones al requerimiento

El requerimiento fue acogido a tramitación y declarado admisible por la
Primera Sala de este Tribunal Constitucional, conforme consta a fojas 410 y 430;
ordenándose asimismo la suspensión del procedimiento en la gestión
concernida.

Conferidos los traslados de fondo a los órganos constitucionales
interesados y a las demás partes en la gestión invocada, fueron formuladas
observaciones al libelo dentro de plazo legal por la parte de doña Gisela Gómez
Montecino, instando por el rechazo del requerimiento deducido, en todas sus
partes.

En su presentación de fojas 442 y siguientes, la requerida afirma que no
se verifica en la especie ninguna de las infracciones constitucionales que alega
la parte requirente.

Indica la demandada que el informe de la abogada investigadora en
procedimiento seguido por la Clínica Bupa, recomendó sostener una
conversación con el señor Iracheta y que de alguna manera se pueda evitar
situaciones que pudieran ser mal interpretadas o que pudieran incomodar a
algún miembro de su equipo de trabajo.

Y agrega que de haber estado vigentes las modificaciones introducidas
por la Ley N° 21.643 al Código del Trabajo y otros cuerpos legales, en materia de
prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en
el trabajo, las conclusiones del informe de investigación referido habrían sido
distintas.

Por otro lado, afirma la requerida que frente al derecho que el
requirente reclama, estaría su derecho a poder realizar una denuncia como la
que se vio forzada a realizar, sin el temor de que tenga que ser nuevamente
victimizada a través de una demanda de indemnización de perjuicios. Sería así
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UNO MIL TRESCIENTOS QUINCE




su derecho fundamental a la integridad física y psíquica el que debería ser
primordialmente protegido a la luz de la Constitución Política, y dada la
situación singular que ocupa frente a un caso de acoso laboral y sexual. La
demandada explica así que se ha limitado a ejercer un derecho.

Agrega que el hecho de que el requirente llegara a un “avenimiento” con
otra de las demandadas en el juicio, en el cual ella se “desdice” y le pide
disculpas, sería una muestra de la situación de asimetría que existe entre él y la
demandada arrepentida.

Así, doña Gisela Gómez Montecino, en cuanto trabajadora subordinada
al requirente señor Iracheta, también estuvo en esa relación asimétrica y
habría sufrido las consecuencias de ello.



De otro lado se afirma por la parte requerida que la aplicación del
artículo 2.331 del Código Civil, en modo alguno resultaría contrario a la
Constitución, sino que lo opuesto, es decir, en protección de las garantías
constitucionales de doña Gisela Gómez debería necesariamente hacerse
aplicable tal precepto, única manera de salvaguardar su derecho de denunciar
la situación de acoso a la que habría sido sometida, motivos todos por los cuales
se solicita por su parte el rechazo del libelo intentado a fojas 1, en todas sus
partes.



Vista de la causa y acuerdo

Con fecha 3 de septiembre de 2024, a fojas 472, fueron traídos los autos
en relación.

En audiencia de Pleno del día 20 de marzo de 2025 se verificó la vista de
la causa, oyéndose la relación pública y los alegatos certificados por el señor
Relator. Con la misma fecha se adoptó el acuerdo, quedando la causa en estado
de sentencia.



Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, se ha requerido la inaplicabilidad del artículo 2.331 del
Código Civil, en virtud del cual, en la parte impugnada, “[l]as imputaciones
injuriosas contra el honor o el crédito de una persona no dan derecho para
demandar una indemnización pecuniaria, a menos de probarse daño emergente o
lucro cesante, que pueda apreciarse en dinero; (…)”, por cuanto su aplicación, en
la gestión pendiente, resultaría contraria a lo dispuesto en los artículos 1°, 4°, 5°
inciso segundo y 19 N° 4° y N° 26° de la Constitución, en cuanto la norma
reprochada no permite que el daño moral sea reparado;
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SEGUNDO: Que, esta Magistratura ha conocido y resuelto una cantidad
importante de requerimientos en contra del precepto que se impugna, siendo
reiteradamente acogidos por estimar que produce un efecto contrario a la
Constitución, desde el Rol N° 943 (incluyendo, entre otros, los Roles N° 1.185,
1.419, 1.679, 1.741, 1.798, 2.255, 2.410, 2.747, 2.801, 2.860, 2.887, 3.194, 5.278,
6.383, 8.753, 13.822, 14.212 y 14.787).

En dichas sentencias se ha razonado que el efecto de la aplicación del
artículo 2.331 del Código Civil es privar de las responsabilidades ulteriores a los
atentados contra el derecho a la honra que no constituyan delitos específicos
susceptibles de ser perseguidos criminalmente, de conformidad con el Código
Penal o la Ley N° 19.733; que el derecho a la honra, consagrado
constitucionalmente, se transformaría en un concepto vacío si la forma natural
de hacer valer ese derecho se encontrara severamente restringida, toda vez que
las conductas lesivas no serían adecuadamente sancionadas y tampoco las
víctimas serían reparadas en su dignidad; que, al fijar las condiciones de
procedencia de la indemnización en casos de afectación a la honra, el legislador
debe respetar la esencia de ese derecho, de acuerdo con el referido artículo 19
N° 26°, de modo que no se ponga en riesgo la cautela de los intereses que son
propios del derecho de la personalidad, en su dimensión del derecho a la honra
y que dicen relación con intereses morales como el nombre y la reputación; que
el precepto altera el principio de igualdad ante la ley, pues convierte en
arbitraria la norma objetada, dado que, en general, las acciones que pretenden
resarcimiento de perjuicios no admiten restricciones, máxime cuando el
derecho tutelado -por su relevancia en la salvaguarda de la dignidad humana-
tiene consagración constitucional en el artículo 19 N° 4° de la Constitución; y
que la norma impugnada no persigue fines constitucionalmente legítimos,
razonablemente adecuados o idóneos para alcanzar tal objetivo y tampoco
proporcionales a los bienes que de ella cabe esperar para restablecer el imperio
del derecho en la cautela de la honra;

TERCERO: Que, en efecto, en nuestro sistema jurídico el derecho a la
honra está garantizado constitucionalmente y alcanza a la persona y su familia,
como lo dispone el artículo 19 N° 4° de la Carta Fundamental. Este derecho hace
parte del derecho general a la propia personalidad y su consagración
constitucional ha “influido en la valoración jurídica más intensa de los aspectos
morales de la personalidad” (Enrique Barros: Tratado de la Responsabilidad
Extracontractual, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2006, p. 536), dando lugar
a su protección civil por medio de mecanismos adecuados de justicia correctiva.

No obstante, agrega el mismo tratadista, existen desafíos para concretar
el alcance de la garantía que se traduce en la tutela de la “pretensión de
validación social” del sujeto (p. 536) que permitan, por una parte, brindar
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efectiva cautela y, por otra, considerar una adecuada articulación con el
derecho y el principio de la libertad de expresión en una sociedad democrática.

Este desarrollo institucional corresponde, sin lugar a dudas, al legislador,
pero dicha tarea legislativa debe avenirse con el contenido esencial del derecho
tutelado y los principios constitucionales que lo estructuran. Entonces, lo que
nos corresponde dilucidar es si, efectivamente, tal regulación, contenida en el
artículo 2.331 del Código Civil, respeta o no la Constitución, según los criterios de
interpretación aplicables en materia de intervención legal de derechos
fundamentales, a efectos de ponderar si lo dispuesto por el precepto legal, en
este caso, es idóneo, necesario, proporcional en sentido estricto y, por cierto, si
afecta o no el contenido esencial del derecho fundamental a la honra;

CUARTO: Que, no hay duda que el precepto impugnado entraña una
intervención en el derecho fundamental a la honra restringiendo su efectiva
cautela, pues expresamente priva a la persona de una de las formas (sino la
principal) en que éste puede ser reparado, en un contexto en que la regla
general en nuestro ordenamiento jurídico es que todo daño y, por ende, toda
lesión a un derecho, debe ser indemnizado por quien lo causa, concurriendo los
demás requisitos de la responsabilidad civil (artículos 2.317 y 2.329 del Código
Civil).

En las hipótesis a las que se refiere el artículo 2.331 del Código Civil, el
daño recae en un derecho de la personalidad, de carácter extrapatrimonial,
específicamente en la honra de una persona, que es un componente esencial de
la dignidad humana y “se asocia a la opinión que los demás tienen sobre
nosotros, de modo que es afectada por expresiones o hechos que producen efectos
adversos en nuestro prestigio y consideración”, como precisa el profesor Enrique
Barros, en la obra ya citada (p. 537);

QUINTO: Que, así las cosas, el artículo 2.331 del Código Civil señala
expresamente que “Las imputaciones injuriosas contra el honor o el crédito de
una persona no dan derecho para demandar una indemnización pecuniaria”, vale
decir, niega en parte el derecho de reparación pecuniaria frente a la ocurrencia
de un ilícito contra la honra. Si bien el precepto permite la indemnización, ésta
es sólo respecto del daño emergente y lucro cesante “que pueda apreciarse en
dinero”, en circunstancias que la lesión a la honra, como derecho inherente a la
dignidad de la persona, es por antonomasia un daño moral o extrapatrimonial
que, a priori, no puede apreciarse en dinero de la misma forma que el daño
emergente y lucro cesante;

SEXTO: Que, más todavía, la honra y el daño moral están
intrínsecamente conectados, como ha señalado la Corte Constitucional de
Colombia: “El derecho a la honra es entendido como la estimación o deferencia
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UNO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO




con que cada persona debe ser tenida por los demás miembros de la colectividad,
en razón a su dignidad humana, razón por la cual resulta vulnerado por la
publicación de información errónea o cuando se expresan opiniones que producen
un daño moral tangible a su titular” (Sentencia T-007/20, c. 53°).

Así conceptualizado el derecho a la honra, queda en evidencia que el
precepto impugnado lo vacía de contenido, pues el titular se ve privado de la
reparación del perjuicio moral que le fue causado mediante la actuación
difamatoria de un tercero, razón por la cual es dable concluir que el derecho se
ve afectado en su esencia;

SEPTIMO: Que, ya en el Rol N° 43, en 1987, sostuvimos que “(…) Un
derecho es afectado en su esencia cuando se le priva de aquello que le es
consustancial, de manera que deja de ser reconocible” (c. 21°) y, luego, en el Rol N°
792, precisamos que la determinación del contenido esencial debe tener en
consideración “(…) dos elementos irrenunciables. En primer lugar, el momento
histórico de cada situación concreta, por el carácter evolutivo del contenido
esencial del derecho y, luego, las condiciones inherentes de las sociedades
democráticas, lo que alude a determinar el sistema de límites del ordenamiento
jurídico general y cómo juega en ella el derecho y la limitación” (c. 13°).

No es sino, precisamente esto, lo que sucede con la limitación que el
artículo 2.331 del Código Civil respecto de la indemnización por daño moral: Se
priva al derecho a la honra de aquello que le es consustancial, considerando el
momento histórico y el carácter evolutivo de la cautela de ese derecho desde la
concepción decimonónica hasta la actualidad, en el contexto de las condiciones
inherentes de una sociedad democrática;

OCTAVO: Que, de esta manera, el precepto viene a cristalizar la sospecha
decimonónica que genera la indemnización del daño moral por considerarse
impropio traducir en dinero afectaciones a la moralidad de la persona.

En efecto, respecto a las fuentes que el codificador tuvo en consideración
para establecer la norma en los términos en que se encuentra consagrada en el
Código Civil, la doctrina afirma que “se trata de una regla que se apartaba del
derecho vigente” (Javier Barrientos: El Código Civil su Jurisprudencia e Historia,
Tomo II, Santiago, Thomson Reuters, 2016, p. 1096). Así lo apuntaba Gabriel
Ocampo, citado por Barrientos, en una nota manuscrita que consta en su
Proyecto de Código Civil de 1855, y en la que consigna que el precepto era
“[d]erogatorio de la Práctica y de las Leyes que permiten estimar la injuria en una
cantidad de dinero” (Ibidem). Esa “práctica” era la que Bello había constatado al
momento de redactar sus Instituciones de Derecho Romano, según reseña el
mismo Barrientos, apuntado en sus notas que: “En la práctica la estimación de la
injuria se modera por arbitrio del juez, y no se concede al actor cuando las leyes
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locales la designan” (IV, 5). Puntualizando el mismo Bello que, “[l]a antigua ley
romana que aseguraba un escudo de indemnización al que recibía una bofetada
no ponía en seguridad el honor de los ciudadanos” (Ibidem). Siendo el concepto
de honor un bien jurídico tan preciado, su reparación sólo se limitaba al daño
emergente y al lucro cesante, pero no al daño moral por ser algo impropio en la
época, cómo ha sido consignado. Ya el autor español Gayoso Arias, a principios
del siglo XX, escribía: “nadie que se precie de hombre podría o debería aceptar
dinero a cambio de un dolor moral” (Gayoso Arias, “La reparación del llamado
daño moral en el derecho natural y positivo”, en Revista de Derecho Privado,
1918);

NOVENO: Que, sin embargo, esta antiquísima mirada comienza a
cambiar durante el siglo pasado, aceptándose por la jurisprudencia la
indemnización en sede extracontractual, y luego contractual, e imponiéndose
un entendimiento del daño moral que va más allá del pretium doloris y que
comprende todas las lesiones extrapatrimoniales, como las ocurridas en los
derechos fundamentales o de la personalidad, así como las afectaciones al
proyecto de vida de las personas.

Así lo consigna la doctrina nacional, no obstante que los problemas
generados por la persistencia de esta normativa se mantienen producto de su
vigencia irradiando sus efectos inconstitucionales en el ordenamiento jurídico y
en la vida de las personas, habida consideración que “(…) La norma parece
carecer de fundamento en una sociedad de masas donde los efectos de las
imputaciones injuriosas pueden ser devastadores por los incisivos medios a
través de los cuales se puede difundir” (Hernán Corral Talciani: Lecciones de
Responsabilidad Civil Extracontractual, Santiago, LegalPublishing y Thomson
Reuters, 2013, p. 380), de tal modo que puntualiza que “[n]o extraña, pues, que el
asunto haya llegado al Tribunal Constitucional y que este Tribunal haya
declarado reiteradamente la inaplicabilidad de este precepto cuando se trata de
ofensas entre privados (en las que no se imputa responsabilidad a un medio de
prensa), porque dicha disposición priva “a los atentados contra el derecho a la
honra que no constituyan delitos específicos, de la protección de la ley, pues,
mientras las lesiones a otros derechos igualmente no constitutivas de delitos dan
lugar a indemnización por todos los daños patrimoniales y morales causados, las
imputaciones injuriosas contra el honor o el crédito de una persona no dan
derecho a una indemnización del daño moral, que es naturalmente producido por
esta clase de atentados y, ordinariamente, el único (…)” (p. 381).

En ese contexto, en nuestra opinión, los efectos perniciosos del precepto
legal impugnado solo pueden ser corregidos por medio de la inaplicabilidad
declarada por esta Magistratura en el ámbito de sus competencias específicas;
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DECIMO: Que, la norma, además, es inidónea, pues no se ajusta a los
estándares de reparación integral por vulneración de derechos fundamentales
a los que no puede menos que adherir la Constitución chilena y que han sido
desarrollados ampliamente en el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos, desde que la Corte Interamericana “(…) ha sostenido que la
reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional
consiste en la plena restitución (restitutio in integrum); lo que incluye el
restablecimiento de la situación anterior y la reparación de las consecuencias que
la infracción produjo y el pago de una indemnización como compensación por los
daños patrimoniales y extrapatrimoniales incluyendo el daño moral”; y, en virtud
de lo anterior, postulan que “el Tribunal Interamericano tiene competencia para
ordenar tres distinto tipos de reparaciones, a saber: (i) garantizar el goce de los
derechos y libertades previsto en el corpus iuris interamericano; (ii) reparar las
consecuencias de las violaciones cometidas por agentes privados o estatales, y
(iii) ordenar el pago de una indemnización justa” (Eduardo Ferrer Mac-Gregor y
Carlos María Pelayo Moller: “La Obligación de ‘Respetar’ y ‘Garantizar’ los
Derechos Humanos a la luz de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana”,
Estudios Constitucionales, Año 10, N° 2, 2012, pp. 161-162).

En esta misma línea, por ejemplo, la Constitución contempla la
indemnización por la integralidad de los perjuicios sufridos con ocasión de una
decisión judicial injustificadamente errónea o arbitraria, incluyendo los
perjuicios patrimoniales y morales que haya sufrido la persona (artículo 19 N°
7° literal i).

La doctrina coincide en que “[l]a regla orientadora de toda indemnización
debe ser el de la reparación integral del perjuicio, esto es, la reparación de debe
ser insuficiente ni excesiva. Claro está que, en el caso de los daños morales, debe
tratarse de una “reparación razonable”, en el sentido que la indemnización debe
ser lo más integral posible. Decimos lo más integral posible, porque ciertamente
defender el principio de reparación integral en materia de daño moral equivale
más o menos a no sostener nada, en el sentido de que un daño que por esencia
resiste toda estimación nunca podrá ser completamente reparado. La idea de
reparación sólo es válida con respecto a esta clase de daño, si la entendemos como
una compensación y no como el otorgamiento de una suma de dinero
exactamente equivalente al daño, idea que, por lo demás, es incluso inapropiada
respecto del daño material (…)” (Carmen Domínguez Hidalgo: El Daño Moral,
Tomo II, Santiago, Ed. Jurídica de Chile, 2002, p.p. 703-704);

UNDECIMO: Que, para justificar la legitimidad del precepto impugnado,
se ha aducido, sin embargo, que la limitación establecida obedecería al
resguardo de la libertad de expresión. Ello no es lo que ocurre en el caso sub-lite,
que trata de una denuncia en que se imputan al requirente actos de acoso
sexual y maltrato laboral.
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Con todo y si se aceptara que es la libertad de expresión la finalidad
legítima de la norma, sucede que el artículo 19 N° 12° de la Constitución asegura
“[l]a libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier
forma y por cualquier medio”, previniendo, en seguida, que ello es “sin perjuicio
de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas
libertades”. Vale decir, es la propia Constitución la que reconoce que el ejercicio
abusivo de dicha libertad, dando lugar a un régimen de responsabilidades
ulteriores, y lo mismo ocurre con la Convención Americana de Derechos
Humanos al establecer en su artículo 13 que el ejercicio de la libertad de
expresión “no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades
ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias
para asegurar: a) El respeto a los derechos o a la reputación de los demás…”
Siguiendo el mandato constitucional, la Ley de Prensa, como ya fue señalado,
considera expresamente la indemnización por daño moral cuando se ha
ejercido de forma ilícita o abusiva la libertad de expresión por los medios de
comunicación (Ley N° 19.733, artículo 40 inciso segundo);

DUODECIMO: Que, todavía más y estrictamente relacionado con el
régimen de responsabilidades ulteriores, esta Magistratura ha sostenido la
constitucionalidad del régimen punitivo de injurias y calumnias establecido en
los artículos 416 y siguientes del Código Penal (Rol N° 14.217). De esta forma, si la
responsabilidad penal ulterior encuentra legitimidad en el texto constitucional,
con mayor razón debe estimarse constitucional la responsabilidad civil.

El reciente fallo de este Tribunal refuta la tesis de que el artículo 2331 del
Código Civil se justifica en la libertad de expresión, considerando que ya se
contempla en nuestro ordenamiento jurídico un régimen penal que, incluso,
podría considerarse más gravoso que las indemnizaciones civiles. ¿Cómo puede
ser posible que con la limitación a la indemnización el legislador busque
resguardar la libertad de expresión, si al mismo tiempo castiga penalmente su
ejercicio abusivo? Conforme a lo expresado, no se ve cómo el precepto
impugnado puede conseguir el efecto de dar primacía de la libertad de
expresión si ésta ya encuentra un contrapeso en sanciones más gravosas, como
las penales;

DECIMOTERCERO: Que, si ya la legitimidad del fin de la norma se
sostiene en una base endeble, la idoneidad de la medida no puede ser explicada
satisfactoriamente, mucho menos su necesidad y proporcionalidad en sentido
estricto. No se divisa cómo una medida de este tipo resulta necesaria en una
sociedad democrática y cuáles son los beneficios que serían superiores a los
perjuicios que conlleva. Es así que, efectuado el test de proporcionalidad, al
precepto legal censurado, y en relación con dos realidades jurídicas manifiestas,
en cuanto a la consagración del derecho a la honra de la persona, garantía
constitucional establecida en el artículo 19 N° 4° y el reconocimiento de la
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legitimidad de indemnizar por el daño moral originado por acciones contra la
honra, en su caso, no es posible considerar a la regla civil como necesaria, ni
menos idónea para alcanzar el fin que el legislador del siglo XIX tuvo en vista,
atendido el orden de las cosas que impera en la actualidad. Y respecto a la
proporcionalidad en sentido estricto, cabe reiterar lo expresado por esta
Magistratura, en cuanto a “que, al impedirse siempre la indemnización del daño
moral por determinadas afectaciones al derecho a la honra, ocasionadas por
imputaciones injuriosas, se establece una distinción claramente arbitraria” (Rol
N° 1.463, c. 35°);

DECIMOCUARTO: Que, en fin, como el titular del derecho a la honra se
ve privado de la reparación integral del daño que le fue causado por un ejercicio
abusivo de una libertad, se le estaría dando una prevalencia absoluta a la
libertad de expresión por encima de la honra, y tal como lo ha señalado esta
Magistratura “no resulta admisible, desde la perspectiva de los principios de
interpretación constitucional, que se establezca una prevalencia absoluta de un
derecho anulando a otro, privando así de eficacia a una disposición constitucional
como es el Art. 19 numeral 4°, referido a la persona, su dignidad y su honra” (Rol
N° 14.217, c. 12°);

DECIMOQUINTO: Que, de las consideraciones que anteceden, cabe
concluir que la aplicación del artículo 2.331 del Código Civil en la gestión judicial
pendiente, respecto de la cual se ha accionado, produce efectos contrarios a la
Constitución, puesto que al impedir el resarcimiento del daño moral por
lesiones a la honra y dignidad de la persona se infringen los artículos 1° y 19 N°
2°, 4° y 26° de la Constitución. Por consiguiente, se procederá a acoger la
inaplicabilidad deducida en estos autos constitucionales.



Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93, incisos primero, N°
6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la
Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997, Orgánica
Constitucional del Tribunal Constitucional,



SE RESUELVE:

1) QUE SE ACOGE LA ACCIÓN DEDUCIDA A FOJAS 1, POR LO QUE SE
DECLARA INAPLICABLE LA FRASE “LAS IMPUTACIONES
INJURIOSAS CONTRA EL HONOR O EL CRÉDITO DE UNA PERSONA
NO DAN DERECHO PARA DEMANDAR UNA INDEMNIZACIÓN
PECUNIARIA, A MENOS DE PROBARSE DAÑO EMERGENTE O LUCRO
CESANTE, QUE PUEDA APRECIARSE EN DINERO;” CONTENIDA EN
EL ARTÍCULO 2331 DEL CÓDIGO CIVIL, EN EL PROCESO ROL C-7004-
0001323 13
UNO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES




2022, SUSTANCIADO ANTE EL VIGÉSIMO CUARTO JUZGADO DE
LETRAS EN LO CIVIL DE SANTIAGO.

2) QUE SE DEJA SIN EFECTO LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO
DECRETADA. OFÍCIESE AL EFECTO.



DISIDENCIAS

La Ministras señoras CATALINA LAGOS TSCHORNE y ALEJANDRA PRECHT RORRIS
estuvieron por rechazar el requerimiento, en virtud de los siguientes
argumentos:

I. ANTECEDENTES DEL CASO SOMETIDO A DECISIÓN DE ESTA
MAGISTRATURA
1°. Que, don Alexis Mauricio Iracheta Marchant solicita la inaplicabilidad
por inconstitucionalidad del artículo 2.331 del Código Civil en el proceso Rol
C-7004-2022, seguido ante el 24° Juzgado Civil de Santiago, el cual corresponde a
un juicio ordinario de indemnización de perjuicios por responsabilidad
extracontractual a propósito de una serie de imputaciones, a su juicio
injuriosas, proferidas por doñas Gisela Nicoll Gómez Montecino, Bárbara
Crisóstomo Sepúlveda y Nicole Daniela Lobos Ibarra en su contra.

2°. Que, como conflicto de constitucionalidad, expone el requirente que
la aplicación del artículo impugnado, al impedir la reparación por daño moral
respecto de imputaciones injuriosas cometidas contra el honor o el crédito de
una persona, infringe las garantías comprendidas en el artículo 1° inciso
primero, 4°, 5° inciso segundo y en los numerales 1, 2, 3, 4 y 26 del artículo 19 de
la Constitución.

3°. Que, en relación con las alegaciones invocadas por la parte
requirente, es necesario considerar que la interpretación del precepto legal
impugnado que ésta sostiene, implica -en sus palabras- “que las imputaciones
injuriosas contra el honor o el crédito de una persona “sólo” darán derecho para
demandar una indemnización pecuniaria, cuando se probase daño emergente o
lucro cesante, que pueda apreciarse en dinero. De esta manera, excluye el
resarcimiento por concepto de daño moral o extrapatrimonial ocasionado en caso
de imputaciones injuriosas contra el honor o el crédito de una persona” (fojas 09).

Es posible observar del voto por rechazar, que los tribunales ordinarios
han sostenido distintas interpretaciones del artículo 2.331 del Código Civil, sin
embargo, no es resorte de este Tribunal, vía inaplicabilidad, señalar cuál de
estas interpretaciones es la correcta, pues la recta interpretación y aplicación de
la ley es una labor privativa del juez del fondo. Como ha señalado esta
Magistratura “dentro de la lógica del control concreto de constitucionalidad que
0001324 14
UNO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO




caracteriza al requerimiento de inaplicabilidad, un análisis del sentido y alcance
de la ley para la gestión judicial de que se trata, no tiene cabida” (STC 15.463-24, c.
6° y STC 3877-17, c. 19°, entre otras).

No obstante, esta Magistratura ha sostenido invariablemente que “basta
la mera posibilidad de que el precepto impugnado resulte aplicable en la gestión
pendiente para que el Tribunal Constitucional sea competente y deba entrar al
fondo del asunto y pronunciarse sobre la inaplicabilidad por inconstitucionalidad
requerida” (STC Rol N° 2678-14 c. 9°), de modo tal que “[a] esta Magistratura sólo
le compete verificar la posibilidad de que el precepto legal pueda ser aplicado a un
caso, para quedar obligada a pronunciarse si tal aplicación resultaría o no
contraria a la Constitución” (STC Rol N° 506-06 c. 11°).

En atención a ello, el examen de constitucionalidad de la norma se hará
sobre la base de la interpretación que el actor ha sometido a conocimiento de
este Tribunal.

4°. Que, adicionalmente, para contextualizar la labor que compete a esta
Magistratura en virtud artículo 93, número 6º, de la Carta Fundamental y la
manera en que ha de ejercerse, es relevante puntualizar que la norma del
Código Civil impugnada es producto de una decisión legislativa que merece ser
considerada con deferencia por parte de esta Magistratura. Como explica
Gonzalo Aguilar, “el principio de deferencia implica que el juez de control de la
constitucionalidad debe dar muestras de una voluntad de autolimitación o
restricción, ya que el juez constitucional no dispone de un poder general de
apreciación idéntica a aquella del Parlamento” (AGUILAR, Gonzalo (2023):
Principios de interpretación: Constitución y Derechos Humanos. Tirant Lo Blanch,
Valencia, p. 40). Sin embargo, como asimismo explica el autor, la deferencia
debida por el juez constitucional al legislador no es absoluta, sino razonada. De
esta manera, en aquellos casos en que se controla un precepto que incide en el
ámbito normativo de los derechos fundamentales, habrá deferencia en la
medida que el legislador respete los estándares constitucionales establecidos a
su respecto. Con ese objeto, en los considerandos siguientes, se analizará la
norma impugnada, a la luz de las supuestas vulneraciones de derechos
fundamentales alegadas por el actor.



II. EL DERECHO A LA HONRA Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

5°. Que, al abordar la vulneración de la garantía contenida en el artículo
19 N° 4 del texto constitucional, refiere el requirente que la aplicación del
precepto impugnado “despoja de protección a dichos bienes jurídicos de rango
constitucional al quedar impune los atentados en contra de las víctimas en cuanto
no permiten que su daño moral sea reparado” (fojas 11).
0001325 15
UNO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO




6°. Que, el derecho a la honra ha sido definido como el derecho “de toda
persona natural a mantener indemne la proyección social de su dignidad humana
” (GARCÍA PINO, Gonzalo; CONTRERAS VÁSQUEZ, Pablo; MARTÍNEZ PLACENCIA, Victoria
(2016): Diccionario Constitucional Chileno. Ed. Hueders, Santiago, 2da edición, p.
290).

Por su parte, esta Magistratura ha señalado que “el derecho a la honra,
cuyo respeto y protección la Constitución asegura a todas las personas, alude a la
“reputación", al “prestigio" o el "buen nombre" de todas las personas, como
ordinariamente se entienden estos términos (...). Por su naturaleza es, así, un
derecho que emana directamente de la dignidad con que nace la persona humana;
un derecho personalísimo que forma parte del acervo moral o espiritual de todo
hombre y mujer, y que no puede ser negado o desconocido por tratarse de un
derecho esencial propio de la naturaleza humana” (STC Rol N° 2.887-15, c. 15°. En
el mismo sentido, STC Roles N° 943-07, c. 25° y 1.185-08, c. 7°).

7°. Que, a su vez, la jurisprudencia de este Tribunal ha delineado la
relación entre el derecho a la honra y la libertad de expresión, señalando al
efecto que “el tratamiento constitucional de la honra impone desafíos que
permitan, por una parte, brindarle efectiva cautela y, por la otra, considerar su
adecuada articulación con el derecho y el principio de la libertad de expresión en
una sociedad democrática” (STC Rol N° 14.878-23, c. 6°).

Una sociedad democrática tiene como presupuesto garantizar la
existencia de un debate pluralista que permita el libre intercambio de ideas y
opiniones. Ahora bien, en algunos casos, éstas pueden entrar en tensión o,
incluso, colisionar con la reputación, prestigio o buen nombre de una persona,
por lo que el derecho a la honra se erige como un “medio para lograr protección
frente a la descripción inexacta de la vida privada o frente a alguna atribución
errónea a una persona de un rasgo que presumiblemente va a perjudicarle”
(FUENTES ORELLANA, María Fernanda (2011): “El derecho a la honra como límite a
la libertad de información hasta el momento de la acusación penal”. Revista de
Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Nº 37, p. 555).

8°. Que, precisamente, la norma cuya inaplicabilidad por
inconstitucionalidad se requiere en estos autos – el artículo 2331 del Código Civil
- da cuenta de la referida tensión, en tanto regula cuándo las imputaciones
injuriosas contra el honor o crédito de las personas dan derecho a demandar
indemnización pecuniaria, al disponer: “Las imputaciones injuriosas contra el
honor o el crédito de una persona no dan derecho para demandar una
indemnización pecuniaria, a menos de probarse daño emergente o lucro cesante,
que pueda apreciarse en dinero; pero ni aun entonces tendrá lugar la
indemnización pecuniaria, si se probare la verdad de la imputación”.

Ello supone un estrecho vínculo y necesario equilibrio entre ambos
derechos fundamentales.
0001326 16
UNO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS




9°. Que, lo anterior es particularmente relevante para el análisis de la
cuestión constitucional sometida a nuestro conocimiento, pues nos obliga a
considerar que el propio texto constitucional, al reconocer el derecho a la
libertad de emitir opinión y la de informar, en su artículo 19, número 12°, inciso
primero, efectúa una expresa habilitación al legislador para determinar de qué
manera ha de responderse de los delitos y abusos que se comentan en ejercicio
de esas libertades.

10°. Que, dicha remisión al legislador forma parte de las reglas especiales
que el texto constitucional ha establecido en materia de reparaciones frente a
vulneraciones de los derechos fundamentales que reconoce a todas las personas
y sobre la manera en que se han de estructurar las responsabilidades ulteriores
en el ámbito de la libertad de expresión.

También forma parte del conjunto de reglas especiales en materia de
reparaciones, aquella dispuesta en el artículo 19, número 24, inciso tercero, en
el marco de la regulación de la indemnización debida al propietario expropiado.
Al respecto, Ramón Domínguez plantea que “[l]a regla dispone que éste recibirá
indemnización por el perjuicio económico efectivamente causado, con lo que
queda excluida la reparación del daño moral en todas sus formas y todo
menoscabo que no entre en el ámbito de la calificación constitucional”.
“(DOMÍNGUEZ ÁGUILA, Ramón (2010): “Los límites al principio de reparación
integral”. Revista chilena de derecho privado N° 15, p. 13). (Énfasis agregado).

Otra de estas reglas se encuentra recogida en el artículo 19, número 7°,
literal i), que regula la indemnización por error judicial en juicios penales. En
este caso, es la propia Constitución la que establece en qué hipótesis una
vulneración al derecho a la libertad personal por causa de una resolución
judicial ha de dar derecho a una reparación. De modo tal que el derecho a ser
indemnizado por error judicial no es a todo evento, sino más bien excepcional.
En relación con esta regla, Domínguez explica que “sujeta esa reparación a una
declaración previa de la Corte Suprema que califique a la decisión como
“injustificadamente errónea o arbitraria”. Se excluye, así, de reparación toda
otra decisión absolutoria, aunque el afectado haya sido privado de su
libertad y, finalmente, se reconozca su inocencia y a pesar de que haya
existido en el proceso error judicial, si éste no cabe en la calificación de
“injustificadamente erróneo o arbitrario”” (Ibid. p. 14). (Énfasis agregado).

De este modo, la Constitución ha establecido excepcionalmente ciertas
limitaciones a la forma en que han de repararse los daños por vulneración de
derechos fundamentales. En los casos de la indemnización por concepto de
expropiación y de error judicial, el texto constitucional establece directamente
aquellas restricciones, en cambio, en el caso que nos ocupa, es decir, el de la
reparación por abusos al ejercicio de la libertad de expresión, la Carta
Fundamental opta por entregar al legislador la habilitación para definirlo.
0001327 17
UNO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE




11°. Que, la existencia de la remisión al legislador para regular la forma
en que ha de responderse de los delitos y abusos que se comentan en el ejercicio
de la libertad de expresión, le otorga un margen de acción para disponer de
ciertas restricciones, sin que por ello se afecte la garantía del artículo 19,
número 26, de la Constitución. Dicho en otras palabras, y considerando los
derechos que buscan armonizarse en la norma impugnada, el efecto jurídico de
la remisión al legislador para regular las responsabilidades ulteriores es el de
sustraer del núcleo consustancial del derecho a la honra la integralidad de la
reparación, de modo tal que son admisibles ciertas restricciones a su respecto.

Por supuesto, el reconocimiento de la existencia de un margen de acción
o de un espacio de flexibilidad al legislador en materia de reparación del daño,
no implica que cualquier regulación sea constitucionalmente admisible.
Particularmente en un caso como el que ha sido sometido a la decisión de esta
Magistratura, lo que subyace a la norma impugnada es una definición
legislativa frente a una tensión o posible colisión entre el derecho a la honra y el
derecho a la libertad de expresión. Tal como lo ha afirmado en numerosas
oportunidades este Tribunal (STC Rol N° 2.437-13, c. 33°. En el mismo sentido,
STC Roles N° 2.983-16, c. 29°, 12.625-21, c. 27° y 15.036-23, c. 6°), esto último
constriñe al legislador a brindar una solución que se ajuste al principio de
proporcionalidad.

12°. Que, un análisis del artículo 2.331 del Código Civil, a la luz del
principio de proporcionalidad, implica examinar (1) la existencia de un fin
legítimo, (2) su adecuación, (3) la necesidad de la medida y, (4) su
proporcionalidad en sentido estricto.

En relación con la finalidad legítima de la norma, esta se vincula con la
protección de la libertad de expresión, un derecho fundamental que constituye
un “requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad
democrática” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Antecedentes e
Interpretación de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión). Tal
y como se señalaba previamente, el precepto legal impugnado busca armonizar
el derecho a la honra y el derecho a la libertad de expresión. Al respecto, esta
Magistratura ha sostenido que “el derecho a la honra y al honor no es un derecho
absoluto. Su protección admite límites, muchos de los cuales se relacionan con la
libertad de expresión y los deberes de tolerancia y crítica que implica la vida en
sociedad” (STC Rol N° 1.463-09, c. 15°. En el mismo sentido STC Roles N° 2.071-11,
c 10°; y 2.237-12, c. 8°). Y ha planteado, en cuanto alcance del derecho a la
libertad de expresión, que “se comprenden las declaraciones sobre hechos y
también las meras opiniones, con independencia de si son fundadas
racionalmente o no. Su protección alcanza no sólo al contenido de las ideas, sino
también a la forma en que ellas son expresadas; las personas pueden escoger
libremente el lugar, los medios y las circunstancias para hacerlo. (Ver SCHWABE
0001328 18
UNO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO




Jürgen. Cincuenta años de jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Ediciones
Jurídicas Gustavo Ibáñez, Bogotá, 2003, p. 149” (STC Rol N° 567, considerando
34°)” (STC Rol N° 1.463, c. 17°), permitiendo inclusive que opere como causa de
justificación de imputaciones que afecten a la honra o el honor (Ibid, c. 16°).

Adicionalmente, esta Magistratura ha reconocido que existe una relación
directa entre libertad de expresión y democracia, al afirmar que la libertad de
expresión “desempeña un papel fundamental en la sociedad democrática, pues
permite el debate de ideas, el intercambio de puntos de vista, emitir y recibir
mensajes, la libre crítica, la investigación científica y el debate especulativo, la
creación artística, el diálogo sin restricción, censura ni temor y la existencia de
una opinión pública informada” (STC Rol N° 567-06, c. 32°. En el mismo sentido
STC Rol N° 2.541-13, c. 16°).

Al respecto, en un voto disidente del Ministro Gonzalo García sobre esta
misma materia, afirma que “en una interpretación conforme a la Constitución,
tal finalidad existe con creces y tiene por objeto precaver la libertad de opinión,
satisfacer mediante medios proporcionales el daño inferido por las expresiones
estimadas injuriosas y redefinir un balance de intereses que fortalezca la
dimensión democrática de la discusión pública” (STC Rol N° 2.071-11, voto de
minoría, c. 41°).

Para sostener esta interpretación, afirmará que “ante una imputación
injuriosa que causa daño, tenemos dos miradas, la del sujeto hipotéticamente
injuriador y la de la persona teóricamente injuriada. La norma civil establece una
regla de conciliación entre la honra y la libertad de expresión, pero
desequilibrando la relación en pro de esta última. La persona injuriada debe
probar que se le produjo un daño para acceder a la indemnización, es decir, una
indemnización bajo parámetros objetivos de perjuicio económico. En cambio, por
otro lado, la hipótesis legal excluyó la posibilidad de la indemnización por daño
moral en razón de que su apreciación está radicada en los parámetros del juez
que conoce la causa de responsabilidad extracontractual, por lo que indemnizar
este daño se transforma, siguiendo a Owen Fiss., en un “efecto silenciador de la
libertad de expresión”. (Fiss, Owen, “La ironía de la libertad de expresión”,
Barcelona, Editorial Gedisa, 1999, p. 45)” (Ibid., c. 39°).

A mayor abundamiento, “si aceptáramos una tesis hipotética de que debe
concurrir la indemnización por el daño moral en el artículo 2.331 y por ende su
ausencia es contraria a la Constitución, estaríamos produciendo un efecto
inhibidor directo o indirecto de la libertad de expresión, afectando el núcleo
indisponible del artículo 19 N° 12°, pero comparándolo con un elemento (la
indemnización por daño moral) que no pertenece al núcleo indisponible del
derecho a la honra. El sujeto, enfrentado a la disyuntiva de opinar e informar, se
encuentra ante dos elementos concurrentes, el amparo que le otorga la libertad de
expresión del artículo 19 N° 12° y la norma del artículo 2.331. Así las cosas, la
0001329 19
UNO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE




democracia y la libertad tienen un sistema normativo coherente a favor de la
libertad de opinión” (Ibid., c. 40°).

Esto es particularmente relevante a juicio de esta Ministra, pues, el
principio democrático que inspira nuestro sistema jurídico debe “dejar la
mayor amplitud posible a la libertad de expresión” de modo tal de asegurar “el
mayor espacio posible a la tolerancia en el debate de ideas” (BALBONTÍN GALLO,
Cristóbal y MALDONADO CARVAJAL, Alejandra (2019): Libertad de expresión,
derecho a la información y medios de comunicación. Legal Publishing, Santiago,
p. 294). De forma tal, que la intervención estatal se basa “en la idea de que la
integridad del discurso público -que asegure que el público escuche todo lo que
debe escuchar- es un fin permisible del Estado” (FISS, Owen (1996): “El efecto
silenciador de la libertad de expresión”. Isonomía: Revista de Teoría y Filosofía
del Derecho Nº 4, p. 22).

En cuanto a la adecuación de la medida dispuesta en la norma
impugnada, es posible sostener que la restricción de la indemnización del daño
moral por imputaciones injuriosas es idónea para evitar un efecto disuasivo o
inhibidor -indirecto- de la libertad de expresión, que pueda lesionar el núcleo
indisponible del derecho reconocido en el artículo 19, numeral 12°, de la
Constitución.

Al respecto, resulta ilustrativo el argumento planteado por el requirente,
quien fundamenta su pretensión en el carácter preventivo de la indemnización
de perjuicios y su potencial disuasivo, al sostener que “no es posible desconocer
que la indemnización como reparación dentro del estatuto de responsabilidad
civil, cumple (1) una función de prevención, en cuanto los costos patrimoniales de
cometer un ilícito evitan o previenen que las personas incurran en dichas
conductas, y además (2) una función de justicia retributiva cuya base es la
infracción del deber de respeto hacia los demás, en otras palabras, el autor del
daño es responsable porque ha causado un daño que le es imputable a título de
culpa o dolo. Resulta evidente, que la exclusión de resarcir las afectaciones a la
honra, no sólo afectan el logro de las mencionadas funciones, sino que además,
puede generar un incentivo a la comisión de dichos ilícitos, al dejar sin protección
real el derecho a la honra.” (fojas 11). Pues bien, como se ha razonado, es
justamente aquel efecto silenciador el que se quiere evitar, a fin de garantizar
tanto la dimensión individual, como la dimensión colectiva de la libertad de
expresión y, en definitiva, el principio democrático reconocido en el artículo 4
de la Constitución.

En relación con esto último, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos ha señalado que “la libertad de expresión, particularmente en asuntos
de interés público, ´es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad
democrática´. Así, este derecho no sólo debe garantizarse en lo que respecta a la
difusión de información o ideas que son recibidas favorablemente o consideradas
0001330 20
UNO MIL TRESCIENTOS TREINTA




como inofensivas o indiferentes, sino también en lo que toca a las que resultan
ingratas para el Estado o cualquier sector de la población. De esta forma,
cualquier condición, restricción o sanción en esta materia deben ser
proporcionales al fin legítimo que se persigue; pues, sin una efectiva garantía de la
libertad de expresión, se debilita el sistema democrático y sufren quebranto el
pluralismo y la tolerancia; los mecanismos de control y denuncia ciudadana
pueden volverse inoperantes y, en definitiva, se crea un campo fértil para que
arraiguen sistemas autoritarios” (Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Caso Baraona Bray vs. Chile. Sentencia de 24 de noviembre de 2022, párr. 88).

En lo que respecta a la necesidad de la medida, es decir, que se trate del
medio menos lesivo para lograr su finalidad, es menester considerar que el
artículo 2.331 del Código Civil únicamente impide acceder a la indemnización
por daño moral, dejando a salvo la indemnización por daño emergente y lucro
cesante. Es decir, se trata de una restricción parcial a la reparación del daño,
que abarca exclusivamente la reparación del daño extrapatrimonial. Ello da
cuenta de que se trata de una medida eficiente, pues el legislador ha optado por
utilizar el medio menos restrictivo para dar cumplimiento al fin legítimo
perseguido. No verificándose, en consecuencia, una hipótesis de “impunidad”
como alega el requirente. Así las cosas, es posible descartar una afectación al
núcleo esencial del derecho a la honra, pues a la luz de lo razonado, el criterio ha
de ser que la restricción no impida toda forma de reparación o, dicho de otro
modo, lo constitucionalmente prohibido es que no se permita ningún tipo de
reparación frente a su vulneración.

Al respecto, asimismo, resulta ilustrativo que el inciso tercero del
artículo 19, número 12, del texto constitucional haya incluso consagrado el
derecho de rectificación o respuesta para las personas naturales o jurídicas
ofendidas o injustamente aludidas por algún medio de comunicación social, ya
que da cuenta del interés de buscar medios alternativos de reparación, de
carácter extrapatrimonial.

A mayor abundamiento, desde una perspectiva sistemática, además, es
posible concluir, a propósito del tratamiento de las indemnizaciones por causa
de expropiación -en el artículo 19, número 24, inciso tercero, de la Constitución-,
que el propio texto constitucional admite la posibilidad de restringir el acceso a
la reparación por daño moral, luego de efectuar una ponderación con otros los
bienes constitucionales relevantes (en este caso, la utilidad pública o el interés
nacional).

En cuanto a la proporcionalidad en sentido estricto, es relevante
considerar que la indemnización del daño producido por imputaciones
injuriosas se enmarca en lo que la doctrina ha denominado “responsabilidades
ulteriores”, consistentes en las responsabilidades que nacen ex post del ejercicio
de las libertades de expresión, opinión e información (Op. Cit., BALBONTÍN GALLO
0001331 21
UNO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO




, Cristóbal y MALDONADO CARVAJAL, Alejandra, p. 281) -que surge a propósito de la
prohibición de la censura previa-. Dicha categoría se encuentra recogida en el
artículo 13.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que señala
que el ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar
sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los
derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad
nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

Sobre dicha disposición, la Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado
que “[l]a imposición de restricciones a la libertad de expresión sólo admite
responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley
donde los fines que se persiguen sean legítimos, y los fundamentos para establecer
la responsabilidad sean necesarios para asegurar el fin que se procura” (Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. Antecedentes e Interpretación de la
Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión), criterio consistente con
lo sostenido por la Comisión ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, conforme la cual “[l]a restricción de la posibilidad de establecer
responsabilidades ulteriores se dispone como garantía de la libertad de expresión
evitando que ciertas personas, grupos, ideas o medios de expresión queden a
priori excluidos del debate público” (Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Caso Olmedo Bustos y Otros vs. Chile. Sentencia de 5 de Febrero de
2001, párr. 61e).

Por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
señalado que la CADH “en su artículo 13.2, prevé la posibilidad de establecer
restricciones a la libertad de expresión, que se manifiestan a través de la
aplicación de responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de este
derecho, las cuales no deben de modo alguno limitar, más allá de lo estrictamente
necesario, el alcance pleno de la libertad de expresión y convertirse en un
mecanismo directo o indirecto de censura previa. Para poder determinar
responsabilidades ulteriores es necesario que se cumplan tres requisitos, a saber:
1) deben estar expresamente fijadas por la ley; 2) deben estar destinadas a
proteger ya sea los derechos o la reputación de los demás, o la protección de la
seguridad nacional, el orden público o la salud o moral pública; y 3) deben ser
necesarias en una sociedad democrática” (Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004,
párr. 120), agregándose posteriormente que “la restricción debe ser
proporcionada al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese
objetivo, interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo ejercicio del
derecho a la libertad de expresión” (párr. 123).
0001332 22
UNO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS




Ello sin duda orienta la labor interpretativa que ha de efectuarse de la
norma impugnada, pues la habilitación al legislador consagrada en el artículo
19, número 12, inciso primero, de la Constitución, para determinar de qué
manera ha de responderse de los delitos y abusos que se comentan en ejercicio
de esas libertades, debe interpretarse a la luz carácter restrictivo de las
respuestas ulteriores.

En este orden de ideas, atendida la finalidad legítima que persigue el
artículo 2.331 del Código Civil, y dada la existencia de una habilitación
constitucional dirigida al legislador para regular las respuestas ulteriores y el
carácter restrictivo de aquellas, es posible concluir que los beneficios que se
obtienen con la medida son mayores al grado de afectación del derecho a la
honra, que -como ya se ha dicho- no alcanza a transgredir sus elementos
consustanciales, resultando idónea y necesaria.

13°. Que, atendido lo expuesto, la alegación del requirente referida a un
supuesto atentado en contra de la garantía de integridad psíquica prevista en el
numeral 1 del artículo 19 de la Constitución también debe ser desechada, en la
medida que el libelo la vincula directamente con la infracción del derecho a la
honra alegada. En efecto, se expone que “al ser infringido el derecho al honor
-como se expuso- por la aplicación de la norma requerida, necesariamente se
atenta contra la integridad psíquica de las personas. En tal orden de ideas, no es
posible desconocer, que la transgresión de la honra y renombre de las personas,
como derecho relacional y de la sociabilidad, acarrea un menoscabo moral,
espiritual y psíquico del ser (persona) frente al desprestigio y repudio social”
(fojas 12), lo que, conforme se desarrolló latamente en los considerandos
precedentes, no se verifica en este caso.

III. EL DERECHO A LA IGUALDAD ANTE LA LEY

14°. En cuanto a las alegaciones sobre el derecho a la igualdad ante la ley,
refiere el actor que éste se vería infringido por cuanto el artículo 2.331 del
Código Civil “consagra una diferencia de trato arbitraria -en contravención a
nuestra Carta Fundamental- sobre la procedencia de la reparación del daño
moral. En concreto, la citada norma impide la indemnización con ocasión de
imputaciones injuriosas contra el honor o el crédito de una persona, siendo que
otras disposiciones legales sí permiten la reparación del daño moral sufrido por el
afectado” (fojas 14), agregando que, asimismo, “se vulnera el principio de
proporcionalidad, dado que, frente al daño ocasionado, el ordenamiento jurídico
no reacciona en absoluto, llevando al injusto que sean las víctimas sean quienes
deben soportar el daño sufrido, sin verse el victimario compelido a resarcir el
daño” (Ibíd.). Para fundamentar su planteamiento, el requirente señala que “[e]l
Art. 40 de la Ley 19.733, dispone que en el caso de los delitos de injuria o calumnia
cometidos en un medio de comunicación social hay derecho para exigir la
reparación del daño moral. En cambio, la víctima del mismo atentado, en el
0001333 23
UNO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES




mismo tenor, pero cometido por otra clase de medio -como en el presente caso,
una falsa denuncia ante el empleador- y no uno de comunicación social, no tendría
derecho a reparación” (fojas 14).

Al respecto, cabe apuntar que el tratamiento diferenciado denunciado
por el requirente no reviste un carácter arbitrario. Las aseveraciones
transcritas desconocen que una aproximación a la igualdad ante la ley supone
un juicio relacional que, como primer paso, requiere identificar un parámetro
de comparación entre dos sujetos “que demuestre la exigencia de igualdad, que
construya con precisión la situación jurídica de quien se considera discriminado y
que se verifique los términos de dicha comparación” (STC Roles N° 2702-14, c. 9°, y
15.489-24, c. 5°. En un sentido similar, STC Roles N° 2921-15, c. 14° y 3028-16, c.
14°). De ahí que, de manera preliminar, resulta imprescindible constatar una
diferencia de trato entre dos situaciones que sean efectivamente comparables.

No obstante, en el presente caso, por un lado, se esgrime como parámetro
de comparación la regulación contenida en la Ley N° 19.733 sobre libertades de
opinión e información y ejercicio del periodismo, estatuto que prescribe una
regulación específica del ejercicio del periodismo y del funcionamiento de
medios de comunicación social, que incluye derechos, deberes y un régimen de
responsabilidad especial. Por ello, la alegación del requirente no resulta
jurídicamente atendible, al pretender una homologación entre figuras que
resultan esencialmente distintas, lo que incluso tiene su reconocimiento a nivel
constitucional, al establecer un tratamiento particular para los medios de
comunicación social en el numeral 12 del artículo 19 de la Constitución, el cual,
como ya se señaló, reconoce el derecho de toda persona, natural o jurídica, que
sea ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación social a
obtener una declaración o rectificación gratuitamente difundida.

Adicionalmente, para sustentar la alegada vulneración del derecho a la
igualdad ante la ley, el requirente hace referencia a los “otros delitos y
cuasidelitos” regulados en el Título XXXV del Libro IV del Código Civil. Sobre el
particular, sostiene que la norma impugnada vulnera la referida garantía
constitucional, ya que “ocasión del delito de injurias contra el honor o el crédito
de una persona y los otros delitos y cuasidelitos establecidos en el Libro IV, Título
XXXV, del Código Civil, estos sí permiten la reparación del daño moral sufrido por
el afectado” (fojas 14). Al respecto, esta Ministra considera que, además de
exponerse la comparación en términos abstractos y genéricos, dicha
aproximación obvia que la tipificación de ilícitos civiles –así como también
ocurre en el caso de los ilícitos penales– responde a diversos criterios, tales
como la relevancia del bien jurídico protegido o la gravedad de la conducta, sin
que el lugar en el que se codifiquen sea, necesariamente, determinante para
estos efectos. En este sentido, se incurre en el mismo problema ya anotado, en
cuanto a comparar situaciones inherentemente diversas, por ejemplo, el delito
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UNO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO




o cuasidelito cometido por un ebrio (artículo 2318), el daño causado por la ruina
de un edificio que proviniere de un vicio de construcción (artículo 2324) o aquel
causado por un animal fiero (artículo 2327) –todos previstos en el Título XXXV
del Libro IV del Código Civil– con las imputaciones injuriosas a las que alude el
precepto legal impugnado en estos autos, por el solo hecho de encontrarse
regulados en un mismo cuerpo normativo.

Tal como lo ha señalado anteriormente esta Magistratura, “no resulta
procedente la comparación en los términos en que la formula la requirente para
examinar el juicio de igualdad, puesto que las dos situaciones que compara (…), no
son susceptibles de ser homologadas (…) pues se trata de instituciones diversas.”
(STC Rol N° 14.938-23, c. 20°).

15°. Que, finalmente, también debe desestimarse la alegada vulneración
al artículo 19, número 26, de la Constitución, en la medida que no se configura la
infracción de ninguna de las disposiciones constitucionales invocadas por el
actor, por lo que tampoco se observa una vulneración del contenido esencial de
las mismas.

16°. Que, así las cosas, en tanto fue posible desestimar las alegaciones
vertidas por el requirente, esta Ministra estima que el presente requerimiento
de inaplicabilidad por inconstitucionalidad debió ser rechazado.



La Ministra señora MARÍA PÍA SILVA GALLINATO estuvo por rechazar el
requerimiento, haciendo suyos los considerandos 11° a 15° del voto de
disidencia, pero, además, conforme a las siguientes otras consideraciones:

1°. Don Alexis Mauricio Iracheta Marchant acciona de inaplicabilidad en contra
del artículo 2.331 del Código Civil con el objeto de que esta norma no sea
aplicada en la demanda de indemnización de perjuicios seguida ante el 24º
Juzgado Civil de Santiago, en el proceso Rol C-7004-2022. El requirente expone
que originalmente la demanda se deducía en contra de Bárbara Crisóstomo
Sepúlveda, Nicole Daniela Lobos Ibarra y Gisela Nicoll Gómez Montecino. Sin
embargo, debido a la dificultad de notificar a la primera y al avenimiento al que
llegó con la segunda, la gestión actualmente cuenta con una única demandada.
En esta se persigue resarcir el daño moral que le habría ocasionado al
requirente el actuar ilícito de la demandada, originado en presuntas denuncias
falsas de acoso sexual y maltrato laboral.

2°. El conflicto planteado por el requirente se funda, en síntesis, en que la
aplicación del artículo 2.331 del Código Civil, al excluir del resarcimiento de
daño moral en aquellos casos en que se infiera daños por imputaciones
injuriosas contra el honor o crédito de una persona, afecta las garantías
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UNO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO




constitucionales de respeto y protección de la honra y dignidad de las personas;
la integridad psíquica y la igual protección ante la ley.

3°. El derecho a la honra que la Constitución asegura a toda persona se vincula
con la “estima y respeto de la dignidad propia”, con “la buena opinión y fama
adquiridas por la virtud y el mérito”, según define el Diccionario de la Lengua
Española al vocablo “honra”. Es un derecho de carácter personalísimo, porque,
como consignan las definiciones que se han dado, deriva de la dignidad
humana. Se encuentra dentro de la categoría de los llamados “derechos de la
personalidad”, los cuales “se caracterizan por su naturaleza no patrimonial, ya
que protegen determinados atributos de la personalidad misma, básicamente
impidiendo la intromisión no consentida en los mismos de otras personas”, siendo
“derechos irrenunciables e imprescriptibles” (Diez Picazo, Luis María (2013),
Sistema de Derechos Fundamentales, Thomson Reuters, Pamplona, p. 296).

Es un derecho relacional y de la sociabilidad, que se instituye sobre la base de la
intercomunicación e interacción permanentes entre las diversas personas, “que
tiene una dimensión de heteroestima constituida por el aprecio de los demás por
nuestros actos y comportamientos verdaderos, íntegros, honrados, probos,
protegiendo la verdad e integridad de la persona y sus actos y comportamientos
sociales” (Nogueira Alcalá, Humberto (2019), Derechos fundamentales y
garantías constitucionales, 3° edición, Ed. Librotecnia, p. 762) . La honra es
objetiva, en el sentido de que el contenido del derecho es la buena fama o buen
nombre de las personas, pero de manera independiente del sujeto evaluador, ya
sea éste la propia persona o cualquier otra.

Es además un derecho de geometría variable e indeterminada. La objetividad
conlleva la necesidad de una apreciación en concreto de la potencial
vulneración del derecho a la honra, pues, será conforme a las particulares
características y posición social de las personas, que el contenido de la honra
variará o tendrá distintas intensidades.

5°. El artículo 19, Nº 4°, de la Carta Fundamental asegura a todas las personas:
“El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia,
y asimismo, la protección de sus datos personales. El tratamiento y protección
de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley”,
rigiéndose tal derecho por las reglas que el legislador establezca para regular y
concretizar sus contenidos.

Aun cuando el artículo 19, Nº 4° no establezca expresamente el desarrollo
legislativo del derecho, por aplicación de la regla general del artículo 63, Nº 20°,
su regulación es legal. El mencionado numeral de dicha disposición expresa que
es materia de ley “toda otra norma de carácter general y obligatoria que
estatuya las bases esenciales de un ordenamiento jurídico”, concurriendo
plenamente en ese predicamento la regulación de los derechos fundamentales,
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UNO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS




la cual no puede “afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones,
tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio” (art. 19 N° 26).

6°. Por su parte, el artículo 2.331 del Código Civil se encuentra inmerso en un
estatuto legal de normas reguladoras del denominado daño moral con relación
a la libertad de expresión, por lo que la particular restricción que dispone con
relación a su posibilidad indemnizatoria debe ser considerada únicamente
como una de las esferas del derecho a la honra y, en esta área, la de la
responsabilidad extracontractual, el legislador la excluyó de tal indemnización.

7°. Se debe distinguir entre el contenido esencial del derecho y los efectos
concurrentes, externos y facultativos de la honra. La indemnización por la
vulneración del derecho está dispuesta en el estatuto de regulación legal pero
no como regla constitucional, por cuanto se instituye como un elemento
adicional del derecho, que no es de su esencia. El derecho al buen nombre, a la
reputación, constituye el elemento basal para poder distinguir este derecho de
otros, pero no la indemnización patrimonial por daño moral.

En consecuencia, es un error considerar como premisa irredargüible que toda
vulneración de este derecho fundamental, y de cualquier otro, da derecho a una
indemnización. Esa interpretación no es correcta, pues confunde el contenido
constitucional del derecho con los efectos pecuniarios posibles de su
vulneración. Como dice el profesor Nogueira, “la vulneración de la honra de una
persona en cuanto derecho de carácter personalísimo, genera un menoscabo
moral, el cual muchas veces no va unida a una afectación de naturaleza
patrimonial” (Nogueira Alcalá, Humberto (2019), ob. cit. p. 764).

¿Puede conllevar la vulneración de los derechos fundamentales una
indemnización? Sí, en los casos que el constituyente lo define y, adicionalmente,
para los demás intereses subjetivamente protegidos, sólo si el legislador, en la
regulación concreta de los derechos, la dispone. En caso contrario, la afirmación
únicamente sería válida si consideramos que es constitutivo de los elementos
definitorios de un derecho la indemnización en caso de su afectación. Tomemos
como ejemplo la diferencia entre el límite y la privación de la propiedad
(artículo 19, numeral 24°). Para el constituyente, limitar la propiedad no da
derecho a indemnización, en cambio las privaciones sólo se pueden llevar a
cabo por medio de la expropiación y ésta da lugar a indemnización. ¿Qué nos
refleja lo anterior? Que en el derecho de propiedad la indemnización no es
nuclear al derecho, por cuanto ésta puede o no concurrir según lo determine el
grado de afectación al propio derecho, en términos que si los elementos
sustanciales de la propiedad se mantienen incólumes (uso, goce y disposición),
la indemnización no es procedente.

En el caso de la norma cuestionada, pese a la exclusión de la facultad
indemnizatoria en el caso de responsabilidad extracontractual, el derecho a la
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UNO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE




honra sigue existiendo en todos sus elementos esenciales, y solo se ve limitado
en pro de una conciliación constitucional con la libertad de expresión.

8°. Como sostiene Carmen Domínguez Hidalgo, “concluir que el principio de
reparación integral tiene, por ejemplo, rango constitucional, lo hará erigirse
como un verdadero límite al legislador; mientras que si se concluye que su valor
normativo es similar al de una ley común, el principio sería plenamente disponible
e incluso derogable” (Domínguez Hidalgo, Carmen (2019), “Contenido del
principio de reparación integral del daño: algunas consecuencias, en especial
para el daño moral”, en Domínguez, Carmen (editora) El principio de reparación
integral en sus contornos actuales”, Thomson Reuters, p. 136). Tal autora, si bien
reconoce que en esta materia no existe una opinión uniforme entre las distintas
cortes y tribunales constitucionales del mundo, afirma que “el principio de
reparación integral de todo daño -sea material o moral- que la legislación civil
reconoce forma parte del contenido de la reparación y, en tal sentido, se le impone
al legislador -cuando es procedente- pero que ello no implica que no puedan
establecerse límites o atenuaciones al mismo siempre que existan razones
fundadas”(Domínguez, Carmen (2019), ob. cit. p. 138).

9°. Por lo tanto, no puede confundirse el contenido de un derecho con los efectos
pecuniarios que provengan de su vulneración, que es lo que propone el
requerimiento de autos, siendo perfectamente compatible con tal derecho que
se impongan límites a tales efectos reparatorios de carácter pecuniario.

La indemnización únicamente está dispuesta para la afectación de algunos
derechos fundamentales, de manera que, a priori, no toda vulneración da lugar
a indemnización, al menos a nivel constitucional. Además, dentro de los
derechos fundamentales que contemplan la indemnización, no todo el
contenido constitucional del derecho da lugar a ella.

10°. Aquello ocurre con determinados derechos que tienen contemplado un
estatuto especial de indemnización: por ejemplo, el artículo 19, numeral 7°,
sobre libertad personal y seguridad individual, al establecer la llamada
indemnización por error judicial; o el artículo 19, numeral 24°, al normar la
expropiación, entre otros.

Asimismo, hay reglas propias de la indemnización por la responsabilidad
extracontractual general del Estado. El artículo 38 constitucional, en su inciso
segundo, dispone la regla general de la indemnización por responsabilidad
extracontractual del Estado.

11°. Si la Constitución Política de la República no contempla una regla general
de indemnización por daños, ¿cómo se tutelará el derecho a la honra a nivel
constitucional sin un baremo específico que lo proteja? Para el constituyente,
únicamente determinadas acciones vulneradoras de derechos dan derecho a
indemnización, es decir, el estatuto constitucional del daño es excepcional,
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UNO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO




estricto y regulado expresamente. Será en aquellos casos en que se deberá
probar el hecho que da lugar a la indemnización o el estatuto jurídico de
imputación de responsabilidad, según corresponda.

12°. El precepto legal impugnado contiene, conforme a lo que este Tribunal ha
señalado en ocasiones anteriores, “dos normas que regulan la procedencia de la
indemnización por el daño ocasionado por imputaciones injuriosas contra el
honor o el crédito de una persona. La primera de ellas establece la imposibilidad
de demandar indemnización pecuniaria, a menos que se pruebe daño
emergente o lucro cesante; la segunda consagra lo que la doctrina denomina
exceptio veritatis, señalando que ni aun en ese caso habrá lugar a la
indemnización de daño por imputaciones injuriosas si se prueba la veracidad
de las mismas” (STC Rol N° 2237-12).

13°. Por lo mismo, la Constitución no agota los mecanismos de protección de la
honra en la conversión a dinero de las sanciones morales. La naturaleza del
bien jurídico se revela mejor protegida cuando, por ejemplo, se obtiene una
rectificación gratuitamente difundida, como es la establecida en el artículo 19,
numeral 12°, inciso tercero, de la Constitución. O cuando hay derecho a réplica
para volver a situar las cosas en su lugar, o cuando dentro de las providencias
que se juzguen necesarias, en el marco de un recurso de protección, existan los
reconocimientos simbólicos a la dignidad dañada.

14°. La supuesta lesión de derechos no se resuelve con el pago, ya que sería
sencillo que las vulneraciones de derechos fundamentales fueran susceptibles
de tarifas frente a su vulneración. Esa mirada del derecho es la consagración de
la ley del más fuerte llevada al plano de los costos. No habría garantía efectiva
de derechos frente a tal dependencia del dinero. Todo lo cual no impide que
deban sortearse cobros eventuales que el legislador autorice en función de la
lesión específica que se identifique expresamente.

15°. Asimismo, en el ámbito penal se ofrece un conjunto de oportunidades para
reivindicar la dimensión moral dañada: mediante la publicación destacada de
la sentencia con cargo al infamante, a través de un acto de conciliación como
instancia previa a sentencia o por medio de medidas cautelares o ejerciendo el
derecho de rectificación que ya mencionamos. Estos son los mecanismos
naturales de la protección del derecho.

Lo anterior se corrobora por la actitud que el mismo requirente ha observado
en la gestión pendiente, pues según consta a fojas 165 de este expediente
constitucional el actor celebró un avenimiento con una de las tres demandadas,
siendo aprobado por el Tribunal a quo con fecha 16 de octubre de 2024. En dicho
documento consta que Lobos Ibarra pidió disculpas públicas por denunciar
falsamente al requirente y, este último, aceptó expresamente las disculpas
desistiéndose de la acción indemnizatoria deducida respecto de ella.
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UNO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE




Redactó la sentencia el Ministro señor MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ; y las
disidencias, las Ministras señoras CATALINA LAGOS TSCHORNE y MARÍA PÍA SILVA
GALLINATO.



Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N° 15.533-24 INA.

Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida
Fecha: 11/08/2025



María Pía Silva Gallinato Miguel Angel Fernández González
Fecha: 08/08/2025 Fecha: 08/08/2025



Raúl Eduardo Mera Muñoz Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 08/08/2025 Fecha: 08/08/2025



Héctor Antonio Mery Romero
Fecha: 08/08/2025



Alejandra Precht Rorris Mario René Gómez Montoya
Fecha: 08/08/2025 Fecha: 08/08/2025


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta
Subrogante, Ministra señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida, y por sus Ministros
señora María Pía Silva Gallinato, señor Miguel Ángel Fernández González, señor
Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne, señor
Héctor Mery Romero, señora Marcela Inés Peredo Rojas, señora Alejandra
Precht Rorris y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario del Tribunal Constitucional, señor Sebastián López
Magnasco.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 11/08/2025




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