INA-STC

Texto completo

divo Huinlay (exa

Santiago, siete de diciembre de dos mil diez.
VISTOS:

Con fecha 2 de diciembre de 2009, CICSA INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN LIMITADA, representada por José Luis Rojas
Rivera y Fernando Ramírez Delgadillo, solicita la
declaración de ¡inaplicabilidad por inconstitucionalidad
de las partes que indica del artículo 4” de la Ley N.?
19.983, que regula la transferencia y otorga mérito
ejecutivo a la factura, en su texto modificado por la Ley

N* 20.323.

Las normas cuya aplicación se reprocha de

inconstitucionalidad disponen:

“Artículo 4%.- La copia de la factura señalada en el
artículo 1%, quedará apta para su cesión al reunir las

siguientes condiciones:

a) Que haya sido emitida de conformidad a las normas
que rijan la emisión de la factura original, incluyendo

en su cuerpo en forma destacada la mención "cedible", y

b) Que en la misma conste el recibo de las
mercaderías entregadas o del servicio prestado, con
indicación del recinto y fecha de la entrega o de la
prestación del servicio y del nombre completo, rol único
tributario y domicilio del comprador o beneficiario del
servicio e identificación de la persona que recibe, más
la firma de este último. En el evento que se omitiere
consignar en el acto de recibo el nombre completo, rol
único tributario o) domicilio del comprador O
beneficiario del servicio, se presumirá que son los que
se consignan en la factura. Si se omitiere consignar el
recinto de entrega, se presumirá entregado en el
domicilio del comprador oO beneficiario del servicio

señalado en la factura.

En caso de que en la copia de la factura no conste
el recibo mencionado, sólo será cedible cuando se

acompañe una copia de la guía o guías de despacho emitida

N

Y
>
e
S

Y

v

SECRETARIA

dinceto hinla y tio, (233)

o emitidas de conformidad a la ley, en las que conste el
recibo correspondiente. Para estos efectos, el emisor de
la guía o guías de despacho deberá extender una copia
adicional a las que la ley exige, con la mención "cedible

con su factura".”

Para los efectos previstos en la letra b) y en el
inciso anterior, se presume que representa al comprador o
beneficiario del servicio la persona adulta que reciba a
su nombre los bienes adquiridos o los servicios

prestados.

Se prohíbe todo acuerdo, convenio, estipulación o
actuación de cualquier naturaleza que limite, restrinja o
prohíba la libre circulación de un crédito que conste en
una factura. Asimismo, queda prohibida la retención,
destrucción, inutilización u ocultamiento de la copia
cedible de la factura, así como la no entrega del recibo
señalado en la letra c) del artículo 5%. En caso de
infracción, el juzgado de policía local correspondiente
al domicilio del infractor aplicará una indemnización en
favor del requirente, por el monto equivalente a dos y
hasta cinco veces el valor de la o las facturas objeto de
la infracción. El propio afectado, cualquier interesado,
y las asociaciones gremiales u otras que representen a
empresarios de cualquier tipo, siempre que gocen de
personalidad jurídica, podrán incoar la acción judicial
tendiente a la aplicación de esta sanción, la que será
conocida por el tribunal conforme a las disposiciones de
la ley N”* 18.287. Para efectos de la percepción de la
indemnización, el afectado requirente preferirá a
cualquier interesado y éste, si tuviera interés económico
comprometido previo al reclamo, a las referidas

asociaciones.”
En síntesis, se impugna en el caso sub lite:

a) La presunción de representación del deudor por
parte de quién recibe las mercaderías o las facturas en

que consta la prestación de servicios
dincionto Beivta , tucito (234)

3

b) La sanción por la no entrega de recibo de las

mercaderías o servicios al momento del recibo de la
factura

c) El monto de la indemnización por dicha

conducta, de dos a cinco veces el monto de la factura.

La gestión pendiente ante tribunal ordinario o
especial que invoca la parte requirente es el proceso Rol
N.?* 12.101-1 del Juzgado de Policía Local de Quilicura,
caratulado “SOCIEDAD QUALITY FIBER con CICSA INGENIERÍA”,
actualmente en apelación de sentencia definitiva ante la

Corte de Apelaciones de Santiago, ROL N:”? 10.803-2009.

Sostiene la requirente que ha sido condenada, en
primera instancia, a pagar una suma superior a los dos
mil ochocientos millones de pesos porque una persona

adulta de la guardia externa de su empresa, cuyo nombre

no consta y además Carente de mandato alguno, se negó a
dar el recibo que señalan los preceptos impugnados,
respecto de facturas emitidas por la empresa QUALITY
FIBER, demandante en el proceso invocado y requerida en

estos autos.

Señala que la Ley N” 19.983 buscó dar mérito
ejecutivo y hacer transferible la denominada “cuarta
copia de la factura”, teniendo presentes los debidos
resguardos respecto del deudor, evitando así
falsificaciones y fraudes en su contra, pero que tras la
ocurrencia de ciertas prácticas destinadas a no
configurar el título ejecutivo, fue modificada por la Ley
N* 20.323, que alteró toda la lógica y armonía del

sistema.

En efecto, el texto original de la Ley N”* 19.983
establecía de manera clara la participación del deudor en
el perfeccionamiento del título habilitante, ya que para
tener dicha aptitud ejecutiva la cuarta copia de la

factura, debía:
dencalo, Bicinade y tíneo (235)

1) Constar en la misma factura el recibo de las
mercaderías, con los requisitos de la letra b) del

artículo 4 del mismo cuerpo legal,
2) Exigirse la notificación judicial, y

3) Conferirse por parte del tribunal el plazo de
tres días para reclamar de su contenido *o invocar su
falsedad, lo que obedece a la necesidad de evitar fraudes

y a razones de seguridad jurídica.

Así, señala la requirente, quedaron tres
oportunidades para ¡impugnar la factura en el texto

original de la ley:
a) Al momento mismo de recibirla;

b) Dentro de los ocho días siguientes según las
normas generales del Código de Comercio, o en el plazo

acordado por las partes, y

c) En el plazo de tres días contados desde la

notificación judicial.

El derecho a la defensa estaba “garantizado, el
deudor participaba de la configuración del título
ejecutivo pues quien no otorgaba un recibo de conformidad

no se arriesgaba a ser ejecutado, ni tampoco podían ser

cedidas sus facturas en calidad de títulos de crédito.

Por otra parte, la eventual objeción de las facturas
se fundaba, usualmente, en el hecho de no ser efectivo lo
consignado en ella en cuanto a la entrega, los bienes que
en ella se detallaban o bien los servicios prestados, por
lo cual resulta obvio que en casos de objeción no debía
entregarse dicho recibo que daba cuenta de la recepción

conforme.

Así, el legislador dejó protegido al deudor frente
al fraude y a maniobras en su perjuicio, pues había
defensa suficiente y al no entregarse el recibo no podía

ser ejecutado.

Sin embargo, tras la ocurrencia de prácticas

tendientes a destruir la cuarta copia de la factura,
SECRETARIA

impedir “su configuración como título ejecutivo e
inhabilitar a su posterior cesión, se dictó la Ley N?
20.323, que introdujo una serie de modificaciones, para
asegurar su carácter cedibile y su fuerza ejecutiva. Entre
las reformas de dicho cuerpo legal se encuentra, según la
requirente, el deber de dar recibo a todo evento y, por
otro lado, el castigo consistente en una Cuantiosa
indemnización por negarse a hacerlo. Argumenta que de esa
forma se ha cercenado el derecho a defensa, pues siempre,
y sin que sea relevante la voluntad del receptor ni la
existencia de los servicios, debe otorgarse el recibo,
sea real o falsa la factura o lo consignado en ella y, en
caso que no se dé, procederá siempre la indemnización por

incumplir dicha obligación de fuente legal.

En el mismo sentido expresa que la obligación de
otorgar recibo a todo evento mes, por definición,
incompatible con el derecho a la reclamación posterior de
la factura, ya que en él debe constar la recepción
efectiva de los bienes Oo servicios, lo que, en la
práctica, hace imposible la posibilidad de una objeción
por motivos de falsedad o no entrega de los bienes o por
no haberse prestado los servicios, sobre todo si la
normativa de la Ley N” 20.323 no contenía ninguna norma
expresa que dejara a salvo la objeción a las
contradicciones conceptuales que se generan frente a la
obligación de dar recibo siempre bajo sanción de

indemnizar, aun cuando se verifique el fraude.

Es por lo anterior que concluye que la Ley N* 20.323
enervó e hizo imposible, por contradictoria
conceptualmente, toda reclamación de una factura con

posterioridad a la entrega del recibo forzoso.

Señala que, a consecuencia de la imposibilidad de
objetar, se ignoran las reglas básicas del derecho al
emplazamiento, al atribuir el legislador graves efectos
patrimoniales a la omisión de entregar recibo por parte
de un presunto representante de la contraparte de la

relación jurídica.
lenciando Junta, y pate Q3>)

6

Por todo lo anterior, y omitidas las garantías que
originalmente tenía el deudor en el texto de la Ley N”
19.983, considera que, de manera sobrevenida, la muy
calificada y excepcional presunción de representación del
deudor, establecida por la preceptiva impugnada, ha
pasado a ser inconstitucional, porque ahora es posible
configurar unilateralmente una cuantiosa indemnización,
sin participación del deudor, sin que sea modificable por
un tribunal y todo ello a causa de la negativa a dar
recibo por parte de quién en realidad no representa al

receptor de las facturas.

Así, se hizo irracional, ininteligible e imposible
conceptualmente la reclamación posterior de cualquier
factura, ya que se obligó a entregar una declaración de
recepción conforme a todo evento y por otra parte, la Ley

N* 20.323 no introdujo norma alguna que, a pesar de la

obligación de dar recibo, dejara a salvo de manera
expresa el derecho de reclamar judicialmente acerca del

contenido de la factura.

Agrega que además, a consecuencia de dichas
reformas, se rebajó la categoría del juez que debe
resolver los conflictos jurídicos derivados de la
factura, ya que ahora estos temas se ventilan en sede de
Policía Local, en el proceso de denuncia y solicitud de
indemnización, mientras que antes de la dictación de la
Ley N” 20.323, cualquier objeción que se formulara acerca
de una factura se ventilaba en sede civil, en el marco de
la gestión preparatoria de la vía ejecutiva, con motivo
del plazo de tres días que se estableció a dicho efecto.
En este sentido, agrega que en el texto original de la
Ley, los Jueces de Policía local sólo conocían de
denuncias por no entregar recibo de la factura, actuando

sólo a requerimiento del Servicio de Impuestos Internos.

Además de rebajarse la jerarquía del tribunal,
reitera que en la práctica el derecho a la objeción
desaparece, pues el juez se ve compelido a condenar a la

indemnización y no se puede entrar a la discusión de
obrado Euinla, y eba(235)

fondo acerca de la veracidad de la factura, tal como
ocurrió en la gestión invocada, en la cual se le condenó
a pagar el doble de lo facturado, es decir más de 2.800
millones de pesos. Apelada la sentencia, a la Corte de
Apelaciones no le corresponderá, en el caso sub lite,
otra cosa que limitarse a constatar que se produjo el
hecho de no dar recibo y consecuencialmente condenar al
pago de la indemnización a su representada, sin poder
examinar la veracidad de los servicios supuestamente

prestados.

Por todo lo anterior, considera infringidos los
estándares del racional y justo procedimiento fijados en
sentencia Rol N” 1337 de esta Magistratura, de fecha 20
de agosto de 2009, en cuanto a que la misma establece que
la legislación procesal debe estar dotada de un estándar

de densidad material mínima de racionalidad y justicia.

Por otra parte, en Cuanto a la constitucionalidad de
la indemnización, señala que en su sentencia Rol N.” 541,
esta Magistratura validó los pagos cuantiosos de este
tipo, pero siempre que se tratara de penas civiles,
verdaderas sanciones punitivas, y no de indemnizaciones
como la que contempla la preceptiva impugnada en la
presente causa, la cual no solo está desconectada del
daño, sino que además puede devengarse en beneficio de un
tercero que no tiene interés alguno en la relación
jurídica que la motiva, cuestión que califica como un
absurdo, al estar en presencia de una indemnización a
beneficio del denunciante, que puede ser no sólo el
emisor de la factura, sino un tercero e incluso

asociaciones gremiales.

Lo expuesto, a su Juicio, viola la garantía de la
igualdad ante la ley, desconociendo el margen de
apreciación que según la sentencia Rol N” 386 de este
Tribunal deben tener los jueces y también vulneraría el
principio de proporcionalidad básica Y razonable,
reconocido en la jurisprudencia de esta Magistratura

(sentencias roles Nos 1254, 755 y 790 entre otras), al
dovciemto Fi La y ueno 39)

8

omitirse la relación que debiera existir entre la
conducta y la indemnización, principio que deriva del
reconocimiento constitucional de la garantía de igualdad
ante la ley y prohibición de la discriminación
arbitraria. Señala que esta infracción a la Constitución
se produce al no haber refrendación ni posibilidad de
impugnación alguna acerca de los montos facturados,
generándose además un enriquecimiento injusto y sin

Causa.

Reiterando que se está en presencia de una
indemnización y no de una pena, considera además
vulnerado el artículo 76 en lo relativo a la exclusividad
de la jurisdicción, al obligar al juez a condenar a la
indemnización señalada, sin importar el monto de lo
facturado ni el perjuicio, privándolo del margen de

apreciación y graduación del daño, lo cual considera como

inherente a la función de juzgamiento.

Consecuencialmente, considera infringido el artículo
19, en su numeral 24”, al imponerse a su representada un
sacrificio patrimonial cuantioso sin conexión con el
perjuicio supuestamente ocasionado a quién se beneficia
con él, en un acto que no obedece a una lógica
expropiatoria ni tampoco a una limitación del derecho de
propiedad, comprometiéndolo en cuanto a su contenido
esencial asegurado en el numeral vigesimosexto del

artículo 19 de la Carta Fundamental.

Por todo lo expuesto, considera además que se ha
infringido el número 3” del artículo 19 de la
Constitución Política en lo relativo al derecho al
racional y justo procedimiento, porque la normativa
impugnada no cumple el estándar de densidad normativa
exigida por la Constitución y no permite el ejercicio del
derecho a la defensa frente a una factura fraudulenta,
permitiendo la condena a indemnizar sin que se acredite
la existencia de la obligación, todo lo cual ocurre con
el sólo acto de intimar unilateralmente una factura, por

un monto que puede ser carente de causa.
dincuto guarida (20)

Señala que los preceptos impugnados son de
aplicación decisiva, ya que la sentencia condenatoria de
primera instancia dictada en el proceso invocado como
gestión pendiente se funda en ellos, según se transcribe
a fojas 4 y 5, y que de no existir estas normas cuya
aplicación se impugna, las facturas debían ser recibidas

por el representante legal de la empresa.

Por otro lado, argumenta que declarada inaplicable
la obligación de dar recibo desaparecería la figura
sancionada y que hecho lo mismo con el quantum de la
indemnización, ésta debe regirse por las reglas
generales, que obligan a su contraparte a acreditar

perjuicios.

Agrega que la requerida le ha ocasionado gran
menoscabo patrimonial al tener que hacerse cargo de sus

deudas laborales y que además dicha empresa infringió

todo lo pactado en el contrato que las liga, acerca de la

liquidación y facturación de sus trabajos.

Por todo lo anterior solicita la requirente se tenga
por interpuesto Y se acoja el requerimiento de

inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido.

A fojas 154 se acogió a trámite la acción y a fojas
163 se dio lugar a la solicitud de suspensión del

procedimiento planteada por la parte requirente.

A fojas 167 comparece el Síndico de Quiebras señor
Francisco Javier Cuadrado Sepúlveda, en representación de
la requerida, SOCIEDAD QUALITY FIBER CONSTRUCTIONS,
haciendo presente que su representada ha sido declarada

en quiebra.

A fojas 183, la Segunda Sala de este Tribunal
declaró admisible el requerimiento deducido, en votación
dividida, confiriéndose traslado a la requerida acerca

del fondo del conflicto constitucional planteado.
olivo ecarala y eo (244)

Con fecha 19 de febrero de 2010, la requerida
formuló “sus observaciones al requerimiento deducido,

solicitando el rechazo del mismo en todas sus partes.

Argumenta, de acuerdo al voto disidente de la
resolución de admisibilidad, que el inciso final del
artículo 4” impugnado fue sometido a control preventivo,
siendo declarado orgánico y constitucional en la
sentencia Rol N.” 1270 de esta Magistratura, en cuanto
confiere una nueva atribución a los Juzgados de Policía
Local. Argumenta además haciendo suyo el voto particular
de la Ministra señora Marisol Peña Torres en dicha
sentencia, quién aludiendo a lo razonado en la sentencia
rol 426, referida al artículo 5 del primitivo texto de
la Ley N* 19.983, consideró que todo el inciso final del

artículo 4” era de carácter orgánico y constitucional.

Alude, además, al informe favorable de la Corte
Suprema sobre el proyecto de la Ley N”* 19.983, que no

contiene objeciones de constitucionalidad sobre el mismo.

En cuanto a la presunción de representación del
deudor, señala que la normativa impugnada cumple con los
estándares constitucionales del racional y justo
procedimiento fijados por esta Magistratura en su
sentencia Rol N” 478-2006, agregando que la requirente
tuvo oportunidad de ejercer todos sus derechos procesales
en la gestión invocada y que Jamás objetó por falsedad
ideológica las facturas en cuestión, por lo cual,
atendido su estado procesal, las normas impugnadas no
resultan de aplicación decisiva en la gestión pendiente
invocada, pues su defensa acerca del contenido de las
facturas debió plantearse en la oportunidad procesal

correspondiente, cuestión que ya precluyó.

Por todo lo expuesto, considera que la norma del
inciso 3”, que establece una presunción de representación
simplemente legal, que admite una prueba en contrario,
dirigida a evitar un abuso de posición dominante del

comprador de los servicios, situación que ocurrió en este
dinmceilo euaratay oo (242)

caso al negarse la requirente a pagar a su representada
lo que le adeudaba, hecho que llevó a su representada a

la quiebra.

Finalmente hace presente que el instituto del
emplazamiento se refiere a la existencia de una gestión
judicial y no a un acto propiamente de administración,
como es la recepción de las facturas, distinción que hace
inconducentes las alegaciones de la requirente acerca de

la supuesta privación de su derecho a ser emplazada.

Por todo lo anterior, solicita sea rechazado el

requerimiento en todas sus partes.
A fojas 215, se ordenó traer los autos en relación.

Por escrito y con fecha 12 de octubre, se anunciaron
para alegar, por la parte requirente, el abogado Eugenio
Evans, por 30 minutos y por la parte requerida, el

abogado Alberto Ríos, por igual lapso de tiempo.

Con fecha 14 de octubre de 2010 se realizó la vista

de la causa, quedando la misma en estado de acuerdo.
CONSIDERANDO:

I. IDENTIFICACIÓN DEL CONFLICTO CONSTITUCIONAL
SOMETIDO A ESTA MAGISTRATURA.

PRIMERO: Que, de conformidad a lo previsto en el
artículo 93, incisos primero, N.” 6, y decimoprimero de
la Constitución Política de la República, según se señala
en la parte expositiva de esta sentencia, en la acción
deducida en autos se solicita la inaplicabilidad de tres
preceptos contenidos en el artículo 4” de la Ley N”
19.983, que “Regula la transferencia y otorga mérito
ejecutivo a copia de la factura”, en atención a que su
aplicación al caso específico de que se trata, resultaría
contrario a los artículos 76 y 19 numerales 2”, 24” y

3%, inciso 5”, de la Carta Fundamental;
olaa tuorsla y ho, Quz)

SEGUNDO: Que el aludido artículo 4” de la Ley N?”
19.983 (en su texto modificado por la Ley N” 20.323)

señala textualmente:

“Artículo 4%.- La copia de la factura señalada
en el artículo 1”, quedará apta para su cesión al

reunir las siguientes condiciones:

a) Que haya sido emitida de conformidad a las
normas que rijan la emisión de la factura original,
incluyendo en su cuerpo en forma destacada la

mención "cedible", y

b) Que en la misma conste el recibo de las
mercaderías entregadas o del servicio prestado, con
indicación del recinto y fecha de la entrega o de la
prestación del servicio y del nombre completo, rol
único tributario y domicilio del comprador 0

beneficiario del servicio e identificación de la

PM
SECREJARIA persona que recibe, más la firma de este último. En

el evento que se omitiere consignar en el acto de
recibo el nombre completo, rol único tributario oO
domicilio del comprador 0 beneficiario del
servicio, se presumirá que son los que se consignan
en la factura. Si se omitiere consignar el recinto
de entrega, se presumirá entregado en el domicilio
del comprador o beneficiario del servicio señalado

en la factura.

En caso de que en la copia de la factura no
conste el recibo mencionado, sólo será cedible
cuando se acompañe una copia de la guía o guías de
despacho emitida o emitidas de conformidad a la ley,
en las que conste el recibo correspondiente. Para
estos efectos, el emisor de la guía o guías de
despacho deberá extender una copia adicional a las
que la ley exige, con la mención "cedible con su

factura".

Para los efectos previstos en la letra b) y en

el inciso anterior, se presume que representa al
old tardas y tu Lio (2 44)

13

comprador o beneficiario del servicio la persona
adulta que reciba a su nombre los bienes adquiridos

o los servicios prestados.

Se prohíbe todo acuerdo, convenio, estipulación
o actuación de cualquier naturaleza que limite,
restrinja o prohíba la libre circulación de un
crédito que conste en una factura. Asimismo, queda
prohibida la retención, destrucción, inutilización u
ocultamiento de la copia cedible de la factura, asi
como la no entrega del recibo señalado en la letra
c) del artículo 5%. En caso de infracción, el
juzgado de policía local correspondiente al
domicilio del infractor aplicará una indemnización
en favor del requirente, por el monto equivalente a
dos y hasta cinco veces el valor de la olas

facturas objeto de la infracción. El propio

afectado, cualquier interesado, y las asociaciones
gremiales u otras que representen a empresarios de
cualquier tipo, siempre que gocen de personalidad
jurídica, podrán incoar la acción judicial tendiente
a la aplicación de esta sanción, la que será
conocida por el tribunal conforme a las
disposiciones de la ley N” 18.287. Para efectos de
la percepción de la indemnización, el afectado
requirente preferirá a cualquier interesado y éste,
si tuviera interés económico comprometido previo al

reclamo, a las referidas asociaciones.”;

TERCERO: Que del texto antes transcrito se reprocha
por el requirente, de manera específica, la

inconstitucionalidad de las siguientes normas:

A.-El inciso tercero del artículo 4” de la Ley
19.983, en la parte que señala que para los efectos
previstos en la letra b) del mismo artículo "..se presume
que representa al comprador o beneficiario del servicio
la persona adulta que reciba a su nombre los bienes
adquiridos o los servicios prestados”; esto es, en la

parte que hace referencia a la presunción simplemente
legal de representación del deudor por parte de quien
recibe las mercaderías o las facturas en que consta la

prestación de servicios.

B.-El inciso cuarto del mismo precepto, en la parte
que prohíbe "*..la no entrega del recibo señalado en la
letra c) del artículo 5”."“; es decir, la no entrega del
recibo de las mercaderías o servicios que al momento de
recepcionar una factura debe efectuar el comprador O

beneficiario del servicio (o su representante); y,

C.- El mismo inciso cuarto del precepto, en cuanto
dispone que: “En caso de infracción, el juzgado de
policía local correspondiente al domicilio del infractor
aplicará una indemnización en favor del requirente, por
el monto equivalente a dos y hasta cinco veces el valor

de la o las facturas objeto de la infracción.”;

CUARTO: Que la disposición cuestionada, incluidas
las normas precisas de cuya aplicación se reprocha la
inconstitucionalidad, fue objeto de control preventivo de
constitucionalidad en la sentencia rol N”* 1270 de este
Tribunal, de 2 de diciembre de 2008, que recayó en el
proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional, que
modificó la Ley N” 19.983 “con el objeto de facilitar la
factorización de facturas por pequeños y medianos
empresarios...” (considerando 1 de la sentencia

mencionada);

QUINTO: Que, con ocasión del control preventivo
obligatorio de esta norma, esta Magistratura señaló, en

el considerando 2” de su parte declarativa, lo siguiente:

“Que la disposición comprendida en el artículo
único, N* 2, letra b), del proyecto remitido, sólo
en cuanto confiere una nueva atribución a los
Juzgados de Policía Local, es orgánica

constitucional y constitucional.”

SEXTO: Que la sentencia citada se pronunció
exclusivamente sobre el carácter orgánico constitucional

del recién citado, esto es, aquél que entrega competencia
decada emJormda y nee (a ue)

15

para conocer de la controversia Jurídica entre partes al
Juzgado de Policía Local, dentro de un procedimiento de
control obligatorio y abstracto de constitucionalidad.
Por lo tanto, el objeto de dicho pronunciamiento es, por
su naturaleza, distinto al control que esta Magistratura
realiza en sede de jinaplicabilidad y recae sobre otra

parte de la misma disposición legal.
II. CONSIDERACIONES PREVIAS.

1. Cuestiones sobre las cuales el Tribunal

Constitucional no se pronunciará.

SÉPTIMO: Que, conforme a lo señalado en el
considerando anterior, cabe analizar las normas cuya
inconstitucionalidad se reprocha en su aplicación al caso
concreto, teniendo en consideración la naturaleza misma
del instituto de la inaplicabilidad. Sin embargo, con

ocasión del presente requerimiento se han hecho diversas

afirmaciones de hecho. Como es sabido, no es tarea de
esta Magistratura corregir en sede de inaplicabilidad, la
falta de diligencia que pudiera haber tenido el
solicitante o una de las partes en la gestión o juicio
pendiente, para hacer valer los derechos que le confiere

la ley.

La atribución del Tribunal se reduce a constatar si
la aplicación de los preceptos legales impugnados al caso
concreto puede producir efectos que pudieran ser
considerados contrarios a lo preceptuado por la

Constitución.

OCTAVO: Que, enseguida, esta Magistratura está
consciente de que no le corresponde, en el examen que
debe realizar de esta acción, emitir pronunciamiento
alguno respecto de las decisiones adoptadas por el
tribunal que conoció o está conociendo de la gestión, ni
en torno a las consideraciones que el juez a quo tuvo al
resolver la denuncia infraccional, por equivocadas que
éstas pudieran haber sido. Adoptar el criterio inverso

importaría atribuirse impropiamente competencias
olrucundto em.onala, q,slo (2)

16

exclusivas de la jurisdicción ordinaria. A este Tribunal
sólo le compete decidir, por mandato expreso de la
Constitución, si las normas impugnadas deben ser
declaradas inaplicables por contravenir en su aplicación
al caso una norma constitucional; aspecto que en el

examen concreto de constitucionalidad no hemos observado.
2. El régimen jurídico de la factura en el comercio.

NOVENO: Que las facturas han sido definidas por
nuestra doctrina como “documentos que deben emitir los
contribuyentes de los impuestos del D.L. N.* 825 en la
enajenación de bienes corporales muebles y/o prestación
de servicios, afectos co exentos que efectúan con
cualquier persona natural Oo jurídica que hubiese
adquirido los bienes para su reventa, uso o consumo o que

tengan la calidad de prestadores de servicios.

En cuanto a su naturaleza jurídica se trata de un
verdadero contrato escrito que justifica ingresos y
egresos y que debe ser congruente principalmente con la
caja y otros libros de contabilidad y es el título de
dominio del comprador para hacerlo valer en distintas
oportunidades.” (José Luis Zavala Ortíz. Facturas Falsas.
Editorial PuntoLlex S.A., Santiago de Chile, año 2006, pp.
33).

DÉCIMO: Que ¡una interpretación sistemática y
unitaria de la Constitución nos permite comprender que el
legislador, al facilitar por medio de la Ley N.”? 19.983,
modificada por la Ley N.” 20.323 de 29 de enero de 2009,
la libre circulación de las facturas, dotándolas de menor
rigidez y eficacia, y bajo un adecuado procedimiento ha
actuado en el ejercicio de su facultad para regular los
derechos fundamentales en los términos del artículo 19 N?

26 de la Constitución.

UNDÉCIMO: Que, en esta dirección debe entenderse el
propósito que tuvo el legislador al introducir un cambio
en las normas que regían las facturas con anterioridad a

la vigencia de la Ley N.” 19.983, de fecha 15 de
dncolo envonta yy oro (2.43)

17

diciembre de 2004, al favorecer la libre circulación de

los créditos y restar rigidez a la factura.

Consta, de la historia fidedigna del establecimiento
de la ley -como incluso reconoce el requirente- que el
legislador tuvo en cuenta, al introducir esta normativa,
tanto la necesidad de adecuar la naturaleza de la factura
a las normas sobre transferencia de créditos personales o
nominativos, como dotarla de mayor agilidad para su
cesión. Asimismo, quiso eliminar las dificultades, hasta
entonces existentes, para el cobro del importe consignado
en ellas, para lo cual le confirió mérito ejecutivo a la
cuarta copia, adoptando no sólo los resguardos necesarios
para la protección de los intereses de los involucrados
en su cesión, sino también un procedimiento claro de

reclamo contra el contenido de la misma.

De esta manera, el Informe de la Comisión Especial
de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), señaló: “Las
disposiciones legales sobre cesión de créditos personales
o nominativos, contenidas en el Código Civil, como las
normas contenidas en el Código de Comercio para la
transferencia de títulos endosables o títulos al portador
que provienen de actos de comercio, como, finalmente, las
formas de transferencia de letras de cambio y pagarés que
contiene la ley N* 18.092, no responden a la particular
naturaleza de la factura, ni a las características que
este documento ha adquirido a lo largo de años de uso en
las relaciones mercantiles.” (Informe Comisión de PYMES,

Cámara de Diputados, Boletín N* 3245-03, pág. 26.).

Justamente, la modificación legal de 2009, tuvo como
objetivo primordial dotar de eficacia al sistema
implantado en 2004. Como se consigna en el informe
respectivo de la Comisión de PYMES de la Cámara, se
sostuvo que la nueva normativa “refuerza aún más el
carácter coercitivo de la norma, señalando claramente las
prohibiciones en esta materia, y estableciendo sanciones
y procedimientos en caso de infracción. Sobre esta

materia, los Diputados presentes se manifestaron
denicalos e.crada y peca. (249

18

plenamente de acuerdo” (Informe Comisión de PYMES, Cámara

de Diputados, Boletín N” 4928-26, pág. 24).

DUODÉCIMO: Que, en atención a la naturaleza de
la factura y a la historia del establecimiento de la Ley
N.? 20.323, la Excma. Corte Suprema, a través del
recurso de Casación en el fondo, en causa caratulada
“COMERCIAL DE VALORES S.A. FACTORING CON REUTTER S.A.”,

Rol N.? 2998-2009, estimó en su momento, que:

“,. cabe tener presente que la factura, no puede
por sí misma ser asimilada a un título de crédito,
no a lo menos con las mismas características de

aquellos contemplados en la Ley N” 18.092.”

“Ello se observa -agregó- en la discusión en
torno a la Ley N” 20.323, que modificó a la Ley
N*19.983, en donde la Sra. Garretón, miembro del

Comité Jurídico de la Asociación Chilena de

Factoring, respondió a lo planteado por el Honorable
Senador señor Vásquez, en cuanto a que la factura
debiera regirse por las normas de la Ley N” 18.092.
"Al respecto precisó que la situación es bastante
diferente a la de los títulos de crédito, que son
documentos que dan cuenta de una obligación de pago,
a diferencia de la factura que, por definición, es
un documento tributario, que manifiesta la entrega
de bienes o servicios, y en el propio Código de
Comercio se establece la posibilidad del deudor de
objetar el contenido de la factura, que es también
una mención que establece la Ley N” 19.983. En la
factura hay una relación entre proveedor y cliente
que es prácticamente imposible de suprimir, y son
las excepciones derivadas de esta relación las que
dificultan la circulación de la factura". (Historia
de la ley N”* 20.323, Informe de la Comisión de

Economía).

“A mayor abundamiento, -prosiguó la sentencia-

uno de los miembros invitados en este informe
ormciato tine (25)

19

recordó a los asistentes el por qué el legislador no
asimiló la factura a los títulos de crédito, es así
que el señor De la Cerda, miembro del Comité
Jurídico de la Asociación Chilena de Factoring A.G.,
precisó que, en su momento, se optó por no
identificar la factura a los títulos de crédito, a
fin de que no quedara afecta al pago del impuesto
contenido en la Ley de Timbres y Estampillas. Igual
análisis se tuvo presente en la discusión del
proyecto de la ley N”* 19.983 (considerando octavo
del fallo)”

DECIMOTERCERO: Que el legislador, al darle eficacia
ejecutiva a las facturas y reforzar los medios que tiene
el acreedor para lograr su cobro efectivo busca amparar

que no se interrumpa una verdadera “cadena de pagos” que

” SECRETARIA existe a todo lo largo de la actividad económica
comercial. De este modo, empleando un documento de fácil
obtención - como la factura, de acuerdo a la definición
antes estudiada - se logra Justamente proteger esta

cadena de pagos.

DECIMOCUARTO: Que al regular los efectos jurídicos
de la factura el legislador ha cristalizado los usos y
las costumbres propias del comercio. Éste opera en un
ámbito de informalidad al que no pueden sin más aplicarse
las normas de derecho público, gobernadas por el
principio de legalidad. No debe olvidarse que conforme al
artículo 4” del Código del ramo, se reconoce eficacia
obligatoria a la costumbre en el silencio de la ley,
“cuando los hechos que las constituyen son uniformes,
públicos, generalmente ejecutados en la República o en
una determinada localidad, y reiterados por un largo
espacio de tiempo..”. Es así también como el legislador
(artículo 6” del Código de Comercio) señala que las
costumbres mercantiles servirán incluso de regla para
determinar el sentido de las palabras o frases técnicas
del comercio y para interpretar los actos y convenciones

mercantiles.
IiI. PRIMER ARGUMENTO DE FONDO: DEBIDO PROCESO Y DERECHO
A LA DEFENSA.

1. El derecho a la defensa.

DECIMOQUINTO: Que en el capítulo de reproche
constitucional, referido a la violación del artículo 19
N% 3%, inciso 5” de la Constitución (en relación con el
artículo “76 de la misma), se alude a la eventual
vulneración de la norma constitucional por el primero de
los preceptos impugnados, toda vez que impondría al
requirente “una obligación irresistible” que conllevaría
a “graves e irreversibles” efectos Jurídicos, al haberse
intimado unilateralmente una copia de factura a una
persona (un guardia de seguridad de la empresa) “a la que
se le pretende representación del supuesto deudor...”, sin
serlo; y a la que se consideraría responsable de no haber
entregado el recibo ordenado por la letra c) del artículo
5% de la ley 19.983. A juicio del requirente, la
aplicación del precepto produciría un efecto
inconstitucional en la gestión, en la medida que es un
deber del legislador “establecer siempre las garantías de
un procedimiento y una investigación racionales y
justos”. De esta manera, no se cumpliría con la densidad
normativa del precepto constitucional, impidiendo al
requirente el adecuado ejercicio del derecho a la defensa
frente a una factura que podría ser fraudulenta. A juicio
del requirente, el legislador coloca al juez en la
obligación de imponer una indemnización, como
consecuencia de una presunta infracción legal, sin que
sea posible a la parte acreditar la existencia de la

misma ni los perjuicios causados.

DECIMOSEXTO: Que, sin embargo, y a diferencia de
lo que señala el requirente, el legislador tuvo en vista,
durante la discusión de la ley, la necesidad de
establecer un procedimiento, hasta entonces insuficiente,
destinado a evitar que el deudor, amparándose en normas
de carácter general, retardara o incumpliera sus

obligaciones bajo el amparo de normas cuyo objetivo no se
condecía, ni con las Características, ni con la

importancia que la factura tiene en el tráfico comercial.

Para el legislador resultaba meridianamente claro
que la “densidad normativa” aplicable a la factura,
consistente en la simple aplicación de reglas generales
(artículos 434, N2 5, 435 y 436 del Código de
Procedimiento Civil y 160 del Código de Comercio) para su
cobro, no se condecía -antes de introducirse las
disposiciones hoy vigentes- ni con la naturaleza del
instrumento ni con la regulación que el propio Código de
Comercio establece para otros instrumentos similares,
como el recibo otorgado por el consignatario en la guía
de despacho que debe entregar el cargador al porteador en
el contrato de transporte, que cuenta con reglas precisas
que se ajustan a la naturaleza del contrato y a las
necesidades del comercio (artículos 166 y siguientes del
Código de Comercio). Esta disparidad producía como efecto
consecuencias extremadamente gravosas para los pequeños y
medianos empresarios que se veían regularmente sometidos
a un procedimiento que retardaba injustificadamente el
cobro de sus acreencias, sometiéndoles bajo la simple
negación de la deuda por el obligado a las vicisitudes de

un procedimiento declarativo ordinario.

La regulación establecida por el legislador tuvo
entonces una justificación racional, desde luego, al
equiparar el procedimiento de cobro de la factura con
otros procedimientos similares establecidos para
instrumentos de la misma especie. Enseguida, al proteger
los derechos de los acreedores, principalmente pequeños
Y medianos empresarios que veían frecuentemente
entorpecidas sus posibilidades de cobro con la
consiguiente afectación de sus derechos. Finalmente, la
ley analizada y su modificación, tuvo por objeto como
señalara en la discusión legislativa el Ministro
Rodríguez Grossi, fortalecer el mercado de factoring y la

circulación de las facturas.
DECIMOSÉPTIMO: Que en consecuencia, fue precisamente
la ausencia de un procedimiento adecuado, racional y
Justo, el que hacía que el deudor de la factura
“careciera de ¡incentivos adicionales para pagarla de
conformidad con lo pactado y, que, como contrapartida el
acreedor se viera en la necesidad de buscar alternativas
de liquidez diversas al pago del crédito por parte de su
deudor original, cediendo el documento a un precio
bastante inferior al que aparecía en el mismo, o al que
podría haber obtenido si la factura hubiese tenido un
procedimiento de cobro adecuado a su naturaleza.” (Cfr.

página 27 del Informe de la Comisión Especial de PYMES).

En un fallo pronunciado con fecha 28 de julio de
2010, en los autos Rol N.” 4708-09, caratulados “SOCIEDAD
FAENADORA FRIGOSUR LTDA. CON ORTEGA MERIÑO GASTON”, la
Excma. Corte Suprema hizo mención expresa, en los
siguientes términos, a la historia fidedigna de la las

disposiciones legales cuestionadas:

“. Si se revisa la historia fidedigna del
establecimiento de la ley encontramos el Mensaje del
Presidente de la República con el que se inicia el
proyecto que regula la transferencia y otorga mérito
ejecutivo a una copia de la factura, de 22 de mayo
de 2003, en el que se indica: "Los fundamentos de la
iniciativa se basan en que el concepto y la
naturaleza de la factura, desarrollados en párrafos
anteriores, resultan incompatibles con la necesidad
de que el documento pueda convertirse en un título
de amplia circulación entre los partícipes del
tráfico comercial, incluyendo en este concepto a los

agentes financieros".

"No obstante la importancia que reviste la
factura en el tráfico comercial, nuestro
ordenamiento jurídico no consagra un procedimiento
expedito para el cobro del importe consignado en la
misma, a diferencia de lo que ocurre con otros

documentos similares, como es el recibo otorgado por
el consignatario en la guía de despacho que debe
entregar el cargador al porteador en el contrato de
transporte, que se regula en el artículo 166 y

siguientes del Código de Comercio".

"La ausencia de un procedimiento adecuado al
efecto trae consigo, entre otras consecuencias, que
el deudor de la factura Carezca de incentivos
adicionales ¡para pagarla de conformidad con lo
pactado y, que por su parte el acreedor se vea en la
necesidad de buscar alternativas de liquidez
diversas al pago del crédito por parte del deudor
original, cediendo el documento a un precio bastante
inferior al que aparece en el mismo, o al que podría
obtener si la factura tuviese un medio más expedito

de cobro",

Por otra parte, el primer informe de la
Comisión de Economía, durante el segundo trámite
constitucional del proyecto, señala como objetivos
fundamentales del mismo, "establecer un sistema
general de cesión de créditos contenidos en facturas
y allanar el cobro de los mismos mediante el
otorgamiento de mérito ejecutivo a una copia de la
factura". Explica como antecedentes de hecho: "el
tráfico comercial y su ingente desarrollo han
impulsado a empresarios y comerciantes a realizar
actos y contratos para vender, ceder y transferir
toda clase de créditos. Es así como, con el fin de
obtener liquidez, el acreedor puede ceder sus
cuentas por cobrar, a cambio de un precio
determinado, presumiblemente menor que el señalado
en el título." Se trata pues, con esta ley, de
facilitar el tráfico de créditos que consten de una

factura.

Luego, fiel al sistema del Código de
Procedimiento Civil, la Ley N* 19.983 ha conferido
mérito ejecutivo a un documento, debiendo recordar

que en nuestro ordenamiento procesal, aparte de los
dei cine y ios)

títulos perfectos, que están dotados de todas las
condiciones que le autorizan para provocar la
ejecución, existen los denominados títulos
imperfectos, que devienen en ejecutivos como
consecuencia de haberse verificado alguna de las
actuaciones previstas por la ley que puede iniciar
el acreedor para perfeccionar el título. Se trata de

la gestión preparatoria de la vía ejecutiva.

De esta forma la factura se encuentra regida
por el Código de Comercio, el Código Tributario y la
ya citada ley N” 19.983. Para los efectos del
análisis el legislador ha distinguido: a) el mérito
tributario representativo de un acto de comercio, ya
sea prestación de un servicio o de una compraventa;
b) título de crédito que justifica derechos
personales que pueden ser cedidos y c) carácter

ejecutivo del crédito del cual da cuenta, cumplidos

los trámites dispuestos por la ley.

En relación a lo anterior, cabe agregar que el
legislador estimó pertinente dotar al obligado de
diferentes instancias para expresar lo pertinente a
sus intereses. Es así que en el artículo 160 del
Código de Comercio el legislador dispuso: "El
comprador tiene derecho a exigir del vendedor que
forme y le entregue una factura de las mercaderías
vendidas, y que ponga al pie de ellas el recibo del
precio total o de la parte que se le hubiere
entregado. No reclamándose contra el contenido de la
factura dentro de los ocho días siguientes a la
entrega de ella, se tendrá por ¡rrevocablemente

aceptada".

Luego la Ley N” 19.983 reguló la cesión de la
factura y además el procedimiento por el cual
adquiere el carácter de título ejecutivo. Estas
materias pueden estar vinculadas pero son
evidentemente de naturaleza diversa.” (Considerando

cuarto de la sentencia).
encia direcion (256)
25

DECIMOCTAVO: Que, concordante con lo anterior, y
teniendo en cuenta que la ley 19.983 establece, en su
artículo 3”, un triple procedimiento de reclamo en contra
del contenido de la factura, ya sea (a), como lo dispone
el numeral 1% de la disposición, devolviendo ,ésta y la
guía o guías de despacho, en su caso, al momento de la
entrega, sea (b) reclamando, conforme lo dispone el
numeral 2, dentro de los ocho días corridos, o en el
plazo acordado por las partes, siempre que no exceda de
treinta días corridos, también desde su recepción, oO,
finalmente, (c) notificándolas judicialmente, conforme a
la regla del artículo 5%, letra d); esta Magistratura
procederá a desestimar la pretensión del requirente de
haberse afectado la garantía constitucional del artículo
19 N” 3 de la Constitución, que exige en su inciso 5” la

obligación del legislador de establecer siempre las

garantías de un procedimiento y una ¡investigación

racionales y justos.

DECIMONOVENO: Que, a mayor abundamiento, en la
especie, no se aprecia -ni se ha acreditado- que el
requirente no hubiese tenido los medios legales a su
alcance para reclamar de su contenido. De acuerdo a los

antecedentes que rolan en el expediente:

A.- Consta en la causa que las facturas fueron
efectivamente entregadas por el acreedor YCICSA
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN CHILE LTDA”, cumpliendo
estrictamente con los requisitos establecidos por la
letra b) del artículo 4” de la Ley, a través del atestado
del notario Eduardo Avello Concha, de fecha 14 de mayo de
2009, que rola a fojas 56 de estos autos, a través del
cual certificó que “solicitó al guardia ubicado en la
entrada del recinto”, la recepción de las cinco facturas
que allí individualiza (números 99, 100, 101, 103 y 104),
que suman en total 6$1.428.574.628 pesos, habiéndose
negado éste a "“recepcionar la cuarta copia de cada

factura conforme a lo solicitado.”
olercsodo eicmcccenda y La (653)

26

B.- Consta también copia de la denuncia de 1” de
junio de 2009, efectuada por el requerido “QUALITY FIBER
CONSTRUCTIONS CHILE S.A.”, Rol N.” 12.101-1, ante el
Juzgado de Policía Local de Quilicura, por la no

recepción de las cuartas copias de las facturas antes

mencionadas.
C.- Consta asimismo, en la misma copia del
expediente anterior, la contestación de la denuncia

efectuada por la requirente CICSA INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN CHILE LIMITADA donde sólo se alegó la
improcedencia de la denuncia sobre la base de que “las
facturas que son materia de la denuncia... jamás pudieron
haber sido “recibidas” e) “recepcionadas” por mi
representada ya que no corresponden a ninguna de las
obras que se originaron en el contrato..que, como se dijo

anteriormente, a esa fecha... había terminado entre las

partes.”“(fojas 101). Señala más adelante (fs. 103) que
“pretender obtener a través de este procedimiento la
declaración de que las facturas acompañadas en autos no
fueron recibidas, no corresponde a la realidad ya que
éstas fueron emitidas después que el contrato había

terminado”.

No se aprecia en la contestación del requirente
ninguna alegación en torno a la calidad de representante
del guardia de la empresa que se negó a recibir las
facturas, aunque sí se solicita el rechazo de la denuncia
y la incompetencia del Juzgado de Policía Local. Entre
los documentos que se acompañan, se agrega (fojas 107)
la copia del correo electrónico de 26 de diciembre de
2008, por medio del cual se remitió a los contratistas
“un nuevo procedimiento para la facturación y pago de

facturas”.

D.- Consta, a fojas 114, el fallo del Juzgado
de Policía Local de Quilicura y la decisión del mismo
acogiendo la denuncia y condenando a la requirente a
pagar “una indemnización equivalente a dos veces el valor

de las facturas materia de la litis.., esto es, la suma de
diria to Enrecccta y rubo (258)

$2.857.149.256.”, basándose en el atestado notarial y en
la falta de prueba (considerando 6”) de que “la negativa
de dichos documentos haya sido por el hecho de no
corresponder (se refiere a las facturas) a ninguna de las
obras originadas...” Señala igualmente el juez, en el mismo
considerando, que: “Tampoco es válido sostener que las
facturas no fueron recibidas por haber sido emitidas

después que el contrato había terminado.”

E.- Consta, a fojas 40, certificado del
secretario (Secretaria del Trabajo-Menores-Policía Local)
de la Corte de Apelaciones de Santiago, Sergio Mason
Reyes, que entre otras cosas, certifica que la causa
“está siendo actualmente conocida por la Corte de

Apelaciones de Santiago”, bajo el rol N.” 10.803-2009.

VIGÉSIMO: Que, de lo considerado anteriormente no se
aprecia la manera cómo en la gestión pendiente de que se
trata, revisados los antecedentes presentados ante este
Tribunal, las normas legales impugnadas pudieran resultar
contrarias al artículo 19 N.” 3 de la Constitución, en
relación al ejercicio del derecho al debido proceso y al
derecho de defensa, asegurados en dicha norma
constitucional, dado que adecuadamente o no ejercidos, el
requirente ha tenido y tiene a su alcance un conjunto de
resguardos procesales Y legales que le permiten
satisfacer su pretensión en sede ordinaria; incluso en lo

que respecta a la alegada falsedad ideológica de los

documentos.
2. la ¡presunción de representación por “persona
adulta”.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que el requirente ha señalado,
además, en el primer Capítulo de impugnación de
constitucionalidad, que los dos primeros preceptos
cuestionados del artículo 4” de la Ley 19.983 afectan
también la garantía del artículo 19 N.”? 3, inciso 5”, de
la Carta Fundamental, toda vez que su aplicación

produciría efectos jurídicos graves e irreversibles, no
dica Gra y cane 59)

28

modificables posteriormente por un tribunal, por el sólo
hecho -como ha manifestado- de intimarse una copia de la
factura, incluso irregularmente emitida, a una persona
que no teniendo facultad alguna para representar al
requirente, se le ha supuesto como tal, para luego hacer
aplicable al acreedor y requirente la infracción del

inciso 4” del artículo 4” de la Ley 19.983.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, sin embargo, la
argumentación precedente debe ser rechazada toda vez que
cuando el legislador ha dispuesto, en el inciso 3” del
artículo 4” de la Ley N.?* 19.983, que representa al
comprador o beneficiario del servicio, “la persona adulta
que reciba a su nombre los bienes adquiridos o los
servicios prestados”, se ha limitado a establecer una

presunción simplemente legal; es decir, de aquellas que,

conforme al artículo 47, inciso 2” del Código Civil,
permiten probar la no existencia del hecho que legalmente
se presume, aunque sean ciertos los antecedentes 0

circunstancias de que lo infiere la ley.

En relación a este punto, esta Magistratura se
limita a señalar que siendo la presunción establecida de
carácter simplemente legal, que es la regla general en el
derecho privado, no se advierte el efecto
inconstitucional de la norma mencionada que justifique su
inaplicación, máxime si se tiene en cuenta que ha estado
absolutamente al alcance del requirente -como se ha
podido apreciar anteriormente- destruir la presunción

legal establecida en dicha disposición.

De otra parte no son pocos los casos en que en
situaciones similares la legislación permite acudir, con
efectos jurídicos relevantes, a personas adultas que se
encuentran en la morada o en el lugar donde una persona
ejerce su industria, profesión o empleo, como ocurre con
la notificación prescrita por el artículo 44 del Código
de Procedimiento Civil en que, incluso se dispone que
para el caso de que la morada o el lugar donde pernocta o

el lugar donde habitualmente ejerce -la persona a quien
debe notificarse- su industria, profesión o empleo se
encuentre en un recinto al que no se permite libre
acceso, “el aviso y las copias se entregaran al portero o
encargado del edificio o recinto, dejándose testimonio

expreso de esta circunstancia.”

Si una norma tan esencial para el funcionamiento del
sistema procesal es admitida como notificación válida, no
se divisa de qué manera podría afectar esencialmente el
derecho a la defensa la presunción establecida en el

inciso tercero del artículo 4” de la Ley N.” 19.983.

El que la copia de la factura pudiera ser
irregularmente emitida es, por lo demás, un hecho que el
beneficiario tiene siempre derecho a reclamar haciendo
uso de los derechos legales substantivos y procesales que
le confieren la Constitución y las leyes, sin necesidad
de tener que recurrir ante esta Magistratura para
solucionar un conflicto que diligentemente puede resolver

ante la judicatura ordinaria.
3. Derecho al juez natural.

VIGÉSIMO TERCERO: Que, igualmente inconducente
resulta la alegación del requirente de que el
conocimiento del asunto ha sido entregado por la Ley N.?
20.323 a un juez distinto, de “inferior jerarquía” como
señala, al contemplado por la Ley N.” 19.983, antes de su

modificación.

VIGÉSIMO CUARTO: Que, el legislador es soberano
para determinar el órgano jurisdiccional competente para
conocer de una controversia entre partes. El
constituyente le ha dado competencia para estos efectos,
en el artículo 77 de la Constitución, a la ley orgánica
constitucional relativa a la organización y atribuciones
de los tribunales, para modificar las reglas sobre
competencia de los tribunales, habiéndose modificado la
ley con plena sujeción al procedimiento constitucional y

legal y sin que la Corte Suprema hubiese planteado
O TT)

cuestión alguna en torno a la modificación orgánica

discutida por el requirente.

IV. SEGUNDO ARGUMENTO DE FONDO: EL ALCANCE DE LA
POTESTAD JURISDICCIONAL.

VIGÉSIMO QUINTO: Que el segundo capítulo de
inconstitucionalidad invocado por el requirente alude a
que el tercer precepto legal impugnado es contrario al
principio de exclusividad de la jurisdicción, porque
obligaría al juez a condenar a una indemnización a favor
del emisor de la factura, por un monto cuyo mínimo
comienza con el doble del valor de la misma, con
independencia de si los montos de las facturas
involucradas son ínfimos o inmensos. Agrega que tal
situación despoja al juez de los matices básicos propios
de su actividad jurisdiccional para la determinación de

una indemnización que no puede ser causal de un

enriquecimiento injusto y que debe, a su vez, guardar

una mínima conexión con el daño efectivamente causado.

VIGÉSIMO SEXTO: Que, desde el punto de vista del
requirente, al radicar el artículo 76 de la Constitución
en los tribunales establecidos por la ley la facultad de
conocer de las causas civiles Y criminales, de
resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, la infracción
de la norma se traduce, en el “forzamiento” impuesto por
el legislador al juez, a través de la norma impugnada,
para fijar una indemnización sin mediar siquiera una
calificación previa de los perjuicios, impidiéndole así

el pleno ejercicio de la jurisdicción.

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que la Constitución no confiere
exclusividad al juez para determinar la indemnización. Es
decir, y como se explicará enseguida, no hay una
exigencia constitucional de que sea solamente el órgano
jurisdiccional el que fije el monto de la indemnización u
otras formas de reparación por daños Causados. Por
ejemplo, las partes de un contrato siempre pueden pactar,

ejerciendo su autonomía privada, una avaluación
descuido perla y den (2 62)

31

convencional de los perjuicios o cláusula penal (artículo

1535 y siguientes del Código Civil)

VIGÉSIMO OCTAVO: Que, incluso en ciertos casos
excepcionalísimos, la Constitución misma da pautas para
la indemnización. Por una parte, ocurre cuando, en el
artículo 19 N.?* 7, letra i) de la Carta, se asegura a
toda persona que hubiere sido sometida a proceso O
condenada en cualquier instancia, el derecho a ser
indemnizada por el Estado por los perjuicios
patrimoniales y morales que haya sufrido, en la medida
que se cumpla con los requisitos que el constituyente ha
considerado en la configuración del derecho-acción a
indemnización por error judicial. En este caso, si bien
el constituyente hace una remisión directa a. la

judicatura para que determine la indemnización en el tipo

de procedimiento y bajo la forma de apreciación de la
prueba que señala, esa remisión no puede ser considerada
como una reserva de regulación directa a los jueces, sino
que, indudablemente, y pese a que el legislador no regula
aún esta materia, es a él (a los “preceptos legales”) y
no a la judicatura a quien compete, por la habilitación
general del artículo 19 N.*26, regular el derecho a ser
indemnizado, establecer sus límites, respetando la
esencia del derecho y complementarlo, por cierto sin
imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su

libre ejercicio.

Por otra parte, en la configuración constitucional
del derecho de propiedad, el constituyente de 1980 ha
sido extremadamente cuidadoso, también, en configurar el
derecho del expropiado a ser indemnizado por el daño
patrimonial efectivamente causado. Además, la regulación,
complementación y límites externos del derecho a ser
indemnizado se encuentra establecida por el legislador a

través del Decreto Ley N.”* 2.186 de 9 de junio de 1978.

VIGÉSIMO NOVENO: Que, en consecuencia, es al
legislador a quien le corresponde la facultad soberana de

regular esta materia. Efectivamente, así lo ha hecho
denceto rela hu, f 63)

estableciendo las reglas respectivas en el Código Civil,
conforme a las cuales, la indemnización puede ser de
origen contractual o extracontractual. En el primer caso,
la indemnización se puede fijar por la ley, por las
partes o, a falta de determinación legal o convencional,
por el juez. Sobre el alcance de esta indemnización
fijada por el juez, también se dan reglas especiales: en
algunos casos sólo se indemnizan los daños directos, en
otros además los indirectos, en algunos casos se reparan
sólo los daños previsibles, en otros, incluso los
imprevisibles, etc. (artículo 1558 del Código Civil y
Abeliuk Manasevich, René. Las obligaciones. T. Il,
Santiago, Editorial Jurídica, 4* ed., 2005, pág. “789-
795). En el segundo caso, es decir, de la responsabilidad
extracontractual, es - por regla general - el juez quien
fija la indemnización, en relación directa al daño

causado (artículo 2314 y 2329 del Código Civil).

Del mismo modo lo ha entendido la doctrina, que
sostiene que “la avaluación puede ser de tres clases:
judicial, que efectúan los tribunales con los elementos
probatorios que se le proporcionen; legal, que hace la
ley directamente en las obligaciones de dinero; y
convencional anticipada, que las partes han efectuado
antes del incumplimiento por medio de una cláusula penal”

(Abeliuk Manasevich, René. ob. cit. pág. 783 y 787-788).

TRIGÉSIMO: Que, en el presente caso estamos,
precisamente, ante una avaluación legal de los
perjuicios, admitida desde siempre de acuerdo con las
reglas del derecho privado, por razones de orden público
económico, de forma que viene a formar parte del contrato

y es indisponible para las partes.

No es extraño, por lo demás, que la legislación
considere la indemnización resultante de los perjuicios
previstos o imprevistos, ni que en ocasiones sea el
propio legislador quien la establezca, como en el caso de
las obligaciones dinerarias de la Ley N.” 18.010, de 27

de junio de 1981, sobre operaciones de crédito de dinero,
dncado sola uta Q6s)

33

en que es el legislador quien avalúa y presume los
perjuicios, a partir de la regla del artículo 1559 del
Código Civil.

TRIGÉSIMO PRIMERO: Que, en la situación planteada
el legislador ha sido claro al establecer el motivo de
orden público económico que se persigue. Como lo señala
expresamente el inciso cuarto del artículo 4% de la Ley

19.983, ese bien es “la libre circulación de un crédito

que conste en una factura”. Para garantizar dicha
protección, el legislador prohibió todo acuerdo,
convenio, estipulación e) actuación de cualquier

naturaleza destinada a prohibir o restringir la libre
circulación de ese tipo de créditos, así como también -y
con idéntico propósito- prohibió la retención,
destrucción, inutilización u ocultamiento de la copia

cedible de la factura y “la no entrega del recibo

señalado en la letra c) del artículo 5*.”.

TRIGÉSIMO SEGUNDO: Que, la norma del inciso cuarto
del artículo 4% de la Ley 19.983 establece el supuesto de
hecho. Ese supuesto consiste en realizar un “acuerdo,
convenio, estipulación o) actuación de cualquier
naturaleza que limite, prohíba o restrinja la libre
circulación de un crédito que conste en una factura” o
retener, destruir, inutilizar, ocultar o no entregar el
recibo que hemos venido analizando y, acto seguido,
determina que la consecuencia de la realización de las
conductas prohibidas es una indemnización; indemnización
que el juez no puede aplicar de manera discrecional, sino
ateniéndose a los parámetros establecidos por la ley. Se
trata, por tanto, de la aplicación de una regla.
Finalmente, hay que tener en cuenta que cualquiera de
estas conductas, cuyo denominador común es limitar la
circulación de la factura, importará necesariamente un
retardo o el incumplimiento de la obligación que en ella
consta. Un retardo o incumplimiento que, junto con
ocasionar eventualmente un perjuicio al acreedor, afecta,

de una manera que el legislador considera inadmisible
para el interés general, el desarrollo normal y fluido

del comercio.

TRIGÉSIMO TERCERO: Que, justificada la potestad del
legislador para establecer directamente una indemnización
en cumplimiento de un mandato constitucional directo o en
el ejercicio de sus atribuciones emanadas de la
soberanía, cabe recordar que este mismo fundamento fue
invocado en la sentencia conocida como el “caso
patentes”, Rol N”* 541-2006, de este Tribunal. En dicho
caso, el Tribunal rechazó la pretensión del requirente de
verse afectado el artículo 76 de la Constitución,

argumentando en el considerando 19”, que:

“el sistema jurídico nacional consagra
fundamentalmente la jurisdicción de derecho,
reservando la invocación de la equidad, en general,
a la aplicación de la regla de la inexcusabilidad -a
falta de ley que resuelva el conflicto-, Oo a la

decisión de las materias que excepcionalmente

determina la ley. En ambos extremos -se agregó
entonces-, la extensión de las potestades de la
jurisdicción -determinadas por la ley-, no implica
un grado de discrecionalidad cierto y previamente
estatuido, que pugnaría con la seguridad o certeza

que el derecho procura asegurar.”

TRIGÉSIMO CUARTO: Que, en la misma sentencia
citada -considerando decimonoveno- esta Magistratura
expresó que el juez se encuentra siempre “en
condiciones de apreciar las pruebas, establecer la
concurrencia de los presupuestos de la acción y
exteriorizar, finalmente, su raciocinio en la decisión
formalizada en la sentencia”, no viéndose de este modo

impedido ni limitado en el ejercicio de la jurisdicción.

TRIGÉSIMO QUINTO: Que, los hechos descritos por el
legislador y que dan lugar a la ¡indemnización son
considerados por la ley tan graves y lesivos para la

libre circulación de instrumentos -como la factura- en
decanto remmda y rá Les)

35

que consta un crédito, que la ampliación de la
titularidad de la acción judicial se justifica plenamente
por los efectos nocivos que su realización tendrían para
el funcionamiento del comercio. La titularidad del
afectado directo y las asociaciones gremiales
representativas de empresarios se explica, ya sea por el
daño .0- perjuicio que directa o indirectamente les
ocasiona la conducta del comprador o beneficiario; ya
sea, por el daño que el legislador estima que ocasiona a
la libre circulación del crédito que consta en una
factura y a las prácticas comerciales, y que el
legislador avalúa prudencial y escalonadamente, dejando

el margen de apreciación del daño al juez de la causa.

TRIGÉSIMO SEXTO: Que, es la relevancia del bien

jurídico protegido la que confiere acción judicial al

afectado, a cualquier “interesado” e, incluso, a “las
asociaciones gremiales u otras que representen a
empresarios de cualquier tipo”, como reza el inciso final
del artículo 4” de la Ley 19.983. Por ello, no lleva
razón el requirente al pretender calificar como un
absurdo los motivos que tuvo a la vista el legislador
para Cautelar el interés general, a través de un bien

jurídico que forma parte de la Constitución económica.

Que, respecto al otorgamiento de titularidad a los
“interesados”, el Diccionario define el interés, en una
de sus acepciones como la “situación jurídica que se
ostenta en relación con la actuación de otra persona y
que conlleva la facultad de exigirle, a través de un
procedimiento administrativo O judicial, un
comportamiento ajustado a derecho”. El interés, por
tanto, no se define en este caso por el mero afán de
lucro o ganancia de una persona, sino por la posición que
el ordenamiento jurídico le reconoce a una persona para
ser destinataria, previa acción judicial, de la

indemnización establecida por la ley.

El que la Ley 19.983 otorgue titularidad a los

interesados, se comprende y justifica por la naturaleza
dencido remita y ato (2 67

36

no formalizada en que circulan las facturas en las
relaciones mercantiles. Es esa situación la que permite a
los “interesados”, en el ámbito dinámico de la
circulación de los créditos que constan en las facturas,
acudir a la justicia para proteger sus legítimos derechos
e intereses, siendo, por ello, errónea la apreciación del
requirente en torno a que la indemnización “puede
devengarse por un tercero que no tiene interés alguno en

Y

la relación jurídica.” Aceptar dicho criterio implicaría
desconocer las múltiples relaciones jurídicas y efectos

que este documento produce en la esfera mercantil.

TRIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, la Constitución no limita
al legislador a la hora de establecer las
indemnizaciones. Por ello, el legislador civil, siguiendo

la tradición del derecho continental europeo estableció

pormenorizadamente los casos y la forma en que: la
reparación de los perjuicios resulta exigible. En este
caso, con razones aún de mayor peso, al mediar una
justificación de orden público en su establecimiento. La
actividad reguladora del legislador fue por ello más
estricta, acotando el ámbito de aplicación de la regla

indemnizatoria.

TRIGÉSIMO OCTAVO: Que la regulación establecida se
enmarca dentro de patrones razonables. En efecto, el
legislador optó por fijar el rango dentro del cual el
juez debe aplicar la indemnización. En ese rango, está
facultado para adjudicar en atención a los antecedentes
que emanan de las piezas del proceso, pudiendo aplicar la
indemnización en los cuatro montos descritos, según la
ponderación que efectúe en torno a la intensidad del daño
ocasionado al interés público o privado. Sólo así se
explica que el monto de la indemnización, en la escala
fijada por el legislador pueda resultar, en la
generalidad de los casos, muy inferior a los resultados
de una valoración abierta de los perjuicios producidos
por el incumplimiento; situaciones en las Cuales la

indemnización pudiera eventualmente elevarse de manera
dedo relay cobol es)

37

superlativa al tener que considerar conjuntamente, el

daño emergente, el lucro cesante y el daño moral.

TRIGÉSIMO NOVENO: Que, la Constitución no prejuzga
acerca de cuál debe ser el fundamento de la obligación de
reparar un daño sufrido por una persona. En nuestro
derecho la obligación de reparar un daño no es siempre
atribuible al dolo o culpa del responsable del mismo,
sino que muchas veces tiene su fundamento en hipótesis de
responsabilidad estricta u objetiva, verbigracia el
artículo 155 del Código Aeronáutico; el artículo 21 del
Código de Minería; el artículo 49 de la Ley N.” 18.302,
de 1984; el artículo 8” de la Ley N.* 18.415, de 1985,
Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción

Constitucional; el artículo 52 de la Ley N.” 19.300, de

1994, en materia de medio ambiente; el artículo 1” de la
Ley 18.617, de 1987; el artículo 144 del Decreto Ley N.”
222, sobre Ley de Navegación, entre otros. En cualquier
caso, para que proceda la responsabilidad civil estricta
es necesario que la ley lo disponga expresamente, pues es

un caso excepcional.

V.- TERCER ARGUMENTO DE FONDO: DERECHO DE PROPIEDAD.

CUADRAGÉSIMO: Que el tercer reproche de
constitucionalidad planteado por el requirente se funda
en que el tercero de los preceptos legales impugnados
afecta el contenido esencial del artículo 19 N.” 24 de la
Constitución, al imponer un sacrificio patrimonial
“inmenso” a la empresa en que labora quien negó el recibo
de bienes o mercaderías, sin que la norma establezca una
conexión entre la conducta del infractor y el perjuicio
de quien recibe una indemnización, que estima
desproporcionada. Considera también que es completamente
desproporcionado el sacrificio que se impone a la empresa
por dicha conducta al privar de valoración el ilícito
para el caso que se le considere una pena civil y no una

indemnización.
doria, rameda yu (9)

38

CUADRAGÉSIMO PRIMERO: Que el reproche,
considerado en el tercer capítulo de inconstitucionalidad
(infracción de la norma del artículo 19 N.” 24), será
desechado por el Tribunal en atención a que la normativa
aplicable por la infracción al otorgamiento de las
facturas está basada también en razones de orden público
económico que se relacionan con el bien jurídico que el
legislador quiso proteger. La tarea del juez es aplicar
la regla que obliga a la indemnización,
independientemente de que se haya ocasionado o no un
perjuicio al acreedor. La indemnización puede operar,
igualmente, como una compensación general al
entorpecimiento que las conductas descritas por la ley
ocasionan a la libre circulación de un crédito que consta
en una factura; en consecuencia, puede ser sólo la

infracción al bien jurídico protegido y no el daño o el

perjuicio causado al particular la causa directa de la

indemnización.

En consecuencia, desde el punto de vista de este
Tribunal, el legislador ha cumplido con el deber que debe
existir entre la indemnización y el fin perseguido por la

norma.

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO: Que el legislador ha
limitado en este caso la propiedad conforme a su función
social. El establecimiento de la norma reprochada es una
garantía clara para que los acreedores no sean vulnerados
en sus derechos, siendo de responsabilidad del deudor
adoptar las medidas necesarias para que sus empleados, oO
personas adultas que se encuentren en el domicilio del
beneficiario o comprador, cumplan con la norma que en
esta sede se impugna. De otra manera se abriría el camino
a toda clase de abusos, bastando tan sólo con ordenar a
un guardia no recibir las facturas para desentenderse de
las obligaciones contraídas. En el caso sublite no se
demostró en la oportunidad procesal respectiva, que las
facturas sean falsas o que el acreedor hubiese empleado

un ardid para pagarse, por una vía fraudulenta de su
evento slide (2709

39

acreencia. Cualquiera de esas circunstancias deben ser

acreditadas y discutidas ante la justicia ordinaria.

CUADRAGÉSIMO TERCERO: Que, en cualquier caso, el
alegato del requirente es una cuestión de legalidad, que
se ha resuelto en la instancia correspondiente. Por
ejemplo, en un caso semejante, la Corte Suprema resolvió,
en la causa ROL 4708-09, estimando que el fallo casado
incurrió:

“en un error argumentativo, al señalarse en
el fallo recurrido que quien recibe las especies es
"un tercero" y que además recibe "en un domicilio
distinto del demandado", no atribuyéndole a ello
valor alguno, lo que constituye vulneración de Ley,
toda vez que como se ha venido señalando
reiteradamente, es la propia Ley N” 19.983 la que en
su artículo 4, inciso penúltimo, dispone: "se

presume que representa al comprador o beneficiario

del servicio la persona adulta que recibe a su
nombre los bienes adquiridos o los servicios

prestados".

De este modo, si bien de acuerdo a las coplas
de guías de despacho que se acompañan a fojas 2 y
siguientes, aparece recibiendo un tercero -tercero
que a su vez es hijo del demandado, según este mismo
expuso en su escrito de oposición a la notificación
judicial de cobro de copia de factura, a fojas 17-,
ha operado la presunción legal antes referida, la
que no ha sido desvirtuada por medio de prueba legal

alguna por el demandado. "(Considerando Décimo).
Más adelante, concluye la Corte, afirmando que:

“es contrario a lo que la ley dispone, que los
jueces de segundo grado no hayan aplicado la
presunción legal del inciso penúltimo del artículo 4
de la ley que regula la transferencia y otorga
mérito ejecutivo a la copia de la factura, en cuanto

se presume que representa al comprador o)
derceto sella y puma (274)

40

beneficiario del servicio la persona adulta que
reciba a su nombre, desconociendo además los
antecedentes aportados por el demandante al proceso,
consistentes en la copia de factura y de cuatro
guías de despacho, lo que unido a la confesión del
demandado de haber firmado “su hijo las guías
respectivas, constituye al tenor de lo dispuesto en
el artículo 1712 del Código Civil, una presunción
grave, precisa y concordante del hecho de la entrega

de las especies.

De acuerdo con lo expuesto, procede que se
acoja el recurso de casación deducido, en cuanto se
funda el fallo de segundo grado al acoger la

oposición a la gestión preparatoria, en no haberse

SECRETARÍA rendido prueba por el actor, lo que no es correcto,
y en haber recibido las guías de despacho un
tercero, desconociendo al efecto la presunción legal
que rige la materia, con decisiva influencia en lo
dispositivo del fallo, lo que justifica que el
recurso de casación en el fondo sea acogido.”

(Considerando Décimo Segundo).

CUADRAGÉSIMO CUARTO: Que lo que el requirente
denomina un “sacrificio patrimonial inmenso” impuesto por
el legislador, a través de la norma impugnada, no parece
tal, si se consideran las siguientes circunstancias del

caso concreto:

a) Que el requirente pudo evitar la indemnización
adoptando las medidas señaladas en el considerando
anterior, destinadas a dar libre circulación a los
créditos contenidos en las facturas de que es deudor,
mientras una sentencia judicial no declare lo contrario;

sin que conste que haya adoptado dichas medidas;

b) Que el requirente, frente a la circunstancia
alegada ante el juez ordinario, tuvo y tiene aún a su

alcance, los medios para comprobar sus alegaciones, de
decanto selecta y olor (2792)

manera que la imposición de la sanción resultaba

completamente evitable;

c) Que la aplicación de la indemnización frente a
las infracciones del inciso final del artículo 4” de la
Ley 19.983, no importan en términos técnicos un
enriquecimiento sin causa o una medida expropiatoria ni
de confiscación, como lo ha explicado este Tribunal en
circunstancias similares, en los considerandos séptimo y

noveno a decimotercero de la sentencia Rol N* 541-2006.

No hay enriquecimiento injusto, porque tal como se
dijo entonces, “constituye un requisito indispensable de
la acción in rem verso la carencia de causa, esto es, de
un antecedente Jurídico que justifique el beneficio y
perjuicio que correlativamente se producen” y en este

caso “el texto legal expreso que ampara el acrecimiento

patrimonial del perjudicado es Causa del mismo y, por
ende, descarta el injusto” (Considerando séptimo). No se
ha producido una expropiación, ni aún de facto, en los
términos que exige el artículo 19 N.”* 24, porque “la
expropiación, por definición, es un acto con caracteres
de unilateralidad por parte de la Administración, es
decir, uno que no viene precedido ni justificado en
conducta alguna del expropiado. Se expropia por utilidad
pública o por el interés general; no como consecuencia de
alguna obligación particular que pesa sobre el
administrado -en este caso el deudor requirente-, ni como
producto de alguna sanción que se pretenda imponer al
mismo” (Considerando decimo, parte final) y; finalmente,
no hay tampoco, si se quiere, confiscación, toda vez que
esta importa un apoderamiento de los bienes de una
persona “generalmente cuando ellos constituyen una

M

universalidad jurídica-, que se traspasan desde el
dominio privado al del Estado, sin ley que Justifique la
actuación ni proceso en que se ventilen los derechos del

afectado.” (Considerando decimosegundo).

CUADRAGÉSIMO QUINTO: Que, tampoco puede

atribuirse al tercero de los preceptos legales impugnados
dentado sateda ¡ha (73)

el desencadenamiento directo de un efecto que atente
contra el contenido esencial del derecho de propiedad del
requirente, tanto por las razones enunciadas en el
considerando anterior, como porque en el caso que
tratamos el legislador no le entregó al juez una potestad
discrecional y arbitraria para aplicar la indemnización,
sino que estableció un rango de indemnizaciones posibles,
aplicables únicamente en situaciones en que el obligado
esté incurso en algunas de las infracciones estimadas
como dañosas del bien jurídico protegido y que fijó como
equivalentes “a dos y hasta cinco veces el valor de la o
las facturas objeto de la infracción”. Ahora bien, si en
la situación concreta que examinamos la indemnización
establecida por el Juez de Policía Local satisfizo o no

al deudor -en términos de determinar si la infracción le

ocasionó o no un perjuicio- no es una materia que deba
ser resuelta por esta Magistratura constitucional. Sin
embargo, los antecedentes examinados sólo permiten
concluir que el legislador se atuvo a los criterios

constitucionales.

Lo anterior llevará, por tanto, a esta Magistratura

a desestimar el reproche invocado por el requirente.
VI.- CUARTO ARGUMENTO DE FONDO: IGUALDAD ANTE LA LEY.

CUADRAGÉSIMO SEXTO: Que, finalmente, se ha
reprochado en esta sede que el tercer precepto legal,
relativo al monto variable de la indemnización que la ley
ordena al juez aplicar para el caso de infracción,
contraviene el artículo 19 N.* 2 de la Carta Política
“por cuanto el legislador al contemplar una graduación
lineal y rígida de montos indemnizatorios a aplicar por
el no otorgamiento del recibo de una factura, que
comienza en el doble del monto de la factura sin
distinguir si ese monto es ínfimo, bajo o Cuantioso,
incurre en una diferencia arbitraria incompatible con la

Constitución.”
CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO: Que la alegación del
requirente se funda en que la indemnización, establecida
como sanción, cuando restringe los poderes discrecionales
de graduación por el juez, puede producir una
arbitrariedad. Desde este punto de vista para el
requirente: “Si el legislador utiliza un instrumento
desproporcionado para obtener un fin lícito, incurre en
una irracionalidad, en una arbitrariedad, y por esa vía

vulnera el derecho de igualdad ante la ley..”

CUADRAGÉSIMO OCTAVO: Que, por esa razón el
requirente cuestiona más que la propia ley 19.983, antes
de su modificación, las adiciones introducidas por el
legislador por medio de la Ley N.” 20.323. Esta ley
modificó la anterior “con el objeto de facilitar -como
reza su título- la factorización de facturas por pequeños
y medianos empresarios”. Fue, por su intermedio, que se
introdujeron a nuestro ordenamiento las normas que el
requirente ha objetado de inconstitucionalidad por

inaplicabilidad.

CUADRAGÉSIMO NOVENO: Que siendo, para los
efectos de este capítulo, la norma del inciso final del
artículo 4”, la que introduce las normas que el
requirente estima inconstitucionales, nos Jlimitaremos a
ella para determinar si la medida legislativa tiene o no
el carácter de una diferenciación arbitraria atentatoria
del principio de no discriminación del artículo 19 N.* 2

de la Constitución.

QUINCUAGÉSIMO: Que, sin perjuicio de tener presente
que el carácter ínfimo, bajo o cuantioso de los montos
aplicables constituye, por lo general una circunstancia
de hecho que dependerá de la naturaleza de los negocios
de que da cuenta el crédito que consta en una factura, la
jurisprudencia de nuestros tribunales ha estimado que por
discriminación arbitraria debe entenderse aquella que no
“responda a un propósito de hostilidad contra determinada
persona o grupo de personas, o importe un indebido favor

o privilegio personal o de grupo, debiendo quedar
SECRETARIA

dacodo relacio pinco (255)

suficientemente claro que el legislador, en ejercicio de
sus potestades, puede establecer regímenes especiales,
diferenciados y desiguales, siempre que ello no revista

el carácter de arbitrario” (STC rol 986, C. 327).

QUINCUAGÉSIMO PRIMERO: Que el primer criterio que
aplicaremos para observar si la «ley 19.983 y su
modificación posterior de la ley 20.323, afecta el
principio de igualdad ante la ley, es si la desigualdad
de los supuestos de hecho introducidos por la
modificación legal de 2009, generó una diferencia que
pudiera ser calificada como arbitraria, al facilitar la

factorización de las facturas.

QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO: Que este Tribunal es de la
opinión, reiterada ya en considerandos anteriores, que el
propósito del legislador no sólo se ajustó a los
criterios generales de la legislación para instrumentos
similares a la factura, recogiendo y protegiendo la
agilidad e informalidad de las prácticas y costumbres
mercantiles, sino que, en un sentido normativamente
correcto tuvo una finalidad constitucionalmente
justificada. En este sentido, el legislador tuvo una
finalidad constitucionalmente legítima al establecer la
diferenciación, para permitir la ¡irradiación de las
normas que garantizan el principio de autonomía de la
voluntad, la libertad de contratación y la libre
competencia en una economía social de mercado, en que
razones de orden público justifican la protección de la
actividad mercantil, mayoritariamente realizada por
pequeños y medianos empresarios que, en ausencia de
normas de esta especie se verían fácilmente expuestos a
situaciones de abuso del derecho o de fraude a la ley,
que el legislador quiso evitar sancionando conductas como
las descritas en el inciso final del artículo 4.” de la

ley 19.983.

QUINCUAGÉSIMO TERCERO: Que, en cuanto al segundo
parámetro mencionado; esto es, los términos de

comparación para establecer las diferencias, es bien
encanto rolicla y seis 26
45

evidente que los procedimientos y sanciones, establecidos
por el legislador y reprochados por el requirente, Van en
abierto beneficio no sólo de los prestadores de servicios
o) acreedores, sino también de los compradores,
beneficiarios o deudores, en la medida que para ambos
grupos es de interés que el ordenamiento constitucional y
legal les proporcione instrumentos previsibles que
coadyuven el fortalecimiento del comercio - en este caso
la circulación de un crédito que consta en una factura-
en condiciones de igualdad, que sin la existencia de
normas prohibitivas afectarían sus derechos fundamentales

básicos y especialmente los de carácter patrimonial.

QUINCUAGÉSIMO CUARTO: Que, en cuanto a la
legislación que analizamos, la finalidad perseguida por
el legislador se erige, en consecuencia, como un bien o
valor constitucional de suma “importancia para el buen
funcionamiento del orden económico y mercantil, siendo la
medida legislativa que sanciona la no entrega del recibo
de una factura un tipo de conductas de abuso o de fraude
tan graves que, al ¡igual que la actividad o argucia
dirigida a limitar, restringir o prohibir la circulación
de un crédito que consta en una factura Oo las de
inutilizar, ocultar o destruir la copia cedible de la
misma, atentan contra elementos sustantivos del orden
público económico garantizado por la Constitución. De
allí que la finalidad que tuvo en vista la ley, en los
dos textos que hacen constar las normas impugnadas por el
requirente, estén determinadas por razones

constitucionalmente legítimas y plenamente admisibles.

QUINCUAGÉSIMO QUINTO: Que, asimismo, se advierte
que existe congruencia entre el supuesto de hecho que
justificó dar a la factura una regulación acorde a su
naturaleza y la finalidad constitucional enunciada en el
considerando anterior, sin que pueda advertirse que la
norma que fija un parámetro al juzgador para aplicar la
indemnización, atendiendo a la mayor o menor gravedad de

la infracción descrita por la ley, induzca a osla
dncunto nelorta y ¿ote 2)

arbitrariedad al aplicar la norma. Es precisamente eso lo
que el legislador pretendió regular por razones de orden
público y de interés general: establecer el marco
previsible y claro, dentro del cual la factura y los
instrumentos de crédito puedan operar de manera eficaz,
sin que se transformen en letra muerta o en instrumentos
vanos, que presas del fraude o el abuso del derecho,
terminen descapitalizando a los comerciantes, llevándolos
a la quiebra o a la insolvencia, y obligándoles a
trasladar a precios los riesgos, entorpecimientos e
incertidumbres que un orden público económico bien
constituido y constitucionalmente Justificado puede

evitar.

La dureza de la consecuencia jurídica - una

indemnización que va desde el doble hasta el quíntuplo

del valor expresado en la factura - se entiende si se
tiene a la vista que el fin que busca tutelar es proteger
la cadena de pagos en el comercio. En otras palabras, la
indemnización es tan alta porque no se afecta tan sólo a
un agente, sino a la totalidad del mercado y, en último

término, a los consumidores.

QUINCUAGÉSIMO SEXTO: Que, una vez seguido el
razonamiento anterior, cabe señalar que la indemnización
establecida por el inciso final del artículo 4” de la ley
19.983, como resultado de sus trasgresiones, no
convierte, necesariamente -en el caso de que se trata- en
desproporcionadas las consecuencias jurídicas del método
adoptado por el legislador en el ámbito de su libertad
general de regulación y sus límites. Simplemente ha sido
una de las tantas opciones posibles que ha tenido en sus
manos para regular los créditos contenidos en una
factura y su circulación; es decir, conforme al artículo
63, números 3) y 20) de la Carta, al estatuir las bases
esenciales del ordenamiento jurídico del régimen que
regula la transferencia de la factura y que otorga mérito

ejecutivo a su copia, no siendo atribución de esta
drcoito retina, oubo (273)

47

Magistratura realizar un juicio de mérito en torno a los

propósitos del legislador.

QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO: Que, en consecuencia, no
presentándose ninguno de los presupuestos considerados
para estimar que la norma reprochada afecta el principio
de igualdad del artículo 19 N.* 2 de la Constitución,
esta Magistratura desestimará la objeción del requirente,
por no ser necesariamente decisiva para la resolución del

caso que ha originado este proceso constitucional.

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos
19, números 2%, 3% y 24%, 76 y 93, inciso primero, N* 6”,
e inciso decimoprimero, de la Constitución Política de la
República, así como en las disposiciones pertinentes de
la Ley N* 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal

Constitucional, cuyo texto refundido, coordinado y

sistematizado se contiene en el DFL N* 5, de 2010, del

Ministerio Secretaría General de la Presidencia,
SE DECLARA:

QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DE FOJAS 1, SIN
COSTAS, Y SE DEJA SIN EFECTO LA SUSPENSIÓN DEL
PROCEDIMIENTO DECRETADA EN ESTOS AUTOS, OFICIÁNDOSE AL
EFECTO A LA CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO.

El Ministro señor Fernández Fredes previene que
concurre a desechar el requerimiento deducido, teniendo
en consideración para ello que, en su opinión, el
conflicto planteado por el actor en su libelo es uno de
mera legalidad, cuya dilucidación corresponde a los
jueces del fondo. En efecto, de lo que se trata en la
especie es de determinar si las normas reprochadas del
artículo 4” de la Ley N? 19.983 (que sancionan
comportamientos del deudor que rehúsa la entrega de
recibo de la factura) son compatibles con el precepto del
artículo 3” del mismo cuerpo legal, que establece los
casos en que el comprador o prestatario de los servicios
puede negarse legítimamente a recibir la factura 0,

habiéndola recibido, reclamar posteriormente de su
dncuto slide y pone (279)

contenido. Obviamente, si ésta fuera la hipótesis que se
verifica en el conflicto sub lite (basada en que los
servicios no se prestaron efectivamente), el
comportamiento del deudor sería perfectamente lícito,
pero ésa es una cuestión que escapa a la competencia de

esta Magistratura.

Acordada con el voto en contra de los Ministros
señores Raúl Bertelsen Repetto, Enrique Navarro Beltrán e
Iván Aróstica Maldonado, quienes estuvieron por acoger el

M

requerimiento, respecto a las frases así como la no
entrega del recibo señalado en la letra c) del artículo
5%, y “por el monto equivalente a dos y hasta cinco
veces el valor de la Oo las facturas objeto de la
infracción”, empleadas en el inciso cuarto o final del

artículo 4” de la Ley N” 19.983, sobre la base de las

siguientes consideraciones:

1? Que, en la especie, el requirente ha acudido a
esta Magistratura, objetando con razón las referidas
normas legales, porque al llevarse a cabo exactamente
como éstas posibilitan, se le ha puesto ante una
situación adversa tan injusta como inconstitucional: por
el solo hecho de no dar un recibo, aun por motivos que
serían atendibles y justificados, se ha expedido en su
contra una automática sentencia condenatoria de primer
grado, que le manda pagar la suma de $ 2.857.149.256, a
título de indemnización, en provecho de una empresa que
ni “siquiera ha acreditado el sufrimiento de algún
perjuicio equivalente. Todo, según faculta hacer esta
inexorable e implacable ley, que al permitir tomar la
propiedad de uno para dársela graciosamente a otro, obra
a expensas del principio de enriquecimiento sin causa y

de la Constitución Política de la República;

27 Que, efectivamente, los preceptos reclamados,
tanto en sí mismos considerados como en su consecuente
ejecución práctica en el caso concreto, infringen

ostensiblemente los derechos asegurados en el artículo
dirias eulanta (2 80)

49

19, numerales 3”, inciso quinto, y 24”, inciso tercero,
de la Carta Fundamental, comoquiera que permiten la
emisión de sentencias punitivas que no se sostienen en un
proceso previo justo y racional, al paso que admiten que
alguien sea privado de lo suyo sin fundamento ni
proporcionalidad. Donde la invocación al propósito
perseguido por la ley, de escarmentar a aquellos deudores
abusivos contra los pequeños y medianos empresarios, que
ante la sola negación de la deuda contraída tenían que
soportar las vicisitudes de un juicio declarativo
ordinario, busca razones con que cohonestar su propia

inconstitucionalidad;

3? Que, así es, el aludido trámite de cobro
concebido por la Ley N* 19.983, no satisface las
garantías de Justicia y racionalidad, desde que da por
consumada una “infracción” por el nudo hecho de “la no
entrega del recibo” señalado en la letra Cc) del artículo
5%, sea que las negaciones u omisiones estén justificadas
o no. De forma tal que al juzgado de policía local
competente, desprovisto de un proceso que le permita oír
y ponderar las razones Jurídicas que explicarían la no
entrega, Únicamente bastándole la acreditación de esa
sola circunstancia, no le cabe otra mecánica función que

“aplicar una indemnización en favor del requirente”;

4%? Que la Carta Fundamental otorga un mandato al
legislador, en su artículo 19 N”* 3, inciso quinto, para
establecer siempre las garantías de un proceso racional y
justo, en lugar de señalar con precisión en el propio
texto constitucional cuáles son los presupuestos mínimos
del mismo. Sin embargo, ello no significa que el
legislador goce de completa autonomía para delimitar
dichos elementos, como reiteradamente se ha sentenciado
(roles N* 376, 389, 478, 481, 821, 934 y 986, entre
otros). En tal sentido, esta Magistratura ha señalado que
entre ellos debe considerarse "el oportuno conocimiento
de la acción y debido emplazamiento, bilateralidad de la

audiencia, aportación de pruebas pertinentes y derecho a
decada orbemita y mo (284)

50

impugnar lo resuelto por un tribunal, imparcial e idóneo

y establecido con anterioridad por el legislador” (Rol

481). De igual forma se ha entendido entre las bases de
un debido proceso "el principio de contradicción 0
bilateralidad de la audiencia, comprensivo del

conocimiento oportuno de la acción, el derecho a formular
las defensas y de rendir y controvertir las pruebas” (Rol
1202). En suma, se ha concluido que "el derecho a un
proceso previo, legalmente tramitado, racional y justo,
que la Constitución asegura a todas las personas, debe
contemplar las siguientes garantías: la publicidad de los
actos jurisdiccionales, el derecho a la acción, el
oportuno conocimiento de ella por la parte contraria, el
emplazamiento, adecuada defensa y asesoría con abogados,

la producción libre de pruebas conforme a la ley, el

examen y objeción de la evidencia rendida, la
bilateralidad de la audiencia, la facultad de interponer
recursos para revisar las sentencias dictadas por
tribunales inferiores..” (Rol 1432). Como consecuencia de
lo anterior se ha dictaminado que un precepto legal no
satisface las exigencias mínimas de un racional y Justo
procedimiento al no permitir a quien aparece como deudor
de acuerdo con la información proporcionada por el
Administrador del Fondo Solidario de Crédito
Universitario “ejercitar ni ante la Tesorería ni ante un
tribunal de justicia otro medio de defensa que no sea la
prueba del pago de la obligación y siempre que conste en
un certificado emitido por el mismo ente cuya información
es título suficiente para retener fondos de la devolución
anual de impuestos” (Rol 808). Igualmente se estimó como
contrario al debido proceso un precepto que impide "la
práctica de diligencias probatorias o la recepción de
pruebas que el Tribunal juzgue como necesarias para
resolver si ha o no lugar la formación de causa” (Rol

306);

5 Que el caso del precepto legal que se impugna en

estos autos, al no establecer una audiencia completa,
donde el deudor tenga la oportunidad para repudiar la
factura o explicar su negativa a expedir el recibo de que
se trata, además de restringir el conocimiento íntegro
que debe adquirir el juez, antes de decidir por la
asignación de bienes o valores, degrada -entonces- la
instancia, hasta htransfigurarla en un mero acto de

recaudación;

6 Que la norma impugnada, por otra parte, en cuanto
fuerza al juez a prodigar una “indemnización” al
acreedor, que no tiene por objeto resarcir de algún daño
o perjuicio causado por el deudor, antepone a: ula
sentencia como fuente de pérdida del dominio para éste,
lo cual contraviene el artículo 19, N” 24, inciso
tercero, de la Constitución, merced al cual nadie puede
ser privado de lo suyo sino en virtud de una ley general
o especial que autorice la expropiación por causa de
utilidad pública o de interés nacional, calificada por el
legislador. Siendo también inconstitucional que, sin
causa ni proporcionalidad, la ley ordene elevar esta
denominada indemnización a “dos y hasta cinco veces” el

valor de la factura;

7% Que, finalmente, la aludida disposición constriñe
severamente las facultades jurisdiccionales de los
tribunales de Justicia de conocer de las causas civiles,
de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, en los
términos que tutela el artículo 76 de la Constitución
Política de la República. Ello en atención a que el
legislador asume el rol propio de un órgano
jurisdiccional al determinar a priori y desde ya, sin
consideración a los antecedentes fácticos ni gravedad de
la conducta, una sanción en términos tales que el juez
debe verse obligado a aplicar la misma automáticamente en
tanto se den los presupuestos que ha previsto la norma en
cuestión. En concordancia con lo anterior, la propia
Carta Fundamental prohíbe a los colegisladores ejercer
funciones jurisdiccionales. En opinión de la doctrina,

“la razón más fundamental del precepto en análisis es el
dnceoto ndentes La, 33)

temor de que sea de preferencia el legislador quien use
de sus atribuciones en términos que afecten el desempeño
de las funciones propias del Poder Judicial; en este
punto la Constitución coloca una grave advertencia que
debe ser tomada en todo instante en cuenta por el
legislador” (Alejandro Silva Bascuñán, Tratado de Derecho
Constitucional, Tomo VIII, Ed. Jurídica de Chile, 2002,
p. 124). Por lo mismo, esta Magistratura ha sentenciado
que una norma vulnera en su esencia las facultades que,
en relación con la concesión y término de medidas
precautorias, todo tribunal tiene en ejercicio de la
jurisdicción, puesto que “sujeta el alzamiento de aquella
a que se refiere, al cumplimiento de una condición por
completo ajena a la convicción del juez competente, como

es la que la propia norma contempla” (Rol 386). La plena

jurisdicción, por lo demás, sólo se puede entender en el
marco de un debido proceso. Y es que no debe olvidarse
que el debido proceso “cumple integralmente la función
constitucional de resolver conflictos de relevancia
jurídica con efecto de cosa juzgada, protegiendo y
resguardando, como su natural consecuencia, la
organización del Estado, las garantías constitucionales y
en definitiva la plena eficacia del derecho” (Rol 6109).
En un Estado de Derecho sólo los tribunales de justicia,
mandatados constitucionalmente, en el ejercicio soberano
de sus facultades jurisdiccionales, pueden decidir sobre

una persona, su libertad y sus bienes.

Redactó la sentencia el Suplente de Ministro señor
Christian Suárez Crothers, la prevención, el Ministro
señor Francisco Fernández Fredes y la disidencia, el

Ministro señor Iván Aróstica Maldonado.
Notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N.” 1564-09-INA.
Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional,

integrado por su Presidente Subrogante, señor Raúl
Bertelsen Repetto, y por los Ministros señora Marisol
Peña Torres y señores Enrique Navarro Beltrán,
Francisco Fernández Fredes, Carlos Carmona Santander,
José Antonio Viera-Gallo Quesney e Iván Aróstica
Maldonado y por el Suplente de Ministro señor
Christian Suárez Crothers.

Autoriza la Secretaria del Tribunal, señora Marta

de la Fuente Olguín. Qí ) )
y
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