TC Rol 15774

Texto completo

0000538
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO




2025

REPÚBLICA DE CHILE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
____________
Sentencia

Rol 15.774-2024

[26 de agosto de 2025]
____________

REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 472,
476, INCISO PRIMERO; 429, INCISO PRIMERO, PARTE FINAL; Y 162,
INCISO QUINTO, ORACIÓN FINAL; E INCISOS SEXTO; SÉPTIMO;
OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO, DEL CÓDIGO DEL TRABAJO



COMERCIAL KAUFMANN S.A.
EN EL PROCESO RIT C-2813-2012, RUC 11-4-0015164-6, SEGUIDO ANTE EL
JUZGADO DE COBRANZA LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO



VISTOS:

Que, Comercial Kaufmann S.A. acciona de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad respecto de los artículos 472, 476, inciso primero; 429, inciso
primero, parte final; y 162, inciso quinto, oración final; e incisos sexto; séptimo; octavo,
noveno y décimo, del Código del Trabajo, en el proceso RIT C-2813-2012, RUC 11-4-
0015164-6, seguido ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago.



Preceptos legales cuya aplicación se impugna

El texto de los preceptos impugnados dispone lo siguiente:



“Código del Trabajo

(…)

“Artículo 162. (…)




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QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE




Si el empleador no hubiere efectuado el integro de dichas cotizaciones previsionales al
momento del despido, éste no producirá el efecto de poner término al contrato de trabajo.

Con todo, el empleador podrá convalidar el despido mediante el pago de las
imposiciones morosas del trabajador, lo que comunicará a éste mediante carta certificada
acompañada de la documentación emitida por las instituciones previsionales correspondientes,
en que conste la recepción de dicho pago.

Sin perjuicio de lo anterior, el empleador deberá pagar al trabajador las remuneraciones
y demás prestaciones consignadas en el contrato de trabajo durante el período comprendido
entre la fecha del despido y la fecha de envío o entrega de la referida comunicación al trabajador.
No será exigible esta obligación del empleador cuando el monto adeudado por concepto de
imposiciones morosas no exceda de la cantidad menor entre el 10% del total de la deuda
previsional o 2 unidades tributarias mensuales, y siempre que dicho monto sea pagado por el
empleador dentro del plazo de 15 días hábiles contado desde la notificación de la respectiva
demanda.

El empleador deberá informar en el aviso de término del contrato si otorgará y pagará
el finiquito laboral en forma presencial o electrónica, indicando expresamente que es voluntario
para el trabajador aceptar, firmar y recibir el pago en forma electrónica y que siempre podrá
optar por la actuación presencial ante un ministro de fe. En dicho aviso, el empleador deberá
informar al trabajador que, al momento de suscribir el finiquito, si lo estima necesario podrá
formular reserva de derechos.

Los errores u omisiones en que se incurra con ocasión de estas comunicaciones que no
tengan relación con la obligación de pago íntegro de las imposiciones previsionales, no
invalidarán la terminación del contrato, sin perjuicio de las sanciones administrativas que
establece el artículo 506 de este Código.

La Inspección del Trabajo, de oficio o a petición de parte, estará especialmente facultada
para exigir al empleador la acreditación del pago de cotizaciones previsionales al momento del
despido, en los casos a que se refieren los incisos precedentes. Asimismo, estará facultada para
exigir el pago de las cotizaciones devengadas durante el lapso a que se refiere el inciso séptimo.
Las infracciones a este inciso se sancionarán con multa de 2 a 20 UTM.

(…)

Artículo 429. (…) no será aplicable el abandono del procedimiento.

(…)

Artículo 472. Las resoluciones que se dicten en los procedimientos regulados por este
Párrafo serán inapelables, salvo lo dispuesto en el artículo 470.

(…)

Artículo 476. Sólo serán susceptibles de apelación las sentencias interlocutorias que
pongan término al juicio o hagan imposible su continuación, las que se pronuncien sobre




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QUINIENTOS CUARENTA




medidas cautelares y las que fijen el monto de las liquidaciones o reliquidaciones de beneficios
de seguridad social.”.

(…)



Síntesis de la gestión pendiente y del conflicto constitucional sometido al
conocimiento y resolución del Tribunal

Indica la parte requirente que la gestión pendiente corresponde a un recurso
de reposición con apelación en subsidio de fecha 14 de septiembre de 2024, deducido
por Comercial Kaufmann S.A. en contra de la resolución de fecha 11 de septiembre de
2024, que rechazó un incidente de abandono del procedimiento de la requirente, en
los autos caratulados "Donaire con Torres", Rit C-2813-2012, tramitado ante el Juzgado
de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago.

Expone que este procedimiento de cobranza, que invoca como gestión sub lite,
encuentra origen en la sentencia declarativa dictada con fecha 9 de septiembre de 2011
en la causa "Donaire con Torres", Rit O-1112-2011, tramitada ante el 1° Juzgado de
Letras del Trabajo. Mediante esta sentencia, el referido tribunal acogió una demanda
de despido injustificado, nulidad de despido y cobro de prestaciones deducida en
contra de Comercial Kaufmann S.A. por Miguel Ángel Donaire Ahumada. En su parte
resolutiva, la sentencia dispuso el pago de diversas prestaciones laborales, incluyendo
indemnización sustitutiva de aviso previo, indemnización por años de servicios,
recargo legal, feriado proporcional, remuneraciones adeudadas y todas las
remuneraciones, cotizaciones de seguridad social y demás prestaciones que se
devenguen entre la fecha del despido y la convalidación de este.

Explica que en contra de esta sentencia se interpusieron recursos de nulidad y
de unificación de jurisprudencia, que fueron desestimados, dictándose el respectivo
"cúmplase" con fecha 4 de septiembre de 2012, dándose inicio al procedimiento
ejecutivo de cobranza laboral en el que acciona. Con fecha 16 de octubre de 2012, el
Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago fijó la liquidación de la deuda
en un monto ascendente a $9.147.570.

Sostiene que cumpliendo lo dispuesto por el tribunal, con fecha 27 de mayo de
2013 Comercial Kaufmann S.A. consignó ante el Tribunal de Cobranza la suma de
$9.297.579, que comprendía la suma de la liquidación del crédito y las costas
personales decretadas. Posteriormente, con fecha 5 de junio de 2013, el Tribunal de
Cobranza realizó una nueva liquidación, determinando como saldo pendiente por
pagar la suma de $132.485 más $35.000 de costas personales, monto que fue pagado
íntegramente por Comercial Kaufmann S.A. al día siguiente.

Finalmente, con fecha 13 de junio de 2013 la requirente cumplió con la última
suma ordenada por el Tribunal de Cobranza, consignando $150.000 adicionales.




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QUINIENTOS CUARENTA Y UNO




Explica que todos los pagos fueron realizados mediante cheques entregados al
Tribunal de Cobranza y retirados por el ejecutante. En mérito de estos pagos, y
habiendo dado cabal cumplimiento a lo ordenado por el tribunal, Comercial
Kaufmann S.A. solicitó que se archivara la causa, lo que fue decretado por el Tribunal
de Cobranza por resolución de 2 de septiembre de 2014, señalando expresamente que
la deuda se encontraba "solucionada".

Indica que, tras casi una década desde la fecha de dicha resolución, con fecha
31 de mayo de 2024 el ejecutante, a través de un nuevo abogado, solicitó el desarchivo
de la causa a fin de "continuar la tramitación". Con fecha 10 de julio de 2024 el
ejecutante solicitó una nueva liquidación de la "deuda", manifestando que solicitaba
nueva liquidación del crédito considerando las remuneraciones devengadas desde el
día 5 de junio de 2013 (última liquidación del crédito), todo ello en virtud de
preceptiva impugnada en esta sede.

Argumenta que esta solicitud del ejecutante obedece a un ardid procesal que
se aprovecha del tenor literal de los preceptos impugnados para "revivir" causas
inactivas en tribunales de cobranza (fs. 9). Explica que, mediante esta maniobra, un
trabajador podría invocar un saldo adeudado por años, por ínfimo que este sea, con
el fin de solicitar una reliquidación que ascienda al total de la remuneración que
debería haber recibido en caso de haber trabajado en forma continua desde la época
del despido por todo el tiempo que decidió esperar.

Sostiene que, constreñido por el tenor literal de los preceptos impugnados, el
Tribunal de Cobranza se vio forzado a hacer lugar a estas solicitudes, ordenando el
desarchivo de la causa, procediendo a una nueva liquidación del crédito, de fecha 8
de agosto de 2024, y ordenando un embargo de la cuenta corriente de Comercial
Kaufmann S.A. de $105.750.841.

En vista de lo anterior, con fecha 2 de septiembre de 2024, Comercial
Kaufmann S.A. dedujo un incidente de abandono del procedimiento ante el Tribunal
de Cobranza, fundado en lo dispuesto en el artículo 432 del Código del Trabajo en
relación con el artículo 152 del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, mediante
resolución de fecha 11 de septiembre de 2024, el Tribunal de Cobranza rechazó el
incidente de abandono del procedimiento, atendido el tenor literal del artículo 429
inciso primero del Código del Trabajo, igualmente impugnado en esta sede.

Con fecha 14 de septiembre de 2024, Comercial Kaufmann S.A. dedujo recurso
de reposición con apelación en subsidio en contra de dicha resolución, que se
encuentra pendiente de resolver por el Tribunal de Cobranza, constituyendo la
gestión pendiente invocada.

Sostiene que la aplicación de los preceptos impugnados, en el caso concreto,
vulnera los artículos 19 N°s. 2, 3 y 26 de la Constitución Política de la República.

En relación con la vulneración del derecho de igualdad ante la ley, argumenta
que la aplicación de los preceptos impugnados produce una afectación al principio de



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QUINIENTOS CUARENTA Y DOS




igualdad y equilibrio que debe existir entre las partes. Sostiene que la aplicación en
este caso de lo dispuesto en el artículo 162 del Código del Trabajo vulnera la igualdad
procesal, dado que permite al ejecutante invocar una relación laboral como fuente de
obligaciones para la requirente, sin que ésta pueda invocar presupuesto fáctico alguno
para desvirtuar dicha ficción.

Explica que la aplicación de la frase final del artículo 429 inciso primero del
Código del Trabajo permite que el procedimiento de cobranza laboral se encuentre
paralizado por un lapso de tiempo indefinido, pudiendo el ejecutante reanudarlo en
cualquier momento, sin limitación alguna. Argumenta que la requirente carece de
herramienta jurídica alguna que le permita resolver dicho procedimiento en su contra
y, en definitiva, obtener certeza y seguridad jurídica.

Sostiene que la aplicación de los artículos 472 y 476 inciso primero del Código
del Trabajo impiden que Comercial Kaufmann S.A. pueda acudir ante un tribunal
superior para que revise la procedencia del abandono del procedimiento a través de
un recurso de apelación, vulnerando el derecho al recurso y al debido proceso,
quedando supeditada a un procedimiento laboral de cobranza indefinido e ilimitado.

Respecto a la vulneración del derecho al debido proceso, argumenta que la
aplicación de los preceptos impugnados significa una vulneración al debido proceso
y a la tutela judicial efectiva, consagrados en el artículo 19 N° 3 de la Constitución.
Explica que la institución del abandono del procedimiento persigue impedir que un
juicio se prolongue de forma indefinida, evitando la inestabilidad e incertidumbre de
los derechos debatidos, producto de la prolongación de un litigio como consecuencia
de una conducta negligente o dolosa de una de las partes.

Sostiene que sin embargo, y pese a que la institución del abandono del
procedimiento cumple una función importante en hacer posible la garantía del debido
proceso, los preceptos impugnados impiden su aplicación en el caso concreto.
Argumenta que, habiéndose pagado la deuda en los términos por el Tribunal de
Cobranza exigidos, habiendo dicho Tribunal reconocido que dicha deuda se
encontraba solucionada, y no habiéndose formulado reclamo ni impugnación alguna
por el ejecutante en relación a lo resuelto, no era exigible a la requirente la realización
de gestión adicional alguna en el procedimiento de cobranza.

Añade que la aplicación automática de los preceptos impugnados permitiría
al ejecutante abusar del proceso, habilitándolo para reliquidar una deuda ya
solucionada hace 10 años, lo que transformaría dicha deuda en ilimitada y arbitraria,
y posibilitaría una auténtica acumulación de remuneraciones, cotizaciones y otros
pagos sin sustento fáctico o jurídico alguno.

En cuanto a la vulneración del principio de seguridad jurídica, sostiene que los
preceptos impugnados vulneran el principio de certeza y seguridad jurídica
consagrado en el artículo 19 N° 26 de la Constitución. Argumenta que la aplicación de
los preceptos impugnados supone vulnerar el derecho constitucional de la requirente




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QUINIENTOS CUARENTA Y TRES




a la certeza y seguridad jurídica, toda vez que le impide poner término definitivo a un
procedimiento por cuya prosecución no se ha instado hace 10 años, y respecto del cual
ya cumplió cabalmente lo ordenado por una sentencia firme.

Explica que esta situación se ve agravada por el hecho de que Comercial
Kaufmann S.A. jamás fue empleador directo del ejecutante, por lo que nunca fue
facultad de la requirente poner término a la situación laboral del ejecutante con su
empleador, ya que el artículo 162 del Código del Trabajo dispone expresamente que
es únicamente el empleador directo quien tiene la facultad para convalidar el despido
de uno de sus trabajadores.

Cita jurisprudencia de este Tribunal en la sentencia de fecha 14 de agosto de
2024, Rol N° 14.713-2023, en que se acogió un requerimiento de inaplicabilidad
similar, resolviendo que no existía una justificación razonable para impedir el
abandono del procedimiento de cobranza laboral, lo que transformaba el precepto en
abusivo para la parte demandada, y vulneraba "el principio constitucional de igualdad y
no discriminación arbitraria y la esencia del derecho a una igual protección en el ejercicio de
los derechos, consistente en establecer las garantías de un justo y racional procedimiento".



Tramitación

El requerimiento fue acogido a trámite por la Segunda Sala, con fecha 24 de
septiembre de 2024, a fojas 99, disponiéndose la suspensión del procedimiento.

En resolución de fecha 24 de octubre de 2024, a fojas 333, se declaró admisible.

Conferidos los traslados de fondo a los órganos constitucionales interesados y
a las demás partes en la gestión invocada sólo fueron formuladas observaciones en
sede de admisibilidad.



Observaciones de la parte requerida ejecutante en la gestión sub lite

Indica que un fallo recientemente dictado por este Tribunal consideró como
argumentos para rechazar el requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad respecto del artículo 472 del Código del Trabajo, que la función
de esta Magistratura, al conocer de la inaplicabilidad por inconstitucionalidad, es
determinar si en el caso concreto el precepto legal produce efectos inconstitucionales,
cuestión que el requirente no ha logrado acreditar. Cita al efecto la STC Rol N° 14.098-
2023, así como otros fallos que han rechazado innumerables requerimientos de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad similares respecto del artículo 472 del Código
del Trabajo (Roles N°s 13943-23, 14427-23, 14093-23).

Respecto del artículo 476 del Código del Trabajo, cita igualmente
pronunciamiento de este Tribunal que descartó vulneración al debido proceso,
resultando una determinación legislativa legítima no discriminatoria pues es una




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QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO




norma que aplica para las partes del proceso, con independencia del rol que cumplen
en el mismo (STC Rol N° 13.327-22 INA). Asimismo, añade que han sido rechazados
innumerables requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad similares
respecto del artículo 476 del Código del Trabajo.

Además, argumenta que no existe gestión pendiente que permita
pronunciamiento. Mediante resolución dictada el 11 de septiembre, el tribunal
sustanciador rechazó el incidente de abandono del procedimiento, como así también
las otras dos solicitudes: la declaración de inoponibilidad de la deuda y la excepción
de prescripción.

Destaca que, respecto de las solicitudes de inoponibilidad y prescripción, la
parte contraria no interpuso ningún recurso, ya sea de reposición o apelación, dentro
del plazo legal. Como consecuencia, dichas resoluciones han quedado firmes y
ejecutoriadas, lo que refuerza la inexistencia de cualquier gestión pendiente
relacionada con estas materias.

Indica que el 14 de septiembre, la parte contraria interpuso únicamente recurso
de reposición respecto del rechazo del incidente de abandono del procedimiento y, en
subsidio, un recurso de apelación sobre el mismo incidente. Mediante resolución de
fecha 16 de septiembre, el tribunal rechazó el recurso de reposición sobre el abandono
del procedimiento y acogió a tramitación la apelación interpuesta en subsidio. En
consecuencia, argumenta que la única gestión judicial pendiente actualmente es la
resolución de la apelación sobre el abandono del procedimiento.

Sostiene que los artículos 472 y 476 del Código del Trabajo, invocados en el
presente requerimiento de inaplicabilidad, se refieren a resoluciones que no son
susceptibles de apelación en el marco del procedimiento de cobranza laboral. Para que
proceda la declaración de inaplicabilidad de dichos artículos, debe existir una gestión
judicial pendiente que justifique la aplicación de los preceptos cuestionados. En este
sentido, argumenta que es necesario que la parte requirente haya sido afectada por
una resolución basada específicamente en los artículos 472 o 476, y que dicha
resolución haya sido objeto de controversia.

Respecto del cuestionamiento del artículo 429 del Código del Trabajo, cita
jurisprudencia de este Tribunal para su rechazo. La declaración de inaplicabilidad del
artículo 429, inciso primero, frase final, del Código del Trabajo no tendría el efecto
deseado por la requirente, debido a que, en el evento de que el artículo impugnado se
declarara inaplicable, no habría norma expresa que regulara el abandono del
procedimiento en materia laboral, rigiendo el artículo 432 del Código del Trabajo, que
dispone la aplicación supletoria de los Libros I y II del Código de Procedimiento Civil
(STC Rol N° 13.606-2022).

Finalmente, respecto del artículo 162 del Código del Trabajo, argumenta que
no existe una gestión judicial pendiente en la que vaya a determinarse la pertinencia
o no de las disposiciones legales cuya inconstitucionalidad se alega. Las normas




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QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO




contenidas en el artículo 162 del Código del Trabajo fueron aplicadas por la sentencia
que sirve de base al proceso ejecutivo, la cual quedó ejecutoriada.

Añade que en la causa de cobranza, el requirente ejecutado nunca presentó
una objeción a la liquidación del crédito. Por lo tanto, en lo que respecta a la
inaplicabilidad del artículo 162, no existe ninguna gestión pendiente.

Concluye señalando que los argumentos de inconstitucionalidad presentados
ya han sido desestimados en jurisprudencia reciente, no apreciándose un desarrollo
argumentativo diferenciado que presente un conflicto concreto de constitucionalidad
en torno a las normas impugnadas.



A fojas 345 la requirente formuló observaciones reiterando el conflicto
constitucional planteado, destacando lo siguiente:

a) Kaufmann pagó íntegramente su deuda laboral con la requerida hace más de
10 años, y por ello el tribunal de cobranza dispuso el archivo de la causa,
decretando por resolución firme que dicha deuda se encontraba solucionada.
Acompaña al efecto documentación pertinente.
b) La gestión pendiente es fruto de una maniobra de la requerida que contradice
sus actos propios y se aprovecha de los preceptos impugnados. Acompaña al
efecto igualmente documentación pertinente.
c) Reitera alegaciones sobre vulneración de garantías constitucionales.



A fojas 524, por decreto de fecha 18 de noviembre de 2024, se trajeron los autos
en relación.



Vista de la causa y acuerdo

En Sesión de Pleno de 29 de mayo de 2025 se verificó la vista de la causa,
oyéndose la relación pública, alegatos por la requirente del abogado Pablo Letelier
Cibié y por la requerida, de la abogada Leidys Morenza Paula. Se adoptó acuerdo con
igual fecha, conforme certificación del relator.



Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la parte requirente es ejecutada en un procedimiento de
cobranza laboral que se ha reactivado tras años de archivo. En él, opuso incidente de
abandono del procedimiento, el que fue rechazado. Contra esta decisión interpuso
recurso de reposición y, en subsidio, apelación. El tribunal rechazó el recurso de
reposición y acogió a tramitación la apelación subsidiaria. Ante esta Magistratura
solicita la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 472,
476, inciso primero; 429, inciso primero, parte final; y 162, inciso quinto a décimo,



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QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS




todos del Código del Trabajo. Sostiene que estos preceptos legales infringen la
igualdad ante la ley (19 N°2), el debido proceso (19 N°3) y la seguridad jurídica (19
N°26).

SEGUNDO: Que, este Tribunal Constitucional cuenta, en los últimos años,
con una jurisprudencia constante que ha rechazado casos análogos sometidos al
conocimiento de esta Magistratura, respecto de cada una de las disposiciones
impugnadas. Esta sentencia adherirá a los criterios expuestos en dichos fallos, junto
con considerar elementos de caso concreto que refuerzan esta postura.

TERCERO: Que, respecto de impugnaciones dirigidas contra la institución de
la nulidad del despido, consagrada en el artículo 162 del Código del Trabajo, en la
gran mayoría de casos puestos en conocimiento del Tribunal Constitucional en el
último tiempo, este ha resuelto rechazar la acción (roles 12.372-2021, 12.412-2021,
12.955-2022, 13.075-2022, 13.091-2022, 13.174-2022, 13.283-2022, 13.285-2022, 13.352-
2022. 13.433-2022, 13.722-2022, 13.759-2022, 13.865-2022, 14.476-2023, 14.713-2023). En
estas sentencias, el Tribunal ha fundamentado su rechazo en los siguientes criterios:

(i) La figura de la nulidad del despido es un apremio que tiene por objetivo
incentivar el pago de cotizaciones previsionales y encuentra un
fundamento constitucional claro en el artículo 19 N°16, sobre protección
del trabajo, y 19 N°18, que regula el derecho a la seguridad social.

(ii) No es una institución desproporcionada, pues la nulidad tiene límites
temporales iniciales y finales, dependiendo su término de la voluntad del
empleador que está obligado a pagar.

(iii) Al existir un marco regulatorio preestablecido y con un fin legítimo, es
previsible el resultado del no pago, por lo que no hay trato arbitrario.

(iv) No se trata de la generación artificial de obligaciones laborales, ya que se
fundan en la existencia de una relación laboral en que no se efectuó el pago
íntegro de las cotizaciones previsionales adeudadas al momento del
despido, situación que tiene reconocimiento legal.

(v) No hay afectación al derecho de propiedad porque las cotizaciones
previsionales pertenecen al trabajador, el que ya ha sufrido un daño
previsional en su patrimonio.

CUARTO: Que, a los lineamientos expuestos, se suman dos cuestiones de caso
concreto.

Por un lado, el hecho de que la aplicación de la mal llamada “nulidad” del
despido, regulada en el artículo 162 del Código del Trabajo, se dispuso en la sentencia
dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo en RIT O-1112-2011. Contra esta
decisión se interpuso recurso de nulidad y luego de unificación de jurisprudencia,
siendo ambos desestimados. En consecuencia, la procedencia de esta institución se
estableció por sentencia declarativa firme y ejecutoriada, que fue confirmada por




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QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE




diversos tribunales. No es, entonces, la gestión judicial seguida en sede de cobranza
aquella en la que el precepto legal ha tenido carácter decisivo.

Por otro lado, no se ha verificado el pago íntegro de lo adeudado, quedando
pendiente saldar el monto correspondiente a las cotizaciones por seguro de cesantía.
De lo anterior, se sigue que existe un daño previsional, y al no haberse procedido al
pago total de la deuda esta solo puede aumentar con el paso del tiempo. Para moderar
los perjuicios que esto tiene para el trabajador es que el artículo impugnado dispone
que mientras no se paguen reajustes e intereses no se podrá convalidar el despido y
así poner término a la figura acá objetada. En consecuencia, ese mismo
incumplimiento mal puede ser un argumento a favor del empleador en el sentido de
que, precisamente por incumplir, no deba pagar. De esta forma, no resulta lógico
alegar una supuesta vulneración a la igualdad ante la ley o al debido proceso. Así las
cosas, no estamos ante una figura que produzca efectos indeterminados: las dispuesto
en nuestro ordenamiento jurídico hace previsible para el empleador el efecto de no
convalidar correcta y oportunamente. Por lo mismo, tampoco resulta procedente la
alegación de la parte requirente de ver afectada la seguridad jurídica. Estamos frente
a los efectos de una norma establecida de manera previa, siendo conocidas para el
empleador las consecuencias del no pago.

QUINTO: Que, la parte requirente también impugna el artículo 429 del
Código del Trabajo, que dispone la improcedencia del abandono del procedimiento
para procesos como el de la gestión pendiente. En roles 13.424-2022; 13.342-2022;
14.018-2023; 14.573-2023; 14.685-2023; 15.385-2024; y 15.847-2024, entre otros, esta
Magistratura rechazó la acción en base a las siguientes consideraciones:

(i) La Constitución no impone un modelo único de debido proceso,
teniendo el legislador un margen para diseñar procedimientos
racionales que atiendan a la naturaleza de cada procedimiento.
(ii) El proceso laboral se ha diseñado históricamente sobre bases distintas
al proceso civil, reconociendo la asimetría estructural entre empleador
y trabajador. Por ello, se consagran los principios de celeridad,
inmediación y desformalización, fundados en la necesidad de proteger
el trabajo como valor constitucional y en las características
alimentarias de las obligaciones laborales.
(iii) El abandono del procedimiento no es la única forma de garantizar la
certeza jurídica y evitar la dilación indefinida de procedimientos.
Existen otras posibilidades, como la derogación del principio de parte
y el establecimiento del impulso de oficio, la existencia de plazos
fatales, las sanciones de caducidad y prescripción del derecho material,
etc. Así, en el proceso laboral se toman medidas para evitar la dilación,
pues se establece un procedimiento oral y concentrado, el impulso
recae en el juez y este tiene atribuciones para impedir las actuaciones
dilatorias.




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(iv) Las particularidades del proceso laboral se intensifican en la fase de
ejecución laboral, en que existe un título ejecutivo en el que consta una
suma líquida y determinada de dinero. En atención a esto, el
procedimiento se estructura para asegurar rapidez y eficacia en el
cumplimiento de la obligación, lo que justifica un impulso procesal
radicado en el tribunal y la incorporación de medidas que restringen
el debate, como la limitación de las excepciones a oponer, la
improcedencia del abandono del procedimiento y la exclusión de
ciertos recursos.
(v) La exclusión del abandono del procedimiento en materia laboral tiene
una finalidad legítima: garantizar la igualdad ante la ley (art. 19 N°2
CPR), la protección del trabajador (art. 19 N°16) y el derecho a la
seguridad social (art. 19 N°18), especialmente respecto de las
cotizaciones previsionales, que son de propiedad del trabajador (art.
19 N°24).
(vi) No hay vulneración a ser juzgado en un plazo razonable, porque ello
exige la ausencia de motivos que justifiquen el retraso y que este sea
indebido. Acá existe un título ejecutivo que da cuenta de la existencia
de una obligación y el retardo en la conclusión del juicio se debe a la
demora en el pago, que da cuenta de una afectación a la pronta y
cumplida administración de justicia del trabajador, en los términos del
artículo 77 CPR.
(vii) Indirectamente, se busca que el TC discrecionalmente determine qué
plazos de inactividad son inconstitucionales en estos procedimientos,
lo que equivaldría a crear una regla procesal, adoptando un rol de
legislador que escapa a sus competencias.
(viii) La declaración de inaplicabilidad no tendría el efecto buscado, pues no
impugna la consagración del impulso procesal de oficio en materia
laboral, que se manifiesta en la regla de improcedencia del abandono.

SEXTO: Que, en adición a lo anterior, en este caso la parte requirente no
impugnó el artículo 4 bis de la Ley N°17.322, sobre normas para la cobranza judicial de
cotizaciones, aportes y multas de las instituciones de seguridad social, que también establece
la improcedencia el abandono. En consecuencia, incluso de declararse inaplicable este
precepto, tal declaración carecería de efecto útil, por existir otra disposición con la
misma limitación procesal.

SÉPTIMO: Que, por último, respecto de los artículos 472 y 476 del Código del
Trabajo, que limitan la procedencia de la apelación, también existen múltiples
precedentes de rechazo (roles 14.079-2023; 14.093-2023; 14.256-2023; 15.017-2023;
15.122-2023; etc.). Estos tienen como base los mismos fundamentos ya expuestos, que
reflexionan en torno a la libertad del legislador para diseñar un procedimiento
racional y justo y sobre la razonabilidad del sistema dada la naturaleza del
procedimiento de cobranza laboral. Además, se agrega:



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(i) El legislador puede establecer diferencias, siempre que resulten
razonables. La igualdad ante la ley no se identifica con la identidad de
derechos procesales para partes que adoptan un rol diferente en el
proceso.
(ii) La apelación no es un recurso modélico, sino que es solo una opción
legislativa dentro del diseño procesal, por lo que su omisión no se
traduce en una vulneración al derecho al recurso. Su origen histórico
se vincula a los sistemas inquisitivos, donde cumplía la función de
controlar decisiones de jueces con amplios poderes concentrados.

OCTAVO: Que, por todo lo expuesto, la acción de inaplicabilidad debe ser
rechazada, y así se declarará.



Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93 incisos primero,
N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la
Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional
del Tribunal Constitucional,



SE RESUELVE:

I. QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DEDUCIDO A LO
PRINCIPAL DE FOJAS 1. OFÍCIESE.

II. QUE SE ALZA LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO
DECRETADA EN AUTOS. OFÍCIESE.

III. QUE NO SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE REQUIRENTE
POR ESTIMARSE QUE TUVO MOTIVO PLAUSIBLE PARA
LITIGAR.



DISIDENCIA

El Ministro señor HÉCTOR MERY ROMERO, y la Ministra señora MARCELA
PEREDO ROJAS estuvieron por acoger el libelo de fojas 1. Ello por las consideraciones
siguientes:

1°. – Que, como ya se hizo constar en la parte expositiva de esta sentencia, es
posible tener presentes como cuestiones relevantes del proceso en el que incide la
gestión pendiente, los siguientes hechos:

- En la causa "Donaire con Torres", Rit O-1112-2011, tramitada ante el 1°
Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, el referido tribunal acogió una
demanda de despido injustificado, nulidad de despido y cobro de
prestaciones deducida en contra de Comercial Kaufmann S.A. por Miguel
Ángel Donaire Ahumada;



12
0000550
QUINIENTOS CINCUENTA




- En su parte resolutiva, la sentencia acogió la demanda y dispuso el pago
de diversas prestaciones laborales, incluyendo indemnización sustitutiva
de aviso previo, indemnización por años de servicios, recargo legal,
feriado proporcional, remuneraciones adeudadas y todas las
remuneraciones, cotizaciones de seguridad social y demás prestaciones
que se devenguen entre la fecha del despido y la convalidación de este;
- Contra esa decisión se interpusieron recursos de nulidad y de unificación
de jurisprudencia, los que fueron desestimados;
- El "cúmplase" se dictó con fecha 4 de septiembre de 2012;
- Esto dio lugar al inicio de un procedimiento ejecutivo de cobranza laboral.
Con fecha 16 de octubre de 2012, el Juzgado de Cobranza Laboral y
Previsional de Santiago fijó la liquidación de la deuda en un monto
ascendente a $9.147.570;
- Para cumplir lo ordenado, con fecha 27 de mayo de 2013, Comercial
Kaufmann S.A. consignó ante el Tribunal de Cobranza la suma de
$9.297.579, que comprendía la suma de la liquidación del crédito y las
costas personales decretadas;
- Luego, con fecha 5 de junio de 2013, el Tribunal de Cobranza realizó una
nueva liquidación, determinando como saldo pendiente por pagar la suma
de $132.485 más $35.000 de costas personales, monto que fue pagado
íntegramente por Comercial Kaufmann S.A. al día siguiente;
- Con fecha 13 de junio de 2013, la requirente cumplió con la última suma
ordenada por el Tribunal de Cobranza, consignando $150.000 adicionales;
- La demandada y ejecutada Comercial Kaufmann S.A. solicitó que se
archivara la causa, lo que fue decretado por el Tribunal de Cobranza por
resolución de 2 de septiembre de 2014, señalando expresamente que la
deuda se encontraba "solucionada";
- Diez años más tarde, el 31 de mayo de 2024, la parte ejecutante, a través de
un nuevo abogado, solicitó el desarchivo de la causa a fin de continuar la
tramitación. Luego, el 10 de julio de 2024 el ejecutante solicitó una nueva
liquidación, manifestando que era necesario considerar las
remuneraciones devengadas desde el día 5 de junio de 2013 (última
liquidación del crédito), todo ello en virtud de preceptiva impugnada en
esta sede.
- El Tribunal de Cobranza accedió a lo solicitado, ordenando el desarchivo
de la causa, y una nueva liquidación del crédito, de fecha 8 de agosto de
2024, disponiendo seguir adelante la ejecución y trabar un embargo de la
cuenta corriente de Comercial Kaufmann S.A., por la suma de
$105.750.841.




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0000551
QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO




I. La sanción prevista en el artículo 162 del Código del Trabajo. -

2°. – Que el artículo 162 del Código Laboral dispone que para que se produzca
el efecto de poner término efectivo a la relación laboral, el empleador debe
comunicarlo por escrito al trabajador, personalmente o por carta certificada enviada
al domicilio de éste (inciso primero del artículo 162) y deberá además informarle del
estado de pago de las cotizaciones previsionales devengadas hasta el último día del
mes anterior al del despido. Sin embargo, el inciso quinto parte final prescribe que,
en caso de no efectuarse este pago, el despido no producirá el efecto de poner término
al contrato de trabajo.

3°. - Que sin perjuicio de lo anterior, la ley prescribe que en caso que el
empleador pague las cotizaciones morosas, produciendo el efecto denominado
“convalidación del despido”, ello no libera a aquél de tener que pagar al trabajador
las remuneraciones y demás prestaciones emanadas del contrato de trabajo durante
el período comprendido entre las fechas del despido y la de la comunicación del
hecho al trabajador mediante carta certificada, todo ello de acuerdo a lo prescrito en
el inciso séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo.

4°. - Que tal como se ha indicado en pronunciamientos previos de este
Tribunal, recaídos en estos preceptos legales, la expresión convalidar significa
“confirmar, ratificar o revalidar actos jurídicos, o lo ya aprobado, o dar nuevo valor a
una cosa”, de modo que en el ámbito de que se trata el precepto legal que se analiza,
convalidar importa ratificar o confirmar el término de la relación laboral, validando
el despido a contar de la fecha en que se invocó la causal de término del contrato
correspondiente.

5°. - Que la finalidad de la convalidación fue la de incentivar al empleador a
dar cumplimiento a su obligación de declarar, enterar y pagar las cotizaciones
previsionales del trabajador, mediante el mecanismo de privar al empleador moroso
de su facultad de poner término al contrato de trabajo hasta mientras no se pusiera al
día, con el agregado de tener que pagar remuneraciones que se hubieren devengado
durante el período de morosidad, aunque el trabajador no haya prestado
efectivamente sus servicios.

6°. - Que el instituto contemplado en el inciso quinto parte final del artículo
en cuestión, establece lo que corriente y vulgarmente se denomina “nulidad del
despido”, que en todo caso de ningún modo conlleva el reintegro del trabajador a sus
funciones, pues, él no requiere cumplir con la obligación contractual principal de
asistencia, sino que produce una suspensión del término al contrato. Situación
especialmente llamativa en los autos en los que se desenvuelve la gestión pendiente,
en la cual se tuvo por pagada la deuda hace diez años.

7°. - Que, expuesto lo anterior, cabe preguntarse cuál es el efecto que tales
disposiciones tienen en el caso concreto.




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0000552
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS




Sobre este punto, sostenemos que se produce la aplicación de una verdadera
sanción desproporcionada desde el punto de vista pecuniario, donde la mayor parte
del monto a que es condenada la requirente proviene precisamente de los efectos
derivados de la aplicación de los preceptos legales contenidos en el artículo 162 del
Código del Trabajo.

8°. - Que, teniendo presente lo anterior, no se advierte el fundamento racional
ni sentido de justicia para pagar una deuda que se seguirá reajustando e
incrementando en intereses sin límite ni freno alguno. Sólo se explica esta situación
por la ficción legal consagrada por el artículo 162 del Código del Trabajo, consistente
en no considerar finalizado un vínculo contractual mientras el empleador se
mantenga moroso en el pago de sus cotizaciones previsionales y, sobre la base de este
artificio legal, mantener subsistente unas obligaciones contractuales, con el agravante
de que la subsistencia de ellas no tiene una causa que le sirva de fundamento. Esto
aparece de manifiesto, puesto que obviamente el trabajador no cumple con la
prestación de servicios personales bajo dependencia y subordinación, en los términos
que contempla el artículo 7° del Código Laboral.

9°. - Que tal efecto evidentemente desproporcionado y abusivo que puede
provocarse en el caso concreto deriva del sentido del precepto legal que establece la
“convalidación del despido”, decisión legislativa que en rigor importa una sanción para
el empleador por el no pago de las cotizaciones previsionales al trabajador al
momento del despido, tal como se ve expresado en la disposición de la parte final del
inciso quinto de dicho precepto legal.

Así, por lo demás, lo ha definido una parte de la doctrina laboral al explicar la
naturaleza jurídica de aquel instituto: “Se trata como ya hemos adelantado de una nulidad
-sanción que, en lugar de privar completamente de eficacia al despido, reduce de manera
sustancial su efecto propio y característico-la extinción del contrato de trabajo y, por vía
consecuencial. De las obligaciones que conforman su objeto- dejando subsistente el contrato y
la obligación de pagar las remuneraciones y demás prestaciones consignadas en él hasta que se
solucione la deuda previsional” (Claudio PALAVECINO CÁCERES [2002], El despido
Nulo por Deuda Previsional. Publicado en la revista Ius et Praxis, v.8, Nº2, Talca).

10°. - Que, atendidas las características del caso concreto, se estima pertinente
expresar que, no obstante, el tenor del artículo 162 del Código del Trabajo, y lo
dispuesto por la Ley N° 20.194 que interpreta el inciso séptimo del referido artículo -
precepto que configura el núcleo del cuestionamiento expuesto en el requerimiento
de fojas 1-, para nosotros, la mencionada disposición legal favorece una hipótesis de
enriquecimiento sin causa para el caso concreto. En efecto, ello ocurre cuando
habiendo finalizado hace largos años el vínculo laboral o contractual y habiéndose
declarado así por medio de sentencia firme y ejecutoriada, quede entregado a la
decisión o a las posibilidades económicas del empleador convalidar el despido
mediante el pago de los montos adeudados, los que de acuerdo a la disposición en
análisis se incrementarán hasta la fecha del pago efectivo de éstos, cuestión que



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0000553
QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES




podría en teoría extenderse por toda la vida del trabajador. Esto lleva a un aumento
exorbitante y desproporcionado del monto originalmente adeudado.

11°. - Que los preceptos legales impugnados, todos contenidos en el artículo
162 del Código del Trabajo, no solo suponen, sino que generan artificialmente
obligaciones laborales a su respecto (remuneraciones, cotizaciones previsionales,
reajustes, etc.) por un período en que no ha existido trabajo alguno, y que sigue
extendiéndose en el tiempo, sin causa o justificación alguna, por lo cual no resulta
efectivo sostener como argumento favorable a la racionalidad y legitimidad de tales
preceptos que el incremento desproporcionado de las sumas a pagar se deban
simplemente a la inacción del deudor. Es más: la inacción del deudor, ejecutado y
requirente en estos autos se fundamenta en el tenor de la resolución judicial firme que
tuvo por solucionada la deuda, hecho del que da cuenta la resolución del 2 de
septiembre de 2014, dictada por el Juzgado de Cobranza laboral de Santiago.

12°. - Que, por lo demás, nos parece necesario dejar constancia de que dejar
subsistente en el tiempo la situación remuneracional y previsional del trabajador
mediante la ficción legal que aquí analizamos, no solo no asegura una debida
protección a sus derechos, sino que conduce a una conclusión excesiva,
desproporcionada e imposible de conciliar con la racionalidad y la justicia,
condiciones mínimas del debido proceso en nuestro ordenamiento constitucional.

13°. - Que de acuerdo con lo que se viene exponiendo, y ante los obvios efectos
que en el caso concreto ha provocado la aplicación del precepto legal requerido en
estos autos, resulta evidente que éste vulnera tanto el mandato del artículo 19
numerales 2° y 3° referidos respectivamente a la prohibición expresa para el
legislador de no establecer diferencias arbitrarias, de lo cual deriva la prohibición de
establecer normas que resulten irracionales e injustas; así como de igual forma
impone una importante carga económica, la cual debe ser soportada por el
patrimonio de la requirente.

14°. - Que, de este modo, no resulta suficiente desde la perspectiva de la
Constitución, esgrimir la defensa de los intereses de naturaleza laboral del trabajador
para amparar así una situación de abuso y desproporción en la ley, tal como se aprecia
en el caso concreto a propósito de la aplicación del reseñado artículo 162 del Código
del Trabajo. Pues, es precisamente esta exigencia de adecuación, necesidad y
tolerabilidad a que aluden numerosas sentencias de esta judicatura constitucional, la
que no se aprecia en la especie al aplicar la disposición legal al caso concreto, por lo
que finalmente el resultado se muestra como contrario a la Carta Fundamental.



II.- El debido proceso. Algunas consideraciones introductorias. –

15°. – Que esta Judicatura ha dicho en sentencias previas que el procedimiento
legal debe ser racional y justo. “Racional para configurar un proceso lógico y carente de
arbitrariedad. Y justo para orientarlo a un sentido que cautele los derechos fundamentales de



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0000554
QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO




los participantes en un proceso. De ahí se establece la necesidad, entre otros elementos, de un
juez imparcial, normas que eviten la indefensión, con derecho a presentar e impugnar pruebas,
que exista una resolución de fondo, motivada y pública, susceptible de revisión por un tribunal
superior y generadora de la intangibilidad necesaria que garantice la seguridad y certeza
jurídica propias del Estado de Derecho”. (STC 1838, c. 10) (En el mismo sentido STC 2204,
c. 9, STC 2259, c. 9, STC 2452, cc. 12 a 15).

16°. – Que, sobre el debido proceso, sostiene Jaime Carrasco que “(hoy) no cabe
duda que es aplicable a todo procedimiento judicial, independiente de la naturaleza jurídica de
la controversia. Como sabemos, el reconocimiento de ciertas garantías mínimas de juzgamiento
se produjo, inicialmente, en el ámbito del derecho público, en particular, en los procedimientos
penales. Sin embargo, en la actualidad es insostenible aceptar que en un determinado
procedimiento no se verifiquen ciertas garantías mínimas de juzgamiento. El cumplimiento
del debido proceso es predicable en cualquier procedimiento judicial, independiente que este
sea un procedimiento para resolver controversias civiles, penales, laborales, de familia,
contenciosas administrativas, etc. Afirmar lo contrario constituye, a nuestro juicio, una
errónea interpretación del texto constitucional, toda vez que la Carta Fundamental asegura
que “toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo
legalmente tramitado”. Una discusión distinta es si en todos los procedimientos judiciales
deben aplicarse los mismos grados de debido proceso, es decir, si el estándar que debe cumplir
un procedimiento civil es el mismo que debe tener un procedimiento penal, laboral o de otra
índole. Esto dependerá, en cada caso, del procedimiento que establezca el legislador para
solucionar controversias de distinta naturaleza jurídica, lo cual otorga flexibilidad al
legislador” (Jaime CARRASCO DELGADO [2021]: “El debido proceso y su protección a
través de la nulidad procesal”. Publicado en Actualidad Jurídica nro. 43 - enero 2021,
Universidad del Desarrollo).

17°. – Que la remisión que la Constitución hace al legislador para configurar
las garantías de una investigación y un procedimiento racionales y justos no significa
en absoluto que la materia a reglamentar quede enteramente librada al arbitrio de los
órganos encargados por la Carta Fundamental cuando éstos concurran a la formación
de la ley.

Concordamos con la doctrina nacional en cuanto afirma que “(la) legalidad
procesal, entendida como sujeción del juez a la ley, debe formar parte de un catálogo amplio de
garantías procesales indisponibles para el legislador, que configura un presupuesto
indispensable para el cumplimiento de las exigencias de justicia formal o procedimental.
Especialmente aplicable es este razonamiento en los institutos donde hay una proyección de
garantías fundamentales, como el contradictorio, la defensa, la igualdad de los litigantes o la
imparcialidad del juzgador, entre otros. Estos derechos por mandato expreso del artículo 26 de
la CPR deben quedar sustraídos de toda regulación por parte del juez. Es la ley, como producto
formalmente dispensado del poder legislativo, la autorizada constitucionalmente para regular
las condiciones, establecer los requisitos o presupuestos del ejercicio de los derechos
fundamentales, dentro de ellos, los de naturaleza procesal. En este ámbito, al juez no le asiste




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0000555
QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO




una mera función aplicativa de la ley procesal, sino que debe efectuar muchas veces una
adecuación de la ley procesal a los estándares constitucionales. Es el juez, por tanto, al que le
corresponde adecuar – no desfigurar- las normas procesales para adaptarlas al “modelo
constitucional del proceso civil”” (Iván HUNTER AMPUERO [2020]: “Rol del Juez.
Prueba y Proceso”, p. 182. DER Ediciones, Santiago).

Racionalidad y justicia de las reglas del proceso son garantías constitutivas de
condiciones mínimas que el legislador está obligado a observar, sin importar la
naturaleza, finalidad y especial del procedimiento. Y tales condiciones mínimas
obligan al legislador porque la Constitución así lo ordena. Y así lo ordena siempre.
Y, como es sabido, y porque así lo prescriben las bases de la institucionalidad, los
preceptos de la Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos
órganos como a toda persona, institución o grupo.



III. – El debido proceso y el derecho a deducir un recurso efectivo contra una
sentencia judicial. Particularidades de la ejecución laboral. -

18°. - Que en estos autos se ha cuestionado la constitucionalidad de los
artículos 472 y 476 del Código del Trabajo. El primer precepto legal impugnado
permite impugnar la sentencia definitiva que resuelve las excepciones, en el
procedimiento de cumplimiento de sentencias y ejecución de títulos previstos en el
Código del Trabajo. El segundo artículo mencionado, situado en el párrafo de los
recursos, dispone que sólo serán susceptibles de apelación a) las sentencias
interlocutorias que pongan término al juicio o hagan imposible su continuación, b)
las que se pronuncien sobre medidas cautelares y c) las que fijen el monto de las
liquidaciones o reliquidaciones de beneficios de seguridad social.

De este modo, cualquier recurso de apelación que persiga un propósito
diverso a los perentoriamente señalados en los artículos 472 y 476 del Código del
Trabajo no tienen cabida en el procedimiento laboral.

19°. – Que el artículo 425 del Código del Trabajo estatuye que los
procedimientos del trabajo serán orales, públicos y concentrados. Primarán en ellos
los principios de la inmediación, impulso procesal de oficio, celeridad, buena fe,
bilateralidad de la audiencia y gratuidad. Los preceptos siguientes, contenidos en el
Libro V capítulo II párrafo 1° de la ley laboral, desarrollan de manera más concreta
los principios mencionados, para que las cuestiones debatidas de acuerdo a estas
reglas de enjuiciamiento se desarrollen de un modo que la aplicación de los principios
conduzca a la pronta, racional y justa decisión de la controversia.

20°. – Que en el contexto procedimental que se ha reseñado, se suele justificar
la existencia de las normas cuestionadas según necesidades de prontitud y celeridad
en la ejecución en la cual el trabajador, actuando individual o colectivamente, toma
parte como actor, atendidas las cuestiones que habitualmente se debaten en la
judicatura laboral.



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QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS




En respuesta a ese cuestionamiento, en opinión de estos disidentes, no hay
pugna o colisión entre la celeridad debida al interés que el legislador laboral busca
asegurar a los trabajadores que pudieren actuar como demandantes, y la necesidad
de que al demandado se le conceda la posibilidad de denunciar, a través de un recurso
efectivo, un yerro jurídico, acompañado de la pretensión de obtener su enmienda con
arreglo a derecho en una materia que concierne al debate sobre la competencia.

21°. - Que el legislador cuenta con un margen razonable de discreción para
configurar procedimientos declarativos y ejecutivos, así como para establecer
principios y reglas especiales en ambos ámbitos según las características de la materia
que corresponde enjuiciar. Lo propio puede decirse de la posibilidad de deducir
recursos legales contra las resoluciones de mero trámite o sentencias pronunciadas en
el procedimiento.

En este preciso aspecto, con todo, tal margen dista de ser absoluto.

Puede el legislador disponer reglas particulares sobre medios de impugnación
en materia laboral y previsional, a condición de respetarse siempre las garantías de
un procedimiento racional y justo.

Así, sostenemos que el legislador cuenta con la libertad que la Constitución le
permite para estatuir y configurar un régimen diferenciado de interposición de
recursos legales contra las resoluciones judiciales pronunciadas en procedimientos
regidos por la oralidad e inmediación, y en aquellos regidos por la escrituración. La
apelación, recurso caracterizado por consistir en un control del mérito de los
antecedentes y no de un mero examen de la legalidad de la sentencia, no se aviene ni
concuerda en general con los principios formativos de la judicatura y el
procedimiento declarativo laboral, razón por la cual las normas que regulan esta
impugnación ordinaria en materias del trabajo y previsionales deben ser miradas con
reserva o interpretarse de modo restrictivo. En efecto, la oralidad y la inmediación
son esenciales para que el juez aprecie y pondere la prueba, y es a partir de esos
presupuestos que construye la convicción que le permite arribar a la decisión del
asunto que se ha controvertido.

Sin embargo, no ocurre lo mismo cuando nos encontramos en el punto preciso
que aquí se ha discutido. La controversia puntual que aquí se ha suscitado alude a lo
que la requirente estima que constituye una ventaja indebida, imposible de revisar
por un superior jerárquico precisamente porque los preceptos legales impugnados lo
impiden.

22°. - Que, ahora bien, en lo que alude a las restricciones al recurso de
apelación tal como ha sido configurado en el Código del Trabajo, y tal como se
manifestó en la disidencia de la STC 14.956-23-INA,

10°. … , así, … , la exclusión del recurso de apelación, bajo la idea abstracta de dotar
al procedimiento de mayor celeridad, no resulta conciliable con las exigencias de
racionalidad y justicia que el artículo 19 N° 3° inciso sexto le impone al legislador, en



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QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE




la configuración de los procedimientos, pues la falta de este medio de impugnación
fuerza al requirente simplemente a conformarse con lo resuelto por el Tribunal Laboral,
en una especie de “única instancia”, sin la posibilidad de someter su decisión a la
revisión de otro tribunal, deviniendo la resolución en inamovible;

11°. Que, siendo plausible el objetivo de dotar de mayor celeridad a los procedimientos,
esa finalidad legítima sólo puede alcanzarse mediante la eliminación de trámites no
esenciales o imponiendo mayor agilidad a las actuaciones del Tribunal, pero no resulta
ajustado a la Constitución que se intente alcanzarla a costa de excluir o limitar
derechos de las partes o actuaciones o plazos -que si bien pueden ser acortados-
terminan afectándolas;



23°- Que resulta pertinente recordar que tal como ha señalado en otras
oportunidades esta Magistratura, el recurso, como expresa la doctrina, es el medio
técnico que ejerce una parte dentro del proceso en que se dictó una resolución, que
no ha alcanzado el carácter de firme o ejecutoriada, para la impugnación y
subsanación de los errores que ella eventualmente pueda adolecer, dirigido a
provocar la revisión de la misma, ya sea por el mismo juez que la dictó o por otro de
superior jerarquía. No debiendo perderse de vista que “(la) existencia de los recursos
nace de la realidad de la falibilidad humana, que en el caso de la sentencia recae en la persona
del juez, y en la pretensión de las partes de no aceptar la resolución que les cause un perjuicio
por no haber acogido las peticiones formuladas en el proceso” (MATURANA MIQUEL,
Cristián; MOSQUERA RUÍZ, Mario [2010]. Los recursos procesales, p. 21. Editorial
Jurídica de Chile, Santiago).

Además, aunque parezca una obviedad, no puede perderse de vista que todo
recurso procesal pretende eliminar un agravio o perjuicio que una determinada
resolución judicial produce para el afectado. De allí que se entienda que el agravio es
una condición legitimante de un recurso procesal. Aquel, siguiendo a Couture,
consiste en el “(perjuicio) o gravamen, material o moral, que una resolución judicial causa a
un litigante” (COUTURE, Eduardo [1988], Vocabulario Jurídico, p. 83. Ediciones
Depalma, Buenos Aires).

24.° - Que no cabe duda de que la posibilidad de impugnar una resolución
judicial forma parte de los elementos esenciales de la garantía de un debido proceso.
Tal como ha hecho presente nuestra jurisprudencia constitucional, el derecho al
recurso consiste en la facultad de solicitar a un tribunal superior que revise lo hecho
por el inferior, formando parte integrante del derecho al debido proceso y, en tal
sentido, la posibilidad de que el requirente pueda recurrir ante el superior jerárquico
respecto de una decisión emanada del mismo tribunal llamado a adoptar las medidas
para evitar dilaciones excesivas y paralizaciones del proceso judicial laboral, parece
un presupuesto razonable de lo que puede entenderse como un justo y racional
juzgamiento para el caso concreto.




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QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO




25° - Que, es por lo anteriormente descrito que esta Judicatura Constitucional
ya ha señalado que “la exclusión del recurso de apelación no resulta conciliable con las
exigencias de racionalidad y justicia que el artículo 19, N° 3, inciso 6°, le impone al legislador,
en la configuración de los procedimientos. Lo anterior, pues la falta de medios de impugnación
no se subsana con una fase previa ni con la jerarquía, composición, integración o inmediación
del tribunal que conoce del asunto, como lo ha admitido, excepcionalmente, nuestra
jurisprudencia para validar que se puedan adoptar decisiones en única instancia”. (STC
10.623-21, c. 19°).

26°. - Desde luego, no hablamos aquí de una apelación con miras a obtener la
revisión de la sentencia definitiva o de todos los aspectos de hecho y de derecho que
llevaron a pronunciarla. Tal cuestión ya resuelta por el legislador laboral al instituir
el recurso de nulidad como única impugnación, y que además es del todo ajena a la
litis de la gestión pendiente, en lo que no se pretende revivir el proceso ya fenecido
por la sentencia firma, sino la ejecución de esta última después de casi diez años de
haberse archivado los antecedentes por haberse solucionado la deuda. La apelación
pretendida, y que la ley niega en este caso, persigue únicamente revisar lo resuelto
por el juez de primer grado al negarse a extinguir la relación procesal ante una
paralización extendida por casi diez años siguientes al pago de las sumas adeudadas
que se busca ejecutar.



IV.– El debido proceso y las consecuencias perentorias de la paralización
del proceso en el proceso civil común. La situación prevista en el artículo 429 del
Código del Trabajo. Particularidades de la ejecución laboral.

27° - Que el racional y justo procedimiento a que alude el artículo 19 número
3° inciso sexto de la Carta Fundamental debe vincularse forzosamente con lo
dispuesto en el artículo 77 inciso primero del Código Político, que ordena al legislador
orgánico constitucional determinar la organización y atribuciones de los tribunales
que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el
territorio de la República.

28°. – Que el mencionado propósito –“pronta y cumplida”-, manifestado en la
referencia a una ley orgánica constitucional, no ha sido un mero enunciado formal
dicho al pasar por la Constitución. García Pino y Contreras Vásquez nos recuerdan
que “… este tipo de normas ha sido incorporada restrictivamente a la Constitución, en forma
muy excepcional, para resguardar ciertas instituciones básicas” (Gonzalo GARCÍA PINO
y Pablo CONTRERAS VÁSQUEZ [2014], “Diccionario Constitucional Chileno”, p. 597.
En Cuadernos del Tribunal Constitucional, número 55, año 2014).

29°. – Que lo contrario a “pronta y cumplida” es una dilación indebida.

El Tribunal Supremo español, en STS, 3.ª, 16-I-2015, rec. 3027/2012, ha resuelto
que “(la) existencia de dilación indebida no cabe apreciarla tan solo de la mera constatación
de la duración total del proceso […], sino que es preciso efectuar un análisis del mismo, para



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QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE




determinar las razones de tal duración y poder apreciar si se trata de tales dilaciones indebidas
o responden a la naturaleza, características y alcance del proceso, la intervención o actitud de
las partes o la disponibilidad de medios, ya que de ello deriva la imputación de los resultados a
un funcionamiento anormal o a otros factores”.

30°. – Que es necesario tener presente el proceso de ejecución donde tiene
lugar la gestión pendiente concierne al cumplimiento de la sentencia dictada en juicio
de aplicación general por nulidad del despido, despido injustificado y cobro de
prestaciones, fallo que puso término al proceso Rit O-1112-2011, tramitado ante el 1°
Juzgado de Letras del Trabajo.

31°. – Que no cabe duda alguna que, si la negativa a declarar abandonada la
instancia acarrea consecuencias desfavorables para el demandado en la ejecución, ello
se debe únicamente a la aplicación concreta del artículo 429 del Código del Trabajo,
uno de los preceptos legales que cuya constitucionalidad se ha impugnado en el libelo
pretensor de fojas 1.

32°. – Que el artículo 425 del Código del Trabajo establece en su inciso primero
que los procedimientos laborales serán orales, públicos y concentrados, y primarán
en ellos los principios de la inmediación, impulso procesal de oficio, celeridad, buena
fe, bilateralidad de la audiencia y gratuidad. Tales principios constituyen la
manifestación concreta de una política legislativa destinada a materializar la pronta
y cumplida administración de justicia exigida por la Constitución. Y, es en ese preciso
contexto, que la prohibición de alegar el abandono del procedimiento, entendida
como la prolongación del deber de actuar de oficio, aparece a las claras no solo como
incoherente con el resto de los principios formativos del proceso laboral, sino además,
en lo que nos interesa, como contraria a la Carta Fundamental.

En efecto, si hablamos de un deber, el quebrantamiento del mismo debe
siempre acarrear consecuencias procesales relevantes para quienes incurren en esa
desatención, consecuencias que deben guardar coherencia con la prontitud exigida
por el Texto Político.

33°. – Que, desde luego, esta disidencia no aboga por algo que merezca
calificarse como un derecho fundamental al abandono del procedimiento. Esta
institución, aunque no aparece vinculada de modo manifiesto con el debido proceso
legal, persigue una finalidad legítima y concordante con los valores y principios
habitualmente vinculados con el racional y justo procedimiento. Esto es así porque
la racionalidad y la justicia imponen al legislador el deber de prever consecuencias
procesales relevantes, referidas a la extinción del proceso -aun de encontrarnos en
fase de cumplimiento o ejecución-, cuando la cesación en la tramitación de la causa es
consecuencia del cese en la realización de gestiones útiles por parte de todos los
sujetos del proceso.

34°. - Que la pervivencia del deber de impulso procesal y de la obligación de
actuar de oficio cuando la causa se encuentra archivada por pago de la deuda




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QUINIENTOS SESENTA




ejecutada no guarda concordancia con la racionalidad y justicia, condiciones
constitucionales mínimas del debido proceso, como ya se ha dicho en esta disidencia.

35°. – Que, de declararse la inaplicabilidad del precepto legal impugnado a
fojas 1, lejos se encontraría esta Judicatura Constitucional de actuar como legislador
positivo o, dicho de otro modo, de instaurar por sí mismo soluciones jurídicas en
desprecio de la competencia de los órganos llamados exclusivamente por la Carta
Fundamental a concurrir a la formación de las leyes.

En efecto, cabría en este caso tener presente que el artículo 153 inciso segundo
primera parte del Código de Procedimiento Civil resuelve la cuestión en términos
explícitos, al prescribir que en los procedimientos ejecutivos el ejecutado podrá,
además, solicitar el abandono del procedimiento, después de ejecutoriada la sentencia
definitiva o en el caso del artículo 472. En estos casos, el plazo para declarar el
abandono del procedimiento será de tres años contados desde la fecha de la última
gestión útil, hecha en el procedimiento de apremio, destinado a obtener el
cumplimiento forzado de la obligación, luego de ejecutoriada la sentencia definitiva
o vencido el plazo para oponer excepciones, en su caso.

36°. – Que, en mérito de las consideraciones que preceden, estos disidentes
estuvieron por acoger y, en consecuencia, declarar inaplicable en los autos RIT C-
2813-2012, RUC 11-4-0015164-6, seguidos ante el Juzgado de Cobranza Laboral y
Previsional de Santiago, los artículos 472, 476, inciso primero; 429, inciso primero,
parte final; y 162, inciso quinto, oración final; e incisos sexto, séptimo, octavo, noveno
y décimo, todos del Código del Trabajo.



El Ministro señor MARIO GÓMEZ MONTOYA estuvo por acoger el
requerimiento de autos en lo que dice relación con los artículos 429, 472 y 476 del
Código del Trabajo en los incisos impugnados, compartiendo el contenido de los
numerales 19° al 35° de la disidencia precedente.



PREVENCIÓN

La Ministra señora ALEJANDRA PRECHT RORRIS previene que estuvo por
rechazar la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 429 del Código del
Trabajo, únicamente, en virtud de las consideraciones siguientes:

1°. Conforme con lo dispuesto en el artículo 93, incisos primero, N°6 de la
Constitución, esta Magistratura le corresponde resolver, por la mayoría de sus
miembros en ejercicio, los requerimientos de inaplicabilidad de preceptos legales cuya
aplicación resulte contraria a la Constitución, en el marco de una gestión judicial
pendiente que se siga ante un tribunal ordinario o especial.

2°. A su vez, el inciso decimoprimero del artículo 93 de la Carta Política exige
que para que la acción de inaplicabilidad prospere es necesario que se verifique a) la



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QUINIENTOS SESENTA Y UNO




existencia de una gestión pendiente ante el tribunal ordinario o especial; b) que la
cuestión haya sido planteada por cualquiera de las partes o por el juez que conoce del
asunto; c) que la aplicación del precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en
la resolución de un asunto; d) que la impugnación esté fundada razonablemente; y e)
se cumplan los demás requisitos que establezca la ley, en particular, los requisitos de
admisión a trámite y admisibilidad previstos en los artículos 79, 80, 81 y 84 de la Ley
N°17.997, orgánica constitucional del Tribunal Constitucional.

3°. Constituye un requisito que la aplicación del precepto legal impugnado
pueda resultar decisiva en la resolución de la gestión pendiente. Este criterio ha sido
reiteradamente recogido por esta Magistratura y resulta también exigible conforme al
artículo 84 N°3 de la Ley N°17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal
Constitucional, que faculta a este Tribunal para declarar inadmisible el requerimiento
cuando la disposición legal impugnada no ha de tener aplicación o ella no será
decisiva en la resolución del asunto.

4°. En la especie, se impugna la expresión final del artículo 429 del Código del
Trabajo, que dispone: “y, en consecuencia, no será aplicable el abandono del
procedimiento” en el marco del recurso de reposición con apelación en subsidio
presentado por la parte ejecutada, y requirente en autos, contra la resolución del 11 de
septiembre de 2024 del Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago, que
rechazó el incidente de abandono del procedimiento en el proceso de cobranza
laboral, RIT C-2813-2012, RUC 11-4-0015164-6.

4°. Sin perjuicio de lo anterior, la ejecución subyacente al requerimiento dice
relación con el cobro de cotizaciones previsionales por aplicación de lo dispuesto en
el artículo 162, inciso séptimo, del Código del Trabajo, hipótesis que se encuentra
regulada por el artículo 4° bis de la Ley N°17.322. Esta disposición establece
expresamente que, una vez interpuesta la demanda, el procedimiento será impulsado
de oficio por el tribunal, y que prohíbe alegar el abandono por cualquiera de las partes,
una vez incoada la acción judicial.

5°. En consecuencia, aun en el evento de declararse inaplicable la parte final
del artículo 429 del Código del Trabajo, la gestión judicial pendiente seguiría sujeta a
lo dispuesto en el artículo 4° bis de la Ley N°17.322, que mantiene el mismo efecto
jurídico: la exclusión del abandono del procedimiento. De ello se sigue que el precepto
impugnado no resulta decisivo en la resolución del asunto, toda vez que existe una
norma vigente y aplicable que produce idénticas consecuencias jurídicas.

Por estas razones, esta Ministra estuvo por rechazar el requerimiento de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad, únicamente por no cumplirse el requisito
constitucional de decisividad del precepto impugnado.



Redactó la sentencia la Ministra señora DANIELA MARZI MUÑOZ, Presidenta.
La disidencia corresponde al Ministro señor HÉCTOR MERY ROMERO.



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La prevención corresponde a la Ministra señora ALEJANDRA PRECHT RORRIS.



Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.
Rol N° 15.774-24-INA




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Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 27/08/2025



Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida María Pía Silva Gallinato
Fecha: 27/08/2025 Fecha: 26/08/2025



Raúl Eduardo Mera Muñoz Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 27/08/2025 Fecha: 27/08/2025



Héctor Antonio Mery Romero Marcela Inés Peredo Rojas
Fecha: 26/08/2025 Fecha: 27/08/2025



Alejandra Precht Rorris Mario René Gómez Montoya
Fecha: 26/08/2025 Fecha: 27/08/2025


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta,
Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros señora Nancy
Adriana Yáñez Fuenzalida, señora María Pía Silva Gallinato, señor Raúl Eduardo
Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne, señor Héctor Mery
Romero, señora Marcela Inés Peredo Rojas, señora Alejandra Precht Rorris y
señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario (S) del Tribunal Constitucional, señor Sebastián López
Magnasco.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 27/08/2025




50FFAAC5-23E1-4795-82C0-996288E6295B
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