TC Rol 15821

Texto completo

0000715
SETECIENTOS QUINCE




2025

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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Sentencia

Rol N° 15.821-24 INA
[2 de octubre de 2025]
____________



REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD RESPECTO DEL
ARTÍCULO 19, INCISO DECIMOTERCERO, DEL D.L. N° 3.500, QUE
ESTABLECE NUEVO SISTEMA DE PENSIONES

I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

EN EL PROCESO RIT P-408-2024, RUC 24-3-0035750-0, SEGUIDO ANTE EL
JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE TEMUCO




VISTOS:


Introducción

A fojas 1, con fecha 7 de octubre de 2024, la I. Municipalidad de Temuco requiere
la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 19, inciso
decimotercero, del D.L. N° 3.500, que Establece nuevo Sistema de Pensiones, en
el proceso RIT P-408-2024, RUC 24-3-0035750-0, seguido ante el Juzgado de
Letras del Trabajo de Temuco.



Preceptiva legal cuya aplicación se impugna

La preceptiva legal cuestionada dispone:

“En todo caso, para determinar el interés penal, se aplicará la tasa vigente al día
primero del mes inmediatamente anterior a aquél en que se devengue. El interés
que se determine en conformidad a lo dispuesto en los incisos anteriores
se capitalizará mensualmente.”



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SETECIENTOS DIECISEIS




Antecedentes y conflicto constitucional sometido al conocimiento y
resolución del Tribunal

Como antecedentes y en cuanto a la gestión judicial pendiente, explica la parte
requirente de la I. Municipalidad de Temuco que se sigue ante el Juzgado de
Letras del Trabajo de Temuco causa de cobranza laboral, habiendo sido
demandada por la ISAPRE Cruz Blanca S.A., con fecha 2 de febrero de 2024.

El título ejecutivo se contiene en la resolución N° 2024-1849, de 2 de
febrero de 2024 emanado de la misma ISAPRE Cruz Blanca S.A. y se funda en
que “el empleador”, no ha pagado a ISAPRE CRUZ BLANCA S.A. las cotizaciones
previsionales para salud correspondientes a los trabajadores individualizados
en esta resolución, calculadas sobre la base de las remuneraciones que en cada
caso se indican en el anexo de detalle de esta resolución, ni tampoco ha pagado
los reajustes, intereses, y recargos legales de los respectivos periodos” de
manera que resuelve: que el empleador debe pagar a ISAPRE Cruz Blanca S.A la
suma de $17.925.969 -, cuya distribución se consigna para cada trabajador en el
anexo de detalle de esta resolución, por concepto de cotizaciones previsionales
adeudadas a esta ISAPRE, más los intereses, reajustes y recargos contemplados
en el Decreto Ley 18.933 y en la Ley 17.322 y sus modificaciones, los que
deberán determinarse al momento de la solución o pago efectivo de las
cotizaciones impagas a que se refiere esta resolución.

Indica el Municipio que la deuda tiene su origen en una demanda previa
de reconocimiento de relación laboral, sustanciada en los autos RIT O-859-2021,
seguida ante el mismo Juzgado del Trabajo de Temuco, cuya sentencia fue
dictada el 6 de mayo del año 2022 y quedó firme y ejecutoriada con fecha 26 de
diciembre de 2022, por ende -indica el Municipio-, a partir de esa fecha existe o
pueden existir aplicación de las sanciones establecidas en la norma que se pide
inaplicar, ya que la habilitación para proceder al pago depende de la institución
previsional de conformidad a la Ley N° 17.322, por lo que su retardo ve
interesantemente beneficiado sólo sus propias arcas (fojas 2).

Añade la requirente que previo al requerimiento de pago, su parte dio
cuenta de pago íntegro de lo adeudado, conforme a Decreto Alcaldicio N° 970 de
28 de febrero de 2024, por lo que no había nada que liquidar; pero, el tribunal
determinó de igual forma realizar la liquidación arrojando un monto de $
152.999.017 y al momento de interponerse el presente requerimiento de
inaplicabilidad, está pendiente el plazo de objeción, trámite esencial donde se
resolverá la aplicación de sanciones que jamás estuvieron en discusión o más
bien aplicando inconstitucionalmente el artículo 19 de D.L. N° 3.500.

Es precisamente este punto donde indica la Municipalidad requirente se
ve infringido el Principio de Proporcionalidad Constitucional, ya que, en
materia de sanciones o penas, es la: “relación de equilibrio entre el castigo
impuesto y la conducta imputada, que desde el campo penal se extiende como
garantía a todo el orden punitivo estatal” lo cual viene a materializar tanto el
derecho constitucional de igualdad ante la ley (artículo 19, N° 2), cuanto aquella
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SETECIENTOS DIECISIETE




garantía que encauza la protección de los derechos en un procedimiento justo y
racional consagrado en el artículo 19, N° 3, de la Carta Fundamental.

Así, en cuanto al conflicto constitucional se afirma por la parte
requirente que la aplicación de la preceptiva legal impugnada al caso particular
infringe el Principio de Proporcionalidad Constitucional, consagrado el artículo
19 N°s 2 y 3, en relación con los artículos 5, inciso segundo, 6 y 7, todos de la
Constitución Política de la República.

Argumenta la parte requirente el anatocismo que impone el precepto
legal cuya inaplicabilidad se solicita es un mecanismo adicional de incentivo al
pago oportuno de las cotizaciones previsionales que, agrega a la carga del
interés penal ya agravado y a la exigencia de considerar también la
rentabilidad nominal de los Fondos de Pensiones, la capitalización de los
intereses. Sin embargo, como aparece del caso concreto, ello no ha sido idóneo,
útil ni eficiente, pues lo cierto es que las cantidades que se agregan mediante la
aplicación de la regla cuestionada sobre anatocismo, exceden con creces el
pago lo adeudado con sus reajustes e intereses ya aumentados en su base, por
tratarse de una deuda previsional.

Agrega que, en el sentido que exige la proporcionalidad, incrementar
aún más la deuda, mediante la aplicación de la regla sobre anatocismo, lleva
aparejado la imposición de un gravamen adicional que resulta sin duda
excesivo, habida cuenta la intensidad del régimen legal configurado por el
legislador para hacer frente a los efectos del retardo en el pago de las
cotizaciones previsionales.

El Municipio requirente concluye que la aplicación de una medida como
la capitalización de intereses, tendiente a incentivar -ex ante, por cierto- el pago
oportuno de las cotizaciones previsionales, no ha resultado útil para la
consecución de dicho objetivo, en este caso concreto, por lo que se vuelve
desproporcionada y, más todavía, contraproducente, pues tampoco motiva el
cobro por parte de la ejecutante, como se aprecia de la duración del proceso sub
lite, resultando su aplicación contraria a lo dispuesto en el artículo 19 N° 2° y N°
3° de la Constitución, en relación con los artículos 6° y 7° de la misma Carta
Fundamental.

Añade la parte requirente que el hecho de declararse inconstitucional la
norma impugnada que impone la capitalización de los intereses al caso
concreto, no viene en desmedro del trabajador, pues aquel deberá ver
ingresados a su cuenta de capitalización individual los montos adeudados,
conforme a la sentencia judicial pronunciada en sede laboral, debidamente
reajustados y con los intereses penales correspondientes, incluso teniendo
como rasero la rentabilidad promedio de los Fondos de Pensiones.

Así, la norma cuestionada en su aplicación transgrede principios
fundamentales del ordenamiento jurídico, tales como el Principio Non bis in
ídem, el Principio de no enriquecimiento Injusto, y el Principio de
Proporcionalidad, infringiendo también derechos y garantías fundamentales,
los cuales en virtud del Artículo 5 inciso segundo, 6 y 7 de la Constitución
Política de la República, deben ser respetados por toda autoridad.
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SETECIENTOS DIECIOCHO




Concluye el Municipio requirente que de aplicarse la norma reprochada,
se producirá indeclinablemente un indeseado efecto anticonstitucional en
contra de los intereses de su parte y del Estado de Chile en la causa, ya que la
norma en su aplicación al caso concreto ha convertido una deuda de
$17.925.969.-, que es el monto demandado y requerido de pago al día 02 de
febrero de 2024, a la suma de $144.962.581-, conforme a la liquidación del
crédito practicada con fecha 27 de septiembre de 2024, aumentando la deuda
en más de un 800%, sólo por aplicación de la norma que se impugna de
inaplicable.



Tramitación y observaciones al requerimiento

El requerimiento fue acogido a tramitación y declarado admisible por la
Primera Sala de este Tribunal, suspendiéndose además el procedimiento en la
gestión judicial invocada, conforme consta en resoluciones que rolan a fojas
111, 620 y 682 de autos.

A fojas 85 se hizo parte don Héctor Campos Maldonado, demandante de
relación laboral en el juicio previo, y tercero coadyuvante en la cobranza que
constituye el juicio invocado en autos, quien en la oportunidad procesal
pertinente instó por la inadmisibilidad del libelo de fojas 1.

Conferidos los traslados de fondo a los órganos constitucionales
interesados y a las demás partes en la gestión judicial invocada, no fueron
formuladas oportunamente observaciones al fondo del requerimiento.



Vista de la causa y acuerdo

Por decreto de 13 de diciembre de 2024, a fojas 655, se ordenó traer los autos en
relación.

En audiencia de Pleno del día 8 de julio de 2025, se verificó la vista de la
causa, oyéndose la relación pública y los alegatos certificados por el señor
Relator, quedando adoptado el acuerdo y la causa en estado de sentencia con la
misma fecha.



Y CONSIDERANDO:



PRIMERO: Que, conforme lo dispone el artículo 93 número 6° de la Carta
Fundamental, es tarea esta Judicatura resolver, por la mayoría de sus miembros
en ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier
gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la
Constitución.
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SETECIENTOS DIECINUEVE




SEGUNDO: Que la inaplicabilidad, en esencia, recae sobre la aplicación
que la norma impugnada pueda tener en un caso concreto, estimando la
relación jurídico procesal en que incide y no supone la concurrencia de una
contradicción abstracta y universal. Los efectos de la inaplicabilidad son
relativos y sólo conciernen a las partes en juicio o gestión (STC 558, STC 590, STC
596, STC 681, STC 707, STC 1065, STC, 1038, STC 1011, STC 1194, STC 1130, STC
1273).



TERCERO: Que, tal como ya se hizo constar en la parte expositiva de esa
sentencia, el título ejecutivo se contiene en la resolución N° 2024-1849, de 2 de
febrero de 2024 emanado de la ejecutante ISAPRE Cruz Blanca S.A. y se funda en
que la requirente no ha pagado las cotizaciones previsionales para salud
correspondientes a los trabajadores individualizados en la respectiva
resolución, ni tampoco ha satisfecho los reajustes, intereses, y recargos legales
de los respectivos periodos, todo ello conforme a lo preceptuado en la Ley
18.933, y en la Ley 17.322 y sus modificaciones.



CUARTO: Que aparece de manifiesto que el reproche enunciado en el
requerimiento de fojas 1 se endereza en contra de lo dispuesto en el artículo 19,
inciso decimotercero, del D.L. N° 3.500, que Establece nuevo Sistema de
Pensiones. A este respecto, es dable efectuar algunas puntualizaciones, como se
hará en los razonamientos siguientes.



QUINTO: Que la relación entre el derecho a la protección de la salud y el
derecho a la seguridad social es innegable. Tanto en el numeral 9° del artículo 19
de la Carta Fundamental, como en su numeral 18°, se ha otorgado al legislador la
posibilidad de establecer cotizaciones obligatorias, tendientes a financiar
ciertas contingencias propias de la seguridad social, como la vejez, el
desempleo, la enfermedad o la maternidad. Aunque estemos frente a derechos
relacionados, no cabe confundirlos. Cada uno tiene características distintivas y
regulaciones propias, atendidas las necesidades que cada uno de ellos busca
atender.

En términos más generales, se entiende por cotización: “(tipo) de aporte
monetario a la seguridad social que trabajadores y/o empleadores deben efectuar
a los regímenes contributivos, para contribuir al financiamiento de las
prestaciones de seguridad social que pueden reclamar de ellos. Las cotizaciones
por regla general son obligatorias y son retenidas de la remuneración por el
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SETECIENTOS VEINTE




empleador, quien debe enterarlas junto con las que son de su cargo en la entidad
previsional correspondiente. Se admite, a la vez, cotizaciones y cotizantes
voluntarios en algunos regímenes de seguridad social” (CIFUENTES, Hugo [2018]:
El Sistema de Seguridad Social Chileno. Descripción y Aspectos Generales, p. 86.
Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago).



SEXTO: Que, en la gestión pendiente de la causa N° 15.821-24, la parte
ejecutante es una Institución de Salud Previsional, quien actúa persiguiendo el
cobro de las cotizaciones obligatorias de salud (7%). Si bien el DFL N° 1 de 2005
del Ministerio de Salud sí se remite al DL N° 3.500, y el mismo cuerpo legal
también hace referencia a las cotizaciones de salud (Art. 84), resulta necesario
hacer algunas precisiones sobre el cálculo de los intereses en el caso de
cotizaciones de salud morosas.

En efecto, como primera cuestión, diremos que el DFL N° 1 de 2005
contempla una remisión general al DL N° 3.500 en su Art. 195: Sin perjuicio de lo
establecido en el inciso primero del artículo anterior, la Institución deberá
descontar de los subsidios que pague, el porcentaje que, conforme a la normativa
previsional aplicable al cotizante, corresponda para financiar el fondo de
pensiones y los seguros de invalidez y sobrevivencia, así como la cotización de
salud, en los términos que establece el Decreto con Fuerza de Ley N° 44, de 1978,
del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el Decreto Ley N° 3.500, de 1980 y el
Decreto Ley N° 3.501, del mismo año.

Luego, el legislador se encarga de explicitar que la Institución deberá
enterar los descuentos previsionales en la entidad previsional respectiva, en los
plazos y términos que fija el Decreto Ley N° 3.500, de 1980, para el integro de
este tipo de cotizaciones.



SÉPTIMO: Que, con todo, en materia de cotizaciones de salud
previsional, la situación es muy diferente. En efecto, el artículo 186 del DFL N° 1
de 2005 del Ministerio de Salud, establece una norma especial, distinta, sobre
cálculo de reajustes e intereses:

“Las cotizaciones que no se paguen oportunamente por el empleador, la
entidad encargada del pago de la pensión, el trabajador independiente o el
imponente voluntario, se reajustarán entre el último día del plazo en que
debió efectuarse el pago y el día en que efectivamente se realice. Para estos
efectos, se aumentarán considerando la variación diaria del Índice de
Precios al Consumidor mensual del período comprendido entre el mes que
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SETECIENTOS VEINTIUNO




antecede al mes anterior a aquel en que debió efectuarse el pago y el mes
que antecede al mes anterior a aquel en que efectivamente se realice.

Por cada día de atraso la deuda reajustada devengará un interés penal
equivalente a la tasa de interés corriente para operaciones reajustables en
moneda nacional a que se refiere el artículo 6° de la Ley N° 18.010,
aumentado en un veinte por ciento.

Si en un mes determinado el reajuste e interés penal aumentado a que se
refiere el inciso anterior, resultare de un monto total inferior al interés
para operaciones no reajustables que fije la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras aumentado en veinte por ciento, se aplicará esta
última tasa de interés incrementada en igual porcentaje, caso en el cual no
corresponderá aplicación de reajuste.

En todo caso, para determinar el interés penal se aplicará la tasa vigente al
día primero del mes anterior a aquel en que se devengue.

Los representantes legales de las Instituciones de Salud Previsional
tendrán las facultades establecidas en el artículo 2° de la Ley N° 17.322,
con excepción de la que se señala en el número tres de dicha disposición.

Serán aplicables en lo pertinente a los deudores que indica este artículo, lo
dispuesto en los artículos 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 11, 12, 14 y 18 de la Ley N°
17.322 para el cobro de las cotizaciones, reajustes e intereses adeudados a
una Institución de Salud Previsional. Dichos créditos gozarán del
privilegio establecido en el N° 6 del artículo 2472 del Código Civil. Sin
perjuicio de todo lo anterior, a los empleadores o entidades que no enteren
las cotizaciones que hubieren retenido o debido retener a sus trabajadores
o pensionados, les serán aplicables las sanciones penales que establece la
ley antes dicha.

Los reajustes e intereses a que se refiere el inciso anterior serán de
beneficio de la respectiva Institución de Salud Previsional”.



OCTAVO: Que del tenor del propio artículo 19 del DL N° 3.500, dentro del
cual se encuentra la norma impugnada, aparece que éste no se aplica a las
cotizaciones de salud, toda vez que su inciso primero señala que “(las)
cotizaciones establecidas en este Título deberán ser declaradas y pagadas por el
empleador, el trabajador independiente a que se refiere el inciso tercero del
artículo 90, el afiliado voluntario a que se refiere el Título IX o la entidad pagadora
de subsidios, según corresponda, en la Administradora de Fondos de Pensiones a
que se encuentre afiliado el trabajador, dentro de los diez primeros días del mes
siguiente a aquél en que se devengaron las remuneraciones y rentas afectas a
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SETECIENTOS VEINTIDOS




aquéllas, o aquel en que se autorizó la licencia médica por la entidad
correspondiente, en su caso, término que se prorrogará hasta el primer día hábil
siguiente si dicho plazo expirare en día sábado, domingo o festivo. El trabajador
independiente a que se refiere el inciso primero del artículo 90 pagará las
cotizaciones a que se refiere este Título, en la forma y oportunidad que establece el
artículo 92 F”. Dicha referencia, como es obvio, se entiende hecha al Título III del
Decreto Ley, mientras que la cotización de salud se encuentra regulada en el
Título VIII.



NOVENO: Que, por lo tanto, como se ha explicado, la norma que se
invoca en el requerimiento como contraria a la Carta Fundamental no tiene ni
puede recibir aplicación en la gestión pendiente, motivo que basta para que la
acción constitucional que se ha sometido a nuestra decisión quede desestimada.



DÉCIMO: Que, en fin, este Tribunal Constitucional carece de competencia
para conocer y resolver las reclamaciones que las partes del juicio quisieren
promover acerca de la liquidación del crédito cuya ejecución se impulsa en la
gestión pendiente. Al efecto, los litigantes cuentan con los procedimientos,
mecanismos y recursos previstos en el Libro V capítulo II párrafos 1°, 2°, 3° 4° y
5° del Código del Trabajo para promover ante la judicatura laboral las
alegaciones que estimen apropiadas para la adecuada defensa de sus derechos.



Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93, incisos primero, N°
6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la
Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997, Orgánica
Constitucional del Tribunal Constitucional,



SE RESUELVE:

1) QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD
DEDUCIDO A FOJAS 1, EN TODAS SUS PARTES.

2) QUE SE DEJA SIN EFECTO LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO
DECRETADA. OFÍCIESE AL EFECTO.

3) QUE NO SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE REQUIRENTE, POR
ESTIMARSE QUE TUVO MOTIVO PLAUSIBLE PARA LITIGAR
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SETECIENTOS VEINTITRES




DISIDENCIA

Acordada con el voto en contra de la Ministra señora MARCELA PEREDO

ROJAS, quien estuvo por acoger el requerimiento, por las siguientes razones:

I. SOBRE EL ROL DEL JUEZ CONSTITUCIONAL EN LA ACCIÓN DE

INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD Y EL ROL DEL JUEZ DE LA GESTIÓN

PENDIENTE CONFORME A LA CONSTITUCIÓN

1° Que, a juicio de esta jueza constitucional en el caso de autos, resulta
indispensable recordar una distinción previa implícita en la Carta
Fundamental que se deriva del fundamento constitucional de la acción
de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en el mandato del artículo 93
N ° 6 de la Carta Magna. Esto es, la distinción de juridicidad y competencia
en el Estado de Derecho respecto del rol que cumple el juez constitucional
como aquel que conoce de la gestión pendiente, perteneciente a la justicia
ordinaria o especial, en el procedimiento constitucional.

Ello porque, el voto de mayoría considera que el precepto legal
impugnado no será aplicado en el caso de autos, debido a existir una
norma especial en materia de ISAPRES respecto al interés penal y, ello,
excluiría la figura del anatocismo en el caso concreto.
2° En razón de lo anterior, es necesario recordar en este caso concreto la
relación entre juez constitucional y el juez ordinario que conoce de la
gestión pendiente, en el contexto constitucional, se encuentra marcada
por dos figuras que han sido latamente desarrolladas por la doctrina
constitucional chilena: La deferencia y el margen de apreciación que
debe observar el Tribunal Constitucional en el ejercicio de la facultad o
atribución de conocer y fallar acerca de las acciones de inaplicabilidad
por inconstitucionalidad que se presenten ante él.

3° Que, a mayor abundamiento, a juicio de esta Ministra, el concepto
constitucional de deferencia no es unívoco, Ello implica, que en el caso de
autos se debe aplicar la denominada “curial deference” que es la acepción
que motiva el requerimiento de inaplicabilidad, pues la requirente
estima que la norma legal impugnada puede ser aplicada por el juez del
fondo que resolverá la gestión pendiente conforme al requisito de la voz
constitucional “cuya aplicación” contenida en la Carta Fundamental. En
este sentido, la expresión curial deference se define como la sumisión del
juez por competencia.

4° De esta forma, es posible entender que el juez constitucional, en el
contexto del conocimiento de un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, cumple un rol diametralmente distinto y
diferenciado respecto del juez que conoce de la gestión pendiente. Lo
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SETECIENTOS VEINTICUATRO




anterior, supone necesariamente “(…) la autonomía de los tribunales que
conocen de esa gestión para interpretar y aplicar el Derecho en la
resolución de conflictos sometidos a ellos, pero actuando en estas materias
“conforme a las normas constitucionales”. Esto implica para el TC el deber
de no sustituir la labor del juez ordinario.” (Martínez Estay, José Ignacio.,
La deferencia del Tribunal Constitucional respecto del juez en la gestión
pendiente en la cuestión de inaplicabilidad. (Estudios Constitucionales,
Año 13, N°1, 2015), p. 239).

5° Es por ello que la función del Tribunal Constitucional corresponde
únicamente a pronunciarse acerca de la existencia de efectos
constitucionales que puede tener la eventual aplicación de un precepto
legal determinado.
Así se ha pronunciado el mismo Tribunal Constitucional en la sentencia
rol N°806-07, al señalar que “a este Tribunal no le compete ordenar que
una causa sea conocida o resuelta conforme a determinados preceptos
legales, lo que es propio de los jueces del fondo, sino evitar la aplicación de
preceptos legales que puedan producir efectos inconstitucionales” (véase
considerando 5°).

6° En consecuencia, a juicio de esta Ministra, en el caso de autos no
resulta posible señalar de forma categórica que el artículo 19 inciso
decimotercero del D.L. N°3.500 resulte descartado absolutamente por el
juez del fondo del asunto. Lo anterior, toda vez que corresponde
únicamente al juez de un tribunal ordinario o especial que esté
conociendo de la gestión judicial pendiente invocada en el
requerimiento, determinar en base a su razonamiento qué norma será
aplicable o no al momento de pronunciarse sobre el fondo de la
controversia sometida a su conocimiento.

7° Por eso, con razón, el profesor Martínez Estay ha advertido que esta
Magistratura, sólo puede realizar una interpretación consistente en
determinar los efectos inconstitucionales de la probable o posible
aplicación de un precepto legal determinado y “(…) en ningún caso puede
suponer una competencia de éste para determinar cuál de las diversas
interpretaciones posibles y ajustadas a la Constitución, es la que se debe
aplicar el juez de la gestión pendiente (…)” (Martínez Estay, José Ignacio.,
La deferencia del Tribunal Constitucional respecto del juez en la gestión
pendiente en la cuestión de inaplicabilidad. (Estudios Constitucionales,
Año 13, N°1, 2015), p. 247).

8° A mayor abundamiento, esta Ministra disidente, razona sobre la base
de que el hecho mismo de la aplicación de uno u otro precepto legal a un
caso concreto para su resolución de parte del juez de fondo resulta una
actividad que tiene el carácter de probable e, incluso, posible o eventual.
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SETECIENTOS VEINTICINCO




De esta forma, resulta improcedente de parte de la magistratura
constitucional, determinar o afirmar de forma categórica que tal o cual
precepto legal será o no aplicado por el juez del fondo, que es el llamado a
realizar dicha acción por antonomasia.

9° Por tanto, y a diferencia de lo planteado en el voto de mayoría, esta
Magistratura determina si la posible o eventual aplicación de un
determinado precepto legal genera efectos que infringen las garantías
aseguradas por la Constitución Política de la República como baremo de
juridicidad de resolución del conflicto constitucional de autos, en base a
la interpretación constitucional del precepto legal impugnado por la
requirente.


II. SOBRE LA DOCTRINA CONSTITUCIONAL DE ESTA MAGISTRATURA RESPECTO

DE LOS PRECEPTOS LEGALES POTENCIALMENTE APLICABLES AL CASO CONCRETO




10° Que, en consonancia con lo anterior, las cotizaciones obligatorias de
salud, relacionadas con las Isapres, se regulan por el D.L. Nº3.500, del cual
es parte el precepto legal impugnado. Esto es aún más patente si se tiene
en cuenta que, esta Magistratura ha sostenido que “basta la mera
posibilidad de que el precepto impugnado resulte aplicable en la gestión
pendiente para que el Tribunal Constitucional sea competente y deba
entrar al fondo del asunto y pronunciarse sobre la inaplicabilidad por
inconstitucionalidad requerida” (STC 2678, c. 9°).

11° En ese sentido, esta Ministra estima que para la interpretación
constitucional del precepto legal impugnado por la requirente resulta útil
la doctrina constitucional empleada por esta Magistratura sobre el
precepto legal impugnado “potencialmente aplicable”, y en caso de duda
razonable, resolver conforme a aquella doctrina. Así, este Tribunal ha
razonado que en el ejercicio de su competencia constitucional “sólo le
compete verificar la posibilidad de que el precepto legal pueda ser aplicado
a un caso, para quedar obligada a pronunciarse si tal aplicación resultara
o no contraria a la Constitución” (STC 506, c. 11°); ambos criterios que han
sido reforzados en sentencias recientes, por ejemplo, en STC Rol
Nº15.463.

12° En efecto, a juicio de esta ministra, el precepto legal impugnado por la
requirente resulta potencialmente aplicable porque existe una necesaria
conexión en la ley entre disposiciones especiales y generales frente a su
aplicación en un caso concreto. Con razón esta Magistratura ha
advertido que “todo precepto legal que se impugne no constituye
generalmente una norma aislada, sino que es un enunciado que, puesto en
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SETECIENTOS VEINTISEIS




aplicación, guarda relaciones de interdependencia y operatividad con
otros, a la luz de los cuales cabe ser interpretado y aplicado.” (STC Rol
N°806, considerando 6°).

13° En particular, cabe recordar, conforme a una interpretación
constitucional armónica y finalista en razón al precepto legal impugnado
por el requirente a fojas 1, de autos, esto es “las cantidades que se agregan
mediante la aplicación de la regla cuestionada sobre anatocismo,
exceden, con creces, el pago lo adeudado con sus reajustes e intereses ya
aumentados en su base, por tratarse de una deuda previsional”. A mayor
abundamiento, a fojas 5 del expediente constitucional consta que la
cuestión de constitucionalidad en virtud de la cual el requirente recurre
ante esta Magistratura.

14° Que, en consonancia con lo anterior, y en virtud de la potencial
aplicación del anatocismo al caso concreto, esta Ministra razona en base
al principio de unidad hermenéutica, vale recordar que el precepto legal
impugnado por el requirente al trabar la cuestión constitucional
debatida supone aplicar los criterios de interpretación constitucional
sistemática y finalista al revisar judicialmente el control de
constitucionalidad de la norma legal impugnada. Ello porque, a modo de
ejemplo, el artículo 195 incisos primero y segundo del D.F.L. N°1 de 2005
del Ministerio de Salud prescribe lo siguiente: “ Sin perjuicio de lo
establecido en el Ley N° 18.933 inciso primero del artículo anterior, la
Institución deberá descontar de los subsidios que pague, el porcentaje
que, conforme a la normativa previsional aplicable al cotizante,
corresponda para financiar el fondo de pensiones y los seguros de
invalidez y sobrevivencia, así como la cotización de salud, en los términos
que establece el Decreto con Fuerza de Ley N° 44, de 1978, del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social, el Decreto Ley N° 3.500, de 1980 y el Decreto Ley
N° 3.501, del mismo año.
La Institución deberá enterar los descuentos previsionales en la entidad
previsional respectiva, en los plazos y términos que fija el Decreto Ley N°
3.500, de 1980, para el integro de este tipo de cotizaciones”. (el destacado es
nuestro).

15° Por tanto, la norma legal citada a modo ejemplar en el razonamiento
precedente da cuenta de una remisión general a otros cuerpos
normativos, entre los que se cuenta el Decreto Ley N°3.500 en
consonancia con el precepto legal impugnado en autos. Aquello en
consonancia con la jurisprudencia asentada en esta Magistratura que ha
advertido en razonamientos anteriores ante la duda razonable de la
posibilidad de aplicación del precepto legal impugnado en la gestión
pendiente en cuestiones constitucionales de otras materias, pero la
misma razón jurídica se ha argumentado que :“Desconoce este Tribunal si
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SETECIENTOS VEINTISIETE




algunos o todos los cargos se hacen o las sanciones podrían adoptarse en
virtud del precepto impugnado o de algún otro de los numerales del mismo
artículo. Basta la posibilidad de aplicación del precepto impugnado para
que esta Magistratura se vea obligada a pronunciarse a su respecto”.
(Véase STC Rol 747-07, cursivas añadidas).


III. SOBRE LA INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL DEL ANATOCISMO


16° A mayor abundamiento, la interpretación constitucional del
anatocismo en las cotizaciones de salud no proviene solamente del
precepto legal impugnado sino al tenor de la Carta Fundamental. Esto es,
el artículo 19 N.º 9, establece la elección del sistema de salud, la cual,
establece una cotización que surge a través de los salarios, implicando
que una parte del salario del trabajador será destinado a un plan de salud
determinado.


17° Así, esta Ministra razona en base a que la disposición constitucional
faculta al legislador para imponer cotizaciones obligatorias debiendo
entenderse que la ley puede liberar de ellas, por razones fundadas y sin
discriminaciones a personas indigentes o grupos familiares que carecen
de recursos necesarios para efectuarlas.

18° Por ende, la regulación de este sistema legal de protección de salud
deriva de la Constitución y se encuentra en el D.L. 3500 de 1980, pero más
tarde, es regulado, además con otras leyes como; La ley 18.469 y sus
reformas que constituyen el estatuto de protección de la salud en virtud
del derecho asegurado constitucionalmente en el artículo 19 n ° 9 de la
Carta Magna.

19° Por tanto, y en virtud de todo lo anteriormente expuesto, y en
consideración a la competencia del juez constitucional en materia de
acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad conforme a lo
expresado por la parte requirente a fojas 1, esta Ministra concluye que la
adjudicación del precepto legal impugnado a la solución de la
controversia jurídica del anatocismo es de competencia del juez del
fondo, y que ante la potencial aplicación de la norma legal de anatocismo
en el caso concreto aquel resulta una sanción injusta que supone una
contravención al principio de prohibición de exceso, de non bis in ídem y
de enriquecimiento injusto.
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SETECIENTOS VEINTIOCHO




20° En ese sentido, el rol del juez constitucional supone garantizar al
requirente que ante la potencial aplicación de un precepto legal
impugnado que produce efectos inconstitucionales, este debe ser
inaplicado en el caso de autos, a contrario sensu, la adjudicación de una
norma de aplicación especial o general para la resolución de la gestión
pendiente supone el ejercicio legitimo del juez del fondo en virtud del
artículo 76 de la Carta Magna.

21° Esto porque, parafraseando a don Álvaro Dors, el sentido común
indica que es el juez quien dice el derecho aplicable al caso concreto. Y, es
que, a la luz de la doctrina de la mejor posición conforme al principio
constitucional de separación de funciones, a esta Magistratura
corresponde, aunque sea obvio, la resolución del conflicto constitucional
planteado por la requirente. Esto es el conflicto potencial de la aplicación
del anatocismo ante la Constitución.

22° En fin, y en ese entendido, para esta jueza constitucional ante la duda
razonable de que el precepto legal impugnado “cuya aplicación” pueda
producirse en la gestión pendiente causando agravio constitucional y,
por tanto, genere efectos contrarios a las garantías aseguradas
constitucionalmente, este requerimiento de fojas 1 debe ser acogido.



Redactó la sentencia el Ministro señor HÉCTOR MERY ROMERO; y la
disidencia, la Ministra señora MARCELA PEREDO ROJAS.

Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N° 15.821-24 INA.

Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 02/10/2025



María Pía Silva Gallinato Miguel Angel Fernández González
Fecha: 02/10/2025 Fecha: 02/10/2025



Raúl Eduardo Mera Muñoz Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 02/10/2025 Fecha: 06/10/2025



Héctor Antonio Mery Romero Marcela Inés Peredo Rojas
Fecha: 02/10/2025 Fecha: 02/10/2025
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SETECIENTOS VEINTINUEVE


Mario René Gómez Montoya
Fecha: 02/10/2025


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta,
Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros señora María
Pía Silva Gallinato, señor Miguel Ángel Fernández González, señor Raúl
Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne, señor Héctor
Mery Romero, señora Marcela Inés Peredo Rojas y señor Mario René Gómez
Montoya.

Autoriza el Secretario (S) del Tribunal Constitucional, señor Sebastián López
Magnasco.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 06/10/2025




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