TC Rol 15873

Texto completo

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QUINIENTOS VEINTE




2025

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

____________
Sentencia

Rol N° 15.873-24 INA
[2 de septiembre de 2025]
____________



REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD RESPECTO DEL
ARTÍCULO 12 DE LA LEY N° 17.322

GIOVANNA VALERIA GIUSTI-BILZ

EN EL PROCESO RIT P-339-2022, RUC 22-3-0022682-9, SEGUIDO ANTE EL
JUZGADO DE COBRANZA LABORAL Y PREVISIONAL DE VALPARAÍSO




VISTOS:


Introducción

A fojas 1, con fecha 23 de octubre de 2024, Giovanna Valeria Giusti-Bilz deduce
requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo
12 de la Ley N° 17.322, que establece normas para la cobranza judicial de
cotizaciones, aportes y multas de las instituciones de seguridad social, en el
proceso RIT P-339-2022, RUC 22-3-0022682-9, seguido ante el Juzgado de
Cobranza Laboral y Previsional de Valparaíso.



Preceptiva legal cuya aplicación se impugna

La preceptiva legal cuestionada dispone:

“Artículo 12° El empleador que no consignare las sumas descontadas o que debió
descontar de la remuneración de sus trabajadores y sus reajustes e intereses
penales, dentro del término de quince días, contado desde la fecha del
requerimiento de pago si no opuso excepciones, o desde la fecha de la notificación
de la sentencia de primera instancia que niegue lugar a ellas, será apremiado con


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arresto, hasta por quince días. Este apremio podrá repetirse hasta obtener el pago
de las sumas retenidas o que han debido retenerse y de sus reajustes e intereses
penales.

El apremio será decretado, a petición de parte, por el mismo Tribunal que esté
conociendo de la ejecución y con el solo mérito del certificado del secretario que
acredite el vencimiento del término correspondiente y el hecho de no haberse
efectuado la consignación.

Las resoluciones que decreten estos apremios serán inapelables.

La consignación de las cantidades adeudadas hará cesar el apremio que se
hubiere decretado en contra del ejecutado, pero no suspenderá el curso del juicio
ejecutivo, el que continuará tramitándose hasta que se obtenga el pago del resto
de las sumas adeudadas.”.



Antecedentes y conflicto constitucional sometido al conocimiento y
resolución del Tribunal Constitucional

Como antecedentes y en cuanto a la gestión judicial pendiente, expone la parte
requirente Como antecedentes y en cuanto a la gestión judicial en que incide el
requerimiento, expone la parte requirente de doña Giovanna Valeria Giusti-
Bilz que la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) PlanVital S.A. inició
un juicio de cobro de deudas previsionales en su contra, que se sustancia bajo el
Rol P-339-2022 ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de
Valparaíso.

Indica la requirente que la demanda le fue notificada con fecha 01 de
febrero de 2022 y con fecha 26 de julio de 2022 se solicitó por la AFP ejecutante,
en el cuaderno de apremios, el apremio de arresto según lo dispuesto en el
impugnado artículo 12 de la ley N°17.322, lo que -indica la actora- en sí mismo
no causa problema, sin embargo, en su caso particular genera resultados
contrarios a la Constitución.

Explica que, en el procedimiento de cobranza, la deuda comenzó siendo
de $8.809.258, pero hoy asciende a $50.204.117, suma que es imposible saldar
en su actual estado de salud. En ese contexto, señala la requirente que tiene 60
años de edad y padece un cáncer terminal, de modo que el apremio de arresto
podría tener como consecuencia un rápido deterioro en su salud, sin contar la
constante perturbación psíquica a la que se encuentra sometida, toda vez que
existe un gran y fundado temor de que, de hacerse efectiva la medida del
artículo 12, podría significar la aceleración de su enfermedad o incluso su
muerte si no accede a tratamiento oportunamente, todo junto con la facultad
que queda al ejecutante de repetir el apremio cuantas veces estime
conveniente, a su solo arbitrio, mientras no se pague la deuda.

En seguida, en cuanto al conflicto constitucional, la parte requirente
afirma que la aplicación del impugnado artículo 12 de la Ley N° 17.322 al juicio
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invocado, importa en el caso concreto la vulneración de lo dispuesto en los
artículos 1°, 5° y 19 N°s 1, 7 y 26 de la Constitución Política de la República, así
como la infracción de los artículos 1, 4, 5 y 7 N° 7 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), y de los artículos 6,
10 y 32 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos
Humanos de las Personas Mayores.

Así, estima la parte requirente que la norma impugnada le afecta en su
derecho a la libertad personal que le garantiza el artículo 19 N° 7 constitucional,
en relación con lo dispuesto en el artículo 7 N°7 del Pacto de San José de Costa
Rica, el cual proscribe la prisión por deudas, agregando que en este caso
concreto si bien la medida decretada no se corresponde con la prisión es
necesario señalar que es excesivamente gravosa para la requirente. En esta
parte señala que el Pacto de San José de Costa Rica proscribe la prisión por
deudas, con la sola excepción de aquellas que provienen del incumplimiento de
deberes alimentarios, característica que las cotizaciones previsionales carecen,
afirma a fojas 4.

Añade la actora la vulneración de su integridad física y psíquica,
atendido que es una mujer de 60 años que padece de un cáncer intratable y
terminal. Señala que de materializarse la medida puede significar un agravio
irreparable a su salud, pues su enfermedad empeorará sin posibilidad de
revertirlo, y de la misma forma existe un miedo constante a ser detenida por un
largo periodo de tiempo, pues no podrá acceder a ningún tipo de cuidado
paliativo ni contará con los recursos e insumos en caso de que sobrevenga
alguna de las crisis o ataques que su enfermedad usualmente trae.

En seguida hace referencia la parte requirente a la legitimidad del
apremio, afirmando que su parte no discute la legitimidad de la medida en
particular ni tampoco sobre su constitucionalidad en general, pero en este caso
concreto la medida deviene en ilegítima e inconstitucional, toda vez que no solo
restringe la libertad personal, ya sea se considere que el apremio es excesivo o
no según lo expuesto anteriormente, sino que además se restringen y
amenazan las garantías contenidas en el artículo 19 N°1 de la Constitución y las
demás normas internacionales aplicables, ya que en este caso la aplicación del
apremio trae consigo el deterioro de la salud de la requirente y de su integridad
física y psíquica.

Y hace presente también el aspecto reiterativo de la medida, siendo la
limitante el arbitrio de la parte que lo solicita, lo que produce una situación en
la que se podría extender el efecto inconstitucional de la medida a perpetuidad,
por lo demás con escasa posibilidad de detenerla por parte de la requirente, en
primer lugar, por no tener los fondos suficientes para saldar la deuda ni la
posibilidad de adquirirlos en atención a su estado de salud y, en segundo lugar,
por la imposibilidad de la revisión de esta medida, al no ser procedente el
recurso de apelación en contra de la resolución que decreta el apremio.

Consta en los antecedentes allegados por la parte requirente, resolución
de 19 de agosto de 2022, del Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de
Valparaíso, que ordena el arresto de doña Giovanna Valeria Giusti-Bilz por el
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término de 5 (cinco) días; y resolución de 07 de marzo de 2024, que comunica la
vigencia del arresto dictado en la misma causa por el término de 5 (cinco) días
(Rol P-339-2022).



Tramitación y observaciones al requerimiento

El requerimiento El requerimiento fue acogido a tramitación y declarado
admisible [unánime] por la Segunda Sala de este Tribunal Constitucional,
conforme consta a fojas 25 y 486; ordenándose asimismo la suspensión del
procedimiento en la gestión concernida.

Conferidos los traslados de fondo a los órganos constitucionales
interesados y a las demás partes en la gestión invocada, no fueron formuladas
observaciones al libelo dentro de plazo legal.

A fojas 467, en la etapa previa a la declaración de admisibilidad, se hizo
parte la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) PlanVital S.A. y solicitó
tener presente lo que indica a efectos del rechazo del requerimiento intentado a
fojas 1.

Plantea la AFP que en el juicio sublite no se formuló oposición a la
ejecución ni objetó la liquidación, pretendiendo ahora la requirente dilatar el
cobro vía acción de inaplicabilidad, en circunstancias que, además, el precepto
que impugna ya fue aplicado.

Sobre el fondo, indica la AFP que las deudas concernidas en este caso
quedan fuera del artículo 7 de la Convención Americana, porque nos
encontramos ante una obligación legal de carácter equivalente al alimentario,
conforme lo ha ratificado este Tribunal Constitucional en su jurisprudencia, al
tiempo que se trata de dineros de propiedad de los trabajadores.

Así, es tal la importancia del apremio contemplado en el artículo 12 de la
Ley 17.322, que dictada la resolución que da lugar a la orden de arresto por el
tribunal, esta es inapelable y solo corresponderá dejarla sin efecto una vez que
el deudor haya consignado las sumas adeudadas para el pago de las
cotizaciones previsionales.

Añade la AFP que existe una discusión permanente con respecto a esta
medida de apremio, por considerarla como una medida extrema, en
consideración al Pacto de San José de Costa Rica, relacionado con la prisión por
deudas, lo que actualmente no se aplica, debido a que las cotizaciones
previsionales, forman parte de la remuneración del trabajador, por lo que se
trata de fondos y bienes de su dominio, las cuales se deben enterar a su nombre
en la Administradora de Fondos de Pensiones respectiva, y respecto de los
cuales el empleador se transforma en un verdadero diputado para el pago,
conforme a los artículos 1.580 y siguientes del Código Civil. Y, es por ello que el
legislador ha establecido que el no pago de las cotizaciones previsionales
constituye además un delito de apropiación indebida, ya que el empleador es
un mero retenedor de los fondos previsionales adeudados.
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Consigna la AFP que no cabe sino concluir que el argumento de la
contraria carece de todo fundamento, porque la doctrina y jurisprudencia,
tanto de nuestros Tribunales Superiores como de esta misma Magistratura son
contestes en que la norma impugnada no infringe lo dispuesto en los Tratados
Internacionales, ni tampoco constituye un caso de prisión por deudas.



Vista de la causa y acuerdo

Con fecha 13 de diciembre de 2024, a fojas 499, fueron traídos los autos en
relación.

En audiencia de Pleno del día 19 de junio de 2025, se verificó la vista de la
causa, oyéndose la relación pública y los alegatos certificados por el señor
Relator. Con la misma fecha se adoptó el acuerdo, quedando la causa en estado
de sentencia.



Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la parte de doña Giovanna Valeria Giusti-Bilz requiere la
inaplicabilidad del artículo 12 de la Ley 17.322, en cuanto permite imponerle
arrestos en la gestión judicial pendiente, consistente en juicio Rol P-339-2022
seguido en su contra ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de
Valparaíso. Sostiene, en su libelo ante esta sede, que la aplicación a su caso de la
norma en examen contraviene lo dispuesto por los artículos 1°, 5° y 19 números
1, 3 y 7 de la Constitución Política de la República, particularmente por
encontrarse aquejada de un cáncer de colon en fase IIIC, calificado de
intratable, además de padecer una seria afectación a su salud hepática, como
consecuencia del tratamiento de quimioterapia que se le practicó por el cáncer,
de modo que su estado puede catalogarse actualmente como terminal, lo que
determina que el apremio cuya inaplicabilidad pide solo le acarrearía una
aceleración en el deterioro de su estado, además de la consiguiente
perturbación psíquica. El estado de salud de la requirente consta de los
documentos que acompañó y de las consideraciones del voto disidente que
estuvo por acoger el amparo presentado en su favor, en la sentencia dictada al
efecto con fecha 17 de septiembre de 2024 por la Cuarta Sala de la Excma. Corte
Suprema de Justicia, en su causa Rol 47.308-24

SEGUNDO: Que entre los ministros de este tribunal que conforman la mayoría
existen posiciones divergentes respecto del carácter constitucional o no que la
norma atacada tenga en abstracto, pero en la especie lo que decide el problema
es la aplicación al caso concreto, de modo que a éste nos atendremos, sin
adentrarnos en la cuestión general relativa a si el apremio que dispone el
artículo 12 de la ley 17.322 vulnera o no la prohibición de prisión por deudas o si
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configura o no una medida desproporcionada por la posibilidad de reiterarla
sin límite de oportunidades, frente a la naturaleza alimenticia que tuvieren las
cotizaciones y al hecho indiscutible que el dinero adeudado pertenece a los
trabajadores y que su falta de pago genera un efecto no solo indeseable sino
inaceptable en el derecho a la seguridad social de estos. El examen, pues, se
limitará a lo que la aplicación del precepto al caso concreto produce, aun bajo el
supuesto –para el solo efecto del análisis y sin que exista renuncia de ninguna
posición abstracta sobre el particular- de que el apremio se considerara en sí
mismo, de modo general, como ajustado a la Constitución.

TERCERO: Que, en ese entendido, las circunstancias del caso concreto se
refieren a una orden de arresto dictaminada y pasible de ser reiterada, en
contra de una persona que padece, probadamente, una enfermedad no solo
grave, sino mortal, y las preguntas que debemos hacernos para resolver el
requerimiento son las siguientes: a) si existe en el caso sub lite una gestión
judicial pendiente; b) si, de haber una gestión pendiente, la acción de
inaplicabilidad es la adecuada para resolver el punto, o se quiere convertir
dicha acción en una de amparo constitucional; c) si de ser ésta la acción
adecuada para resolver el caso, es lícito considerar circunstancias de hecho de
la actora para determinar la aplicación de una norma legal a un caso judicial, en
el examen de inaplicabilidad; y d) si, en caso de ser afirmativa la respuesta a la
interrogante anterior, se produce en efecto alguna vulneración a las normas
constitucionales con la aplicación del artículo 12 en estudio al caso de la
requirente.

CUARTO: Que la primera pregunta es pertinente porque la vigencia de la
gestión es negada por la AFP, que argumenta al respecto que, como la ejecución
está en etapa de apremio sin que se opusieran excepciones, no queda nada que
debatir y el precepto que se impugna ya fue aplicado. Sin embargo ese
razonamiento es doblemente errado. Lo es, primero, porque nada tiene que ver
aquí que no se opusieran excepciones o no se impugnara la liquidación del
crédito, ya que la requirente no reclama de limitaciones a su derecho de defensa
respecto de la cobranza, o del monto de la deuda, sino de la naturaleza de una
determinada medida de apremio para el cobro. Enseguida, es también
equivocado el argumento porque el arresto no ha sido llevado a cabo ni se ha
pagado la deuda, por lo que la ejecución prosigue y sin la norma del artículo 12
en examen la afectada no solo puede pedir legítimamente que se deje sin efecto
la orden, sino, a todo evento obtendría que el juzgado quede impedido de
renovarla. Desde que el proceso de apremio no ha terminado claro está que
sigue pendiente la gestión judicial en que la norma atacada incide, y en esa
gestión puede renovarse cuantas veces se quiera el apremio de arresto,
precisamente al tenor del artículo 12 de la Ley 17.322, de modo que la
pretensión de la actora es pertinente y obtener en ella le sería útil, lo que
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demuestra que la norma es decisiva para la suerte del procedimiento de
cobranza previsional, respecto de la medida de arresto.

QUINTO: Que la segunda pregunta se responde de modo decididamente
afirmativo. El aparente problema de confundir una acción de inaplicabilidad
por inconstitucionalidad con una de amparo de garantías constitucionales es
una ilusión, porque como muy acertadamente lo destaca la profesora Catalina
Salem en su columna de análisis jurídico publicada en el Mercurio Legal con
fecha 3 de junio de 2024, “la premisa se encuentra mal formulada, pues está
concebida en términos absolutos. De otra manera, ¿cómo se explica en las
acciones de inaplicabilidad la casi unánime invocación de vulneraciones a
derechos fundamentales como vicio de inconstitucionalidad? Cuando el Tribunal
Constitucional ordena la inaplicación de un precepto legal por vulnerar un
derecho fundamental, ¿no lo está amparando?”. Lo que en verdad ocurre es que
la diferencia no estriba en que en una acción se protejan derechos
constitucionales y en la otra no. La inaplicabilidad protege directamente los
derechos constitucionales y, las más de las veces, cuando es acogida lo es
porque, precisamente, la aplicación de la norma legal al proceso judicial de que
se trate ocasiona la infracción de alguna de las garantías del artículo 19 de la
Constitución. Nos parece insostenible, por ende, pretender que la
inaplicabilidad no ampare esos derechos: los ampara, y ni siquiera
indirectamente sino directamente, como también lo afirma en su citado artículo
la profesora Salem. Esto si consideramos el término amparo de derechos, nos
dice, “entendido este último en la acepción que atiende a su finalidad y no al objeto
controlado”.

SEXTO: Que la confusión que se produce es doble. Por un lado, porque a lo que
hay que atender, para distinguir al amparo de la inaplicabilidad es al objeto
controlado, precisamente como lo indica la profesora citada, y no al fin de
resguardo, que ambas acciones tienen. El llamado “recurso de amparo” (en
verdad, acción constitucional) controla resoluciones de autoridades, sean
judiciales o administrativas, y actuaciones de hecho, sean de autoridad o de
particulares, que afecten la libertad o la seguridad de una persona. La
inaplicabilidad, en cambio, nunca ataca resoluciones judiciales o
administrativas ni, evidentemente, tampoco actuaciones de pura fuerza. Por
definición la inaplicabilidad se refiere a retirar de entre las normativas
atingentes a un caso judicial concreto, una norma legal. El amparo supone la
ilegalidad. La acción de inaplicabilidad supone, a la inversa, la legalidad, y el
problema, en este último caso, estriba precisamente en la norma, en la ley, pero
en la norma no en abstracto, sino en cuanto a su aplicación al caso concreto.
Quizás esta última precisión sea la causa del error que se produce al suponer
que puedan confundirse la acción de amparo con la de inaplicabilidad, pero no
puede perderse de vista que en nuestra sede, aunque se trate de analizar solo
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sus efectos en el caso, dadas las características de éste, es siempre la norma la
que genera el problema de constitucionalidad, y no la actuación o la resolución
del juez, como sí acontece en el amparo.

SÉPTIMO: Que la prueba más evidente, en este caso, de que la acción indicada
es la inaplicabilidad, y no el amparo, es que el recurso de amparo que fue
deducido en favor de la Sra. Giusti-Bilz fue rechazado en primera y en segunda
instancia. Pero no fue rechazado porque los hechos relatados por la defensa de
la amparada no fueran efectivos (el voto disidente pronunciado en la Corte
Suprema deja en claro que esas circunstancias son reales), sino porque la orden
de arresto se dictó en conformidad a una ley expresa y vigente. Luego, mal
podría ser tildada de ilegal y por consiguiente se estimó que el amparo no podía
prosperar. De ninguna manera se puede argumentar que por mediar un voto
disidente (de dos de las integrantes de la Sala) en la Excma. Corte Suprema la
conclusión varíe, porque la sentencia (y la jurisprudencia) la forma solo la
mayoría, no la disidencia. Si se nos dice que el amparo permite atacar
resoluciones que, aunque sean legales, no se conformen con la Constitución,
según dispone el artículo 21 de la Carta, en cuanto resguarda al arrestado,
detenido o preso “con infracción a lo dispuesto en la Constitución o en las leyes”
ello implica afirmar que cuando existe una ley expresa que autoriza el arresto la
Corte de Apelaciones o la Corte Suprema pueden desplazarla y aplicar
directamente la Constitución, para acoger un amparo. Esa posición es peligrosa
y cuestionable, porque podría arrasar con el sentido mismo de la acción de
inaplicabilidad y con la razón principal de ser de este Tribunal, atendido el
porcentaje de tales causas – y su importancia- que conforman su labor diaria.
Por lo demás, es claro que la Corte de Apelaciones de Valparaíso y la Corte
Suprema, en el caso que nos ocupa, no compartieron ese parecer. El artículo 21
de la Carta pudo permitir, es verdad, que los tribunales conocedores del amparo
acudieran a esta Magistratura, justamente para requerir la inaplicabilidad. No
lo hicieron, pero eso no impide que lo haga la afectada y, en cambio, aquella sola
posibilidad confirma que la acción propiamente correspondiente en un caso
como el de la gestión judicial de cobranza que sustenta la presente causa es la
inaplicabilidad, porque la orden de arresto no solo no es ilegal sino que está
ordenada expresamente por la ley, de modo que el problema es la norma, en su
aplicación concreta, y no el actuar ilícito de un juez, y a las normas legales no se
las ataca por medio de un recurso de amparo, sino por medio de una acción de
inaplicabilidad.

OCTAVO: Que, despejado ese segundo punto, cabe analizar ahora si las
circunstancias de hecho que la requirente hace presente y que no forman parte
del problema jurídico de la gestión judicial pendiente, sino que se refieren a la
situación personal de la actora, rodeando el caso y dándole una base que puede
influir en la afectación de derechos constitucionales, pueden considerarse para
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resolver una acción de inaplicabilidad. Como lo destaca la profesora Miriam
Lorena Henríquez Viñas en su artículo titulado “VICIOS DE FORMA ¿CONTROL
CONCRETO EN LA ACCIÓN DE INAPLICABILIDAD?”, publicado en la Revista
Chilena de Derecho, volumen 50 N°2 del año 2023, esta magistratura ha
concluido en su reiterada jurisprudencia que “el juicio de inaplicabilidad no
puede prescindir del análisis de los hechos que estructuran la gestión pendiente,
destacando que las características y circunstancias del caso concreto adquieren
una relevancia mayor de la que se atribuía antes de la reforma constitucional de
2005”.

NOVENO: Que, en efecto, no es aceptable sostener que el ejercicio del tribunal,
en un requerimiento de inaplicabilidad, consista simplemente en una
comparación entre la norma legal impugnada y el texto constitucional. Eso, con
toda claridad, es lo propio de un control abstracto destinado a establecer una
posible inconstitucionalidad, no una inaplicabilidad, o no tendría ningún
sentido la distinción entre la competencia otorgada a esta sede por el numeral 6°
y la que asigna el numeral 7°, ambos del artículo 93 de la Constitución Política,
con su distinta exigencia de quórum para la decisión. Con claridad, el control
concreto exige mucho más que la comparación normativa. Inclusive esa
comparación, por sí sola, puede parecer –o resultar en verdad- perfectamente
neutra, no develar contradicción alguna, descartar la inconstitucionalidad. Y sin
embargo en un caso concreto la aplicación del precepto legal puede generar
efectos que vulneren disposiciones constitucionales, lo que solo podrá ocurrir,
precisamente, si analizamos las circunstancias fácticas de ese caso concreto.
Obviamente eso es algo muy distinto a analizar el mérito de la causa que
constituye la gestión judicial pendiente, y ni falta hace detenerse en ello. Nos
referimos acá a situaciones establecidas, claras, que importan un piso fáctico
que influye en la manera en que la aplicación de la regla impugnada interactúa
con los derechos constitucionales del, o de la, requirente.

DÉCIMO: Que es indudable que esas situaciones fácticas deben revestir una
importancia central para los efectos inconstitucionales que se denuncien, pero
no puede prescindirse de ellas arguyendo que no sean elementos normativos o
que tampoco formen parte del problema jurídico debatido en la gestión
pendiente, o limitaríamos indebidamente la competencia que nos asigna el
artículo 93 N°6 de la Carta, que se refiere a que la aplicación práctica de la
norma legal, en esa gestión, resulte contraria a la Constitución, lo que reafirma
el artículo 80 de nuestra Ley Orgánica, cuando expresa que el requerimiento
debe contener una exposición clara de los hechos (y fundamentos en que se
apoya) “y de cómo ellos producen como resultado la infracción constitucional”.
Los hechos, pues, sí son relevantes en un control concreto, no pueden no serlo, si
queremos hacer la diferencia con el control abstracto y darle su real sentido a la
inaplicabilidad.
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UNDÉCIMO: Que así lo destacaba ya el 4 de julio de 2007 el Profesor Arturo
Fermandois en una presentación efectuada en la Universidad del Desarrollo,
titulada “Inaplicabilidad y Control Concreto del Tribunal Constitucional:
Enjuiciando la arbitrariedad en la aplicación de la ley”
(https://www.fermandois.cl/wp-content/uploads/2022/09/Arturo-
Fermandois-2007-Inaplicabilidad-y-Control-Concreto-del-Tribunal-
Constitucional.pdf), al decir: “El control concreto se centra entonces en las
circunstancias de hecho que originan la gestión pendiente, de manera que pueden
estas circunstancias de hecho, atenuar o agravar la inconstitucionalidad. De
consiguiente, a contar de 2005, el control de la constitucionalidad de la norma se
vincula indisolublemente con un conflicto real y concreto”. Pero lo más
interesante es que al referir ejemplos específicos, el profesor Fermandois
considera las condiciones personales de los afectados, como queda de
manifiesto de sus palabras siguientes: “¿Qué es un tributo manifiestamente
desproporcionado o injusto? Es inevitable para el juez un mensuramiento
concreto, apuntando a cuáles son las facultades jurídicas y materiales que el
impuesto deteriora en el contribuyente. Un peaje caminero de alto valor impide el
tránsito de las personas, dependiendo de su condición patrimonial: esta es la clase
de antecedente al que la inaplicabilidad debe recurrir.” Y añade: “En rigor el juicio
de constitucionalidad no debe arrogarse análisis de mérito, pero debe ingresar a
un cierto grado de análisis concreto, fáctico y práctico, so pena de abandonar la
función que le ha encomendado la Carta Máxima.” Finalmente, en otro ejemplo,
el mismo conferencista exponía, respecto de un caso hipotético asociado a la
aplicación del artículo 598 del Código Orgánico de Tribunales. Esa situación
hipotética correspondía, en su ejemplo, al “caso de aquella joven madre que por
tercera vez le asignan el turno, fuera de la ciudad en que vive, pero dentro de la
jurisdicción de la Corte. Debe viajar diariamente. La madre se encuentra en plena
lactancia, precisamente de su tercer hijo. El presidente de la Corte de Apelaciones
rechaza todos los reclamos que ella eleva. La aplicación de esa norma,
evidentemente, es arbitraria. Pugna con otros valores constitucionales: con la
maternidad, con la familia, con la racionalidad.” Y concluye: “creo que a juzgar
eso está llamado el Tribunal Constitucional.”

DUODÉCIMO: Que esos pareceres doctrinarios concuerdan perfectamente con
la jurisprudencia de este tribunal al respecto. Ya en su fallo del Rol 2867-2015, en
el considerando 16° nuestra magistratura decía que se deben “analizar, con
especial atención, las situaciones de hecho que rodean a los conflictos en que se
ven involucrados niñas, niños o adolescentes”, ello a propósito de un
requerimiento de inaplicabilidad contra el artículo 367 del Código Civil,
deducido respecto de la gestión judicial pendiente consistente en una gestión
voluntaria de designación de curador. Se trataba del caso de un hermano
mayor, adulto, que solicitaba la guarda de sus hermanas menores, que vivían
con él tras el fallecimiento de los padres, no obstante que existía un abuelo vivo,
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que tenía preferencia para la guarda, conforme al artículo impugnado. El
tribunal, examinando las circunstancias del caso concreto, determinó que se
producía el efecto inconstitucional respecto de la integridad psíquica de las
menores, desde que vivían con su hermano y no con el abuelo, con quien no
tenían mayor relación emocional, lo que se agravaba por el estado de afectación
psíquica que las niñas padecían por la muerte de sus padres. Es decir, fueron
relevantes para la decisión las circunstancias personales y familiares de las
afectadas; esas circunstancias fueron claves para determinar que la aplicación
del precepto impugnado a ese caso particular, vulneraba la Constitución. Por lo
demás aún antes, ya en las sentencias Rol 781 y Rol 946, ambas del 2007, el
Tribunal hizo la distinción entre el control abstracto y el concreto, destacando
que en este último no basta la simple comparación desvinculada del caso, entre
la norma legal y la constitucional. Consideramos que no es preciso detenerse
más en este punto, porque toda la jurisprudencia posterior de esta
magistratura, hasta la actualidad, sigue la misma línea diferenciadora entre el
control abstracto y el concreto, que es el que corresponde a la acción de
inaplicabilidad. Para comprobarlo baste, por fin, referirnos a la sentencia del
Rol 14.163, que en su vigésimo segundo considerando indicó: “Que, si bien ha
sido el criterio usual de nuestra Magistratura el desestimar la inaplicabilidad por
inconstitucionalidad del precepto impugnado, lo cierto es que las circunstancias
del caso concreto - elemento inherente al requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad - hacen pertinente la adopción de una determinación
diversa, atendido que la satisfacción de la deuda por el requirente no depende de
su mera voluntad, sino que se relaciona con la imposibilidad material de hacerlo.
” Luego, la pregunta en examen se responde positivamente: sí es pertinente
considerar los hechos que rodean al caso de la gestión pendiente, en particular
las circunstancias personales de la ejecutada y aquí actora, con relación a los
efectos que esas circunstancias puedan tener para calificar la norma que
dispone la medida de arresto, respecto de su influencia en los derechos
constitucionales de la afectada. Es decir, hemos de tomar en cuenta esas
circunstancias para saber si el precepto, más allá del juicio que se tenga sobre su
constitucionalidad en abstracto, produce o no, en la gestión pendiente, un
efecto inconstitucional.

DECIMOTERCERO: Que, adentrándonos ahora en la última pregunta
formulada, es decir, si la aplicación del artículo 12 de la Ley 17.322, en la parte
en que dispone la medida de arresto hasta por quince días prorrogables en
forma indefinida, produce en el caso de la requirente, por su aplicación a la
gestión judicial de base, efectos inconstitucionales, podemos responder con toda
propiedad que en verdad los produce, puesto que vulnera o amenaza el derecho
a la vida, a la integridad física y psíquica y a la dignidad de la persona de la
requirente, infringiendo el deber estatal de servir a la persona humana, todo
ello resguardado ya desde el artículo 1° de la Constitución Política, además de
0000531 12
QUINIENTOS TREINTA Y UNO




por el artículo 5° inciso segundo y el artículo 19 N°1 de la misma Carta
Fundamental. Ahora que sabemos que es ese efecto de inconstitucionalidad el
que debemos resguardar, sin que en absoluto ello confunda a esta acción con un
amparo, que sabemos, al contrario, que justamente éste es un caso en que el
amparo no es la acción adecuada, porque no se denuncia ni puede denunciarse
una resolución ilegal de un juez, sino un efecto inconstitucional de la ley en el
caso, y que sabemos además que las circunstancias personales de la requirente
no solo son relevantes sino que son decisivas para apreciar si en el caso concreto
el efecto inconstitucional se genera, basta con atender a esas circunstancias,
consistentes en el padecimiento de una enfermedad grave y mortal, para
comprender que aplicar a una persona con esas características un arresto que,
además puede reiterarse sin límite de oportunidades, torna, en esa aplicación, a
la norma legal pertinente en completamente desproporcionada e inútil,
infractora de los más caros derechos y principios de la Constitución Política.

DECIMOCUARTO: Que es ya sugerente, al respecto, que la parte ejecutante, al
comparecer a nuestra sede, no desmienta ni controvierta en nada esas
circunstancias fácticas personales: ni siquiera se refirió a ellas. Tampoco lo hizo
en su alegato, en la vista de la causa. Es determinante el que el voto disidente de
la sentencia de amparo, en la Corte Suprema haya considerado esas
circunstancias como acreditadas, porque más allá de que la argumentación de
minoría no constituya fallo, sí cabe considerar que el voto no pudo fundarse en
hechos irreales o no probados. Por lo demás, en este mismo procedimiento se
acompañaron documentos al respecto. Es muy relevante para sostener nuestra
decisión, precisamente en contra de la confusión de identificarla con un
acogimiento de amparo, el que, como se dijo en el fallo de nuestro Rol 14.163
ante un caso similar, el juez se encuentre compelido a decretar un apremio, ante
la mera certificación del secretario que dé cuenta del transcurso del respectivo
plazo para consignar y la ausencia de consignación. Es esa obligación legal para
el juez, que no le permite distinguir y constatar que arrestar a una mujer
enferma de cáncer en el grado y con las consecuencias con que lo está resulta
abiertamente desproporcionado, inútil para el fin de la norma y peligroso para
la vida de la persona afectada, lo que hace que en su aplicación a este caso el
artículo 12 impugnado genere un efecto inconstitucional.

DECIMOQUINTO: Que, en efecto, sin negar en absoluto la relevancia de las
cotizaciones previsionales y el perjuicio que sufre el trabajador que no las
recibe en su cuenta pertinente, la pregunta que cabe hacerse (más allá incluso
de la que cuestione qué obtenga ese trabajador con que a su deudora se le
encarcele cuando su salud y su estado general ni le permiten pagar ni puede el
arresto incentivarla a hacerlo) consiste en determinar si, dado que ese arresto
puede anticipar previsiblemente la muerte de la afectada, y en todo caso
agravar su estado de salud y deteriorar una calidad de vida ya de por sí
0000532 13
QUINIENTOS TREINTA Y DOS




seriamente afectada, es proporcional que un mecanismo de cobro de una
deuda, por relevante que ésta sea, atente contra la vida del deudor. O contra su
integridad física y psíquica. O contra su dignidad, tanto más frágil y tanto más
necesitada de protección constitucional cuanto más débil y vulnerable se
encuentre la persona, por la simple circunstancia de que esa debilidad le impide
cautelar su dignidad por sí misma. El enfermo, y especialmente el enfermo
grave y aún más el terminal, depende de otras personas, eso ya en sí mismo
afecta el ánimo, la salud psíquica y el sentimiento de la propia dignidad. La
aplicación de una norma legal que separe al paciente de las personas cercanas
que le atiendan y la entregue a extraños, y no en el doloroso pero tantas veces
inevitable paso por el establecimiento hospitalario, en sí complejo pero
relacionado virtuosamente con el restablecimiento de la salud o al menos con el
intento de paliar efectos devastadores sobre la calidad de vida que producen
algunas enfermedades, y en particular el cáncer, sino en el hostil y
perfectamente evitable ambiente de una cárcel, es a todas luces un efecto de
pura crueldad. Inútil en sí mismo, ese efecto agrava el mal que por efecto de la
naturaleza la paciente padece, y no es permitido al Estado, a través de la
aplicación de una ley por muy vigente que esté, y aunque se le considere
constitucional en abstracto, profundizar los males graves que la mortal
naturaleza de nuestro ser nos imponga, de forma desproporcionada, como
ocurre si se encarcela a un enfermo grave –y peor aún, terminal- por no servir
una deuda, aunque ésta tenga origen legal, aunque tenga carácter alimentario
(ya veremos que la Ley de Alimentos reconoce esa limitación), porque entonces
ese Estado deja de estar al servicio del ser humano y éste pasa a constituir, en
cambio, apenas, un engranaje insignificante de un edificio abstracto. No es tal la
condición de una república democrática, de suerte tal que interviene aquí
también el artículo 4° de la Carta, en perfecta concordancia con su artículo 1°.

DECIMOSEXTO: Que las consideraciones precedentes nos parecen de tal
manera graves y evidentes, que el propio legislador, en otro tipo de deudas que
suelen equipararse a las previsionales, como son las alimenticias, las ha tenido
expresamente en cuenta. Como lo destacó el considerando vigésimo primero de
nuestro fallo del Rol 14.163, la Ley N°14.908, en su artículo 14 inciso final, prevé
la posibilidad de evaluar ciertas circunstancias particulares del deudor, a fin de
eximirle del arresto, y al efecto señala: “Si el alimentante justificare ante el
tribunal que carece de los medios necesarios para el pago de su obligación
alimenticia, podrá suspenderse el apremio y el arraigo, y no tendrá aplicación lo
dispuesto en el inciso cuarto. Igual decisión podrá adoptar el tribunal, de oficio, a
petición de parte o de Gendarmería de Chile, en caso de enfermedad, invalidez,
embarazo y puerperio…o de circunstancias extraordinarias que impidieren el
cumplimiento del apremio o lo transformaren en extremadamente grave” (el
destacado es nuestro). Pues bien, la pregunta que cabe hacerse es qué justifica,
desde el punto de vista constitucional, que, si el legislador por razones de
0000533 14
QUINIENTOS TREINTA Y TRES




proporcionalidad y de protección a garantías esenciales tales como el derecho a
la vida o la integridad física y psíquica, contempla la suspensión del apremio (o
su no imposición, por lo tanto) respecto de los deudores de alimentos, esa misma
posibilidad no pueda tener lugar en el caso del deudor previsional. La respuesta
es obvia: nada. Pero no se trata simplemente de un problema de igualdad –que
también- sino de que las garantías tan esenciales como la vida, la dignidad o la
integridad física tienen que ser consideradas y resguardadas por la ley siempre.
El caso de los alimentos solo demuestra que el legislador tuvo eso en cuenta y
procedió en consecuencia, incluso pese a que el arresto a que se refiere esa ley
es solo nocturno y no total, como en la Ley 17.322. Si el legislador no tuvo
presente esa limitación constitucional aplicable al apremio en el caso de las
deudas previsionales entonces, cuando se produzca alguno de esos casos que el
artículo 14 inciso final de la Ley 14.908 llama en forma genérica “circunstancias
extraordinarias” –como aquí la grave enfermedad de la deudora- lo que ocurre
es que se devela esa falta, ese defecto legislativo que olvidó considerar los casos
en que el arresto se torne desproporcionado, particularmente gravoso y
vulnerador de garantías, y eso, de paso, nos vuelve a demostrar que el
problema, al ser normativo (aunque se estime que solo para casos concretos) no
es propio de una acción de amparo, sino justamente de la que ahora fallamos. Y
entonces es cuando ese defecto legislativo, develado en el caso concreto, debe
conducir a acoger un reclamo de inaplicabilidad. Porque el defecto es de la ley,
como podemos ver, y si se estima que no se manifiesta en todos los casos, sino en
los de naturaleza extraordinaria como éste, ello es simple expresión de lo que
constituye el corazón de la inaplicabilidad: es el efecto que en esta situación de
grave enfermedad –caso concreto- produce la anotada deficiencia legislativa, lo
que genera el resultado inconstitucional.

DECIMOSÉPTIMO: Que, en suma, la aplicación de la norma atacada al caso en
examen, dada la grave enfermedad de la requirente, genera un efecto claro de
afectación a su salud física y psíquica e inclusive una severa amenaza a su
derecho a la vida, incurre en desproporción y vulnera la dignidad de la afectada,
con todo lo cual, para este caso, la regla legal impugnada produce un efecto
inconstitucional ya que su aplicación se opone a lo prescrito por los artículos 1°,
4°, 5° (éste con relación a los artículos 4 y 5 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos), y 19 N°1 de la Carta Fundamental, lo que basta para acoger
la acción.



Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93, incisos primero, N°
6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la
Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997, Orgánica
Constitucional del Tribunal Constitucional,
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QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO




SE RESUELVE:

1) QUE SE ACOGE LA ACCIÓN DEDUCIDA A FOJAS 1, DECLARÁNDOSE
INAPLICABLE EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY N° 17.322, QUE
ESTABLECE NORMAS PARA LA COBRANZA JUDICIAL DE
COTIZACIONES, APORTES Y MULTAS DE LAS INSTITUCIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL, EN EL PROCESO RIT P-339-2022, RUC 22-3-
0022682-9, SEGUIDO ANTE EL JUZGADO DE COBRANZA LABORAL Y
PREVISIONAL DE VALPARAÍSO.

2) QUE SE DEJA SIN EFECTO LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO
DECRETADA. OFÍCIESE AL EFECTO.



DISIDENCIA

Acordada con el voto en contra de las Ministras señoras NANCY YÁÑEZ
FUENZALIDA (Presidenta subrogante), MARÍA PÍA SILVA GALLINATO y CATALINA
LAGOS TSCHORNE, quienes estuvieron por rechazar el requerimiento, por las
siguientes razones:

I. ANTECEDENTES DE HECHO Y CONFLICTO CONSTITUCIONAL
PLANTEADO

1°. El requerimiento deducido por Giovanna Valeria Giusti Bilz en contra
del artículo 12 de la Ley N° 17.322 recae en un procedimiento de cobranza en el
que AFP PlanVital persigue el cobro de deudas previsionales que la requirente
adeuda. Al momento de la interposición de la demanda de cobro, 31 de enero de
2022, el monto adeudado ascendía a la suma de $8.809.258 y, conforme a la
última liquidación practicada con fecha 28 de febrero de 2024, dicho saldo
asciende a $50.204.117. Debido al no pago de la deuda, el 19 de agosto de 2022 el
tribunal ordenó el arresto de la requirente, orden que sigue vigente conforme a
la resolución de 7 de marzo de 2024.

2°. La requirente expone que padece de un cáncer que, por las razones
que detalla en su presentación, no puede ser debidamente tratado. Por lo
anterior, estima que la aplicación del precepto legal impugnado, al apremiar
con arresto al empleador que no consignare las sumas descontadas o que debió
descontar de la remuneración de sus trabajadores, vulneraría su libertad
personal y su integridad física y psíquica. Al efecto, sostiene que la posibilidad
de repetir el apremio en cuestión sin más requisitos que la certificación por
parte del secretario del tribunal, podría devenir en una situación análoga a la
prisión, lo que vulneraría el artículo 7, N°7, del Pacto de San José de Costa Rica
que proscribe la prisión por deudas. En cuanto a su integridad física y psíquica,
indica que, por tratarse de una mujer de 60 años que padece de un cáncer
0000535 16
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO




intratable y terminal, que le acarrea dolor y malestar, de materializarse el
arresto podría afectar irreparablemente su salud.



II. SOBRE LA NATURALEZA JURÍDICA DE LAS COTIZACIONES
PREVISIONALES

3°. Previo al análisis de constitucionalidad de la norma impugnada,
resulta necesario examinar la naturaleza jurídica de la obligación de pago que
incide en el juicio pendiente, esto es, la que recae sobre la cotización
previsional, por cuanto la norma que se alega inaplicable en la gestión judicial
pendiente por ser su aplicación inconstitucional posee un especial régimen de
cobranza, dadas sus características particulares.

4°. Como se ha establecido previamente por este Tribunal, la
Constitución, al facultar a la ley para establecer cotizaciones obligatorias, busca
garantizar el derecho a la seguridad social. En efecto, como señala el profesor
Alejandro Silva Bascuñán, tal obligación “se explica por la necesidad de
contribuir a financiar el sistema de previsión social que se establece en favor de
todos los integrantes de la comunidad nacional, finalidad que no se lograría si la
cotización quedara librada del todo a la sola voluntad de éstos y creando
consecuentemente el riesgo de no continuar otorgando las pensiones
comprometidas” (Tratado de Derecho Constitucional, tomo XIII, Ed. Jurídica de
Chile, 2010, p. 398).

5°. Lo anterior es confirmado por la jurisprudencia de esta Magistratura,
la cual, a través de diversas sentencias, se ha preocupado de precisar los
alcances y sentido del derecho a la seguridad social y el rol que cabe a las
cotizaciones previsionales obligatorias para asegurarlo.

Así esta Magistratura, en sentencia Rol Nº 519, precisó que: “la materia
en análisis tiene incidencia en el derecho a la seguridad social, tutelado en el
artículo 19 Nº 18 de la Carta Fundamental, conforme al cual se otorga un
mandato especial al Estado para garantizar el acceso de todos los habitantes al
goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de
instituciones públicas o privadas. En opinión del profesor Patricio Novoa, los
derechos públicos subjetivos de la seguridad social importan verdaderas
facultades de los administrados frente a la Administración, quienes por su
naturaleza de personas son acreedoras al otorgamiento de las prestaciones
necesarias para cumplir y satisfacer sus necesidades y lograr su bienestar
(Derecho de la Seguridad Social, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, año 1977,
p. 153 y ss.). Ello ha llevado incluso a la doctrina a consignar que los derechos
públicos subjetivos de la seguridad social -entre los que se encuentra
ciertamente el derecho y deber de cotizar- se caracterizan por ser: a)
patrimoniales, en tanto forman parte del patrimonio de las personas,
0000536 17
QUINIENTOS TREINTA Y SEIS




destinadas a asistirlas para que puedan llevar una vida digna, cuando se
verifique algún estado de necesidad; b) personalísimos, de modo que son
inalienables e irrenunciables; c) imprescriptibles, en cuanto las personas
siempre podrán requerir al Estado o a los particulares que, en virtud del
principio de subsidiariedad, administran parte del sistema, los beneficios para
aplacar el estado de necesidad que las afecte; y d) establecidos en aras
del interés general de la sociedad”(c. 13°).

Refiriéndose particularmente a la cotización previsional, la
jurisprudencia de este Tribunal precisa que ella “ha sido definida por algunos
autores como una forma de descuento coactivo, ordenada por la ley con
respecto a determinados grupos, afecta a garantizar prestaciones de seguridad
social” (Héctor Humeres M. y Héctor Humeres N., Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social, Editorial Jurídica de Chile, año 1988, p. 426). De este modo, la
obligación de cotizar “es exigida por la sociedad, representada para este
efecto por el órgano gestor; es una obligación de derecho público subjetivo,
que faculta al titular para exigir la obligación, por lo cual nuestra jurisprudencia
ha considerado que la obligación de cotizar no tiene carácter contractual ni
ha nacido de la voluntad de las partes” (Ibid.). Puede apreciarse entonces
que se trata de un acto mediante el cual de manera imperativa, por mandato de
la ley, el empleador debe descontar determinadas sumas de dinero, de
propiedad del trabajador, para garantizar efectiva y adecuadamente
prestaciones de seguridad social vinculadas a estados de necesidad que son
consecuencia de la vejez y sobrevivencia, esto es, jubilaciones y montepíos.”
(STC 576, c. 14°)

Lo anterior pone de relieve que las cotizaciones previsionales son de
destinación específica e inmodificable. En efecto, ellas se utilizan para fines de
seguridad social, constituyendo por lo tanto un derecho irrenunciable y público
de carácter obligatorio.

6°. En suma, es preciso afirmar que el régimen previsional, y
específicamente el de cotizaciones previsionales, “constituye parte del
entramado del sistema de seguridad social amparado, en cuanto derecho, por la
Constitución Política en el numeral 18 de su artículo 19, cuyo desarrollo
corresponde al legislador. Se trata de un derecho social cuya principal
dificultad normativa consiste en la búsqueda de garantías efectivas que
permitan satisfacer el contenido constitucional de esa clase de derecho
fundamental, entre las cuales se encuentra la imposición de cotizaciones
previsionales por parte de la ley, a objeto de que el empleador, luego de
deducirlas de la remuneración del trabajador, las destine a su cuenta de
capitalización individual, de cuyos fondos es dueño” (STC 12.886, c. 7°).



III. NO HAY PRISIÓN POR DEUDAS
0000537 18
QUINIENTOS TREINTA Y SIETE




7°. El primer reproche del requerimiento recae fundamentalmente en
que la norma establecería una prisión por deudas, lo que se encontraría
proscrito tanto por instrumentos internacionales como por nuestra
Constitución Política. Al respecto, esta Magistratura ha explicado el significado
de la prohibición de la prisión por deudas, indicando que aquella apunta a
“proscribir que una persona sea privada de su libertad como consecuencia del
no pago de una obligación contractual, esto es, de aquélla derivada de un
acuerdo de voluntades que vincula a las partes en el ámbito civil. Ha afirmado,
en este sentido, que “lo prohibido es que la conducta de no pagar una obligació
n pecuniaria sea tratada jurídicamente como causa de una sanción privativa de
libertad” (Rol N° 807, considerando 13°)” (STC 1.145, c. 25°; en idéntico sentido,
STC 3035, cc. 24 y 25, entre otras).

8°. En relación con presuntas vulneraciones de normas contenidas en
tratados internacionales, este Tribunal ha señalado que el precepto legal
impugnado se encuentra en armonía con los deberes impuestos al Estado en
materia de derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, tal como
ordena el artículo 5º, inciso segundo, de la Constitución Política de la República,
particularmente respecto de diversos tratados internacionales que prohíben la
denominada “prisión por deudas”. En efecto, el artículo 11 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que “nadie será
encarcelado por el sólo hecho de no poder cumplir una obligación contractual”,
esto es, una deuda emanada de un contrato civil; (STC Rol N° 3249,
considerando 31°). De lo que ha deducido la doctrina, y este Tribunal, que la
privación de libertad basada en el incumplimiento de obligaciones legales, sean
de derecho privado o público, es aceptable desde el punto de vista
constitucional (STC 576, c. 25° y STC 3249, c. 32°).

A su turno, la Declaración Americana de Derechos Humanos,
antecedente directo del Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 25, inciso
segundo, prohíbe ser detenido “por incumplimiento de obligaciones de carácter
netamente civil”. Es precisamente por ello, que el Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales admite la
posibilidad de la detención o privación de libertad “por desobediencia a una
orden judicial o para asegurar el cumplimiento de una obligación establecida
en la ley” (STC 576, c. 26° y 3249, c. 33°).

9°. La requirente centra su requerimiento en el tenor literal del numeral
7º del artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual
prescribe que “nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los
mandatos de autoridad judicial competente, dictados por incumplimientos de
deberes alimentarios”. Al efecto, señala que “el apremio contemplado en el
precepto cuya inaplicabilidad se busca tiene la particularidad de poder
repetirse hasta conseguir el pago total de lo adeudado, sin más requisito que la
0000538 19
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO




certificación por parte del secretario del tribunal que no se han consignado las
sumas adeudadas, situación que podría devenir en un análogo a la prisión” (fs.
4).

10°. Este Tribunal, considerando la discusión respecto al establecimiento
de dicha disposición, en particular las observaciones de los países miembros,
consideró que “su finalidad se vincula con la proscripción de la privación de
libertad derivada de deudas propiamente civiles y, en modo alguno, al
incumplimiento de las obligaciones legales que involucran intereses de toda la
sociedad” (STC 576, c. 28°).

En el mismo sentido, la Corte Suprema ha señalado que “efectivamente,
el Pacto de San José de Costa Rica en su artículo 7 N° 7 dispone que nadie puede
ser detenido por deuda, pero, indudablemente, dicha Convención
Internacional pretende impedir que por acuerdo de voluntades entre acreedor
y deudor este último pueda ser privado de libertad cuestión que no se produce
tratándose de la retención y pago de las cotizaciones previsionales de los
trabajadores cuyos montos nunca han ingresado al patrimonio del empleador”
(Sentencia CS Rol N° 52.797-2021, c. 2°)

11°. En ese contexto, se ha sentenciado que el deber legal que le asiste al
empleador de enterar en las instituciones de previsión social los dineros que
previamente ha descontado a sus trabajadores para tal propósito, tiene cierta
analogía o similitud con el cumplimiento de ciertos “deberes alimentarios”.
“Dicha semejanza se observa al constatar que el arresto del empleador es
consecuencia, en primer término, de la desobediencia de una orden judicial,
como es el requerimiento de pagar las cotizaciones dentro de un determinado
plazo. Además, como ya se ha razonado, se trata de una privación de libertad
por deudas con fuente directa en la ley. A lo que debe agregarse que
corresponde a un apremio con un claro interés social y público involucrado,
toda vez que del pago de las respectivas cotizaciones pende en buena medida
un correcto funcionamiento del sistema de seguridad social, que tiene como
consecuencia asegurar pensiones dignas para los trabajadores del país, deber
que además se impone especialmente al Estado supervigilar en el artículo 19 Nº
18 de la Constitución Política de la República” (STC 576, c. 29° y STC 3249, c. 36°).

12°. Para estos efectos es importante distinguir el arresto, como ha
hecho el Tribunal Constitucional en forma constante, de la pena de privación de
libertad. Así, recogiendo la historia de la norma constitucional, ha sostenido
que “el arresto, como apremio no vinculado necesaria y exclusivamente a
materias penales, entendido como limitación de la libertad personal y sujeto a
dicho estatuto jurídico, fue incorporado en el actual texto constitucional a
indicación del profesor Alejandro Silva Bascuñán, tal como se desprende de la
discusión surgida en la sesión Nº107 de la Comisión de Estudio. En efecto, dicho
comisionado hizo referencia a una serie de casos en ‘que las personas pueden
0000539 20
QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE




estar accidentalmente y en forma transitoria afectadas por la privación de la
libertad sin que haya ningún propósito de perseguirlas criminalmente ni
llamarlas a proceso. Por ejemplo, el arresto puede ser dispuesto porque no se
devuelve un expediente, por no pagarse la pensión a la mujer; en los cuarteles
como medida disciplinaria. Hay una cantidad de casos en que accidentalmente
se puede estar en la imposibilidad de moverse, pero que no corresponden de
ninguna manera a una detención ni al propósito de investigar un delito ni de
castigarlo’. Como consecuencia de lo anterior, concluye que ‘el arresto es una
figura distinta de la detención y, por lo tanto, se debe expresar una voluntad
clara respecto del artículo que se está estudiando, que se aplica también no sólo
a la detención sino al arresto’. En el mismo sentido, el señor Ovalle hizo
presente que ‘el arresto en Chile es una institución que no forma parte
propiamente del proceso criminal, sino que es una forma de apremio en
general, para obligar a determinados individuos a adoptar la conducta
socialmente necesaria en un momento dado. Así, por ejemplo, en las leyes
tributarias a ciertos deudores de compraventa se les arresta mientras no
paguen el tributo que han retenido. Y a los deudores de pensiones alimenticias
se les arresta mientras no paguen las pensiones a que han sido condenados.
Tienen en común con la detención el hecho de que son provisionales’. De este
modo, sintetizó su posición sosteniendo que ‘En general, el arresto es una
privación provisional de la libertad, sujeta al cumplimiento de un acto por
parte del arrestado. Por eso comenzó diciendo que era esencialmente una
medida de apremio’; por todo lo cual afirmó su conformidad a la proposición
‘porque comprendería también la aplicación de estas medidas de apremio y las
sujetaría plenamente a la ley’” (STC 519, c. 17°).

13°. Las coerciones o apremios son instrumentos que define el legislador
para dar eficacia a determinados fines que este ha decidido proteger. La
intensidad de la coerción será funcional al bien protegido (Taruffo, M., (1988),
“L’attuazione esecutiva dei diritti: profili comparatistici”, Rivista trimestrale di
Diritto e Procedura Civile, ANNO XLII, N°1). En el caso en análisis, el bien
protegido son los derechos previsionales de los trabajadores y las trabajadoras,
cuya protección emana de la Constitución en el artículo 19 N°18, lo que solo
puede ser reforzado si es que se mira el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos, cuyo “Protocolo de San Salvador” en su artículo 9 señala: “Derecho a
la Seguridad Social: 1) Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la
proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la
imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida
digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de
seguridad social serán aplicadas a sus dependientes”. Es a estos derechos
fundamentales, cuya protección proviene tanto de la Carta como del derecho
internacional, que el legislador nacional les ha concedido eficaz tutela ejecutiva
por la vía del apremio de arresto.
0000540 21
QUINIENTOS CUARENTA




14°. En definitiva, como se ha señalado en reiteradas oportunidades por
este Tribunal en relación a si la aplicación del artículo 12 de la Ley Nº 17.322
produce alguna restricción eventual a la libertad personal –orden de arresto
judicialmente decretada–, debe reiterarse que aquella “no deriva del
incumplimiento de derechos y obligaciones meramente particulares ni
encuentra su origen en la existencia de una deuda contractual, sino que
proviene de la infracción de un deber que impone la ley, en atención a razones
de bien común; de todo lo cual se concluye que no existe una infracción al
artículo 19 Nº 7 de la Constitución Política de la República, al tratarse de una
orden de arresto decretada judicialmente por incumplimiento de deberes
legales vinculados a la seguridad social de los trabajadores” (STC 576, c. 24;
3249, c. 29°; 3058, c. 29°).



IV. NO SE VULNERAN LOS OTROS DERECHOS DEL REQUIRENTE

15°. Por otra parte, cabe descartar que, por aplicación de la norma
impugnada, se afecte el derecho a la integridad física y psíquica de la
requirente, contemplados en el artículo 19°, N°1, de la Constitución y el mandato
contemplado en el artículo 10 de la Convención Interamericana sobre la
Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que protege a la
persona mayor de torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes.

16°. Al efecto, cabe anotar que nos encontramos ante un caso de arresto
que se encuentra establecido expresamente en una ley, la que faculta
expresamente a un juez a adoptar tal medida cuando se dan los supuestos
legales previstos en los artículos 12 y 14 de la Ley Nº 17.322, esto es, que, en el
marco de un juicio ejecutivo, el empleador –a través de su representante
legal– no consigne las sumas descontadas o que debió descontar de la
remuneración de sus trabajadores, dentro del plazo de quince días contados
desde la fecha de requerimiento de pago -si no opuso excepciones- o de la
notificación de la sentencia que niegue lugar a las alegaciones opuestas.

El empleador es legalmente intimado del arresto no sólo al momento de
producirse, sino también en el requerimiento de pago, al señalársele que, en
caso de mantenerse incumpliendo con su obligación dentro de un plazo, se
podrá ver privado de su libertad. A su vez, la referida medida de apremio se
lleva a cabo en lugares públicos destinados a tal efecto y se le pone inmediato
término en cuanto el arrestado adopta la conducta legal y socialmente deseada,
esto es, consigna las cotizaciones previsionales de propiedad del trabajador.

17°. Por último debe agregarse que “quien es privado de libertad por el
arresto, lo ha sido por no respetar los derechos legítimos de terceros e incluso
por actuar en perjuicio de ellos; de forma tal que en definitiva el empleador
0000541 22
QUINIENTOS CUARENTA Y UNO




sufre el apremio como consecuencia de haber vulnerado un derecho básico de
sus trabajadores, respecto de dineros que son de propiedad de estos últimos y
que tienen por finalidad social el cubrir sus necesidades de previsión que dicen
relación, ni más ni menos, con su sobrevivencia y vejez” (STC 576, c. 20°), siendo
trascendental el momento en el que se pagan las cotizaciones, pues por el
transcurso del tiempo que media entre que debía efectuarse el pago y el día en
que este efectivamente se realiza, puede que la suma nominal originalmente
adeudada no se condiga con el valor que la misma hubiere representado para el
trabajador, de haber sido satisfecha oportunamente por el empleador.



V. LA INAPLICABILIDAD NO ES UNA ACCIÓN DE AMPARO DE
DERECHOS FUNDAMENTALES

18°. Por último, y sin perjuicio de lo anterior, es necesario reiterar que, m
ediante el pronunciamiento de inaplicabilidad, esta Magistratura
Constitucional ejerce un control normativo sobre la ley, en su variante de
control concreto, de modo que el conflicto sometido a decisión siempre debe
centrarse en la contradicción concreta y determinada entre la ley y la
Constitución. En línea con ello, se ha reiterado que “conociendo de una acción
de inaplicabilidad, el Tribunal Constitucional no actúa como un tribunal de
amparo de derechos fundamentales, porque para ello existen los resortes y
recursos que la ley y la Constitución prevén y que son sometidos a la resolución
de los respectivos tribunales ordinarios de justicia" (STC Rol N° 9893, c. 34° y
14.423, c. 13°).

19°. Por ello, el procedimiento de inaplicabilidad, al suponer un cotejo
jurídico entre el precepto legal objetado y la Carta Fundamental, no ha
contemplado un término probatorio ni su regulación, quedando fuera de su
competencia conocer de cuestiones fácticas desvinculadas del precepto legal
que en estos autos se impugna. Por las consideraciones expuestas, resulta
evidente que este Tribunal, sin perjuicio de los elementos de prueba que se
acompañen, carece de competencia para determinar si la situación de salud del
requirente es lo suficientemente grave como para eludir el cumplimiento de la
obligación legal que contempla el precepto impugnado.

20°. Tales circunstancias no pueden ser desestimadas en el caso de autos,
máxime si, en el análisis que busca realizar el voto de mayoría prescinde de
antecedentes relevantes, tales como la real capacidad económica de la parte
ejecutada en el juicio de cobro de cotizaciones previsionales –aspecto que pese a
su relevancia no ha sido discutido en el requerimiento–, así como de los
eventuales efectos concretos que el arresto provocaría en la requirente,
basándose exclusivamente en los documentos acompañados y la disidencia de
una sentencia de un recurso de amparo rechazado que solo da cuenta de que la
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QUINIENTOS CUARENTA Y DOS




requirente padece de un cáncer de colon avanzado, sin hacerse cargo de
distintas falencias en dicha prueba que observó el juez de la causa.

En este contexto, considerar inconstitucional el artículo 12
exclusivamente en base a la salud de la requirente plantea una serie de
dificultades para el Tribunal Constitucional, tales como determinar ¿qué tipo de
enfermedades y en qué estado serán las que ameriten una declaración de
inaplicabilidad? y ¿cómo determinar la concurrencia de tales condiciones si no
podemos analizar el mérito de la prueba acompañada?

21°. Además, se omite que fue el propio juez de fondo el que desestimó
que los antecedentes médicos y económicos aportados hayan revestido una
gravedad y precisión tal que le impidan sustituir el apremio de arresto, sin
perjuicio de dejar abierta la posibilidad de una revisión futura con nuevos
antecedentes. Dicha conclusión se encuentra consignada en la resolución del 14
de agosto de 2024, en la que el Juez de Cobranza Laboral y Previsional de
Valparaíso resuelve la petición de la requirente de suspender la orden de
arresto en los siguientes términos: “no reuniendo los antecedentes médicos
aportados la gravedad y precisión para formar convicción en el tribunal respecto
del estado actual de salud de la ejecutada y de su imposibilidad de hacer el pago de
lo adeudado a raíz de dicho evento, no se da lugar a la sustitución de solicitada,
sin perjuicio de lo que se pueda resolver con nuevos antecedentes” (fs. 249).

22°. En síntesis, después de que el juez competente para conocer del
fondo del asunto concluyera que los antecedentes relativos a la situación
económica y de salud de la requirente no resultaban suficientes ni convincentes
para justificar la sustitución del arresto y que la Corte Suprema rechazara la
acción de amparo en contra de la dicha orden de apremio, este Tribunal
Constitucional, con idéntico acervo probatorio, acoge el presente requerimiento
de inaplicabilidad determinando que una persona no puede ser arrestada
debido a su condición médica, apartándose del examen de constitucionalidad
propio de la acción de inaplicabilidad. Ello queda aún más claro si se observa
que los argumentos no se vinculan tanto con el precepto impugnado, sino que
en el “fundado temor de que de hacerse efectiva la medida podría significar la
aceleración de su enfermedad o incluso su muerte si no accede a tratamiento
oportunamente” (fs. 3). De esta afirmación se desprende que la controversia se
origina en la eventual circunstancia de que el establecimiento penitenciario no
cuente con las condiciones materiales y asistenciales adecuadas para el
cumplimiento de la medida de privación de libertad. Tal cuestión, no obstante,
corresponde ser conocida por los tribunales competentes mediante las vías
jurisdiccionales ordinarias, como una acción de amparo, y no a través del
control de constitucionalidad del precepto impugnado.

23°. Por todo lo expuesto, a juicio de quienes suscriben este voto, el
requerimiento debió haber sido desestimado.
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QUINIENTOS CUARENTA Y TRES




PREVENCIÓN

Los Ministros señores MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y HÉCTOR
MERY ROMERO, y la Ministra señora MARCELA PEREDO ROJAS previenen que
concurre a la sentencia teniendo presente además:

1°. Que, el constituyente fue preciso al señalar cual es el objeto de la
acción de inaplicabilidad, al entenderla como una garantía del principio de
supremacía constitucional y de control de constitucionalidad concreto,
facultativo y represivo de los actos del legislador. Por esto, se ha
conceptualizado a la inaplicabilidad como “la acción que el ordenamiento
supremo franquea para evitar que la aplicación de uno o más preceptos legales,
invocados en una gestión judicial pendiente, produzca efectos, formal o
sustantivamente, contrarios a la CPR. Trátese, por ende, de un control concreto
de la constitucionalidad de la ley, centrado en el caso sub lite y cuya resolución se
limita a que disposiciones legales determinadas, en sí mismas, resulten, en su
sentido y alcance intrínseco, inconciliables con el texto y espíritu de la CPR. (STC
1390, c. 10)” (NAVARRO BELTRÁN, Enrique y CARMONA SANTANDER, Carlos (edits.)
(2015): Recopilación de jurisprudencia del Tribunal Constitucional (1981-2015).
Cuadernos del Tribunal Constitucional N°59, pp. 608-609).

Teniendo esto presente, y considerando la historia fidedigna de la Carta
Fundamental, la doctrina ha señalado que “el objeto de la acción de
inaplicabilidad no cabe confundirlo con el del amparo extraordinario de derechos
fundamentales, competencia esta última que la Reforma Constitucional de 2005
expresamente le negó al nuevo Tribunal Constitucional y que en algunos países se
le entrega explícitamente a las magistraturas constitucionales” (PFEFFER
URQUIAGA, Emilio (2011): “La inaplicabilidad, ¿un seudoamparo de derechos
fundamentales?”. En ASOCIACIÓN CHILENA DE DERECHO CONSTITUCIONAL (2011):
Estudios sobre justicia constitucional. Libro homenaje a la Profesora Luz
Bulnes Aldunate. Santiago, Editorial Jurídica de Chile, pp. 206-207).

Así, el constituyente quiso separar la jurisdicción constitucional de la
jurisdicción ordinaria, encargándole a la segunda el amparo de los derechos
fundamentales de las personas, sin que esta Magistratura tenga, por regla
general, la competencia para otorgarles protección de forma directa -sin
perjuicio de que, en el ejercicio de ciertas atribuciones distintas a la
inaplicabilidad, este Tribunal puede y debe amparar directamente los derechos
fundamentales de los requirentes por expreso mandato constitucional, por
ejemplo, al resolver las cuestiones de constitucionalidad de autos acordados
impulsados por particulares-.

Aquello distingue a esta Judicatura de otras cortes constitucionales en el
derecho comparado, a los cuales sí se le sí se les ha confiado directamente la
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QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO




función de amparar los derechos fundamentales de las personas. Esta
diferencia puede apreciarse, por ejemplo, respecto de España, pues “uno de los
elementos característicos del sistema español de justicia constitucional es la
existencia del recurso de amparo como mecanismo de protección de ciertos
derechos reconocidos en la norma fundamental. Optando, como optó el
constituyente por seguir el modelo de justicia constitucional concentrada, esto es,
residenciándola en un órgano ad hoc como es el Tribunal Constitucional, la
introducción del recurso de amparo no resultaba obligada desde el punto de vista
conceptual ya que no se trata de una figura procesal que venga impuesta por
dicho modelo, como pone de manifiesto, por ejemplo el sistema italiano de justicia
constitucional” (PÉREZ TREMPS, Pablo (2004): El recurso de amparo. Valencia,
Editorial Tirant lo Blanch, p. 21).

2°. Que, si bien esta Magistratura no es un tribunal de amparo directo,
debe velar por el “irrestricto respeto de los derechos fundamentales, en el marco
de sus límites legítimos, constituye un imperativo derivado de la observancia del
principio de supremacía constitucional que obliga a todos los órganos del Estado,
según lo preceptuado en el artículo 6° inciso primero del Código Político. Este
imperativo se extiende a este Tribunal, muy especialmente cuando ejerce la
atribución que le confiere el artículo 93, en sus numerales 6 y 7 de la Carta
Fundamental” (STC Rol N°521, c. 27°. En el mismo sentido, Roles N°1.380, c. 8°;
N°1.394, c. 30°; N°1.404, c. 30°; N°1.445, c. 25; N°2.026, c. 28°). El legislador es el
único que regula derechos fundamentales y este Tribunal Constitucional, al
controlar la constitucionalidad de la ley, indirectamente protege los derechos
regulados sólo por la ley en virtud del principio de reserva legal.

3°. Que, por otra parte, esta Ministra considera que la aplicación del
precepto impugnado en la gestión pendiente de autos genera efectos contrarios
a la libertad personal del requirente, al permitir la utilización del arresto como
medida de apremio para el cumplimiento de una obligación de pago de deudas
previsionales. La libertad personal es base consustancial al constitucionalismo,
de modo tal que el artículo 5° de la Carta Fundamental limita el margen de
apreciación del legislador en la regulación de los derechos, pues aquellos que
son inherentes al ser humano deben ser resguardados dentro de la competencia
legislativa.

Sin embargo, la norma legal impugnada subsumida al tenor de la
Constitución y de los límites de los derechos (siendo especialmente relevante
para este caso concreto el límite del derecho ajeno), resulta contrario a la Carta
Fundamental en relación con la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, en el artículo 7.7, y en el artículo 11 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, disposiciones que prohíben la prisión por deudas y,
al tenor del artículo 5° inciso segundo de la Carta Magna chilena, el arresto como
medio de cumplimiento de pago no resulta compatible con el ordenamiento
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QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO




constitucional en materia de derechos humanos. Ello porque las cosas no
pueden ser y no ser al mismo tiempo, entonces el requirente en virtud de esta
norma pagará con su propia libertad si es que no paga la deuda.

Ese es el contenido intrínseco de la prohibición constitucional y
convencional que impide, en términos del Consejo Constitucional francés, hacer
un control judicial de conformidad entre el ordenamiento constitucional y la
norma legal impugnada.

4°. A mayor abundamiento, que se ha intentado distinguir el tipo o
naturaleza de deuda para legitimar el apremio de arresto dentro del precepto
legal en que se solicita la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
impugnada. Dicha interpretación supone considerar la distinción entre
apremios legítimos e ilegítimos. Esta Ministra considera que dicha distinción
podría resultar razonable si es que las normas jurídicas constitucionales y
convencionales la permitieran en caso de deudas. No obstante, con razón la
doctrina constitucional advierte que la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, ratificada por Chile y vigente, “no distingue el origen de la deuda para
la aplicación de esta prohibición, por lo que podría sostenerse que, en principio,
cualquiera que sea la fuente de su deuda, su incumplimiento podría llevar consigo
la privación de libertad” (MEDINA QUIROGA, Cecilia (2005): La Convención
Americana: Teoría y jurisprudencia. Centro de Derechos Humanos, Facultad de
Derecho, Universidad de Chile, p. 254).

5°. Que, en consonancia con lo anterior, vale recordar que durante la
discusión sobre el concepto deudas, en el derecho que consiste en una norma
prohibitiva o una abstención, un mandato al legislador democrático para evitar
preceptos legales que supongan en los hechos una prisión por deudas, como en
el caso de autos, se entendería en el sentido más amplio posible. Así, la
Convención Americana sobre Derechos Humanos señala, en su artículo 7.7, al
consagrar el derecho a la libertad personal, que “Nadie será detenido por
deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente
dictados por incumplimientos de deberes alimentarios”. Por su parte, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala, en su artículo 11, establece
que “Nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación
contractual”.

En consecuencia, el razonamiento favor persona permite afirmar que
más allá de la discusión sobre qué naturaleza tiene la deuda de autos, si civil-
contractual o alimentaria, lo cierto es que, como lo ha dicho la doctrina al
referirse al artículo 7.7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
si bien no existe una prohibición absoluta de prisión por deudas alimentarias “
el texto de esta disposición, por su sentido natural, no permite afirmar, sin más,
que esos supuestos admiten ser sancionados con penas privativas de libertad”
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QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS




(BOVINO, Alberto (2004): “La libertad personal en el Sistema Interamericano”. En
MARTIN, Claudia, RODRÍGUEZ-PINZÓN, Diego y GUEVARA B., José A (compiladores):
Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana,
Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario,
Distribuciones Fontamara, p. 347).

Con todo, incluso en el caso de las deudas alimentarias reguladas por ley,
ello de todos modos supone considerar que la medida de arresto como apremio
eventualmente legítimo es de carácter limitado. Esto, porque los apremios
legítimos en el derecho constitucional son medidas de ultima ratio, porque el
juez del fondo deberá revisar sí existen otros medios para procurar el
cumplimiento de la obligación.

Precisamente, este es el aspecto que resulta contrario al artículo 5°, inciso
segundo, de la Carta Fundamental, en relación con los artículos 7.7 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y 11 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos; y al artículo 19 N°7 de la Constitución
esencialmente, porque tal como ha señalado esta Magistratura “más allá de la
discusión sobre la naturaleza de la deuda que se pretende cobrar en la especie, lo
que podría ser relevante a fin de determinar si aquellas se encuentran o no
comprendidas en la proscripción internacional de la prisión por deudas,
consideramos que habida cuenta de las características propias del caso concreto
que media la aplicación del precepto y su confrontación con la Constitución, no
resulta racional y justo que la institución previsional sobre la cual recae la
responsabilidad de cobrar y recolectar obligaciones previsionales impagas pueda
impetrar, una y otra vez, sin límite de tiempo, el arresto del deudor para
apremiarlo al pago de lo adeudado, considerando el tiempo transcurrido y el
excepcionalmente amplio arsenal de herramientas jurídicas que se han previsto
para tal efecto” (STC Rol Nº14.163, c. 17°).

6°. Que, en el caso de autos la declaración de inaplicabilidad del precepto
legal impugnado constituye el medio idóneo para resguardar la vida y la
integridad física y psíquica y la libertad de la requirente que se encuentra en
una situación particular en razón de su edad y condición de salud que en el caso
concreto vulnera sus derechos fundamentales y el contenido esencial de ellos
asegurado por la Carta Magna a toda persona, entendiendo que el ser humano
es la razón de ser del constitucionalismo.



Redactó la sentencia el Ministro señor RAÚL MERA MUÑOZ; la disidencia, la
Ministra señora MARÍA PÍA SILVA GALLINATO; y la prevención, la Ministra señora
MARCELA PEREDO ROJAS.

Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.
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QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE




Rol N° 15.873-24 INA.

Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida
Fecha: 02/09/2025



María Pía Silva Gallinato Miguel Angel Fernández González
Fecha: 02/09/2025 Fecha: 02/09/2025



Raúl Eduardo Mera Muñoz Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 02/09/2025 Fecha: 03/09/2025



Héctor Antonio Mery Romero
Fecha: 02/09/2025



Mario René Gómez Montoya
Fecha: 02/09/2025


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta
Subrogante, Ministra señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida, y por sus Ministros
señora María Pía Silva Gallinato, señor Miguel Ángel Fernández González, señor
Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne, señor
Héctor Mery Romero, señora Marcela Inés Peredo Rojas y señor Mario René
Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario (S) del Tribunal Constitucional, señor Sebastián López
Magnasco.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 03/09/2025




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