TC Rol 15884

Texto completo

0000393
TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES




2025

REPÚBLICA DE CHILE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
____________
Sentencia

Rol 15.884-2024

[7 de agosto de 2025]
____________

REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 768
INCISO SEGUNDO DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL Y
CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY N° 21.210, QUE MODERNIZA LA
LEGISLACIÓN TRIBUTARIA



EKONO LIMITADA
EN EL PROCESO ROL N° 45.159-2024, SEGUIDO ANTE LA EXCMA. CORTE
SUPREMA



VISTOS:

Que, Ekono Limitada acciona de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
respecto de los artículos 768 inciso segundo del Código de Procedimiento Civil y
cuarto transitorio de la Ley N° 21.210, que moderniza la legislación tributaria,
en el proceso Rol N° 45.159-2024, seguido ante la Excma. Corte Suprema.



Preceptos legales cuya aplicación se impugna

El texto de los preceptos impugnados dispone lo siguiente:



“Código de Procedimiento Civil

(…)

“Artículo 768. (…)




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TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO




En los negocios a que se refiere el inciso segundo del artículo 766 sólo
podrá fundarse el recurso de casación en la forma en alguna de las causales
indicadas en los números 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° y 8° de este artículo y también en el
número 5° cuando se haya omitido en la sentencia la decisión del asunto
controvertido.”.



“Ley N° 21.210, que moderniza la legislación tributaria

(…)

Artículo cuarto transitorio.- Las modificaciones incorporadas por el
artículo primero de esta ley a lo dispuesto en los artículos 26 bis, 111 bis, 120, 133,
139, 140, 143, 145 y 161, todos del Código Tributario, solo serán aplicables a las
solicitudes o juicios, según corresponda, que se presenten o inicien con
posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.”

(…)



Síntesis de la gestión pendiente y del conflicto constitucional
sometido al conocimiento y resolución del Tribunal

Indica la parte requirente que la gestión pendiente corresponde a
recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos con fecha 21 de
agosto de 2024 ante la Excma. Corte Suprema, en contra de la sentencia dictada
por la Undécima Sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago con
fecha 2 de agosto de 2024, en causa Rol N° 78-2024, caratulada "Ekono Limitada
con Servicio de Impuestos Internos Dirección Grandes Contribuyentes".

Explica que dicha sentencia revocó parcialmente la dictada por el
Segundo Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana de
Santiago con fecha 23 de enero de 2024, en causa Ruc 19-9-0000441-1; Rit GR-16-
00086-2019, que había acogido en parte el reclamo tributario interpuesto por
Ekono Limitada en contra de la Resolución Exenta N° 192 de fecha 27 de agosto
de 2018, emitida por la Dirección de Grandes Contribuyentes del Servicio de
Impuestos Internos.

Relata que el reclamo tributario se relaciona con la declaración de
impuesto a la renta del Año Tributario 2016, en la cual Ekono consignó una
pérdida tributaria de $16.402.104.865 y solicitó la devolución de $3.301.057.895
por concepto de Pagos Provisionales por Utilidades Absorbidas (PPUA). Durante
la fiscalización denominada "Auditoría de Riesgo PPUA AT 2016", el Servicio
cuestionó la deducción de una serie de partidas de gastos, procediendo a emitir
la Liquidación N° 86 de fecha 27 de agosto de 2018 y la Resolución Exenta N°
192/2018, por la cual resolvió modificar la pérdida tributaria determinada




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reduciéndola al monto de $3.318.350.909 y no dar lugar a la solicitud de
devolución por Pago Provisional por Utilidades Absorbidas (PPUA).

Sostiene que con fecha 12 de octubre de 2018 presentó Reposición
Administrativa Voluntaria, la que fue resuelta con fecha 21 de febrero de 2019
mediante la Resolución Exenta N° 101.131/2019, que concilió totalmente una
referencia denominada "Intereses sociedades relacionadas" por la suma de
$7.479.619.582 y parcialmente otra cuenta. Posteriormente, con fecha 30 de
abril de 2019, interpuso reclamo tributario ante el Segundo Tribunal Tributario
y Aduanero de la Región Metropolitana.

Refiere que el Segundo Tribunal Tributario y Aduanero dictó sentencia
definitiva el 23 de enero de 2024, acogiendo en parte el reclamo tributario, al
estimar razonable que los documentos aportados para acreditar el monto de
$320.990.836, consistentes en las facturas N° 1110, N° 1120 y N° 1150, los
comprobantes contables y el Libro Mayor, fueron suficientes y consistentes
entre sí, reconociendo que los gastos relacionados con los servicios de
almacenamiento de mercaderías en centros de distribución, administración de
centros de distribución, empaque y transporte de mercaderías son gastos
indispensables y relacionados con el giro del reclamante. Sin embargo,
determinó que la diferencia de $389.793.493 se tendría por no acreditada.

Con fecha 23 de enero de 2024, el Servicio dedujo recurso de apelación
contra la sentencia, respecto de la cual la reclamante adhirió impugnando la
sentencia del TTA en lo concerniente a las partidas “Otros Servicios
Contractuales” por la parte que no fue concedida, y respecto de las partidas
“Comisión Fletes Gastos” y “Flete Relacionado WM al haber sido rechazada
totalmente su procedencia por el Tribunal Tributario. La Ilustrísima Corte de
Apelaciones de Santiago, conociendo del recurso, resolvió revocar en lo apelado
por el Servicio de Impuestos Internos la sentencia de primera instancia y decidir
que el reclamo contra la Resolución Exenta quedara rechazado en su totalidad,
considerando que se habían valorado antecedentes presentados fuera del
término probatorio, confirmando la sentencia en lo demás apelado por la
adhesión de la parte reclamante.

Seguidamente señala que, en contra de la sentencia de la Ilustrísima
Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 21 de agosto de 2024, dedujo
recursos de casación en la forma y en el fondo, los cuales ingresaron a la Excma.
Corte Suprema bajo el Rol N° 45.159-2024.

Al fundar el conflicto constitucional, la requirente sostiene que la
aplicación de los preceptos impugnados vulnera los artículos 19 N°s 2 y 3 de la
Constitución Política de la República; el artículo 5, inciso segundo de la Carta
Fundamental, en relación con los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención
Americana de Derechos Humanos; y el artículo 19 N° 26 de la Constitución, en




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relación con su artículo 19 N° 3 inciso sexto y con el artículo 25.1 de la
Convención Americana de Derechos Humanos.

En cuanto a la vulneración del debido proceso, argumenta que las
disposiciones impugnadas impiden hacer uso del recurso de casación en la
forma por la causal específica del N° 5 del artículo 768 del Código de
Procedimiento Civil, relacionada con la omisión de consideraciones de hecho y
derecho en la sentencia. Sostiene que la sentencia de la Ilustrísima Corte de
Apelaciones incurrió en un vicio de nulidad formal, pues al rechazar la
deducibilidad de las partidas objeto de reclamo, se omitieron las
consideraciones de hecho y derecho con arreglo a las cuales se pronuncia el
fallo, incurriendo en la causal N° 5 del artículo 768 del CPC.

Explica que la Ilustrísima Corte de Apelaciones no cumplió con consignar
las consideraciones de hecho que sirven de fundamento a la sentencia, por
cuanto las conclusiones a las que arriba se fundan en hechos que no se condicen
con la prueba rendida ante dicha magistratura, por la omisión de valoración de
ésta. Desarrolla que en la sentencia no existe la vinculación que debe verificarse
entre la prueba rendida y los hechos que el tribunal dio por acreditados, siendo
la ausencia de las consideraciones de hecho consecuencia directa de la falta de
valoración en la que incurrió el sentenciador de segunda instancia.

Respecto a la vulneración de la igualdad ante la ley, argumenta que se
establece una discriminación arbitraria entre los justiciables cuyos asuntos se
ventilan en procedimientos ordinarios versus aquellos regidos por leyes
especiales, sin fundamento razonable que justifique tal diferenciación. Sostiene
que la primera norma permite que quienes ventilen sus asuntos en un juicio
ordinario tengan la posibilidad de denunciar la omisión de consideraciones de
hecho o derecho mediante el recurso de casación en la forma, quedando vedada
esta posibilidad para quienes deban someterse a procedimientos regulados en
leyes especiales.

Adiciona que el artículo cuarto transitorio de la Ley N° 21.210 genera una
discriminación temporal injustificada, al privar a quienes iniciaron sus
reclamos antes de la entrada en vigor de la ley del beneficio de las nuevas reglas
recursivas. Explica que mientras los litigantes que presentaron reclamos
posteriores a la publicación del nuevo estatuto gozan de la posibilidad de
recurrir sentencias contra el vicio de nulidad formal consistente en la omisión
de consideraciones de hecho y derecho, los litigantes cuyos reclamos se
interpusieron antes de su entrada en vigor se ven impedidos de acceder a
impugnación vía casación en forma sin limitaciones.

En relación con la afectación del contenido esencial de los derechos,
argumenta que las disposiciones legales impugnadas afectan el derecho al
debido proceso en su esencia, desde que impiden obtener una sentencia




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fundada que haya ponderado racional y justificadamente todos los medios
probatorios aportados, coartando la posibilidad de utilizar el medio que la ley
establece como recurso efectivo para subsanar la vulneración.



Tramitación

El requerimiento fue acogido a trámite por la Segunda Sala, con fecha 5
de noviembre de 2024, a fojas 149, disponiéndose la suspensión del
procedimiento.

En resolución de fecha 26 de noviembre de 2024, a fojas 198, se declaró
admisible.

Conferidos los traslados de fondo a los órganos constitucionales
interesados y a las demás partes en la gestión invocada, el Servicio de Impuestos
Internos formuló observaciones a fojas 209.



Observaciones del Servicio de Impuestos Internos

Explica que en la especie concurren las causales de inadmisibilidad
contenidas en los numerales 5° y 6° del artículo 84 de la Ley Orgánica
Constitucional del Tribunal Constitucional, en relación con el inciso 11° del
artículo 93 de la Constitución Política de la República, razones que sustentarían
un rechazo formal del requerimiento pese al pronunciamiento de
admisibilidad. Ello en atención a que el precepto legal impugnado no ha de
tener aplicación o no va a ser decisivo en la resolución del asunto que deberá
conocer la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, y además el libelo
carece de fundamento plausible.

En cuanto a la falta de decisividad del precepto, argumenta que la
requirente interpuso con fecha 21 de agosto de 2024 recursos de casación en la
forma y en el fondo en contra de la sentencia pronunciada por la Ilustrísima
Corte de Apelaciones de Santiago, fundando la casación en la forma en la causal
contemplada en el numeral 5 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil,
exponiendo que el fallo de segunda instancia incurría en el vicio de no contener
las consideraciones de hecho y derecho que sirven de fundamento a la
sentencia.

Sostiene que los preceptos legales impugnados no han de tener
aplicación en la gestión de autos, ni tampoco han de ser decisivos en la
resolución del asunto, toda vez que, al examinar los fundamentos del recurso de
casación en la forma que se tramita ante la Excma. Corte Suprema en los autos
Rol N° 45.159-2024, para acoger el recurso de casación en la forma interpuesto la




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Corte Suprema debería ponderar la prueba supuestamente no analizada, lo que
resulta ser una labor privativa de los jueces del grado.

Añade que de la lectura del petitorio del recurso se puede apreciar que la
requirente solicita que se dicte sentencia de reemplazo que acoja el reclamo en
los términos presentados en la adhesión a la apelación, por lo que una eventual
labor de ponderación efectuada a la prueba no necesariamente deriva en que el
reclamo sea acogido, de manera tal que el recurso de casación en la forma
adolece de vicios que impiden la substanciación de éste.

Además, estima pertinente señala que el precepto legal impugnado no
puede resultar decisivo en la resolución del asunto, por cuanto lo invocado
erróneamente como vicio en el Recurso de Casación en la Forma también fue
invocado en el Recurso de Casación en el Fondo, al denunciar expresamente
una contravención del artículo 132 del Código Tributario como norma
reguladora de la prueba, expresando que la sentencia recurrida vulneraría las
normas básicas que regulan ésta en los procedimientos tributarios.

Así la Excma. Corte Suprema de todas maneras deberá resolver sobre el
vicio invocado por el recurrente cuando conozca del recurso de casación en el
fondo, por lo que la denuncia desarrollada en el requerimiento respecto de la
imposibilidad legal de interponer un recurso de casación en la forma no puede
tener asidero. Sobre dicha alegación la Excma. Corte Suprema igualmente
conocerá el vicio denunciado mediante el recurso de casación en el fondo.

Sostiene igualmente que el requerimiento carece de fundamento
plausible, al no indicar cuál sería la garantía concreta del debido proceso que
entiende como vulnerada, pareciendo ser el derecho a una sentencia motivada
más que el derecho al recurso propiamente tal. Tampoco señala el escrito de qué
forma en concreto se afecta el derecho al debido proceso que menciona como
afectado, teniendo presente que en todo momento y a lo largo de la tramitación
del reclamo tributario ha podido ejercer sin traba alguna todos y cada uno de los
derechos, acciones y defensas que ha estimado conveniente.

En cuanto al fondo del conflicto planteado, argumenta que no existe
contravención entre las normas impugnadas y el derecho al debido proceso que
implique una afectación en la esencia a dicha garantía fundamental. Refiere
que fue la propia Ley N° 21.210 la que estableció un periodo de vacancia legal, al
señalar una condición para el inicio de la vigencia, debiendo hacer presente que
los efectos de la ley en el tiempo están regulados tanto de forma general como
supletoria en el Código Civil y en la Ley sobre el efecto retroactivo de las leyes.

Explica que en lo referente a lo dispuesto en el nuevo artículo 145 del
Código Tributario, la Ley 21.210 expresamente indicó que solo será aplicable a "
las solicitudes o juicios, según corresponda, que se presenten o inicien con
posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley", es decir, que inicien con



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posterioridad al 24 de febrero del 2020. En este caso, el reclamo tributario fue
interpuesto por el actor el 11 de abril de 2016, por lo tanto, al caso del
reclamante le es aplicable la limitación contenida en el inciso segundo del
artículo 768 del Código de Procedimiento Civil.

En relación con el derecho al recurso, señala que ambas partes cuentan
con un medio de revisión e impugnación consistente en el recurso de apelación
en contra de la sentencia definitiva de primera instancia, establecido en el
artículo 140 del texto vigente a la fecha del Código Tributario, con lo cual se
satisface plenamente la exigencia de la revisión de los hechos y el derecho por
parte de un tribunal superior, establecida en el Pacto de San José de Costa Rica.

Sostiene que el recurso de casación es un mecanismo de impugnación
excepcional y extraordinario que sólo procede en aquellos casos en que el
legislador lo ha dispuesto y no puede ser modificado vía del presente
requerimiento. Cita jurisprudencia de este Tribunal señalando que "cabe
señalar que el recurso de casación es un recurso extraordinario, de derecho
estricto. Sólo procede en virtud de norma expresa y por las causales que
expresamente señala la ley".

Agrega que, legítimamente, el legislador ha definido numerosos casos en
que no procede el recurso de casación, como por ejemplo en el procedimiento
civil tratándose de las sentencias interlocutorias, en materia penal, en materia
laboral, y se encuentra sumamente restringido en materia de familia y
tributaria y aduanera.

Respecto de la alegada vulneración de la igualdad ante la ley, argumenta
que la aplicación de la norma impugnada no produce afectación a esta garantía,
considerando que las mismas son aplicables a todos los litigantes involucrados
en el procedimiento general de reclamación tributaria, tanto al contribuyente
como al Servicio de Impuestos Internos. Sostiene que a este Servicio también le
son aplicables los preceptos impugnados, por lo cual tampoco puede deducir
recurso de casación en la forma en contra de una sentencia pronunciada en el
procedimiento general de reclamaciones cuando se invoque la supuesta
omisión de las consideraciones de hecho y derecho.

Desarrolla que lo sustancial de este derecho, en estrecha relación con las
demás garantías constitucionales denunciadas por el requirente, es que todas
las partes en un proceso tengan las mismas posibilidades de recurrir e
impugnar una decisión judicial, con el objetivo de enmendar los vicios
denunciados, lo que se cumple en la especie al encontrarse las partes en una
misma posición jurídica para impugnar la sentencia de segunda instancia.

En cuanto a la afectación del contenido esencial de los derechos, alega
que en virtud de que los preceptos legales impugnados no producen la
vulneración de las garantías denunciadas correspondientes al artículo 19,



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numerales 2° y 3°, de la Carta Fundamental, malamente podría transgredirse el
contenido esencial de esos mismos derechos.



A fojas 227, por decreto de fecha 24 de diciembre de 2024, se trajeron los
autos en relación.



Vista de la causa y acuerdo

En Sesión de Pleno de 12 de junio de 2025 se verificó la vista de la causa,
oyéndose la relación pública, alegatos por la requirente del abogado Patricio
Casas Farías, y del Servicio de Impuestos Internos, del abogado Marcelo Alvial
Contreras. Se adoptó acuerdo con igual fecha, conforme certificación del
relator.



Y CONSIDERANDO:

I. GESTIÓN PENDIENTE Y CONFLICTO CONSTITUCIONAL
PLANTEADO

PRIMERO: La requirente Ekono Limitada acciona de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad en contra de los artículos 768, inciso segundo, del Código
de Procedimiento Civil, y cuarto transitorio de la Ley N° 21.210, que moderniza
la legislación tributaria, con el objeto de que estos preceptos no sean aplicables
en el proceso Rol N° 45159-2024, seguido ante la Corte Suprema.

Según se expone en el requerimiento, con fecha 23 de enero de 2024 el
Segundo Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana dictó
sentencia definitiva acogiendo parcialmente el reclamo tributario interpuesto
por la actora en contra de la Resolución Exenta N° 192, del 27 de agosto de 2018,
que estableció la improcedencia de determinadas deducciones que incidieron
en el Año Tributario 2016. La sentencia tuvo por acreditados parcialmente los
gastos registrados por el contribuyente, por lo que ordenó modificar la
resolución impugnada ajustando la pérdida tributaria y ordenando la
devolución de la suma correspondiente. En contra de dicha sentencia, el
Servicio de Impuestos Internos interpuso recurso de apelación, el cual fue
acogido por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. El tribunal de
alzada revocó parcialmente la sentencia de primer grado, resolviendo rechazar
en todas sus partes el reclamo deducido por la reclamante.

En contra de esta decisión, la requirente dedujo recurso de casación en la
forma y en el fondo ante la Corte Suprema, siendo esta la gestión sobre la cual
pende el presente requerimiento de inaplicabilidad.




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SEGUNDO: En relación con el artículo cuarto transitorio de la Ley N°
21.210, cabe tener presente que dicha ley se publicó el 24 de febrero de 2020 y
reformó diversos cuerpos legales en materia tributaria, incluido entre ellos el
Código del ramo, para introducir, entre otras, una modificación a su artículo
145. El precepto reemplazado estaba redactado en los siguientes términos:

“El reclamante o el Servicio podrán interponer los recursos de casación en
contra de los fallos de segunda instancia.

Los recursos de casación que se interpongan en contra de las sentencias de
segunda instancia se sujetarán a las reglas contenidas en el Título XIX del Libro
Tercero del Código de Procedimiento Civil”.

Mientras tanto, el nuevo artículo 145 del Código Tributario, incorporado
por la Ley N° 21.210, establece:

“Los recursos de casación se sujetarán a las reglas contenidas en el Título
XIX del Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil. Para estos efectos, serán
trámites esenciales, según correspondan, los mismos que establece el Código de
Procedimiento Civil.

Sin perjuicio de lo anterior, en los juicios sobre reclamaciones
tributarias no regirá la limitación contenida en el inciso segundo del artículo 768
del Código de Procedimiento Civil”.

Conforme a esta última regla, ya no se aplica a las reclamaciones
tributarias la referida regla del Código de Procedimiento Civil, conforme a la
cual: “En los negocios a que se refieren el inciso segundo del artículo 766 (juicios o
reclamaciones regidos por leyes especiales) sólo podrá fundarse el recurso de
casación en la forma en alguna de las causales indicadas en los números 1°, 2°, 3°,
4°, 6°, 7° y 8° de este artículo y también en el número 5° cuando se haya omitido en
la sentencia la decisión del asunto controvertido”.

Sin embargo, conforme a la norma impugnada del artículo cuarto
transitorio de la ley N° 21.210: “Las modificaciones incorporadas por el artículo
primero de esta ley a lo dispuesto en los artículos 26 bis, 111 bis, 120, 133, 139,
140, 143, 145 y 161, todos del Código Tributario, sólo serán aplicables a las
solicitudes o juicios, según corresponda, que se presenten o inicien con
posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley”, con lo cual esta
disposición no hace aplicable el nuevo texto del artículo 145 a los juicios a que se
refiere, entre los que se encuentra aquel que el requirente mantiene con el
Servicio de Impuestos Internos.

Como ya se expresó, la gestión pendiente dice relación con los recursos
de casación en la forma y en el fondo en contra de la sentencia de segunda
instancia deducidos ante la Corte Suprema. El recurso de casación en la forma
se funda en la eventual existencia del vicio relativo a omisión de los requisitos




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establecidos en el artículo 170 N° 4 del Código de Procedimiento Civil, es decir a
las consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento a la
sentencia (art. 768 causal 5° relacionada con el art. 170 N° 4).

TERCERO: En relación con el conflicto constitucional planteado, la parte
requirente alega que la aplicación de las disposiciones impugnadas al caso
concreto vulnera las garantías fundamentales del debido proceso y del
principio de igualdad ante la ley. En tal sentido, sostiene que la norma
establecida en el Código de Procedimiento Civil restringe injustificadamente las
causales para impugnar la sentencia dictada, y que el artículo cuarto transitorio
de la Ley N° 21.210 se aparta del efecto ordinario de una nueva ley procesal en el
tiempo. Asimismo, aduce que dicha situación configura una discriminación
arbitraria, por cuanto, en primer término, los litigantes que ventilen sus asuntos
en un juicio ordinario no se encuentran sometidos a la limitación establecida en
el inciso segundo del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil; y, en
segundo término, se genera una diferenciación injustificada entre aquellos
reclamantes que interpusieron sus acciones antes de la entrada en vigencia de
la Ley N° 21.210 –a quienes sí se aplica la restricción–, y aquellos que lo hicieron
con posterioridad a dicha fecha, quienes no se ven afectados por dicha
limitación. Añade que los preceptos cuestionados vulnerarían asimismo el
artículo 5, inciso segundo, en relación con los artículos 8.1 y 25.1 de la
Convención Americana de Derechos Humanos, y el artículo 19, N° 26, de la
Constitución.

II. EL DERECHO AL RECURSO Y EL RECURSO DE CASACIÓN EN
LA FORMA

CUARTO: En reiterada jurisprudencia esta Magistratura ha señalado que
“el derecho al recurso, esto es, la facultad de solicitar a un tribunal superior que
revise lo hecho por el inferior, forma parte integrante del derecho al debido
proceso” (STC 1443, c. 11). De este modo, se ha dicho que “el derecho a un
proceso previo, legalmente tramitado, racional y justo, que la Constitución
asegura a todas las personas, debe contemplar las siguientes garantías: la
publicidad de los actos jurisdiccionales, el derecho a la acción, el oportuno
conocimiento de ella por la parte contraria, el emplazamiento, adecuada
defensa y asesoría con abogados, la producción libre de pruebas conforme a la
ley, el examen y objeción de la evidencia rendida, la bilateralidad de la
audiencia, la facultad de interponer recursos para revisar las sentencias
dictadas por tribunales inferiores” (STC 1443, c. 11) (En el mismo sentido, entre
otras, STC 2323 c. 23°, STC 2452 c. 13°, STC 2743 c. 26°, STC 2791 c. 26°, STC 3309 c.
17°, STC 3119 c. 19°, STC 3338 c. 7°, STC 6411 c. 11°, STC 5878 c. 18°).

QUINTO: Esta Judicatura Constitucional también ha puntualizado que el
reconocimiento del “derecho al recurso”, como requisito de un debido proceso,




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admite una serie de matices y precisiones. Así, entre los antecedentes de la
historia fidedigna de la Carta Fundamental, cabe tener presente que, “como
regla general”, se reconoció como una facultad del legislador el establecimiento
de recursos, lo que de suyo implica la evidente constitucionalidad de algunas
hipótesis en que tales recursos no van a ser admisibles o, simplemente, no
existirán (STC Rol N° 2723, c. 10°).

En otras palabras, el derecho al recurso no es absoluto y, en
consecuencia, puede ser limitado y regulado por el legislador en atención a los
derechos e intereses en juego, siempre y cuando se respeten las garantías del
debido proceso. De este modo, este Tribunal ha sostenido que el legislador
también tiene libertad para determinar el régimen recursivo que mejor se
avenga a las características y naturaleza de cada procedimiento (Entre otras,
STC 576, 519 y 821).

SEXTO: En cuanto al recurso de casación, conforme al artículo 764 del
Código de Procedimiento Civil, aquel “se concede para invalidar una sentencia
expresamente en los casos establecidos en la ley”, siendo dicho recurso “de dos
especies: de casación en el fondo y de casación de la forma”. En lo tocante al
recurso de casación en la forma, la doctrina lo ha definido como aquel “[…]
recurso extraordinario que la ley concede a la parte agraviada en contra de
determinadas resoluciones judiciales, para obtener su anulación, cuando han sido
dictadas con omisión de sus requisitos legales formales dentro de procedimientos
viciosos” (Casarino Viterbo, Mario, 2007, Manual de Derecho Procesal. Derecho
Procesal Civil. Tomo IV, p. 159).

El carácter extraordinario y de derecho estricto del recurso de casación
ha sido resaltado reiteradamente por la Excma. Corte Suprema (Roles 17392-
2015, 14422-2017, 11302-2022, entre otros), y por la doctrina (Palomo Vélez,
Diego, 2016, la Casación y el Recurso de Casación en la Forma, en Proceso Civil,
los Recursos y otros Medios de Impugnación, pp. 199-200; Maturana Miquel,
Cristián, 2015, Los Recursos del Código de Procedimiento Civil en la Doctrina y la
Jurisprudencia, pp. 395-396, entre otros).

SÉPTIMO: Conforme se ha venido razonando, si el mandato del artículo
19 N°3 de la Constitución no obliga al legislador a dotar a las partes de un
recurso específico, como la apelación, mucho menos lo coloca en la necesidad de
establecer un recurso de carácter extraordinario y de derecho estricto, como la
casación, ni impone un catálogo de causales por las cuales dicho recurso deberá
ser siempre procedente. En este sentido, se ha dicho que: “es necesario
distinguir el derecho a la impugnación de las sentencias (“derecho al recurso”),
que integra la garantía del debido proceso, de un supuesto derecho a un recurso
en concreto, tal como la casación” (STC 2034, c. 12°). En el caso particular del
recurso de casación, esto se debe a que se trata de “un recurso extraordinario,




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de derecho estricto […] [que] [s]ólo procede en virtud de norma expresa y por
las causales que expresamente señala la ley. Ello quiere decir que el legislador
define contra qué sentencias procede y por qué causales. Si la ley, entonces,
hace improcedente este recurso para ciertas situaciones, es una decisión que
cabe al legislador, no a esta Magistratura” (STC 2034, c. 11°).



III. NO SE VULNERAN LOS DERECHOS DE LA REQUIRENTE

OCTAVO: En relación con la primera garantía que se alega como
infringida, ya hemos afirmado que no existe el derecho a recurrir de casación
en la forma, siendo la decisión de sustituir o modificar el sistema de acciones y
recursos respecto de las decisiones judiciales una problemática que, en
principio, debe ser decidida por el legislador dentro del marco de la
deliberación democrática.

Además de lo anterior, rige lo preceptuado por el artículo 775 del Código
de Procedimiento Civil, de modo que la Corte, al conocer de la gestión pendiente,
puede invalidar de oficio la sentencia cuando los antecedentes del recurso
manifiesten que ellas adolecen de vicios que dan lugar a la casación en la forma.

NOVENO: A propósito de la igualdad ante la ley y la supuesta
discriminación arbitraria entre juicios anteriores y posteriores al 1 de marzo de
2020, fecha en la que entró en vigencia la Ley N° 21.210, como ha señalado en
numerosas oportunidades esta judicatura, el legislador está facultado para
regular los efectos temporales de las reformas que introduzca a un cuerpo legal.

DÉCIMO: En esta materia el requirente busca eludir la confrontación de
igualdad que guarda relación con la garantía constitucional para el caso
concreto, cual es la comparación de la situación de las distintas partes del
mismo pleito. En efecto, pretende derivar la comparación a lo que suceda en
procedimientos diferentes, sometidos a reglas diversas sea en razón de su
objetivo propio, sea por razón de la vigencia temporal de dos leyes, una
modificatoria de otra, como ocurre en este caso.

Particularmente en relación a alegaciones similares relacionadas con la
distinción entre los referidos juicios dispuesta en el mismo precepto legal
reprochado, cabe recoger lo resuelto recientemente por esta Magistratura, en
cuanto a que “el legislador es libre para determinar si una modificación de
procedimiento se aplica o no a los procesos ya iniciados y tan lógico o razonable
es que así sea, porque se habla de aplicarla a actos procesales no realizados aún,
como lo es la solución contraria, porque se mantiene así el procedimiento al que
las partes accedieron conociendo sus reglas y porque, al fin y al cabo, todo
proceso judicial constituye una unidad, aunque esté conformado por una
sucesión de actuaciones” (STC 14.442, c. 4°). Por tal motivo tampoco cabe




12
0000405
CUATROCIENTOS CINCO




comparar el caso del requirente con el de otros contribuyentes sometidos a
procedimientos distintos en relación con la ley vigente al momento de iniciarse
la respectiva causa.

DÉCIMO PRIMERO: No cabe confundir cambios legislativos con la
inconstitucionalidad de los procedimientos previos a su modificación, aun
cuando el nuevo procedimiento incluya recursos que puedan ser considerados
como más beneficiosos para alguna de las partes. En tal sentido, “[s]alvo la
prohibición de la aplicación retroactiva de la ley penal desfavorable y el
principio lex mitior, no hay normas de derecho transitorio expresas que se
impongan constitucionalmente, siendo el legislador, en principio, libre y
soberano para regular la vigencia de la ley y determinar las situaciones
jurídicas a las que será aplicable la reforma legislativa” (STC 13.867, c. 21°).

DÉCIMO SEGUNDO: Conforme a lo expuesto, y considerando que la
restricción de la casación en la forma se aplica por igual a ambas partes en el
juicio y además se contempla para juicios variados y heterogéneos, concluimos
que el artículo cuarto transitorio de la Ley N° 21.210 no es una norma que
discrimine de un modo arbitrario como sostiene la parte requirente.

DÉCIMO TERCERO: Por lo expuesto, se rechaza el presente
requerimiento de inaplicabilidad.



Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93 incisos
primero, N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y
pertinentes de la Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997,
Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,



SE RESUELVE:

I. QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DEDUCIDO A LO
PRINCIPAL DE FOJAS 1. OFÍCIESE.

II. QUE SE ALZA LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO
DECRETADA EN AUTOS. OFÍCIESE.

III. QUE NO SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE REQUIRENTE
POR ESTIMARSE QUE TUVO MOTIVO PLAUSIBLE PARA
LITIGAR.



DISIDENCIAS




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0000406
CUATROCIENTOS SEIS




Los Ministros señores MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y la
Ministra señora MARCELA PEREDO ROJAS, estuvieron por acoger el
requerimiento de autos atendiendo a las siguientes razones:

1°. Que, se ha requerido la inaplicabilidad de los artículos 768 inciso
segundo del Código de Procedimiento Civil y cuarto transitorio de la Ley N°
21.210, por cuanto la primera de esas disposiciones impide a la requirente
recurrir de casación en la forma, por el vicio que denuncia, y, el segundo, en
cuanto establece que, en los juicios iniciados con anterioridad a dicha ley, como
sucede en la gestión pendiente, no rige el nuevo artículo 140 del Código
Tributario que permite dicho recurso en el caso de los reclamos deducidos con
posterioridad a ella;

2°. Que, precisamente, en virtud de aquella reforma legal se modificó
sustancialmente el régimen recursivo de casación en sede tributaria, haciendo
procedente, en contra de la sentencia que falle un reclamo, los recursos de
apelación y casación en la forma, de acuerdo con el ya mencionado artículo 140
del Código del ramo, lo cual se informó favorablemente por la Excelentísima
Corte Suprema porque “(…) al ampliar el grado de control y revisión de las
sentencias dictadas por los Tribunales Tributarios y Aduaneros a las formas
procesales, permitirá dar mayor eficacia a las garantías de las partes y, en
definitiva, al debido proceso” (Oficio N° 166-2019, 5 de agosto de 2019, Boletín N°
12.043-05);

3°. Que, sin embargo, aquel nuevo régimen recursivo, como se ha dicho,
sólo se aplica a los juicios iniciados con posterioridad a la entrada en vigencia
de la Ley N° 21.210 y no a los anteriores, como es el caso de la gestión pendiente;

4°. Que, por ello, la cuestión constitucional que se nos ha planteado dice
relación con el respeto de la igualdad ante la ley y la prohibición de establecer
diferencias arbitrarias, contenida en el artículo 19 N° 2° de la Carta
Fundamental, en orden a dirimir si la diferencia trazada por el legislador -entre
las causas tributarias iniciadas antes de la entrada en vigencia de la Ley N°
21.210 (como la gestión pendiente) y las que comenzaron con posterioridad-, en
cuanto a que respecto de aquellas no resulta procedente el recurso de casación
en la forma, en tanto que en las segundas sí se dispone de ese arbitrio, se
encuentra debidamente justificada o si, al contrario, configura una
discriminación arbitraria;

5°. Que, estuvimos por acoger la acción de inaplicabilidad porque la
distinción establecida por el legislador, en el artículo cuarto transitorio
impugnado en estos autos, contiene una diferencia arbitraria desde que no
aparecen razones o motivos que sirvan para justificarla, pues, como ya
recordábamos en el Rol N° 219, “(…) el Tribunal Constitucional se ha
pronunciado desde antiguo sobre el principio general de la igualdad ante la ley




14
0000407
CUATROCIENTOS SIETE




establecido en la Constitución y es así como en el considerando
septuagesimosegundo de la sentencia de 5 de abril de 1988 dictada con ocasión
del control de constitucionalidad del proyecto de ley orgánica constitucional
sobre votaciones populares y escrutinios (STC Rol Nº 53) estableció, citando al
constitucionalista argentino Segundo Linares Quintana que:

“II ... la igualdad ante la ley consiste en que las normas jurídicas deben ser
iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias
y, consecuencialmente, diversas para aquellas que se encuentren en situaciones
diferentes. No se trata, por consiguiente, de una igualdad absoluta sino que ha de
aplicarse la ley en cada caso conforme a las diferencias constitutivas del mismo.
La igualdad supone, por lo tanto, la distinción razonable entre quienes no se
encuentren en la misma condición...”.

Es decir, la igualdad ante la ley presupone que se trate en forma igual a
quienes son efectivamente iguales, y sólo a ellos. Y en forma desigual a quienes no
lo sean. Ahora, si se hacen diferencias, pues la igualdad no es absoluta, es
necesario que ellas no sean arbitrarias, y es por ello que este Tribunal en la
misma sentencia hizo suyas otras expresiones del mismo tratadista Linares
Quintana sobre este punto, señalando que “la razonabilidad es el catarbón o
standard de acuerdo con el cual debe apreciarse la medida de igualdad o la
desigualdad” (c. 17°);

6°. Que, entonces, esta Magistratura debe preguntarse acerca de la
justificación o motivo que sustenta la diferencia de trato dispuesta por el
precepto legal impugnado, la que, sin embargo, no aparece en la historia de la
ley, al extremo que cuando S.E. el Presidente de la República, en el primer
trámite constitucional, presenta la indicación que incorpora el recurso de
casación en la forma, no propone incluirlo entre las normas exceptuadas en el
artículo cuarto transitorio (Formula indicaciones al proyecto de ley que
moderniza la legislación tributaria, Boletín N° 12.043-05, 8 de mayo de 2019, p.
30).

La exclusión aparece recién, durante el segundo trámite constitucional,
en el Informe de la Comisión de Hacienda del Senado (13 de enero de 2020, p.
694), sin mediar explicación para ello, mediante una nueva indicación
presidencial (p. 469);

7°. Que, más bien, lo que aparece justificado, como lo señaló la Corte
Suprema, según ya se transcribió, ha sido dotar de casación en la forma a las
reclamaciones en materias tributarias, tal y como lo hacen las normas
permanentes, incorporadas al Código Tributario, por la Ley N° 21.210;

8°. Que, en consecuencia, la diferencia que establece el artículo cuarto
transitorio de la Ley N° 21.210, entre los justiciables que iniciaron su acción
antes de que ella entrara en vigencia (los que no disponen del recurso de



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CUATROCIENTOS OCHO




casación en la forma) y los que la comenzaron con posterioridad (que sí tienen
derecho a ese recurso) configura una discriminación o diferencia arbitraria,
pues carece de justificación, por lo que su aplicación en la gestión pendiente
resulta contraria al artículo 19 N° 2° de la Constitución;

9°. Que, el reproche de constitucionalidad que constatamos respecto del
artículo 4° transitorio alcanza también a la restricción que establece el artículo
768 inciso segundo del Código Procedimiento, ya que, como hemos razonado en
numerosas sentencias anteriores (v. gr., en el Rol N° 8.105), ella igualmente
carece de justificación, pues el texto original del Código de Procedimiento Civil,
de 1902, concedía el recurso de casación “en jeneral” contra toda sentencia
definitiva, incluso por la causal que interesa al requirente.

Sin embargo, fue la Ley N° 3.390, del año 1918, la que incorporó aquel
inciso que excluye el recurso de casación en los juicios o reclamaciones regidos
por leyes especiales (Rol N° 2.529, c. 6°);

10°. Que, examinada la historia fidedigna de aquella reforma, desde la
moción presentada por los senadores Luis Claro Solar y Alfredo Barros
Errázuriz, se constata que tuvo por finalidad resolver una situación de suyo
momentánea, pues buscaba “(…) normalizar el funcionamiento de la Corte de
Casación, que se encuentra retardada en su despacho en términos que constituye
una honda perturbación para el ejercicio de todos los derechos i para la
administración de justicia en general (…)” (Informe de la Comisión de Lejislación
y Justicia del Senado, 24 de julio de 1916).

11°. Que, desde entonces, sucesivas leyes han dispuesto que gran
variedad de controversias se sustancien conforme a procedimientos especiales,
para la pronta y cumplida administración de justicia, inspiradas en el sano
designio de suprimir o agilizar los trámites más dilatados y engorrosos de un
juicio de lato conocimiento u ordinario, de lo cual, empero, no se puede colegir
que cabe excluir -per se y a todo evento- el recurso de casación (c. 7°, Rol N°
2.529);

12°. Que, adicionalmente, cabe considerar que estas leyes especiales
-entre las cuales se encuentra el Código Tributario- suelen regular
procedimientos para resolver conflictos surgidos con motivo de asuntos
complejos, como son los que se generan en torno de la determinación de
impuestos y su posterior reclamación, tanto en sede administrativa como
judicial, de manera que “[e]l fundamento del recurso de casación en estos juicios
regidos por leyes especiales es que en forma creciente se han ido estableciendo
procedimientos en leyes especiales, por ejemplo, reclamos contra resoluciones
del Banco Central, la Superintendencia de Valores y Seguros, resoluciones de
alcaldes o concejos municipales, etc.” (Juan Agustín Figueroa Yávar y Erika
Alicia Morgado San Martín: Recursos Procesales Civiles y Cosa Juzgada, Legal




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0000409
CUATROCIENTOS NUEVE




Publishing y Thomson Reuters, 2014, 121), donde la exigencia de
fundamentación adquiere singular trascendencia;

13°. Que, adicionalmente, es menester relevar la trascendencia del
recurso de casación, en la forma y en el fondo, en el contencioso tributario,
particularmente desde el ángulo del derecho a un procedimiento racional y
justo, puesto que “[s]í, se crean cuantiosas acciones en el papel, pero al propio
tiempo se ponen tantas injustificadas trabas a su ejercicio efectivo, que
difícilmente pueden superar un benévolo test de juridicidad. Diremos que no son
inocentes de sospecha de anticonstitucionalidad y suelen ir en cohorte: plazos
cortísimos para reclamar, cosa que transcurran ya y la determinación quede
luego a firme; la obligación de consignar el total o parte de la multa antes de
poder accionar, lo que incentiva a elevar el monto de la pena y constituye un
absurdo, cuando justamente se reclama que la sanción es improcedente o
confiscatoria; el agotamiento previo de la vía administrativa como requisito para
habilitar la acción procesal; la intervención judicial reducida a una única
instancia; la imprevisión de un probatorio donde se tenga la oportunidad de
desvirtuar los hechos en que se basa la autoridad; la prohibición al juez para
suspender el acto impugnado; la amenaza de que si pierde la acción el actor
“necesariamente” será condenado en costas; además –en algunos casos– de tener
que pagar intereses leoninos a partir del día siguiente al vencimiento del plazo
para reclamar la pena administrativa” (Iván Aróstica Maldonado: “Los
Contenciosos Administrativos Especiales en la Legislación Chilena. Una Visión
Crítica a la Luz de la Constitución”, Ius Publicum N° 20, 2008, pp. 93-94);

14°. Que, llevadas estas premisas a la sede del contencioso
administrativo, la función de casación, en el fondo y en la forma, adquiere
especial relevancia, pues “(…) la verdad es que es difícil construir una tipología
muy ordenada de éstos, atendido la diversidad de reglas que ha dado el legislador
en esta materia. Así ya desde su denominación (reclamación, apelación, recurso o
demanda), la tramitación que debe seguir la demanda (ordinaria, sumaria,
proceso de protección, tramitación incidental o sin forma de juicio), los plazos de
interposición de ésta (5, 10, 15, 30 o 60 días), las reglas probatorias que siguen (ya
sea en cuanto al término probatorio, los medios de prueba y la valoración de
éstos) y el contenido mismo de la sentencia (anulatoria, condenatoria o
reparatoria), denotan una pluralidad y heterogeneidad difícilmente
sistematizable” (Juan Carlos Ferrada Bórquez: “Los Procesos Administrativos
en el Derecho Chileno”, Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso XXXVI, Valparaíso, 2011, p. 266);

15°. Que, entonces, sustraer del mecanismo que la preceptiva general y
la propia normativa especial desde la dictación de la Ley N° 21.210 han previsto
para denunciar y requerir el control, por parte de los Tribunales Superiores de
Justicia, de vicios cometidos en la sentencia, es una decisión que el legislador



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0000410
CUATROCIENTOS DIEZ




debe ponderar con extremo cuidado y ello, vale la pena precisarlo, no
desprovee a la casación en la forma del carácter de recurso extraordinario, en
cuanto a que sólo procede por ciertas causales y bajo estrictos requisitos que
deben ser cumplidos por el recurrente, pero sin que de ello pueda colegirse que,
además, sólo sería procedente en el juicio ordinario o cuando,
excepcionalmente, el legislador lo determine, sin que esta definición pueda ser
evaluada constitucionalmente;

16°. Que, por lo expuesto, en este caso, se vulnera también el derecho a
un procedimiento racional y justo, asegurado en el artículo 19 N° 3° inciso sexto
de la Carta Fundamental, porque el vicio denunciado por la requirente -que
pretende sea conocido por la Corte Suprema mediante el recurso de casación en
la forma- se cometió en la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de
Santiago, que revocó parcialmente la de primera instancia, rechazando, en
definitiva, el reclamo interpuesto, de tal manera que, de no mediar la
declaración de inaplicabilidad, no podría plantear la impugnación formal que
alega.



El Ministro señor RAÚL MERA MUÑOZ concurre a acoger el
requerimiento teniendo para ello únicamente presente que, en su entender, al
aplicar a la gestión pendiente la normativa impugnada se produce en este caso
concreto un efecto contrario a la garantía del debido proceso, en virtud de las
siguientes consideraciones:

1.- Que aunque para este ministro no se genera aquí un problema de
igualdad ante la ley, por las mismas razones que expuso en los fallos recaídos en
los roles 14.442 y 14.443, de su redacción, la situación relativa a la garantía
constitucional del debido proceso es ahora diferente a la que acontecía en esas
causas, porque en aquellas el recurso de casación en la forma que se quería
interponer se dirigía contra la sentencia de primera instancia, que estaba
también apelada, de modo tal que, como se hizo ver en los fallos citados, la Corte
de Apelaciones no solo tenía la posibilidad, sino el deber de corregir los errores
formales que advirtiera (o que el apelante hiciera ver) en las sentencias de base
recurridas, de suerte tal que la exigencia de razonabilidad propia del debido
proceso (y que está en la base de la obligación de fundamentar las sentencias y
de resolver cada uno de los puntos sometidos a la decisión del tribunal)
quedaba a salvo, ya que a todo evento el requirente disponía de un recurso que
le permitía plantear ante el tribunal superior la supuesta falta de
fundamentación, o de decisión, en que hubiere incurrido el a quo, generando
una obligación para la Corte, de hacerse cargo de aquello.

2.- Que en la especie, en cambio, la situación es la opuesta, porque el
requirente quiere reclamar por la vía de la casación en la forma de vicios (reales




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CUATROCIENTOS ONCE




o supuestos, eso no nos corresponde decidirlo) cometidos en la sentencia de
segunda instancia. Es importante recalcar esto: no se trata, tampoco, de un fallo
de alzada que confirmara uno de primer grado validando, o haciendo suyos,
vicios que contuviera la sentencia de base, caso en que resultaría dudoso que
fuera admisible la casación en la forma, más allá del artículo transitorio ahora
atacado, ya que la Excma. Corte Suprema ha fallado reiteradamente que no
existe casación de casación o, lo que es lo mismo, que el recurso de casación en
la forma procede contra sentencias definitivas, no contra sentencias de
casación.

3.- Que en la especie, en cambio, el fallo de la Corte de Apelaciones es
revocatorio y los defectos que el requirente le atribuye serían propios de
aquella, no del tribunal de base. Luego, es una sentencia definitiva de segunda
instancia la que se quiere atacar vía casación y la que habría cometido
directamente los vicios denunciados. En ese entendido, aunque este ministro
tampoco comparta que el derecho al recurso ampare a todo tipo de resoluciones
ni respecto de todo tipo de recursos, la exigencia de fundamentar los fallos y de
decidir la cuestión controvertida no es solo de orden legal, sino también
constitucional, tanto porque forma parte del debido proceso, como porque
concuerda ello con la obligación de fundamentar púbicamente la decisiones
estatales, establecida en el artículo 8° de la Carta, y porque, además, el artículo
76 inciso segundo de la Constitución, al establecer la inexcusabilidad judicial
genera la obligación de decidir todas las cuestiones controvertidas sujetas al
conocimiento de los tribunales. Por tanto, esos aspectos sí que deben poder ser
controlados por la vía recursiva en los casos en que se trate de sentencias de
instancia, salvo casos muy excepcionales en que, por su simplicidad o su
cuantía, pueda entenderse que el debido proceso se satisfaga con menor
exigencia de fundamentación o con menor control recursivo, cual claramente
no es el caso de las reclamaciones tributarias.

4.- Que, en este caso concreto, entonces, no se da la situación referida en
las causas 14.442 y 14.443 antes citadas, pues al requirente, de no mediar la
inaplicabilidad, solo le restaría el recurso de casación en el fondo, que no es útil
para reclamar de defectos que, por fundamentales que sean, no dejan de ser
formales y en cuanto a la casación de oficio, herramienta que no puede activar
el recurrente, cabe notar que constituye solo una facultad, pero no una
obligación para la Corte Suprema. La situación de esta causa en concreto, pues,
lleva al ministro que previene a acoger la acción, sin variar su posición de fondo
y en abstracto, ni respecto de la igualdad ante la ley ni respecto de los límites del
derecho al recurso.




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CUATROCIENTOS DOCE




El Ministro señor HÉCTOR MERY ROMERO concurre a acoger el
requerimiento de fojas 1 únicamente en lo que respecta al artículo cuarto
transitorio de la Ley N° 21.210 por las siguientes consideraciones:

1°. – Que las razones manifestadas tanto por la disidencia de los
ministros señor Fernández y señora Peredo, además de las manifestadas
separadamente por el ministro señor Mera, a su juicio, son suficientes para
concluir que, en la gestión pendiente sometida a decisión de los tribunales que
conforman el Poder Judicial, el arbitrio debió ser acogido y, en consecuencia, no
debe recibir aplicación en el pleito lo dispuesto en el artículo Cuarto transitorio
de la Ley. 21.210.

2°. – Que la consecuencia de tal declaración de inaplicabilidad es,
entonces, que rige en plenitud lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 145
del Código Tributario, en cuya virtud en los juicios sobre reclamaciones
tributarias no regirá la limitación contenida en el inciso segundo del artículo
768 del Código de Procedimiento Civil.

3°. – Que si la limitación recursiva referida, a la que se puso término con
la reforma que la Ley. 21.210 introdujo al Código Tributario, ya no tiene cabida,
resulta ocioso e inútil para este previniente acceder a lo solicitado respecto de lo
dispuesto en el artículo 768 del Código de Procedimiento Civil.

4°. – Que, entonces, atendiendo al modo que el requerimiento fue
interpuesto, pareciera que, a ojos del que previene, se ha formulado una
selección de preceptos legales asumiendo un planteamiento alternativo
subsidiario, que no se aviene con la naturaleza y fines de la acción
constitucional instaurada en el numeral 6° del artículo 93 de la Carta
Fundamental.



Redactó la sentencia la Ministra señora MARÍA PÍA SILVA GALLINATO. La
disidencia corresponde al Ministro señor MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ.
Las prevenciones corresponden a los Ministros señores RAÚL MERA MUÑOZ y
HÉCTOR MERY ROMERO.



Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.
Rol N° 15.884-24-INA




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CUATROCIENTOS TRECE


Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 08/08/2025



María Pía Silva Gallinato Miguel Angel Fernández González
Fecha: 08/08/2025 Fecha: 08/08/2025



Raúl Eduardo Mera Muñoz Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 08/08/2025 Fecha: 08/08/2025



Héctor Antonio Mery Romero
Fecha: 08/08/2025



Alejandra Precht Rorris Mario René Gómez Montoya
Fecha: 08/08/2025 Fecha: 08/08/2025


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta,
Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros señora María
Pía Silva Gallinato, señor Miguel Ángel Fernández González, señor Raúl
Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne, señor Héctor
Mery Romero, señora Marcela Inés Peredo Rojas, señora Alejandra Precht Rorris
y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario del Tribunal Constitucional, señor Sebastián López
Magnasco.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 08/08/2025




D4E5A18A-14F8-4B4C-BD82-7137C74F91D6
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