TC Rol 15911

Texto completo

0000389
TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE




2025

REPÚBLICA DE CHILE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
____________
Sentencia

Rol 15.911-2024

[4 de septiembre de 2025]
____________




REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 162,
INCISOS QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO; Y 470, INCISO PRIMERO,
DEL CÓDIGO DEL TRABAJO


ASESORÍAS PROFESIONALES EN INTEGRACIÓN DE SISTEMAS SPA.

EN EL PROCESO RIT C-1916-2024, RUC 22-4-0382282-9, SEGUIDO ANTE EL
JUZGADO DE COBRANZA LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO



VISTOS:

Que, Asesorías Profesionales en Integración de Sistemas SpA. acciona de
inaplicabilidad respecto de los artículos 162, incisos quinto, sexto y séptimo; y 470,
inciso primero, del Código del Trabajo, en el proceso Rit C-1916-2024, Ruc 22-4-
0382282-9, seguido ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago.



Precepto legal cuya aplicación se impugna

El texto de los preceptos impugnados dispone:



“Código del Trabajo

(…)

“Artículo 162. (…).




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Para proceder al despido de un trabajador por alguna de las causales a que se refieren
los incisos precedentes o el artículo anterior, el empleador le deberá informar por escrito el
estado de pago de las cotizaciones previsionales devengadas hasta el último día del mes anterior
al del despido, adjuntando los comprobantes que lo justifiquen. Si el empleador no hubiere
efectuado el integro de dichas cotizaciones previsionales al momento del despido, éste no
producirá el efecto de poner término al contrato de trabajo.

Con todo, el empleador podrá convalidar el despido mediante el pago de las
imposiciones morosas del trabajador, lo que comunicará a éste mediante carta certificada
acompañada de la documentación emitida por las instituciones previsionales correspondientes,
en que conste la recepción de dicho pago.

Sin perjuicio de lo anterior, el empleador deberá pagar al trabajador las
remuneraciones y demás prestaciones consignadas en el contrato de trabajo durante el período
comprendido entre la fecha del despido y la fecha de envío o entrega de la referida comunicación
al trabajador. No será exigible esta obligación del empleador cuando el monto adeudado por
concepto de imposiciones morosas no exceda de la cantidad menor entre el 10% del total de la
deuda previsional o 2 unidades tributarias mensuales, y siempre que dicho monto sea pagado
por el empleador dentro del plazo de 15 días hábiles contado desde la notificación de la
respectiva demanda.”.

(…)



“Artículo 470. La parte ejecutada sólo podrá oponer, dentro del mismo plazo a que se
refiere el artículo anterior, acompañando antecedentes escritos de debida consistencia, alguna
de las siguientes excepciones: pago de la deuda, remisión, novación y transacción.”.

(…)



Síntesis de la gestión pendiente y del conflicto constitucional sometido al
conocimiento y resolución del Tribunal

La gestión judicial pendiente invocada en autos dice relación con un juicio de
cobranza laboral, causa Rit C-1916-2024, sustanciado ante el Juzgado de Cobranza
Laboral y Previsional de Santiago.

El juicio referido se sustenta en la sentencia definitiva de fecha 26 de diciembre
de 2022 dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en causa
Rit T-169-2022.

Este pronunciamiento rechazó la demanda principal de tutela interpuesta por
Baldovino Andrés Espinoza Espinoza, acogiendo, no obstante, su demanda
subsidiaria de despido indirecto, nulidad del despido y demás prestaciones, contra
Asesorías Profesionales en Integración de Sistemas SpA. En la demanda se arguyó




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incumplimiento de las obligaciones laborales por el no pago de las remuneraciones y
cotizaciones de los meses de abril y mayo de 2021.

El fallo le condenó a pagar la suma de $137.097.266 a la fecha de la liquidación
de fecha 11 de abril de 2024.

Explica que durante los meses de abril y mayo de 2021 el trabajador aludido
en realidad no trabajó. Pese a ello, y a prueba en contrario, los testigos presentados
por el demandante declararon lo contrario. Ello constituye la razón de la presentación
de una querella por falso testimonio ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago
en causa Rit N° 190-2023.

Enfatiza que tal elemento es de relevancia. Las declaraciones fueron un
elemento probatorio determinante para que el tribunal acogiera la demanda
subsidiaria de despido indirecto que hizo valer el demandante, según se deriva de la
lectura del considerando 5° de la sentencia.

Arguye que adicionalmente la sentencia definitiva está viciada de nulidad, por
vicio del objeto, ya que desde el año 2019, el demandante comenzó a informar
mensualmente sus horas de trabajo y de actividades en el sistema denominado Web
Time Sheet, de la empresa, de manera falsa, es decir manifestando horas y actividades
que realmente no había realizado. Todo ello para obtener por concepto de
remuneraciones y bonos sumas de dinero que no correspondían a la realidad. Así por
meses y años, el demandante informó falsamente sus horas de trabajo y la empresa le
pagó sumas de dinero por remuneraciones y bonos que no correspondían, causando
disposición patrimonial en base al engaño y el error.

Por esta situación igualmente se dedujo querella por el delito de estafa, sin
perjuicio de otras figuras penales que pudieren concurrir. Esta querella fue declarada
admisible por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago en causa Rit N° 87-2023 y se
encuentra en investigación penal ante la Fiscalía Local de Las Condes.

En consecuencia, la sentencia definitiva laboral está viciada de nulidad por lo
que la aplicación del inciso primero del artículo 470 y de los incisos quinto, sexto y
séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo, resulta inconstitucional en este caso.

Consta a fojas 322, resolución de fecha 18 de octubre de 2024 que tiene por
recibido fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que ordenó reponer la causa a
estado de conferir traslado a la ejecutante de la excepción opuesta, tras anular de oficio
la resolución que declaró la inadmisibilidad de la oposición presentada por la
ejecutada y lo actuado a continuación, incluyendo sentencia definitiva, de fecha 2 de
mayo de 2024.



Arguye consecuencialmente la existencia de vicios a la Constitución en
relación con el artículo 19 N°s 2, 3 y 24.




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Vulneración del Derecho a la Igualdad ante la Ley (Art. 19 N°2 CPR)

Sostiene que el artículo 470 del Código del Trabajo establece un trato
discriminatorio al privar a la parte ejecutada en procedimientos de cobranza laboral
del derecho a oponer la excepción de nulidad del título. Esta limitación contrasta
significativamente con el régimen del juicio ejecutivo civil, donde el artículo 464 N° 14
del Código de Procedimiento Civil expresamente permite alegar la nulidad de la
obligación como excepción.

En el caso concreto, tiene fundadas razones para oponer la nulidad del título
ejecutivo, considerando que la sentencia laboral se basó determinantemente en
declaraciones de testigos que posteriormente fueron querellados por falso testimonio,
y que el demandante habría incurrido en una conducta constitutiva de estafa. Sin
embargo, el artículo 470 del Código del Trabajo le impide ejercer esta defensa legítima,
creando una desigualdad arbitraria respecto de otros ejecutados en diferentes tipos de
procedimientos.



Vulneración del Derecho a la Igual Protección y Debido Proceso (Art. 19 N°3
CPR)

La aplicación del artículo 470 del Código del Trabajo vulnera la garantía de
debido proceso en varios sentidos. Priva a la parte ejecutada del derecho fundamental
a la defensa jurídica, dejándola desprotegida frente a un título ejecutivo viciado de
nulidad por estar basado en testimonios falsos y en una demanda que forma parte de
una conducta delictual.

Además, el derecho a defensa se vulnera en cuanto no puede oponer la
excepción adecuada para el caso: la nulidad del título por los vicios que lo afectan.
Esta limitación impide un verdadero ejercicio del derecho de defensa y convierte el
procedimiento en irracional e injusto, especialmente considerando que en otros tipos
de procedimientos sí existe la posibilidad de ejercer la acción de revisión cuando una
sentencia ha sido dictada en base a declaraciones falsas de testigos.



Vulneración del Derecho de Propiedad (Art. 19 N° 24 CPR)

El derecho de propiedad se ve amenazado cuando se permite la ejecución
compulsiva de una sentencia viciada de nulidad, exponiendo injustamente el
patrimonio de la ejecutada a embargos y realización forzada de sus bienes. La empresa
sostiene que esta situación es particularmente grave porque se funda en un título
ejecutivo obtenido mediante falso testimonio y conductas fraudulentas del
demandante.

En esta línea, la aplicación de los incisos quinto, sexto y séptimo del artículo
162 del Código del Trabajo agrava la vulneración, ya que impone el pago de
$137.097.266 por concepto de remuneraciones y cotizaciones posteriores al despido,



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en circunstancias que el empleador siempre enteró las cotizaciones previsionales y
solo no las pagó durante dos meses en que el trabajador no prestó servicios.



Vulneración al Art. 19 N° 26 CPR

La empresa alega que la aplicación conjunta de ambos preceptos legales afecta
la esencia misma de los derechos aludidos, impidiendo su libre ejercicio. El artículo
470 del Código del Trabajo, al prohibir la excepción de nulidad del título, elimina la
herramienta fundamental que debería tener la parte ejecutada para defenderse en un
caso como éste, donde existen vicios evidentes en la obtención de la sentencia.

Esta restricción es grave porque no existe en la legislación laboral una causal
expresa de recurso de nulidad por estar basada la sentencia en falso testimonio de
testigos, lo que deja a la parte ejecutada sin ninguna vía efectiva para hacer valer la
nulidad de una sentencia obtenida fraudulentamente. De esta manera, se permite que
cualquier trabajador pueda efectuar un despido indirecto basado en declaraciones
falsas y obtener sumas millonarias sin que exista una defensa real para la parte
empleadora.

Afirma así que la aplicación irrestricta de estas normas en el caso concreto
genera consecuencias desproporcionadas e irracionales. Primeramente, impone una
sanción económica millonaria por supuesto incumplimiento de obligaciones laborales
que en realidad nunca existió, ya que el trabajador no prestó servicios durante los
meses en cuestión. Luego, se impide toda defensa efectiva contra una sentencia que se
reconoce viciada por falso testimonio, lo que abre la posibilidad de que se abuse
sistemáticamente de la figura del despido indirecto mediante testimonios
fraudulentos, sin que existan mecanismos adecuados de protección para los
empleadores.



Tramitación

El requerimiento fue acogido a trámite por la Primera Sala, con fecha 21 de
noviembre de 2024, a fojas 87. En resolución de fecha 13 de noviembre de 2024, a fojas
93, se declaró admisible.

Conferidos los traslados de fondo a los órganos constitucionales interesados y
a las demás partes en la gestión invocada, no fueron formuladas observaciones en el
fondo.



Vista de la causa y acuerdo

En audiencia de Pleno del día 29 de julio de 2025, se verificó la vista de la causa,
oyéndose la relación pública y alegatos de la abogada Carola Canelo Figueroa por la
requerida. Fue adoptado acuerdo con igual fecha.




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CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la parte requirente es ejecutada en un procedimiento de
cobranza laboral, en el que se persigue el cumplimiento de una sentencia definitiva
de diciembre de 2022 y se encuentra pendiente la excepción de nulidad del título.
Ante esta Magistratura solicita la declaración de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad de los artículos 162, incisos quinto a séptimo, y 470 del Código
del Trabajo. Sostiene que estos preceptos legales infringen la igualdad ante la ley (19
N°2), el debido proceso (19 N°3), el derecho de propiedad (19 N°24) y la seguridad
jurídica (19 N°26).

SEGUNDO: Que, este Tribunal Constitucional cuenta, en los últimos años,
con una jurisprudencia constante que ha rechazado casos análogos sometidos al
conocimiento de esta Magistratura, respecto de las disposiciones impugnadas. Esta
sentencia adherirá a los criterios expuestos en dichos fallos, junto con considerar
elementos de caso concreto que refuerzan esta postura.

TERCERO: Que, respecto de impugnaciones dirigidas contra la institución de
la nulidad del despido, consagrada en el artículo 162 del Código del Trabajo, en la
gran mayoría de casos puestos en conocimiento del Tribunal Constitucional en el
último tiempo, este ha resuelto rechazar la acción (roles 12.372-2021, 12.412-2021,
12.955-2022, 13.075-2022, 13.091-2022, 13.174-2022, 13.283-2022, 13.285-2022, 13.352-
2022. 13.433-2022, 13.722-2022, 13.759-2022, 13.865-2022, 14.476-2023, 14.713-2023). En
estas sentencias el Tribunal ha fundamentado su rechazo en los siguientes criterios:

(i) La figura de la nulidad del despido es un apremio que tiene por objetivo
incentivar el pago de cotizaciones previsionales y encuentra un
fundamento constitucional claro en el artículo 19 N°16, sobre protección
del trabajo, y 19 N°18, que regula el derecho a la seguridad social.

(ii) No es una institución desproporcionada, pues la nulidad tiene límites
temporales iniciales y finales, dependiendo su término de la voluntad del
empleador que está obligado a pagar.

(iii) Al existir un marco regulatorio preestablecido y con un fin legítimo, es
previsible el resultado del no pago, por lo que no hay trato arbitrario.

(iv) No se trata de la generación artificial de obligaciones laborales, ya que se
fundan en la existencia de una relación laboral en que no se efectuó el pago
íntegro de las cotizaciones previsionales adeudadas al momento del
despido, situación que tiene reconocimiento legal.

(v) No hay afectación al derecho de propiedad porque las cotizaciones
previsionales pertenecen al trabajador, el que ya ha sufrido un daño
previsional en su patrimonio.

CUARTO: Que, a los lineamientos expuestos, se suman cuestiones de caso
concreto.




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Por un lado, el hecho de que la aplicación de la mal llamada “nulidad” del
despido, regulada en el artículo 162 del Código del Trabajo, se dispuso en la sentencia
dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo en RIT T-169-2022. Contra esta
decisión se interpuso recurso de nulidad y luego de unificación de jurisprudencia,
siendo el primero desestimado y el segundo declarado inadmisible. En consecuencia,
la procedencia de esta institución se estableció por sentencia declarativa firme y
ejecutoriada, que fue confirmada por diversos tribunales. No es, entonces, la gestión
judicial seguida en sede de cobranza aquella en la que el precepto legal ha tenido
carácter decisivo.

Por otro lado, no se ha verificado el pago íntegro de lo adeudado. De lo
anterior, se sigue que existe un daño previsional, y al no haberse procedido al pago
total de la deuda esta solo puede aumentar con el paso del tiempo. Para moderar los
perjuicios que esto tiene para el trabajador es que el artículo impugnado dispone que
mientras no se paguen reajustes e intereses no se podrá convalidar el despido y así
poner término a la figura acá objetada. En consecuencia, ese mismo incumplimiento
mal puede ser un argumento a favor del empleador en el sentido de que,
precisamente por incumplir, no deba pagar. De esta forma, no resulta lógico alegar
una supuesta vulneración a la igualdad ante la ley o al debido proceso, porque no
estamos ante una figura que produzca efectos indeterminados: las dispuesto en
nuestro ordenamiento jurídico hace previsible para el empleador el efecto de no
convalidar correcta y oportunamente. Por lo mismo, tampoco resulta procedente la
alegación de la parte requirente de ver afectada la seguridad jurídica. Estamos frente
a los efectos de una norma establecida de manera previa, siendo conocidas para el
empleador las consecuencias del no pago.

Por último, en el requerimiento únicamente constan argumentos que atacan
la constitucionalidad en abstracto del artículo 162 del Código del Trabajo, lo que se
aleja del examen concreto que exige la acción de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad.

QUINTO: Que, esta Magistratura también ha conocido de requerimientos de
inaplicabilidad dirigidos contra el artículo 470 del Código del Trabajo, en que ha
rechazado las acciones intentadas por estimar que la aplicación del precepto
cuestionado no produce un efecto contrario a la Carta Fundamental (STC Roles
N°13.046-2022; 13.274-2022; 14.708-2023; 15.190-2024; 15.527-2024; 15.567-2024;
15.951-2024). En estas sentencias se han establecido, entre otros, los siguientes
lineamientos:

(i) La Constitución no impone un modelo único de debido proceso,
teniendo el legislador un margen para diseñar procedimientos
racionales que atiendan a la naturaleza de cada procedimiento.
(ii) La posibilidad de oponer cualquier excepción contra el título ejecutivo
no constituye un derecho fundamental en sí mismo, ni es un requisito
indispensable para estimar que existe debido proceso.



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(iii) El legislador puede establecer diferencias, siempre que resulten
razonables. La igualdad ante la ley no se identifica con la identidad de
derechos procesales para partes que adoptan un rol diferente en el
proceso.
(iv) El proceso laboral se ha diseñado históricamente sobre bases distintas
al proceso civil, reconociendo la asimetría estructural entre empleador
y trabajador. Por ello, se consagran los principios de celeridad,
inmediación y desformalización, fundados en la necesidad de proteger
el trabajo como valor constitucional y en las características
alimentarias de las obligaciones laborales.
(v) Las particularidades del proceso laboral se intensifican en la fase de
ejecución laboral, en que existe un título ejecutivo en el que consta una
suma líquida y determinada de dinero. En atención a esto, el
procedimiento se estructura para asegurar rapidez y eficacia en el
cumplimiento de la obligación, lo que justifica un impulso procesal
radicado en el tribunal y la incorporación de medidas que restringen
el debate, como la limitación de las excepciones a oponer, la
improcedencia del abandono del procedimiento y la exclusión de
ciertos recursos.
(vi) La reforma introducida por la Ley N° 20.087 buscó garantizar tutela
judicial efectiva en el ámbito laboral, adaptando el procedimiento a las
particularidades del Derecho del Trabajo.

SEXTO: Que, mediante la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
la parte requirente cuestiona una sentencia firme y ejecutoriada: “y condena a mi
representada (…) a pagar la millonaria y enorme suma (…) como si el empleador no hubiere
cumplido con el deber de enterar las cotizaciones previsionales, cuando siempre lo hizo” (a fs.
4) y “la sentencia definitiva está viciada de nulidad, por vicio del objeto, ya que mi
representada descubrió que desde el año 2019, el demandante señor Baldovino Andrés
Espinoza Espinoza comenzó a informar mensualmente sus horas de trabajo y de actividades
en el sistema denominado Web Time Sheet, de la empresa, de manera falsa”(a fs. 5). Con lo
anterior, además de poner en cuestión aquello que ya fue resuelto por el juez
competente y confirmado por vía recursiva hace años, pretende que se declare la
inconstitucionalidad de los preceptos legales impugnados a partir de cuestiones de
hecho que no están establecidas y que este Tribunal carece de atribuciones para dar
por supuestas. En ese sentido, insiste en que el trabajador habría incurrido en una
conducta delictual al aumentar artificialmente las horas trabajadas, pero reconoce que
esto ya está en conocimiento de un tribunal penal, que es aquel competente para
determinar la existencia de delitos.

Luego, justifica su línea argumental en que no pudo hacer valer
adecuadamente esta situación mediante el recurso de nulidad, porque no existe una
causal especial destinada al efecto (a fs. 10). Sin embargo, de la lectura del expediente
197-2022 (Laboral-Cobranza) de la Corte de Apelaciones de Santiago, consta que la



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falsedad de las declaraciones de testigos sí se hizo valer en el recurso de nulidad, sin
que la Corte se pronunciara sobre el fondo, no porque esta causal fuera improcedente,
sino que por no cumplir el requirente requisitos mínimos, como indicar las normas
transgredidas o errar al interponer de manera conjunta causales que solo admitían
una interposición subsidiaria. Más importante que lo anterior, con ese argumento, lo
que cuestiona el requirente es una supuesta ausencia de revisión en la fase de
dictación de la sentencia declarativa, lo que no se relaciona con los preceptos legales
impugnados ni con el estado de la gestión pendiente, por lo que no puede servir de
base para declarar su inconstitucionalidad.

SÉPTIMO: Que, al margen del debido proceso laboral, los presuntos delitos
enunciados en la argumentación, en al caso de ser establecidos en la jurisdicción
penal, pueden dar lugar al recurso de revisión, lo que hace patente las garantías que
tiene la requirente para ejercer su derecho a defensa y al debido proceso en las sedes,
oportunidades y formas pertinentes.

OCTAVO: Que, por los motivos expuestos, la acción de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad será rechazada.



Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93, incisos primero,
N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la
Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional
del Tribunal Constitucional,



SE RESUELVE:

I. QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DEDUCIDO A LO
PRINCIPAL DE FOJAS 1. OFÍCIESE.

II. ÁLCESE LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA
EN AUTOS. OFÍCIESE.

III. QUE NO SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE REQUIRENTE
POR ESTIMARSE QUE TUVO MOTIVO PLAUSIBLE PARA
LITIGAR.



DISIDENCIA

Los Ministros señores MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, HÉCTOR
MERY ROMERO y la Ministra señora MARCELA PEREDO ROJAS estuvieron por acoger
el requerimiento de autos en lo que dice relación con el artículo 470 inciso primero
del Código del Trabajo, teniendo presente, lo siguiente:

1°. - Que esta Judicatura ha dicho en sentencias previas que la Carta
Fundamental exige que el procedimiento legal debe ser racional y justo. “Racional para



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configurar un proceso lógico y carente de arbitrariedad. Y justo para orientarlo a un sentido
que cautele los derechos fundamentales de los participantes en un proceso. De ahí se establece
la necesidad, entre otros elementos, de un juez imparcial, normas que eviten la indefensión, con
derecho a presentar e impugnar pruebas, que exista una resolución de fondo, motivada y
pública, susceptible de revisión por un tribunal superior y generadora de la intangibilidad
necesaria que garantice la seguridad y certeza jurídica propias del Estado de Derecho”. (STC
1838, c. 10) (En el mismo sentido STC 2204, c. 9, STC 2259, c. 9, STC 2452, cc. 12 a 15).

2°. – Que, como sostiene León Vásquez, citando a Peter Häberle, “(el) proceso
no es, en absoluto, un mero asunto jurídico-formal, sino más bien una manifestación social y
cultural que debe cumplir una tarea ético-social, y que constituye una concretización del bien
común, del interés público y de la seguridad jurídica. A partir de ahí … el proceso aparece “no
solamente como jurisprudencia (Rechtsprechung), sino como configuración del derecho
(Rechtsgestaltung); no simplemente como aplicación del derecho (Rechtsanwendung), sino
como establecimiento del derecho (Rechtssetzung); no simplemente como descubrimiento del
derecho (Rechtsfindung), sino como creación del derecho (Recht Schöpfung)” (Jorge Luis
LEÓN VÁSQUEZ [2023]: “Derecho Procesal Constitucional e Interpretación de la
Constitución”, pp. 278-279. Palestra, Colección Diálogos Europa-América, Lima).

3°. - Que, sobre el debido proceso, sostiene Jaime Carrasco que “(hoy) no cabe
duda que es aplicable a todo procedimiento judicial, independiente de la naturaleza jurídica de
la controversia. Como sabemos, el reconocimiento de ciertas garantías mínimas de juzgamiento
se produjo, inicialmente, en el ámbito del derecho público, en particular, en los procedimientos
penales. Sin embargo, en la actualidad es insostenible aceptar que en un determinado
procedimiento no se verifiquen ciertas garantías mínimas de juzgamiento. El cumplimiento del
debido proceso es predicable en cualquier procedimiento judicial, independiente que este sea un
procedimiento para resolver controversias civiles, penales, laborales, de familia, contenciosas
administrativas, etc. Afirmar lo contrario constituye, a nuestro juicio, una errónea
interpretación del texto constitucional, toda vez que la Carta Fundamental asegura que “toda
sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente
tramitado”. Una discusión distinta es si en todos los procedimientos judiciales deben aplicarse
los mismos grados de debido proceso, es decir, si el estándar que debe cumplir un procedimiento
civil es el mismo que debe tener un procedimiento penal, laboral o de otra índole. Esto
dependerá, en cada caso, del procedimiento que establezca el legislador para solucionar
controversias de distinta naturaleza jurídica, lo cual otorga flexibilidad al legislador” (Jaime
CARRASCO DELGADO [2021]: “El debido proceso y su protección a través de la nulidad
procesal”. Publicado en Actualidad Jurídica, nro. 43 - enero 2021, Universidad del
Desarrollo).

4°. – Que la remisión que la Constitución hace al legislador para configurar las
garantías de una investigación y un procedimiento racionales y justos no significa en
absoluto que la materia a reglamentar quede enteramente librada al arbitrio de los
órganos encargados por la Carta Fundamental cuando éstos concurran a la formación
de la ley.




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Concordamos con la doctrina nacional en cuanto ésta afirma que “(la) legalidad
procesal, entendida como sujeción del juez a la ley, debe formar parte de un catálogo amplio de
garantías procesales indisponibles para el legislador, que configura un presupuesto
indispensable para el cumplimiento de las exigencias de justicia formal o procedimental.
Especialmente aplicable es este razonamiento en los institutos donde hay una proyección de
garantías fundamentales, como el contradictorio, la defensa, la igualdad de los litigantes o la
imparcialidad del juzgador, entre otros. Estos derechos por mandato expreso del artículo 26 de
la CPR deben quedar sustraídos de toda regulación por parte del juez. Es la ley, como producto
formalmente dispensado del poder legislativo, la autorizada constitucionalmente para regular
las condiciones, establecer los requisitos o presupuestos del ejercicio de los derechos
fundamentales, dentro de ellos, los de naturaleza procesal. En este ámbito, al juez no le asiste
una mera función aplicativa de la ley procesal, sino que debe efectuar muchas veces una
adecuación de la ley procesal a los estándares constitucionales. Es el juez, por tanto, al que le
corresponde adecuar – no desfigurar- las normas procesales para adaptarlas al “modelo
constitucional del proceso civil”” (Iván HUNTER AMPUERO [2020]: “Rol del Juez. Prueba
y Proceso”, p. 182. DER Ediciones, Santiago).

Racionalidad y justicia de las reglas del proceso son garantías constitutivas de
condiciones mínimas que el legislador está obligado a observar, sin importar la
naturaleza, finalidad y especial del procedimiento. Y tales condiciones mínimas
obligan al legislador porque la Constitución así lo ordena. Y así lo ordena siempre.
Y, como es sabido, y porque así lo prescriben las bases de la institucionalidad, los
preceptos de la Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos
órganos como a toda persona, institución o grupo.

5°. - Que la facultad de conocer las causas civiles y criminales, juzgarlas y hacer
ejecutar lo juzgado pertenece a los tribunales de justicia que componen el Poder
Judicial. Es tarea del legislador configurar siempre las normas del procedimiento
judicial, sea este declarativo, o ejecutivo, pesando sobre él el mandato constitucional
de establecer siempre las garantías de un racional y justo procedimiento.

Nadie discute que el legislador cuenta con la potestad de fijar reglas y
principios de procedimiento diversos para los juicios declarativos y el cumplimiento
de sentencias o la ejecución de títulos ejecutivos. También es pacífico sostener que la
ejecución laboral puede estar sometida a criterios y reglas distintas. El límite, o más
bien, el deber que la Constitución impone al legislador consiste en establecer siempre
las garantías del racional y justo procedimiento.

6°. – Que, sobre la limitación para deducir excepciones o defensas en la
ejecución laboral, sostenemos como consideración preliminar que este Tribunal ha
dicho en STC 1.470, c. 9 que “… aunque no esté designado expresamente en su texto escrito,
carecería de sentido que la Carta Fundamental se hubiese esmerado en asegurar la igual
protección de la ley en el ejercicio de los derechos, el derecho a la defensa jurídica, el derecho a
ser juzgado por el juez natural, el derecho a un justo racional procedimiento, si no partiera de
la base de la existencia de un derecho anterior a todos los demás y que es presupuesto básico



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para su vigencia, esto es, el derecho a toda persona a ser juzgada, a presentarse ante el juez, a
ocurrir al juez, sin estorbos, gabelas o condiciones que se lo dificulten, retarden o impidan
arbitraria o ilegítimamente”. No yerra la doctrina cuando asevera en términos rotundos que
“… en el corazón de las respuestas del sistema judicial está la perspectiva de proscribir la
indefensión “(Gonzalo GARCÍA PINO y Pablo CONTRERAS VÁSQUEZ, [2013], “El
derecho a la tutela judicial y al debido proceso en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
chileno”, p. 262, en Estudios Constitucionales, Año 11, Nº 2, pp. 229 – 282. Publicado por
el Centro de Estudios Constitucionales de Chile, Universidad de Talca).

Nuestra justicia constitucional ya ha resuelto en STC 621, c. 6, que “… el
derecho a la defensa jurídica y las condiciones de libertad en las que debe verificarse
la debida intervención del letrado en el procedimiento constituyen piezas
fundamentales en el justo y debido proceso y pertenecen a las más antiguas
tradiciones de la justicia y del derecho “.

7°. – Que, explicitando aún más la cuestión, la STC 1200, c. 5, decidió que “…
entre las bases del debido proceso, se incluye en principio de contradicción o bilateralidad de la
audiencia, comprensivo del conocimiento oportuno de la acción, el derecho a formular las
defensas y de rendir y controvertir la prueba. Sin embargo, doctrinariamente se acepta que la
contradicción tiene distintos grados, según la naturaleza de la acción ejercitada, y que no se
identifica necesariamente con un momento determinado del proceso. Su intensidad no es la
misma en un juicio de lato conocimiento que en uno ejecutivo y su expresión aparece postergada
en las acciones propiamente cautelares”. A este respecto, Orellana Torres y Pérez Ragone
han dicho que “… (el) principio de igualdad de armas puede conceptualizarse como el
componente del debido y justo proceso que exige la existencia de un "equilibrio justo" entre las
partes de modo que cada parte debe tener una oportunidad razonable para presentar su caso sin
ninguna desventaja sustancial de una parte frente a la otra. A partir de este concepto que
esbozamos puede decirse que cada parte debe tener básicamente: (i) La posibilidad de dar a
conocer los elementos sobre los que demanda o es demandado; (ii) La posibilidad de conocer y
discutir cualquier reclamo o prueba presentados” (Fernando ORELLANA TORRES y
Álvaro PÉREZ RAGONE [2022]: “La Paridad de Armas en el Proceso Civil: Su
Reconocimiento Comparado y en el Derecho Chileno”, p. 268. Publicado en revista Ius et
Praxis, Año 28, Nº 2, pp. 263 - 285).

8°. – Que la Carta Fundamental no obliga al legislador a reproducir en
regímenes ejecutivos especiales el mismo catálogo de excepciones o defensas previsto
en el artículo 464 del Código de Procedimiento Civil. Decirlo así sería equivalente a
constitucionalizar el mencionado precepto del código de enjuiciamiento civil. Lo que
sí cabe es examinar la interpelación del requerimiento, en cuanto a si declarar que, al
no tener cabida la falta de fuerza ejecutiva del título, nos encontramos o no ante un
procedimiento que se ajusta, o más bien, se opone al debido proceso legal tal cual ha
sido definido por la Constitución.

9°. – Que toda ejecución, cualquiera sea su naturaleza o especialidad, debe
fundarse en un título, de lo que se sigue que al demandado le asiste el derecho a



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enervar la ejecución mediante la posibilidad de deducir una excepción o defensa
efectiva.

Y en el caso que nos ocupa, ello no es posible, puesto que la ley expresa y
vigente simplemente no lo permite.

En efecto, al reducir la posibilidad de defenderse a la invocación, acompañada
de antecedentes de debida consistencia, del pago, remisión, novación y transacción,
cuatro modos de extinguir las obligaciones, sin permitir discutir la exigibilidad actual
del título por prescripción, todo a pretexto de una pronta satisfacción del crédito
laboral o previsional, el legislador sacrifica de modo que nos parece injustificado el
contenido esencial del derecho a defensa.

10°. – Que la lectura atenta del artículo 19 número 3° de la Constitución Política
nos permite afirmar que un proceso sin garantías no es un proceso; que un proceso
sin sujeción a la Constitución no es un proceso. Desprovisto de su contenido
garantístico, un proceso es la mera suma, secuencia o serie de actos sin ningún
contenido dogmático esencial, conclusión que no se aviene, a nuestro entender, con
los preceptos y valores representados en la Carta Fundamental.

Remitiéndose a la dogmática española, Lorca Navarrete sostiene que “… el
logro de un proceso de efectiva tutela “con todas las garantías” (artículo 24.2 de la
Constitución) es sustantividad comprometida constitucionalmente a diferencia del
procedimiento que es formalidad acrítica y mecanicista. El logro de un proceso de efectiva
tutela “con todas las garantías” (artículo 24.2 de la Constitución) con su sustantividad
garantística justifica y corrige las “anomalías” en la aplicación mecanicista, adjetiva,
atemporal y acrítica del procedimiento” (Antonio María LORCA NAVARRETE [2019]: “El
Proceso Justo, Equitativo y de Efectiva Tutela”, p. 17. Instituto Vasco de Derecho Procesal,
San Sebastián).

11°. – Que el artículo 425 del Código del Trabajo estatuye que los
procedimientos del trabajo serán orales, públicos y concentrados. Primarán en ellos
los principios de la inmediación, impulso procesal de oficio, celeridad, buena fe,
bilateralidad de la audiencia y gratuidad. Los preceptos siguientes, contenidos en el
Libro V capítulo II párrafo 1° de la ley laboral, desarrollan de manera más concreta los
principios mencionados, para que las cuestiones debatidas de acuerdo a estas reglas
de enjuiciamiento se desarrollen de un modo que la aplicación de los principios
conduzca a la pronta, racional y justa decisión de la controversia.

12°. – Que en la ejecución regida por las normas del Libro V Capitulo II Párrafo
4° del Código del Trabajo, es posible advertir que el legislador ha adoptado reglas
diversas a las contempladas en términos generales por el artículo 425 al que aludimos
en el motivo precedente. En efecto, el artículo 463 del Código del Trabajo ordena que
la tramitación de los títulos ejecutivos laborales se desarrollará de oficio y por escrito
por el tribunal, dictándose al efecto las resoluciones y ordenándose las diligencias que
sean necesarias para ello. Y también, en el artículo 465 de ese mismo cuerpo legal, el




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legislador se ha cuidado de establecer que en las causas laborales el cumplimiento de
la sentencia -y, naturalmente, la ejecución- se sujetarán a las normas del presente
Párrafo, y a falta de disposición expresa en este texto o en leyes especiales, se aplicarán
supletoriamente las normas del Título XIX del Libro Primero del Código de
Procedimiento Civil, siempre que dicha aplicación no vulnere los principios que
informan el procedimiento laboral.

13°. – Que, con todo, los principios que informan el procedimiento laboral no
pueden conducir a la imposibilidad de defensa del demandado en la ejecución que se
siga en su contra, cuando concurran circunstancias que, en vez de constituir defensas
ligadas a la extinción de las obligaciones que se procura cumplir en la vía compulsiva,
sean invocados hechos excluyentes de la ejecución. Cuando aludimos a estos últimos,
nos referimos “ … a todas aquellas situaciones en las que (el) derecho, o bien no ha nacido, o
bien se ha extinguido. Los hechos -aunque en algunos casos, como sucede con el pago o la
condonación, son, más bien, actos jurídicos- producidos en la realidad material que tienen esa
virtualidad jurídica se conocen técnicamente como impeditivos o extintivos. En estos
supuestos, el ordenamiento anuda, a la presencia de los mismos en la vida real, un efecto
automático destructivo, negándole al titular del derecho el poder de disposición sobre la
producción de dicho efecto. La solicitud de una tutela carente de la más mínima
fundamentación debería rechazarse, aunque la parte beneficiada por ello guardase silencio”
(Carlos DE MIRANDA VÁSQUEZ [2016], “Las Excepciones Materiales en el Proceso
Civil”, p. 321. Bosch Procesal, Barcelona).

14°. – Que, en opinión de estos disidentes, no hay pugna o colisión entre la
celeridad debida al interés que el legislador laboral busca asegurar a los trabajadores
que pudieren actuar como demandantes, y la necesidad de que al demandado se le
conceda la posibilidad de denunciar, a través de una excepción, un yerro jurídico,
acompañado de la pretensión de ser oído en una materia que concierne al ejercicio de
su derecho a defensa.

15°. – Que no discutimos que el legislador cuenta con un margen razonable de
discreción para configurar procedimientos declarativos y ejecutivos, así como para
establecer principios y reglas especiales en ambos ámbitos según las características de
la materia que corresponde enjuiciar.

Tal margen, como ya hemos enfatizado, dista de ser absoluto. Puede el
legislador disponer reglas y principios procesales particulares en materia laboral y
previsional, a condición de respetarse siempre las garantías de un procedimiento
racional y justo. Así, sostenemos que el legislador cuenta con la libertad que la
Constitución le permite para estatuir y configurar un régimen diferenciado de
emplazamiento, contestación, promoción de incidentes e interposición de recursos
legales contra las resoluciones judiciales pronunciadas en procedimientos regidos por
la oralidad e inmediación, y en aquellos regidos por la escrituración. Sin embargo,
debemos tener presente que la controversia puntual que se ha suscitado en la gestión
pendiente se verifica en sede de ejecución, etapa en la que ni oralidad ni la



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CUATROCIENTOS TRES




inmediación juegan un rol informador, como ocurre en los procedimientos
declarativos.

16°. – Que, desde luego, y aunque parezca ocioso aclararlo, vale decir que nada
de lo argumentado en esta disidencia alude a los fundamentos o la plausibilidad de la
defensa esgrimida por la ejecutada y requirente en la gestión que se encuentra
pendiente de decisión. La cuestión que aquí se discute sólo concierne al derecho a
defensa en la ejecución laboral, cuestión a nuestro juicio injustificadamente restringida
por el precepto legal que en estos autos se ha impugnado como contrario a la
Constitución.

Es debido a las consideraciones anteriores que estos disidentes estimamos que
debió acogerse el presente requerimiento de inaplicabilidad respecto del artículo 470
del Código del Trabajo.



Redactó la sentencia la Ministra señora DANIELA MARZI MUÑOZ (Presidenta).
La disidencia fue redactada por el Ministro señor HÉCTOR MERY ROMERO.



Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.
Rol N° 15.911-24-INA




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Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 05/09/2025



Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida María Pía Silva Gallinato
Fecha: 07/09/2025 Fecha: 04/09/2025



Miguel Angel Fernández González Raúl Eduardo Mera Muñoz
Fecha: 05/09/2025 Fecha: 04/09/2025



Héctor Antonio Mery Romero
Fecha: 08/09/2025



Alejandra Precht Rorris
Fecha: 05/09/2025


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta,
Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros señora Nancy
Adriana Yáñez Fuenzalida, señora María Pía Silva Gallinato, señor Miguel Ángel
Fernández González, señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana
Lagos Tschorne, señor Héctor Mery Romero, señora Marcela Inés Peredo Rojas
y señora Alejandra Precht Rorris.

Autoriza el Secretario (S) del Tribunal Constitucional, señor Sebastián López
Magnasco.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 08/09/2025




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