TC Rol 15971

Texto completo

0001766
UNO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS




2025

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
____________

Sentencia
Rol 15.971-2024
[26 de agosto de 2025]

____________



REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL ARTÍCULO 472 DEL
CÓDIGO DEL TRABAJO


UNIÓN INMOBILIARIA S.A.

EN EL PROCESO RIT C-5210-2023, RUC 22-4-0379693-3, SEGUIDO ANTE EL
JUZGADO DE COBRANZA LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO



VISTOS:

Que, con fecha 26 de noviembre de 2024, Unión Inmobiliaria S.A. requiere la
declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 472 del
Código del Trabajo, para que ello incida en el proceso RIT C-5210-2023, RUC 22-4-
0379693-3, seguido ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago.

La disposición legal impugnada dispone lo siguiente:



“Código del Trabajo

(…)

Artículo 472. Las resoluciones que se dicten en los procedimientos regulados por este
Párrafo serán inapelables, salvo lo dispuesto en el artículo 470.”.




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Síntesis de la gestión pendiente y del conflicto constitucional sometido al
conocimiento y resolución del Tribunal

Indica la parte requirente que fue presentada ante el Juzgado de Cobranza
Laboral y Previsional de Santiago una solicitud de cumplimiento de sentencia
definitiva, respecto de una demanda que, en su oportunidad, fue deducida en contra
de la Corporación Club de la Unión, condenándola al pago de diversas prestaciones.

Unión Inmobiliaria S.A. no fue demandada en esos autos declarativos. Sin
embargo, se requirió a la Corporación Club de la Unión, conforme al tenor de la
sentencia. Posteriormente, la causa continuó su tramitación conforme al artículo 465
del Código del Trabajo y siguientes, y el ejecutante solicitó la ampliación de la
ejecución contra Unión Inmobiliaria S.A., argumentando que, en un juicio laboral
distinto se declaró unidad económica entre esta sociedad y la Corporación Club de la
Unión de Santiago, citando el artículo 507 del Código del Trabajo y el efecto erga omnes
de las sentencias.

Ante esta solicitud, el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago,
dictó una resolución declarando que la Corporación Club de la Unión y Unión
Inmobiliaria S.A. constituían una unidad económica y empleador único. Ordenó
proseguir la ejecución contra Unión Inmobiliaria S.A. y complementó el
requerimiento, requiriendo a Unión Inmobiliaria S.A. para que, solidariamente, pague
la suma adeudada.

En octubre de 2024, la requirente indica que solicitó a la Jueza Titular de
Cobranza Laboral y Previsional de Santiago, que se declare incompetente para
conocer la causa en la que se pretende establecer una unidad económica y empleador
único entre la Corporación Club de la Unión y Unión Inmobiliaria S.A., así como para
modificar o crear títulos ejecutivos laborales. Fundamentó en que estos juzgados
carecen de competencia para resolver cuestiones declarativas, como la unidad
económica o la solidaridad entre demandados, materias reservadas por ley a los
Juzgados de Letras del Trabajo según el artículo 420 a) del Código del Trabajo.
Además, se alegó que la resolución excedió las atribuciones del tribunal y su
competencia legal, ya que estos tribunales no pueden crear o modificar títulos
ejecutivos laborales mediante la figura de ampliación de la ejecución, ya que estos
títulos están expresamente regulados en el artículo 464 del mismo código. El Juzgado
de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago resolvió rechazar la petición de
incompetencia por declinatoria que se formulara.

A lo anterior, presentó un recurso de reposición con apelación en subsidio
contra la resolución que rechazó la petición de incompetencia.

Al fundar el conflicto constitucional, explica que el artículo 472 del Código
del Trabajo tiene impacto decisivo en las gestiones pendientes ante el Juzgado de
Cobranza Laboral y Previsional de Santiago, encontrándose pendiente de resolución




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una reposición con apelación en subsidio. Conforme al artículo 472, se limita el
régimen recursivo en los autos de cobranza laboral, impidiendo que la resolución
impugnada sea conocida por un tribunal distinto, lo que genera afectación al derecho
al recurso.

Explica que este precepto establece una limitación que atenta contra el derecho
a que una resolución pueda ser revisada por un tribunal superior, volviéndola
inamovible. Ello, añade, vulnera el derecho al recurso, un componente esencial del
debido proceso garantizado por la Constitución, al impedir que las partes puedan
recurrir a una instancia superior para revisar la legalidad y justicia de las decisiones
adoptadas. Además, contraviene el principio de igualdad ante la ley, al crear una
desigualdad injustificada entre los litigantes en procedimientos laborales y aquellos
en otros tipos de procesos judiciales, donde sí se permite la apelación. Esto afecta el
derecho a la defensa, ya que limita las herramientas legales disponibles para
cuestionar decisiones que puedan ser erróneas o injustas.

Así, agrega que el recurso de apelación se aparta de lo establecido para el
procedimiento de cobranza laboral, en lo que respecta a la apelación de una resolución
que se pronuncia sobre la incompetencia absoluta del Tribunal. Dicha resolución tiene
la naturaleza de una sentencia interlocutoria que resuelve un incidente del juicio,
estableciendo derechos permanentes a favor de las partes. Cualquiera sea la decisión
adoptada, incide en la relación procesal e impone a la parte interesada los efectos
propios de la misma en la secuela del juicio, por lo que no debe ser conocida en una
única instancia, considerando que se discute la competencia del propio juez que
resuelve.

Esta situación también genera inseguridad jurídica, explica la actora, ya que
las partes no tienen la posibilidad de obtener una revisión de las decisiones que
consideran incorrectas, lo que puede llevar a situaciones de injusticia que no pueden
ser corregidas.

Con lo anterior, la resolución recurrida es susceptible de apelación por su
propia naturaleza, debiendo aplicarse las normas generales del Código de
Procedimiento Civil, que conceden la apelación respecto de las sentencias definitivas
y de las interlocutorias de primera instancia. En este sentido, la aplicación del artículo
472 del Código del Trabajo al caso concreto, vulnera la Constitución al atentar contra
el debido proceso y deja sin aplicación el régimen de recursos al que el litigante en
cualquier otro proceso tendría acceso.

De esta forma, el artículo 472 del Código del Trabajo vulnera el artículo 19
número 3 inciso sexto de la Constitución, que exige al legislador establecer un
procedimiento racional y justo, lo cual se traduce en la garantía de un debido proceso.
Aunque la Constitución no especifica los elementos que constituyen el debido
proceso, este concepto ha sido ampliamente discutido tanto doctrinal como




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jurisprudencialmente, destacándose el "derecho a recurrir" como una de sus garantías
esenciales.

El derecho al recurso está consagrado en el artículo 8.2 letra h) de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 14.5 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos ratificados por Chile. La
posibilidad de recurrir trasciende el ámbito penal, siendo aplicable a materias
laborales o de cobranza laboral, como lo consagran los tratados internacionales.

Explica, además, que de acuerdo con el artículo 5 de la Constitución, es deber
del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por Chile y que se
encuentren vigentes. Por tanto, precisa que el derecho a recurrir no es una garantía
opcional para el Estado de Chile, sino una obligación internacionalmente asumida y
reconocida en el artículo 19 número 3 de la Constitución. El debido proceso, vulnerado
en este caso por la aplicación del artículo 472 del Código del Trabajo, es un derecho
fundamental de primera generación que el Estado de Chile reconoce pero no otorga.

Argumenta la requirente que la posibilidad de revisión es imperativa, dada la
limitación arbitraria que impone el artículo 472 del Código del Trabajo a la posibilidad
de recurrir ante un tribunal superior, dejando a esta parte con una sentencia
ejecutoriada sin posibilidad de notificación conforme a derecho, lo que vulnera el
derecho a defensa, ampliamente reconocido en nuestro ordenamiento jurídico, más
considerando que la resolución reclamada corresponde a la incompetencia absoluta
del Tribunal. Aunque el legislador ha intentado dar ventajas a los trabajadores
limitando los recursos en un procedimiento de cobranza laboral, ha excedido sus
facultades al limitar el recurso de apelación.



Tramitación

El requerimiento fue acogido a trámite por la Primera Sala con fecha 13 de
diciembre de 2024, a fojas 29. Se confirió traslado a las demás partes para examinar el
cumplimiento de los requisitos de admisibilidad.

Con fecha 29 de diciembre de 2024, a fojas 1370, la parte requerida de la
ejecutante en la gestión invocada solicitó la inadmisibilidad del requerimiento.
Desarrolla que se demandó de cobro de prestaciones a Corporación Club de la Unión
de Santiago, proceso que, luego de dictarse sentencia que la condenó al pago de
diversas prestaciones, pasó a cumplimiento al Juzgado de Cobranza Laboral y
Previsional de Santiago. En dicha fase, y atendida la sentencia ejecutoriada, se solicitó
la extensión de la ejecución en razón de lo dispuesto por el artículo 507 inciso quinto
del Código del Trabajo.

Respecto de dicha solicitud, el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de
Santiago resolvió extender la ejecución en contra de la empresa Unión Inmobiliaria
S.A.



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Así, la sentencia interlocutoria que decretaba la extensión de la ejecución se
encontraba firme y ejecutoriada. Luego, Unión Inmobiliaria S.A. solicita declaración
de incompetencia por declinatoria y nuevamente corrección del procedimiento,
solicitud que el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago rechazó.
Luego, Unión Inmobiliaria S.A. ingresa reposición con apelación en subsidio respecto
de la resolución que rechazó la declaración de incompetencia por declinatoria.

Con lo anterior, explica que en la impugnación de inaplicabilidad al artículo
472 del Código del Trabajo, sería irrelevante la declaración de inconstitucional para
posibilitar apelar eventualmente, toda vez que la solicitud en cuestión tiene escaso
fundamento legal y, de conformidad al artículo 112 del Código de Procedimiento
Civil, la apelación se concedería en el solo efecto devolutivo, por lo que no generaría
perjuicio en la tramitación de la causa ejecutiva.



Posteriormente, el requerimiento fue declarado parcialmente admisible, a fojas
1736, en resolución de 15 de enero de 2025, estimándose la inadmisibilidad en la
impugnación al artículo 507 inciso quinto del Código del Trabajo y admisible en el
señalado artículo 472 del mismo cuerpo legal. Se confirió traslado a las demás partes
de la gestión invocada y a los órganos constitucionales interesados.

A fojas 1746, en presentación de 3 de febrero de 2025, la parte de Corporación
Club de La Unión de Santiago, indica que en estos casos se ha resuelto que la Carta
Fundamental no detalló, en su texto, los elementos precisos que componen la garantía
del debido proceso legal y ha señalado que “el derecho a un proceso previo,
legalmente tramitado, racional y justo que la CPR asegura a todas las personas, debe
contemplar las siguientes garantías: la publicidad de los actos jurisdiccionales, el
derecho a la acción, el oportuno conocimiento de ella por la parte contraria, el
emplazamiento, adecuada defensa y asesoría con abogados, la producción libre de
pruebas conforme a la ley, el examen y objeción de la evidencia rendida, la
bilateralidad de la audiencia, la facultad de interponer recursos para revisar las
sentencias dictadas por tribunales inferiores.” Y, por ello, “(…) ha sostenido, en otros
términos, que “El debido proceso contempla, entre sus elementos constitutivos el
derecho al recurso, el cual consiste en la facultad de solicitar a un tribunal superior
que revise lo resuelto por el inferior, y el racional y justo procedimiento
necesariamente debe contemplar la revisión de las decisiones judiciales”.

Añade que, si bien de la historia de la Ley N°20.087, en la cual se contiene el
precepto impugnado, no se tiene una fundamentación específica que explique la
improcedencia de la apelación, ésta diría relación con la finalidad de agilizar dichos
procedimientos, a fin de que la obligación respectiva se haga efectiva en el más breve
plazo. Sin embargo, precisa que esta finalidad no necesariamente resulta compatible
con las exigencias de racionalidad y justicia que emanan de la garantía N°3, inciso
sexto del artículo 19 constitucional, pues la aplicación del precepto impide a la



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requirente recurrir de apelación en contra de la liquidación, causándole así un
gravamen o perjuicio, privándola de la posibilidad de que esa cuestión sea revisada
por otro Tribunal, lo que lesiona, en esta oportunidad, el derecho a un procedimiento
racional y justo, en cuanto lo priva de un mecanismo eficaz de revisión de dicha
resolución, cuyos efectos son de trascendencia para el requirente, desde la perspectiva
de su situación dentro del juicio y del ejercicio de sus derechos procesales como parte
en el proceso de cobranza laboral.

Refiere que en caso de la gestión invocada, la exclusión del recurso de
apelación bajo la idea de dotar al procedimiento de mayor celeridad, no resulta
conciliable con las exigencias de racionalidad y justicia que el artículo 19 N°3 inciso
sexto le impone al legislador en la configuración de los procedimientos, pues la falta
de este medio de impugnación fuerza a las parte afectadas, Unión Inmobiliaria S.A. y
Corporación Club de la Unión de Santiago, a conformarse con lo resuelto por el
Tribunal Laboral, en una especie de “única instancia”, sin la posibilidad de someter
su decisión a la revisión de otro tribunal, deviniendo la resolución en inamovible.



Precluido el plazo otorgado en la resolución de admisibilidad, por decreto de
14 de febrero de 2025, a fojas 1751, se dispuso traer los autos en relación.



Vista de la causa y acuerdo

En Sesión de Pleno de 17 de junio de 2025 se oyó la relación pública y los
alegatos de los abogados señores Roberto Jorquera Flores, por las partes requirentes;
Eduardo Guerrero Schiappacasse, por la parte de Sergio Sagredo Escanilla y de los
trabajadores ejecutantes del Sindicato N° 2 de la Corporación Club de la Unión de
Santiago; y René Gómez Habib, por la parte de Corporación Club de la Unión de
Santiago. Fue adoptado acuerdo con igual fecha, conforme fue certificado por el
relator, a fojas 1761.



Y CONSIDERANDO:



I. Generalidades

PRIMERO: Que, como indicó la parte expositiva de esta sentencia, la
requirente tiene la calidad de ejecutada en un procedimiento seguido ante el Juzgado
de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago, que persigue el cumplimiento de una
sentencia declarativa laboral, en virtud de haberse solicitado por la ejecutante la
ampliación de la ejecución a la parte requirente, al haberse dictado en un juicio laboral
diverso una sentencia que declaró la unidad económica entre la ejecutada primitiva y




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la parte requirente, de acuerdo a la regulación de los artículos 3 y 507 del Código del
trabajo, que establecen el régimen de responsabilidad −solidaria−; elementos que debe
contener la sentencia condenatoria; forma y plazo para solicitar el término de la
calificación de única empleador, entre otras disposiciones que constituyen el instituto
del del Grupo de empresas.

SEGUNDO: Que, por medio del requerimiento, ante el Tribunal
Constitucional se solicita la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 472
del Código del Trabajo, que señala que “Las resoluciones que se dicten en los
procedimientos regulados por este Párrafo serán inapelables, salvo lo dispuesto en el artículo
470”, y del artículo 507 inciso quinto del mismo cuerpo normativo. A fojas 1736, la
Primera Sala de este Tribunal declaró inadmisible la acción dirigida contra el artículo
507, por carecer de fundamento plausible, toda vez que “El conflicto desarrollado a fojas
1 [y] siguientes busca controvertir lo resuelto por el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional
de Santiago, cuestión ajena al ámbito propio de la acción de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad”. Por tanto, en esta sentencia corresponde hacerse cargo
únicamente de lo alegado respecto del artículo 472 del Código del Trabajo, el que
según la peticionaria vulnera el debido proceso en su dimensión de derecho al recurso,
reconocido en el artículo 19 N°3 de la Constitución. Sin embargo, la reforzada
constatación de que se trata de una acción enderezada a controvertir con argumentos
de mérito una sentencia definitiva laboral en su fase de ejecución, al intentar crear un
recurso de impugnación que no existe en el sistema jurídico laboral por la vía de a
inaplicabilidad por inconstitucionalidad, es la base de la presente decisión de rechazo.



II. Sobre el debido proceso ejecutivo laboral

TERCERO: Que, en diversas sentencias de esta Magistratura se ha razonado
desde la noción más general de debido proceso hasta cuáles serían las especificidades
en relación con las diversas disciplinas del Derecho (STC roles N°15.629-2024, c. 3°;
15.136-2024, c. 3°; 14.427-2023, c. 4°; 13.862-2022, c. 3°; 13.657-2022, c. 5°; 13.281-2022,
c.4°; 13.029-2022, c. 5°). Siguiendo el mismo curso de análisis, se puede plantear como
razonamiento preliminar y sin posicionarse respecto de una diferencia específica de
la sede procesal laboral, que el legislador puede establecer diferencias siempre que
resulten razonables. En este sentido, “el Tribunal Constitucional ha señalado antes que “La
igualdad ante la ley o en el ejercicio de los derechos no puede consistir en que las partes que
confrontan pretensiones en un juicio tengan idénticos derechos procesales. Del momento en
que uno es demandante y el otro demandado, tendrían actuaciones distintas; el uno ejercerá
acciones y el otro opondrá defensas y excepciones. Cada una de esas actuaciones procesales
estará regida por reglas propias, que no pueden ser idénticas, pues las actuaciones reguladas
no lo son. Se podrá examinar si las reglas propias de las demandas y de las excepciones permiten
trabar una contienda regida por principios de racionalidad y justicia; podrá examinarse si las



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reglas que, en principio debieran ser comunes para ambas partes, como la facultad de probar o
de impugnar un fallo, establecen diferencias que puedan ser calificadas de arbitrarias; pero no
puede pretenderse que actuaciones diversas, como lo son una demanda ejecutiva y la
interposición de excepciones para oponer a dicha demanda, queden sujetas a un mismo
estatuto” (STC Rol N°977-2007-INA, c. 8).

CUARTO: Que, desde que surge el Derecho procesal laboral, este tuvo ciertas
características que reflejaban el mismo principio protector del Derecho del Trabajo
sustantivo. Esto se manifestaba en respuestas jurídicas específicas, pues se partía de
la premisa opuesta del Derecho procesal civil, a saber, la igualdad de las partes en
conflicto. Se trata distinto a lo distinto. Las partes de una relación laboral tienen una
asimetría de poder social y económico. El espacio de la relación laboral es de
propiedad del empleador. Puede afirmarse, de un lado, que en el ámbito de la prueba
este hecho tiene repercusiones respecto del acceso a la prueba, registros documentales
y medios de control tecnológicos. Asimismo, existen manifestaciones que son reflejo
de la propiedad y de la libertad económica ─como son los poderes de dirección y
disciplinario─ que condicionan eventualmente la posición de testigos que pueden
estar sometidos a ellos. De otro lado, las obligaciones que el empleador tiene con la
parte trabajadora son de carácter alimentario, lo que implica un peligro en la demora.
Es así como encontramos que las notas de desformalización, inmediación y celeridad
han sido características del proceso laboral desde que se comenzaron a crear
judicaturas especiales en los primeros años del siglo XX (Montero Aroca, Juan, Los
tribunales del trabajo 1908- 1938. Jurisdicciones especiales y movimiento obrero, Universidad
de Valencia. Secretaría de publicaciones, Valencia, España, 1976, p. 44). En
consecuencia, la desigual posición de la parte trabajadora respecto de la empleadora
determinó formas procesales específicas para el proceso laboral y, en este sentido, su
fundamento será la protección constitucional del trabajo y tales decisiones del
legislador delinearán un debido proceso laboral.

QUINTO: Que, esto es aún más notorio en la fase de ejecución laboral, que
supone la existencia de un título ejecutivo en el que consta una suma líquida y
determinada de dinero que tiene carácter alimentario, al tratarse de cotizaciones de
seguridad social, como en el presente caso. Para lograr el cobro de esta obligación
─determinable y previsible en su forma de operar─ el diseño del procedimiento
ejecutivo también responderá a la necesidad de un procedimiento simple, rápido y
eficaz. Es por ello que rigen los principios de celeridad y concentración, y que el
impulso procesal es de cargo del Tribunal, de acuerdo a los artículos 425 y 463 del
Código del Trabajo. Por estas mismas razones el legislador lo delineó con restricciones
al debate, por ejemplo, que sólo se puedan oponer las excepciones del artículo 470 del
Código del Trabajo, la improcedencia de la institución del abandono del
procedimiento y, como en el caso en análisis, la exclusión del recurso de apelación,
según el artículo 472 del mismo cuerpo normativo. Ese es el debido proceso en




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ejecución. Ello tiene incidencia en distintas cuestiones en el proceso laboral: los actos
procesales deberán realizarse con la celeridad necesaria, procurando concentrar en un
solo acto aquellas diligencias en que esto sea posible (428 del Código del Trabajo), el
Tribunal está facultado para adoptar las medidas necesarias para impedir las
actuaciones dilatorias (430 del Código del Trabajo) y, una vez reclamada su
intervención en forma legal, actuará de oficio y decretará las pruebas que estime
necesarias (429 del Código del Trabajo), etc. Como se ve, el legislador laboral se ha
preocupado por desarrollar una normativa orientada al alcance de procesos expeditos,
que permitan y promuevan la seguridad jurídica. En este mismo sentido se ha
pronunciado el Tribunal Constitucional antes (STC N°15.136-2024, c. 5°; 14.427-2023,
c. 6°; 13.862-2022, c. 5°; 13.241-22-INA, c. 4°; 13.046-22-INA, c.6°; 13.294-22-INA, c.4°;
12.951-22-INA, c.4°).

SEXTO: Que, esto significa que existen argumentos que, además de a estas
alturas ser históricos, son fundados para que el legislador laboral reduzca la apelación,
no solo en los procesos de lato conocimiento, sino, con mayor razón, en la fase
ejecutiva laboral, como ocurre en este caso.

SÉPTIMO: Que, en los términos planteados por la requirente como conflicto
constitucional, esto es, si la regla que excluye el recurso de apelación en el
procedimiento ejecutivo laboral infringe el derecho a un debido proceso, en el aspecto
normativo de una presunta afectación al derecho al recurso, el requerimiento no
puede prosperar. Como ya ha dicho el Tribunal Constitucional, la reducción del
recurso de apelación es una opción de política legislativa que deberá estar fundada en
la racionalidad de la medida y encontrarse ajustada a fines legítimos: “la Constitución
no configura un debido proceso tipo sino que concede un margen de acción para el legislador
para el establecimiento de procedimientos racionales y justos (artículo N°63, N°3 en relación
al artículo 19, N°3, inciso 6° ambos constitucionales) (…) la Carta Política, además, no
estableció un conjunto de elementos que deban estar siempre presentes en todos y cada uno de
los procedimientos de diversa naturaleza que debe regular el legislador. Frente a la
imposibilidad de determinar cuál es ese conjunto de garantías que deben estar presentes en cada
procedimiento, el artículo 19, numeral 3°, inciso sexto de la Constitución optó por un modelo
diferente: mandató al legislador para que en la regulación de los procedimientos éstos siempre
cumplan con las exigencias naturales que la racionalidad y la justicia impongan en cada
proceso específico. Por lo mismo, “el procedimiento legal debe ser racional y justo. Racional
para configurar un proceso lógico y carente de arbitrariedad. Y justo para orientarlo a un
sentido que cautele los derechos fundamentales de los participantes en un proceso. Con ello se
establece la necesidad de un juez imparcial, con normas que eviten la indefensión, que exista
una resolución de fondo, motivada y pública, susceptible de revisión por un tribunal superior
y generadora de la intangibilidad necesaria que garantice la seguridad y certeza jurídica propias
del Estado de Derecho” (STC Rol 1838-2010, c. 10°)” (STC Rol N°15.136-2024, c. 7°; 14.956-
2023, c. 5°; 13.029-2022, c. 11°).




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OCTAVO: Que, en casos promovidos ante esta Magistratura en que también
se ha cuestionado la regulación de la apelación en materia laboral, el Tribunal
Constitucional ha afirmado “el reclamo de inconstitucionalidad central es por la exclusión
de la apelación respecto de una resolución, ante lo cual debe recordarse que la apelación no es
un recurso paradigmático o modélico en sí mismo. Su función de ser instancia de la instancia
tiene un origen vinculado a los procedimientos inquisitivos que lo configuraron como única
garantía de que lo investigado y resuelto tuviera control por un tercero imparcial: “El fenómeno
de la impugnación se ha relacionado con el de concentración del poder y la necesidad de
controlar la actividad de los funcionarios inferiores. A los sistemas inquisitivos, dada la reunión
de funciones en la sola mano de un juez y la estructura vertical de la administración de justicia,
se adecua los recursos, particularmente los recursos devolutivos, pues la sentencia puede ser
revisada, en todos sus puntos, por el superior jerárquico del que dictó la sentencia o soberano.
A fines del imperio romano, como consecuencia de la concentración del poder y de la
organización jerárquica de los tribunales, amén que se concentraron en la sola persona del
mismo juez las funciones de requerir, instruir y juzgar, la appellatio, y en consecuencia, el
efecto devolutivo ante el Emperador o los jueces, se transformó en regla general” (Letelier,
Enrique, El derecho fundamental al recurso en el proceso penal, Atelier, 2013, pp. 39 y 40). Tal
perspectiva histórica permite reforzar la idea de que la apelación es una opción posible, entre
otras, con la que cuenta el legislador a la hora de diseñar procesos” (Rol N°15.122-2024, c.
11°; 13.281-2022, c. 9°; 12.834-22-INA, c. 12°).

NOVENO: Que, en lo específico de los procedimientos ejecutivos, esta
Magistratura ha considerado que “en primer lugar, cabe constatar que un procedimiento
de ejecución no está exento del cumplimiento de las reglas del debido proceso a su respecto. Es
natural que las garantías de racionalidad sean menos densas, se reduzcan plazos, pruebas, se
incrementen las presunciones, etcétera. Todo lo anterior incluso es exigido desde la perspectiva
de los derechos fundamentales. Es así como el legislador puede desarrollar procedimientos en el
marco del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (artículo 14.3, literal c) del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos) y que tengan a la vista la naturaleza de los
intereses en juego. En tal sentido, el ejercicio de reglas de garantía lo podemos situar dentro de
los procedimientos de menor entidad. En segundo lugar, los procedimientos ejecutivos se
pueden dar en un contexto de única instancia y sin necesidad de propiciar impugnaciones latas.
Justamente, el sentido de este tipo de procedimientos es alejarse de modalidades de amplia
discusión e impugnación. Sin embargo, aun en las circunstancias plenamente ejecutivas, la
intervención de la justicia, mediante un “recurso sencillo y rápido” (artículo 25.1 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos), debe contener un sentido finalista y
constitucional en relación al procedimiento. Es así como la Corte Internacional, juzgando la
efectividad de los recursos, ha sostenido que “la Corte ha establecido que para que tal recurso
efectivo exista, no contraproducente y previsiblemente contrario a las exigencias que la
Constitución ordena en términos de racionalidad y justicia, sobre todo, cuando la propia
Constitución reconoce la pluralidad de procedimientos diversos” (artículo 63, numeral 3° de la
Constitución)” (STC Rol N°13.294-2022, c. 13°. Reiterado en 15.136-2024, c.9°).



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DÉCIMO: Que, a partir de la Ley N°20.087 se sustituyó el procedimiento
laboral contemplado en el Libro V del Código del Trabajo, según se expresa en el
Mensaje con que se inició el proyecto de la ley citada, a través del cual se manifestaba
el “acceso a la justicia del trabajo, no sólo en cuanto a la cobertura de los tribunales sino que
también en lo relativo a la forma en que se desarrollan los actos procesales que conforman el
procedimiento laboral”, para así “materializar en el ámbito laboral el derecho a la tutela
judicial efectiva, que supone no sólo el acceso a la jurisdicción sino también que la justicia
proporcionada sea eficaz y oportuna”.

DÉCIMO PRIMERO: Que, igualmente, se propuso concretar “…en el ámbito
jurisdiccional las particularidades propias del Derecho del Trabajo, en especial su carácter
protector y compensador de las posiciones disímiles de los contratantes. De ahí, la necesidad de
contar con un sistema procesal diferenciado claramente del sistema procesal civil, cuyos
objetivos son no sólo diversos sino en muchas ocasiones antagónicos”. En relación con el
objetivo de asegurar el efectivo y oportuno cobro de los créditos laborales, el proyecto se planteó
“optimizar y agilizar los procedimientos de cobro de las obligaciones laborales… y sin perjuicio
de la aplicación supletoria que en las mismas materias se reconoce al Código de Procedimiento
Civil, se establecen… plazos brevísimos, se eliminan trámites propios del ordenamiento común,
se evitan incidencias innecesarias;” (STC Rol N°15.629-2024, c. 11°).

DÉCIMO SEGUNDO: Que, este Tribunal ha razonado antes “Que, el Código
del Trabajo regula, entre sus artículos 462 y 473, los procedimientos ejecutivos laborales, los
que, no obstante estar insertos en una reforma “cuyos procedimientos son eminentemente
orales, mantienen su carácter de procedimientos escritos, lo cual se compadece con la finalidad
de estos juicios, es decir, fundamentalmente, con el cobro de un crédito, a partir de un título
ejecutivo.” (Díaz Méndez, Marcela. Manual de procedimiento del trabajo, segunda edición,
Ed. Librotecnia, Santiago, 2018, p. 215). En razón de ello, el juicio ejecutivo laboral y, en
particular, el de cumplimiento de sentencias, se caracteriza por ser un procedimiento que es de
tramitación escrita; en que el tribunal procederá de oficio, ordenando la realización de todas las
diligencias y actuaciones necesarias para la prosecución del juicio; no procede el abandono de
procedimiento; su tramitación se sujeta a las normas del Párrafo IV del Título I, del Capítulo
II, del Libro V, del Código del Trabajo, y a falta de disposición expresa en este texto o en leyes
especiales, se aplicarán supletoriamente las normas del Título XIX del Libro Primero del
Código de Procedimiento Civil, siempre que dicha aplicación no vulnere los principios que
informan el procedimiento laboral, en la tramitación del juicio ejecutivo de cumplimiento de
sentencias.(Op cit. Díaz Méndez, Marcela, p. 216). Que, según lo determina el artículo 464,
N°1, del Código Laboral, la sentencia laboral ejecutoriada reviste la calidad jurídica de título
ejecutivo, y su cumplimiento se tramita bajo las normas señaladas, iniciándose al tenor de lo
prescrito en el artículo 462 del Código del Trabajo.

10-.De este modo, se logra el objetivo primordial de un efectivo y oportuno cobro de los
créditos laborales, como también evitar incidencias innecesarias y que limitan las excepciones,
sin vulnerar las garantías del ejecutado, pero que otorgan efectividad a los derechos de los



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UNO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE




trabajadores y el acceso a la justicia, tal como se señaló en su oportunidad en los autos rol
N°6045-2014, al expresar que: “…el espíritu del legislador en la reforma laboral se encuentra
plasmado en los principios formativos del proceso, esto es, oralidad, publicidad y
concentración”, agregando el máximo tribunal, que “…hay acción ejecutiva cuando está
reconocida, con cantidad precisa, la deuda laboral en acta firmada ante Inspector del Trabajo.
(SCS Rol N°95-00)” (STC Rol N°14.427, c. 14°; 13.675-2022, c. 16°).

DÉCIMO TERCERO: Que, en lo restante, la requirente centra su
requerimiento en los motivos que, según ella, harían que la resolución del juez de
cobranza excediera sus competencias (a fs. 3, 7 y 8), lo que es una cuestión ajena al
ámbito de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y que además
relaciona con el artículo 507 del Código del Trabajo, que fue declarado inadmisible.

DÉCIMO CUARTO: Que, en mérito de todo lo anterior, el requerimiento de
inaplicabilidad no puede ser acogido, y así se declarará.



Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93 incisos primero,
N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la
Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional
del Tribunal Constitucional,



SE RESUELVE:



I. QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD
POR INCONSTITUCIONALIDAD DEDUCIDO A LO PRINCIPAL
DE FOJAS 1. OFÍCIESE.

II. ÁLCESE LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA
EN AUTOS. OFÍCIESE.

III. QUE NO SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE REQUIRENTE
POR ESTIMARSE QUE TUVO MOTIVO PLAUSIBLE PARA
LITIGAR.



DISIDENCIA



Los Ministros señores MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y HÉCTOR
MERY ROMERO, la Ministra señora MARCELA PEREDO ROJAS, y el Ministro señor
MARIO GÓMEZ MONTOYA estuvieron por acoger el requerimiento atendiendo a las
siguientes razones:



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1°. Que, el régimen del proceso ordinario civil, el recurso de apelación, a
entender de la Corte Suprema en los autos ESTEVEZ GOSTHE MARIO RAMON,
ESTEVEZ GOSTHE JORGE con ESTEVEZ GOSTHE LTDA., MARIO ESTEVEZ
RODRIGUEZ INMOBILIARIA, ESTEVEZ RODRIGUEZ MARIO JOAQUIN, rol
8.200-2009,

“ … es el recurso ordinario por preeminencia, y se concibe como un derecho otorgado
por el ordenamiento jurídico procesal, cuya pretensión primaria es la de garantizar el
derecho a la tutela judicial efectiva mediante la doble revisión de los antecedentes y
fundamentos de la decisión.

Es la consecuencia de la doble instancia, el medio que permite a los litigantes llevar
ante el tribunal de segundo grado una resolución estimada injusta o improcedente, para
que la modifique o revoque, según sea el caso. En efecto, “la apelación es el recurso
procesal por excelencia, pues ningún otro reúne los caracteres de tal en calidad y
medidas suyas" (Tratado Práctico de Derecho Procesal Civil Chileno, Carlos Anabalón
Sanderson, 2° edición, volumen 3°, pág. 17).

Asimismo, se ha dicho que "Uno de los principios que regula casi sin contrapeso
nuestro sistema procesal es el de que toda resolución es susceptible de ser corregida o
enmendada por un tribunal de mayor jerarquía, valiéndose del recurso de apelación.
Todo el ordenamiento de la estructura del poder judicial chileno está condicionado sobre
la base de dos instancias. Es por eso que el recurso de apelación tiene el carácter de un
recurso ordinario que procede en general contra todas las resoluciones, según los
cánones amplios de los artículos 187 y 188 del Código de Procedimiento Civil; siendo
de advertir que la ley, a su respecto, no ha señalado específicamente las causales que lo
justifican, sino que basta alegar que la decisión del juez ha causado un agravio a la
parte que se dice afectada. (C. de Temuco, 11 de septiembre de 1963. R., t 60, sec. 2°,
p. 119).

Es así como este mecanismo procesal se fundamenta en la necesidad de evitar la
existencia de errores en los que pueda incurrir el juez de la instancia, sea en la
interpretación o aplicación de las normas jurídicas o en la apreciación de las probanzas
aportadas al proceso. Se confiere el impulso procesal a las partes para combatir una
decisión jurisdiccional que les causa agravio. De tal modo que las resoluciones
transcendentes del negocio alcancen tutela efectiva mediante la revisión de un grado
superior, a través de un control jerárquico, sin ninguna clase de reservas o limitaciones,
salvo las impuestas por la ley.

Tal conclusión de deriva de la etimología de la palabra proveniente del latín “apellatio”,
que significa llamamiento, petición expresa o citación. Según lo señala el profesor
Alejandro Espinosa Solis de Ovando, en su Manual de Derecho Civil, vinculado al
concepto de doble instancia que alumbra al recurso de apelación, en atención al carácter
de orden público que tienen las instancias, se caracteriza por: 1°.- Las partes no pueden
someter la decisión de un asunto directamente a un tribunal de segunda instancia,



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UNO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE




renunciando a la primera; 2°.- No se puede tampoco entregar a un tribunal de primera
instancia el conocimiento y decisión de un recurso de apelación; 3°.- Tampoco pueden
las partes someter a una revisión los asuntos que han sido ya fallados en segunda
instancia; 4°.- No pueden las partes llevar a un tribunal de apelación una resolución
judicial que según la ley no admite este recurso. (Editorial Jurídica de Chile, 3° edición,
pág. 33).

También es necesario precisar que el recurso de apelación no tiene causales, y su único
objeto es obtener del tribunal superior respectivo que enmiende, con arreglo a derecho,
la resolución del inferior. Dicho concepto, importa no solo corregir o modificar sino
también reemplazar enteramente la decisión del a quo, siempre que no se vuelva en
contra del apelante, que se manifiesta en el principio tantum devolutum quantum
apellatum, a menos que la contraria también haya recurrido. La decisión del ad quem
está limitada entonces, en principio, a discernir aquello resuelto en primera instancia
y materia de la apelación, a menos que resulte incompatible con lo decidido o bien
debatido y omitido por éste. La apelación para los extraños al recurso, quienes no lo
dedujeron, es res inter alios acta”.

2°. Que las reglas sobre el recurso de apelación son diversas en el
procedimiento laboral. En estos autos se ha cuestionado la constitucionalidad del
artículo 472 del Código del Trabajo. El precepto legal impugnado permite impugnar
la sentencia definitiva que resuelve las excepciones, en el procedimiento de
cumplimiento de sentencias y ejecución de títulos previstos en el Código del Trabajo.

De este modo, es correcto afirmar que el agravio en la apelación laboral es
específico y no general, de manera que cualquier impugnación de esta naturaleza que
persiga un propósito diverso a los perentoriamente señalados en el artículo 472 del
Código del Trabajo no tiene cabida en el procedimiento laboral.

3°. Que el artículo 425 del Código del Trabajo estatuye que los procedimientos
del trabajo serán orales, públicos y concentrados. Primarán en ellos los principios de
la inmediación, impulso procesal de oficio, celeridad, buena fe, bilateralidad de la
audiencia y gratuidad. Los preceptos siguientes, contenidos en el Libro V capítulo II
párrafo 1° de la ley laboral, desarrollan de manera más concreta los principios
mencionados, para que las cuestiones debatidas de acuerdo a estas reglas de
enjuiciamiento se desarrollen de un modo que la aplicación de los principios conduzca
a la pronta, racional y justa decisión de la controversia.

4°. Que en el contexto procedimental que se ha reseñado, se suele justificar la
existencia de la norma cuestionada según necesidades de prontitud y celeridad en la
ejecución en la cual el trabajador, actuando individual o colectivamente, toma parte
como actor, atendidas las cuestiones que habitualmente se debaten en la judicatura
laboral.




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UNO MIL SETECIENTOS OCHENTA




En respuesta a ese cuestionamiento, en opinión de estos disidentes, no hay
pugna o colisión entre la celeridad debida al interés que el legislador laboral busca
asegurar a los trabajadores que pudieren actuar como demandantes, y la necesidad de
que al demandado se le conceda la posibilidad de denunciar, a través de un recurso
efectivo, un yerro jurídico, acompañado de la pretensión de obtener su enmienda con
arreglo a derecho en una materia que concierne al debate sobre la competencia.

5°. Que no discutimos que el legislador cuenta con un margen razonable de
discreción para configurar procedimientos declarativos y ejecutivos, así como para
establecer principios y reglas especiales en ambos ámbitos según las características de
la materia que corresponde enjuiciar. Lo propio puede decirse de la posibilidad de
deducir recursos legales contra las resoluciones de mero trámite o sentencias
pronunciadas en el procedimiento.

En este preciso aspecto, con todo, tal margen dista de ser absoluto.

Puede el legislador disponer reglas particulares sobre medios de impugnación
en materia laboral y previsional, a condición de respetarse siempre las garantías de un
procedimiento racional y justo.

Así, sostenemos que el legislador cuenta con la libertad que la Constitución le
permite para estatuir y configurar un régimen diferenciado de interposición de
recursos legales contra las resoluciones judiciales pronunciadas en procedimientos
regidos por la oralidad e inmediación, y en aquellos regidos por la escrituración. La
apelación, recurso caracterizado por consistir en un control del mérito de los
antecedentes y no de un mero examen de la legalidad de la sentencia, no se aviene ni
concuerda en general con los principios formativos de la judicatura y el procedimiento
declarativo laboral, razón por la cual las normas que regulan esta impugnación
ordinaria en materias del trabajo y previsionales deben ser miradas con reserva o
interpretarse de modo restrictivo. En efecto, la oralidad y la inmediación son
esenciales para que el juez aprecie y pondere la prueba, y es a partir de esos
presupuestos que construye la convicción que le permite arribar a la decisión del
asunto que se ha controvertido.

Con todo, no ocurre lo mismo cuando nos encontramos en el punto preciso
que aquí se ha discutido. La controversia puntual que aquí se ha suscitado alude a lo
que la requirente estima que constituye una ventaja indebida, imposible de revisar
por un superior jerárquico precisamente porque el precepto legal impugnado lo
impide.

6°. Que, ahora bien, en lo que alude a las restricciones al recurso de apelación
tal como ha sido configurado en el Código del Trabajo, y tal como se manifestó en la
disidencia de la STC 14.956-23-INA,

10°. … , así, … , la exclusión del recurso de apelación, bajo la idea abstracta de dotar
al procedimiento de mayor celeridad, no resulta conciliable con las exigencias de



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racionalidad y justicia que el artículo 19 N° 3° inciso sexto le impone al legislador, en
la configuración de los procedimientos, pues la falta de este medio de impugnación
fuerza al requirente simplemente a conformarse con lo resuelto por el Tribunal Laboral,
en una especie de “única instancia”, sin la posibilidad de someter su decisión a la
revisión de otro tribunal, deviniendo la resolución en inamovible;

11°. Que, siendo plausible el objetivo de dotar de mayor celeridad a los procedimientos,
esa finalidad legítima sólo puede alcanzarse mediante la eliminación de trámites no
esenciales o imponiendo mayor agilidad a las actuaciones del Tribunal, pero no resulta
ajustado a la Constitución que se intente alcanzarla a costa de excluir o limitar derechos
de las partes o actuaciones o plazos -que si bien pueden ser acortados- terminan
afectándolas;

7°. Que resulta pertinente recordar que el recurso, como expresa la doctrina,
“es el medio técnico que ejerce una parte dentro del proceso en que se dictó una resolución, que
no ha alcanzado el carácter de firme o ejecutoriada, para la impugnación y subsanación de los
errores que ella eventualmente pueda adolecer, dirigido a provocar la revisión de la misma, ya
sea por el mismo juez que la dictó o por otro de superior jerarquía. No debiendo perderse de
vista que “(la) existencia de los recursos nace de la realidad de la falibilidad humana, que en el
caso de la sentencia recae en la persona del juez, y en la pretensión de las partes de no aceptar
la resolución que les cause un perjuicio por no haber acogido las peticiones formuladas en el
proceso” (MOSQUERA RUÍZ, Mario y MATURANA MIQUEL, Cristián; [2010]: Los
Recursos Procesales, p. 21. Editorial Jurídica de Chile, Santiago).

Además, aunque parezca una obviedad, no puede perderse de vista que todo
recurso procesal pretende eliminar un agravio o perjuicio que una determinada
resolución judicial produce para el afectado. De allí que se entienda que el agravio es
una condición legitimante de un recurso procesal. Aquel, siguiendo a Couture,
consiste en el “(perjuicio) o gravamen, material o moral, que una resolución judicial causa a
un litigante” (COUTURE, Eduardo [1988], Vocabulario Jurídico, p. 83. Ediciones
Depalma, Buenos Aires).

8°. Que no cabe duda de que la posibilidad de impugnar una resolución
judicial forma parte de los elementos esenciales de la garantía de un debido proceso.
Tal como ha hecho presente nuestra jurisprudencia constitucional, el derecho al
recurso consiste en la facultad de solicitar a un tribunal superior que revise lo hecho
por el inferior, formando parte integrante del derecho al debido proceso y, en tal
sentido, la posibilidad de que el requirente pueda recurrir ante el superior jerárquico
respecto de una decisión emanada del mismo tribunal llamado a adoptar las medidas
para evitar dilaciones excesivas y paralizaciones del proceso judicial laboral, parece
un presupuesto razonable de lo que puede entenderse como un justo y racional
juzgamiento para el caso concreto.

9°. Que, es por lo anteriormente descrito que esta Judicatura Constitucional ya
ha señalado que “la exclusión del recurso de apelación no resulta conciliable con las



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UNO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS




exigencias de racionalidad y justicia que el artículo 19, N° 3, inciso 6°, le impone al legislador,
en la configuración de los procedimientos. Lo anterior, pues la falta de medios de impugnación
no se subsana con una fase previa ni con la jerarquía, composición, integración o inmediación
del tribunal que conoce del asunto, como lo ha admitido, excepcionalmente, nuestra
jurisprudencia para validar que se puedan adoptar decisiones en única instancia”. (STC
10.623-21, c. 19°).

10°. Desde luego, no hablamos aquí de una apelación con miras a obtener la
revisión de la sentencia definitiva del juicio laboral o de todos los aspectos de hecho y
de derecho que llevaron a pronunciarla. Tal cuestión ya resuelta por el legislador
laboral al instituir el recurso de nulidad como única impugnación, y que además es
del todo ajena a la litis de la gestión pendiente, en lo que no se pretende revivir el
proceso ya fenecido por la sentencia firme. Lo que aquí se pretende es obtener una
revisión por el tribunal superior de la resolución que rechazó un incidente de
incompetencia promovido por la requirente, en que se cuestiona la competencia de
los tribunales de cobranza de pronunciarse sobre cuestiones declarativas, como lo es
la unidad económica o la solidaridad entre demandados.

11°. Que, es en razón de las consideraciones expuestas que estos disidentes
estuvimos por acoger el presente requerimiento.



Redactó la sentencia la Presidenta, Ministra señora DANIELA MARZI MUÑOZ.
La disidencia fue escrita por el Ministro señor HÉCTOR MERY ROMERO.



Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N° 15.971-24-INA




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Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 28/08/2025



Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida Miguel Angel Fernández González
Fecha: 28/08/2025 Fecha: 28/08/2025



Raúl Eduardo Mera Muñoz Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 28/08/2025 Fecha: 28/08/2025



Marcela Inés Peredo Rojas
Fecha: 28/08/2025



Alejandra Precht Rorris Mario René Gómez Montoya
Fecha: 29/08/2025 Fecha: 28/08/2025


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta,
Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros señora Nancy
Adriana Yáñez Fuenzalida, señor Miguel Ángel Fernández González, señor Raúl
Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne, señor Héctor
Mery Romero, señora Marcela Inés Peredo Rojas, señora Alejandra Precht Rorris
y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario (S) del Tribunal Constitucional, señor Sebastián López
Magnasco.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 29/08/2025




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