TC Rol 15997

Texto completo

0001937
UNO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE




2025

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
____________

Sentencia
Rol 15.997-2024
[21 de octubre de 2025]

____________



REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL ARTÍCULO 482 INCISO
CUARTO, PARTE FINAL, DEL CÓDIGO DEL TRABAJO.


MACARENA ÁLAMOS MUÑOZ

EN EL PROCESO RIT O-13-2023, RUC 23-4-0464587-0, SEGUIDO ANTE EL
SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE QUILLOTA, EN ACTUAL
CONOCIMIENTO DE LA CORTE DE APELACIONES DE VALPARAÍSO BAJO EL
ROL N° 150- 2024 (LABORAL-COBRANZA)



VISTOS:

Que, con fecha 2 de diciembre de 2024, Macarena Álamos Muñoz deduce
requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 482
inciso cuarto, parte final, del Código del Trabajo, para que ello incida en el proceso
RIT O-13-2023, RUC 23-4-0464587-0, seguido ante el Segundo Juzgado de Letras de
Quillota, en conocimiento de la Corte de Apelaciones de Valparaíso bajo el Rol N° 150-
2024 (Laboral-Cobranza).



Precepto legal cuya aplicación se impugna:

El texto de los preceptos legales impugnados dispone lo siguiente en la parte
destacada:




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UNO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO




“Código del Trabajo

(…)

Artículo 482.- El fallo del recurso deberá pronunciarse dentro del plazo de cinco días
contado desde el término de la vista de la causa.

Cuando no sea procedente la dictación de sentencia de reemplazo, la Corte, al acoger el
recurso, junto con señalar el estado en que quedará el proceso, deberá devolver la causa dentro
de segundo día de pronunciada la resolución.

Si los errores de la sentencia no influyeren en su parte dispositiva, la Corte podrá
corregir los que advirtiere durante el conocimiento del recurso.

No procederá recurso alguno en contra de la resolución que falle un recurso de nulidad.
Tampoco, en contra de la sentencia que se dictare en el nuevo juicio realizado como
consecuencia de la resolución que hubiere acogido el recurso de nulidad.”.



Síntesis de la gestión pendiente y del conflicto constitucional sometido al
conocimiento y resolución del Tribunal

La requirente indica que la gestión pendiente corresponde a un recurso de
apelación seguido ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, por el cual se impugna
el rechazo, a su vez, por el 2° Juzgado de Letras de Quillota, de la admisibilidad de
recurso de nulidad presentado en contra de una sentencia definitiva.

Contextualizando lo anterior, refiere que con fecha 4 de mayo de 2023,
presentó demanda en procedimiento laboral ordinario por daños con ocasión de
accidente del trabajo en contra de su ex empleadora PRODUCTOS TORRE SpA, a raíz
de una mordedura de araña de rincón sufrida el día 28 de enero de 2022 mientras se
desempeñaba como temporera en la faena de la demandada en Quillota, lo que le
significó sufrir un loxoscelismo cutáneo visceral que la mantuvo internada durante 67
días en el Hospital San Martín de Quillota. Anota que el 2° Juzgado de Letras de
Quillota dictó sentencia definitiva el día 1 de septiembre de 2023, rechazando la acción
indemnizatoria. Frente a esa decisión, interpuso recurso de nulidad fundándose en la
incompetencia absoluta del juez que dictó la sentencia.

Luego, indica que la Corte de Apelaciones de Valparaíso, mediante sentencia
de 4 de diciembre de 2023, acogió el recurso de nulidad interpuesto atendida la
incompetencia del juez, acogiéndose la causal invocada y que está contenida en el
artículo 478 letra a) del Código del Trabajo. Así, explica, fue anulada la sentencia
definitiva y ordenada la repetición de la audiencia de juicio por juez no inhabilitado,
sin pronunciamiento sobre cuestiones de fondo.

Añade que se fijó nueva fecha para audiencia de juicio, llevándose a cabo los
días 16 y 24 de enero de 2024. Por ello, el 2° Juzgado de Letras de Quillota dictó




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sentencia definitiva con fecha 9 de febrero de 2024, rechazando la demanda en todas
sus partes, pero eximiendo a la demandante del pago de las costas del juicio.

Señala que, en contra de la sentencia definitiva del segundo juicio, interpuso
recurso de nulidad invocando los vicios contenidos en el artículo 478 letras b) y e) del
Código del Trabajo, sosteniendo que no fue analizada toda la prueba rendida y,
consecuencialmente, no se consideraron todos los hechos que fueron acreditados
mediante prueba válidamente incorporada, incumpliendo lo dispuesto en el artículo
459 N°4 del Código del Trabajo. Asimismo, alegó que la sentencia fue pronunciada
con infracción de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas
de la sana crítica.

Sin embargo, argumenta que el Juez Subrogante del 2° Juzgado de Letras de
Quillota, el día 22 de febrero de 2024, dictó sentencia interlocutoria declarando lo que
a continuación transcribe: “Atendido lo establecido en el artículo 482 inciso final del Código
del Trabajo, que dispone que no procederá recurso alguno en contra de la sentencia que se
dictare en el nuevo juicio realizado como consecuencia de la resolución que hubiere acogido el
recurso de nulidad, no ha lugar”, resolución que hace imposible la continuación del
juicio.

Contra dicha resolución interpuso recurso de apelación a fin de que la Corte
de Apelaciones de Valparaíso deje sin efecto la resolución que declara inadmisible el
recurso de nulidad y pueda ser acogido a tramitación dicho recurso.

Al fundar el conflicto constitucional, la requirente sostiene que la aplicación
del artículo 482 inciso cuarto, parte final del Código del Trabajo, en el caso concreto,
vulnera los artículos 19 N° 2 y N° 3 de la Constitución.

Respecto de la vulneración del derecho de igualdad ante la ley, argumenta que
la aplicación de la norma impugnada infringe el artículo 19 N° 2 de la Constitución,
por cuanto no debiera aplicarse para el caso en que la nueva sentencia incurra en vicios
nuevos y diferentes por los cuales fue invalidado el juicio anterior, considerando que
ambos vicios son de distinta naturaleza, pues uno fue motivado por vicios de forma,
y el segundo por vicios de fondo. Agrega que la norma genera una discriminación
arbitraria al privar a los demandados de la posibilidad de recurrir ante un tribunal
superior jerárquico, sin que exista una razón que justifique tal limitación.

A su vez, estima transgresión al derecho al debido proceso. Desarrolla que la
aplicación de la disposición impugnada significa una vulneración al debido proceso y
a la tutela judicial efectiva, consagrados en el artículo 19 N° 3 de la Constitución.
Indica que el precepto legal cuestionado infringe el derecho al recurso y no cumple
con el derecho fundamental a la igual protección de la ley en el ejercicio de los
derechos. Al impedir que recurra en contra de la nueva sentencia definitiva dictada,
el precepto reprochado constituye una vulneración al derecho al debido proceso.




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UNO MIL NOVECIENTOS CUARENTA




Tramitación

El requerimiento fue acogido a trámite por la Primera Sala con fecha 26 de
diciembre de 2024, a fojas 139, decretándose la suspensión en la gestión pendiente
invocada.

Posteriormente, fue declarado admisible por resolución de fojas 154, de 16 de
enero de 2025, confiriéndose traslados de fondo a las demás partes de la gestión
invocada y a los órganos constitucionales interesados.



A fojas 173, en presentación de 3 de febrero de 2025, PRODUCTOS TORRE
SpA, formula observaciones al requerimiento y solicita su rechazo.

Explica que el requerimiento debe ser rechazado, al corresponder a una
disputa resuelta que se plantea desde ciertos vicios de inconstitucionalidad respecto
a una determinada estrategia procesal, pero, anota, fue la parte demandante quien, a
sabiendas de la prohibición expresa de un segundo recurso de nulidad, interpuso un
recurso con una primera causal de forma.

Argumenta que el Tribunal Constitucional ha señalado en diversas
oportunidades que la igualdad ante la ley no puede consistir en que las partes que
confrontan pretensiones en un juicio tengan idénticos derechos procesales, y que la
norma en discusión no fue promulgada por una decisión injustificada del legislador,
sino que se buscaba limitar la procedencia del recurso de nulidad, favoreciendo a los
principios formadores del derecho laboral. Así, en jurisprudencia reciente de este
Tribunal en Roles N° 13.166, N° 14.067 y N° 14.504, se ha declarado la conformidad de
la norma impugnada frente a la Constitución, contradiciendo los argumentos
desarrollado en el requerimiento.

Además, acota que las partes deben respetar la buena fe en la tramitación del
proceso laboral, según la norma del artículo 430 del Código del Trabajo, buscando
impedir actuaciones dilatorias, en congruencia con el principio de celeridad, ya que
de no existir la norma reprochada se podría dar un ciclo sin fin de recursos de nulidad.
Junto a ello, precisa que la requirente sí tuvo derecho al recurso, ya que interpuso en
su oportunidad un recurso de nulidad y su estrategia procesal la llevó a agotar sus
opciones de revisión de la sentencia.



A fojas 383, por decreto de 12 de febrero de 2025, se trajeron los autos en
relación.




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Vista de la causa y acuerdo

En Sesión de Pleno de 9 de septiembre de 2025 se oyó la relación pública y los
alegatos de los abogados señores Rodrigo Yáñez Henríquez, por la parte requirente,
y Agustín Briceño Goycoolea, por la parte requerida de Productos Torre SpA. Fue
adoptado acuerdo con igual fecha, conforme fue certificado por el relator.



Y CONSIDERANDO:



PRIMERO: Que, traídos los autos en relación y luego de verificarse la vista de
la causa se procedió a votar el acuerdo respectivo, obteniéndose el resultado que a
continuación se enuncia:

La Presidenta del Tribunal, Ministra señora DANIELA MARZI MUÑOZ, Y las
Ministras señoras NANCY YÁÑEZ FUENZALIDA, MARÍA PÍA SILVA GALLINATO y
ALEJANDRA PRECHT RORRIS votaron por rechazar el requerimiento.

Por su parte, los Ministros señores MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ,
RAÚL MERA MUÑOZ y HÉCTOR MERY ROMERO, y la Ministra señora MARCELA PEREDO
ROJAS estuvieron por acogerlo.

SEGUNDO: Que, en esas condiciones se ha producido empate de votos, con
lo cual, atendido el quorum exigido por el artículo 93 inciso primero, N° 6, de la Carta
Fundamental para acoger un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, y teniendo en cuenta, de la misma forma, que por mandato del
literal g) del artículo 8° de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal
Constitucional, el voto de la Presidenta de esta Magistratura no dirime un empate,
como el ocurrido en el caso sub lite, y, no habiéndose alcanzado la mayoría para acoger
el presente requerimiento de inaplicabilidad, éste deberá ser necesariamente
desestimado.



VOTO POR RECHAZAR



La Presidenta del Tribunal, Ministra señora DANIELA MARZI MUÑOZ, y las
Ministras señoras NANCY YÁÑEZ FUENZALIDA, MARÍA PÍA SILVA GALLINATO y
ALEJANDRA PRECHT RORRIS, votaron por rechazar el requerimiento dados los
fundamentos que a continuación señalan:




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I- GENERALIDADES

1°. Que, la requirente relata que en mayo de 2023 presentó una demanda
laboral por daños derivados de un accidente del trabajo contra su ex empleadora, tras
sufrir una mordedura de araña de rincón que le provocó graves problemas de salud
y una hospitalización de dos meses. El tribunal rechazó su demanda en septiembre de
2023, decisión que fue anulada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso en
diciembre del mismo año, por incompetencia del juez. Repetido el juicio en enero de
2024, el tribunal volvió a rechazar la demanda. Contra esta segunda sentencia,
interpuso un nuevo recurso de nulidad, que fue declarado inadmisible en virtud del
artículo 482 del Código del Trabajo. La gestión pendiente es el recurso de apelación
contra esta decisión.

2°. Que, la parte requirente impugna la constitucionalidad del inciso cuarto
parte final del artículo 482 del Código del Trabajo, considerando que la aplicación del
precepto en el caso concreto vulneraría el artículo 19 numerales 2 y 3 de nuestra Carta
Fundamental.

3°. Que, el cuestionamiento a determinar en el campo constitucional es si la
regla que excluye el recurso de nulidad contra sentencias dictadas en nuevos juicios,
realizados por haberse acogido previamente un recurso de nulidad, infringe el
derecho a un debido proceso, en el aspecto normativo de una presunta afectación al
derecho al recurso. Ante esto, se puede plantear como razonamiento preliminar, y sin
posicionarse respecto de una diferencia específica de la sede procesal laboral, que el
legislador puede establecer diferencias siempre que resulten razonables. En este
sentido, “el Tribunal Constitucional ha señalado antes que “La igualdad ante la ley o en el
ejercicio de los derechos no puede consistir en que las partes que confrontan pretensiones en un
juicio tengan idénticos derechos procesales. Del momento en que uno es demandante y el otro
demandado, tendrían actuaciones distintas; el uno ejercerá acciones y el otro opondrá defensas
y excepciones. Cada una de esas actuaciones procesales estará regida por reglas propias, que no
pueden ser idénticas, pues las actuaciones reguladas no lo son. Se podrá examinar si las reglas
propias de las demandas y de las excepciones permiten trabar una contienda regida por
principios de racionalidad y justicia; podrá examinarse si las reglas que, en principio debieran
ser comunes para ambas partes, como la facultad de probar o de impugnar un fallo, establecen
diferencias que puedan ser calificadas de arbitrarias; pero no puede pretenderse que actuaciones
diversas, como lo son una demanda ejecutiva y la interposición de excepciones para oponer a
dicha demanda, queden sujetas a un mismo estatuto” (STC Rol N°977-2007-INA, c. 8°).

4°. Que, la parte de la disposición que se impugna indica “Tampoco, en contra
de la sentencia que se dictare en el nuevo juicio realizado como consecuencia de la resolución
que hubiere acogido el recurso de nulidad”. Del tenor literal de la disposición, es evidente
que esta tuvo por objetivo limitar la procedencia del recurso de nulidad, lo cual es
coherente con los principios formativos del proceso laboral, regulados en el capítulo
II del Libro V del Código del Trabajo. Allí, se establece en el artículo 425 que los



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procedimientos del trabajo serán “orales, públicos y concentrados” y regirán los
principios de “inmediación, impulso procesal de oficio, celeridad, buena fe, bilateralidad de la
audiencia y gratuidad”.

Complementa lo anterior el artículo 430 del Código del Trabajo, que dispone
que los actos procesales deberán ejecutarse de buena fe, facultándose al tribunal para
adoptar las medidas necesarias para impedir las actuaciones dilatorias, las cuales el
juez podrá rechazar de plano, entendiéndose por tales “todas aquellas que con el sólo
objeto de demorar la prosecución del juicio sean intentadas por alguna de las partes. De la
resolución que declare como tal alguna actuación, la parte afectada podrá reponer para que sea
resuelta en la misma audiencia”.

5°. Que, vinculado a lo anterior, el Tribunal Constitucional ha señalado antes
que “En armonía con lo expuesto, la improcedencia del recurso de nulidad en el caso concreto,
que se relaciona exclusivamente con la imposibilidad de recurrir contra la sentencia que se
dictare en el nuevo juicio consecuente a la resolución que hubiere acogido el recurso de nulidad,
ya intentado (acápite segundo del artículo 482, en su inciso final), no puede analizarse con
independencia de estas características y principios, que son inherentes al juicio laboral y a la
naturaleza de la disciplina que lo regula.

Más pues que en otras ramas del derecho, el procedimiento laboral debe procurar la
adecuada atención de los derechos de los trabajadores, como es lo propio de todos los
ordenamientos de carácter estamental, centrados en el resguardo de dichos derechos. Para este
fin, resulta evidente que la dilación excesiva de las controversias entre empleadores y
trabajadores atenta contra la esencia del orden jurídico laboral” (STC Rol N°3886-2017 INA,
c.3°).

6°. Que, sin duda, un justo y racional procedimiento es un procedimiento, de
un lado, libre de dilaciones indebidas, lo que configura una respuesta judicial
oportuna; y, de otro lado, uno en que la resolución del conflicto constituye un cierre
al mismo. Al respecto, se ha explicado que “Se define como el "derecho que tiene toda
persona a que su causa sea resuelta dentro de un tiempo razonable y sin dilaciones indebidas".
Efectivamente tiene una fuente constitucional indirecta en el artículo 19 N°3 inciso segundo,
puesto que una vez que el proceso ha sido iniciado y se ejercitan los derechos de defensa
correspondientes, en la forma que la ley señale, a partir de ese momento, "ninguna autoridad o
individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado". Si bien esta
norma está considerada como regla relativa al derecho de defensa, la sola vinculación a la
"debida intervención del letrado" da pie para una remisión a este derecho. De esta manera,
estas trabas a la obtención de un proceso en forma sí se encuentran reguladas en los artículos
14.3 letra c) del PID-CyP que asegura el derecho "a ser juzgado sin dilaciones indebidas" y el
artículo 8.1 de la CADH que expresa que "toda persona tiene derecho a ser oída, con todas las
garantías y dentro de un plazo razonable". Es un derecho sostenido doblemente en los conceptos
indeterminados de "razonable" e "indebidas". La determinación de un plazo supondrá el
ejercicio de los derechos fundamentales de todos, como el derecho a ser oído y con las garantías
procesales mínimas.



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El TC ha reconocido esta garantía como un mandato al legislador en la configuración
de los procedimientos judiciales. Es decir, como una obligación constitucional que determina y
condiciona la reserva de ley en materia procesal. Por lo tanto, se trata de un "límite material"
a los procedimientos. El Tribunal sostiene que "también se manifiesta en los límites materiales
a todo procedimiento: el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y el derecho a obtener
una resolución judicial firme contra la cual no quepa recurso judicial alguno. Es parte de la
efectividad y justicia de todo procedimiento un derecho de acceso a la jurisdicción, tramitado
sin retardos formalistas y una resolución de fondo sobre el interés o derecho justiciable”
(García, G. y Contreras, P., El derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso
en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional chileno, Estudios Constitucionales
vol.11, N°2, Santiago, 2013).



II- SOBRE EL DEBIDO PROCESO LABORAL

7°. Que, para hacerse cargo de la acusación del requirente, en orden a no
respetarse su debido proceso, es necesario antes determinar en qué consiste esta
garantía en materia laboral. Al respecto, ha de tenerse en cuenta que nuestra
Constitución no define lo que debe entenderse por debido proceso, sino que
simplemente da luces acerca de su contenido: la sentencia debe ser antecedida por un
proceso legalmente tramitado, correspondiendo al legislador establecer las garantías
de un procedimiento racional y justo. Dentro de este marco, el constituyente regula
dos de los elementos configurativos del debido proceso, cuyo respeto en el caso de
marras no es objeto de discusión: el derecho al ser juzgado por un tribunal
prestablecido por ley y el derecho a defensa jurídica.

8°. Que, al intentar establecer cuáles son las garantías cuya presencia
determina la existencia de un procedimiento racional y justo, vemos que estas varían
según el procedimiento de que se trate. Las garantías específicas y su intensidad
cambiarán dependiendo de si estamos frente a un procedimiento penal, civil, de
familia, laboral, etc., según las particulares características de ese procedimiento y los
distintos intereses que estén en juego en el mismo. En consecuencia, el debido proceso
no cuenta con un contenido determinado de manera general y previa por nuestra
Constitución, y a nivel legal, este varía.

9°. Que, en el caso del derecho al recurso −que sería la garantía que según la
requirente no se cumple, y que por ende impediría la configuración de un debido
proceso en el caso concreto− esta Magistratura ha afirmado que “el diseño legislativo del
sistema recursivo es una “opción de política legislativa”. Esto obedece a que el legislador es
libre de establecer un sistema de recursos, en cuanto a su estructura, forma y especificación que
le parezcan pertinentes a la naturaleza y fines de la controversia para la protección de los
derechos e intereses comprometidos de los justiciables” (STC Rol N°14.504, c. 9°), lo que en
materia laboral se traduce en que “Nada impide que en materia laboral (Principio de
Protección) el legislador limite los recursos, puesto que dicha decisión obedece al mandato
constitucional de que el legislador laboral no tiene más limitación que el afectar derechos
fundamentales de forma preclara y determinantemente” (STC Rol N°13.166-22, c. 9°).



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10°. Que, en este sentido, este Tribunal ha declarado que “ha de tenerse presente
que el derecho al recurso, como requisito del debido proceso, admite una serie de matices y
precisiones. Por de pronto, la ausencia de recursos puede ser constitucionalmente aceptada y
compensada por la jerarquía, integración o composición e inmediación del tribunal que conoce
el asunto. Por su parte, cuando se reconoce legalmente el derecho al recurso, no existe la
exigencia constitucional respecto al tipo específico de recurso. La exigencia constitucional del
derecho al recurso como componente del debido proceso depende de múltiples circunstancias
sistemáticas y de contexto procesal, o incluso concretas, y no configura un requisito de validez
del juicio per se. La validez constitucional de una restricción legal al acceso a los recursos
procesales, ordinarios o extraordinarios, se juega en la existencia de una razón objetiva, no
discriminatoria, que justifique dicha diferencia de trato, en función de un fin
constitucionalmente legítimo y dejando siempre a salvo la existencia de otros recursos, acciones
u oportunidades que garanticen adecuadamente el derecho de defensa” (STC Rol N°14.155-
2023, c. 10°).

11°. Que, lo anteriormente expresado es coincidente con el derecho a ser
juzgado en un plazo razonable. En relación a este, el Tribunal Constitucional ha
afirmado que “la superposición de sucesivos recursos contribuye al efecto contrario a una
“pronta y cumplida administración de justicia” (artículo 77 de la Constitución) generando un
diseño institucional que permite la dilación indebida y el riesgo de no ser juzgado dentro de un
plazo razonable” (STC Rol N°9625-2020, c.10°).

12°. Que, como ya se dijo, la parte requirente interpuso anteriormente el
recurso de nulidad que fue acogido y dio lugar al segundo juicio. Ahora, la
demandante sostiene la inconstitucionalidad del artículo 482 del Código del Trabajo,
porque estaría impedida de ejercer su derecho al recurso, toda vez que en esta ocasión
intenta hacer valer una causal de nulidad distinta a la del primer recurso. Sin embargo,
como señaló el Tribunal Constitucional antes “es posible colegir que la intención de
presentar reiterados recursos de nulidad contraviene la certeza y seguridad jurídica, por cuanto
se manifiesta la voluntad de la parte que es vencida, en este caso la misma requirente, de revertir
dicho resultado, y no, necesariamente, de corregir los vicios que se presentan en una decisión
judicial en ausencia de las garantías propias de un debido proceso, sometiéndose a la posibilidad
que la corrección de la infracción invocada no cambie el resultado del juicio (…) 11°. En este
mismo sentido, cabe señalar que toda sentencia, en algún momento es agraviante para una de
las partes, específicamente para la parte vencida, y si el agravio implicara que siempre debe
haber un recurso que lo remedie, el proceso nunca podría tener fin.” (STC Rol N°8695-2020,
voto de minoría, c. 11°. Criterio reiterado en voto de mayoría STC Rol N°14.155-2023,
c. 12°).

Debe ponerse en perspectiva que la técnica del reenvío, que fue la que operó a
causa de la sentencia de nulidad del primer juicio, lleva ínsito un grado de retardo
“Recordemos que la casación nació como un mecanismo político de defensa del ordenamiento
jurídico, de tutela de la norma legal abstracta ─asumida como expresión de la voluntad del
poder legislativo─, protección que se expresaba en la invalidación de la sentencia, cuando
llegaba a contrariar el mandato del monarca o el mandato popular, en su caso. Originariamente
el órgano de casación no era el tribunal y de ahí que nunca tomaba la decisión. Se limitaba a



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anular y a reenviar el asunto al juez de la instancia, para que éste adoptara una nueva
resolución. Históricamente, el mantenimiento de ese sistema en el derecho comparado generó
demoras irracionales en la finalización del proceso y disputas absurdas entre las Cortes de
Casación y los tribunales de instancia, cuando éstos se resistían a resolver el asunto de un modo
coherente al motivo de la anulación, dando lugar a casaciones sucesivas inaceptables”
(Astudillo, O., El recurso de nulidad laboral. Algunas consideraciones técnicas, Thomson
Reuters, pp. 243 y 244).

13°. Que, en el caso no procede recurso de nulidad, lo que encuentra una
justificación razonable, pues no solo es coincidente con los principios formativos del
proceso, sino que además busca dar certeza y seguridad jurídica, cuestión esencial en
toda actuación ante tribunales. Como ya se ha recalcado en este fallo, ha señalado
antes esta Magistratura que “las necesidades de certeza y seguridad jurídica son inherentes
a la resolución de conflictos por medio del proceso, en lo que se basa la preclusión de la
impugnabilidad de las sentencias, frente a lo cual se está en la especie. (…)” (STC Rol
N°14.067-2023, c. 13°).

14°. Que, en la misma línea, esta disposición no solo encuentra una explicación
lógica a la luz de los objetivos del procedimiento laboral y los principios que lo rigen,
sino que también tiene un fin que es constitucionalmente legítimo: la prohibición de
“hacer revivir procesos fenecidos”, consagrada en el inciso primero del artículo 76 de la
Constitución. Al respecto, este Tribunal Constitucional ha dicho que “resulta obvio
concluir que la Constitución Política ha estructurado el ejercicio de la jurisdicción reconociendo
expresamente la fundamental premisa de la necesidad del fin del proceso como forma de
solución real y definitiva de los conflictos. Sin la aplicación del efecto de cosa juzgada, el
conflicto no queda resuelto, con lo cual el proceso no cumple con su función, reconociéndose
como única excepción a ello la acción de revisión de sentencias firmes, contemplada
expresamente en la legislación procesal y penal (STC Rol N° 1130, c. 17).” (STC Rol N°9870-
2020, voto de minoría, c. 11°, reiterado en STC Rol N°12.659, c. 18°).

15°. Que, en cuanto a las posibilidades de defensa de la parte requirente, si bien
el precepto impugnado impide que respecto de esta segunda sentencia dictada en el
nuevo juicio proceda recurso de nulidad, no se agotan con éste los mecanismos de
impugnación que el requirente tiene a su disposición. De esta forma, el demandante
tuvo la oportunidad de presentar la demanda, promover incidentes, presentar prueba,
y respecto de estos puntos existió un pronunciamiento en la segunda sentencia del
Juzgado, además de haber promovido antes, exitosamente, un recurso de nulidad.

En cuanto a los recursos, esta Magistratura ha señalado: “Además, se debe
considerar que no se han extinguido para el requirente todos los recursos procesales que nuestro
ordenamiento jurídico contempla, en particular mediante el ejercicio de las facultades
correctivas inherentes a la superintendencia que los tribunales superiores de justicia ejercen
sobre todos los tribunales de la Nación, acorde lo dispuesto en el artículo 82 constitucional”
(STC Rol N°3886-2017 INA, c. 11°). El derecho de impugnación no alude a un recurso
en específico y la sentencia que decida este proceso, al poner término al juicio y no
proceder a su respecto otros recursos ni ordinarios ni extraordinarios, será recurrible



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por vía del recurso de queja, argumentando que ha habido falta o abuso grave en su
dictación, sin perjuicio de las facultades de oficio que detenta la Corte Suprema en
esta materia según el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales. Así, revisado el
arco de derechos procesales que se han ejercido en esta causa y los que todavía pueden
ejercerse, no logra sostenerse la idea de que no se ha accedido a un justo y racional
procedimiento que conduzca a una decisión fundada del conflicto.

16°. Que, de esta forma, la decisión de sustituir o modificar el sistema de
acciones y recursos respecto de las decisiones judiciales constituye un asunto que −en
principio− debe ser decidido por el legislador dentro del marco de la deliberación
democrática.

17°. Que, como ya se adelantó, además del derecho al recurso, en el proceso
laboral se otorgan a ambas partes una serie de garantías, tales como el derecho a ser
juzgado por un tribunal establecido con anterioridad, compuesto de jueces
independientes e imparciales, la posibilidad de rendir prueba y defenderse, el
reconocimiento al principio de bilateralidad de la audiencia, etc.

De este modo, se ha dicho que “[…] el derecho a un proceso previo, legalmente
tramitado, racional y justo, que la Constitución asegura a todas las personas, debe contemplar
las siguientes garantías: la publicidad de los actos jurisdiccionales, el derecho a la acción, el
oportuno conocimiento de ella por la parte contraria, el emplazamiento, adecuada defensa y
asesoría con abogados, la producción libre de pruebas conforme a la ley, el examen y objeción
de la evidencia rendida, la bilateralidad de la audiencia, la facultad de interponer recursos para
revisar las sentencias dictadas por tribunales inferiores” (STC Rol N°1443-09, c. 11°).

18°. Que, todas las prerrogativas enumeradas en forma precedente se
materializaron en el caso concreto, sin que el requirente haya aportado ningún
antecedente que permita acreditar que los derechos fundamentales que alegó
vulnerados efectivamente no se respetaron. Ello, en adición a lo ya señalado en
relación con el derecho al recurso, vuelve inevitable el desechar la posibilidad de que
no se haya respetado el debido proceso.

19°. Que, en nada se altera lo dicho hasta ahora por el hecho de que la
requirente sea la parte trabajadora. Como ha señalado esta Magistratura, la
justificación de la limitación perdura en tanto constituye una forma de disminuir la
incidencia dentro del juicio que es neutra respecto de las partes, pero que tributa a la
celeridad, principio que resulta imprescindible en un proceso laboral y que se
encuentra establecido explícitamente como principio informativo en el artículo 425 del
Código del Trabajo. Así las cosas, no podría sostenerse que, por el solo hecho de que
en este supuesto específico quien pretenda apelar sea el trabajador, las normas en
cuestión devengan inconstitucionales (en este sentido, Roles N°13.029-2022, 13.675-
2022 y 14.256-2023, todas en el c. 9°).

20°. Que, por todo lo anterior, el requerimiento de inaplicabilidad impetrado
debe ser rechazado.




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0001948
UNO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO




VOTO POR ACOGER



Los Ministros señores MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, RAÚL MERA
MUÑOZ y HÉCTOR MERY ROMERO, y la Ministra señora MARCELA PEREDO ROJAS
estuvieron por acoger el requerimiento por las siguientes razones:

1°. Que si bien existen diferentes tesis relativas a la extensión del derecho al
recurso y aunque incluso entre nosotros podamos discrepar sobre su alcance, el hecho
es que concordamos todos en que ese derecho forma parte del debido proceso,
asegurado por el artículo 19 N°3 de la Constitución, y por ende en que ninguna
restricción puede anularlo por completo, lo que igualmente concordamos en que
acontece si respecto de sentencias finales en procesos de rango relevante, tanto por su
cuantía como por la naturaleza de los derechos involucrados, se niega toda forma de
revisión procesal. Desde luego que puede inclusive irse más allá, según el parecer de
cada cual, pero en el extremo referido todos los disidentes concordamos.

2°. Que esa denegación de todo recurso es exactamente lo que ocurre si,
anulado un juicio por vicios de los referidos en el artículo 477 del Código del Trabajo,
se niega recurso a la parte que resulta vencida en el segundo juicio, so pretexto de que
el derecho a recurrir se agotó con el ejercido respecto del primer juicio. Eso no parece
aceptable por varias razones. En primer lugar, porque no hay tal “primer juicio”. El
llamado así se anuló, luego, desapareció de la vida jurídica. En segundo lugar, porque
nada tiene que ver los vicios de un juicio anulado con los que puedan afectar al
llamado segundo juicio, que no tiene por qué verse eximido de la debida revisión que
evite no solo posibles errores sino posibles vicios, quizás graves, solo porque otro
ejercicio anterior distinto, ya fue anulado. En tercer lugar, porque en materia laboral
esa revisión es todavía más evidentemente indispensable, dado que el tribunal de
base es unipersonal.

3°. Que por si lo anterior no bastare, repárese en que la nulidad respecto del
llamado primer juicio se produjo por un grave defecto formal, infractor de garantías,
de manera que nunca hubo revisión del fondo, de la prueba, de su análisis o de las
consideraciones jurídicas. En el recurso de nulidad que está en la base de lo que
constituye la actual gestión pendiente, en cambio, la nulidad se pide por razones del
artículo 478 del Código del Trabajo, razones que, además, son propias y exclusivas
del llamado segundo fallo, jamás examinado por un tribunal superior. Con la tesis de
que el recurso se agotó, mejor resultaría no intentar nulidades por la causal formal
del artículo 477, si el fondo de lo decidido perjudica al recurrente, como será lo obvio
para que intente el remedio, pues será esa su única oportunidad para que la Corte
revise ese fondo, por lo cual sería siempre aconsejable optar solo por las causales del
artículo 478, lo que carece de racionalidad, en la lógica del sistema, de modo que
ciertamente privarle del recurso de nulidad al vencedor del primitivo recurso de
nulidad, respecto del segundo fallo, atenta contra la garantía de racionalidad y



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UNO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE




justicia, propia del debido proceso, incluso más allá del derecho mismo al recurso,
como garantía también incluida en la misma norma constitucional.

4°. Que, aunque no creemos que la tesis de la repetición ad eternum de los
juicios sea nunca certera, para privar de recursos al perjudicado por el llamado
segundo fallo, mucho menos puede serlo en este caso, en que la nulidad ahora en
entredicho se fundamenta en causales que, de ser acogidas, obligan a la Corte de
Apelaciones a dictar sentencia de reemplazo, de modo que es jurídicamente
imposible que aquí se pudiera llegar a un tercer juicio.



Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93 incisos primero,
N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la
Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional
del Tribunal Constitucional,



SE RESUELVE:



I. QUE, HABIÉNDOSE PRODUCIDO EMPATE DE VOTOS, NO SE
HA OBTENIDO LA MAYORÍA EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 93,
INCISO PRIMERO, NUMERAL 6°, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA PARA DECLARAR LA INAPLICABILIDAD
REQUERIDA, POR LO CUAL SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO
DEDUCIDO A FOJAS 1.

II. ÁLCESE LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA
EN AUTOS. OFÍCIESE.



Redactó el voto por rechazar el requerimiento la Presidenta, Ministra señora
DANIELA MARZI MUÑOZ. El voto por acogerlo fue escrito por el Ministro señor RAÚL
MERA MUÑOZ.



Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N° 15.997-24-INA




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UNO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA




Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida María Pía Silva Gallinato
Fecha: 21/10/2025 Fecha: 21/10/2025



Miguel Angel Fernández González Raúl Eduardo Mera Muñoz
Fecha: 22/10/2025 Fecha: 22/10/2025



Marcela Inés Peredo Rojas
Fecha: 21/10/2025



Alejandra Precht Rorris
Fecha: 21/10/2025


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta,
Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros señora Nancy
Adriana Yáñez Fuenzalida, señora María Pía Silva Gallinato, señor Miguel Ángel
Fernández González, señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señor Héctor Mery
Romero, señora Marcela Inés Peredo Rojas y señora Alejandra Precht Rorris.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional, señor Sebastián
López Magnasco.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 22/10/2025




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