TC Rol 15998

Texto completo

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TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA




Santiago, veinte de diciembre de dos mil veinticuatro.



A fojas 1208 y 2452, a todo, ténganse por acompañados los documentos.

A fojas 3074, a todo, teniendo presente lo dispuesto en el artículo 44 de
la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, no ha
lugar por improcedente.



VISTOS

Y CONSIDERANDO:

1°. Que, con fecha 2 de diciembre de 2024, las Honorables Diputadas y
los Honorables Diputados Emilia Schneider Videla; María Candelaria Acevedo
Sáez; Jaime Araya Guerrero; Mónica Arce Castro; Boris Barrera Moreno; María
Francisca Bello Campos; Jorge Brito Hasbún; Karol Cariola Oliva; Nathalie
Castillo Rojas; Luis Alberto Cuello Peña y Lillo; Viviana Delgado Riquelme;
Lorena Fries Monleón; Ana María Gazmuri Vieira; Andrés Giordano Salazar;
Félix González Gatica; Carmen Hertz Cádiz; Diego Ibáñez Cotroneo; Daniel
Melo Contreras; Claudia Mix Jiménez; Javiera Morales Alvarado; Camila
Musante Müller; Jaime Naranjo Ortiz; Emilia Nuyado Ancapichún; Ericka
Ñanco Vásquez; Maite Orsini Pascal; Hernán Palma Pérez; Catalina Pérez
Salinas; Lorena Pizarro Sierra; Alejandra Placencia Cabello; Matías Ramírez
Pascal; Marcela Riquelme Aliaga; Camila Rojas Valderrama; Patricio Rosas
Barrientos; Jaime Sáez Quiroz; Clara Sagardia Cabezas; Juan Santana Castillo;
Marisela Santibáñez Novoa; Daniela Serrano Salazar; Carolina Tello Rojas;
Consuelo Veloso Ávila; Gonzalo Winter Etcheberry, y Gael Yeomans Araya, que
constituyen más de la cuarta parte de los miembros en ejercicio de dicha
Corporación, han deducido ante esta Magistratura, conforme al artículo 93
inciso primero, N° 3°, de la Constitución Política de la República, un
requerimiento de inconstitucionalidad respecto de la Glosa 46, común a la
Partida 16 del Ministerio de Salud, contenida en el Proyecto de ley de
Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2025, Boletín N°17.142-
05;

2°. Que, a fojas 1205, la señora Presidenta del Tribunal dispuso oficiar a
S.E. el Presidente de la República, de acuerdo con lo establecido en el artículo
64 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional;

3°. Que, a efectos de solicitar tener por cumplidos los requisitos
previstos en el artículo 63 de la ley orgánica constitucional señalada, en el
primer otrosí del requerimiento, a fojas 26 y 27, y en presentaciones que se
leen a fojas 1208 y 2452, la parte requirente acompañó al proceso las actas de
sesiones de sala o comisión en que, de acuerdo con lo argumentado en el
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libelo, fueron formuladas reservas de constitucionalidad respecto de la
disposición impugnada a fojas 1 y siguientes.

Así, a fojas 1208, en escrito de 5 de diciembre del presente año,
acompaña los siguientes documentos:

“1. Acta de la sesión especial 103ª de la Cámara de Diputadas y
Diputados, del 14 de noviembre de 2024, donde consta la discusión en torno a la
indicación 6.1, 6.2 y 6.3 que insertó la glosa 46, común a la partida 16,
impugnada en este requerimiento (págs. 167, intervención de la H. D. Francesca
Muñoz; 177, intervención de la H. D. Urruticoechea, 186-187, intervención de la
H. D. Sánchez, 200-201, intervención de la H. D. Schubert, 215-216, intervención
de la H. D. Weisse) y la reserva de constitucionalidad realizada por la
parlamentaria representante del requerimiento de autos (p. 239).

2. Partida 16 del Ministerio de Salud, tal y como fue despachada al
Ejecutivo luego de la total tramitación del proyecto de ley de Presupuestos para
el Sector Público correspondiente al año 2025, correspondiente al Boletín N°
17142-05. En su página 12 (p. 498 del archivo digital) consta la glosa 46 nueva,
común a susodicha partida, impugnada en el requerimiento de autos.

Estos dos primeros documentos, vienen antecedidos de un Certificado del
Secretario General Accidental de la Cámara de Diputadas y Diputados, que da fe
del carácter de copia auténtica de los mismos, con fecha 5 de diciembre de 2024.

3. Copia del informe de la Tercera Subcomisión Mixta de Presupuestos, de
fecha 29 de octubre de 2024, dirigido a la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos, acerca de la tramitación que dio aquélla a la Partida 16 del
proyecto de ley de Presupuestos para el Sector Público correspondiente al año
2025, correspondiente al Boletín N° 17142-05.

En este informe, consta el debate parlamentario (p. 67, pregunta del H. D.
Romero, p. 81, respuesta de la Ministra de Salud) y presentación, debate y
aprobación de la indicación de los H. S. Ebensperger y Prohens y del H. D.
Romero (p. 91-93), aprobada en esta Tercera Subcomisión Mixta, que insertó una
glosa (en ese entonces) número 36, con idéntico texto a la glosa impugnada en
este requerimiento, que finalmente tuvo el número 46.

4. Copia del informe de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, de
fecha 11 de noviembre de 2024, acerca de la tramitación del proyecto de ley de
Presupuestos para el Sector Público correspondiente al año 2025,
correspondiente al Boletín N° 17142-05. En ese informe, consta la indicación 148
del Ejecutivo, que elimina la glosa (en ese entonces) número 36 (p. 161) y la
votación que aprueba la misma (p. 195).”;

Luego, a fojas 2452, adjunta los siguientes antecedentes:
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“1. Copia certificada por el Secretario General del Senado del informe de
la Tercera Subcomisión Mixta de Presupuestos, de fecha 29 de octubre de 2024,
dirigido a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, acerca de la tramitación
que dio aquélla a la Partida 16 del proyecto de ley de Presupuestos para el Sector
Público correspondiente al año 2025, correspondiente al Boletín N° 17142-05.

Como se indicó también en la presentación de ayer, en este informe,
consta el debate parlamentario (p. 67, pregunta del H. D. Romero, p. 81,
respuesta de la Ministra de Salud) y presentación, debate y aprobación de la
indicación de los H. S. Ebensperger y Prohens y del H. D. Romero (p. 91-93),
aprobada en esta Tercera Subcomisión Mixta, que insertó una glosa (en ese
entonces) número 36, con idéntico texto a la glosa impugnada en este
requerimiento, que finalmente tuvo el número 46.

2. Copia certificada por el Secretario General del Senado del informe de la
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, de fecha 11 de noviembre de 2024,
acerca de la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos para el Sector
Público correspondiente al año 2025, correspondiente al Boletín N° 17142-05.

Como se indicó también en la presentación de ayer, en este informe,
consta la indicación 148 del Ejecutivo, que elimina la glosa (en ese entonces)
número 36 (p. 161) y la votación que aprueba la misma (p. 195).

3. Copia certificada por el Secretario General del Senado del Diario de
Sesiones de la sesión 78ª, especial, legislatura 372ª, del H. Senado del miércoles
20 de noviembre de 2024, en los siguientes extractos:

(i) desde las 18:21:50 horas, hasta las 18:44:10 horas, correspondiente al
momento DESDE el que el Secretario General da cuenta de las inadmisibilidades
de una serie de indicaciones, y en particular, se abre el debate sobre la
admisibilidad de la indicación 334 de los H. S. Walker y Rincón, relacionada con
las hormonoterapias en menores de 18 años (y que se acompaña también en este
escrito); HASTA la votación de dicha admisibilidad (véase p. 17 de este
documento), en la que la Sala del Senado la declaró inadmisible por 22 votos a
favor y 20 en contra, y;

(ii) desde las 19:01:07 horas hasta las 19:12:52 horas, correspondiente al
momento DESDE que empieza el debate de la indicación 195 del Ejecutivo (que se
acompaña también en este escrito) que buscaba eliminar la glosa 46 de la
partida 16; HASTA su votación (véase p. 25 de este documento) en la que la Sala
del Senado la rechazó por 22 votos en contra y 19 a favor. También en este
extracto consta la intervención del H. S. Rojo Edwards (p. 20-22), que se cita en el
requerimiento de autos.

Por último, cabe señalar que este último documento no se acompañó con
anterioridad, dado que el Diario de Sesiones de la sesión antedicha, aún se
encuentra en etapa de elaboración y revisión.
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TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES




4. Copia de la indicación 334 de los H. S. Rincón y Walker sobre la partida
16, durante el segundo trámite constitucional del proyecto de ley de
Presupuestos para el Sector Público correspondiente al año 2025,
correspondiente al Boletín N° 17142-05.

5. Copia de la indicación 195 del Ejecutivo sobre la partida 16, durante el
segundo trámite constitucional del proyecto de ley de Presupuestos para el
Sector Público correspondiente al año 2025, correspondiente al Boletín N°
17142-05.”;

Lo anterior, sin perjuicio de los antecedentes acompañados al
requerimiento, conforme se anotó precedentemente;

4°. Que, el objetivo de la admisión a trámite de los libelos presentados
ante el Tribunal Constitucional es asegurar que el conflicto planteado sea
alguno de aquellos que le compete resolver según lo que dispone la Carta
Fundamental, lo cual obliga a revisar si cumplen con los presupuestos
procesales que exige tanto la propia Constitución como la ley orgánica del
Tribunal Constitucional, cuales son, básicamente, que el problema de
constitucionalidad planteado tenga fundamento plausible y que se adjunten
todos los antecedentes imprescindibles para su debida decisión;

5°. Que, atendida la revisión de los documentos fundantes de la
impugnación constitucionalidad deducida a fojas 1 y siguientes, es que el
requerimiento debe ser inadmitido a tramitación. No se ha dado cumplimiento
a las exigencias establecidas en el artículo 63 inciso primero de la Ley N°
17.997, Orgánica Constitucional de este Tribunal -estrechamente vinculado con
su inciso segundo- en la necesaria configuración de una reserva o cuestión de
constitucionalidad que, en lo alegado, se encuentre debidamente
correlacionada entre la discusión suscitada y planteada en el debate legislativo
con aquello que es argumentado en el requerimiento de inconstitucionalidad
cuando sea ejercida la competencia contenida en el artículo 93 inciso primero,
N° 3°, de la Constitución, como sucede en el presente caso;

6°. Que, el requerimiento deducido a fojas 1 cuestiona una determinada
Glosa contenida en la Partida 16 del Ministerio de Salud. Luego de explicarse
los principales hitos de su discusión y aprobación ante el Congreso Nacional, a
fojas 7 y siguientes, la parte requirente de las Honorables Diputadas y de los
Honorables Diputados, explica que la disposición aprobada, incorporada al
proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público del año 2025, contraviene
la igualdad ante la ley, consagrada en normas constitucionales, “como el
propio artículo 1°, inciso 1°; como en el catálogo de derechos del artículo 19,
tanto en su numeral 2°, que asegura a todas las personas la “igualdad ante la
ley”, como en su numeral 3° que asegura la “igual protección de la ley” en el
ejercicio de los demás derechos”, añadiendo que “la glosa impugnada, produce
una diferenciación no razonable entre los “menores de edad” (que en adelante,
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TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO




entenderemos como una expresión que se refiere a niñas, niños y adolescentes
menores de 18 años) que necesitan usar o podrían necesitar usar, medicamentos
con fines de uso de terapia hormonal como tratamiento de la disforia de género,
que para los efectos de nuestro examen constitucional, denominaremos
simplemente como adolescentes de género diverso o de género no conforme.
Sobre la evidencia existente que podría dar lugar a la necesidad misma de
hormonoterapia en adolescentes de género no conforme, nos referiremos más
adelante” (fojas 7).

En igual sentido, en la petitoria del requerimiento, a fojas 26, señala que
la impugnación está fundada en contravención al artículo 19 N° 2 de la
Constitución Política;

7°. Que, a su turno, en la tramitación legislativa efectivamente consta
reserva de constitucionalidad formulada a la indicación que dio origen a la
glosa impugnada en el requerimiento.

A fojas 1953 y 1954, en el Informe de la Tercera Subcomisión Mixta de
Presupuestos, de 29 de octubre de 2024, rola lo que se continuación se
transcribe:

“-Seguidamente, con la misma votación, esto es, tres votos a favor
(Senadora señora Ebensperger, Senador señor Prohens y Diputado señor
Romero) y dos votos en contra (Diputada señora Yeomans y Senador señor
Latorre) se aprobó la indicación que contempla una glosa 36 nueva, en las
glosas comunes de la Partida Ministerio de Salud.

A propósito de esta materia, el Presidente de la Tercera Subcomisión
concedió la palabra a la Ministra de Salud, señora Ximena Aguilera Sanhueza,
quien reafirmó que no existe un programa ministerial que tenga como finalidad
entregar terapia hormonal o cirugía a personas que estén siendo acompañadas
por temas de disforia de género. Lo que sí ocurre –explicó- en los centros de
salud, es que se presentan patologías que requieren terapia hormonal, como
también hay personas y jóvenes que están siendo acompañados y que han
recurrido a médicos que sí les han indicado esas terapias de bloqueo hormonal
para esperar a que estén en un momento de mayor madurez y puedan terminar
sus procesos de transición. Esas situaciones siempre cuentan con la autorización
y el respaldo de los padres, y es parte de la evaluación clínica que se realiza. Las
hormonas son parte del arsenal terapéutico que utiliza el Ministerio y, por ende,
los hospitales, porque se aplican en distintas patologías, por ejemplo, en los
niños que tienen pubertad precoz.

La Senadora señora Ebensperger le preguntó a la Ministra de Salud ¿en
qué capítulo, en qué ítem o asignación se encuentran los recursos destinados a
estas terapias que usted ha señalado?
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TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO




La Ministra de Salud, señora Ximena Aguilera, reiteró que no se cuenta
con un programa ministerial que vaya orientado a dar terapia hormonal o
cirugía a personas que estén siendo acompañadas por temas de disforia de
género.

-Finalmente, la Ministra de Salud, señora Ximena Aguilera Sanhueza hizo
reserva de constitucionalidad sobre la indicación que fue declarada admisible.”

Luego, en Acta de la Sesión 103ª, de 14 de noviembre de 2024, de la H.
Cámara de Diputadas y Diputados, de la 372ª Legislatura, a fojas 1449 se lee lo
siguiente:

“La señorita SCHNEIDER.- Señorita Presidenta, hago reserva de
constitucionalidad sobre las indicaciones Nos 6.1, 6.2 y 6.3, recientemente
aprobadas, porque vulneran el artículo 65, inciso tercero, de la Constitución
Política, estableciendo una restricción a la ejecución presupuestaria del
Estado. He dicho”.

Posteriormente, a fojas 1454, es anotado:

“El señor BENAVENTE.- Señorita Presidenta, solo quiero pedirle al
Secretario que certifique el hecho de que la reserva de constitucionalidad
respecto de las indicaciones Nos 6.1, 6.2 y 6.3 solo fue hecha por la diputada
Emilia Schneider y que el gobierno no hizo reserva de constitucionalidad.

El señor MARCEL (ministro de Hacienda).- Señorita Presidenta, el
Ejecutivo ya hizo reserva de constitucionalidad respecto de esas indicaciones
en la Comisión Mixta y, por lo tanto, obviamente, eso se mantiene.”;

8°. Que, por lo previamente transcrito, el requerimiento no contiene
una exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho que le sirven de
apoyo al no existir congruencia entre la cuestión de constitucionalidad
planteada en el Congreso Nacional y el vicio que se aduce, por cuanto las
normas que se estiman transgredidas no fueron objeto de la cuestión y reserva
de constitucionalidad formulada, lo que se desprende de las respectivas
alegaciones y constancias precedentes, en su correlación con el requerimiento
presentado ante este Tribunal;

9°. Que, este criterio reafirma la jurisprudencia del Tribunal que, ya
desde su origen en 1970, lo configura como un órgano jurisdiccional autónomo
encargado de resolver las discrepancias que se produjeran entre los órganos
colegisladores respecto de la recta interpretación y aplicación de la
Constitución por las leyes, tratados y reformas constitucionales, facultad que
recoge en idénticos términos el numeral 3° del artículo 93 de la Constitución.
Para poder ejercer dicha facultad, la ley orgánica constitucional del Tribunal
Constitucional dispone que resulta indispensable que los requerimientos que
soliciten la decisión de tales contiendas expongan “en forma precisa la cuestión
de constitucionalidad” (artículo 63 inciso primero de la Ley N° 17.997, Orgánica
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Constitucional del Tribunal Constitucional), por lo que deben hacerse cargo del
problema suscitado en la deliberación legislativa.

A este respecto, el 93 inciso primero, N° 3°, de la Constitución, dispone
que es facultad del Tribunal Constitucional resolver “las cuestiones de
constitucionalidad que se susciten”. Y, al efecto, éste ya se ha pronunciado para
delimitar el sentido y alcance de esta exigencia, resolviendo que “las
cuestiones de constitucionalidad han sido entendidas por este Tribunal como "un
desacuerdo, una discrepancia sobre la preceptiva constitucional entre los
órganos colegisladores. Tal discrepancia puede surgir entre el Poder Ejecutivo y
el Poder Legislativo o en el seno mismo del segundo” (STC Rol N° 23, c. 4°; STC
Rol N° 1504, c. 11);

10°. Que, además, deben concurrir copulativamente otros requisitos
para que el Tribunal pueda ejercer la atribución que se le confiere: ”b)Que la
desigual interpretación de las normas constitucionales, en el caso en estudio, se
produzca en relación a un proyecto de ley o a una o más de sus disposiciones; c )
Que la discrepancia que se suscite sobre la preceptiva constitucional en relación
a las normas de un proyecto de ley sea precisa y concreta. Esta condición
delimita la competencia del Tribunal para resolver el asunto sometido a su
consideración y adquiere especial relevancia, si se recuerda que la acción sólo
puede ser deducida por titulares nominativamente señalados por la Carta
Fundamental y que el Tribunal no puede actuar de oficio, debiendo ajustar su
resolución estrictamente al "objeto pedido" en el requerimiento, y d) Que la
cuestión de constitucionalidad se suscite “durante la tramitación del proyecto de
ley”. En consecuencia, el período en que puede formularse el requerimiento,
durante el proceso de formación de la ley, se extiende desde el momento en que
el proyecto respectivo ha iniciado su tramitación legislativa y hasta aquel en que
se ha "producido la sanción expresa, tácita o forzada de la ley, es decir, ya
aprobada por el Presidente o transcurrido el plazo para observarla o
comunicado por la Cámara de origen el resultado de las observaciones que se
hubieren formulado" (Silva B., Alejandro, El Tribunal Constitucional, Estudio
contenido en la obra "La Reforma Constitucional de 1970", pág. 249)” (STC Rol
N° 23, c. 4°; STC Rol N° 2160, c. 7°);

11°. Que, en estos términos, como el requisito constitucional
necesariamente reconduce al procedimiento legislativo, la cuestión de
constitucionalidad debe suscitarse "durante la tramitación...", y,
específicamente, en la fase de deliberación y discusión del proyecto de ley. Por
ello, esta Magistratura ha indicado que “cabe desechar el argumento que la
cuestión se suscita con el requerimiento en sede jurisdiccional del Tribunal
Constitucional. Con eso quedaría diferida la cuestión de constitucionalidad fuera
del Congreso. Ese extremo es demasiado laxo. Por el contrario, la exigencia es
que se suscite la cuestión. La Constitución no agrega nada más. No indica que
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deba tratarse de un debate intenso, completo y detallado en la tramitación
parlamentaria. Ni tanto ni tan poco. La atribución del Tribunal Constitucional es
resolutiva y no consultiva, por lo cual, debe necesariamente resolver un
problema y no estudiar ex post algo que no estuvo suficientemente decantado en
el Congreso” (STC Rol N° 6662, c. 9°).

Asimismo, en la resolución que no admitió a trámite el requerimiento
Rol N° 10.774 fue asentado lo que se viene razonando, en tanto al explicarse el
rol de la reserva que se formuló en tal causa, ella “cumple la función de dar un
debate de constitucionalidad ad intra en el propio Congreso Nacional, para que
tales cuestiones sean discutidas y abordadas, reforzando el carácter de última
ratio del control de constitucionalidad que desarrolla esta Magistratura,
reconociendo que la deliberación legislativa dentro de los márgenes
constitucionales adopta, prima facie, un verdadero cariz de mecanismo
autocompositivo de resolución de conflictos y que solo tras no resultar eficaz
emergerán la jurisdicción y el proceso para su solución” (c. 34°);

12°. Que, por lo tanto, si bien es posible que en el requerimiento se
formulen alegaciones adicionales a la cuestión de constitucionalidad suscitada
durante la tramitación del proyecto, el requerimiento no puede obviar hacerse
cargo de la referida discrepancia, lo que se produce al examinar el presente
requerimiento en la correlación con la discusión planteada en el Congreso
Nacional.

Lo afirmado no obsta a que, encontrándose adecuadamente
desarrollado el requerimiento, el Tribunal Constitucional pueda hacer uso de
la atribución que le confiere el artículo 69 para eventualmente declarar la
inconstitucionalidad de la norma cuestionada basada en fundamentos
constitucionales distintos de aquellos invocados por las partes;

13. Que, entonces, la competencia acotada que tiene el Tribunal le
impide suplir las deficiencias de un requerimiento defectuosamente diseñado,
ya que no puede “complementar un requerimiento de parte o autoconfigurarse
conflictos para conocerlos sin que las partes cumplan su carga procesal de
plantearlos en forma” (STC Rol N° 8574, c. 11°);

14°. Que, en el caso del libelo desarrollado a fojas 1, se formuló reserva
de constitucionalidad fundada en vulneración al artículo 65 inciso tercero de
la Carta Fundamental, mientras que el requerimiento no se funda en dicho
vicio, sino en la infracción de la igualdad ante la ley establecida en el artículo
19 N° 2° de la Constitución, lo cual impide que se haya trabado adecuadamente
el conflicto constitucional que se presenta al conocimiento y resolución de esta
Magistratura.
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Por lo anterior, éste no cumple con las exigencias que dispone el inciso
primero del artículo 63 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de este
Tribunal, y así debe ser declarado.



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 93 incisos
primero, N° 3°, cuarto, quinto y sexto, de la Constitución Política de la
República y lo prescrito en los artículos 61 y siguientes de la Ley N° 17.997,
Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,



SE RESUELVE:



Que no se acoge a tramitación el requerimiento deducido a lo
principal de fojas 1. Téngase por no presentado para todos los efectos legales.
A los otrosíes, estese a lo resuelto.



DISIDENCIA



Acordada con el voto en contra de las Ministras señoras DANIELA
MARZI MUÑOZ, Presidenta, NANCY YÁÑEZ FUENZALIDA, CATALINA LAGOS
TSCHORNE y del Ministro señor MARIO GÓMEZ MONTOYA, quienes estuvieron
por admitir a tramitación el requerimiento de fojas 1 de forma íntegra,
atendidas las razones siguientes:

1°. Que, el artículo 93 inciso primero, N° 3°, de la Constitución señala
que es atribución del Tribunal Constitucional resolver las “cuestiones sobre
constitucionalidad” que se susciten durante la tramitación de los proyectos de
ley. Por su parte, el artículo 63 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de
esta Magistratura dispone, en su inciso primero, que deberá señalarse en
forma precisa la “cuestión de constitucionalidad” y luego agrega, en su inciso
segundo, que deberán acompañarse “en su caso” las copias íntegras de las
actas de sesiones de sala o comisión en “las que se hubiere tratado el
problema”. Ello se diferencia de la exigencia prescrita en el inciso tercero de la
misma disposición, en relación con la carga de acompañar “en todo caso” el
proyecto de ley correspondiente. En este sentido, se colige que ni la
Constitución ni la ley exigen la promoción previa de una reserva de
constitucionalidad para el ejercicio de la prerrogativa contemplada en el
artículo 93 N° 3 de la Carta Fundamental, como ha sido argüido por el
pronunciamiento de mayoría;
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2°. Que, conforme a una interpretación finalista de la mención que
realiza el inciso segundo del artículo 63 de la Ley N° 17.997, Orgánica
Constitucional del Tribunal Constitucional, la jurisprudencia de esta
Magistratura ha resuelto expresamente que “la cuestión de constitucionalidad
que se suscite durante la discusión parlamentaria, bien puede resultar de la
revisión de la historia fidedigna de la ley, sin que sea menester una constancia
formal para tenerla por establecida y hacer efectiva, puesto que, de existir, ésta
más bien tiene por objeto facilitar la identificación del examen de
constitucionalidad que ha de efectuarse, tanto como facilitar su comprensión
por parte de la comunidad jurídica” (STC Rol N° 1894-11, c. 9°, énfasis
agregado). En esta sentencia se hace referencia a lo razonado en igual sentido
en la STC Rol N° 1869, c. 8°.

Ello se condice, además, con el carácter ilustrativo que tienen los demás
antecedentes y documentos señalados en el inciso segundo en comento, esto
es, en relación con “instrumentos, escritos y demás antecedentes invocados”, los
que se exigen con miras a efectuar un adecuado entendimiento del contexto
en el que se suscitó el conflicto de constitucionalidad planteado en el
requerimiento. Se trata de documentos y antecedentes que no pueden
considerarse como un requisito de procesabilidad, a menos que -en su caso-
fueran invocados por los requirentes.

3°. Que, tal como consta a fojas 27, al presente requerimiento se
acompaña certificado del Secretario General de la Cámara de Diputadas y
Diputados, en que consta que la reserva de constitucionalidad efectuada
respecto de las indicaciones que incorporaron la glosa 46, común a la partida
16 del Ministerio de Salud, del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector
Público correspondiente al año 2025, Boletín N°17.142-05, por una de las
requirentes en estos autos, Honorable Diputada Emilia Schneider Videla, en la
sesión de Sala 103°a especial de la H. Cámara de Diputadas y Diputados del
jueves 14 de noviembre del presente año.

Conforme consta a fojas 1449, la requirente formuló reserva de
constitucionalidad respecto de las indicaciones en comento, por resultar
contrarias al “artículo 65, inciso tercero, de la Constitución Política,
estableciendo una restricción a la ejecución presupuestaria del Estado”;

4°. Que, de este modo, el estándar que se está fijando por la mayoría en
el presente requerimiento, es no sólo el de exigir como requisito de
procesabilidad la existencia reserva de constitucionalidad durante la
tramitación del proyecto de ley, sino que también la existencia de identidad
entre (i) el fundamento jurídico-normativo de la reserva de constitucionalidad
y (ii) las normas que se estiman transgredidas en el libelo del requerimiento,
al precisar la cuestión de constitucionalidad y los vicios que se aducen.
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Al respecto, cabe advertir, por una parte, que no existe norma
constitucional ni legal alguna que establezca un requisito como este, ni
tampoco que dé pie a una interpretación como la que se sostiene. Y por otra,
que una exigencia como esa, implicaría dejar trabada la cuestión de
constitucionalidad durante la discusión legislativa, y no en sede constitucional,
que es lo que exige el artículo 63 de la Ley Orgánica de este Tribunal;

5°. Que, ello resulta, además, inconsistente con el diseño establecido por
el legislador orgánico para conocer de las cuestiones de constitucionalidad
sobre proyectos de ley de acuerdo con la atribución consagrada en el artículo
93, N° 3 de la Constitución, puesto que el artículo 69 de la Ley N° 17.997,
Orgánica del Tribunal Constitucional, incluso faculta a esta Magistratura
-aunque excepcionalmente- a “declarar la inconstitucionalidad de las normas
cuestionadas basado únicamente en fundamentos constitucionales distintos a
aquellos que han sido invocados por las partes en la litis”, en base al principio
iura novit curia y su competencia específica para salvaguardar la supremacía
constitucional. Ello se debe a que es precisamente éste y no otro órgano el
competente para efectuar la calificación sobre la existencia de una cuestión de
constitucionalidad suscitada durante la tramitación de un proyecto de ley,
atendido el carácter técnico que reviste esta Magistratura.

6°. Que, finalmente, en el ejercicio de la facultad de control preventivo
de constitucionalidad, la interpretación de las potestades con que cuenta esta
Magistratura debe efectuarse restrictivamente. El Tribunal Constitucional, en
tanto órgano público, sólo puede actuar dentro de su competencia y no puede
ejercer más facultades que las que expresamente le confiere la Constitución o
la ley, en línea con lo dispuesto por el artículo 7° de la Constitución. Por lo
mismo, crear exigencias o requisitos que no se encuentran establecidos en las
normas que rigen su proceder resulta desajustado al marco constitucional y
normativo orgánico que fija su esfera competencial.

7°. Que, el voto de mayoría sostiene que el requisito constitucional
relativo a que la cuestión de constitucionalidad se suscite “durante la
tramitación” alude a que debe verificarse “específicamente, durante la fase de
deliberación y discusión del proyecto de ley”, desechando con ello el argumento
de que la cuestión pueda suscitarse con el requerimiento en sede
jurisdiccional del Tribunal Constitucional, ya que ello implicaría diferir la
cuestión fuera del Congreso Nacional. Agregan además que la atribución de
esta Magistratura es “resolutiva y no consultiva, por lo cual, debe
necesariamente resolver un problema y no estudiar ex post algo que no estuvo
suficientemente decantado en el Congreso”;

8°. Que, al respecto, sostenemos, por una parte, que un razonamiento
como ese no se hace cargo de lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 93 de
la Constitución, en virtud del cual “el Tribunal sólo podrá conocer de la materia
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TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO




a requerimiento del Presidente de la República, de cualquiera de las Cámaras o
de una cuarta parte de sus miembros en ejercicio, siempre que sea formulado
antes de la promulgación de la ley o de la remisión de la comunicación que
informa la aprobación del tratado por el Congreso Nacional y, en caso alguno,
después de quinto día del despacho del proyecto o de la señalada comunicación”.
Es decir, el propio constituyente admite la posibilidad de que la cuestión de
constitucionalidad sea formulada después de despachado el proyecto de ley
por Congreso Nacional. Y, en cualquier caso, la referencia a que la cuestión de
constitucionalidad se suscite “durante la tramitación” del proyecto de ley, se
relaciona más bien con el carácter preventivo de dicho control, que como
exigencia de la formulación de una reserva de constitucionalidad en los
términos descritos por la mayoría.

Y, por otra parte, que señalar que se trata de una atribución “resolutiva
y no consultiva” para justificar la necesidad de que la cuestión de
constitucionalidad planteada mediante el requerimiento deba haber sido
“decantada” en el Congreso, implica ignorar (i) que el Constituyente determinó
que es una atribución que no procede de oficio ni de forma obligatoria,
estableciendo como legitimados activos justamente a los órganos
colegisladores -lo que cautela el principio democrático-, y; (ii) que el legislador
orgánico se preocupó de establecer un procedimiento que asegura la
posibilidad de presentar observaciones ante el Tribunal Constitucional, a fin
de que este pueda resolver escuchando las distintas posturas de los órganos
legitimados que existen en el debate;

9°. Que, en todo caso, no debe pasarse por alto el hecho de que,
tratándose del control preventivo en el que una parte de los integrantes de la
Cámara de Diputados y diputadas solicita a esta magistratura pronunciarse
sobre la constitucionalidad de un proyecto de ley, posee un umbral de
seriedad definido en la propia constitución, a saber, el quórum que es
necesario alcanzar para poder presentar el requerimiento ante este tribunal.
Por ello, la razonable y compartida preocupación de que esta Magistratura
ejerza con mesura sus competencias, dado su carácter contramayoritario,
debe reflejarse en su razonamiento, con el que se deben honrar los principios
que guían su actividad jurisdiccional, particularmente el principio de
deferencia al legislador, el principio de presunción de constitucionalidad de la
ley y el principio de pasividad;

10°. Que, unido a lo razonado, y siguiendo lo sostenido en los votos
disidentes para resoluciones de esta fecha en causas Roles N° 15.994-24-CPT y
N° 16.000-24-24-CPT, la exigencia de una reserva expresa va más allá de la
exigencia que establece el legislador y que encuentra respaldo en la
jurisprudencia de esta magistratura, en cuanto el conflicto de
constitucionalidad “debe encontrarse debidamente planteado y delimitado
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TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS




suficientemente por los requirentes”, requisito con el que coincidimos, si no que
se exige reserva expresa respecto de cada glosa en particular y que esta se
exprese en el acta respectiva, formalismo que no tiene respaldo legal ni
jurisprudencial;

11°. Que, finalmente, y como se declarara en la sentencia 946-2007, un
requisito que actúa como una restricción al derecho de acceso a la justicia
debe ser interpretado en términos estrictos, porque “Desde hace décadas, esta
Magistratura ha reconocido el derecho a acudir a la justicia, llamado también
derecho a la acción o a la tutela judicial, como presupuesto básico de las
garantías de la igual protección en el ejercicio de los derechos y del debido
proceso, contemplados en el N°3 del artículo 19 de la Constitución, a su vez que
como uno de los componentes esenciales de un orden jurídico construido, en una
sociedad democrática, sobre la base del respeto a la libertad y dignidad del ser
humano, que reconoce como limitación del ejercicio de la soberanía e impone
como deber de los órganos del Estado el respeto por los derechos esenciales del
hombre y afirma la vigencia efectiva del principio de supremacía constitucional
y de juridicidad como bases esenciales e insustituibles en el Estado de Derecho”.
(STC 946, c°29);

12°. Que la interpretación en clave pro actione de las acciones de
inconstitucionalidad es un criterio asentando en diversas Cortes, Salas y
Tribunales Constitucionales. En efecto, el Tribunal Constitucional Español ha
señalado que “No es sólo que las normas restrictivas no se han de interpretar o
aplicar con rigor (odiosa sunt restringenda), ni extremar el rigor con más
dificultades, sino que sobre toda interpretación del Derecho ha de primar la
aplicación de la regla de la eficacia y protección de los derechos, no ya con la
concesión o denegación del sustantivo que se impetra, sino, al menos en
principio, con la apertura de la vía del proceso para su consideración judicial,
siempre, y eso es claro, que la pretensión procesal no choque de modo directo,
frontal, insubsanable, con una regla sin excusa. En tanto no sea así, si es que no
se quiere causar indefensión, lo adecuado será evitar el rigor y exceso
(formulismo) del formalismo que, a veces, la Ley, por exigencias de seguridad y
uniformidad, impone, interpretando sus reglas de acuerdo con su fin y sin
convertir el presupuesto procesal en obstáculo insalvable, insuperable”
(Tribunal Constitucional de España, Sentencia 6/1989, de 19 de enero de 1989).
En la misma línea, (Sentencia C-044 de 2017, Corte Constitucional de Colombia;
Sentencia C-330 de 2013, Corte Constitucional de Colombia; Corte Suprema de
Justicia de la Nación Argentina, Fallo 328:4073).



La Ministra señora CATALINA LAGOS TSCHORNE concurre a la
disidencia que antecede sin compartir lo señalado en su considerando 11°
y 12°.
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Redacción de las señoras y señores Ministros que respectivamente
suscriben.



Notifíquese.

Rol 15.998-24-CPT

Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 21/12/2024



Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida María Pía Silva Gallinato
Fecha: 20/12/2024 Fecha: 20/12/2024



MIGUEL ANGEL Fernández GONZÁLEZ Raúl Eduardo Mera Muñoz
Fecha: 21/12/2024 Fecha: 20/12/2024



Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 20/12/2024



Marcela Inés Peredo Rojas Alejandra Precht Rorris
Fecha: 20/12/2024 Fecha: 20/12/2024



Mario René Gómez Montoya
Fecha: 20/12/2024


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta,
Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros señora Nancy
Adriana Yáñez Fuenzalida, señora María Pía Silva Gallinato, señor Miguel Ángel
Fernández González, señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana
Lagos Tschorne, señor Héctor Mery Romero, señora Marcela Inés Peredo Rojas,
señora Alejandra Precht Rorris y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional, señora María Angélica Barriga
Meza.


María Angélica Barriga Meza
Fecha: 21/12/2024




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