TC Rol 15999

Texto completo

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UNO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE




Santiago, veinte de diciembre de dos mil veinticuatro.



A fojas 926, ténganse por acompañados los documentos.



VISTOS

Y CONSIDERANDO:

1°. Que, con fecha 2 de diciembre de 2024, las Honorables Diputadas y
los Honorables Diputados Maria Candelaria Acevedo Sáez, Jaime Araya
Guerrero, Boris Barrera Moreno, María Francisca Bello Campos, Carlos
Bianchi Chelech, Félix Bugueño Sotelo, Karol Cariola Oliva, Nathalie Castillo
Rojas, Luis Alberto Cuello Peña Y Lillo, Viviana Delgado Riquelme, Lorena
Fries Monleón, Ana María Gazmuri Vieira, Andrés Giordano Salazar, Marta
González Olea, Carmen Hertz Cádiz, Tomás Hirsch Goldschmidt, Diego Ibáñez
Cotroneo, Daniel Melo Contreras, Claudia Mix Jiménez, Helia Molina Milman,
Javiera Morales Alvarado, Camila Musante Müller, Emilia Nuyado
Ancapichún, Maite Orsini Pascal, Hernán Palma Pérez, Lorena Pizarro Sierra,
Alejandra Placencia Cabello, Catalina Pérez Salinas, Matías Ramírez Pascal,
Marcela Riquelme Aliaga, Camila Rojas Valderrama, Clara Sagardia Cabezas,
Marisela Santibáñez Novoa, Emilia Schneider Videla, Leonardo Soto Ferrada,
Raúl Soto Mardones, Jaime Sáez Quiroz, Cristian Tapia Ramos, Carolina Tello
Rojas, Héctor Ulloa Aguilera, Consuelo Veloso Ávila, Gonzalo Winter
Etcheberry, Gael Yeomans Araya, Ericka Ñanco Vásquez, que constituyen más
de la cuarta parte de los miembros en ejercicio de dicha Corporación, han
deducido ante esta Magistratura, conforme al artículo 93 inciso primero, N° 3°,
de la Constitución Política de la República, un requerimiento de
inconstitucionalidad respecto de la Glosa 08; de la Glosa 17, Programa 03,
Capítulo 90; de la Glosa 18, Programa 03, Capítulo 90; de la Glosa 19, Programa
03, Capítulo 90, de la Partida 09 Ministerio de Educación, contenidas en el
Proyecto de ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año
2025, Boletín N°17.142-05;

2°. Que, a fojas 920, con fecha 12 de diciembre de 2024, el Pleno del
Tribunal dispuso un plazo de tres días a la parte requirente para que fueran
acompañados diversos antecedentes de la tramitación legislativa en que se
contiene la impugnación de inconstitucionalidad, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 63 de la anotada ley orgánica constitucional;

3°. Que, en tal mérito, a fojas 926, en presentación de 15 de diciembre
del presente año, fueron acompañados al proceso constitucional los siguientes
antecedentes:




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 A fojas 928, Diario de Sesiones de la sesión 80ª, especial, Leg. 372ª, de 21
de noviembre de 2024, y a fojas 927, certificación del Jefe de la
Redacción de Sesiones del Senado.

 A fojas 1140, Acta de la Sesión 102ª, Leg. 372ª, de 13 de noviembre de
2024, de la H. Cámara de Diputadas y Diputados.

 Mensaje N° 213-372, de S.E. el Presidente de la República, con el que se
inicia un Proyecto de Ley de Presupuestos para el Sector Público
correspondiente al año 2025, el que se lee a fojas 1866 y siguientes;

4°. Que, examinada la totalidad de los antecedentes acompañados por la
parte requirente, tanto en el libelo de fojas 1, como en la aludida presentación
de fojas 926, surge la declaración de inadmisión a trámite. No se ha dado
estricto cumplimiento a lo previsto en el artículo 63 de la Ley N° 17.997,
Constitucional de este Tribunal en el marco del control preventivo y
facultativo de constitucionalidad de la ley que se ha ejercicio por un grupo de
Honorables Diputadas y Diputados que constituyen más de la cuarta parte de
los miembros en ejercicio de dicha Corporación. Por una parte, no consta que
durante el legislativo se haya planteado una reservada de constitucionalidad
de la impugnación a la Glosa 17 señalada, ni, luego, se ha dado cumplimiento
al deber de que sean acompañada la respectiva Partida en que se contienen
todas las glosas impugnadas;

5°. Que, la cuestión de constitucionalidad corresponde a un requisito
contenido en el artículo 63 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de este
Tribunal en el marco del control preventivo y facultativo de
constitucionalidad de la ley. Ésta debe haber sido planteada durante el proceso
legislativo, por lo que la reserva de constitucionalidad no se basta a sí misma
con su sola declaración por uno o más diputados o senadores; por el contrario,
exige la expresión de los vicios de constitucionalidad o las normas
constitucionales que se pudieren ver infringidas.

Lo anterior, por cuanto “la discrepancia que se suscite sobre la
preceptiva constitucional en relación a las normas de un proyecto de ley [debe
ser] precisa y concreta. Esta condición delimita la competencia del Tribunal para
resolver el asunto sometido a su consideración y adquiere especial relevancia, si
se recuerda que la acción sólo puede ser deducida por titulares nominativamente
señalados por la Carta Fundamental y que el Tribunal no puede actuar de oficio,
debiendo ajustarse su resolución estrictamente al “objeto pedido” en el
requerimiento” (STC Rol N°23, c. 4°). Así, en el evento de que ésta no se suscite,
“habrá certeza que la cuestión no se presentó y que, consiguientemente, no
habrá base alguna para que exista un requerimiento al Tribunal Constitucional.
No es, de esta manera, un evento sorpresivo el que un requerimiento sea
formulado, ya que necesariamente debe contar con un antecedente preciso,
puesto públicamente de manifiesto” (STC Rol 207), teniendo en consideración


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que, “el requerimiento […] no es, desde la perspectiva finalista, un instrumento
para suscitar, promover o “fabricar” nuevos conflictos, sino que un
procedimiento para resolver aquellos que ya existen y respecto de los cuales han
fracasado las instancias de conciliación jurídica o política de que dispone el
legislador”;

6°. Que, por lo razonado en la jurisprudencia del Tribunal, la cuestión
de constitucionalidad suscitada durante la tramitación legislativa debe
encontrar estrecha correlación con los asuntos alegados en el respectivo
requerimiento, “para que quede determinada la competencia específica del
Tribunal Constitucional dentro del proceso”, cuestiones exigidas por el
legislador orgánico constitucional para el control preventivo contencioso de
proyectos de ley en la exigencia de los presupuestos de admisión a trámite
contenidos en el artículo 63, adquiriendo especial relevancia y trascendencia
(STC Rol N° 8574, c. 7°).

Este criterio será reafirmado por esta Magistratura.

La reserva de constitucionalidad, cuando se formula, cumple la función
de producir un debate de constitucionalidad ad intra en el propio Congreso
Nacional, para que tales cuestiones sean discutidas y abordadas, reforzando el
carácter de ultima ratio del control de constitucionalidad que desarrolla esta
Magistratura, reconociendo que la deliberación legislativa dentro de los
márgenes constitucionales adopta, prima facie, “un verdadero cariz de
mecanismo autocompositivo de resolución de conflictos y que solo tras no
resultar eficaz emergerán la jurisdicción y el proceso para su solución” (STC Rol
N° 10.774-21-CPT, c. 34°);

7°. Que, en base a estos criterios, de los antecedentes de la tramitación
legislativa no es posible evidenciar la formulación de una cuestión de
constitucionalidad que se haya suscitado respecto de la Glosa 17 del Programa
03 “Educación Superior”, del Capítulo 90 “Subsecretaría de Educación
Superior”, de la Partida 09 “Ministerio de Educación”, en tanto, las menciones
que se hacen a fojas 1135 y 1136, en Acta de la Sesión 80ª del H. Senado, fueron
formuladas con relación a las restantes glosas cuestionadas, no constando una
impugnación especifica y delimitada respecto de la Glosa 17. Ello imposibilita
el inicio de un contradictorio a su respecto. A igual conclusión es posible
arribar examinando el Acta de la Sesión 108ª, de 25 de noviembre de 2024, de
la H. Cámara de Diputadas y Diputadas, en la intervención que se lee a fojas
299;

8°. Que, sin embargo, además de lo ya anotado, no es posible tener por
cumplidos los requisitos de admisión a trámite para el inicio de un
contradictorio respecto de las Glosas N° 08, común a toda la Partida 09 del
Ministerio de Educación; N° 18 y N° 19, del Programa 03 “Educación Superior”,




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del Capítulo 90 “Subsecretaría de Educación Superior”, de la Partida 09 del
Ministerio de Educación.

Conforme se tiene del requerimiento y de la presentación de fojas 926,
de 15 de diciembre de 2024, no consta en estos autos que se haya acompañado
la partida respectiva en que se contienen las glosas cuestionadas de
inconstitucionalidad;

9°. Que, el artículo 63 inciso tercero de la Ley N° 17.997, Orgánica
Constitucional de este Tribunal, establece que debe acompañarse al respectivo
requerimiento “el proyecto de ley, de reforma constitucional o tratado, con
indicación precisa de la parte impugnada”. El Tribunal tiene presente, según se
razonara en las respectivas resoluciones de admisión a trámite recaídas en
causas Roles N° 15.993-24-CPT, N° 15.994-24-CPT, N° 15.996-24-CPT y N° 16.000-
24-CPT, que con posterioridad a lo resuelto y notificado con fecha 12 de
diciembre de 2024, en el Diario Oficial del día 13 del mismo mes y año fue
publicada la Ley N° 21.722, de Presupuestos del Sector Público
correspondiente al año 2025, en tanto había sido previamente dictada por este
Tribunal la STC Rol N° 15.982-24 CPR, en que se ejerció el control preventivo de
constitucionalidad de dos glosas contenidas en la Partida 31, del proyecto de
ley indicado. Así, el Tribunal estima que se está frente a una ley y no de un
proyecto de ley, aserto que debe correlacionarse con el artículo 64 de la Ley N°
17.997, Orgánica Constitucional de este Tribunal, al disponer que, ingresado
un requerimiento en ejercicio de esta competencia de control facultativo de la
ley, debe comunicarse “al Presidente de la República la existencia de la
reclamación para que se abstenga de promulgar la parte impugnada del
respectivo proyecto, salvas las excepciones señaladas en el inciso sexto del
artículo 93 de la Constitución Política”.

Por lo mismo, la exigencia de que sea acompañado el texto íntegro de la
Ley de Presupuestos deviene en jurídicamente inconducente en el marco del
contradictorio constitucional iniciado en la presente causa, puesto que este
cuerpo legal, por mandato directo de la Constitución Política, debe
promulgarse aun conteniéndose en ella la parte que se impugna a través del
presente requerimiento, lo que se tiene expresamente de la Ley N° 21.722, de
13 de diciembre de 2024;

10°. Que, sin embargo, la necesidad de que sea acompañada la Partida
09, del Ministerio de Educación, se mantiene y no es posible de tenerse por
debidamente subsanada a propósito de la publicación de la Ley N° 21.722. A
este respecto, el artículo 20 del Decreto Ley N° 1.263, Orgánico de
Administración Financiera del Estado, dispone que “[s]ólo se publicará en el
"Diario Oficial" un resumen de la Ley de Presupuestos del Sector Público”, lo
cual, según lo transcrito, se ha cumplido el pasado 13 de diciembre de 2024,
texto que no contempla la partida en que se contienen las glosas impugnadas,



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y que corresponden a preceptos legales susceptibles de ser objetados en el
ejercicio de la competencia contenida en el artículo 93 inciso primero, N° 3°,
de la Constitución.

De ello deriva que se tenga por incumplido el requisito previsto en el
artículo 63 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional, puesto que al no
encontrarse íntegramente acompañada la parte que, a su vez, integra la Ley de
Presupuestos del Sector Público, como corresponde a una determinada partida
que contiene las glosas requeridas de inconstitucionalidad, no es posible
iniciar un contradictorio de constitucionalidad de la ley respecto de “la parte
impugnada”, conforme se tiene expresamente del inciso final del señalado
artículo 63.

Lo señalado implica inadmitir a trámite el requerimiento de
inconstitucionalidad deducido a fojas 1.



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 93 incisos
primero, N° 3°, cuarto, quinto y sexto, de la Constitución Política de la
República y lo prescrito en los artículos 61 y siguientes de la Ley N° 17.997,
Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,



SE RESUELVE:



Que no se acoge a tramitación el requerimiento deducido a lo
principal de fojas 1. Téngase por no presentado para todos los efectos legales.
A los otrosíes, estese a lo resuelto.



DISIDENCIAS



Acordada con el voto en contra de las Ministras señoras DANIELA
MARZI MUÑOZ, Presidenta, NANCY YÁÑEZ FUENZALIDA, CATALINA LAGOS
TSCHORNE y del Ministro señor MARIO GÓMEZ MONTOYA, quienes estuvieron
por admitir a tramitación el requerimiento de fojas 1 de forma íntegra,
atendidas las razones siguientes:

1°. Que, con fecha 20 de diciembre de 2024, esta Magistratura admitió a
trámite cinco requerimientos que, al igual que sucede con el requerimiento de
autos, plantearon ante este Tribunal cuestiones de constitucionalidad respecto
del entonces proyecto de Ley de Presupuestos para el Sector Público
correspondiente al año 2025, Boletín 17.142-05 (a saber, roles N° 15.993-24,
15.994-24, 15.995-24, 15.996-24 y 16.000-24), señalando que “la exigencia de que



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sea acompañado el texto íntegro de la Ley de Presupuestos deviene en
jurídicamente inconducente en el marco del contradictorio constitucional
iniciado en la presente causa, puesto que este cuerpo legal, por mandato directo
de la Constitución Política, debe promulgarse aun conteniéndose en ella la parte
que se impugna a través del presente requerimiento, lo que se tiene
expresamente de la Ley N° 21.722, de 13 de diciembre de 2024”.

En este sentido, dichas resoluciones establecen que “la exigencia
contenida en el artículo 63 inciso tercero de la Ley N° 17.997, Orgánica
Constitucional del Tribunal Constitucional, esto es, que sea acompañado al
requerimiento “el proyecto de ley, de reforma constitucional o tratado, con
indicación precisa de la parte impugnada”, debe ser interpretada en necesaria
armonía con la excepcionalidad de esta ley, contemplada en el sistema
constitucional en consideración a su trascendencia y las especiales materias que
está llamada a regular”.

2°. Que, tal como ha sido establecido por la jurisprudencia de este
Tribunal, las glosas presupuestarias contenidas en las partidas son “el nivel de
máximo detalle a que llega la voluntad del legislador en la Ley de Presupuestos,
a través de explicaciones, puntualizaciones, indicaciones, advertencias o
comentarios sobre el sentido o alcance del egreso aprobado” (STC Rol N° 254-
1997). Más aún, sin perjuicio de reconocer la complejidad propia de las glosas
“dados los guarismos, partidas, ítems y demás clasificaciones presupuestarias
que la conforman”, este Tribunal ha asentado que “las glosas forman parte de
dicha ley [de Presupuestos para el Sector Público] y, por tanto, pueden ser objeto
de requerimiento de inconstitucionalidad en los términos previstos en el Nº 3º
del inciso primero del artículo 93 de la Constitución” (STC Rol N° 1.867-2010).

En este sentido, en lo que interesa para estos efectos, las glosas
presupuestarias tienen carácter normativo y son normas de rango legal, en la
medida que forman parte de la Ley de Presupuestos para el Sector Público;

3°. Que, respecto de las impugnaciones referidas al proyecto de Ley de
Presupuestos para el Sector Público correspondiente al año 2025, como ya se
mencionaba, este Tribunal resolvió la admisión a trámite de los
requerimientos referidos en el considerando primero en tanto advirtió la
excepcional promulgación, y consecuente publicación, de la Ley N° 21.722, con
fecha 13 de diciembre de 2024, en atención a lo dispuesto por el inciso sexto
del artículo 93 de la Constitución, lo que resulta concordante con la finalidad
del requisito establecido en el artículo 63 inciso final de la Ley N° 17.997
Orgánica Constitucional de esta Magistratura, de acompañar “el proyecto de
ley”, en la medida que se observa la existencia de una ley - y no ya de un
proyecto-, cuyo texto fidedigno consta en virtud de dichos actos públicos, que
proveen de la necesaria certeza que se requiere acerca del texto que contiene
el objeto de la impugnación planteada.



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4°. Que, dado que tal ha sido el razonamiento de esta Magistratura
respecto de la correcta inteligencia del artículo 63 de la Ley N° 17.997 en el
caso particular de la Ley de Presupuestos para el Sector Público
correspondiente al año 2025, en el requerimiento de autos no resulta
coherente pronunciarse en contra de su admisión a trámite por no haberse
acompañado -según lo resuelto en la presente causa- con fecha 12 de
diciembre de 2024, la Partida 09 del Ministerio de Educación, precisamente, en
la medida que tal partida, al igual que el articulado que fue objeto de
publicación en el Diario Oficial, es parte integrante de la Ley de Presupuestos
para el Sector Público correspondiente al año 2025, que se convirtió en tal con
fecha 13 de diciembre de 2024.

A este respecto, concurre en torno a la ya mencionada Partida la misma
certeza acerca del texto que contiene el objeto de la impugnación planteada.
Se estimó que en las resoluciones de 12 de diciembre de 2024, dictadas por
esta Magistratura, en relación al articulado, concurría que en las causas
referidas en el considerando primero se identificó como “proyecto de Ley de
Presupuestos (...)”, en la medida que el proyecto se había convertido en ley, con
su consecuente publicación.

5°. Que, en el caso de las partidas presupuestarias, cabe advertir que, si
bien la regla general respecto de la forma de dar cumplimiento al requisito
constitucional establecido por el artículo 75 inciso final del texto
constitucional, de publicación de las leyes, la regla de publicación en el Diario
Oficial establecida con rango legal en el Código Civil, admite excepciones.

Así, por una parte, es preciso tener presente lo dispuesto en el artículo
20 del Decreto Ley N° 1.263, Orgánico de Administración Financiera del
Estado, que determina que “Sólo se publicará en el "Diario Oficial" un resumen
de la Ley de Presupuestos del Sector Público”. Y, por otra parte, resulta
fundamental tener a la vista lo dispuesto por el artículo 47 de la misma Ley N°
21.722, de Presupuestos para el Sector Público correspondiente al año 2025:
“Las disposiciones de esta ley regirán a contar del 1 de enero del año 2025, sin
perjuicio de que puedan dictarse a contar de la fecha de su publicación los
decretos, resoluciones y convenios que en virtud de esta ley sean necesarios para
posibilitar la ejecución presupuestaria. Esta ley y las instrucciones para su
ejecución podrán ser publicadas en su integridad para su distribución”.

En este sentido, de conformidad con una interpretación armónica de la
disposición constitucional ya citada que requiere la publicación de las leyes,
del precepto recién transcrito, y de la función de la Dirección de Presupuestos
señalada en el artículo 2 número 6 del Decreto con Fuerza de Ley N° 106, que
fija disposiciones por las que se regirá la Dirección de Presupuestos, de
“publicar y distribuir la Ley de Presupuesto Fiscal y otros documentos
relacionados con sus actividades”, resulta que las partidas presupuestarias



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-incluida la Partida 09 del Ministerio de Educación- ya fueron objeto de
publicación por parte de la Dirección de Presupuestos, a través de su página
institucional, de manera tal que ni siquiera cabe fundar la distinción en el
criterio establecido respecto de las Partidas en el hecho de que éstas no sean
objeto de publicación en el Diario Oficial, en tanto existe una publicación que
cumple la misma función para los efectos que resultan relevantes a esta
decisión.

6°. Que, en definitiva, brindar un tratamiento distinto a la exigencia de
acompañar por los requirentes el proyecto de ley y a la de acompañar una
partida, llevaría al absurdo de poner en entredicho la facultad de este
Tribunal Constitucional de ejercer la atribución consagrada en el artículo 93
N° 3 de la Constitución y pronunciarse sobre la constitucionalidad de las glosas
impugnadas en estos autos, puesto que implicaría negar que tanto las partidas
como las glosas forman parte de la Ley de Presupuestos.

7°. Que, además de lo anterior, el artículo 93 inciso primero, N° 3°, de la
Constitución señala que es atribución del Tribunal Constitucional resolver las
“cuestiones sobre constitucionalidad” que se susciten durante la tramitación de
los proyectos de ley. Por su parte, el artículo 63 de la Ley N° 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura dispone, en su inciso primero, que deberá
señalarse en forma precisa la “cuestión de constitucionalidad” y luego agrega,
en su inciso segundo, que deberán acompañarse “en su caso” las copias
íntegras de las actas de sesiones de sala o comisión en “las que se hubiere
tratado el problema”. Así, se colige que ni la Constitución ni la ley exigen la
promoción previa de una reserva de constitucionalidad para el ejercicio de la
prerrogativa contemplada en el artículo 93 N° 3 de la Carta Fundamental,
como ha sido argüido por el pronunciamiento de mayoría. En el caso sub lite,
la cuestión de constitucionalidad es patente del debate parlamentario
generado respecto de las glosas cuestionadas de inconstitucionalidad en la
presente causa, respecto de las Glosas N° 08, común a toda la Partida 09 del
Ministerio de Educación; N° 18 y N° 19, del Programa 03 “Educación Superior”,
del Capítulo 90 “Subsecretaría de Educación Superior”, de la Partida 09 del
Ministerio de Educación, tal y como se sostuvo en la disidencia recaída en las
causas roles 15.994-24 y 16.000-24, c 1° homólogos;

8°. Que, conforme a una interpretación finalista de la mención que
realiza el inciso segundo del artículo 63 de la Ley N° 17.997, Orgánica
Constitucional del Tribunal Constitucional, la jurisprudencia de esta
Magistratura ha resuelto expresamente que “la cuestión de constitucionalidad
que se suscite durante la discusión parlamentaria, bien puede resultar de la
revisión de la historia fidedigna de la ley, sin que sea menester una constancia
formal para tenerla por establecida y hacer efectiva, puesto que, de existir, ésta
más bien tiene por objeto facilitar la identificación del examen de



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UNO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE




constitucionalidad que ha de efectuarse, tanto como facilitar su comprensión
por parte de la comunidad jurídica” (STC Rol N° 1894-11, c. 9°, énfasis
agregado). En esta sentencia se hace referencia a lo razonado en igual sentido
en la STC Rol N° 1869, c. 8°.

Ello se condice, además, con el carácter ilustrativo que tienen los demás
antecedentes y documentos señalados en el inciso segundo en comento, esto
es, en relación con “instrumentos, escritos y demás antecedentes invocados”, los
que se exigen con miras a efectuar un adecuado entendimiento del contexto
en el que se suscitó el conflicto de constitucionalidad planteado en el
requerimiento. Se trata de documentos y antecedentes que no pueden
considerarse como un requisito de procesabilidad, a menos que -en su caso-
fueran invocados por los requirentes.

9°. Que, finalmente, en el ejercicio de la facultad de control preventivo
de constitucionalidad, la interpretación de las potestades con que cuenta esta
Magistratura debe efectuarse restrictivamente. El Tribunal Constitucional, en
tanto órgano público, sólo puede actuar dentro de su competencia y no puede
ejercer más facultades que las que expresamente le confiere la Constitución o
la ley, en línea con lo dispuesto por el artículo 7° de la Constitución. Por lo
mismo, crear exigencias o requisitos que no se encuentran establecidos en las
normas que rigen su proceder resulta desajustado al marco constitucional y
normativo orgánico que fija su esfera competencial.

Un razonamiento como el de la mayoría no se hace cargo de lo
dispuesto en el inciso cuarto del artículo 93 de la Constitución, en virtud del
cual “el Tribunal sólo podrá conocer de la materia a requerimiento del
Presidente de la República, de cualquiera de las Cámaras o de una cuarta parte
de sus miembros en ejercicio, siempre que sea formulado antes de la
promulgación de la ley o de la remisión de la comunicación que informa la
aprobación del tratado por el Congreso Nacional y, en caso alguno, después de
quinto día del despacho del proyecto o de la señalada comunicación”. Es decir, el
propio constituyente admite la posibilidad de que la cuestión de
constitucionalidad sea formulada después de despachado el proyecto de ley
por Congreso Nacional. Y, en cualquier caso, la referencia a que la cuestión de
constitucionalidad se suscite “durante la tramitación” del proyecto de ley, se
relaciona más bien con el carácter preventivo de dicho control, que como
exigencia de la formulación de una reserva de constitucionalidad en los
términos descritos por la mayoría.

10°. Que, en todo caso, no debe pasarse por alto el hecho de que,
tratándose del control preventivo en el que una parte de los integrantes de la
Cámara de Diputados y Diputadas solicita a esta Magistratura pronunciarse
sobre la constitucionalidad de un proyecto de ley, posee un umbral de
seriedad definido en la propia Constitución, a saber, el quórum que es



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necesario alcanzar para poder presentar el requerimiento ante este tribunal.
Por ello, la razonable y compartida preocupación de que esta Magistratura
ejerza con mesura sus competencias, dado su carácter contramayoritario,
debe reflejarse en su razonamiento, con el que se deben honrar los principios
que guían su actividad jurisdiccional, particularmente el principio de
deferencia al legislador, el principio de presunción de constitucionalidad de la
ley y el principio de pasividad.

11°. Que, unido a lo razonado, y siguiendo lo sostenido en los votos
disidentes para resoluciones de esta fecha en causas Roles N° 15.994-24-CPT y
N° 16.000-24-24-CPT, la exigencia de una reserva expresa va más allá de la
exigencia que establece el legislador y que encuentra respaldo en la
jurisprudencia de esta Magistratura, en cuanto el conflicto de
constitucionalidad “debe encontrarse debidamente planteado y delimitado
suficientemente por los requirentes”, requisito con el que coincidimos, si no que
se exige reserva expresa respecto de cada glosa en particular y que esta se
exprese en el acta respectiva, formalismo que no tiene respaldo legal ni
jurisprudencial;

12°. Que, finalmente, en el ejercicio de la facultad de control preventivo
de constitucionalidad, la interpretación de las potestades con que cuenta esta
Magistratura debe efectuarse restrictivamente, en el sentido de no imponer
requisitos adicionales de procesabilidad que al no estar contemplados en la ley
contraviene o hacen ilusoria la concreción del principio pro actione y
consecuencialmente la tutela judicial efectiva. El Tribunal Constitucional, en
tanto órgano público, sólo puede actuar dentro de su competencia y no puede
ejercer más facultades que las que expresamente le confiere la Constitución o
la ley, en línea con lo dispuesto por el artículo 7° de la Constitución. Por lo
mismo, crear exigencias o requisitos que no se encuentran establecidos en las
normas que rigen su proceder resulta desajustado al marco constitucional y
normativo orgánico que fija su esfera competencial.

Como se declarara en la sentencia 946-2007, un requisito que actúa
como una restricción al derecho de acceso a la justicia debe ser interpretado
en términos estrictos, porque “Desde hace décadas, esta Magistratura ha
reconocido el derecho a acudir a la justicia, llamado también derecho a la acción
o a la tutela judicial, como presupuesto básico de las garantías de la igual
protección en el ejercicio de los derechos y del debido proceso, contemplados en
el N°3 del artículo 19 de la Constitución, a su vez que como uno de los
componentes esenciales de un orden jurídico construido, en una sociedad
democrática, sobre la base del respeto a la libertad y dignidad del ser humano,
que reconoce como limitación del ejercicio de la soberanía e impone como deber
de los órganos del Estado el respeto por los derechos esenciales del hombre y
afirma la vigencia efectiva del principio de supremacía constitucional y de



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juridicidad como bases esenciales e insustituibles en el Estado de Derecho”. (STC
946, c°29);

13°. Que la interpretación en clave pro actione de las acciones de
inconstitucionalidad es un criterio asentando en diversas Cortes, Salas y
Tribunales Constitucionales. En efecto, el Tribunal Constitucional Español ha
señalado que “No es sólo que las normas restrictivas no se han de interpretar o
aplicar con rigor (odiosa sunt restringenda), ni extremar el rigor con más
dificultades, sino que sobre toda interpretación del Derecho ha de primar la
aplicación de la regla de la eficacia y protección de los derechos, no ya con la
concesión o denegación del sustantivo que se impetra, sino, al menos en
principio, con la apertura de la vía del proceso para su consideración judicial,
siempre, y eso es claro, que la pretensión procesal no choque de modo directo,
frontal, insubsanable, con una regla sin excusa. En tanto no sea así, si es que no
se quiere causar indefensión, lo adecuado será evitar el rigor y exceso
(formulismo) del formalismo que, a veces, la Ley, por exigencias de seguridad y
uniformidad, impone, interpretando sus reglas de acuerdo con su fin y sin
convertir el presupuesto procesal en obstáculo insalvable, insuperable”
(Tribunal Constitucional de España, Sentencia 6/1989, de 19 de enero de 1989).
En la misma línea, (Sentencia C-044 de 2017, Corte Constitucional de Colombia;
Sentencia C-330 de 2013, Corte Constitucional de Colombia; Corte Suprema de
Justicia de la Nación Argentina, Fallo 328:4073).



PREVENCIONES



Los Ministros señores MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, RAÚL
MERA MUÑOZ y HÉCTOR MERY ROMERO, y de la Ministra señora MARCELA
PEREDO ROJAS, concurren a la mayoría con excepción de sus considerandos
9° y 10° y, además, estuvieron por hacer efectivo el apercibimiento
dispuesto por el Tribunal en resolución de 12 de diciembre de 2024, de
acuerdo con lo establecido expresamente en el artículo 65 de la Ley N° 17.997,
Orgánica Constitucional de este Tribunal, e inadmitir a trámite el
requerimiento, atendidas las razones siguientes:

1°. Que, a fojas 920, en resolución de 12 de diciembre de 2024, esta
Magistratura resolvió apercibir a la requirente a dar estricto cumplimiento a
lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del
Tribunal Constitucional, confiriendo el plazo legal establecido en su artículo 65
a efectos de subsanar el incumplimiento de las exigencias formales del libelo
para ser acogido a tramitación. En específico, su considerativa 3° detalló con
precisión los antecedentes que no fueron debidamente acompañados al
requerimiento, que correspondían a acta de la sesión 108 de la H. Cámara de



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Diputadas y Diputados, de la partida 9 del Ministerio de Educación ni acta de
la Sesión 80° especial del H. Senado. Así tampoco ha sido acompañado acta en
que conste la reserva respecto de la glosa N° 17 impugnada, ni el proyecto de
Ley de Presupuestos para el Sector Público correspondiente al año 2025,
correspondiente al Boletín 17.142-05;

2°. Que consta en el expediente constitucional presentación rolante a
fojas 926, de fecha 15 de diciembre de 2024, mediante la cual se acompañó lo
siguiente:

“1) Publicación oficial del Diario de Sesiones del Senado, en su 372ª
Legislatura, Sesión 80ª Especial, del jueves 21 de noviembre de 2024, con
certificado de copia auténtica, emitido por Rodrigo Obrador Castro en su calidad
de Jefe de la Redacción de Sesiones del Senado.

2) Redacción de Sesiones, Publicación Oficial. Cámara de Diputados en su
372ª Legislatura, Sesión 102ª Ordinaria, del miércoles 13 de noviembre de 2024.
En este documento se encuentra contenida la reserva de constitucionalidad
hecha por la Diputada Serrano.

3) Redacción de Sesiones, Publicación Oficial. Cámara de Diputados en su
372ª Legislatura, Sesión 108ª Ordinaria, del lunes 25 de noviembre de 2024. En
este documento también se encuentra contenida la reserva de constitucionalidad
hecha por la Diputada Serrano.

4) Proyecto de Ley de Presupuestos para el Sector Público
correspondiente al año 2025, correspondiente al boletín 17.142-05”;

3°. Que, en tal mérito, lo acompañado por la parte requirente a fojas
1866 como documentación anexa a la presentación de fojas 17, corresponde al
Mensaje N° 213-273, de 29 de septiembre de 2024, de S.E. el Presidente de la
República, con el que inicia un Proyecto de Ley de Presupuestos para el sector
público correspondiente al año 2025. Dicho antecedente no corresponde a lo
que fuera requerido por esta Magistratura según la resolución de
apercibimiento antes señalada, en cumplimiento de la exigencia establecida
en el artículo 63 inciso tercero de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de
este Tribunal, pues no corresponde el proyecto de Ley de Presupuestos para el
Sector Público del año 2025, antecedente que debía ser acompañado conforme
al tenor literal de dicha disposición, y según fuera expresamente resuelto en la
resolución del Pleno de este Tribunal de 12 de diciembre del presente año,
cuyo plazo precluyó el día 15 del mismo mes y año;

4°. Que la exigencia de dicho antecedente es consecuencia directa de la
aplicación del precepto indicado, el cual motivó una decisión adoptada de
forma unánime por esta Magistratura. La disposición en cuestión, en su inciso
tercero, prescribe que “En todo caso se acompañará el proyecto de ley, de
reforma constitucional o tratado, con indicación precisa de la parte



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impugnada”, lo que ha de entenderse en conexión con la necesaria
delimitación de la cuestión de constitucionalidad promovida en relación con la
normativa que se arguye transgredida, según es explicitado igualmente en el
inciso primero del precepto.

Contradecir lo que fuera resuelto previamente en el expediente
constitucional, en orden a no entender configurados los requisitos para efectos
de admitirse a tramitación un requerimiento de inconstitucionalidad, dando
por subsanado el vicio al acompañarse un antecedente distinto al requerido
contraviene la normativa orgánica constitucional que fundó el apercibimiento
dispuesto por el Pleno;

5°. Que, el examen de admisión a trámite supone la revisión del
cumplimiento o el incumplimiento de los requisitos que la Constitución y la
Ley Orgánica Constitucional de esta Magistratura establecen respecto de los
requerimientos de inconstitucionalidad de proyectos de ley. Por lo tanto, la
revisión judicial supone la declaración, por parte de los jueces
constitucionales, de la conformidad o disconformidad con los requisitos que la
ley Orgánica Constitucional les impone;

6°. Que, por tanto, en nuestro ordenamiento jurídico, es la Constitución
y la Ley Orgánica de esta Magistratura, dictada conforme a ella, las que
regulan la procedencia o no de estos requisitos, a saber: “Artículo 63. El
requerimiento deberá contener una exposición clara de los hechos y
fundamentos de derecho que le sirven de apoyo. Se señalará en forma precisa la
cuestión de constitucionalidad y, en su caso, el vicio o vicios de
inconstitucionalidad que se aducen, con indicación de las normas que se estiman
transgredidas.

Al requerimiento deberán acompañarse, en su caso, copias íntegras de
las actas de sesiones de sala o comisión en las que se hubiere tratado el
problema y de los instrumentos, escritos y demás antecedentes invocados.

En todo caso se acompañará el proyecto de ley, de reforma
constitucional o tratado, con indicación precisa de la parte impugnada”

Por tanto, conforme a la interpretación armónica de la Constitución y
del ordenamiento jurídico no parece razonable que se utilicen otros criterios
que no están previstos expresamente en nuestro derecho, para generar el
estándar, la legitimación y el test de la revisión para el debido proceso de cada
requerimiento que este Tribunal resuelve;

7°. Que lo razonado no implica, tal como fuera resuelto en causa Rol N°
10.774-21 CPT un análisis de carácter meramente formal para entrar a conocer
de lo requerido. Se trata de constatar que el conflicto no se encuentra asentado
de manera definitiva, toda vez que no se ha dado cumplimiento a cargas
procesales de quien ha requerido la intervención del Tribunal Constitucional.



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Es ello lo que justifica que el requerimiento no debe ser admitido a trámite,
atendido el incumplimiento de los estándares que establecen los artículos 63 y
65 de la Ley 17.997, en relación al artículo 93 incisos primero, N° 3°, cuarto,
quinto y sexto, de la Constitución Política de la República.



La Ministra señora CATALINA LAGOS TSCHORNE concurre a la primera
disidencia que antecede sin compartir lo señalado en sus considerandos
12° y 13°.



Redacción de las señoras y señores Ministros que respectivamente
suscriben.



Notifíquese.

Rol 15.999-24-CPT




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Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 21/12/2024



Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida María Pía Silva Gallinato
Fecha: 20/12/2024 Fecha: 20/12/2024



MIGUEL ANGEL Fernández GONZÁLEZ Raúl Eduardo Mera Muñoz
Fecha: 21/12/2024 Fecha: 20/12/2024



Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 20/12/2024



Marcela Inés Peredo Rojas Alejandra Precht Rorris
Fecha: 20/12/2024 Fecha: 20/12/2024



Mario René Gómez Montoya
Fecha: 20/12/2024


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta,
Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros señora Nancy
Adriana Yáñez Fuenzalida, señora María Pía Silva Gallinato, señor Miguel Ángel
Fernández González, señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana
Lagos Tschorne, señor Héctor Mery Romero, señora Marcela Inés Peredo Rojas,
señora Alejandra Precht Rorris y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional, señora María Angélica Barriga
Meza.


María Angélica Barriga Meza
Fecha: 21/12/2024




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