TC Rol 16057

Texto completo

0000380
TRESCIENTOS OCHENTA




2025

REPÚBLICA DE CHILE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
____________
Sentencia

Rol 16.057-2024

[4 de septiembre de 2025]
____________




REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 22
DEL DECRETO CON FUERZA DE LEY N° 707, QUE FIJA EL TEXTO
REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DE LA LEY
SOBRE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS Y CHEQUES Y 434 N°
4 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL


CARLOS LEÓN MORENO

EN EL PROCESO ROL C-2550-2023, SEGUIDO ANTE EL PRIMER JUZGADO DE
LETRAS DE CURICÓ, EN ACTUAL CONOCIMIENTO DE LA CORTE DE
APELACIONES DE TALCA, POR RECURSO DE APELACIÓN, BAJO EL ROL N°
1694-2024 (CIVIL)



VISTOS:

Don Carlos León Moreno acciona de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
respecto de los artículos 22 del Decreto con Fuerza de Ley N° 707, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Sobre Cuentas Corrientes Bancarias
y Cheques y 434 N° 4 del Código de Procedimiento Civil, en el proceso Rol C-2550-
2023, seguido ante el Primer Juzgado de Letras de Curicó, en actual conocimiento de
la Corte de Apelaciones de Talca, por recurso de apelación, bajo el Rol N° 1694-2024
(Civil).



Precepto legal cuya aplicación se impugna




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TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO




El texto de los preceptos impugnados dispone:



“Decreto con Fuerza de Ley N° 707, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley Sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques

(…)

“Artículo 22.- El librador deberá tener de antemano fondos o créditos disponibles
suficientes en cuenta corriente en poder del Banco librado. El librador que girare sin este
requisito o retirare los fondos disponibles después de expedido el cheque, o girare sobre cuenta
cerrada o no existente, o revocare el cheque por causales distintas de las señaladas en el artículo
26, y que no consignare fondos suficientes para atender al pago del cheque, de los intereses
corrientes y de las costas judiciales, dentro del plazo de tres días contados desde la fecha en que
se le notifique el protesto, será sancionado con las penas de presidio indicadas en el artículo 467
del Código Penal, debiendo aplicarse las del N° 3), aun cuando se trate de cantidades inferiores
a las ahí indicadas.

El plazo a que se refiere el inciso anterior se suspenderá durante los días feriados.

En todo caso será responsable de los perjuicios irrogados al tenedor.

No servirá para eximirse de responsabilidad la circunstancia de haberse girado el
cheque sin fecha o a una fecha posterior a la de su expedición.

Los fondos deberán consignarse a la orden del Tribunal que intervino en las
diligencias de notificación del protesto, el cual deberá entregarlos al tenedor sin más trámite.

Para todos los efectos legales, los delitos que se penan en la presente ley se entienden
cometidos en el domicilio que el librador del cheque tenga registrado en el Banco.

El pago del cheque, los intereses corrientes y las costas judiciales, si las hubiere,
constituirá causal de sobreseimiento definitivo, a menos que de los antecedentes aparezca en
forma clara que el imputado ha girado el o los cheques con ánimo de defraudar. El
sobreseimiento definitivo que se decrete en estos casos no dará lugar a la condena en costas
prevista en el artículo 48 del Código Procesal Penal.

La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras adoptará medidas de
carácter general conducentes a impedir que quienes fueren sobreseídos en conformidad al inciso
8° o condenados por infracción a este artículo, puedan abrir cuenta corriente bancaria durante
los plazos que, según los casos, determine. El respectivo juez de garantía o tribunal de juicio
oral en lo penal, en su caso, comunicará a la Superintendencia la circunstancia de encontrarse
una persona en alguna de las situaciones recién aludidas, dentro de tercero día de ejecutoriada
la resolución correspondiente.

Asimismo, la Superintendencia dictará normas de carácter general destinadas a
sancionar con multa a aquellos Bancos respecto de los cuales pueda presumirse que, por el
número de cheques que protesten en cada semestre, no dan cumplimiento cabal a las
instrucciones sobre apertura de cuentas corrientes bancarias.”.




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TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS




(…)



“Código de Procedimiento Civil

(…)

“Artículo 434.- El juicio ejecutivo tiene lugar en las obligaciones de dar cuanto para
reclamar su cumplimiento se hace valer alguno de los siguientes títulos: (…)

4°. Instrumento privado, reconocido judicialmente o mandado tener por reconocido.
Sin embargo, no será necesario este reconocimiento respecto del aceptante de una letra de
cambio o subscriptor de un pagaré que no hayan puesto tacha de falsedad a su firma al tiempo
de protestarse el documento por falta de pago, siempre que el protesto haya sido personal, ni
respecto de cualquiera de los obligados al pago de una letra de cambio, pagaré o cheque, cuando,
puesto el protesto en su conocimiento por notificación judicial, no alegue tampoco en ese mismo
acto o dentro de tercero día tacha de falsedad.

Tendrá mérito ejecutivo, sin necesidad de reconocimiento previo, la letra de cambio,
pagaré o cheque, respecto del obligado cuya firma aparezca autorizada por un notario o por el
Oficial del Registro Civil en las comunas donde no tenga su asiento un notario”.

(…)



Síntesis de la gestión pendiente y del conflicto constitucional sometido al
conocimiento y resolución del Tribunal

El requirente acciona en el marco de un juicio ejecutivo tramitado ante el
Primer Juzgado de Letras de Curicó, caratulado "Agrocomercial San Antonio
Limitada con Exportadora CLM Chile Limitada", Rol N° 2550-2023, con recurso de
apelación Rol N° 1694-2024 ante la Corte de Apelaciones de Talca.

Expone que es representante legal de la sociedad Exportadora CLM Chile
Limitada y que en dicha calidad firmó un cheque que posteriormente fue protestado
por falta de fondos. Al efecto, el ejecutante preparó la vía ejecutiva exhibiendo el
cheque girado por la sociedad y su acta de protesto de fecha 3 de enero de 2023,
solicitando posteriormente la notificación judicial del protesto, tanto a la sociedad en
su calidad de titular de la cuenta corriente como a don Carlos León Moreno en su
calidad de girador formal del cheque.

Del examen del cheque, sostiene, se observa que la única y exclusiva titular de
la cuenta corriente es Exportadora CLM Chile Limitada, que como persona jurídica es
un ente ficticio con capacidad plena para ejercer derechos y contraer obligaciones. Esta
persona jurídica contrajo la obligación de pago mediante el giro del cheque, que
necesariamente debió ser firmado por una persona natural. La única persona que tiene
registrada su firma en el banco librado para girar cheques de la sociedad es don Carlos
León Moreno, en su calidad de representante legal. Por tanto, la única forma que tiene




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TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES




esta sociedad de responsabilidad limitada de ejecutar su voluntad de girar un cheque
es mediante la intervención de una persona natural, siendo su representante legal el
único con dicha atribución.

Argumenta que Carlos León Moreno, al firmar el cheque, lo hace
exclusivamente en su calidad de representante legal de la sociedad deudora, de
manera que su firma únicamente implica la manifestación de la voluntad de la
persona jurídica que representa. Como sujeto de derecho, las personas jurídicas
cuentan con patrimonio propio, máxime considerando que se trata de una sociedad
de responsabilidad limitada en que su patrimonio es total y absolutamente
independiente del patrimonio de sus socios y del de su representante legal.

Señala que el tribunal, al proveer la demanda ejecutiva, incumplió con su
obligación legal de examinar el título y despachó mandamiento de ejecución y
embargo en contra del representante legal de la sociedad deudora, aplicando normas
de naturaleza penal para declarar y sancionar conductas que no están sancionadas
civilmente, amparado en el artículo 22 del DFL N° 707.

Seguidamente, promovió una incidencia de nulidad de todo lo obrado en
autos, en la que solicita, según consta a fojas 101, retrotraer la causa al estado de que
la contraria aclare quién es el demandado en autos para así tener por preparada la vía
ejecutiva en su contra y consecuentemente tener por interpuesta la demanda ejecutiva
en contra de la única obligada al pago del cheque cuyo cobro se pretende en autos.

En resolución de 17 de junio de 2024, el tribunal, desestimó la incidencia de
nulidad y conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley sobre Cuentas Corrientes
Bancarias y Cheques, atribuyó responsabilidad civil al "girador formal del cheque",
considerándolo "obligado al pago del documento" y "solidariamente responsable", sin
distinguir que la firma puesta en el cheque es la de don Carlos León Moreno en su
calidad de representante legal, cuyo único fin es exteriorizar la voluntad de la persona
jurídica que representa.

La requirente dedujo recurso de reposición con apelación en subsidio en contra
de lo resuelto. Rechazada la reposición, se tuvo por interpuesto el recurso de apelación
con fecha 27 de agosto de 2024.

Arguye seguidamente una contravención al artículo 19 Nºs 3 y 24 de la Carta
Fundamental.

En relación con el artículo 19 N° 3 constitucional, el requirente sostiene que la
limitación y privación de derechos fundamentales mediante la atribución de
responsabilidad objetiva violenta el principio de legalidad. Explica que el texto
constitucional establece una reserva legal para determinar las obligaciones y
limitaciones al derecho de propiedad que deriven de su función social, precisando que
esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad
nacional, la utilidad y la salubridad públicas como también la conservación del
patrimonio ambiental.



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TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO




Señala que en el juicio ejecutivo se despachó mandamiento de ejecución y
embargo en contra del representante legal de una sociedad, fundado en que dicha
persona era el "girador formal del cheque", aperturándose un cuaderno de apremio
en contra de este tercero ajeno a la obligación de pago contenida en el título cambiario
por aplicación de normas de naturaleza penal y por una interpretación extensiva del
inciso cuarto del artículo 434 del Código de Procedimiento Civil. La garantía del
principio de legalidad en la Constitución denota que los preceptos de carácter
sancionatorio o que buscan atribuir responsabilidades por conductas repudiadas por
el legislador exige no sólo la garantía de encontrarse suficientemente descritas, sino
que también de la irretroactividad de la ley.

Argumenta, además, que el sancionar una conducta sin existir un proceso que
declare la responsabilidad civil infringe el derecho a un debido proceso. Sostiene que
si se pretende analizar la supuesta responsabilidad del representante legal del cuenta-
correntista al suscribir el cheque, ello podría analizarse como derivación de una
supuesta responsabilidad contractual o extracontractual. En este sentido, la
responsabilidad contractual no puede inferirse porque habría requerido que haya
suscrito el cheque como aval, codeudor, endosante, librador o aceptante, y en ninguna
de esas calidades actuó. La responsabilidad extracontractual tampoco puede inferirse
porque debería cumplirse con los requisitos de ocurrencia del hecho, culpabilidad,
daño y relación de causalidad entre el hecho culpable y el perjuicio causado.

Respecto al artículo 19 N° 24 constitucional, señala que las normas
denunciadas transgreden el derecho de propiedad, ya que en virtud de su aplicación
se le privó de la propiedad sobre sus bienes mediante embargo y ejecución, del
derecho a ejercerlos y del derecho a percibir las remuneraciones que su función tiene
asignadas, causándole un gran perjuicio económico, cuando él es un tercero no
obligado al pago del cheque.



Tramitación

El requerimiento fue acogido a trámite por la Segunda Sala, con fecha 24 de
diciembre de 2024, a fojas 32. En resolución de fecha 21 de enero de 2025, a fojas 349,
se declaró admisible.

Conferidos los traslados de fondo a los órganos constitucionales interesados y
a las demás partes en la gestión invocada, la requerida Agrocomercial San Antonio
Limitada formuló observaciones a fojas 358.



Observaciones de Agrocomercial San Antonio Limitada

Sostiene, en primer lugar, que los preceptos impugnados ya fueron aplicados
mediante resoluciones firmes y ejecutoriadas. Explica que las normas cuya
inaplicabilidad se solicita ya fueron correctamente aplicadas tanto en la gestión




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TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO




preparatoria sobre notificación de protesto de cheque como en el cuaderno ejecutivo,
mediante diversas resoluciones judiciales cuya firmeza no puede ser cuestionada a
través de la acción constitucional incoada. Indica que se interpuso gestión
preparatoria sobre notificación de protesto de cheque tanto en contra de la titular de
la cuenta corriente como en contra del girador formal del cheque, siendo ambos
notificados legalmente, y dentro del plazo legal ninguno de los demandados pagó el
cheque ni alegó falsedad de la firma. Posteriormente, se interpuso demanda ejecutiva
tanto en contra de la titular de la cuenta corriente como en contra del girador formal
del cheque, siendo ambos notificados legalmente, y dentro del plazo legal ninguno de
los demandados opuso excepciones a la ejecución, teniéndose el mandamiento como
sentencia por resolución firme y ejecutoriada.

Destaca que más de tres meses después de que el tribunal de la instancia
tuviera el mandamiento como sentencia, y encontrándose el procedimiento en etapa
de realización de los bienes embargados, el requirente opuso un incidente de nulidad
de todo lo obrado de manera absolutamente extemporánea y sin invocar un vicio de
carácter procesal que anule el proceso, lo que fue rechazado por el Primer Juzgado de
Letras de Curicó. Enfatiza que, en tales circunstancias, los preceptos impugnados ya
fueron correctamente aplicados tanto en la gestión preparatoria como en el cuaderno
ejecutivo, no en una sino que en varias resoluciones judiciales, cuya firmeza no puede
ser cuestionada a través de la acción constitucional. La acción de inaplicabilidad no es
un recurso procesal, pues se dirige contra un precepto legal y no contra una resolución
judicial.

Adicionalmente, argumenta que el requerimiento adolece de falta de
fundamento plausible. Cita jurisprudencia del Tribunal Constitucional señalando
que, en sede de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, el Tribunal sólo ha sido
autorizado por la Carta Fundamental para efectuar el control de constitucionalidad
concreto de los preceptos legales objetados y, por consiguiente, no ha sido llamado a
resolver sobre la aplicación e interpretación de normas legales, cuestión que es de
competencia de los jueces del fondo. Sostiene que a través del requerimiento se intenta
oblicuamente dejar sin efecto resoluciones judiciales firmes y ejecutoriadas, asunto
que debe resolverse en la sede de apelación pendiente, pero de la lectura del libelo no
se logra apreciar argumentos de entidad suficiente como para vislumbrar la aptitud
de los preceptos legales objetados para contrariar la Constitución en su aplicación al
caso concreto.

Finalmente, señala un error en la identificación de las normas impugnadas,
pues se solicita la inaplicabilidad del "inciso 4° del artículo 434 del Código de
Procedimiento Civil", cuando dicho artículo no tiene incisos sino numerales,
requiriéndose la inaplicabilidad de un inciso que no existe en dicho artículo. Cita
jurisprudencia del Tribunal que ha desechado acciones que no especifican los
preceptos cuya aplicación se impugna, por no ser consistente con la naturaleza de la




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TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS




acción de inaplicabilidad, que supone individualización de preceptos legales
concretos y determinados.



Vista de la causa y acuerdo

En audiencia de Pleno del día 13 de agosto de 2025, se verificó la vista de la
causa, oyéndose la relación pública y alegatos de la abogada Paula Troncoso Parra.
Fue adoptado acuerdo con igual fecha.



CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el requirente solicitó se declare la inaplicabilidad, por
inconstitucionalidad, del artículo 22 del DFL N° 707, que refundió y sistematizó la Ley
sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, así como del artículo 434 N° 4 del
Código de Procedimiento Civil, a fin de que no se apliquen en la causa Rol C-2550-
2023 del Primer Juzgado de Letras de Curicó. Dicho proceso se inició mediante
demanda ejecutiva interpuesta por Agrocomercial San Antonio Limitada en contra de
Exportadora CLM Chile Limitada, en su calidad de titular de la cuenta corriente, y de
don Carlos León Moreno, en su calidad de girador formal del cheque protestado, por
la suma de USD 81.555 (dólares de los Estados Unidos de América), en su equivalente
en pesos según tipo de cambio vendedor al día 24 de octubre de 2023, esto es,
$76.519.794, más intereses y reajustes.

SEGUNDO: Que, el solicitante alega en su presentación que la aplicación de
los preceptos cuya inaplicabilidad se requiere permite hacer efectiva su
responsabilidad civil respecto de los hechos invocados por la demandante ejecutiva
en la gestión pendiente, aun cuando no concurren los presupuestos establecidos en el
ordenamiento jurídico y sin que exista un proceso judicial previo que acredite la
responsabilidad imputada. Ello, a su juicio, vulnera su garantía al debido proceso, así
como su derecho de propiedad.

TERCERO: Que, el artículo 22 del DFL N° 707 dispone:

“El librador deberá tener de antemano fondos o créditos disponibles suficientes en
cuenta corriente en poder del Banco librado. El librador que girare sin este requisito o retirare
los fondos disponibles después de expedido el cheque, o girare sobre cuenta cerrada o no
existente, o revocare el cheque por causales distintas de las señaladas en el artículo 26, y que
no consignare fondos suficientes para atender al pago del cheque, de los intereses corrientes y
de las costas judiciales, dentro del plazo de tres días contados desde la fecha en que se le notifique
el protesto, será sancionado con las penas de presidio indicadas en el artículo 467 del Código
Penal, debiendo aplicarse las del N° 3), aun cuando se trate de cantidades inferiores a las ahí
indicadas.

El plazo a que se refiere el inciso anterior se suspenderá durante los días feriados.




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TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE




En todo caso será responsable de los perjuicios irrogados al tenedor.

No servirá para eximirse de responsabilidad la circunstancia de haberse girado el
cheque sin fecha o a una fecha posterior a la de su expedición.

Los fondos deberán consignarse a la orden del Tribunal que intervino en las diligencias
de notificación del protesto, el cual deberá entregarlos al tenedor sin más trámite.

Para todos los efectos legales, los delitos que se penan en la presente ley se entienden
cometidos en el domicilio que el librador del cheque tenga registrado en el Banco.

El pago del cheque, los intereses corrientes y las costas judiciales, si las hubiere,
constituirá causal de sobreseimiento definitivo, a menos que de los antecedentes aparezca en
forma clara que el imputado ha girado el o los cheques con ánimo de defraudar. El
sobreseimiento definitivo que se decrete en estos casos no dará lugar a la condena en costas
prevista en el artículo 48 del Código Procesal Penal.

La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras adoptará medidas de
carácter general conducentes a impedir que quienes fueren sobreseídos en conformidad al inciso
8° o condenados por infracción a este artículo, puedan abrir cuenta corriente bancaria durante
los plazos que, según los casos, determine. El respectivo juez de garantía o tribunal de juicio
oral en lo penal, en su caso, comunicará a la Superintendencia la circunstancia de encontrarse
una persona en alguna de las situaciones recién aludidas, dentro de tercero día de ejecutoriada
la resolución correspondiente.

Asimismo, la Superintendencia dictará normas de carácter general destinadas a
sancionar con multa a aquellos Bancos respecto de los cuales pueda presumirse que, por el
número de cheques que protesten en cada semestre, no dan cumplimiento cabal a las
instrucciones sobre apertura de cuentas corrientes bancarias.”.

Por su parte, el artículo 434 N° 4 del Código de Procedimiento Civil, prescribe:

“El juicio ejecutivo tiene lugar en las obligaciones de dar cuanto para reclamar su
cumplimiento se hace valer alguno de los siguientes títulos:

[…]

4°. Instrumento privado, reconocido judicialmente o mandado tener por reconocido.
Sin embargo, no será necesario este reconocimiento respecto del aceptante de una letra de
cambio o subscriptor de un pagaré que no hayan puesto tacha de falsedad a su firma al tiempo
de protestarse el documento por falta de pago, siempre que el protesto haya sido personal, ni
respecto de cualquiera de los obligados al pago de una letra de cambio, pagaré o cheque, cuando,
puesto el protesto en su conocimiento por notificación judicial, no alegue tampoco en ese mismo
acto o dentro de tercero día tacha de falsedad.

Tendrá mérito ejecutivo, sin necesidad de reconocimiento previo, la letra de cambio,
pagaré o cheque, respecto del obligado cuya firma aparezca autorizada por un notario o por el
Oficial del Registro Civil en las comunas donde no tenga su asiento un notario.”.

[…]




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CUARTO: Que, de esta forma, el dilema constitucional planteado radica en el
cuestionamiento de las normas impugnadas por infracción a las garantías
fundamentales del debido proceso y del derecho de propiedad, según lo sostiene el
solicitante, lo que importaría una vulneración del artículo 19 N° 3, inciso sexto, y
N° 24 de la Constitución Política de la República.

QUINTO: Que, sobre la vulneración a la garantía constitucional del debido
proceso alegado por el requirente, resulta útil recordar que la Constitución Política de
la República en su artículo 19 N° 3, inciso sexto, consagra que: “[t]oda sentencia de un
órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado”,
otorgándole al legislador un mandato en orden a establecer las garantías de un
procedimiento y una investigación racionales y justos, disposición que fue el resultado
de una opción deliberada del Constituyente de abstenerse de enunciar las garantías
del debido proceso, dejando abierta la posibilidad para que el legislador las pueda
precisar caso a caso atendiendo a las características, necesidades y naturaleza de cada
procedimiento (STC 576-2006, c. 41°).

SEXTO: Que, en este orden de ideas, corresponde recordar que esta
Magistratura ha sostenido que la incorporación al ordenamiento jurídico de
procedimientos diversos según el tipo de crédito de que se trate constituye una
decisión propia de la política legislativa. Tal facultad debe ejercerse cumpliendo con
los estándares de racionalidad y justicia, y se enmarca en la autonomía de que dispone
el legislador para regular materias procedimentales, conforme a las apreciaciones de
mérito y oportunidad que justifican la adopción de determinadas fórmulas
normativas. No obstante, ha precisado que a este Alto Tribunal le corresponde
intervenir para reparar eventuales vicios de inconstitucionalidad “solo cuando el
Parlamento exceda su ámbito de atribuciones, infringiendo los márgenes contemplados en el
texto, principios o valores de la Carta Fundamental, o violente el proceso de formación de la
ley” (STC 1.217, c. 10°).

SÉPTIMO: Que, en lo que respecta al caso concreto, cabe señalar que, en la
gestión judicial de fondo, el requirente fue debidamente notificado tanto del cheque
protestado como de la demanda ejecutiva, sin haber opuesto excepciones. Con
posterioridad, interpuso un incidente de nulidad de todo lo obrado, fundado en que
la única obligada al pago sería la sociedad Exportadora CLM Chile Ltda., en su calidad
de giradora del cheque, y en la alegación de que no se habría efectuado un examen
del título ejecutivo por parte del juez de la causa, esto es, de manera extemporánea
pretende hacer alegaciones que no las hizo en la oportunidad procesal dispuesta por
el legislador. Dicho incidente fue rechazado, resolución frente a la cual dedujo recurso
de reposición con apelación subsidiaria.

De lo anterior, resulta evidente que el requirente decidió ejercer su defensa
durante la tramitación del procedimiento compulsivo, con la tardanza que refiere la
parte acreedora en su traslado de fojas 3 del cuaderno del incidente de Nulidad de lo




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Obrado, por lo que no es atendible sostener que se haya visto conculcada la garantía
del debido proceso que la Constitución asegura.

OCTAVO: Que, es del caso señalar que la aplicación de los preceptos
requeridos de inaplicabilidad no permite constatar una vulneración al artículo 19, N°
3, inciso sexto, de la Carta Fundamental, que consagra la garantía del debido proceso,
en cuanto, no es posible sostener que la responsabilidad asignada al requirente, en su
calidad de librador del cheque protestado que dio inicio a la gestión pendiente,
adolezca de reparos de constitucionalidad, ni en abstracto ni en concreto. Ello,
considerando que en la causa judicial de fondo -esto es, un juicio ejecutivo de
obligación de dar-, regulado conforme al requisito constitucional de justicia y
racionalidad procedimental, el requirente pudo ejercer íntegramente su derecho de
defensa a lo largo de todo el iter procesal.

NOVENO: Que, aduce el requirente que no sería responsable pues es la
Exportadora CLM Chile Limitada, patrimonial y comercialmente autónoma,
limitándose el interesado a suscribir el cheque por un monto de US$ 81.555, siendo su
girador formal.

DÉCIMO: Que, el profesor Ricardo Sandoval López define al cheque como
“un título -valor que contiene una orden incondicionada del girador al banco de pagar, a su
presentación, una suma determinada de dinero, quedando obligado a pagarla al portador
legitimo en todos aquellos casos en que el banco no la cumpla” (SANDOVAL LOPEZ,
Ricardo, en “Derecho Comercial. Tomo II. Teoría general de los títulos valores”. Editorial
Jurídica de Chile, Santiago, 2015 p. 189.). Junto con la letra de cambio y el pagaré, el
cheque se ha categorizado como un título de crédito abstracto o no causado, en
atención a que quien lo suscribe queda obligado a su pago frente al tenedor legítimo,
con entera independencia de la existencia y validez de la obligación subyacente o del
negocio causal que motivó su creación. En este sentido, se ha señalado que, por este
motivo, en el título no hay referencia alguna a la relación jurídica, operación o contrato
que le ha dado origen (Vergara Benzanilla, José Pablo en “La inoponibilidad de las
excepciones en la cesión de créditos expresados en Facturas”. Revista de Derecho del
Consejo de Defensa del Estado, Nº 41, 2021. P .113).

UNDÉCIMO Que, obviamente, las personas jurídicas deben actuar en el
ámbito comercial y jurídico a través de sus representantes, quienes resultan, en la
especie, por mandato legal, responsable en su carácter de librador del instrumento
mercantil denominado cheque, tanto penal como civilmente, conforme lo previene el
artículo 22 del DFL N° 707 y dicha responsabilidad resulta evidente, toda vez que sin
la suscripción del representante legal -librador- el documento no tendría eficacia,
como se dijo, ni comercial ni jurídica.

DUODÉCIMO: Que, dicho lo anterior, en lo que respecta a la eventual
infracción del artículo 19, N° 24, de la Constitución, que consagra la garantía del
derecho de propiedad, la determinación de los efectos de la aplicación de los preceptos
requeridos en la gestión pendiente, constituye una cuestión propia del conocimiento



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TRESCIENTOS NOVENTA




y resolución del juez del fondo, en este sentido, este Tribunal en el considerando
undécimo de la STC Rol N° 1.212 indicó que “la subsunción de las circunstancias de hecho
del caso particular dentro de lo dispuesto en el precepto es tarea propia del juez del fondo, al
igual que la interpretación de sus términos”, motivo por el cual no corresponde a esta
Magistratura emitir un pronunciamiento sobre el particular.

DECIMOTERCERO: Que, por las razones expuestas en los considerandos
precedentes, se rechazará el requerimiento de inaplicabilidad deducido en autos.



Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93, incisos primero,
N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la
Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional
del Tribunal Constitucional,



SE RESUELVE:

I. QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DEDUCIDO A LO
PRINCIPAL DE FOJAS 1. OFÍCIESE.

II. ÁLCESE LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA
EN AUTOS. OFÍCIESE.

III. QUE NO SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE REQUIRENTE
POR ESTIMARSE QUE TUVO MOTIVO PLAUSIBLE PARA
LITIGAR.



Redactó la sentencia el Ministro señor MARIO GÓMEZ MONTOYA.



Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.
Rol N° 16.057-24-INA




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Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 05/09/2025



Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida María Pía Silva Gallinato
Fecha: 07/09/2025 Fecha: 04/09/2025



Miguel Angel Fernández González Raúl Eduardo Mera Muñoz
Fecha: 05/09/2025 Fecha: 05/09/2025



Héctor Antonio Mery Romero
Fecha: 08/09/2025



Alejandra Precht Rorris Mario René Gómez Montoya
Fecha: 05/09/2025 Fecha: 08/09/2025


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta,
Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros señora Nancy
Adriana Yáñez Fuenzalida, señora María Pía Silva Gallinato, señor Miguel Ángel
Fernández González, señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana
Lagos Tschorne, señor Héctor Mery Romero, señora Alejandra Precht Rorris y
señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario (S) del Tribunal Constitucional, señor Sebastián López
Magnasco.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 08/09/2025




2D90606F-C04F-4C2B-A9EA-566D696F2786
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