TC Rol 16058

Texto completo

0000388
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO




2025

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
____________
Sentencia

Rol 16.058-2024

[12 de agosto de 2025]
____________




REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL ARTÍCULO 4°, N° 2), DE
LA LEY 20.720, QUE SUSTITUYE EL RÉGIMEN CONCURSAL
VIGENTE POR UNA LEY DE REORGANIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
EMPRESAS Y PERSONAS, Y PERFECCIONA EL ROL DE LA
SUPERINTENDENCIA DEL RAMO



SOCIEDAD DE COMERCIO ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN
DESERT ROOM LIMITADA


EN EL PROCESO ROL C-826-2024, SEGUIDO ANTE EL PRIMER JUZGADO DE
LETRAS DE CALAMA, EN CONOCIMIENTO DE LA CORTE DE APELACIONES DE
ANTOFAGASTA, POR RECURSO DE HECHO, BAJO EL ROL N° 1292-2024 (CIVIL)



VISTOS:

Que, con fecha 19 de diciembre de 2024, Sociedad de Comercio
Alojamiento y Alimentación Desert Room Limitada ha presentado un
requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo
4°, N° 2), de la Ley 20.720, que sustituye el régimen concursal vigente por una ley
de reorganización y liquidación de empresas y personas, y perfecciona el rol de
la Superintendencia del ramo, en el proceso Rol C-826-2024, seguido ante el
Primer Juzgado de Letras de Calama, en conocimiento de la Corte de




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Apelaciones de Antofagasta, por recurso de hecho, bajo el Rol N° 1292-2024
(Civil).



Precepto legal cuya aplicación se impugna

El texto del precepto legal impugnado, en su parte destacada, señala:



Ley N° 20.720

“Artículo 4°.- Recursos. Las resoluciones judiciales que se pronuncien en
los Procedimientos Concursales de Reorganización y de Liquidación establecidos
en esta ley sólo serán susceptibles de los recursos que siguen:

[…]

2) Apelación: Procederá contra las resoluciones que esta ley señale
expresamente y deberá interponerse dentro del plazo de cinco días
contado desde la notificación de aquéllas. Será concedida en el solo efecto
devolutivo, salvo las excepciones que esta ley señale y, en ambos, casos
gozará de preferencia para su inclusión en la tabla y para su vista y fallo.

[…].”



Síntesis de la gestión pendiente y del conflicto constitucional
sometido al conocimiento y resolución del Tribunal

Relata la requirente que ante el Primer Juzgado de Letras de Calama se
tramita la causa Rol C-826 -2024, en que INVERSIONES AUTOMOTRICES
LIMITADA ha deducido Solicitud de Liquidación Forzosa en su contra, en virtud
de un pagaré por la suma de 634,56 Unidades de Fomento.

Señala que con fecha 29 de noviembre de 2024, de conformidad con el
artículo 120 Nº 2) letra d) de la Ley 20.720, formuló oposición a la demanda, y
que en el primer otrosí, cumplió con señalar los tres acreedores con los mayores
créditos, de acuerdo con su contabilidad, y en la presentación acompañó la
prueba documental, ofreciendo medios de prueba y presentó la lista de testigos.

Refiere que en la misma fecha, se llevó a efecto la Audiencia Inicial del
artículo 120 de la ley 20.720, por videoconferencia, ante la funcionaria del
tribunal, Javiera Cornejo Tapia, oportunidad en que comenzó su exposición
señalando sus tres principales acreedores conforme al primer otrosí de su
presentación, y formuló oposición, oponiendo las excepciones contenidas en los
numerales 1, 4 y 7 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil.

Expresa que el acreedor, sin que se encuentre especialmente regulado
entre los trámites de la Audiencia Inicial, promovió una incidencia, solicitando



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al Tribunal procediera a dictar la resolución de liquidación derechamente, en
atención que -en su concepto- no se habría dado cumplimiento al numeral 2 del
artículo 120 de la Ley 20.720, y en particular “en atención a que las
declaraciones establecidas en la presente audiencia respecto a cuáles son los 3
mayores acreedores son falsas y no habiéndose acompañado respaldo
documental que permita aseverar las afirmaciones”.

Indica que la juez se apersonó a la audiencia para resolver la incidencia
promovida y acogiéndola, declaró que no se cumple con el presupuesto legal del
artículo 120 Nº 2 de la Ley N° 20.720, tuvo por no presentada la oposición del
deudor, y ordenó proceder con la dictación de la Resolución de Liquidación de
la empresa deudora. Para concluir lo anterior, la recurrida consideró que “no se
ha acompañado antecedente alguno que dé cuenta que fehacientemente estos 3
acreedores individualizados corresponden a los mayores acreedores conforme su
contabilidad”.

Aco seguido, se señala que la requirente interpuso recurso de reposición
con apelación subsidiaria, y que la jueza rechazó el la reposición y no concedió
la apelación en virtud de la norma reclamada en autos.

Por ello, señalada que el 30 de noviembre de 2024 presentó un recurso de
hecho, el que se tramita ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, bajo el Rol
1292-2024 (Civil), y que constituye la gestión pendiente para estos autos
constitucionales.

Como conflicto constitucional, la actora plantea que la aplicación del
artículo 4 N°2 de la Ley N° 20.720 a la gestión pendiente ha vulnerado las
garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N°3 incisos 1º y 5º y
artículo 5° inciso segundo, ambos de la Constitución Política de la República, en
relación a los artículos 8.1 y 8.2.h. de la Convención Interamericana de Derechos
Humanos.

Afirma que se vulnera el debido proceso, en particular, el derecho a la
defensa jurídica, la legalidad del juzgamiento, y la tutela judicial efectiva.

Señala que en el caso concreto, el precepto legal impugnado transgrede
estos derechos y en concreto el derecho a impugnar lo resuelto por el tribunal
de primera instancia, a fin de que pueda ser conocido por el superior jerárquico.



Tramitación

El requerimiento fue acogido a tramitación por resolución de la Primera
Sala de este Tribunal, de fecha 10 de enero de 2025, a fojas 96, y se ordenó la
suspensión del procedimiento, y luego, con fecha 31 de enero de 2025, a fojas
254, la misma Sala lo declaró admisible.




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Conferidos los traslados de fondo a todas las partes de la gestión
pendiente y a los órganos constitucionales interesados, con fecha 20 de
febrero de 2025, a fojas 363, formuló observaciones Inversiones Automotrices
Limitada, abogando por el rechazo del requerimiento con costas.

Argumenta la requerida que concurren las causales de inadmisibilidad
contempladas en el artículo 84 N° 2 y 6 de la Ley Orgánica Constitucional del
Tribunal Constitucional.

En efecto, señala que el asunto de inaplicabilidad que se promueve
respecto del artículo 4° N° 2 de la Ley 20.720, ha sido declarado conforme por el
Tribunal Constitucional, invocando el mismo vicio que el requerimiento. Se
citan al efecto, STC 8305-20, 12.677-21 y 11.421-213, en que se rechazó que en
tales casos se vulnerara el alegado derecho al recurso y el debido proceso.

Agrega que el requerimiento adolece de falta de fundamento plausible,
por cuanto lo que se pretende por la requirente es la corrección de una
resolución judicial que considera injusta, y que la acción de inaplicabilidad no
puede convertirse en una vía recursiva encubierta.



Con fecha 3 de marzo de 2025, a fojas 380, fueron traídos los autos en
relación.



Vista de la causa y acuerdo

En Sesión de Pleno de 15 de julio de 2025 se verificó la vista de la causa,
oyéndose la relación pública y los alegatos del abogado Juan Pablo González
Molina, por la parte requirente y se adoptó acuerdo, conforme fue certificado
por la relatora de la causa.



Y CONSIDERANDO:



PRIMERO. – Que la gestión actualmente pendiente corresponde a una
solicitud al amparo de las normas de la Ley 20.720, en cuya virtud INVERSIONES
AUTOMOTRICES LIMITADA dedujo demanda de liquidación forzosa en virtud
del artículo 117 N° 1 de ese cuerpo legal, en contra de SOCIEDAD DE COMERCIO
ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION DESERT ROOM LIMITADA., sustanciada en
los autos rol C- 826-2024 del Primer Juzgado Civil de Calama, valiéndose al efecto
de incumplimiento del pago de un pagaré ascendiente a 643,56 Unidades de
Fomento.




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SEGUNDO. - Que, en este contexto, consta a folio 27 del procedimiento
concursal que, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 120 N°2 de la
Ley 20.720, la deudora señaló mediante un escrito, aparejado a fojas 31, quiénes
eran sus tres principales acreedores: 1.- Banco Estado, RUT 97.030.000-7, por la
suma de $240.000.000.- con domicilio en Emilio Sotomayor Nº 1848, comuna de
Calama, correo electrónico contacto@bancoestado.cl; 2.- Sociedad de Proyectos
y Constructora Naymalu Limitada, RUT 77.613.352-3, por la suma de
$235.000.000.- con domicilio en Balmaceda 1740 Bodega A27, comuna de
Calama, correo electrónico pastete@naymalu.cl; 3. - Fininng Chile S.A, RUT
91.489.000-4, por la suma de $48.000.000.- con domicilio en Avda. Las Industrias,
Calle 7, Manzana H, Sitio 4, Puerto Seco, comuna de Calama, correo electrónico:
contactenos@finning.com. Acto seguido, hizo uso del derecho que le reconoce
el artículo 120 N°2 letra d) de la Ley 20.720, a la vez que opuso las excepciones
previstas en los numerales 1°, 4° y 7° del artículo 464 del Código de
Procedimiento Civil, una en subsidio de la otra.

En respuesta al traslado, el demandante sostuvo que la lista que sindica a
los tres mayores acreedores es falsa, siendo carga del deudor acreditar cuáles
son los tres mayores acreedores en su contabilidad, de manera tal que no
habiéndose acompañado respaldo documental contable que permita aseverar
las afirmaciones del ejecutado, corresponde al efecto dictar resolución de
liquidación.



TERCERO. – Que, en la audiencia de inicio, el tribunal decidió que, al
faltar los antecedentes documentales contables exigibles al tenor de lo prescrito
por el artículo 120 N°2 de la Ley 20.720, tuvo por no presentada la oposición del
deudor. Contra esa decisión, la parte deudora y requirente dedujo reposición y,
en subsidio, apelación. La reposición fue desestimada en ese mismo acto y la
apelación fue declarada improcedente en atención a lo establecido en el artículo
4° numeral 2° de la Ley 20.720. Por ello, con fecha 30 de noviembre de 2024, la
requirente presentó un recurso de hecho, el que se tramita ante la Corte de
Apelaciones de Antofagasta bajo el Rol 1292-2024, que constituye la gestión
pendiente en estos autos constitucionales.



CUARTO. - Que, para alcanzar estos fines, este cuerpo normativo se
construye sobre la base de un procedimiento fundado en el principio formativo
de la celeridad procesal, estructurado -en lo relativo a la solicitud de liquidación
forzosa- en una audiencia inicial, una audiencia de prueba y una audiencia de
fallo. Las fases señaladas son predicables tanto a la reorganización como a la
liquidación, definida esta última como “un procedimiento de ejecución colectiva



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cuyo objeto es proveer a la satisfacción de todos aquellos sujetos que se vinculan
obligacionalmente con un agente insolvente financieramente inviable, por medio
de la realización del activo de este último, ejecutada con miras a maximizar las
posibilidades y la cuantía del pago de los primeros” (Diego RODRÍGUEZ
GUTIÉRREZ y Nicolás JOFRÉ CARO [2024]: Procedimientos concursales de
empresas y personas deudoras. Texto refundido de la Ley Nº 20.720 y la Ley Nº
21.563, p. 155. Academia Judicial, Santiago).



QUINTO. - Que, en este contexto, la cuestión que nos convoca y en la cual
se ha dado aplicación a la norma requerida de inaplicabilidad, dice relación con
la posibilidad del deudor de deducir recursos legales contra las resoluciones
que le causan agravio en los litigios de esta naturaleza.



SEXTO. – Que conviene y es oportuno consignar que, en la Ley nro.
20.720, el procedimiento de liquidación de empresas ha sido configurado en
audiencias sucesivas. La primera de ellas es la Inicial, en la que se concede al
deudor diversas posibilidades.

a) Consignar fondos suficientes para el pago del crédito demandado y las
costas correspondientes;

b) Allanarse por escrito o verbalmente a la demanda, dictando en este
caso el tribunal la respectiva Resolución de Liquidación.

c) Acogerse expresamente al Procedimiento Concursal de
Reorganización contemplado en el Capítulo III de la ley.

d) Oponerse a la demanda de Liquidación Forzosa, debiendo someterse
en todo caso a las disposiciones del Párrafo 3 del Título 2 del Capítulo IV
de la ley del ramo.

Corresponde entonces que el Tribunal decrete la oposición, lo que da
pábulo para recibir la causa a prueba y fijar los puntos sobre los cuales ésta
deberá recaer. Una vez recibida la causa a prueba y fijados los hechos
sustanciales y pertinentes que constituyen el objeto de la controversia, el
tribunal: a) Se pronunciará acerca de la admisibilidad y pertinencia de las
pruebas ofrecidas; b) Tratándose de prueba pericial, el tribunal determinará la
calidad del perito y los puntos sobre los cuales deberá pronunciarse; c)
Concederá también al acreedor demandante la oportunidad de ofrecer prueba.

Con el mérito de lo resuelto, pasando a la etapa siguiente, el tribunal
citará a una Audiencia de Prueba, la que deberá tener lugar al quinto día
siguiente a que el auto de prueba quede firme.




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Una vez superada esa etapa procesal, se lleva a cabo la Audiencia de
Fallo, que se celebrará con las partes que asistan. En ella se dictará la sentencia
definitiva de primera instancia.



SÉPTIMO. – Que el artículo 128 de la Ley nro. 20.720 dispone lo
concerniente a la sentencia definitiva, disponiendo requisitos propios, además
de las exigencias generales establecidas en el Código de Procedimiento Civil.

Si la sentencia definitiva acoge la oposición del Deudor, deberá cumplir
con lo dispuesto en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y, con
ocasión de ella, cesará en sus funciones el Veedor. Contra esta sentencia
procederá únicamente el recurso de apelación, el que se concederá en ambos
efectos y gozará de preferencia extraordinaria para su inclusión a la tabla y
para su vista y fallo. Contra el fallo de segunda instancia no procederá recurso
alguno, sea ordinario o extraordinario.

En cambio, si la sentencia definitiva desestimare la oposición del Deudor,
ordenará su liquidación en los términos del artículo 129 y una vez notificada, el
Veedor propuesto en conformidad a lo dispuesto en el número 3 del artículo 118
cesará en su cargo.



OCTAVO. – Que, evidentemente, la efectividad de las cuestiones
planteadas por la requirente en su reposición y apelación, recurso este último
que pretende sea conocido por la Corte de Apelaciones, no es objeto del análisis
y ponderación por parte de esta Magistratura Constitucional. Lo que aquí nos
corresponde dilucidar es otra cosa: si el precepto legal impugnado por el
requerimiento, que limita el recurso de apelación en perjuicio del actor de estos
autos constitucionales, contra una resolución que resuelve un incidente que se
pronuncia sobre un trámite que debe servir de base en el pronunciamiento de
una sentencia definitiva o interlocutoria, es o no contrario a la Carta Política.



NOVENO. – Que la norma cuestionada establece que el recurso de
apelación, en el marco de los procedimientos seguidos bajo la Ley Nº 20.720,
únicamente es procedente contra las resoluciones que esta ley señale
expresamente. En tal sentido, la resolución que impide al deudor la posibilidad
de oponerse a la ejecución, al no estar contenida dentro de aquella declaración
expresa que exige el precepto legal, queda al margen de la posibilidad de que un
tribunal distinto, pueda revisarla en su legalidad y mérito, pronunciándose al
respecto.




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TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO




DÉCIMO. – Que, en relación con la posibilidad de impugnar una
resolución judicial, debemos tener presente que detrás de los medios de
impugnación aparecen como fundamentos dos aspectos esenciales: “Por un
lado, servir como control a la actividad del juez. El órgano puede incurrir en un
error en el desempeño de su actividad, de modo que el nuevo examen,
especialmente cuando es realizado por un Tribunal Superior, garantiza en cierta
medida el acierto de la resolución;// Y por otro, asegurar el derecho de defensa del
perjudicado por la resolución, de modo que entra en juego el término gravamen,
justificándose la impugnación por ser la resolución objeto de la misma gravosa
para la parte.” (Mario Mosquera Ruiz, Cristián Maturana Miquel. “Los Recursos
Procesales”, Editorial Jurídica de Chile, 2010, p. 19).



DÉCIMO PRIMERO. – Que, dentro de las finalidades descritas, podemos
evidentemente enmarcar al recurso de apelación, el cual la misma doctrina
antes indicada ha definido como “el acto jurídico procesal de la parte agraviada,
o que ha sufrido un gravamen irreparable con la dictación de una resolución
judicial, por medio del cual solicita al Tribunal que la dictó que eleve el
conocimiento del asunto al Tribunal superior jerárquico, con el objeto de que este
la enmiende con arreglo a derecho”. (Ibid. p.120).



DÉCIMO SEGUNDO. – Que, en definitiva, el recurso de apelación
constituye un mecanismo de impugnación de carácter general, cuyo
fundamento es el agravio sufrido por la parte recurrente y cuyo objetivo es
permitir que sea el tribunal superior, el que revise la resolución cuestionada y
pueda restablecer la observancia del ordenamiento jurídico, mediante una
decisión que se pronuncie derechamente respecto del cuestionamiento
planteado por la parte agraviada, desde una posición de imparcialidad y
consideración a las pretensiones y argumentos de ambas partes involucradas.
En definitiva, mediante este recurso se busca salvaguardar los intereses de
todas las partes del juicio, como un modo de garantizar -en lo que nos interesa-
el respeto a las garantías de un justo y racional juzgamiento.



DÉCIMO TERCERO. – Que no cabe duda de que el recurso de apelación
que la actora constitucional pretende deducir, pero que el precepto legal
impugnado por el requerimiento le impide interponer, debe ser entendido
teniendo en cuenta las particularidades de la ejecución concursal.

Como bien señala un autor nacional, nos encontramos ante “… lo que la
ley llama erradamente el juicio de oposición, … la liquidación forzosa es toda ella
un juicio, un juicio de liquidación colectiva. Toda vez que la ley denomina a la




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solicitud de ejecución forzosa del acreedor “demanda” … está reconociendo que
con ella se inicia un juicio (no existen las demandas en los asuntos no
contenciosos) y nuevamente admite que se trata de un juicio si se acepta dictar la
Resolución de Liquidación merced a un “allanamiento” del deudor” (Juan Esteban
PUGA VIAL [2020]: “Derecho Concursal. Del Procedimiento Concursal de
Liquidación. Ley N° 20.720”, p. 308. Editorial Jurídica de Chile, Santiago). En ese
juicio ejecutivo especial, puede el deudor deducir oposición en el contexto de un
proceso abierto con la finalidad de acreditar el estado de insolvencia del
deudor, no solo como el modo de ejecutar títulos ejecutivos individualmente
considerados. Se trata de una ejecución “universal y colectiva”, como enfatiza
Puga, “… cuyo fundamento y razón de ser es la amenaza que la insolvencia supone
a la regla de la prelación de créditos. Las normas deben tener una función y deben
leerse dentro de un contexto. El mensaje de la Ley N° 20.720 deja en evidencia que
es una ley para abordar las empresas en crisis y no para resolver relaciones
bilaterales entre un acreedor y su deudor” (PUGA VIAL, ob cit., p. 310).

En relación con la resolución que declara admisibles las excepciones del
deudor en la ejecución común, sostiene Carlos Hidalgo que “… tiene la
naturaleza de una sentencia interlocutoria, pues recae sobre un trámite que sirve
de base para el pronunciamiento de una sentencia definitiva; por lo mismo, una
vez firme, ella produce el efecto de cosa juzgada” (Carlos HIDALGO MUÑOZ
[2022]:” El Juicio Ejecutivo. Doctrina y Jurisprudencia”, p. 300. Thomson Reuters,
Santiago). A su vez, si las excepciones han sido opuestas fuera de plazo o no son
de aquellas contempladas en la ley, la resolución que así lo declara también es
una sentencia interlocutoria que “… debe cumplir con los requisitos que
establece el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil” (HIDALGO MUÑOZ,
ob cit., p. 303).



DÉCIMO CUARTO. – Que, de este modo, cuando se limita la posibilidad
de apelar respecto de una resolución judicial que, sin permitir la oposición del
deudor, agravia de manera relevante este último, cabe dilucidar si tal
restricción colisiona o no con las garantías constitucionales de la parte afectada
por tal límite. Es pertinente, por tanto, analizar a continuación si esa condición
se manifiesta, atendidas las circunstancias del caso concreto, como una
vulneración a las garantías constitucionales de la parte requirente.



DÉCIMO QUINTO. – Que, la parte requirente expone en su presentación
que la imposibilidad de recurrir de apelación, por aplicación al caso concreto
del artículo 4º Nº 2 de la citada Ley Nº 20.720, pugna particularmente con la
garantía de un debido proceso en los términos que consigna el numeral 3º del
artículo 19 constitucional, y con las demás garantías procesales consagradas en




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tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile,
invocando en ese caso el artículo 5° inciso segundo de la Carta Fundamental, en
relación a los artículos 8.1 y 8.2.h de la Convención Americana de Derechos
Humanos.



DÉCIMO SEXTO. – Que, en relación a la garantía de un justo y racional
juzgamiento, esta Magistratura a través de su jurisprudencia ha sostenido que
[e]l legislador está obligado a permitir que toda parte o persona interesada en
un proceso cuente con medios apropiados de defensa que le permitan oportuna
y eficazmente presentar sus pretensiones, discutir las de la otra parte, presentar
pruebas e impugnar las que otros presenten, de modo que, si aquellas tienen
fundamento, permitan el reconocimiento de sus derechos, el restablecimiento
de los mismos o la satisfacción que, según el caso, proceda; excluyéndose, en
cambio, todo procedimiento que no permita a una persona hacer valer sus
alegaciones o defensas o las restrinja de tal forma que la coloque en una
situación de indefensión o inferioridad. (STC 1411 c. 7).



DÉCIMO SÉPTIMO. – Que esa exigencia para el legislador, de asegurar
medios apropiados para que las partes de una controversia judicial puedan
exponer de manera pertinente en juicio sus argumentos y defender
debidamente sus intereses, no se manifiesta en este caso. Pues, por aplicación
de un precepto legal, como es el contenido en el artículo 4 Nº 2 de la Ley Nº
20.720, en el caso concreto, se le impide al deudor el poder de recurrir ante el
superior jerárquico del tribunal que conoce de la cuestión, un pronunciamiento
que permita al deudor oponerse de la ejecución colectiva que se pretende seguir
en su contra y, de este modo, se asegure una decisión ajustada a derecho, que
posteriormente se refleje en una definición del asunto carente de todo
cuestionamiento, que permita, en definitiva, cumplir con el estándar de justicia
y racionalidad que exige nuestro ordenamiento constitucional.



DÉCIMO OCTAVO. – Que, sobre este particular estándar que debe ser
exigido en todo juzgamiento, cabe recordar que [u]n procedimiento legal debe
ser racional y justo. Racional para configurar un proceso lógico y carente de
arbitrariedad. Y justo para orientarlo a un sentido que cautele los derechos
fundamentales de los participantes en un proceso. Con ello, se establece la
necesidad de un juez imparcial, con normas que eviten la indefensión, que
exista una resolución de fondo, motivada y pública, susceptible de revisión por
un tribunal superior y generadora de la intangibilidad necesaria que garantice
la seguridad y certeza jurídica propias del Estado de Derecho. (STC 1838 c. 10).




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DÉCIMO NOVENO. – Que, para que estas premisas se verifiquen en la
especie, resulta imperativo que el proceso se desarrolle con observancia plena a
las garantías de un debido proceso y en tal sentido, resulta imperioso que se
resuelva a través de la doble instancia, la efectividad de los hechos planteados
por la requirente y se determine la efectividad o no de la notificación de la
demanda y su proveído. Agreguemos que lo que se permite a las partes del
incidente verificación o impugnación de créditos, debe ser lo mismo que se les
conceda a quienes de plano se les niega la posibilidad de concurrir como
acreedores. Y para dar cumplimiento a esta premisa y mandato, resulta
imperioso permitir que la decisión del tribunal a quo, sea revisada por el
tribunal ad quem, lo que no resulta compatible con el tenor de la restricción
contenida en el artículo 4º Nº 2 de la Ley Nº 20.720. Por lo tanto, corresponde
declarar su inaplicabilidad por inconstitucionalidad para este caso concreto.



VIGÉSIMO – Que las argumentaciones expuestas precedentemente
permiten afirmar que, cuando en el marco de un procedimiento judicial, de
eventuales gravosas consecuencias para la requirente, como ocurre con el
procedimiento de liquidación promovido en la especie, ésta se ve impedida de
solicitar un pronunciamiento al tribunal superior jerárquico, respecto a
eventuales vicios procedimentales que tendrán incidencia directa en el
resultado de la gestión judicial, y la decisión de tales eventuales infracciones
queda entregada exclusivamente al mismo tribunal que conoce de la demanda,
entonces la aplicación del precepto legal que favorece tal vulneración no resulta
compatible con el respeto a las exigencias de un justo y racional juzgamiento.
De este modo, la aplicación del precepto legal impugnado a este, al caso
concreto, provoca una infracción constitucional que debe ser subsanada
mediante la declaración de inaplicabilidad de dicha norma, siendo esta decisión
la que representa -en opinión de estos Ministros- el pleno y absoluto respeto a la
Carta Fundamental y sus garantías.



Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93, incisos
primero, N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y
pertinentes de la Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997,
Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,



SE RESUELVE:

I. QUE SE ACOGE EL REQUERIMIENTO DEDUCIDO A LO
PRINCIPAL DE FOJAS 1, DECLARÁNDOSE LA




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INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD DEL
ARTÍCULO 4°, N° 2), DE LA LEY 20.720, QUE SUSTITUYE EL
RÉGIMEN CONCURSAL VIGENTE POR UNA LEY DE
REORGANIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE EMPRESAS Y
PERSONAS, Y PERFECCIONA EL ROL DE LA
SUPERINTENDENCIA DEL RAMO, EN EL PROCESO ROL C-826-
2024, SEGUIDO ANTE EL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE
CALAMA, EN CONOCIMIENTO DE LA CORTE DE APELACIONES
DE ANTOFAGASTA, POR RECURSO DE HECHO, BAJO EL ROL N°
1292-2024 (CIVIL) OFÍCIESE.

II. ÁLCESE LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA
EN AUTOS. OFÍCIESE.



DISIDENCIA

Acordada con el voto en contra de las Ministras señoras DANIELA
MARZI MUÑOZ (Presidenta), MARÍA PÍA SILVA GALLINATO, CATALINA LAGOS
TSCHORNE y ALEJANDRA PRECHT RORRIS, quienes estuvieron por rechazar el
requerimiento, por las siguientes razones:

I. Conflicto constitucional planteado

1°. El conflicto constitucional planteado por el requirente dice relación
con que la aplicación del artículo 4 N°2 de la Ley N°20.720 que restringe la
procedencia del recurso de apelación a las resoluciones que dicha ley señale
expresamente, produce efectos contrarios al artículo 19 N°3, incisos 1° y 5° y al
artículo 5, inciso segundo, de la Constitución, en relación con los artículos 8.1 y
8.2.h de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, al vulnerar el
debido proceso, en particular, derecho a la defensa y revisión de las
resoluciones judiciales, y en el ámbito internacional, el derecho al recurso.

Este conflicto se origina en causa Rol C-826-2024 sobre procedimiento
concursal de liquidación forzosa, seguida en el Primer Juzgado Civil de Calama,
el requirente apeló, en subsidio al recurso de reposición, la decisión adoptada
por la jueza en la audiencia realizada el día 29 de noviembre de 2024
consistente en que se tuvo por no presentada la oposición del deudor, debido a
que no se cumplió con el requisito legal establecido en el N°2 del artículo 120 de
la Ley N°20.720, que exige individualizar a los tres mayores acreedores
conforme a la contabilidad y acompañar antecedentes que lo acrediten,
procediendo conforme a lo dispuesto en el N°3 del mismo artículo, es decir, se
continúa con el procedimiento sin considerar la oposición del deudor (fs. 42).

Tanto el recurso de reposición como el recurso de apelación se fundaron
en que el artículo 120 N°2 únicamente exige como requisito legal la simple




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CUATROCIENTOS




mención de los tres mayores acreedores que figuren en la contabilidad, sin
imponer la obligación de acompañar antecedentes adicionales, a diferencia de
otros procedimientos contemplados en la misma ley, como la liquidación
voluntaria (art. 115) o la renegociación judicial (art. 50), donde expresamente se
exige acompañar estados de deuda y antecedentes contables para determinar el
pasivo; por lo tanto, sostiene que cualquier controversia respecto del
señalamiento de acreedores debe ser objeto de una incidencia especial y
tramitarse conforme al derecho correspondiente ( fs. 43).

En el mismo acto procesal el recurso de reposición fue rechazado al
considerar que, aunque el artículo 120 N°2 de la Ley N°20.720 no exige
acompañar documentos, sí requiere que los acreedores señalados figuren en la
contabilidad con los mayores créditos, lo que no puede verificarse solo con la
declaración del abogado ante la posibilidad de que existan otros acreedores con
mayor crédito (fs. 42).

A su vez, el recurso de apelación no fue concedido, decisión fundada en la
improcedencia de la apelación conforme a lo dispuesto en el artículo 4, numeral
dos, de la Ley N°20.720 (fs. 44). Contra dicha resolución la requirente interpuso
recurso de hecho ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Rol N°1292-2024,
el cual se tuvo por interpuesto y ordenó que se informe a la Jueza requerida (fs.
45). El recurso de hecho constituye la gestión judicial pendiente en autos.

2°. Este Tribunal Constitucional ha resuelto previamente —y de forma
reiterada— requerimientos de inaplicabilidad relativos al mismo precepto legal
impugnado, y en todos ellos ha concluido que su aplicación no produce efectos
contrarios a la Constitución. Así lo ha sostenido, entre otras, en las sentencias
Roles N°s 8.305-20, 12.573-24, 12.677-21, 14.466-23, 14.554-23 y 14.992-23. En esta
última, se indicó expresamente que: “Esta Magistratura ha conocido de
requerimientos de inaplicabilidad análogos y los ha rechazado por estimar que
la aplicación del precepto cuestionado, que establece un régimen especial de
apelación de resoluciones en los procedimientos concursales, no produce
efectos contrarios a la Carta Fundamental” (c.2°).

II. Naturaleza del procedimiento concursal y la finalidad del legislador



3°. La especial naturaleza del procedimiento concursal se manifiesta en
su carácter de mecanismo institucional de orden público económico, cuyo
objeto excede la mera satisfacción procesal de créditos impagos. En efecto,
dicho procedimiento constituye una herramienta jurídica estructural que se
activa frente a la insolvencia del deudor, fenómeno que involucra una
afectación patrimonial de relevancia y proyecta consecuencias tanto en el
ámbito jurídico como en el económico y social.




13
0000401
CUATROCIENTOS UNO




La configuración normativa del procedimiento concursal no puede ser
entendida meramente como una opción de política legislativa, sino como una
construcción normativa que responde a la necesidad de establecer un régimen
jurídico coherente y eficaz frente a la gestión ordenada y racional de
situaciones de insolvencia y la continuidad del ejercicio de actividades
económicas. En ese entendido, “el régimen de procedimiento concursal de
liquidación forma parte de un instituto procesal amparado por la Constitución
en el numeral 21 de su artículo 19, que asegura a todas las personas el derecho
al desarrollo de cualquier actividad económica y cuya regulación está
encomendada al legislador” (STC Rol 8.305-20, c. 8°).

4°. Los procedimientos concursales constituyen instrumentos jurídicos
de carácter excepcional que el ordenamiento jurídico ofrece cuando las vías
tradicionales de cobro no logran satisfacer adecuadamente un incumplimiento
relevante de obligaciones. En particular, el procedimiento concursal de
liquidación establecido en la Ley N°20.720, responde a la necesidad de contar
con un “tratamiento legal del procedimiento destinado a la realización de los
bienes del deudor, sea a consecuencia de su propia solicitud, de una demanda
judicial iniciada por su acreedor o acreedores o como resultado de un escenario
de reorganización no exitoso. Incluye el mejoramiento del régimen de defensa
del deudor, de desarrollo y toma de decisiones en Juntas y la entrega de
soluciones prácticas en casos de ausencia de acuerdos por parte de los
acreedores, entre otras innovaciones.” (Mensaje N°081-360, en Sesión 21.
Legislatura 360 del Senado, Historia de la Ley N°20.720, p.9).

En atención a su carácter restrictivo y a los efectos jurídicos y
patrimoniales que genera, la ley exige el cumplimiento de condiciones estrictas
para su procedencia. En el caso de la liquidación voluntaria, esta puede ser
iniciada por el propio deudor y se rige por las reglas establecidas en el Párrafo
1° del Título 1 del Capítulo IV, o al Párrafo 1° del Título 2 del Capítulo V de la Ley
N°20.720. En cambio, el procedimiento de liquidación forzosa responde a un
proceso judicial impulsado por un acreedor y se rige a las reglas contenidas en
el Párrafo 2° del Título 1 del Capítulo IV, o al Párrafo 2° del Título 2 del Capítulo
V de la misma Ley.

En este contexto, el inicio del procedimiento de liquidación forzosa —
circunstancia que da lugar al conflicto jurídico sub lite— requiere la
concurrencia de alguna de las causales expresamente previstas por el
legislador en el artículo 117 de la Ley N°20.720, tales como: i) el incumplimiento
de una obligación contenida en título ejecutivo; ii) la existencia de ejecuciones
múltiples sin bienes suficientes para cubrirlas; o iii) la inubicabilidad del
deudor o sus representantes. Esto pues, “no basta con que exista el estado
patrimonial crítico que configura la causa del procedimiento concursal de
liquidación forzosa, sino que es necesario que este estado jurídico sea declarado



14
0000402
CUATROCIENTOS DOS




por una resolución de los tribunales de justicia, a petición de cualquier acreedor,
que invoque y justifique la existencia de alguna de las causales o hechos
reveladores de cesación de pagos previstos en la materia. Es a partir de la
resolución de liquidación que se originan los efectos jurídicos que el
procedimiento trae aparejados” (Ricardo Sandoval López, “Reorganización y
Liquidación de Empresas y Personas. Derecho Concursal”, séptima edición
actualizada, Ed. Jurídica de Chile, 2015, p. 157).

A su vez, el artículo 118 exige que la demanda sea interpuesta ante el
tribunal competente, acompañada de los documentos que acrediten la causal
invocada, una garantía ascendente a 100 unidades de fomento para cubrir los
gastos iniciales del proceso y, eventualmente, la designación de un veedor. El
tribunal, de conformidad con el artículo 119, deberá verificar en un plazo de
tres días el cumplimiento de tales requisitos y, de considerarlos satisfechos,
citará a una audiencia. En esta etapa, el deudor podrá ejercer una de las
opciones previstas en el artículo 120: pagar, allanarse, acogerse a un
procedimiento de reorganización o formular oposición dentro de los márgenes
legales. Si no comparece o no realiza ninguna de estas actuaciones, el tribunal
dictará la resolución de liquidación, procediendo a la designación de los
liquidadores provisionales conforme a la ley.

Resulta relevante subrayar que el procedimiento de liquidación forzosa
regulado por el artículo 120 de la Ley N°20.720 habilita expresamente un
espacio de contradicción entre las partes, permitiendo al deudor ejercer su
derecho a defensa mediante la formulación de oposiciones y la incorporación
de medios probatorios destinados a controvertir la supuesta situación de
cesación de pagos que sustenta la solicitud de liquidación.



III. El derecho al recurso como garantía del debido proceso

5°. La Constitución no establece una definición explícita del debido
proceso, sino que opta por asegurar el derecho a un procedimiento e
investigación racionales y justos, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 N°3,
inciso sexto, de la Carta Fundamental, cuyo texto dispone: “Toda sentencia de
un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo
legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las
garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos.”. De esa
forma, se regulan dos elementos configurativos del debido proceso, por un
lado, se le exige al juez una sentencia que provenga de un proceso previo
legalmente tramitado, y por otro, faculta al legislador a establecer las garantías
de la investigación y procedimiento que cumplan con el estándar de
racionalidad y justicia (STC Roles N°s 821, c.8°; 2702, c. 30°; 2895, c. 3°; 3297, c.
13°; 3029, c. 3°).




15
0000403
CUATROCIENTOS TRES




En relación con el segundo elemento configurativo del debido proceso, la
Constitución mandata al Legislador a establecer un procedimiento legal
racional y justo. “Racional para configurar un proceso lógico y carente de
arbitrariedad. Y justo para orientarlo a un sentido que cautele los derechos
fundamentales de los participantes en un proceso (STC Rol N°1838-10, c. 10°).
Dicho procedimiento, a lo menos, “debe contemplar las siguientes garantías: la
publicidad de los actos jurisdiccionales, el derecho a la acción, el oportuno
conocimiento de ella por la parte contraria, el emplazamiento, adecuada
defensa y asesoría con abogados, la producción libre de pruebas conforme a la
ley, el examen y objeción de la evidencia rendida, la bilateralidad de la
audiencia, la facultad de interponer recursos para revisar las sentencias
dictadas por tribunales inferiores” (STC 1443-09, c. 11°). En el mismo sentido,
STC 2323 c. 23°, STC 2452 c. 13°, STC 2743 c. 26°, STC 2791 c. 26°, STC 3309 c. 17°,
STC 3119 c. 19°, STC 3338 c. 7°, STC 6411 c. 11°, STC 5878 c. 18°, entre otras.

6°. Constituye doctrina asentada de esta Magistratura considerar el
derecho al recurso como una de las garantías de un proceso racional y justo. En
esa línea, se ha afirmado que “el derecho al recurso, esto es la facultad de
solicitar a un tribunal superior que revise lo hecho por el inferior, forma parte
integrante del derecho al debido proceso” (STC Rol N°1443-09, c. 11°). En el
mismo sentido, STC Roles N°s 376, 389, 478, 481, 821, 934, 986 y 1.432.

Así también, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al
interpretar el artículo 8.2 letra h de la CADH, ha señalado que el derecho al
recurso constituye “una garantía primordial que se debe respetar en el marco
del debido proceso legal. En aras de permitir que una sentencia adversa pueda
ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica”
(Corte IDH, Caso Herrera Ulloa contra Costa Rica, párrafo 158).

7°. El derecho al recurso ha sido definido por la doctrina, en términos
generales, como “una garantía procesal, y, al tiempo, regla o garantía
epistemológica, esto es, un mecanismo a disposición de las partes para
impugnar las resoluciones que le perjudican y, de otra parte, un medio procesal
para maximizar las probabilidades de acierto judicial y de decisiones justas”
(Piero Calamandrei, (1945) La casación civil, traducido por Santiago Sentís
Melendo, Tomo II, Argentina: Editorial Bibliográfica Argentina, p. 199).

La configuración normativa del derecho al recurso, por mandato
constitucional, corresponde al legislador, quien se encuentra facultado para
definir el sistema recursivo de los procedimientos judiciales, los medios de
impugnación, sus causales y requisitos de procedencia, conforme a las
características y naturaleza de cada procedimiento particular. No obstante, el
diseño legislativo debe encontrar su fundamento en el contexto procesal donde
será aplicado y, en caso alguno, infringir las garantías procesales, de naturaleza




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CUATROCIENTOS CUATRO




formal y sustantiva, para todas las partes involucradas. En ese sentido, tal como
lo ha reiterado esta Magistratura, “el derecho al recurso entonces no es
absoluto y, en consecuencia, puede ser limitado y regulado por el legislador en
atención a los derechos e intereses en juego, siempre y cuando se respeten las
demás garantías del debido proceso” (STC Rol N°15.355-24, c. 9°, así también,
STC Roles N°s 576, 519 y 821).

8°. En atención a la particular naturaleza del procedimiento concursal
de liquidación, la Ley N°20.720 contempla un régimen recursivo restringido.
Así, el artículo 4 dispone:

“Artículo 4º.- Recursos. Las resoluciones judiciales que se pronuncien en
los Procedimientos Concursales de Reorganización y de Liquidación establecidos
en esta ley sólo serán susceptibles de los recursos que siguen:

1) Reposición: Procederá contra aquellas resoluciones susceptibles e
(sic) este recurso conforme a las reglas generales, deberá interponerse dentro del
plazo de tres días contado desde la notificación de aquélla y podrá resolverse de
plano o previa tramitación incidental, según determine el tribunal. Contra la
resolución que resuelva la reposición no procederá recurso alguno.

2) Apelación: Procederá contra las resoluciones que esta ley señale
expresamente y deberá interponerse dentro del plazo de cinco días contado desde
la notificación de aquéllas. Será concedida en el solo efecto devolutivo, salvo las
excepciones que esta ley señale y, en ambos, casos gozará de preferencia para su
inclusión en la tabla y para su vista y fallo.

En el caso de las resoluciones susceptibles de recurrirse de reposición y
de apelación, la segunda deberá interponerse en subsidio de la primera, de
acuerdo a las reglas generales.

3) Casación: Procederá en los casos y en las formas establecidas en la
ley.”

La restricción del régimen recursivo en el procedimiento concursal de
liquidación, tal como lo establece el artículo 4 de la Ley N°20.720, encuentra
justificación no solo en criterios de eficiencia procesal, sino también en la
especial naturaleza y finalidad de esta institución jurídica. La finalidad
específica del procedimiento —garantizar una respuesta rápida, ordenada y
eficiente frente a una situación de insolvencia con repercusiones económicas y
sociales— justifica que el régimen recursivo se configure de manera más
restrictiva que en otros procesos judiciales. En la tramitación legislativa de la
Ley N°20.720 se evidencia que uno de los objetivos fundamentales de la
normativa concursal es evitar la paralización o dilación de los efectos jurídicos
derivados de la insolvencia, pues dicha demora no solo afecta a los acreedores,




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0000405
CUATROCIENTOS CINCO




sino que también impacta negativamente en la reasignación de recursos y en la
estabilidad del tráfico económico.

Por el contrario, permitir una proliferación de recursos procesales
podría comprometer la eficacia y rapidez que el sistema concursal requiere
para cumplir su rol económico-social. La tramitación extensa de
impugnaciones, especialmente en etapas críticas como la apertura de la
liquidación, no solo prolongaría la incertidumbre patrimonial del deudor, sino
que también dilataría la recuperación de créditos por parte de los acreedores,
afectando el flujo de activos en el mercado y obstaculizando la reasignación
eficiente de recursos.

Cuestión que también se evidencia en Informe de la Comisión de
Constitución de la Cámara de Diputados, en el cual se deja constancia que don
Juan Luis Goldenberg Serrano expresó que “el nuevo sistema se ofrece como un
mecanismo en que prima el principio formativo de la celeridad procesal, pues
si se debe optar por la desaparición de la actividad de la empresa, ha de
privilegiarse que ello ocurra en el menor tiempo posible, advirtiendo que las
dilaciones, como por ejemplo, los incidentes o recursos dilatorios, y las
obstrucciones de los acreedores silentes, deterioran aún más el valor del activo
y, en consecuencia, la factibilidad del pago del pasivo. Para estos efectos, si bien
se hace girar las decisiones de la forma de liquidación en la votación de los
acreedores, ella es auxiliada por las propuestas efectuadas por el liquidador,
tomando especialmente en cuenta los plazos taxativamente designados por la
legislación para redistribuir los bienes a usos de mayor valor.” (Historia de la
Ley N°20.720, p.1151).

Lo anterior es reafirmado por la Corte Suprema en sentencia N°31.591-
2018, al señalar que “dentro de las innovaciones desarrolladas en esta ley
especial se encuentra la manera en que se ha regulado su sistema recursivo, lo
que indudablemente denota que el espíritu del legislador fue el de simplificar el
procedimiento y restringir el ejercicio de los recursos que contempla el Código
de Procedimiento Civil, limitándolos sólo a los casos en que expresamente
consagre tal derecho”(c. 7°); “Que con la finalidad recién expresada
corresponde señalar, en primer lugar, que la Ley N°20.720 es una ley especial y
contiene una serie de reglas procesales que difieren de las normas generales en
materia de derecho procesal civil, las que deben ser analizadas conforme a sus
antecedentes lógicos y sistemáticos, debiendo considerarse, en lo que por ahora
incumbe analizar, que la particular naturaleza y finalidad de los distintos
procedimientos concursales que la ley somete al conocimiento del órgano
jurisdiccional requieren una tramitación rápida y eficaz. Ahora bien, dentro de
las innovaciones desarrolladas en esta ley especial se encuentra la manera en
que se ha regulado su sistema recursivo, lo que indudablemente denota que el
espíritu del legislador fue el de simplificar el procedimiento y restringir el



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0000406
CUATROCIENTOS SEIS




ejercicio de los recursos que contempla el Código de Procedimiento Civil,
limitándolos sólo a los casos en que expresamente consagre tal derecho” (c. 8°).

9°. En relación con las alegaciones del requirente, corresponde precisar
que el derecho a impugnar las resoluciones judiciales —como manifestación
del derecho al debido proceso— no debe confundirse con la existencia de un
derecho específico a un determinado medio recursivo, como la apelación. Lo
que la Constitución asegura, como contenido esencial de la garantía procesal, es
que el legislador establezca mecanismos efectivos que permitan la revisión de
lo decidido en una instancia previa por un órgano jurisdiccional superior.
Mientras dicha revisión esté garantizada, el legislador conserva un margen de
configuración normativa para determinar las formas, requisitos y
procedimientos a través de los cuales se ejerce dicho derecho. (STC Rol N°2034-
11, c. 11 y 12°).

En efecto, esta Magistratura ha señalado en reiteradas oportunidades
que el derecho al recurso no resulta equivalente a la doble instancia procesal
por medio del recurso de apelación. En específico, “la Constitución no garantiza
el derecho al recurso de apelación. Es decir, no asegura la doble instancia (STC
Roles N°s 986/2007, 1432/2009 y 1448/2009). El derecho al recurso no es
equivalente al recurso de apelación. No hay, tampoco, una exigencia
constitucional de equiparar todos los recursos al de apelación, como un recurso
amplio que conduce al examen fáctico y jurídico de lo resuelto en primera
instancia (STC Rol 1432/2003). El legislador puede configurarlo de manera
amplia (renovación del proceso primitivo) o como una revisión del mismo (STC
Rol N°3938, c. 16°). En el mismo sentido, STC Rol N°576 cc. 43° y 44°, STC Rol
N°1373 c. 17°, STC Rol N°1432 cc. 12° y 14°, STC Rol N°1443 cc. 13° y 17°, STC Rol
N°1876 c. 24°, STC Rol N°1907 c. 51°, STC Rol N°2323 cc. 23° y 25°, STC Rol N°2354
cc. 23° y 25°, STC Rol N°2452 c. 16°, STC Rol N°2723 cc. 11° y 25°, STC Rol N°3338 c.
7°, STC Rol N°4435 c. 8°, STC Rol N°4200 c. 34°.

En este contexto, el legislador ha adoptado una configuración recursiva
acotada, reservando el acceso a la apelación o casación dentro de márgenes
temporales y sustantivos especialmente diseñados, y estableciendo la
reposición como mecanismo principal de revisión inmediata. Por lo que, el
régimen recursivo limitado se presenta, entonces, como una herramienta
funcional a los fines del proceso concursal y no como una limitación arbitraria
de garantías procesales.

10°. En el caso concreto, y en el contexto de la causa Rol C-826-2024
seguida ante el Primer Juzgado Civil de Calama, el requirente en calidad de
deudor en el procedimiento de liquidación forzada tuvo oportunidad de
interponer tres recursos judiciales.




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0000407
CUATROCIENTOS SIETE




En primer lugar, dedujo un recurso de reposición en contra de la
resolución que tuvo por no presentada su oposición a la demanda de
liquidación forzosa, argumentando que el artículo 120 N°2 de la Ley N20.720
exige únicamente el señalamiento de los tres mayores acreedores conforme a la
contabilidad, sin requerir respaldo documental. En subsidio, dedujo recurso de
apelación, fundado en los mismos argumentos y en que cualquier controversia
respecto de la individualización de acreedores debía sustanciarse como una
incidencia con derecho a prueba. Ambos recursos fueron deducidos
verbalmente y resueltos en la misma audiencia, conforme a lo establecido en el
artículo 125 de la misma ley. El primero fue rechazado por estimarse
insuficiente la mera declaración del abogado para acreditar el cumplimiento
del requisito legal establecido en el artículo N°2 del artículo 120 de la Ley
N°20.720; el segundo, por aplicación del artículo 4 N°2 de la Ley 20.720, que
restringe la apelación a las resoluciones expresamente señaladas. Finalmente,
la deudora interpuso recurso de hecho ante la Corte de Apelaciones de
Antofagasta, actualmente en tramitación bajo el Rol N°1292-2024.

Sumado a lo anterior, se debe tener a la vista lo dispuesto el artículo 128
en relación con el 129, inciso segundo, ambos de la Ley N°20.720, toda vez que
tanto contra la sentencia definitiva que acoja la oposición del deudor como la
resolución de liquidación dispuesta por la sentencia definitiva que rechaza la
oposición del deudor procede recurso de apelación, el que se concede en ambos
efectos y goza de preferencia extraordinaria para su inclusión a la tabla y para
su vista y fallo.

En definitiva, atendido el diseño procesal establecido por la Ley N°20.720
y las oportunidades efectivas que tuvo el deudor para ejercer su defensa y
someter a revisión las decisiones judiciales, resulta claro que no se ha
configurado una vulneración al derecho al recurso ni al debido proceso. La
limitación recursiva prevista en el artículo 4 N°2 responde a la naturaleza y
objetivos del procedimiento concursal, y ha operado dentro de los márgenes
constitucionalmente admisibles. Más aún, el ordenamiento asegura
expresamente el derecho a apelar en la fase final del procedimiento, lo que
refuerza la razonabilidad del diseño legal y desvirtúa cualquier alegación de
indefensión.

Por consiguiente, y en virtud de lo expuesto, no se configura en el
presente caso una afectación sustancial al derecho al debido proceso ni al
derecho a la revisión judicial de las decisiones jurisdiccionales, en los términos
garantizados por el artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República y
los instrumentos internacionales ratificados por Chile. En consecuencia, la
aplicación del artículo 4 N°2 de la Ley N°20.720 en la gestión pendiente no
resulta contraria a la Carta Fundamental, por cuanto se enmarca dentro de una




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CUATROCIENTOS OCHO




regulación legal razonable, dictada por el legislador en ejercicio de su potestad
de configuración normativa.



IV. Competencias de esta Magistratura

11°. Este Tribunal Constitucional es un órgano jurisdiccional cuya
función esencial consiste en ejercer el control de constitucionalidad de las
normas jurídicas, conforme a las competencias que le han sido expresamente
conferidas por la Constitución Política de la República. En el marco del
requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad previsto en el
artículo 93 N°6 de la Carta Fundamental, su rol está estrictamente limitado a
evaluar si la aplicación de una determinada disposición legal, en una gestión
judicial pendiente y en un caso específico, produce efectos contrarios a la
Constitución y, por tanto, debe ser excluida del juicio concreto.

Así, esta Magistratura no actúa como legislador positivo ni puede
sustituir la voluntad del legislador democráticamente investido. Lo cual ha sido
reiterado en múltiples oportunidades, señalando que su función no consiste en
emitir juicios sobre la conveniencia, oportunidad o mérito de una determinada
norma legal, sino únicamente sobre su conformidad con el texto constitucional.
En efecto, “[l]os reproches que se formulan en contra del precepto están
dirigidos en contra del mérito de la obra del legislador, lo cual no corresponde a
esta Magistratura corregir en sede de inaplicabilidad” (STC Rol 14.992, c. 2),
puesto que le “[c]orresponde al legislador, en el marco de su autonomía,
establecer los recursos procedentes, su procedencia, oportunidad y
limitaciones, en tanto no se vulnere el núcleo esencial del debido proceso” (STC
Rol 14.832, c. 6).

12°. Con todo, en el caso que nos ocupa, el requerimiento no solicita una
declaración de incompatibilidad formal de la norma con el texto constitucional,
sino que interpela a este Tribunal para que, en los hechos, corrija el diseño legal
del régimen recursivo establecido por el legislador en el procedimiento
concursal. Esta operación permitiría, por vía jurisprudencial, que se recurra
una resolución que el legislador, con plena racionalidad y dentro de su
autonomía normativa, resolvió expresamente no hacer apelable. En
consecuencia, el Tribunal no solo eliminaría una norma, sino que alteraría el
contenido procesal del procedimiento, creando un nuevo régimen recursivo no
previsto en la ley. Tal efecto legislativo indirecto excede con claridad el marco
del control de constitucionalidad conferido por la Carta Fundamental.

En virtud de todo lo expuesto, esta Magistratura reafirma que no puede
asumir competencias legislativas por vía interpretativa o jurisprudencial. Su
función se limita al juicio de constitucionalidad de normas en contextos




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0000409
CUATROCIENTOS NUEVE




específicos, sin que ello implique diseñar alternativas normativas ni sustituir la
voluntad del legislador democrático.



Redactó la sentencia el Ministro señor HÉCTOR MERY ROMERO y la
disidencia la Ministra señora ALEJANDRA PRECHT RORRIS.


Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.
Rol N° 16.058-24-INA




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CUATROCIENTOS DIEZ


Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 12/08/2025



María Pía Silva Gallinato Miguel Angel Fernández González
Fecha: 12/08/2025 Fecha: 12/08/2025



Raúl Eduardo Mera Muñoz Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 12/08/2025 Fecha: 12/08/2025



Héctor Antonio Mery Romero
Fecha: 12/08/2025



Alejandra Precht Rorris Mario René Gómez Montoya
Fecha: 13/08/2025 Fecha: 12/08/2025


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta,
Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros señora María
Pía Silva Gallinato, señor Miguel Ángel Fernández González, señor Raúl
Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne, señor Héctor
Mery Romero, señora Marcela Inés Peredo Rojas, señora Alejandra Precht Rorris
y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario (S) del Tribunal Constitucional, señor Sebastián López
Magnasco.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 13/08/2025




E6CA3C04-6FCF-45EC-9A45-FD146BC25730
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