TC Rol 16086

Texto completo

0000202
DOSCIENTOS DOS




2025

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
____________

Sentencia
Rol 16.086-2024
[7 de agosto de 2025]

____________



REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 248,
LETRA C), Y 259 INCISO FINAL DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL


SERVICIOS AGRÍCOLAS LOS LAGOS SPA

EN EL PROCESO PENAL RIT N° 1904-2024, RUC N° 2410020426-2, SEGUIDO
ANTE EL JUZGADO DE GARANTÍA DE OSORNO



VISTOS:

Que, con fecha 29 de diciembre de 2024, Servicios Agrícolas Los Lagos SpA
requiere la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los
artículos 248, letra c), y 259 inciso final del Código Procesal Penal, para que ello incida
en el proceso penal RIT N° 1904-2024, RUC N° 2410020426-2, seguido ante el Juzgado
de Garantía de Osorno.

Las disposiciones legales impugnadas disponen lo siguiente:



"Código Procesal Penal

(…)

Artículo 248.- Cierre de la investigación. Practicadas las diligencias necesarias
para la averiguación del hecho punible y sus autores, cómplices o encubridores, el fiscal
declarará cerrada la investigación y podrá, dentro de los diez días siguientes: (…)




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DOSCIENTOS TRES




c) Comunicar la decisión del ministerio público de no perseverar en el procedimiento,
por no haberse reunido durante la investigación los antecedentes suficientes para fundar una
acusación.

(…)

Artículo 259.- Contenido de la acusación. (…)

La acusación sólo podrá referirse a hechos y personas incluidos en la formalización de
la investigación, aunque se efectuare una distinta calificación jurídica”.



Síntesis de la gestión pendiente y del conflicto constitucional sometido al
conocimiento y resolución del Tribunal

La parte requirente indica que la gestión pendiente corresponde a una querella
deducida con fecha 30 de abril de 2024 ante el Juzgado de Garantía de Osorno por
delitos de estafa, apropiación indebida, falsificación de instrumento privado mercantil
y uso malicioso de instrumento privado mercantil falso, previstos y sancionados en
los artículos 468, 470 N°1, 197 inciso segundo, en relación al artículo 193 N°1, 4° y 5°,
y 198, todos del Código Penal. Posteriormente, con fechas 10 de mayo y 21 de mayo
de 2024, se presentaron ampliaciones de la querella por los mismos delitos de
falsificación y uso malicioso de instrumentos privados mercantiles falsos.

Explica que se encuentra pendiente la comunicación de la decisión de no
perseverar en la investigación del Ministerio Público, sin que el Ministerio Público
haya formalizado previamente la investigación en contra del querellado.

Al fundar el conflicto constitucional, sostiene que la aplicación de los
artículos 248 letra c) y 259 inciso final del Código Procesal Penal, en el caso concreto,
vulnera los artículos 19 N°3, incisos primero y segundo, y 83 inciso segundo de la
Constitución Política.

Respecto del artículo 248, letra c), del Código Procesal Penal, la disposición
autoriza al Ministerio Público para adoptar la decisión de no perseverar sólo en una
investigación formalizada, conforme se desprende de los efectos de la comunicación
de dicha decisión establecidos en el inciso final del mismo artículo. Indica que esa
decisión deja sin efecto la formalización de la investigación, da lugar a que el juez
revoque las medidas cautelares que se hubieren decretado, y la prescripción de la
acción penal continúa corriendo como si nunca se hubiere interrumpido, lo que lleva
a la conclusión de que la formalización es un requisito previo para poder comunicar
tal decisión.

Explica que, interpretado de otra manera, se complejiza la situación procesal
para el querellante, afectando su derecho de acceso a la justicia, ya que le está vedado
obligar al Ministerio Público a formalizar, no puede impedir que comunique una




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DOSCIENTOS CUATRO




decisión de no perseverar pese a no existir formalización y, finalmente, no puede
forzar la acusación en un procedimiento desformalizado.

En relación al artículo 259 inciso final del Código Procesal Penal, sostiene que
la aplicación de esta norma al caso concreto resulta inconstitucional, toda vez que
ampara desconocer el derecho de la víctima a reclamar la tutela jurisdiccional que le
reconoce la Constitución. Argumenta que se le exige al querellante, en virtud del
principio de congruencia consagrado en el precepto, que exista una formalización
para poder forzar la acusación, lo que implica que la acusación sólo pueda referirse a
hechos y personas incluidas en la formalización.

Desarrolla que, en estas circunstancias, se vería imposibilitado el querellante a
ejercer su derecho a forzar la acusación conforme al inciso cuarto del artículo 258 del
Código Procesal Penal, puesto que no existirá una formalización vigente, lo que
demuestra lo arbitraria de la interpretación mayoritaria y la conclusión de que solo
puede procederse a una comunicación de la decisión de no perseverar si existe una
formalización previa.

Explica que la aplicación de las normas impugnadas vulnera el derecho a la
tutela judicial reconocido en el artículo 19 N°3, incisos primero y segundo de la
Constitución, en el derecho a acudir a los tribunales de justicia para reclamar la igual
protección de los derechos afectados. Sostiene que la aplicación de las normas
cuestionadas importa que la víctima vea vulnerado su derecho a exigir protección y
pronunciamiento judicial a través del ejercicio de la acción penal que la Constitución
le reconoce en su artículo 83 inciso segundo.

Acota a lo anterior que el derecho a forzar la acusación, establecido en el inciso
cuarto del artículo 258 del Código Procesal Penal, es la manifestación concreta del
derecho constitucional a solicitar la tutela judicial efectiva de los propios derechos y
al ejercicio de la acción penal. De aplicarse las disposiciones impugnadas, teniéndose
por comunicada una decisión de no perseverar en una investigación desformalizada,
y como consecuencia impedir el derecho a forzar la acusación por no poder darse
cumplimiento al principio de congruencia, implicaría desconocer la facultad
constitucional del ejercicio de la acción penal entregado al ofendido por un delito.

Cita jurisprudencia de este Tribunal señalando que, a partir del Rol N°5653, se
declaró la inaplicabilidad del artículo 248, letra c), del Código Procesal Penal, en tanto
su aplicación transgrede el derecho establecido en el artículo 83 inciso segundo de la
Constitución y el derecho a un procedimiento racional y justo contenido en el artículo
19 N° 3° inciso sexto. Sostiene que la Constitución no le otorga al órgano persecutor la
potestad para, sin un control tutelar efectivo por parte de la judicatura, hacer
prevalecer decisiones de mérito que impliquen perjudicar la pretensión punitiva de la
sociedad y de la víctima, y que existiendo un querellante privado, la facultad exclusiva
para investigar que tiene el Ministerio Público no le confiere una posición prevalente
respecto del querellante privado en el ejercicio de la acción penal.



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DOSCIENTOS CINCO




Tramitación

El requerimiento fue acogido a trámite por la Primera Sala con fecha 15 de
enero de 2025, a fojas 96. Se confirió traslado a las demás partes para examinar el
cumplimiento de los requisitos de admisibilidad.

Posteriormente, fue declarado admisible, a fojas 110, en resolución de 13 de
marzo del mismo año. Se confirió traslado a las demás partes de la gestión invocada
y a los órganos constitucionales interesados.

A fojas 191, con fecha 2 de abril de 2025, el Ministerio Público solicitó al
Tribunal resolver conforme a derecho.

A fojas 193, por decreto de 14 de abril de 2025, se dispuso traer los autos en
relación.



Vista de la causa y acuerdo

En Sesión de Pleno de 1 de julio de 2025 se oyó la relación pública y los alegatos
del abogado señor Hernán Ferrera Leiva, por la parte del Ministerio Público. Fue
adoptado acuerdo con igual fecha, conforme fue certificado por el relator a fojas 201.



Y CONSIDERANDO:



PRIMERO. Que, la requirente, Servicios Agrícolas Los Lagos SPA, solicitó
que se declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 248 letra c)
y 259 inciso final, ambos del Código Procesal Penal, a objeto de que no se apliquen en
la causa penal RUC 2410020426-2, RIT 1904-2024 del Juzgado de Garantía de Osorno,
proceso que se inició por una querella presentada por la requirente y dirigida en
contra de don Juan Helmuth Mansilla Hernández, por los delitos de estafa,
apropiación indebida, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil,
en razón de servicios de asesoría contable y tributaria que prestó el querellado a la
requirente.

El Ministerio Público, una vez agotada la investigación, solicitó audiencia para
comunicar la decisión de no perseverar, la cual se encontraba fijada para el 16 de
enero del año 2025, siendo suspendida por orden de esta Magistratura, a raíz de la
tramitación de esta acción.

SEGUNDO. Que, la requirente alega que si el Ministerio Público se niega a
formalizar la investigación y toma la decisión de no perseverar en la investigación -
como sucede en el caso concreto-, la querellante se ve imposibilitada de continuar su
acción penal y de forzar la acusación, en su condición de víctima, vulnerando su
garantía a la tutela judicial efectiva, invocando, a tal efecto, una infracción al artículo



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DOSCIENTOS SEIS




19 N°3 incisos primero y segundo y en relación con el artículo 83 inciso segundo,
ambos de la Constitución Política de la República.

TERCERO. Que, el artículo 248 letra c) del Código Procesal Penal dispone que
el fiscal una vez practicadas las diligencias necesarias para la averiguación del hecho
punible y sus autores, cómplices o encubridores, declarará cerrada la investigación y
podrá, dentro de los diez días siguientes, comunicar la decisión del ministerio público
de no perseverar en el procedimiento, por no haberse reunido durante la
investigación los antecedentes suficientes para fundar una acusación, y, por su parte,
el artículo 259 del citado cuerpo normativo, en su inciso final, prescribe que la
acusación sólo podrá referirse a hechos y personas incluidos en la formalización de la
investigación, aunque se efectuare una distinta calificación jurídica.

CUARTO. Que, de esta forma, el dilema constitucional del conflicto
interpuesto es el cuestionamiento de las normas impugnadas por infracción a la
garantía fundamental a la tutela judicial efectiva, según aduce el solicitante,
vulnerándose los artículos 19 N° 3 inciso primero y segundo, y 83 inciso segundo, de
la Constitución Política de la República.

QUINTO. Que, nuestra Carta Fundamental, en su artículo 19 N° 3 asegura a
todas las personas la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, que,
aunque no se señala, expresamente, en el texto constitucional comprende la tutela
judicial efectiva, que consiste en la garantía fundamental de las personas a acceder
libremente a un tribunal de justicia para la protección de sus derechos (STC 2.438 c.
11).

SEXTO. Que, en este sentido, esta Alta Magistratura ha sostenido que la tutela
judicial efectiva se garantiza mediante “el acceso efectivo a la jurisdicción en todos los
momentos de su ejercicio, que se manifiesta en la exigibilidad de la apertura y,
consecuentemente, de la sustanciación del proceso, además del derecho a participar en los
trámites del mismo, en igualdad de condiciones que los demás intervinientes. A la hora de
reconocerlo, deben tenerse en cuenta dos elementos que necesariamente son complementarios
e interrelacionados: el derecho a la acción, de configuración constitucional autoejecutiva, y el
derecho a la apertura y posterior sustanciación del proceso, cuyo ejercicio será regulado por la
determinación legal de las normas del procedimiento y de la investigación, esta última
realizada privativa y exclusivamente por el MP.” (STC N° 1.535 c. 20).

SÉPTIMO. Que, al respecto, resulta pertinente señalar que la acción procesal
penal es el derecho que tienen los sujetos legitimados para impulsar la apertura de
un proceso penal. Ésta comprende el derecho de activar al organismo competente
para que abra la investigación, tratándose del Ministerio Público, o el proceso
jurisdiccional, tratándose del Tribunal (STC 815 cc. 16 y 17).

OCTAVO. Que, en el proceso penal, se ha dispuesto de un operador
intermedio entre el actor y el juez, que es el Ministerio Público, el que según lo




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DOSCIENTOS SIETE




dispone el artículo 83 de la Carta Fundamental es “[u]n organismo autónomo,
jerarquizado, con el nombre de Ministerio Público, dirigirá en forma exclusiva la investigación
de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que
acrediten la inocencia del imputado y, en su caso, ejercerá la acción penal pública en la forma
prevista por la ley”. En armonía con la norma en comento, el artículo 248 letra b) del
Código Procesal Penal prescribe que, una vez cerrada la investigación, el Fiscal podrá
“[f]ormular acusación, cuando estimare que la investigación proporciona fundamento serio
para el enjuiciamiento del imputado contra quien se hubiere formalizado la misma”, facultad
que debe ejercer en consideración al principio de objetividad, debiendo averiguar no
sólo los hechos constitutivos de delito, sino también aquellos que acrediten la
inocencia del imputado, de forma tal que, al término de la investigación, puede
arribar a la conclusión de solicitar: el sobreseimiento, acusar, o bien, no perseverar en
la investigación, en virtud del mandato constitucional que le permite al Ministerio
Público -de forma exclusiva- dirigir la investigación.

NOVENO. Que, en este orden de consideraciones, es del caso concluir que la
garantía de la tutela judicial efectiva no puede verse afectada en el caso en concreto,
toda vez que el Ministerio Público para dirigir en forma exclusiva la investigación
penal actuó dentro de las facultades que le otorga el propio constituyente en el
artículo 83, inciso primero, y que la decisión de no perseverar en el procedimiento es
facultativa, siendo una de las atribuciones discrecionales otorgadas al organismo
persecutor en el proceso de dirección de la investigación, en la medida que cumpla
con los elementos reglados de la potestad otorgada en el artículo 248 del Código
Procesal Penal, esto es, que el fiscal haya practicado todas las diligencias necesarias
para la averiguación del hecho punible y sus autores, cómplices o encubridores; que
haya cerrado la investigación y que se pronuncie dentro de los 10 días siguientes a
dicho cierre; que habiéndose agotado la etapa indagatoria el referido persecutor
llegue a la conclusión de que los antecedentes reunidos no son suficientes para fundar
una acusación, y que, finalmente, de ejercer esta atribución, es necesario que la
facultad de no perseverar se comunique en una audiencia convocada, especialmente,
con ese objeto a requerimiento del fiscal.

DÉCIMO. Que, junto a lo previamente expuesto, cabe recordar lo señalado
por este Tribunal Constitucional en el considerando décimo de la STC 15.474, en
cuanto el querellante no tiene un derecho subjetivo que deba ser amparado, respecto
de la acción penal pública, y si bien, la víctima tiene diversos derechos en el proceso
penal, no se puede afirmar que ésta tenga directamente un derecho a que se
investigue y sus intereses no son vinculantes para el fiscal, quien tiene la exclusividad
de la dirección de la investigación, por mandato constitucional, la que no está sujeta
a los intereses de la víctima, quien no puede ejercer sus derechos en cualquier tiempo
y lugar, sino que se debe someter a la forma que la ley establece para el ejercicio de
los mismos. Si el Ministerio Público evita llevar adelante la investigación por razones
que resultan arbitrarias, se producirá una infracción normativa, pero no la violación



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DOSCIENTOS OCHO




de un supuesto derecho subjetivo a la investigación y a la condena del supuesto
culpable del delito (STC 12.088 c.8).

UNDÉCIMO. Que, finalmente, como se adelantara en el caso en estudio, no
se constata una vulneración al artículo 19 N° 3 incisos primero y segundo, de la Carta
Fundamental, que recoge el principio de tutela judicial efectiva, toda vez que no es
posible sostener que el ejercicio de la facultad del Ministerio Público de no perseverar
en el procedimiento, por no haberse reunido durante la investigación los antecedentes
suficientes para fundar una acusación, adolezca de reparos de constitucionalidad, ni
en abstracto, ni en concreto, considerando que la requirente tuvo la oportunidad de
presentar la querella criminal que da lugar a la gestión pendiente de autos.

DUODÉCIMO. Que, por las razones expuestas, se desestimará el
requerimiento de inaplicabilidad.



Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93 incisos primero,
N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la
Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional
del Tribunal Constitucional,



SE RESUELVE:



I. QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD
POR INCONSTITUCIONALIDAD DEDUCIDO A LO PRINCIPAL
DE FOJAS 1. OFÍCIESE.

II. ÁLCESE LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA
EN AUTOS. OFÍCIESE.

III. QUE NO SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE REQUIRENTE
POR ESTIMARSE QUE TUVO MOTIVO PLAUSIBLE PARA
LITIGAR.



DISIDENCIAS



Los Ministros señor HÉCTOR MERY ROMERO y señora MARCELA PEREDO
ROJAS estuvieron por acoger íntegramente el requerimiento atendiendo a las
siguientes razones:




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DOSCIENTOS NUEVE




I. CONFLICTO DE CONSTITUCIONALIDAD

1°. La requirente sostiene que la aplicación de los artículos 248, letra c) y 259,
inciso final, ambos del Código Procesal Penal, vulneraría – en el contexto de la gestión
pendiente descrita en la consideración precedente – “el artículo 19 Nº3 de la Constitución
Política de la República, en relación con el artículo 83, inciso 2º del mismo cuerpo normativo”
(fojas 1 del expediente).



A) NORMAS IMPUGNADAS SOBRE LAS QUE VERSA ESTE VOTO

2°. Que, en el presente proceso constitucional, se pretende la declaración de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 248, letra c) y 259, inciso final
del mismo Código.

El artículo 248, letra c), del Código Procesal Penal, en lo pertinente, prescribe:
“Artículo 248. Cierre de la investigación. Practicadas las diligencias necesarias para la
averiguación del hecho punible y sus autores, cómplices o encubridores, el fiscal declarará
cerrada la investigación y podrá, dentro de los diez días siguientes: (…)

c) Comunicar la decisión del ministerio público de no perseverar en el procedimiento,
por no haberse reunido durante la investigación los antecedentes suficientes para fundar una
acusación.”

Por su parte, el artículo 259, inciso final, del Código Procesal Penal, dispone
perentoriamente que “La acusación sólo podrá referirse a hechos y personas incluidos en la
formalización de la investigación, aunque se efectuare una distinta calificación jurídica. Con
todo, en la acusación podrá solicitarse el comiso de ganancias respecto de terceros en los casos
previstos por la ley”.



B) ELEMENTOS DEL CASO CONCRETO

3°. Que la requirente dedujo una querella en la causa ordinaria penal Rol
N°1904-2024 del Juzgado de Garantía de Osorno, en contra de una persona
individualizada en el proceso penal y quienes resultaren responsables “por los delitos
de estafa, previsto y sancionado en el artículo 468; apropiación indebida, previsto y sancionado
en el artículo 470 N°1; falsificación de instrumento privado mercantil y uso malicioso de
instrumento privado mercantil, previstos y sancionados en el artículo 197 inciso 2°, en relación
al art. 193 N°1,4° y 5°; y 198 todos del Código Penal, en grado de desarrollo consumado…”
(f. 49 del expediente constitucional).

4°. Que, en el marco de dicho proceso judicial, y sin haberse formalizado la
investigación, el Ministerio Público solicitó al tribunal del fondo que se fije audiencia
para comunicar su decisión de no perseverar en la investigación; audiencia que, si
bien originalmente fue fijada para el 16 de enero de 2025, a la fecha, no consta en estos




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DOSCIENTOS DIEZ




autos constitucionales que la comunicación de no perseverar se ha materializado
puesto que la causa se encuentra suspendida por orden de esta Magistratura.



II. ESTATUTO CONSTITUCIONAL DE LAS VÍCTIMAS Y LA DECISIÓN DEL
MINISTERIO PÚBLICO DE NO PERSEVERAR EN EL PROCEDIMIENTO


A) ESTATUTO CONSTITUCIONAL DE LAS VÍCTIMAS

5°. Que durante las últimas décadas, se ha llevado a cabo un proceso conocido
como la constitucionalización del derecho, el cual se caracteriza por el reconocimiento
práctico de la supremacía de la Carta Fundamental, formulado a través del Derecho
Constitucional y realizado, en todas las disciplinas jurídicas, cualquiera sea quien las
estudie u opere con ellas.

Tal Constitucionalización se expresa en la difusión de los principios y normas
de la Carta Fundamental a todo el sistema jurídico, impregnándolo de los valores de
ésta, como son la vida e integridad de la persona, la libertad e igualdad, la paz y
justicia, el bien común, la participación, el desarrollo y la solidaridad que, entre otros,
son modeladores de aquel proceso jurídico, teleológica y no lógico-positivamente
entendido.

6°. Que en dicho marco, en nuestro ordenamiento jurídico se ha llevado un
proceso de constitucionalización del derecho penal, un fenómeno sobre el cual la
doctrina ha sostenido que “[E]n la actualidad el derecho penal se entiende –que- debe estar
perfectamente constitucionalizado, es decir, que las normas constitucionales referidas a los
derechos fundamentales y obviamente, las que tienen que ver de forma expresa con el derecho
penal, entran a jugar como parámetro de evaluación crítica de las normas penales, al mismo
tiempo que se constituyen en criterios para su interpretación y aplicación. Este fenómeno de
vinculación necesaria entre el derecho penal y la constitución, que ha llevado a importantes
autores como WINFRIED HASSEMER a sostener por ejemplo que el derecho penal se debe
entender como derecho constitucional aplicado” (COTE-BARCO, Gustavo (2008):
Constitucionalización del derecho penal y proporcionalidad de la pena. Universitas,
Bogotá, v.57, n.116, p. 119-151).

7°. Que, en el marco de dicho fenómeno, en nuestro ordenamiento jurídico se
produjo la constitucionalización de los derechos de las víctimas de delitos, a través de
reformas constitucionales. Una de las modificaciones más relevantes se produce en
1997, a través de la reforma que incorpora a la Carta Fundamental al Ministerio
Público, al cual se le confía la obligación constitucional de adoptar las medidas para
proteger a las víctimas y a los testigos, como consta en el artículo 83 de la Constitución.

Específicamente, a través de esta reforma, se incorporó a la Constitución el
derecho de las víctimas a ejercer la acción penal, explícitamente consagrado,
actualmente, en el inciso segundo del artículo 83 de la Constitución, al señalar que



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DOSCIENTOS ONCE




“[E]l ofendido por el delito y las demás personas que determine la ley podrán ejercer igualmente
la acción penal”.

Esta norma viene a romper la tradición chilena hasta la época, que se
caracterizaba por otorgarle un papel secundario a la víctima, siguiendo la influencia
del derecho español (TAPIA BALLESTEROS, Patricia (2016): El estatuto de la víctima en
el ordenamiento jurídico chileno: estado de la cuestión y algunas consideraciones.
Revista de Ciencias Penales, sexta época, vol. XLIII, N|2, pp. 19-38). Así, hoy en día es
claro que la Constitución vigente contempla el derecho de la víctima a ejercer la acción
penal.

Lo mismo ha señalado esta Magistratura en su jurisprudencia, al explicar que
el artículo 83 de la Carta Fundamental “no sólo está situando a aquellos sujetos en un plano
de igualdad con el Ministerio Público, en lo que respecta al ejercicio de la acción penal pública,
sino que, en esencia, consagra el ejercicio de la referida acción como un verdadero
derecho, que debe ser respetado y promovido por todos los órganos del Estado, en
obediencia a lo mandado por el artículo 5º, inciso segundo, de la Carta Fundamental”
(STC Rol N°1.484, c. 17°).

8°. Que lo señalado por el actual artículo 83 de la Constitución vino a ser
reforzado posteriormente, a partir de la ley de reforma constitucional N°20.516. Este
cuerpo normativo produjo la constitucionalización del derecho de defensa jurídica
gratuita de la víctima, al añadirlo en el texto del artículo 19 N°3 de la Constitución
Política de la República, que regula la igual protección en el ejercicio de los derechos
o debido proceso, agregando que “[L]a ley señalará los casos y establecerá la forma en que
las personas naturales víctimas de delitos dispondrán de asesoría y defensa jurídica gratuitas,
a efecto de ejercer la acción penal reconocida por esta Constitución y las leyes”.

Dicha reforma obliga al legislador a regular el derecho a defensa y asesoría
jurídica en favor de las personas naturales que han sido víctimas de delitos y que no
pueden procurárselas por sí mismas, para así poder ejercer la acción penal. Por lo
tanto, es indudable que esta reforma al artículo 19 Nº3 reforzó el derecho
constitucional de las víctimas a ejercer la acción penal, tal como lo ha señalado esta
Magistratura en su jurisprudencia (en este sentido, STC Rol Nº8.798 c. 7º).

9°. Que, en cuanto al contenido del derecho de la víctima a ejercer la acción
penal, la doctrina lo ha caracterizado como ius ut procedatur “esto es, como derecho al
proceso jurisdiccional tiene como núcleo esencial mínimo la prestación de actividad
jurisdiccional y de una decisión jurisdiccional motiviada”, lo cual implica “que la acción
procesal del ofendido por el delito exige que —incluso en las etapas preparatorias— haya
actividad jurisdiccional y al menos una resolución jurisdiccional motivada respecto de su
derecho a intervenir en el proceso y a formular en él una pretensión procesal acusatoria” (DEL
RÍO FERRETTI, Carlos (2024): “Ius ut procedatur y denegatio actionis: el problema
constitucional del acusador penal particular y su derecho a la acción procesal”, en
POBLETE ITURRATE, Orlando y CILVETI MEDINA, Flavia (coordinadores), Las partes en



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el proceso. IX Jornadas Nacionales de Derecho Procesal (Valencia, Tirant Lo Blanch)
pp.396-397). (En el mismo sentido, voto disidente, STC Rol N°14.265, c.13°).

Así, el derecho de la víctima a ejercer la acción penal no se satisface por la
simple posibilidad de intervenir en el proceso penal o de interponer querella, puesto
que el contenido esencial del mismo va más allá, y exige que el ofendido pueda
obtener una decisión judicial motivada sobre su pretensión penal. Cabe aclarar que lo
anterior en ningún caso significa que ella tiene derecho a obtener un resultado
favorable a sus pretensiones o la condena del imputado; sino que básicamente implica
que el ofendido por el delito pueda llevar adelante la persecución penal con los
debidos controles judiciales, independientemente de cuál sea la decisión final
adoptada por los tribunales competentes.

10°. Que, por lo tanto, es indiscutible que no sólo el Ministerio Público, en el
ejercicio de sus potestades constitucionales y legales, puede -y debe- ejercer la acción
penal; pues la víctima también tiene derecho a hacerlo, en base a los artículos 19 N°3
y 83 de la Constitución. Lo mismo ha sostenido este Tribunal Constitucional en su
jurisprudencia, explicando que “resulta claro que el ejercicio de la acción penal, por
parte de un sujeto distinto al Ministerio Público, está garantizado por la
Constitución tanto en su artículo 19, Nº 3°, inciso sexto, como en el artículo 83, inciso
segundo” (STC Rol N°11.325, c. 11°).

De esta forma, el Ministerio Público tiene la obligación de ejercer sus
atribuciones de una forma compatible con los derechos y garantías que la Constitución
otorga a la víctima -y los de todos los intervinientes-, pues tal como lo ha explicado
esta Magistratura, “el debido proceso y la actividad de investigación del Ministerio Público
no pueden entenderse desconectadas o desvinculadas” (STC Rol N°14.345, c. 4°). Entonces,
“la exclusividad constitucional de que goza el Ministerio Público para investigar no puede
significar la ausencia– aun parcial- de tutela judicial de los intereses de aquel ofendido que
aspira a que se persevere en la pretensión punitiva” (voto disidente, STC Rol N°13.011, c.
15°).



B) LA DECISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE NO PERSEVERAR EN EL
PROCEDIMIENTO

11°. Que de lo expuesto por la actora en su requerimiento, es posible concluir
que el hecho que gatilla el conflicto de constitucionalidad presentado ante este
Tribunal corresponde a la posibilidad de que el Ministerio público comunique su
decisión de no perseverar en el procedimiento, por lo que nos referiremos brevemente
a dicha facultad.

12°. Que, en virtud del principio de oportunidad, el Ministerio Público cuenta
con facultades que le permiten “no iniciar, suspender, interrumpir o hacer cesar el curso de
la persecución penal” (HORVITZ LENNON, María Inés y LÓPEZ MASLE, Julián (2002):



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Derecho procesal penal chileno. Tomo I. Santiago, Editorial Jurídica de Chile, p.48).
Dentro de ellas, encontramos la posibilidad de que se comunique la decisión de no
perseverar en el procedimiento, cuando no se hayan reunido los suficientes
antecedentes para fundar una acusación en contra del imputado.

13°. Que, así, es evidente que la naturaleza de la decisión de no perseverar es
eminentemente administrativa, no judicial. En esta línea, la doctrina ha señalado que
“un elemento central que distingue a la decisión de no perseverar del sobreseimiento definitivo,
y obviamente de la sentencia que se dicte en el juicio oral, es que la mencionada decisión -en
tanto acto no jurisdiccional- no genera (en principio) el efecto propio de la cosa juzgada”
(CORREA ROBLES, Carlos (2020): Uso y abuso de la decisión de no perseverar en el
procedimiento. Revista chilena de Derecho, vol. 47, N°1, pp. 159-185).

Es más, incluso se ha llegado a considerar que esa decisión, administrativa y
de mérito, es “de exclusiva competencia del Ministerio Público y no cabe, en consecuencia,
pronunciamiento ulterior del juez ni, evidentemente, recursos jurisdiccionales en contra de la
misma”, lo cual, de acuerdo a la doctrina especializada en la materia “genera diversos
problemas y trastoca la lógica del Código, orientada a la completación de mecanismos de
clausura definitiva del procedimiento en casos débiles, sin vialidad o en que no existe una
actividad productiva del órgano de persecución penal” (HORVITZ LENNON, María Inés y
LÓPEZ MASLE, Julián (2002): Derecho procesal penal chileno. Tomo I. Santiago,
Editorial Jurídica de Chile, pp. 585-586).

14°. Que, por lo tanto, al comunicar que no perseverará en un procedimiento
penal, el Ministerio Público realiza un juicio discrecional de mérito de naturaleza
administrativa respecto a los antecedentes que ha podido recopilar durante la
investigación, determinando si prosigue o no con el proceso; sin que exista una
intervención o control de fondo sobre dicha decisión por parte de un órgano
jurisdiccional.



III. ESCRUTINIO DE INAPLICABILIDAD: LA VULNERACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 19
N°3 Y 83 DE LA CONSTITUCIÓN

15°. Que la requirente estima que la aplicación de los preceptos impugnados
vulnera los artículos la Constitución, principalmente debido a que, como el Ministerio
Público busca comunicar su decisión de no perseverar en el procedimiento sin haber
formalizado la investigación, se afectaría su derecho a ejercer la acción penal, pues no
se le permite proseguir con el juicio criminal del cual es querellante.

Esto, por cuanto la aplicación de los preceptos impugnados no le permite, en
su caso concreto, forzar acusación, ya que el artículo 259 del Código Procesal Penal
establece que la acusación sólo puede referirse a personas y hechos incluidos en la
formalización. Así, estando la investigación desformalizada, malamente podría la




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DOSCIENTOS CATORCE




requirente referirse a sujetos o circunstancias contenidas en un acto que no se ha
realizado.

16°. Que, por lo tanto, para determinar si, en este caso concreto, la aplicación
de los preceptos impugnados genera resultados contrarios a la Constitución, los jueces
constitucionales deben preguntarse si los efectos que produce la comunicación de la
decisión del Ministerio Público de no perseverar en un proceso penal desformalizado
es o no respetuosa de los derechos que la Carta Fundamental le reconoce a las
víctimas.

Lo anterior debe realizarse teniendo especialmente en cuenta que un
querellante no puede forzar acusación respecto a una investigación que no ha sido
formalizada y que, por ende, no puede proseguir con el proceso penal en virtud de la
decisión del órgano persecutor fiscal.

17°. Que, para lograr lo anterior, debemos recordar que el ofendido por el
delito tiene el derecho constitucional subjetivo a ejercer la acción penal, en virtud de
los artículos 83 inciso segundo y 19 N°3 de la Constitución.

Como fue señalado en los apartados anteriores, el contenido esencial de este
derecho no se limita solamente a presentar querella, sino que, tal como lo ha explicado
la doctrina, “exige que el desenvolvimiento del derecho al proceso del actor depende
de decisiones judiciales motivadas que deban o puedan librar en el curso del proceso”.
(DEL RÍO FERRETTI, Carlos (2024): “Ius ut procedatur y denegatio actionis: el problema
constitucional del acusador penal particular y su derecho a la acción procesal”, en
POBLETE ITURRATE, Orlando y CILVETI MEDINA, Flavia (coordinadores), Las partes en
el proceso. IX Jornadas Nacionales de Derecho Procesal (Valencia, Tirant Lo Blanch)
p. 397).

Esto no significa, como ya adelantábamos, que el ofendido por el delito tenga
el derecho a obtener una decisión judicial determinada, y ni siquiera implica que se
llegue a cierta etapa específica del mismo -pues atentado a las circunstancias del caso
concreto el juicio puede llegar a terminar anticipadamente de forma legítima-. Pero sí
exige que el concreto desenvolvimiento del proceso “solo puede ser progresivamente
reconocido o negado siempre por la autoridad jurisdiccional, mediante una decisión
fundada y sumisa a Derecho, precisamente porque en esto reside el contenido nuclear
mínimo del derecho a la acción” (DEL RÍO FERRETTI, Carlos (2024): “Ius ut procedatur
y denegatio actionis: el problema constitucional del acusador penal particular y su
derecho a la acción procesal”, en POBLETE ITURRATE, Orlando y CILVETI MEDINA,
Flavia (coordinadores), Las partes en el proceso. IX Jornadas Nacionales de Derecho
Procesal (Valencia, Tirant Lo Blanch) pp. 397-398).

Así, los artículos 19 N°3 y 83 inciso segundo de la Constitución exigen, en
cuanto consagran el derecho de la víctima de un delito a ejercer la acción penal, que




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sea un órgano jurisdiccional quien eventualmente decida truncar o no la prosecución
de un juicio penal.

18°. Que, además, debe recordarse que la decisión de no perseverar del
Ministerio Público tiene una naturaleza eminentemente administrativa, de mérito y
discrecional; y no está sujeta a control judicial alguno, ni es objeto de impugnación o
reclamación a través de acciones o recursos jurisdiccionales. Pues, si bien el órgano
persecutor debe comunicar al juez competente que no proseguirá con el
procedimiento, este último simplemente tiene presente la comunicación; limitándose
la participación del tribunal, entonces, a una mera intervención sin influencia
sustantiva.

Esta decisión de no perseverar es especialmente importante respecto de
investigaciones desformalizadas ya que, tal como señalamos previamente, el artículo
259 del Código Procesal Penal no permite, en la práctica, que los querellantes realicen
un forzamiento de la acusación para seguir con el juicio penal sin la intervención del
Ministerio Público, pues dicho precepto impugnado exige que la acusación se refiera
a hechos y personas contenidos en la formalización. No habiendo formalización,
entonces, no le es posible al querellante mantener el proceso en tramitación.

19°. Que, por ende, es ineludible concluir que en la gestión pendiente de autos
la aplicación de los preceptos impugnados, a saber, la letra c) del artículo 248 y del
inciso final del artículo 259, ambos del Código Procesal Penal, genera efectos que
contrarían lo dispuesto en los artículos 83 y 19 N°3 de la Constitución, por cuanto, en
la práctica, permiten que una decisión administrativa no sujeta a control jurisdiccional
-la del Ministerio Público de no perseverar en un procedimiento cuya investigación
no ha sido formalizada- prive a la víctima de la posibilidad de proseguir con el proceso
penal en el cual interviene.

Esta vulneración a lo dispuesto en la Carta Fundamental es evidente si se tiene
en cuenta que, tal como lo ha señalado esta Magistratura en su jurisprudencia, el
derecho de la víctima a ejercer la acción penal incluye “el acceso efectivo a la jurisdicción,
que se manifiesta en la exigibilidad de la apertura y, consecuentemente, de la sustanciación del
proceso” (STC Rol N° 815, c. 11°), el cual solamente puede terminar lícitamente
mediante un acto sujeto a control jurisdiccional.

Lo anterior no implica desconocer las facultades privativas que tiene el
Ministerio Público respecto a la dirección de las investigaciones penales, puesto que
la labor investigativa del órgano persecutor “no puede confundirse con actividades
que, en la práctica, impiden el ejercicio de la acción penal por la víctima y, por
consiguiente, tienen una implicancia directa sobre un asunto más propiamente
jurisdiccional: la resolución del conflicto. No ha de perderse de vista que el sentido y
alcance de la facultad del Ministerio Público de dirigir en forma exclusiva la investigación dice
relación con la determinación de la orientación de la investigación, pero no con una supuesta
– más bien inexistente - facultad de ponderar, sin control judicial, el grado de suficiencia de las



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pruebas para desvanecer o no la presunción de inocencia del investigado o del imputado”;
porque “la Constitución no le otorga al órgano persecutor la potestad para, sin un
control tutelar efectivo por parte de la judicatura, hacer prevalecer, sin más,
decisiones de mérito que impliquen perjudicar la pretensión punitiva de la sociedad y
de la víctima” (STC Rol N° 11.325, c. 12º y c. 16º).

20°. Que lo anterior también ha sido sostenido por la doctrina, al explicar “que
si bien corresponde al Ministerio Público la dirección de la investigación, la actuación del
órgano persecutor tendrá siempre como límite el reconocimiento del derecho a la
acción penal del que la víctima es titular. Lo anterior –señala el TC- exige que el
legislador contemple las medidas de control judicial que, limitando un eventual
actuar arbitrario del Ministerio Público, hagan factible la interposición de una
acusación por parte del querellante privado. Y ese límite no existe para el ejercicio de la
facultad de no perseverar, pues, a diferencia de lo que el mismo artículo 248 del Código Procesal
Penal contempla para el sobreseimiento definitivo y el sobreseimiento temporal, que son
solicitados por el fiscal y decretados por el juez de garantía, la decisión del Ministerio Público
de no perseverar en la investigación no requiere aprobación judicial” (BERTELSEN REPETTO,
Raúl (2021): La decisión de no perseverar en la investigación ante el Tribunal
Constitucional. Disponible en “Sentencias Destacadas 2020”, Libertad y Desarrollo,
pp. 119-120).



IV. CONCLUSIONES

21°. Que, en base a todo lo expuesto, se sigue que este Tribunal, a través de la
declaración de inaplicabilidad, debe evitar la cristalización de los efectos que generará
la aplicación de los preceptos impugnados, pues ellos son contrarios a lo dispuesto en
los artículos 19 N°3 y 83 inciso segundo de la Constitución.

Esto, por cuanto la aplicación de la letra c) del artículo 248 y el inciso final del
artículo 259, ambos del Código Procesal Penal implican que, en el caso concreto, la
vulneración del derecho del ofendido por el delito a ejercer la acción penal. Lo
anterior, debido a que el Ministerio Público, a través de su decisión discrecional de no
perseverar en un procedimiento desformalizado, impide que la requirente prosiga con
el juicio penal, a través de una determinación esencialmente administrativa que no
está sujeta a control jurisdiccional.




El Ministro señor MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ estuvo por acoger
parcialmente el requerimiento en la frase “comunicar la decisión del ministerio
público de”, contenida en el artículo 248, letra c), y respecto del artículo 259 inciso
final del Código Procesal Penal, atendidos los fundamentos formulados en casos
análogos precedentes, v. gr., en el Rol N° 13.914, porque, de esta manera, subsiste la



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atribución del Ministerio Público, en el marco de su autonomía constitucional, para
no perseverar en el procedimiento, por no haberse reunido durante la investigación
los antecedentes suficientes para fundar una acusación, pero queda el Juez de
Garantía en situación de evaluar la decisión adoptada por el Ministerio Público, lo
que, además, permitirá a los intervinientes sostener su posición al respecto en la
audiencia correspondiente y, en definitiva, resolver con todos los elementos de juicio,
si se accede o no, en definitiva, a la decisión de no perseverar, pero mediando control
judicial de esta decisión, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 19 N° 3° inciso
sexto de la Constitución, en relación con el derecho contemplado en su artículo 83
inciso segundo.



Redactó la sentencia el Ministro señor MARIO GÓMEZ MONTOYA. La disidencia
fue escrita por la Ministra señora MARCELA PEREDO ROJAS.

La prevención fue redactada por el Ministro señor MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ
GONZÁLEZ.



Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N° 16.086-25-INA




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Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 08/08/2025



Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida María Pía Silva Gallinato
Fecha: 11/08/2025 Fecha: 08/08/2025



Miguel Angel Fernández González Raúl Eduardo Mera Muñoz
Fecha: 08/08/2025 Fecha: 08/08/2025



Héctor Antonio Mery Romero
Fecha: 11/08/2025



Mario René Gómez Montoya
Fecha: 08/08/2025


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta,
Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros señora Nancy
Adriana Yáñez Fuenzalida, señora María Pía Silva Gallinato, señor Miguel Ángel
Fernández González, señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señor Héctor Mery
Romero, señora Marcela Inés Peredo Rojas y señor Mario René Gómez
Montoya.

Autoriza el Secretario del Tribunal Constitucional, señor Sebastián López
Magnasco.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 11/08/2025




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