TC Rol 16230

Texto completo

0001547
UNO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE




2026

REPÚBLICA DE CHILE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
____________
Sentencia

Rol 16.230-25 INA

[07 de abril de 2026]
____________




REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DE LA FRASE "CONTADOS
DESDE LA PERPETRACIÓN DEL ACTO", CONTENIDA EN EL
ARTÍCULO 2.332, DEL CÓDIGO CIVIL



BRANDON HERNÁNDEZ HUENTECOL Y OTROS
EN EL PROCESO ROL C-1961-2023, SEGUIDO ANTE EL PRIMER JUZGADO
DE LETRAS EN LO CIVIL DE TEMUCO, EN CONOCIMIENTO DE LA CORTE
DE APELACIONES DE TEMUCO, POR RECURSO DE APELACIÓN, BAJO EL
ROL N° 2116-2024 (CIVIL).


VISTOS:

Que, con fecha 18 de febrero 2025 Brandon Isaac Hernández Huentecol y
otros accionan de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de la frase "
contados desde la perpetración del acto", contenida en el artículo 2.332 del
Código Civil para que ello incida en el proceso Rol C- 1961-2023, seguido ante el
Primer Juzgado de Letras en lo Civil de Temuco, en conocimiento de la Corte de
Apelaciones de Temuco, por recurso de apelación, bajo el Rol N° 2116-2024
(Civil).



Precepto legal cuya aplicación se impugna

El texto del precepto impugnado dispone, en su parte destacada:




1
0001548
UNO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO




“Código

Artículo 2332.- Las acciones que concede este título por daño o dolo,
prescriben en cuatro años contados desde la perpetración del acto.



Síntesis de la gestión pendiente y conflicto constitucional sometido
al conocimiento y resolución del Tribunal Constitucional.

Como antecedentes de la gestión pendiente, explican que, con fecha 5 de
mayo de 2023, presentaron demanda de indemnización de perjuicios por falta
de servicio y, en subsidio, de responsabilidad civil extracontractual en contra
del Fisco ante el Primer Juzgado de Letras en lo Civil de Temuco.

Señalan que la demanda se fundó en el ataque perpetrado el día 18 de
diciembre de 2016 en el sector rural de Curaco, comuna de Collipulli, Región de
la Araucanía por un grupo de funcionarios de Carabineros de Chile a los
demandantes Brandon e Isaías, ambos Hernández Huentecol, de entonces 17 y
13 años de edad, respectivamente, en el marco de un control policial a un
vehículo particular, en el cual ambos adolescentes no estaban involucrados.
Relatan que, de forma inexplicable e infundada, son detenidos y reducidos. En
dicho contexto, el adolescente Brandon Hernández, estando ya reducido en el
piso por funcionarios de Carabineros, recibió un disparo de escopeta por parte
del Sargento Segundo de Carabineros Christian Rivera Silva, siendo trasladado
en el vehículo institucional, en condiciones de emergencia extrema a un centro
hospitalario. Fue internado de urgencia y permaneció en riesgo vital durante
varias semanas.

Refieren que dicho funcionario de Carabineros de Chile fue condenado
por el Tribunal Oral en lo Penal de Angol como autor de los delitos consumados
de lesiones graves y vejación injusta, proceso penal en que los demandantes
intervinieron en calidad de querellantes, y cuya sentencia se certificó como
firme y ejecutoriada con fecha 20 de mayo de 2019.

En la demanda civil, el Fisco con fecha 6 de junio de 2023 alegó la
excepción de prescripción extintiva de las acciones indemnizatorias deducidas.

Indican que, con fecha 21 de octubre de 2024, el Primer Juzgado Civil de
Temuco, aplicando el artículo 2.514, en relación con el artículo 2.332 del Código
Civil, acogió la excepción de prescripción y, en consecuencia, rechazó la
demanda principal de indemnización de perjuicios por falta de servicio y la
subsidiaria de responsabilidad civil extracontractual, específicamente, la
llamada “responsabilidad por hecho ajeno”.




2
0001549
UNO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE




En contra de la sentencia definitiva de primera instancia deducen, con
fecha 5 de noviembre de 2024, recurso de apelación para ante la Corte de
Apelaciones de Temuco, el que fue declarado admisible, encontrándose en
relación desde el 23 de diciembre de 2024, según certificado de la gestión
pendiente que rola a fojas 20.

Al fundamentar el conflicto constitucional, alegan que la aplicación de
la frase “contados desde la perpetración del acto”, contenida en el artículo 2.332,
del Código Civil, transgrede lo dispuesto en los artículos 1°, 19 numerales 1° y 3°;
y artículo 38 inciso segundo, en relación con el artículo 5° inciso 2°, todos de la
Constitución; y los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana de Derechos
Humanos, pues dicha forma de computar el plazo de prescripción impediría, en
forma arbitraria y desproporcionada, la posibilidad de reclamar indemnización
de perjuicios ante los tribunales de justicia.

En cuanto a la infracción del artículo 38 de la Carta Fundamental, indican
que, en el caso concreto, se hace ilusoria o restringiría desproporcionadamente
la posibilidad de reclamar judicialmente ante los tribunales, por cuanto durante
la mayor parte del período durante el cual les habría estado corriendo en su
contra dicho plazo de prescripción, estuvieron imposibilitados materialmente
de hacer ejercicio efectivo de dicho derecho, por el desconocimiento de los
reales alcances del daño que recibió la víctima, como también por la
incertidumbre en torno a la configuración de todos los elementos de la
responsabilidad por falta de servicio respecto del demandado Fisco de Chile,
por cuanto recién con fecha 20 de mayo de 2019 se obtuvo certeza de la
ejecutoria del fallo en contra del agente estatal directamente involucrado en los
hechos.

Del mismo modo, consideran transgredido los derechos a la igual
protección de la ley en el ejercicio de los derechos, el debido proceso y el
derecho al recurso efectivo, pues la frase impugnada limita temporalmente de
manera excesiva la actuación frente a los tribunales, habiendo tenido, en la
realidad un tiempo mucho menor que cuatro años para tener certeza de los
elementos de la responsabilidad, en especial de la imputabilidad, que
permitieran demandar al Estado, violentando la dignidad humana del
requirente y su familia, por lo que se requiere una vía judicial efectiva para
hacer valer sus derechos. Específicamente, el derecho a la reparación ejercido
en el caso concreto como acción de indemnización de perjuicios por falta de
servicio.

Por último, y en apoyo de sus argumentos, la parte requirente hace
presente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso
Galetovic Sapunar y otros vs. Chile, respecto de acciones civiles prescriptibles,
estableció que: “(..) la Corte encuentra que, si bien la prescripción pretende hacer




3
0001550
UNO MIL QUINIENTOS CINCUENTA




efectivas una serie de garantías judiciales, en tanto sanción a la inactividad de los
accionantes (supra párr. 61), no puede contabilizarse durante el tiempo en que no
existan recursos idóneos o eficaces, bien sea porque el accionante se encontraba
en un estado de indefensión tal que hacía inviable el ejercicio de la acción, o
porque no tenía o no podía haber tenido conocimiento de la base fáctica necesaria
para presentar la acción. Lo contrario implicaría desconocer la esencia del
derecho al acceso a la administración de justicia y a un recurso judicial efectivo.
(...)”

Tramitación y observaciones al requerimiento

Por resolución de fecha 25 de febrero de 2025 a fojas 574, la Primera Sala
de esta Magistratura admitió a trámite el libelo de inaplicabilidad, ordenándose
la suspensión del procedimiento. A fojas 1290 con fecha 20 de marzo de dicho
año, la referida Sala declaró su admisibilidad.

Conferidos los traslados de fondo a los órganos constitucionales
interesados y a las demás partes en la gestión invocada, formuló
observaciones el Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, solicitando
el rechazo del requerimiento, atendido a que la norma impugnada no
transgrede en el caso en particular ni en general el artículo 38 inciso segundo de
la Constitución, como tampoco las restantes disposiciones constitucionales
alegadas como vulneradas.

En primer lugar, argumenta que contrariamente a lo señalado por los
requirentes, éstos no sólo estuvieron en condiciones de accionar
oportunamente dentro del plazo de cuatros años desde que tuvo lugar el hecho
dañoso, sino que efectivamente lo hicieron dentro de ese plazo.

En efecto, hace presente que, con fecha 2 de mayo de 2020, en la causa
civil caratulada “Hernández y otros/Fisco de Chile”, Rol de Ingreso N° C-2048-
2020 del Tercer Juzgado Civil de Temuco, los mismos demandantes -y ahora
requirentes- entablaron demanda ejerciendo idénticas acciones
indemnizatorias por el mismo hecho, reclamando el resarcimiento de igual tipo
de daños que los que se están impetrando en el juicio que constituye la gestión
judicial pendiente. Dicho juicio terminó por abandono del procedimiento
mediante sentencia interlocutoria ejecutoriada, perdiendo, así, la interrupción
de la prescripción obtenida en aquel anterior juicio. En consecuencia, los
requirentes sí estuvieron en condiciones de accionar antes de que se cumpliera
el plazo de 4 años.

En segundo lugar, indica que el requerimiento desatiende la
independencia que existe entre la responsabilidad civil y la responsabilidad
penal, cuya regulación procesal descarta toda imposibilidad para accionar
civilmente, ello porque desde el punto de vista de la responsabilidad
patrimonial, el disparo de escopeta percutado por un funcionario de



4
0001551
UNO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO




Carabineros de Chile, constituye un ilícito civil que quedó configurado en el
mismo momento en que el hecho sucedió, dado que en ese acto concurrieron la
ilicitud de la conducta del agente y el daño de la víctima, siendo intrascendente
para efectos indemnizatorios si ese hecho, atendida la intención del autor,
constituye un delito civil o cuasidelito civil, cuyo juzgamiento, en todo caso,
podían realizar perfectamente los tribunales ordinarios civiles con completa
prescindencia de la existencia, o no, de un proceso penal. De suerte que la
sentencia penal condenatoria dictada por el mismo hecho, al contrario de lo que
insinúa el requerimiento de autos, realmente no aporta ningún elemento
significativo de certidumbre respecto del hecho dañoso en sí mismo. Es más, la
sentencia penal no era en absoluto necesaria para deducir demanda
indemnizatoria, ni para la tramitación del consiguiente juicio civil hasta su
culminación mediante sentencia definitiva ejecutoriada.

Y, de cualquier forma -agrega-, ante la hipótesis de estar tramitándose en
paralelo un juicio civil y un proceso penal por un mismo hecho, el artículo 167
del Código de Procedimiento Civil establece que “Cuando la existencia de un
delito haya de ser fundamento preciso de una sentencia civil o tenga en ella
influencia notoria, podrán los tribunales suspender el pronunciamiento de ésta
hasta la terminación del proceso criminal, si en éste se ha deducido acusación o
formulado requerimiento, según el caso”.

En tercer lugar, advierte que el requerimiento de autos verdaderamente
no persigue que se declare inaplicable parte del artículo 2.332 del Código Civil,
sino que, desnaturalizando la labor propia del Tribunal Constitucional,
pretende que éste imponga una determinada interpretación legal a los jueces
que conocen de ese juicio. En este sentido, indica que no corresponde al
Tribunal Constitucional establecer, con carácter vinculante, el sentido y alcance
del precepto legal cuestionado, desde que esto constituye una labor propia de
los jueces a quienes corresponda conocer de la controversia que se ventila en la
gestión pendiente.

En cuarto lugar, señala que el requerimiento es improcedente por cuanto
persigue una alteración del régimen legal de la prescripción extintiva aplicable
en materia de responsabilidad extracontractual, haciendo presente que la
responsabilidad patrimonial del Estado se extingue por prescripción extintiva
en los mismos términos en que ello ocurre tratándose de particulares, conforme
lo establece el artículo 2.497 del Código Civil.

Indica que la prescripción tiene dos componentes que deben ser
regulados por el legislador: el plazo y el momento desde cuándo se computa. El
requerimiento, sin embargo, pretende dejar al artículo 2.332 del Código Civil
desprovisto del segundo elemento mencionado, el que, por cierto, es básico para
satisfacer los fines de certeza jurídica perseguidos por la prescripción extintiva,




5
0001552
UNO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS




de manera que si ese aspecto no está fijado en la ley se produce un efecto de
incertidumbre sobre el inicio del plazo que atenta contra el estatuto de la
prescripción.

Por último, sostiene el Consejo de Defensa del Estado que la parte del
artículo 2.332 del Código Civil que se impugna en autos no determina que la
prescripción extintiva alegada en el juicio indemnizatorio sea rechazada por los
tribunales que conozcan de él, por lo que los requirentes entienden
erróneamente que, si se declara inaplicable la expresión “contados desde la
perpetración del acto”, los jueces de fondo tendrían que rechazar la excepción
de prescripción opuesta a las acciones indemnizatorias deducidas mediante la
demanda entablada en la gestión pendiente, porque el plazo de prescripción se
computaría “desde el momento en que [los actores] contaban con la posibilidad
efectiva de ejercer sus acciones civiles”.

En el supuesto de declararse inaplicable la frase final del artículo 2.332
del Código Civil, la determinación del momento en que los demandantes
estuvieron en condiciones de ejercer sus acciones civiles, en tanto hecho de la
causa, quedaría entregado a la apreciación de los tribunales del mérito, por lo
que nada asegura que el momento que ellos fijen al respecto, ejerciendo sus
facultades de apreciación de la prueba, conduzca al rechazo de la prescripción
extintiva, de lo que, a su vez, se sigue que la acción constitucional de autos y su
pretensión no pasan de ser puramente especulativas.

A fojas 1518, en decreto de fecha 21 de abril del año 2025 fueron traídos
los autos en relación.



Vista de la causa y acuerdo

En audiencia de Pleno de fecha 25 de septiembre de 2025 se verificó la
vista de la causa, oyéndose la relación pública y los alegatos de los abogados
Rodrigo Castillo Jofré, por la parte requirente, y Carlos Reyes Gottschalk, por el
Consejo de Defensa del Estado, quedando la causa en estudio, conforme
certificación de la señora relatora.

En audiencia de Pleno de fecha 06 de noviembre de dicho año se adoptó
el acuerdo según certificación que rola a fojas 1546.



Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, se ha requerido la inaplicabilidad de la frase final del
artículo 2.332 del Código Civil, al tenor del cual “las acciones que concede este
título por daño o dolo, prescriben en cuatro años contados desde la
perpetración del acto”, por cuanto, a juicio de la actora, “(…) al impedir de




6
0001553
UNO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES




forma arbitraria y desproporcionada la posibilidad de reclamar ante los
tribunales de justicia la indemnización de perjuicios en la causa pendiente ante
los tribunales ordinarios, dejándoles totalmente privados de la reparación de los
perjuicios provocados por el ataque del funcionario de Carabineros previamente
descrito (…)” (fs. 7), lo que resultaría contrario a lo dispuesto en el artículos 1°
inciso primero, 19 N° 1° y N° 3° y 38 de la Constitución y, conforme a su artículo
5° inciso segundo, a los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana;

SEGUNDO: Que, la requirente, entonces, no cuestiona que la acción por
daño o dolo que ha ejercido prescriba, conforme a lo dispuesto en el Código
Civil, sino que estima contrario a la Constitución que el momento a partir del
cual se computa el plazo de prescripción se cuente desde la perpetración del acto
, ya que la dejaría desprovista de acción, habida consideración que “(…) durante
la mayor parte del período durante el cual les habría estado corriendo en su
contra dicho plazo de prescripción (entre el 18 de diciembre de 2016 y el 18 de
diciembre de 2020, si considerásemos, tal como lo hizo el tribunal de primera
instancia, la fecha del ataque al sr. Brandon Hernandez Huentecol por parte del
funcionario de Carabineros como momento en que se produce la “perpetración del
acto”), estuvieron imposibilitados materialmente de hacer ejercicio efectivo de
este derecho. Esto tanto por el desconocimiento de los reales alcances del daño en
la víctima que recibió el daño directo, el sr. Brandon Hernández Huentecol, como
también por la incertidumbre en torno a la configuración de todos los elementos
de la responsabilidad por falta de servicio respecto del demandado Fisco de Chile,
por cuanto recién con fecha 20 de mayo de 2019 se obtuvo certeza de la ejecutoria
del fallo en contra del agente estatal directamente involucrado en los hechos” (fs.
11);

TERCERO: Que, en consecuencia, la cuestión constitucional que se nos
pide resolver consiste en determinar si la aplicación del precepto legal que
establece que el plazo de prescripción para las acciones intentadas por la
requirente, para hacer efectiva la responsabilidad del Estado en la gestión
pendiente, se cuente desde la perpetración del acto resulta o no contraria a la
Constitución;



I. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Y MOMENTO A PARTIR DEL
CUAL SE CUENTA EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN

CUARTO: Que, esta Magistratura ha sostenido que no cabe cuestionar la
existencia de la prescripción desde el punto de vista constitucional y que su
determinación corresponde al legislador, quien puede además, expresamente,
establecer casos de imprescriptibilidad (c. 60° y 61°, Rol N° 1.298).

De tal manera que “(…) la prescripción es una institución regulada en
nuestro ordenamiento jurídico. se trata de una institución común a nuestro



7
0001554
UNO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO




sistema, toda vez que se encuentra tanto en el ámbito de las normas de derecho
público como de derecho privado. Las personas, por la ficción jurídica de
conocimiento de la ley o por un conocimiento efectivo, saben de sus efectos. En tal
sentido, pueden proyectar sus actuaciones en base a ella; saben a qué atenerse;
tienen un grado de predictibilidad por las consecuencias de sus acciones y
omisiones. Tratándose de las normas del Código Civil, éstas existen desde 1855,
con muy pocas modificaciones.

En tal sentido, la prescripción no se contrapone con la seguridad jurídica.
esta “implica que toda persona ha de poder confiar en que su comportamiento, si
se ajusta al Derecho vigente, será reconocido por el ordenamiento jurídico,
produciéndose todos los efectos legalmente vinculados a los actos realizados.
Esta confianza se ve naturalmente disminuida si el legislador, con posterioridad,
le atribuye a dichos actos consecuencias jurídicas que son más favorables que
aquéllas con las cuales quien los realizó en el pasado podía contar al adoptar sus
decisiones” (STC Rol 207, 10/02/95) (…)” (c. 63°, Rol N° 1.298);

QUINTO: Que, como se ha dicho, la requirente no somete a decisión de
esta Magistratura la cuestión acerca de la prescripción de las acciones para
hacer efectiva la responsabilidad del Estado, sino, sobre la base que dichas
acciones se extinguen por el transcurso del tiempo, el asunto radica en el
momento a partir del cual se cuenta, esto es, conforme al artículo 2.332 del
Código Civil, desde la perpetración del acto;

SEXTO: Que, en esta materia específica, “la principal discusión sobre el
artículo 2332, regla general en la prescripción de la acción indemnizatoria
extracontractual, se refiere a su dies a quo, al exacto significado y alcance del
mandato de computar el plazo “desde la perpetración del acto”, y a si este “acto”
implica (i) exclusivamente el hecho material que provoca causalmente un daño,
con independencia de la manifestación y conocimiento del perjuicio; o si (ii) es
omnicomprensivo del daño, de modo que no hay acto mientras éste no se produce
y es conocido por la víctima. Existe una tensión entre seguridad jurídica (dada por
la primera interpretación) y justicia individual (garantizada por la segunda) (…)”
(Luis Valentín Ferrada Walker: “La interpretatio per aliam legem como Regla
para Definir el Sentido del artículo 2332 del Código Civil, sobre Prescripción de
la Acción de Responsabilidad Extracontractual”, Revista de Derecho, N° 2,
Escuela de Postgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, 2012,
p. 36);

SÉPTIMO: Que, sin embargo, la determinación del alcance que cabe dar a
la regla legal que ha sido cuestionada es una decisión que corresponde al Juez
del Fondo, como ya lo señalamos en el Rol N° 2.892 (c. 15°), en sede de
inadmisibilidad (y, en el mismo sentido, en los Roles N° 1.430, 2.714, 2.816,
2.843), puesto que, sea que se compute el plazo desde la ocurrencia del hecho




8
0001555
UNO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO




material que provoca el daño o bien desde que se manifiesta o conoce el
perjuicio, no aparece contrario a los artículos 1° inciso primero, 19 numerales 1°
y 3° y 38 de la Constitución y, conforme a su artículo 5° inciso segundo, a los
artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana;

OCTAVO: Que, en efecto, en uno y otro caso queda a salvo el derecho del
interesado, conforme al artículo 38 de la Carta Fundamental, para reclamar
ante los tribunales que determine la ley los perjuicios ocasionados por la
Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades,
salvaguardando su dignidad e integridad, en el marco del procedimiento
racional y justo que se llevará a cabo a raíz de la acción intentada ante el
tribunal competente. Este procedimiento, en fin, satisface las exigencias que, en
virtud del artículo 5° inciso segundo de la Constitución, imponen los artículos
8.1 y 25.1 de la Convención Americana;



II. APLICACIÓN AL CASO CONCRETO

NOVENO: Que, llevada ahora la objeción planteada por la requirente al
caso concreto que subyace en la gestión pendiente, se confirma la decisión
desestimatoria al tener en consideración que, como aclara la Defensa Fiscal,
“los requirentes no sólo estuvieron en condiciones de accionar oportunamente
dentro del plazo de cuatros años desde que tuvo lugar el hecho dañoso, sino que
efectivamente lo hicieron dentro de ese plazo: En efecto, con anterioridad, el 2 de
mayo de 2020, en la causa civil caratulada “Hernández y otros/Fisco de Chile”, rol
de ingreso N° C-2048-2020 del Tercer Juzgado Civil de Temuco, los mismos
demandantes [y ahora requirentes] entablaron demanda ejerciendo idénticas
acciones indemnizatorias por el mismo hecho, reclamando el resarcimiento de
igual tipo de daños que los que se están impetrando en el juicio que constituye la
gestión judicial pendiente, con variaciones accesorias que básicamente inciden en
la estimación del monto de esos pretendidos daños” (fs. 1.308). En dicho proceso
se declaró el abandono del procedimiento.

Luego, la requirente inició una nueva acción que constituye la gestión
pendiente;

DÉCIMO: Que, así las cosas, la aplicación del artículo 2.332 del Código
Civil, en este caso, ha sido respetuosa del derecho que el artículo 38 confiere a la
requirente, pues le ha permitido reclamar no una, sino dos veces, ante el
tribunal que determina la ley para demandar los perjuicios ocasionados por la
Administración del Estado, permitiéndole someter a conocimiento y decisión
del juez competente el daño que se les habría ocasionado, quedando
doblemente a cubierto la dignidad e integridad que, conforme a lo dispuesto en
los artículos 1° inciso primero y 19 N° 1°, le asegura la Constitución.




9
0001556
UNO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS




Por ende, la aplicación del artículo 2.332, lejos de impedir el ejercicio de
la acción reparatoria que garantiza la Carta Fundamental, ha permitido acudir
a la protección judicial, en el marco de un procedimiento racional y justo. El
primero, no obstante, abandonado por los actores y, el segundo, en desarrollo.

En fin, tampoco puede advertirse, como se ha señalado, una aplicación
lesiva de las garantías judiciales contenidas en el artículo 8.1 de la Convención
Americana ni en su artículo 25.1;

DECIMOPRIMERO: Que, por las razones expuestas y en consideración a
las circunstancias del caso concreto, en esta oportunidad, desestimamos la
acción de inaplicabilidad intentada a fs. 1.



Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93, incisos
primero, N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y
pertinentes de la Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997,
Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,



SE RESUELVE:

1) QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD
DEDUCIDO A FOJAS 1, EN TODAS SUS PARTES.

2) QUE SE DEJA SIN EFECTO LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO
DECRETADA. OFÍCIESE AL EFECTO.

3) QUE NO SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE REQUIRENTE, POR
ESTIMARSE QUE TUVO MOTIVO PLAUSIBLE PARA LITIGAR.



DISIDENCIA

La Presidenta señora DANIELA MARZI MUÑOZ, la Ministra señora NANCY
YÁÑEZ FUENZALIDA, la Ministra señora CATALINA LAGOS TSCHORNE y la Ministra
señora ALEJANDRA PRECHT RORRIS, estuvieron por acoger el requerimiento
atendido a las siguientes consideraciones:

1° Que, la gestión pendiente tiene su origen en la demanda de
indemnización de perjuicios por falta de servicio, y en subsidio de
responsabilidad civil extracontractual contra el Fisco de Chile, fundada en los
graves hechos ocurridos con fecha 18 de diciembre de 2016, cuando
funcionarios de Carabineros de Chile, en el contexto de un control policial,
detuvieron y redujeron a los demandantes, menores de edad a la época y
pertenecientes al pueblo indígena Mapuche, resultando uno de ellos
gravemente herido por un disparo de escopeta efectuado por un funcionario




10
0001557
UNO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE




policial, hecho que lo mantuvo en riesgo vital durante meses, quedando con
consecuencias físicas de carácter permanente. Dicho funcionario fue
posteriormente condenado en sede penal, mediante sentencia firme y
ejecutoriada con fecha 20 de mayo de 2019, por los delitos consumados de
lesiones graves y vejación injusta.

2° Que, el conflicto constitucional sometido al conocimiento de este
Tribunal se centra en la aplicación, al caso concreto, de la expresión “contados
desde la perpetración del acto” contenida en el artículo 2.332 del Código Civil,
por estimarse que su aplicación vulnera los derechos fundamentales a la
dignidad humana, a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos,
al debido proceso y al acceso a un recurso judicial efectivo, así como el derecho
a reclamar ante tribunales la en caso de verse lesionados sus derechos por
parte de la Administración del Estado, consagrados en la Constitución y en los
tratados internacionales de derechos humanos vigentes en Chile.

Los requirentes sostienen que la forma de cómputo del plazo de
prescripción resulta arbitraria y desproporcionada en el caso concreto, pues
durante una parte sustancial de dicho período se encontraban material y
jurídicamente impedidos de ejercer eficazmente la acción indemnizatoria,
tanto por el desconocimiento de la real magnitud del daño sufrido como por la
ausencia de certeza respecto de la imputabilidad estatal por falta de servicio, la
que solo se consolidó con la ejecutoria de la sentencia penal condenatoria en
2019, tornándose así ilusorio el derecho de acceso a la justicia.

Finalmente, se alega que esta interpretación restrictiva del plazo de
prescripción desconoce los estándares internacionales sobre acceso a la justicia
y reparación integral, en cuanto impide el ejercicio oportuno de acciones civiles
cuando la víctima se encontraba en una situación de indefensión o carecía del
conocimiento fáctico necesario para accionar, afectando con ello la esencia del
derecho a un recurso judicial efectivo.

Por su parte, el Consejo de Defensa del Estado instando por el rechazo del
requerimiento arguye lo siguiente: (i) que el ilícito civil quedó configurado en el
mismo momento en que el hecho sucedió, dado que en ese acto concurrieron la
ilicitud de la conducta del agente y el daño de la víctima; (ii) que la
inconstitucionalidad del artículo 2.332 del Código Civil en los términos
requeridos eliminaría el elemento que fija el momento desde cuándo se
computa la prescripción extintiva, “de manera que si ese aspecto no está fijado en
la ley se produce un efecto de incertidumbre sobre el inicio del plazo que atenta
contra el estatuto de la prescripción”; y, (iii) que, “en el supuesto de declararse
inaplicable la frase final del artículo 2.332 del Código Civil, la determinación del
momento en que los demandantes estuvieron en condiciones de ejercer sus
acciones civiles, en tanto hecho de la causa, quedaría entregado a la apreciación




11
0001558
UNO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO




de los tribunales del mérito, por lo que nada asegura que el momento que ellos
fijen al respecto, ejerciendo sus facultades de apreciación de la prueba, conduzca
al rechazo de la prescripción extintiva.”

3° Que, el conflicto sometido a conocimiento de esta Magistratura se
inserta en una problemática de profunda complejidad doctrinal y
jurisprudencial, referida a la determinación del dies a quo para el cómputo del
plazo de prescripción de las acciones civiles derivadas de ilícitos en que se
persigue la responsabilidad del Estado por hechos cometidos por sus agentes. La
cuestión surge de la literalidad de la normativa infraconstitucional que se
impugna, la que propugna un cómputo estrictamente objetivo fijando el dies a
quo de la prescripción desde la perpetración del acto. Si bien la evolución de la
jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y la doctrina especializada han
tensionado dicha interpretación, planteando lecturas alternativas que buscan
armonizar la seguridad jurídica con el derecho a la tutela judicial efectiva, lo
cierto es que la problemática subsiste y de ello da cabal cuenta el caso sub lite (
Enrique Barros, 2006, Tratado de la Responsabilidad Extracontractual,
Santiago, Editorial Jurídica, p. 923- 926).Sin embargo, este Tribunal no es el
llamado a resolver la disputa acerca de la interpretación del artículo 2.332 del
Código Civil, toda vez que la aplicación de la ley es una labor privativa del juez
del fondo (STC 3877 c. 19°).

4° Que, no obstante, para la resolución del caso concreto, este Tribunal no
puede desatender las circunstancias de hecho que rodean la aplicación del
precepto impugnado. En efecto, consta en los antecedentes que los hechos se
enmarcan en un contexto de violencia ejercida por agentes del Estado en contra
de adolescentes pertenecientes al pueblo Mapuche, en el complejo escenario del
conflicto que se suscita hace décadas en la región de la Araucanía, territorio
donde habita el pueblo Mapuche desde tiempos inmemoriales. Esta situación de
vulnerabilidad extrema generada por la concurrencia de diversas “categorías
sospechosas” de discriminación en los requirentes, sumada a las barreras
fácticas para una adecuada representación jurídica y el ejercicio abusivo de la
fuerza policial, sitúa a las víctimas en una posición de asimetría que impone al
Estado una deber reforzado de garantía, de modo que limitaciones legales como
la imposición de reglas de caducidad de la acción de responsabilidad civil como
la prescripción, implican una barrera para el acceso a la justicia de los
requirentes y un incumplimiento por parte del Estado del deber de garantía que
le impone la Carta Fundamental (artículo 38 inciso 2°) y el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos (artículo 5 inciso 2°) para obtener la
reparación integral de los derechos de las víctimas en circunstancias de graves
violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes estatales.

5° Que, desde la perspectiva de la adjudicación constitucional, la
concurrencia de “categorías sospechosas” y la interacción de diversos factores



12
0001559
UNO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE




de discriminación, conlleva la necesidad de incorporar un enfoque
interseccional en el ejercicio adjudicativo, lo que implica considerar y
armonizar los acervos normativos y los estándares constitucionales e
internacionales desarrollados para otorgar especial protección a los sujetos que
forman parte de los grupos en situación de vulnerabilidad identificados en el
caso concreto -como lo son las personas pertenecientes a pueblos indígenas y las
niñas, niños y adolescentes-, de tal manera que se les pueda brindar una
protección integral a partir de considerar, comprender y dar un lugar central a
las complejidades de las formas diferenciadas de discriminación que afrontan.

6° Que, el Estado de Chile tiene el deber de garantizar los derechos
fundamentales consagrados en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (CADH) y, especialmente, sobre lo tratado en el presente caso, a los
derechos contenidos en la Convención de los Derechos del Niño, adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas y ratificada por Chile en agosto del
año 1990.

7° Que, la Convención de los Derechos del Niño exige a los Estados
firmantes ejercer acciones que propugnen la especial protección que requieren
los niños, niñas y adolescentes, así, en su artículo 19.1 y 19.2 se establece: “1. Los
Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas,
sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de
perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o
explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la
custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que
lo tenga a su cargo. 2. Esas medidas de protección deberían comprender, según
corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas
sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes
cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación,
notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación
ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda,
la intervención judicial.”

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha
establecido que los niños, niñas y adolescentes indígenas tienen
vulnerabilidades particulares, y el Estado debe adoptar medidas especiales para
protegerlos: “(…) teniendo en cuenta que el desarrollo del niño es un concepto
holístico que abarca el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y
social, la Corte estima que para el desarrollo pleno y armonioso de su
personalidad, los niños indígenas, de acuerdo con su cosmovisión,
preferiblemente requieren formarse y crecer dentro de su entorno natural y
cultural, ya que poseen una identidad distintiva que los vincula con su tierra,
cultura, religión, e idioma.” (Corte IDH, Sentencia de 25 de mayo de 2010, Caso
Chitay Nech y otros Vs. Guatemala, Párrafo 169, En ese mismo sentido: Caso



13
0001560
UNO MIL QUINIENTOS SESENTA




Masacres De Río Negro Vs. Guatemala. Sentencia de 4 de septiembre de 2012,
párr. 144).

8° Que, de los hechos que rodean al caso en análisis, se aprecia que la
víctima era un adolescente de origen indígena al momento de recibir el impacto
de bala proveniente de una escopeta accionada por un funcionario de
Carabineros de Chile, en circunstancias que se encontraba reducido por el
agente e indefenso. En consecuencia, el Estado de Chile se encuentra en el deber
de garantizar a las víctimas de los hechos materia de autos una compensación
patrimonial justa y equitativa, asegurando el pleno ejercicio de su derecho a
una reparación integral.

9° Que, respecto a la restitución integral del daño (restitutio in integrum)
cometido por los Estados, dicha costumbre internacional fue codificada
formalmente por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas
en los Artículos sobre la Responsabilidad del Estado por Hechos
Internacionalmente Ilícitos (2001). La norma específica es el Artículo 31: "1. El
Estado responsable está obligado a reparar íntegramente el perjuicio causado por
el hecho internacionalmente ilícito."

En América, el derecho a reparación integral del daño ha sido
consagrado en el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, el cual establece que “cuando decida que hubo violación de un derecho
o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al
lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si
ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación
que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa
indemnización de la parte lesionada”. Haciendo uso de la preceptiva citada, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que “[…] es un
principio de Derecho Internacional que toda violación a una obligación
internacional que haya causado un daño genera una obligación de proporcionar
una reparación adecuada de dicho daño” (Corte IDH, Caso Comunidad indígena
Xákmok Kásek del pueblo Enxet-Lengua y sus miembros Vs. República del
Paraguay, Sentencia de 03 de julio de 2009, párrafo 252; Corte IDH, Caso Lori
Berenson Mejía. Sentencia de 25 de noviembre de 2004, párrafo 230; Corte IDH,
Caso Carpio Nicolle y otros. Sentencia 22 de noviembre de 2004, párrafo 85;
Corte IDH, Caso De la Cruz Flores. Sentencia de 18 de noviembre de 2004,
párrafo 138). De lo anterior subyace la premisa de que es imperativo para todos
los poderes de los Estados el asegurar la plena reparación, sin condiciones, de
los daños materiales e inmateriales ante vulneraciones a los derechos humanos
cometidas por los estados.

Asimismo, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes señala en el artículo 14 que “1. Todo Estado




14
0001561
UNO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO




Parte velará por que su legislación garantice a la víctima de un acto de tortura la
reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los
medios para su rehabilitación lo más completa posible. En caso de muerte de la
víctima como resultado de un acto de tortura, las personas a su cargo tendrán
derecho a indemnización. 2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará
a cualquier derecho de la víctima o de otra persona a indemnización que pueda
existir con arreglo a las leyes nacionales”.

10° Que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que
el daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere,
siempre que sea posible, de una plena reparación y, de no ser factible, deben
determinarse medidas para garantizar los derechos conculcados y reparar las
consecuencias, abarcando no solo compensaciones pecuniarias, sino también
medidas de restitución, satisfacción y garantías de no repetición (Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Caso Masacre de Santo Domingo Vs.
Colombia, párr. 292; Corte IDH. Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia.
Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 294; Corte IDH. Caso Masacres de El Mozote
y lugares aledaños Vs. El Salvador, párr. 305; Corte IDH. Caso Velásquez
Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas, párr. 26,).

11° Que, tratándose de daños dirigidos a niños, niñas y adolescentes, la
Corte IDH ha planteado que, aun cuando las víctimas no hubiesen acudido a las
instancias jurisdiccionales en tiempo y forma, el Estado tiene el deber de
otorgar y ejecutar las restituciones pertinentes por concepto de daños
inmateriales y materiales, fijando este ente jurisdiccional un plazo razonable
para que el Estado responda (Corte IDH, Caso Masacre de Santo Domingo Vs.
Colombia, Sentencia de 30 de noviembre de 2012, párrafo 337). Esto refuerza la
idea de que, en aplicación de los estándares y deberes internacionales, el Estado
tiene el deber de reparar todos los daños que padecieron las víctimas en el caso
de que hayan sido reconocidos como víctimas de un actuar vulneratorio de
derechos humanos por parte de agentes del Estado, sin plantear como requisito
fundante para obtener la reparación integral de sus daños el haber accionado el
aparato jurisdiccional.

12° Que, respecto al reclamo de los requirentes sobre que la prescripción
de la acción para obtener la restitución en sede civil deviene en injusta, el
desarrollo dogmático del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha
experimentado una evolución constante durante las últimas décadas,
reconfigurando los cimientos clásicos de la soberanía estatal y la seguridad
jurídica. En el centro de esta transformación se encuentra el prolongado debate
jurisdiccional en torno a la figura de la prescripción de la acción penal y civil.
Concebida históricamente en el derecho interno como una garantía procesal
ineludible, orientada a poner un límite temporal al poder punitivo del Estado y
a salvaguardar la certidumbre jurídica frente al transcurso del tiempo y la



15
0001562
UNO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS




inacción del acreedor de un derecho, la prescripción colisiona directamente con
las obligaciones internacionales irrenunciables de investigar, juzgar, sancionar
y reparar las graves violaciones a los derechos fundamentales.

Esta tensión axiológica y normativa alcanza su nivel máximo de
complejidad cuando los actos vulneratorios corresponden a graves violaciones
de derechos humanos y son perpetrados de manera directa o mediante
aprobación por agentes estatales. El Estado, en su calidad de garante primordial
de los derechos, y depositario del monopolio legítimo de la fuerza, incurre en
una contradicción sistémica al invocar normativas internas de caducidad o
prescripción para eximir de responsabilidad a sus propios funcionarios. Las
cortes internacionales han determinado de manera consistente que permitir la
extinción de la responsabilidad penal o civil en estos supuestos equivale a
legitimar una arquitectura institucional de impunidad, donde el Estado se
beneficia de su propia inacción, negligencia o encubrimiento activo. En virtud
de lo anterior, se ha consolidado la doctrina de la imprescriptibilidad, elevando
la prohibición de prescribir crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y
graves violaciones a los derechos humanos al estatus de norma imperativa o jus
cogens.

Además, el escrutinio jurisdiccional sobre este fenómeno exige un
estándar de análisis significativamente superior cuando las víctimas directas de
la acción delictual de los agentes estatales pertenecen a grupos en situación de
vulnerabilidad, específicamente niños, niñas y adolescentes. La estructura del
Derecho Internacional impone a los Estados un corpus de obligaciones
protectoras de carácter excepcional, fundamentado principalmente en la
Convención sobre los Derechos del Niño y en las disposiciones específicas de
protección, como el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos. La intersección conceptual entre el actuar ilícito del Estado, la
inaplicabilidad dogmática de la prescripción y el principio del "interés superior
del niño" conforma un ámbito del Derecho Internacional Procesal que altera y
subordina las reglas ordinarias de la temporalidad penal y civil.

13° Que, como se anunció precedentemente, cabe explicitar que estos
hechos de acuerdo con la sentencia firme del Tribunal Oral en lo Penal
constituyen delitos consumados de lesiones graves y vejación injusta y, en
consecuencia, deben analizarse a la luz de las obligaciones internacionales del
Estado de Chile en materia de investigación, enjuiciamiento, sanción y
reparación de actos de grave vulneración a derechos humanos.

Esto es así ya que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos
explícitamente prohíbe la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o
degradantes −Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por
Chile en 1972; la Convención contra la Tortura y otras Penas y Tratos Crueles,




16
0001563
UNO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES




Inhumanos o Degradantes, ratificado en 1988; la Convención Americana de
Derecho Humanos, ratificada en 1990; y la Convención Americana para
Prevenir y Sancionar la Tortura, ratificada en 1988. Sobre esta materia, la Corte
Interamericana ha sido clara y consistente en señalar que “la violación del
derecho a la integridad física y psíquica de las personas tiene diversas
connotaciones de grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de
vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes, cuyas secuelas físicas y
psíquicas varían de intensidad según factores endógenos y exógenos de la
persona (duración de los tratos, edad, sexo, salud, contexto, vulnerabilidad, entre
otros) que deberán ser analizados en cada situación concreta” (Sentencia de 23
de noviembre de 2011, Lysias Fleury y otro versus Haití, párr. 73).

14° Que, los deberes del Estado son de protección absoluta cuando
−como en este caso− los perpetradores son agentes estatales, pues como
establece el artículo 16 N°1 de la Convención Americana contra la Tortura y
otros tratos crueles, inhumanos o degradantes “[t]odo Estado Parte se
comprometerá a prohibir en cualquier territorio bajo su jurisdicción otros actos
que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen
a ser tortura tal como se define en el artículo 1, cuando esos actos sean cometidos
por un funcionario público u otra persona que actúe en el ejercicio de funciones
oficiales, o por instigación o con el consentimiento o la aquiescencia de tal
funcionario o persona”, estándar que ya ha sido recogido en nuestra
jurisprudencia (STC 13.011-22; 13.979-23).

15° Que, las obligaciones de investigación, enjuiciamiento, sanción y
reparación apuntan a un objetivo principal: impedir la impunidad. Es cierto que
la norma que se impugna de inaplicabilidad se refiere al efecto del paso del
tiempo y la necesidad de la certeza jurídica, propias del instituto de la
prescripción, pero la prescripción tal como fue establecida por el Código Civil de
1855 y de Procedimiento Civil de 1902, no pudo considerar la garantía por parte
del Estado de los derechos humanos.

16° Que, la acción civil para solicitar indemnización por responsabilidad
extracontractual prescriba en 4 años puede ser razonable y lo mismo es
predicable del artículo 167 del Código de Procedimiento Civil, “Cuando la
existencia de un delito haya de ser fundamento preciso de una sentencia civil o
tenga en ella influencia notoria, podrán los tribunales suspender el
pronunciamiento de ésta hasta la terminación del proceso penal, si en éste se ha
deducido acusación o formulado requerimiento según el caso”, citado por el
Consejo de Defensa para afirmar que ambas sedes son independientes, incluso
con el grado de indeterminación al configurarla como potestad discrecional
entregada al juez: puede ser una regla adecuada para establecer las influencias
recíprocas entre ambas sedes para una generalidad de casos.




17
0001564
UNO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO




Sin embargo, como ya se dijo, estamos ante una grave vulneración de los
derechos humanos e instituciones como la prescripción y otras que refieren a la
caducidad de las acciones penales o civiles, indiscutiblemente han quedado
prohibidas en su aplicación si es que sus efectos son limitar la investigación y
sanción y, su derivado deber de reparación integral.

17° Que, en el Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, de fecha 26 de
septiembre de 2006, párrafos 152 y 153, la Corte IDH dictaminó de manera
inequívoca que los crímenes de lesa humanidad son absolutamente
imprescriptibles, con total independencia de la fecha precisa en que dichos
actos se hayan cometido. Esta sentencia instauró el principio fundamental de
que la "soberanía nacional" se encuentra intrínseca y materialmente
restringida por las obligaciones convencionales, lo que imposibilita a los
Estados otorgar un indiscriminado perdón o invocar el transcurso del tiempo a
favor de los agentes de su propia maquinaria punitiva.

Posteriormente, en el Caso Favela Nova Brasília Vs. Brasil (Sentencias de
fondo de 2017 y resolución de interpretación de 5 de febrero de 2018), la Corte
IDH innova respecto a la doctrina tradicional de la imprescriptibilidad -que la
concebía solo sobre los regímenes dictatoriales o los macro-conflictos armados-,
aplicándola a operaciones policiales abusivas ocurridas bajo administraciones
democráticas. En ella, la Magistratura resolvió que, dada la gravedad de las
conductas verificadas -tales como tortura, ejecuciones extrajudiciales y
violencia sexual-, resultaba jurídicamente inviable la aplicación de la
prescripción extintiva de las acciones a las cuales las víctimas tienen derecho,
figuras de cosa juzgada fraudulenta o cualquier otro obstáculo de derecho
interno diseñado para paralizar la indagación. Por medio de la impugnación, el
Estado brasileño interpuso una solicitud de aclaración, argumentando que las
ejecuciones ocurridas no constituían crímenes de lesa humanidad bajo la
definición estricta del Estatuto de Roma y que, por consiguiente, no debían ser
imprescriptibles. Sin embargo, la Corte ratificó que las graves violaciones a los
derechos humanos cometidas por agentes estatales adquieren dicha
categorización de inoponibilidad a la prescripción por su nivel intrínseco de
repudio y afectación al derecho internacional, independientemente de si
alcanzan o no el umbral masivo para constituir un crimen de lesa humanidad
tradicional. Esta afirmación refuerza la idea de que el mero despliegue de
violencia por parte de sus agentes impide al Estado ampararse en caducidades
de su derecho interno.

Recientemente, la sentencia contra el Estado de Chile en el caso Vega
Gonzáles y otro versus Chile, de 12 de marzo de 2024, confirmó esta
jurisprudencia. Así, la normativa interna no puede ser aplicada de forma que
produzca impunidad, lo que tiene una dimensión en la reparación a la víctima,
como se estableció en la sentencia Galetovic Sapunar versus Chile, de 3 de



18
0001565
UNO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO




octubre de 2024, “53. El Estado argumentó, en primer lugar, que la
imprescriptibilidad que abarca a las acciones civiles se deduce de la gravedad de
las conductas o situaciones que rodean el caso y que las decisiones de la Corte
Suprema chilena son consistentes con la distinción que realiza el derecho
internacional de los derechos humanos entre “violaciones graves” y otro tipo de
conductas, siendo las primeras las que no pueden estar sujetas a un plazo de
prescripción. En este sentido, consideró que, al no tratarse de un crimen de lesa
humanidad u otro crimen internacional, o de una conducta contraria al jus
cogens, los hechos reclamados por las presuntas víctimas están sujetos al
régimen general de prescripción (…) Destacó que 5 años es el plazo estándar para
presentar acciones ordinarias en Chile desde la entrada en vigor del Código Civil
en 1885”. Idea aún mejor expresada en la defensa en estrados del Consejo de
Defensa del Estado “La pregunta central es si la situación fáctica exigía un trato
diferenciado...uno que supusiese que la acción indemnizatoria debe ser
considerada imprescriptible, como lo han considerado nuestros tribunales bajo el
influjo de la sentencia de esta honorable Corte( ...) respecto de los crímenes de
lesa humanidad (…) la razón más importante es que la categoría de graves
violaciones a los derechos humanos es una categoría correcta, exclusiva y
relevante para atribuir imprescriptibilidad a las acciones indemnizatorias
derivadas de ellas".

18° Que, lo anterior hace patente que no se trata en el caso sub lite del
sine die para el cómputo de una plazo, esto es como lo hemos señalado supra un
problema de interpretación legal, sino un caso de derechos humanos que inhibe
la aplicación de normativa interna que obsten a la reparación −que sólo en sede
nacional podrá ser oportuna− siendo además el caso concreto uno en que el
ofensor es agente estatal y la víctima pertenece a categorías de especial
protección por ser un menor de edad de origen mapuche, razones por las cuales
el Tribunal Constitucional debe ejercer su competencia y retirar la norma que
obsta a que la judicatura civil decida sobre la acción indemnizatoria de la
víctima así reconocida por la sentencia penal.



Redactó la sentencia el Ministro señor MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ
GONZÁLEZ. y la disidencia corresponde a la Ministra señora NANCY YÁÑEZ
FUENZALIDA.



Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N° 16.230-25 INA.




19
0001566
UNO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS


Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 07/04/2026



Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida María Pía Silva Gallinato
Fecha: 07/04/2026 Fecha: 08/04/2026



Miguel Angel Fernández González Raúl Eduardo Mera Muñoz
Fecha: 08/04/2026 Fecha: 07/04/2026



Héctor Antonio Mery Romero
Fecha: 07/04/2026



Marcela Inés Peredo Rojas Alejandra Precht Rorris
Fecha: 07/04/2026 Fecha: 07/04/2026


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta,
Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros señora Nancy
Adriana Yáñez Fuenzalida, señora María Pía Silva Gallinato, señor Miguel Ángel
Fernández González, señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana
Lagos Tschorne, señor Héctor Mery Romero, señora Marcela Inés Peredo Rojas
y señora Alejandra Precht Rorris.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional, señor Sebastián
López Magnasco.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 08/04/2026




2CBB44A4-D34B-4D91-9AE3-B02EC6E4456B
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su
validez puede ser consultada en www.tribunalconstitucional.cl con el
código de verificación indicado bajo el código de barras.