TC Rol 16232

Texto completo

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CIENTO SESENTA Y UNO




2026

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
____________
Sentencia

Rol 16.232-2025

[7 de enero de 2026]
____________




REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL ARTÍCULO 476 DEL
CÓDIGO DEL TRABAJO


SANDVIK CHILE S.A.
EN EL PROCESO ROL N° 4405-2025, SOBRE RECURSO DE QUEJA,
SEGUIDO ANTE LA CORTE SUPREMA




VISTOS:

Que, con fecha 18 de febrero de 2025, Sandvik Chile S.A. deduce
requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo
476 del Código del Trabajo, en el proceso Rol N° 4405-2025, sobre recurso de
queja, seguido ante la Corte Suprema.



Precepto legal cuya aplicación se impugna



Código del Trabajo

“Artículo 476.- Sólo serán susceptibles de apelación las sentencias
interlocutorias que pongan término al juicio o hagan imposible su


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continuación, las que se pronuncien sobre medidas cautelares y las que
fijen el monto de las liquidaciones o reliquidaciones de beneficios de
seguridad social.

Tratándose de medidas cautelares, la apelación de la resolución
que la otorgue o que rechace su alzamiento, se concederá en el solo efecto
devolutivo.

De la misma manera se concederá la apelación de las resoluciones
que fijen las liquidaciones o reliquidaciones de beneficios de seguridad
social.”



Síntesis de la gestión pendiente y del conflicto constitucional
sometido al conocimiento y resolución del Tribunal

Refiere la requirente que con 17 de diciembre de 2024, fue informada por
personal de recepción de la empresa respecto al hecho de haberse recibido una
notificación proveniente del Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de
Santiago en causa RIT C-5705-2024, en la cual se contenía un requerimiento de
pago por la suma de $40.394.920.- en favor de don Javier Alfonso Aravena
Agregan, trabajador de la compañía.

Expone que dentro de los documentos contenidos en la notificación, no
se contenía el supuesto título ejecutivo en virtud del cual se requería el pago, lo
que impidió a la empresa a conocer el fundamento de la acción ejecutiva. Solo se
identificó una resolución del 25 de noviembre de 2024 del Primer Juzgado de
Letras del Trabajo de Santiago en causa RIT O-2582-2024, la cual se encontraba
en reserva.

Por ello, indica que el mismo día dedujo un incidente de nulidad de todo
lo obrado por falta de emplazamiento en la causa Rit O-2582-2024, exponiendo
la omisión de la notificación válida, y que sólo una vez proveída esta
presentación logró acceder al expediente de la causa, tomando conocimiento de
la demanda laboral de indemnización de perjuicios por daño moral presentada
por el señor Javier Alfonso Aravena, causa en la cual había sido condenada al
pago de la suma de $40.000.000.

Señala que pudo advertir que el motivo por el cual no tuvo conocimiento
de la referida causa, fue porque el receptor del tribunal - erróneamente- la tuvo
por notificada de acuerdo con el artículo 437 del Código del Trabajo sin que se
cumplieran los requisitos legales para ello, pues en dicha fecha el representante
legal de la empresa no se encontraba en el lugar del juicio.




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Expone que el 27 de diciembre de 2024 el Primer Juzgado de Letras del
Trabajo de Santiago rechazó el incidente de nulidad de todo lo obrado,
argumentando que la notificación había sido practicada conforme a derecho.

Por ello, señala que el 31 de diciembre de 2024 dedujo recurso de
reposición con apelación en subsidio, y que el tribunal rechazó la reposición, y
concedió la apelación en ambos efectos.

Sin embargo, indica que el 21 de enero de 2025, la Corte de Apelaciones
de Santiago declaró inadmisible el recurso de apelación, por lo que el 24 de
enero presentó un recurso de reposición, el cual a su vez fue rechazado,
señalando que la resolución apelada no se subsume en los casos establecidos en
el sistema recursivo estricto del artículo 476 del Código del Trabajo.

Indica que frente a esta grave infracción al debido proceso, el 12 de
febrero de 2025 interpuso un recurso de queja en contra de los Ministros de la
Corte de Apelaciones de Santiago que rechazaron el recurso de reposición
referido, el cual ingresó a la Corte Suprema bajo el Rol N° 4405-2025, y que se
invoca como gestión pendiente para estos autos constitucionales.



Como conflicto constitucional, la actora plantea que el precepto legal
impugnado vulnera abiertamente la garantía constitucional del debido proceso,
justo y racional consagrada en el artículo 19 N°3 de la Constitución, en su
dimensión del derecho a recurrir, en relación con el artículo 8.2 letra h) de la
Convención Americana de Derechos Humanos.

Expone que la gravedad de la vulneración al derecho a recurrir que ha
sufrido no sólo viene dada por el hecho de tratarse de una garantía que forma
parte del debido proceso sino que además, porque en este caso ello tiene como
consecuencia la concreción de una vulneración a otra garantía, como es el
derecho a ser válidamente emplazado en juicio.



Tramitación

El requerimiento fue acogido a tramitación por resolución de la Primera
Sala de esta Magistratura, de fecha 25 de febrero de 2025, de fojas 22, y se
ordenó la suspensión del procedimiento. Luego, fue declarado admisible por
resolución de la misma Sala, de 14 de marzo de 2025, de fojas 63.



Conferidos los traslados de fondo a todas las partes de la gestión
pendiente y a los órganos constitucionales interesados, con fecha 31 de



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marzo de 2025, a fojas 76, formuló observaciones la parte de Javier Alfonso
Aravena Agregan, abogando por el rechazo del libelo.

Expone que el debido proceso no cuenta con un contenido determinado
de manera general y previa por nuestra Constitución – mucho menos un
procedimiento único sin atender a diferencias en relación con las materias y sus
propios principios cardinales – y, en consecuencia, a nivel legal, varía.

Indica que con la intención de someter a conocimiento del Tribunal
constitucional la inaplicabilidad de este artículo se estaría utilizando al
Tribunal, para crear recursos que no están reconocidos ni en la legislación
sectorial y tampoco necesariamente lo están en la procesal civil, eludiendo lo
mandatado por el legislador, a quien le corresponde normar en esta materia.
Además, la requirente podría sostener su reclamo posteriormente mediante un
recurso de nulidad, alegando vulneración de garantías fundamentales, no
estando agotadas las herramientas de las que este dispone para hacer valer su
pretensión.



Con fecha 16 de abril de 20225, a fojas 83, fueron traídos los autos en
relación.



Vista de la causa y acuerdo

En Sesión de Pleno de 23 de septiembre de 2025 se verificó la vista de la
causa, oyéndose la relación pública y los alegatos de los abogados Domingo
Eyzaguirre Martínez, por la parte requirente, y Kathleen Olguín Herrera, por la
parte requerida, y se adoptó acuerdo, conforme fue certificado por la relatora
de la causa.



Y CONSIDERANDO:

I. Sobre el conflicto constitucional planteado

PRIMERO: Que, tal como detalla la parte expositiva de la sentencia,
contra la requirente se tramita un procedimiento de cobranza laboral, en que
dedujo un incidente de nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento,
afirmando que no se cumplieron los requisitos para que operase el artículo 437
del Código del Trabajo. El Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago
rechazó el incidente y la reposición contra esta decisión. La apelación
subsidiaria fue declarada inadmisible por la Corte de Apelaciones de Santiago,
que luego rechazó la reposición contra esta última resolución. La gestión


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invocada ante el Tribunal Constitucional es el recurso de queja dirigido contra
el pronunciamiento de la Corte.

SEGUNDO: Que, ante esta Magistratura se solicita la inaplicabilidad por
inconstitucionalidad del artículo 476 del Código del Trabajo. La parte requerida
alega que este precepto legal vulnera el debido proceso, consagrado en el
artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República, en su dimensión de
derecho al recurso.

II. Sobre el debido proceso, procedimiento ejecutivo laboral y
apelación

TERCERO: Que, el cuestionamiento a determinar en el campo
constitucional es si la regla que limita la procedencia del recurso de apelación
en materia laboral infringe el derecho a un debido proceso, en el aspecto
normativo de una presunta afectación al derecho al recurso, afectando así las
posibilidades de defensa del requirente.

CUARTO: Que, la idea de que un Derecho procesal que escape a la matriz
del Derecho procesal civil de la codificación tiene un déficit jurídico o un menor
pedigrí de cientificidad, es una discusión añosa, pues desde que surge el
Derecho procesal laboral tuvo ciertas características que reflejaban el mismo
principio protector del Derecho del trabajo sustantivo. Lo antes afirmado se
puede constatar en las respuestas jurídicas específicas que fue elaborando el
Derecho procesal laboral y que fueron resultado de partir de la premisa opuesta
del Derecho procesal civil, a saber, la igualdad de las partes en conflicto. Se trata
distinto a lo distinto. Las partes de una relación laboral tienen una asimetría de
poder social y económico. El espacio de la relación laboral es de propiedad del
empleador. Puede afirmarse, de un lado, que en el ámbito de la prueba este
hecho tiene repercusiones respecto del acceso a la prueba, registros
documentales y medios de control tecnológicos. Asimismo, existen
manifestaciones que son reflejo de la propiedad y de la libertad económica
─como son los poderes de dirección y disciplinario─ que condicionan
eventualmente la posición de testigos que pueden estar sometidos a ellos. De
otro lado, las obligaciones que el empleador tiene con la parte trabajadora son
de carácter alimentario, lo que implica un peligro en la demora. Es así como
encontramos que las notas de desformalización, inmediación y celeridad han
sido características del proceso laboral desde que se comenzaron a crear
judicaturas especiales en los primeros años del siglo XX (Montero Aroca, Juan, L
os tribunales del trabajo 1908-1938. Jurisdicciones especiales y movimiento
obrero, Universidad de Valencia. Secretaría de publicaciones, Valencia, España,
1976, p. 44). En consecuencia, la desigual posición de la parte trabajadora


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respecto de la empleadora determinó formas procesales específicas para el
proceso laboral y, en este sentido, su fundamento será la protección
constitucional del trabajo (19 N°16). Las decisiones del legislador delinearán un
debido proceso laboral.

QUINTO: Que, como se ha señalado en numerosos votos de mayoría del
Tribunal Constitucional, la reducción del recurso de apelación es una opción de
política legislativa que deberá estar fundada en la racionalidad de la medida y
encontrarse ajustada a fines legítimos: “la Constitución no configura un debido
proceso tipo sino que concede un margen de acción para el legislador para el
establecimiento de procedimientos racionales y justos (artículo N°63, N°3 en
relación al artículo 19, N°3, inciso 6° ambos constitucionales) (…) la Carta
Política, además, no estableció un conjunto de elementos que deban estar siempre
presentes en todos y cada uno de los procedimientos de diversa naturaleza que
debe regular el legislador. Frente a la imposibilidad de determinar cuál es ese
conjunto de garantías que deben estar presentes en cada procedimiento, el
artículo 19, numeral 3°, inciso sexto de la Constitución optó por un modelo
diferente: mandató al legislador para que en la regulación de los procedimientos
éstos siempre cumplan con las exigencias naturales que la racionalidad y la
justicia impongan en cada proceso específico. Por lo mismo, “el procedimiento
legal debe ser racional y justo. Racional para configurar un proceso lógico y
carente de arbitrariedad. Y justo para orientarlo a un sentido que cautele los
derechos fundamentales de los participantes en un proceso. Con ello se establece
la necesidad de un juez imparcial, con normas que eviten la indefensión, que
exista una resolución de fondo, motivada y pública, susceptible de revisión por un
tribunal superior y generadora de la intangibilidad necesaria que garantice la
seguridad y certeza jurídica propias del Estado de Derecho” (STC Rol 1838-2010, c.
10°)” (STC Rol N°14.956-2023, c. 5°; 14.264-2023, c. 5°; 13.050-2022, c.8; 12.569-
2021, c.12°).

SEXTO: Que, con esto en mente, a partir de la Ley N°20.087 se sustituyó el
procedimiento laboral contemplado en el Libro V del Código del Trabajo, según
se expresa en el Mensaje con que se inició el proyecto de la ley citada, a través
del cual se pretendía el “acceso a la justicia del trabajo, no sólo en cuanto a la
cobertura de los tribunales sino que también en lo relativo a la forma en que se
desarrollan los actos procesales que conforman el procedimiento laboral”, para
así “materializar en el ámbito laboral el derecho a la tutela judicial efectiva, que
supone no sólo el acceso a la jurisdicción sino también que la justicia
proporcionada sea eficaz y oportuna”.

SÉPTIMO: Que, igualmente, se propuso concretar “…en el ámbito
jurisdiccional las particularidades propias del Derecho del Trabajo, en especial su

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carácter protector y compensador de las posiciones disímiles de los contratantes.
De ahí, la necesidad de contar con un sistema procesal diferenciado claramente
del sistema procesal civil, cuyos objetivos son no sólo diversos sino en muchas
ocasiones antagónicos”. En relación con el objetivo de asegurar el efectivo y
oportuno cobro de los créditos laborales, el proyecto se planteó “optimizar y
agilizar los procedimientos de cobro de las obligaciones laborales… y sin perjuicio
de la aplicación supletoria que en las mismas materias se reconoce al Código de
Procedimiento Civil, se establecen… plazos brevísimos, se eliminan trámites
propios del ordenamiento común, se evitan incidencias innecesarias;” (minoría,
STC Rol N°3005, c.8°. Reiterado en voto de mayoría STC Rol N°13.223-22, c. 7°).

OCTAVO: Que, esto significa que existen argumentos que, además de a
estas alturas ser históricos, son fundados para que el legislador laboral reduzca
la apelación.

NOVENO: Que, para hacerse cargo de la acusación del requirente, en
orden a no respetarse su debido proceso, es necesario antes determinar en qué
consiste esta garantía en materia laboral. Al respecto, ha de tenerse en cuenta
que nuestra Constitución no define lo que debe entenderse por debido proceso,
sino que simplemente da luces acerca de su contenido: la sentencia debe ser
antecedida por un proceso legalmente tramitado, correspondiendo al legislador
establecer las garantías de un procedimiento racional y justo. Dentro de ese
marco, el constituyente regula dos de los elementos configurativos del debido
proceso: el derecho al ser juzgado por un tribunal prestablecido por ley y el
derecho a defensa jurídica.

DÉCIMO: Que, al intentar establecer cuáles son las garantías cuya
presencia determina la existencia de un procedimiento racional y justo, vemos
que estas varían según el procedimiento de que se trate. Las garantías
específicas y su intensidad cambiarán dependiendo de si estamos frente a un
procedimiento penal, civil, de familia, laboral, etc., según las particulares
características de ese procedimiento y los distintos intereses que estén en juego
en el mismo. En consecuencia, el debido proceso no cuenta con un contenido
determinado de manera general y previa por nuestra Constitución ─mucho
menos un procedimiento único sin atender a diferencias en relación con las
materias y sus propios principios cardinales─ y, en consecuencia, a nivel legal,
varía.

DÉCIMO PRIMERO: Que, por lo tanto, no concierne al Tribunal
Constitucional determinar qué sistema de revisión de las decisiones judiciales
sería el más idóneo, como parece esperar el requirente. Al respecto, esta
Magistratura ha declarado que “el debido proceso alcanza todas las formas


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procedimentales existentes o que se crean, sin circunscribirse a priori a la
existencia o no de determinado recurso. Es posible que constitucionalmente no
sea exigible determinada forma de impugnación de las sentencias; la Constitución
Política no prejuzga al respecto pues la configuración de los recursos procesales
compete al legislador” (Rol N°1373-09-INA, c.17°) y “Que, en efecto, como lo ha
indicado esta Magistratura en diversas sentencias, la decisión de sustituir o
modificar el sistema de acciones y recursos respecto de las decisiones judiciales
constituye una problemática que -en principio- deberá decidir el legislador dentro
del marco de sus competencias, debiendo sostenerse que, en todo caso, una
discrepancia de criterio sobre este capítulo no resulta eficaz y pertinente por sí
misma para configurar la causal de inaplicabilidad, que en tal carácter establece
el artículo 93, número 6º, de la Carta Fundamental (entre otros, Rol 1065-2008)”
(Rol N°1432-09-INA, c.15°).

DÉCIMO SEGUNDO: Que, la parte requirente afirma que, al no existir
una regulación especial sobre el entorpecimiento en el proceso laboral, deben
aplicarse las reglas generales de los artículos 80 y siguientes del Código de
Procedimiento Civil, lo que, a su vez, obligaría necesariamente a aplicar
también las reglas generales de dicho cuerpo legal en materia de recursos. Lo
anterior sería una consecuencia de la “naturaleza” del incidente de nulidad
impetrado (fs. 8). Además, sostiene que la vulneración sería “especialmente
grave, ya que en el juicio se tuvo erróneamente por notificada a esta parte sin
cumplirse los requisitos legales del artículo 437 del Código del Trabajo” (a fs. 8)

Con lo expuesto, la parte plantea un argumento sobre el Derecho
aplicable, cuestión que debe ser decidida por el juez de fondo y no por el
Tribunal Constitucional, razón por la cual este argumento debe ser desechado.
A su vez, razona en torno al mérito de la decisión del juez de fondo, cuya
conformidad o no a derecho no corresponde a esta Magistratura ponderar.

DÉCIMO TERCERO: Que, así las cosas, de acogerse la inaplicabilidad
intentada se utilizaría al Tribunal Constitucional para crear recursos que no
están reconocidos en la legislación sectorial y tampoco necesariamente lo están
en la procesal civil, eludiendo lo mandatado por el legislador, a quien le
corresponde normar en esta materia. En el ejercicio de sus atribuciones este ha
dictado una disposición que tiene un fundamento lógico, pues a criterio del
legislador aquellas interlocutorias que sí ponen término al juicio o hacen
imposible su continuación son las que producen una consecuencia de
relevancia en el proceso, al ponerle fin a la instancia sin que exista una decisión
del asunto, lo que ha hecho que en estos casos sea procedente la apelación, en
lugar de agotarse su revisión en la reposición.



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DÉCIMO CUARTO: Que, por último, no se aprecia cómo el artículo 476
del Código del Trabajo habría afectado las posibilidades de defensa del
empleador respecto del trabajador, pues es una norma que se aplica para las
partes del proceso, con independencia del rol que cumplen en el mismo.

Lo indicado es particularmente relevante si se tiene en cuenta que la
gestión pendiente se desarrolla en fase ejecutiva, respecto de la cual el Tribunal
Constitucional ha reiterado que proceden las garantías del debido proceso,
teniendo a la vista los intereses en juego. Lo anterior, en el contexto de la
ejecución, se traduce en que se tiende a procedimientos de única instancia,
evitando propiciar impugnaciones latas (STC Rol N°13.067-2022, c. 8°).

DÉCIMO QUINTO: Que, en mérito de todo lo anterior, el requerimiento
de inaplicabilidad no puede ser acogido, y así se declarará.



Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93, incisos
primero, N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y
pertinentes de la Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997,
Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,



SE RESUELVE:

I. QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DEDUCIDO. OFÍCIESE.

II. ÁLCESE LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA EN
AUTOS. OFÍCIESE.

III. QUE NO SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE REQUIRENTE POR
ESTIMARSE QUE TUVO MOTIVO PLAUSIBLE PARA LITIGAR.




DISIDENCIA

Acordada con el voto en contra de los Ministros señores M IGUEL
ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y HÉCTOR MERY ROMERO y señora MARCELA
PEREDO ROJAS, quienes estuvieron por acoger el requerimiento, por las
siguientes razones:

I. COMPETENCIA CONSTITUCIONAL

1°. Que la parte requirente ha solicitado a esta Magistratura que ejerza la
atribución que el artículo 93, inciso primero, N°6, de la Constitución le ha
confiado. Por esto, en el caso de autos, corresponde que el juez constitucional
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ejerza un control de constitucionalidad concreto, en el cual se analice la
conformidad del precepto impugnado con la Carta Fundamental de forma
circunstanciada, atendiendo a las particularidades del caso sometido al
conocimiento de esta Judicatura.

En esa línea, esta Magistratura ha explicado que “el requerimiento de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad es la acción que el ordenamiento
supremo franquea para evitar que la aplicación de uno o más preceptos legales,
invocados en una gestión judicial pendiente, produzca efectos, formal o
sustantivamente, contrarios al Código Político. Trátase, por ende, de un control
concreto de la constitucionalidad de la ley, centrado en el caso sub-lite y cuya
resolución se limita a que disposiciones legales determinadas, en sí mismas,
resulten, en su sentido y alcance intrínseco, inconciliables con el texto y espíritu de
la Carta Fundamental” (sentencia Rol Nº1.390, c. 10°);



II. SOBRE EL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO Y CIRCUNSTANCIAS
FÁCTICAS PARTICULARES DEL CASO CONCRETO

2°. Que, la parte requirente solicita a esta Judicatura que declare la
inaplicabilidad del artículo 476 del Código del Trabajo, en cuanto limita la
procedencia del recurso de apelación al establecer que “Sólo serán susceptibles
de apelación las sentencias interlocutorias que pongan término al juicio o hagan
imposible su continuación, las que se pronuncien sobre medidas cautelares y las
que fijen el monto de las liquidaciones o reliquidaciones de beneficios de
seguridad social.

Tratándose de medidas cautelares, la apelación de la resolución que la
otorgue o que rechace su alzamiento, se concederá en el solo efecto devolutivo.

De la misma manera se concederá la apelación de las resoluciones que
fijen las liquidaciones o reliquidaciones de beneficios de seguridad social”;

3°. Que la gestión pendiente se origina en un procedimiento ordinario
laboral iniciado en contra de la parte requirente en abril de 2024, ante el 1°
Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago (Rit O-2582-2024). En dicho juicio, el
15 de octubre de 2024 se dictó sentencia condenatoria respecto a la requirente,
obligándola “al pago de la suma de $40.000.000 pesos por concepto de daño
moral”. La sentencia fue enviada a al Juzgado de Cobranza Laboral y
Previsional de Santiago, iniciándose la causa Rit C-5705-2024 para lograr el
cumplimiento de la sentencia;

4°. Que la parte requirente sostiene que habría tomado conocimiento de
la existencia del juicio laboral y de cobranza recién el 17 de diciembre de 2024,
cuando su “(…) personal de recepción respecto al hecho de haberse recibido una

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notificación proveniente del Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de
Santiago (RIT C-5705-2024), en la cual se contenía un requerimiento de pago por
la suma de $40.394.920.- (…)” (f. 3 del expediente constitucional).

Por eso, en la causa ordinaria laboral la parte requirente solicita la
nulidad de todo lo obrado en el juicio por falta de emplazamiento, puesto que
ella alega no haber sabido de la existencia del juicio ordinario laboral previo ni
del procedimiento ejecutivo iniciado en su contra previo a la notificación ya
mencionada. El 27 de diciembre de 2024, el 1° Juzgado de Letras del Trabajo de
Santiago rechazó el incidente de nulidad.

En contra de la resolución que rechazó el incidente, el 31 de diciembre la
parte requirente dedujo recurso de reposición y, en subsidio, recurso de
apelación. El tribunal de primera instancia rechazó el primero y concedió el
segundo, ordenando elevar los autos ante la Corte de Apelaciones de Santiago
(libro Laboral-Cobranza Rol N°100-2025).

5°. Que, el 21 de enero de 2025, el tribunal de alzada declaró inadmisible
el recurso de apelación, aplicando el precepto impugnado en autos. En contra
de esta resolución, la parte requirente dedujo recurso de reposición el cual fue
igualmente desestimado por la Corte de Apelaciones de Santiago el 6 de febrero
de 2025.

En base al rechazo del recurso de reposición que interpuso, la requirente
dedujo recurso de queja ante la Corte Suprema (libro Reforma Laboral, Rol
N°4405-2025), el cual corresponde a la gestión pendiente invocada en autos.
Dicho procedimiento se encuentra vigente y suspendido por orden de este
Tribunal Constitucional a esta fecha.

6°. Que, en línea con todo lo señalado previamente, no debe olvidarse,
que el emplazamiento “es la notificación que se hace a la parte que dentro de un
determinado pazo haga valer sus derechos, en especial para que conteste la
demanda o comparezca a proseguir un determinado recurso” (CASARINO VITERBO
(2005): Manual de Derecho Procesal. Tomo III. Santiago, Editorial Jurídica de
Chile, sexta edición, p.107). Así, el emplazamiento es un trámite esencial de todo
proceso, pues la doctrina ha señalado que corresponde a un presupuesto
procesal necesario para la existencia misma del proceso. En efecto, debido al
emplazamiento “El proceso pasa a tener existencia legal, creándose un vínculo
de las partes entre sí y de estas con el tribunal” (MATURANA MIQUEL, Cristián
(2018): El juicio ordinario. Separata, Departamento de Derecho Procesal de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile).

7°. En base a lo anterior, desde un punto de vista constitucional, el
emplazamiento es uno de los elementos básicos para que exista un
procedimiento racional y justo, en los términos del artículo 19 Nº3 de la

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Constitución, y así lo ha reconocido esta Magistratura al sostener que
“conforme a la doctrina nacional, el derecho a un proceso previo, legalmente
tramitado, racional y justo, que la Constitución asegura a todas las personas,
debe contemplar las siguientes garantías: la publicidad de los actos
jurisdiccionales, el derecho a la acción, el oportuno conocimiento de ella por la
parte contraria, el emplazamiento…” (sentencia Rol Nº478).

8°. Desde la perspectiva del derecho comparado, el Tribunal
Constitucional Español ha subrayado la importancia de “la correcta
constitución de la relación jurídica procesal para garantizar el derecho de
defensa reconocido en el art. 24 CE, que implica la posibilidad de un juicio
contradictorio en que las partes puedan hacer valer sus derechos e intereses
legítimos. De ahí la especial trascendencia de los actos de comunicación del
órgano judicial con las partes, en particular el emplazamiento, citación o
notificación a quien ha de ser o puede ser parte en el procedimiento, pues en tal
caso el acto de comunicación es el necesario instrumento que facilita la defensa
en el proceso de los derechos e intereses cuestionados, de tal manera que su falta
o deficiente realización, siempre que se frustre la finalidad con ellos perseguida,
coloca al interesado en una situación de indefensión que vulnera el referido
derecho fundamental, salvo que la situación de incomunicación sea imputable a
la propia conducta del afectado…”(sentencia del Tribunal Constitucional
Español 20/2021, de 15 de febrero de 2021);



III. SOBRE LOS ESCRUTINIOS DE REVISIÓN JUDICIAL APLICABLES PARA
DETERMINAR SI LA APLICACIÓN DE LA NORMA LEGAL ALEGADA
RESULTA CONTRARIA A LA CONSTITUCIÓN O EVIDENTEMENTE
INJUSTA EN EL CASO CONCRETO

9°. Que para determinar si en el caso concreto la aplicación del precepto
legal impugnado genera efectos contrarios a la Constitución, el derecho
constitucional comparado ha desarrollado diversas herramientas que permiten
que el juez constitucional, analizar la conformidad o disconformidad de una
norma con la Carta Fundamental.

10°. Una de esas herramientas que provienen de la tradición comparada
corresponde al escrutinio de razonabilidad. Así, en derecho comparado, el
Tribunal Supremo de Estados Unidos de América utiliza el rational basis review
(escrutinio de razonabilidad) en todas sus variantes, ya sea el minimal scrutiny
standard -también llamado simplemente rational basis test- (escrutinio de
razonabilidad básico o mínimo), intermediate scrutiny (escrutinio de
razonabilidad intermedio), o incluso un heightened or strict scrutiny (escrutinio


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de razonabilidad estricto) para revisar constitucionalmente la razonabilidad de
una norma legal que regula o incide en materia de derechos fundamentales.

11°. En base a lo expuesto, en el caso de autos es posible aplicar el
escrutinio de revisión judicial de razonabilidad intermedio (PETTINGA, Lynn.,
“Rational Basis with Bite: intermediate Scrutiny by Any Other Name”, Indiana
Law Journal, Vol. 62: Iss. 3, Article 10, p. 790). En base a este escrutinio, el juez
constitucional debe tener especial cuidado al analizar un precepto legal, pues
este será inconstitucional cuando la medida impuesta a través de la norma
sometida a control restrinja gravosamente un derecho fundamental esencial de
las personas, teniendo en cuenta la finalidad perseguida por el legislador. De
esta forma, si existe una medida alternativa que el legislador podría haber
adoptado para conseguir el mismo fin sin afectar los derechos fundamentales, el
precepto legal, en el caso concreto, se torna inconstitucional al aplicar el
escrutinio intermedio.

En suma, al aplicar este test, el juez constitucional juzgará si un precepto
legal es o no conforme a la Constitución. Lo será si es razonable, y si la ley es
resultado del ejercicio de las competencias que la Carta Fundamental reconoce
al legislador. En ese sentido, la razonabilidad es relacional, en tanto subsume la
regulación legislativa desde la Constitución y los derechos alegados como
vulnerados por el precepto legal decisorio litis dentro de las circunstancias
particulares del caso concreto, y consiste en demostrar que el legislador actúa o
no dentro de su margen de apreciación al establecer el precepto que se controla;

12°. Que, por lo tanto, aplicando dicho escrutinio, un precepto legal se
tornará inconstitucional en el caso concreto cuando restringa más allá de lo
razonable y necesario el ejercicio de un derecho fundamental. Así lo ha
explicado la doctrina comparada, tal como como recuerda Barak, a propósito
del caso United Mizrahi Bank, “[u]na ley restringe un derecho fundamental en
una magnitud no mayor a la requerida sólo si el legislador ha escogido -de todos
los medios posibles- aquel que menos restringe el derecho humano protegido. En
consecuencia, el legislador debe empezar por el “escalón” más bajo posible y luego
proceder lentamente hacia arriba hasta alcanzar aquel punto donde es posible
alcanzar el fin adecuado sin una mayor restricción que la requerida respecto del
derecho humano en cuestión” (AHARON BARAK (2017): Proporcionalidad. Lima,
Palestra, p. 351);



IV. SOBRE LA INFRACCIÓN DEL DERECHO A UN JUSTO Y RACIONAL
PROCEDIMIENTO

13°. Que la requirente estima que la aplicación del precepto legal
impugnado en la gestión pendiente vulnera el artículo 19 N°3, inciso sexto de la

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CIENTO SETENTA Y CUATRO




Constitución -el legislador establecerá las garantías de una investigación y
procedimiento racional y justo-. En el caso concreto, la requirente considera
que el precepto legal impugnado, impide recurrir de apelación en contra de la
resolución que negó su incidente de nulidad de todo lo obrado por falta de
emplazamiento, afecta su derecho al debido proceso y al recurso;

14°. Que, en consonancia con lo expuesto precedentemente, esta
Magistratura ha verificado que la situación planteada en este caso ha
constituido un agravio constitucional evidente en casos análogos al de autos y
así, se ha razonado en las sentencias roles Nº6.411, Nº6.962, Nº9.005, Nº9.127,
Nº9.416, Nº10.648, Nº11.071, Nº12.338, entre otras. En ese sentido, existen
estándares constitucionales para determinar la racionalidad del procedimiento
y subsumir los hechos del caso a la norma fundamental. Así, en un
procedimiento racional y justo, “nunca puede faltar en algún momento, es el
emplazamiento, o sea, la notificación suficiente a los sujetos afectados
interesados, de que el proceso existe, que pueden defenderse, y que la sentencia les
sea oponible directamente. Durante el curso del proceso, la bilateralidad se
manifiesta en el conocimiento que tienen las partes de todos los actos y
resoluciones dictadas en el proceso, lo que permite intervenir cada vez que lo
estimen necesario” (COLOMBO CAMPBELL, Juan: El debido proceso constitucional.
Cuadernos del Tribunal Constitucional de Chile N°44, Santiago, Chile, 2003, pp.
91 – 92);

15°. Que, en esta línea argumental, el derecho a la revisión judicial es
propio del derecho al debido proceso, ya que al permitir que un tribunal
superior revise lo resuelto por uno inferior, el legislador da cumplimiento a la
garantía de que el procedimiento sea racional y justo. Desde el punto de vista
del caso concreto, la necesidad de consagrar la posibilidad de que las partes
recurran para obtener dicha revisión es aún más clara teniendo en cuenta las
circunstancias particulares de este requerimiento, pues la parte requirente
alegaría que en él no se ha cumplido con una garantía mínima procedimental
como lo es el válido emplazamiento. En este sentido, este Tribunal ha
considerado que es el principal órgano encargado de velar porque la aplicación
de la ley “a un caso concreto, efectivamente, no vulnere los límites
constitucionales (…)” (sentencia Rol N°1.065-08, c. 35);

16°. Que, en la sentencia Rol N°10.623, reiteramos el criterio sentado en
la historia del establecimiento del artículo 19 N°3 de la Constitución, conforme
al cual el derecho al recurso forma parte del que se ha consagrado en su inciso
sexto, a raíz que la Carta Fundamental “(…) no detalló, en su texto, los elementos
precisos que componen la garantía del debido proceso legal, ha señalado que “el
derecho a un proceso previo, legalmente tramitado, racional y justo que la CPR
asegura a todas las personas, debe contemplar las siguientes garantías: la

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publicidad de los actos jurisdiccionales, el derecho a la acción, el oportuno
conocimiento de ella por la parte contraria, el emplazamiento, adecuada defensa
y asesoría con abogados, la producción libre de pruebas conforme a la ley, el
examen y objeción de la evidencia rendida, la bilateralidad de la audiencia, la
facultad de interponer recursos para revisar las sentencias dictadas por
tribunales inferiores (…)” (sentencia Rol N°10.623, c. 9°. En el mismo sentido,
sentencia Rol N°10.727, c. 8°);

Y, por ello, “(…) ha sostenido, en otros términos, que “El debido proceso
contempla, entre sus elementos constitutivos el derecho al recurso, el cual
consiste en la facultad de solicitar a un tribunal superior que revise lo resuelto
por el inferior, y el racional y justo procedimiento necesariamente debe
contemplar la revisión de las decisiones judiciales (…)” (sentencia Rol N°10.727, c.
8°; el destacado es nuestro. En el mismo sentido, sentencia Rol N°10.623, c. 9°);

17°. Que, lo cierto es que, en la gestión pendiente, la aplicación del
artículo 476 del Código del Trabajo, importa que a la parte requirente no se le
conceda el recurso de apelación deducido por ella, respecto de la resolución
que se pronunció acerca de su petición de la nulidad de todo lo obrado por falta
de emplazamiento, de lo que se colige que la aplicación del precepto supone un
óbice a la revisión de aquella resolución, que le causa gravamen o perjuicio,
elemento indiscutible de todo recurso procesal, por parte de un Tribunal
distinto del que la dictó;

18°. Que, en todo caso, la aplicación del precepto impugnado impide al
requirente recurrir de la resolución esencial en el juicio, correspondiente a
aquella que rechazó la nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento,
privándolo de la posibilidad de discutir aquella cuestión ante un tribunal
superior, distinto del que se ya pronunció, lo que lesiona, en esta oportunidad,
el derecho a un procedimiento racional y justo, en cuanto lo priva de un
mecanismo eficaz de revisión de dicha resolución, cuyos efectos son de
trascendencia para el requirente, desde la perspectiva de su situación dentro
del juicio y del ejercicio de sus derechos como parte, pues de ello pende que los
vicios denunciados respecto a la falta de notificación sean puestos en
conocimiento de un tribunal superior, para que exista la posibilidad de revisar
lo resuelto por el tribunal inferior;

19°. Que, el resultado del agravio constitucional fue la indefensión
jurídica de una de las partes, al verse imposibilitada de oponerse a las
pretensiones de la contraparte, por lo que la igualdad de armas en el plano de la
contradicción procesal no existió. La asimetría generada con la decisión, que
impide igualdad “de oportunidades para que los contendientes en un litigio
puedan influir para la obtención de una decisión favorable a sus respectivas


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CIENTO SETENTA Y SEIS




pretensiones” (sentencia Rol N°4.313) difícilmente puede ser revertida si el
precepto impugnado priva a la parte que la decisión que provoca el agravio
pueda ser revisada;

20°. Y es que, en el caso concreto, el agravio constitucional se produce
porque la resolución que agravia al requirente no corresponde a las permitidas
por el artículo 476 del Código del Trabajo, limitación que se vuelve
especialmente gravosa teniendo en cuenta que ella dice relación con el válido
emplazamiento de las partes en juicio, lo cual es una cuestión esencial para que
se trabe la litis. Así, la imposibilidad de apelar la resolución mencionada, en el
caso concreto, se torna en una medida que carece de la razonabilidad
necesaria, puesto que se priva a la parte requirente de que un tribunal superior
revise el primero y mínimo de los elementos de un debido proceso: que las
partes tomen conocimiento del conflicto jurídico, lo cual implica,
necesariamente, que la primera notificación personal, que traba la litis, sea
válida;

21°. Que, en base a todo lo anterior, aplicando un escrutinio intermedio
al caso concreto, se observa una afectación al debido proceso del requirente no
resulta razonable, pues va más allá de lo necesario teniendo en cuenta la
finalidad perseguida por el legislador a través de la adopción del precepto
impugnado, lo que se verifica en el estado de indefensión y desigualdad del
requirente respecto de la contraparte, independientemente del resultado del
juicio en particular. Así, en base a dicho escrutinio, la aplicación precepto
impugnado no es razonable, pues provoca la imposibilidad de revisión de lo
resuelto, afectando los derechos fundamentales de las partes;

22°. Que, si bien los trámites del debido proceso son precisados por el
legislador, la notificación válida es un elemento propio del derecho a un
procedimiento racional y justo, por lo que este Tribunal también ha
considerado “ha podido afirmar, en otras sentencias preclaras (STC roles N°
1217 y N° 1994), que el legislador tiene deberes constitucionales insalvables al
regular los diversos juicios especiales, porque precisamente en todos ellos -sin
excepción- debe materializar el derecho a defensa. Indicando que el conocimiento
oportuno de la demanda es una exigencia del derecho a defensa comprendido en
la noción constitucional de debido proceso” (sentencia Rol N°2.259, c. 3° del voto
de minoría). En las circunstancias del caso que se conoce, existen suficientes
antecedentes que generan una duda razonable respecto a efectividad de la
notificación, y que la norma legal impugnada impide que dicho agravio pueda
ser revisado por un tribunal superior.




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CIENTO SETENTA Y SIETE




Por esto y lo señalado en los considerados anteriores, estos Ministros
consideran que el requerimiento deducido a fojas 1 debió haber sido acogido,
declarando la inaplicabilidad del precepto impugnado.



PREVENCIÓN

Se previene que el Ministro RAÚL MERA MUÑOZ concurre al rechazo
teniendo únicamente en cuenta que la norma atacada no puede resultar
decisiva en la gestión pendiente, desde que ésta consiste en un recurso de queja,
lo que implica imputar falta o abuso a los jueces recurridos al declarar
inadmisible el recurso de apelación de que se trataba, y sea cual fuere la
posición de este Tribunal acerca de la constitucionalidad del artículo 476 del
Código del Trabajo con relación a la apelación que se dedujo contra la
resolución de una incidencia motivada por una supuesta falta de notificación
de una parte en el juicio, el aplicar aquel precepto cuando está plenamente
vigente y es obligatorio para los jueces del fondo hacerlo, de manera alguna
puede constituir falta. Y, por otro lado, si el artículo 476 no fuere la norma que
los ministros de la Corte de Apelaciones debieron invocar y sí hubieren
cometido una falta, eso no derivaría, como es lógico, de una inaplicabilidad
posterior, sino de un error (si pudiere haberlo) ajeno al tema de este
requerimiento. De este modo, aún si se acogiera la presente acción, que siempre
sería mediante resolución posterior a la que motiva la queja, eso no podría
tener el menor impacto en el resultado de la acción disciplinaria.



Redactó la sentencia la Ministra señora DANIELA MARZI MUÑOZ
(Presidenta), la disidencia la Ministra señora MARCELA PEREDO ROJAS, y la
prevención el Ministro señor RAÚL MERA MUÑOZ.


Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.
Rol N° 16.232-25-INA




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Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 08/01/2026



Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida
Fecha: 08/01/2026



Miguel Angel Fernández González Raúl Eduardo Mera Muñoz
Fecha: 08/01/2026 Fecha: 09/01/2026




Marcela Inés Peredo Rojas
Fecha: 08/01/2026


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta,
Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros señora Nancy
Adriana Yáñez Fuenzalida, señora María Pía Silva Gallinato, señor Miguel Ángel
Fernández González, señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana
Lagos Tschorne, señor Héctor Mery Romero y señora Marcela Inés Peredo
Rojas.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional, señor Sebastián
López Magnasco.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 09/01/2026




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