TC Rol 16240

Texto completo

0000709
SETECIENTOS NUEVE




2026

REPÚBLICA DE CHILE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
____________
Sentencia

Rol 16.240-2025

[29 de enero de 2026]
____________

REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL ARTÍCULO 47 DE LA
LEY N° 18.045, SOBRE MERCADO DE VALORES


ASESORÍAS E INVERSIONES SARTOR S.A.
EN EL PROCESO ROL C-345-2025, SEGUIDO ANTE EL DÉCIMO TERCER
JUZGADO DE LETRAS EN LO CIVIL DE SANTIAGO



VISTOS:

Que, a fojas 1, con fecha 19 de febrero de 2026, Asesorías e Inversiones Sartor
S.A. deduce requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del
artículo 47 de la Ley N° 18.045, sobre Mercado de Valores, para que ello incida en el
proceso Rol C-345-2025, seguido ante el Décimo Tercer Juzgado de Letras en lo Civil
de Santiago.



Preceptos legales cuya aplicación se impugna

El texto de los preceptos impugnados dispone lo siguiente:



“Ley N° 18.045, sobre Mercado de Valores

(…)

Artículo 47.- El documento emitido por el corredor de bolsa o por su oficina que
acredite la liquidación de una operación efectuada entre éste y otros corredores o sus clientes,
tendrá mérito ejecutivo”.




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SETECIENTOS DIEZ




Síntesis de la gestión pendiente y del conflicto constitucional sometido al
conocimiento y resolución del Tribunal

La gestión invocada por la requirente guarda relación con un procedimiento
de liquidación forzosa tramitado ante el Décimo Tercer Juzgado de Letras en lo Civil
de Santiago bajo Rol C-345-2025, caratulado “BCI Corredor de Bolsa S.A. con
Asesorías e Inversiones Sartor S.A.”, iniciado el 9 de enero de 2025.

Al efecto, expone que BCI Corredor de Bolsa S.A. (BCI) y Asesorías e
Inversiones Sartor S.A. mantuvieron una relación comercial desde octubre de 2016
basada en contratos de compraventa a plazo de valores, incluyendo condiciones
generales, servicios de referenciamiento y contratos de simultáneas. Todos los
instrumentos contractuales contenían una cláusula arbitral para la resolución de
controversias relacionadas con vigencia, terminación y cumplimiento de las
operaciones.

En virtud del acuerdo referido BCI se obligó a actuar como referenciador de
clientes, agente colocador de valores, y en general, socio comercial de Sartor en varios
negocios. La requirente, por su parte, tenía la obligación de pagar el precio de las
operaciones que BCI realizara en razón de estas condiciones generales, así como a
pagar las respectivas comisiones. En la práctica, el contrato operaba como una especie
de corretaje mediante el cual BCI suscribía contratos de compraventa de cuotas,
acciones y de otros valores, que luego transfería a Sartor. Por lo mismo, en varios casos
tenía la calidad de compradora mientras que su contraparte la calidad de vendedora.
Y en el evento que Sartor no pagara el precio, BCI tenía el derecho a vender estos
valores a terceros. Además, en caso de existir un saldo, podía demandar su cobro a
Sartor.

La requirente indica que la operación de esta relación comercial más relevante
para efectos del requerimiento corresponde al contrato de compraventa a plazo de
fecha 4 de noviembre de 2024, en virtud del cual BCI vendió a Sartor un total de
10.874.000 cuotas del Fondo de Inversión Sartor Leasing y 174.185 cuotas del Fondo
de Inversión Sartor Proyección, fijándose un precio de $5.699.773.640, y cuyo plazo de
cumplimiento vencía el 4 de diciembre de 2024.

Durante este período, la Comisión para el Mercado Financiero adoptó diversas
medidas restrictivas contra la Administradora General de Fondos de Sartor (Sartor
AGF), incluyendo suspensión de aportes y rescates de los fondos, y posterior
revocación de su autorización de existencia.

Ante tal contexto, las partes iniciaron negociaciones para revisar los términos
contractuales. Sin embargo, el 12 de diciembre de 2024 BCI resolvió unilateralmente
el contrato sin mediar pacto comisorio calificado, pese a la existencia de la cláusula
arbitral. Posteriormente, el 26 de diciembre de 2024, BCI emitió una liquidación de
operación simultánea por el precio total de las cuotas, sin haber realizado la
transferencia de estas.




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SETECIENTOS ONCE




Argumenta que BCI utilizó esta liquidación unilateral como título ejecutivo
para solicitar la liquidación forzosa de Asesorías e Inversiones Sartor S.A., invocando
el mérito ejecutivo que otorga el artículo 47 de la Ley de Mercado de Valores a los
documentos emitidos por corredores de bolsa que acrediten liquidaciones de
operaciones. La demanda fue presentada el 9 de enero de 2025 en contra de la
requirente. El título ejecutivo invocado por BCI está constituido por la liquidación de
operación simultánea de fecha 26 de diciembre de 2024, realizada por BCI Corredor
de Bolsa S.A., al que el artículo 47 de la Ley de Mercado de Valores le otorga mérito
ejecutivo, por un monto de $5.724.016.677 (cinco mil setecientos veinticuatro millones
dieciséis mil seiscientos setenta y siete pesos).

Sostiene que, en el procedimiento de liquidación forzosa, Sartor dedujo
oposición fundada en incompetencia absoluta del tribunal, nulidad de la obligación,
falta de requisitos del título para tener fuerza ejecutiva, y pago, siendo recibida la
causa a prueba.

Desde lo anterior se arguye contravención a los artículos 19 N°s 2, 3 y 24, y
76 de la Carta Fundamental.

Respecto al artículo 19 N° 3, sostiene que el artículo 47 de la Ley N° 18.045,
sobre Mercado de Valores configura una vulneración multidimensional del debido
proceso, tanto en su dimensión formal como sustantiva. En primer lugar, la norma
permite que BCI se autogenere un título ejecutivo sin intervención judicial previa ni
participación contradictoria del deudor, violentando el principio fundamental de que
nadie puede ser juez en causa propia. Esta autotutela jurisdiccional constituye una
forma prohibida de justicia privada que el Estado de Derecho proscribe
categóricamente.

La vulneración se manifiesta concretamente en la restricción severa de las
posibilidades de defensa, al verse enfrentada a un procedimiento ejecutivo donde el
título que la perjudica fue confeccionado unilateralmente por su acreedor. Esto afecta
núcleos esenciales del debido proceso: la garantía de contradictoriedad se ve
comprometida porque el deudor no pudo participar en la formación del título que se
ejecuta en su contra; el derecho a la defensa se restringe al limitarse a excepciones
procesales sin poder controvertir sustantivamente la validez del título; la igualdad de
las partes se quiebra al otorgarse al acreedor una posición procesal privilegiada
mediante la auto-creación del título ejecutivo; y el derecho a obtener una resolución
motivada sobre el fondo se ve menoscabado porque el procedimiento ejecutivo
impide la discusión sustantiva sobre la existencia, validez y exigibilidad de las
obligaciones subyacentes.

En cuanto a la tutela judicial efectiva, la norma impugnada genera un
desequilibrio estructural que vacía de contenido la garantía. Si bien formalmente
puede acceder a la justicia, materialmente se le priva de una tutela efectiva al
enfrentarla a un título ejecutivo perfecto que fue construido unilateralmente por su
adversario. La norma habilita a BCI para iniciar un proceso ejecutivo con todas las



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SETECIENTOS DOCE




ventajas procesales (inversión de la carga de la prueba, restricción de excepciones,
presunción de veracidad del título), mientras simultáneamente restringe las
posibilidades reales de defensa del deudor, quien no puede contradecir efectivamente
la naturaleza del título ni las circunstancias de su emisión.

Sobre el artículo 76 constitucional, argumenta que la aplicación de la norma
genera una sustracción inconstitucional de facultades jurisdiccionales desde el órgano
judicial hacia BCI, alterando la arquitectura constitucional del ejercicio de la
jurisdicción. El tribunal se ve reducido a desempeñar un rol meramente mecánico o
de “mero buzón” para canalizar la pretensión ejecutiva ya predeterminada por el
acreedor, siendo despojado de su función esencial de conocer, juzgar y hacer ejecutar
lo juzgado con plena independencia e imparcialidad.

Esta sustracción se materializa porque BCI, mediante la emisión unilateral de
la liquidación, prejuzga y predetermina elementos centrales que deberían ser materia
del conocimiento jurisdiccional: la existencia de la obligación, su cuantía, su
exigibilidad y las circunstancias de su incumplimiento. Al otorgarle la ley mérito
ejecutivo inmediato a este documento auto confeccionado, BCI deviene en una
comisión especial que ejerce de manera anticipada atribuciones jurisdiccionales,
definiendo unilateralmente los contornos de su pretensión y las condiciones bajo las
cuales el tribunal deberá pronunciarse. Esto configura una infracción al artículo 19 N°
3 inciso quinto sobre el derecho al juez natural, pues el verdadero juzgamiento sobre
la controversia se produce en la oficina de BCI al momento de emitir la liquidación,
no en el tribunal.

Respecto al artículo 19 N° 2, sostiene que el artículo 47 de la Ley N° 18.045,
sobre Mercado de Valores genera una desigualdad ante la ley manifiestamente
arbitraria al crear un privilegio procesal sin precedentes en el sistema jurídico chileno.
La norma permite que BCI construya un título ejecutivo perfecto con su sola voluntad
y sin requisitos procedimentales objetivos, otorgándole una prerrogativa que no existe
para ningún otro acreedor particular en el ordenamiento nacional.

Esta discriminación carece de justificación razonable porque el título ejecutivo
carece de presupuestos legales claros y controlables, basándose exclusivamente en la
emisión del documento por parte de la corredora sin exigencias de forma, contenido
mínimo, intervención de terceros imparciales o mecanismos de control previo.
Mientras otros títulos ejecutivos del sistema requieren la concurrencia de ambas partes
(como en los contratos), la intervención de un tercero calificado (como el notario en
los instrumentos públicos) o una declaración judicial previa, el artículo 47 de la Ley
N° 18.045, sobre Mercado de Valores permite la autocreación unilateral del título,
constituyendo una discriminación arbitraria que vulnera el principio de igualdad ante
las cargas públicas procesales.

En relación con el artículo 19 N° 24, argumenta que la aplicación de la norma
vulnera el derecho de propiedad de Sartor en una doble dimensión: sobre el estatuto
contractual pactado y sobre los bienes objeto del contrato. Respecto al primero, la



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SETECIENTOS TRECE




norma permite que BCI evite y deje sin efecto el derecho de propiedad sobre la
cláusula arbitral expresamente pactada para resolver controversias sobre vigencia,
terminación y cumplimiento de los contratos. Esta cláusula constituye un derecho
incorporal de propiedad que integra el patrimonio de la requirente, y su
desconocimiento forzoso mediante el artículo 47 de la Ley N° 18.045, sobre Mercado
de Valores configura una expropiación indirecta sin indemnización.

Respecto a la segunda dimensión, la aplicación de la norma genera un
enriquecimiento injusto que vulnera el derecho de propiedad al permitir que BCI
configure un doble beneficio: retiene el dominio de las cuotas de los fondos mientras
simultáneamente exige el pago completo del precio mediante el título ejecutivo. Esta
situación genera un desequilibrio patrimonial inconstitucional donde BCI mantiene
tanto el objeto de la prestación como el derecho a exigir la contraprestación,
violentando los principios fundamentales que rigen el derecho de propiedad y el
equilibrio contractual.



Tramitación

El requerimiento fue acogido a trámite por la Primera Sala, con fecha 25 de
febrero de 2025, a fojas 225, disponiéndose la suspensión del procedimiento.

En resolución de fecha 14 de marzo de 2025, a fojas 383, se declaró admisible.
Conferidos los traslados de fondo a los órganos constitucionales interesados y a las
demás partes en la gestión invocada, BCI Corredores de Bolsa S.A. solicita el rechazo
del requerimiento de inaplicabilidad interpuesto a fojas 595.



Observaciones de BCI Corredores de Bolsa S.A.

La requerida indica que el requerimiento no es la vía idónea por tres razones
principales. En primer lugar, sostiene que el precepto impugnado ya fue aplicado y
produjo sus efectos, por lo que no será decisivo en la resolución de la gestión
pendiente. Fundamenta esta posición explicando que la norma se aplicó al momento
del examen de admisibilidad de la demanda conforme al artículo 119 de la Ley N°
20.720, no requiriéndose su aplicación posterior en la sentencia definitiva. Cita como
precedente el Rol N° 14.963-2023 del Tribunal Constitucional sobre normas que ya han
sido aplicadas y pierden su carácter decisivo.

Seguidamente arguye que el requerimiento perdió oportunidad porque los
efectos que se pretendían impedir, esto es, el ejercicio de la acción ejecutiva y el inicio
del procedimiento de ejecución colectiva, ya se produjeron sin que el requirente haya
promovido incidencia alguna para objetarlos. Señala que, para ser idóneo y oportuno,
el requerimiento debía promoverse antes de que estos efectos se produjeran, lo que no
ocurrió dado el estado procesal de la gestión pendiente.




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En tercer lugar, advierte que la requirente no configura un conflicto concreto
de constitucionalidad, pues ninguna de sus objeciones se vincula con la manera en
que el juez de la gestión pendiente aplicaría el precepto impugnado al dictar sentencia
definitiva. Argumenta que los reproches son de carácter general y abstracto, dirigidos
a manifestar desacuerdo con la decisión legislativa de otorgar mérito ejecutivo a un
instrumento, sin relación con la forma específica en que se resolverá la oposición.

Adicionalmente, estima que el precepto impugnado no infringe ni puede
infringir ninguna de las normas y principios constitucionales invocados. La requirente
ha podido ejercer de forma plena sus derechos procesales; la decisión final sobre las
controversias planteadas por BCI recae única y exclusivamente en los tribunales de
las gestiones pendientes, a través de lo que estos determinen conforme al mérito del
proceso; la emisión de los títulos ejecutivos fue hecha de manera fundada y precedida
de autorizaciones escritas de las requirentes; y BCI no obviado las cláusulas arbitrales,
pues los asuntos promovidos jamás podrían ser conocimiento de árbitros.

Respecto al artículo 19 N° 3 de la Constitución niega las alegaciones de la
requirente. Las actuaciones en la gestión judicial pendiente revelan que las supuestas
afectaciones no son reales. La requirente fue debidamente emplazada, tuvo
oportunidad de defenderse y controvertir las pretensiones de BCI mediante escritos
de oposición de excepciones, cuestionando no solo aspectos formales sino también de
fondo.

En equivalente sentido se ha ofrecido y rendido prueba, incluyendo
documentos, listas de testigos, solicitudes de informes periciales y absolución de
posiciones. La demandada no se ha limitado a cuestionar aspectos formales del juicio,
sino que también ha podido oponer excepciones de fondo, como la excepción de
nulidad del artículo 464 N°14 del Código de Procedimiento Civil cuestionando la
validez de las obligaciones demandadas, excepciones de exigibilidad del N°7 del
mismo artículo alegando "contratos no cumplidos", y excepciones de pago del N°9 del
mismo artículo.

En esta línea cita jurisprudencia del Tribunal Constitucional estableciendo que
carece de fundamento un requerimiento que alega afectación al derecho de defensa
cuando, en la práctica, el demandado pudo oponer excepciones y defensas sin
inconvenientes. La jurisprudencia es particularmente pertinente porque las
alegaciones son idénticas a las planteadas por las requirentes, y los procedimientos
referidos eran también juicios de liquidación forzosa y ejecutivos, idénticos a las
gestiones pendientes. Al respecto distingue estos casos del procedimiento establecido
en el artículo 6° de la Ley N°4.287, que contempla como procedimiento de ejecución
la sola notificación judicial del título, omitiendo una etapa de defensa, contradicción
y prueba, y disponiendo expresamente excluir la intervención de la justicia. En
contraste, en la gestión pendiente se contemplan etapas claras y bien definidas de
emplazamiento judicial, defensa y prueba.




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Respecto al artículo 76 de la Constitución argumenta que la calificación que
hace el precepto no obliga a los tribunales a acoger las demandas. El resultado de los
juicios depende de los hechos que las partes aleguen y acrediten, de la prueba rendida
y del mérito del proceso, elementos que los tribunales deberán expresar al fundar sus
sentencias conforme al artículo 170 del Código de Procedimiento Civil. Si fuera cierto
el argumento de la requirente, significaría que todos los títulos ejecutivos que
reconoce la ley serían contrarios a la Constitución.

Como consta del proceso, existen hechos sustanciales, pertinentes y
controvertidos. Por lo tanto, conforme al deber de fundamentación señalado, las
decisiones de fondo dependen de los hechos que las partes acrediten, de las pruebas
que rindan y del mérito del proceso. La requirente tiene la carga de acreditar los
presupuestos fácticos de sus defensas, al igual que BCI tiene la carga probatoria de
demostrar los fundamentos de sus demandas. Es del caso que la presunción que
favorece a los títulos ejecutivos es meramente legal, de manera que, conforme al
artículo 47 del Código Civil, es posible controvertir los hechos de que da cuenta el
título y probar el supuesto contrario.

Respecto al artículo 19 N° 2 de la Constitución niega que el precepto
impugnado permita emitir un título ejecutivo de forma arbitraria o abusiva. El tenor
expreso de la norma dispone que lo que tiene mérito ejecutivo es el documento que
acredite la liquidación de una operación entre un corredor y su cliente, es decir, una
operación consentida entre acreedor y deudor.

Adicionalmente, la disposición no es extraña en el ordenamiento jurídico.
Otros ejemplos de títulos ejecutivos emitidos por acreedores incluyen: la copia de una
factura una vez notificada judicialmente (Ley N°19.983), el aviso de cobro de gastos
comunes que emita el administrador de un condominio (artículo 32 de la Ley
N°21.442), y las facturas o boletas que emita el acreedor prestador de un servicio
sanitario (artículo 37 de la Ley General de Servicios Sanitarios).

BCI, como corredor de bolsa, no puede practicar las liquidaciones que quiera
de forma arbitraria o sin fundamento. Es indispensable que el documento que se emita
acredite una operación acordada entre una corredora y un cliente, dando cuenta del
consentimiento de ambos. La actividad de corretaje está intensamente regulada,
requiriendo autorización de la CMF, patrimonio mínimo, garantías y sujeción a
normativa legal, regulatoria y técnica que aseguran que los actos serán fundados,
serios y racionales.

Respecto al artículo 19 N° 24 de la Constitución argumenta que la existencia
de una cláusula arbitral no significa que las requirentes tengan derecho a exigir que
cualquier pretensión deducida en su contra deba ser resuelta por un tribunal arbitral.
Las cláusulas arbitrales tienen efectos limitados, existiendo asuntos que jamás podrán
ser sometidos a arbitraje, como los de arbitraje prohibido y aquellos en que la ley ha
dispuesto expresamente que deben ser conocidos por tribunales determinados.




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Los procedimientos ejecutivos son materias que los tribunales arbitrales no
pueden conocer, pues carecen del poder de imperio necesario para la sustanciación de
estos procedimientos. La requirente jamás podría ver lesionado un supuesto derecho
de dominio sobre las cláusulas arbitrales, pues los conflictos de las gestiones
pendientes jamás podrían haber sido sometidos a arbitraje.

Además, en el marco de la tramitación de la gestión invocada se ha reconocido
que son los tribunales civiles, y no compromisarios, los órganos competentes para
conocer de los procedimientos ejecutivos. La supuesta infracción a una cláusula
arbitral dice relación con una infracción contractual, cuyo conocimiento y resolución
es de competencia de los tribunales de las gestiones pendientes, a través de incidentes
o excepciones de incompetencia. Se trata de asuntos de mera legalidad y no de
infracciones constitucionales.



A fojas 627, por decreto de 16 de abril de 2025, se trajeron los autos en relación.



Vista de la causa y acuerdo

En Sesión de Pleno de 16 de septiembre de 2025 se verificó la vista de la causa,
oyéndose la relación pública y alegatos, por la requirente, del abogado Antonio
Rubilar Suárez, y por la requerida, del abogado Eduardo Cordero Quinzacara. Se
adoptó acuerdo con igual fecha, conforme certificación del relator.



Y CONSIDERANDO:



I. Antecedentes de hecho y conflicto constitucional planteado

PRIMERO: La requirente, Asesorías e Inversiones Sartor S.A., acciona de
inaplicabilidad en contra del artículo 47 de la Ley N° 18.045, sobre Mercado de
Valores, para que surta efectos en el proceso Rol C-345-2025, seguido ante el Décimo
Tercer Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago. Dicho proceso corresponde a un
procedimiento de liquidación forzosa iniciado por BCI Corredor de Bolsa en contra de
la requirente y que lo fundó en el numeral 1) del artículo 117 de la Ley N° 20.720, que
permite a cualquier acreedor demandar el inicio del procedimiento concursal de
liquidación de la empresa deudora si ésta “cesa en el pago de una obligación que
conste en título ejecutivo y que se constituya como una obligación propia de la
actividad de la empresa deudora con el acreedor solicitante”.

SEGUNDO: Para comprender cabalmente el arbitrio presentado ante esta
Magistratura cabe tener presente que, según se expone en el libelo, las partes
mantenían una relación comercial desde 2016 a través de distintos contratos, entre los
que figuraban unas operaciones de simultáneas sobre cuotas de los fondos de




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inversión Sartor Proyección y Sartor Leasing, ambos administrados por Sartor
Administradora General de Fondos (Sartor AGF), siendo propietaria del 99% del
capital accionario de ésta última Asesorías e Inversiones Sartor S.A., y el 1% restante,
Asesorías e Inversiones Quisis Ltda.

Según la demanda de liquidación forzosa, Sartor S.A. estaba obligada a pagar
el precio más intereses, reajustes y gastos de operaciones simultáneas efectuadas,
respecto de las cuales BCI Corredor de Bolsa le informó que no se renovarían,
atendido que la Comisión de Mercado Financiero (CMF) -al abrir un proceso
sancionatorio relativo a su modelo de negocio, consistente en la inversión directa o
indirecta en instrumentos emitidos por personas relacionadas a los directores y
accionistas mayoritarios de Sartor AGP- había suspendido nuevos aportes y rescates
a fondos administrados por Sartor AGF y cancelado la autorización de existencia de
esa sociedad. En ese contexto, y ante el supuesto no pago de la obligación de Sartor
S.A., BCI Corredor de Bolsa emitió la liquidación de operación simultánea y solicitó
la liquidación forzosa de la requirente en base a ella, cuya fuerza ejecutiva se funda en
el artículo 47 de la Ley de Mercado de Valores, impugnado en estos autos, el cual
dispone que “El documento emitido por el corredor de bolsa o por su oficina que acredite la
liquidación de una operación efectuada entre éste y otros corredores o sus clientes, tendrá
mérito ejecutivo”.

Tras la respectiva notificación, la requirente se opuso a la liquidación
fundándose en las excepciones previstas en los numerales 1, 14, 7 y 9 del artículo 464
del Código de Procedimiento Civil, encontrándose actualmente pendiente la
audiencia de prueba.

TERCERO: En relación con el conflicto constitucional planteado, el
requerimiento sostiene que la aplicación de la norma impugnada vulnera, en primer
lugar, el debido proceso. Lo anterior lo funda en que el precepto impediría el correcto
ejercicio del derecho de defensa al permitir que la corredora configure unilateralmente
un título ejecutivo “sin cumplir con los requisitos que se debieron haber observado, y
sin encontrarse habilitada para hacerlo toda vez que había determinado resolver el
contrato de compraventa cuyas obligaciones supuestamente habrían sido liquidadas”
(fs. 24). Asimismo, afirma que se ve afectado el ejercicio de la tutela judicial efectiva al
limitar su defensa a las excepciones de los títulos ejecutivos, impidiendo con ello una
discusión de fondo.

En segundo lugar, alega que se infringe el artículo 76 de la Carta Fundamental,
en relación con su artículo 19, N° 3, al sostener que el precepto impugnado restringe
las posibilidades de conocimiento que tiene el tribunal para revisar el mérito ejecutivo
del título invocado y con ello se produce una ausencia de posibilidades de defensa
real. En tal sentido, se argumenta que dicha restricción implica, en los hechos, que BCI
asuma funciones propias de una comisión especial, en contravención a las garantías
constitucionales del debido proceso y del acceso a un juez natural.



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A continuación, sostiene que en nuestro ordenamiento jurídico no existe título
ejecutivo alguno que pueda configurarse con la sola voluntad de un acreedor
particular, de modo que el artículo 47 de la Ley de Mercado de Valores introduciría
una diferencia de trato carente de justificación razonable, generando una vulneración
al principio de igualdad ante la ley.

Finalmente, expone que en el contrato de compraventa celebrado entre el BCI
y Sartor se incorporó una cláusula compromisoria, la cual fue desconocida por BCI.
En tal contexto, sostiene que la norma cuestionada vulnera el artículo 19, N° 24, de la
Constitución Política de la República, en cuanto su aplicación afecta el derecho de
propiedad de Sartor sobre los derechos emanados del contrato celebrado entre las
partes, en particular, su derecho a someter la resolución de las controversias a la
jurisdicción arbitral convenida.



II. Bolsas de valores y corredores de bolsa

CUARTO: Antes de pronunciarnos derechamente sobre el conflicto
constitucional planteado, para su debida comprensión resulta necesario explicar la
función que cumplen las bolsas de valores y las labores que ejecutan los corredores de
bolsa.

QUINTO: Partamos puntualizando que, según el artículo 38 de la Ley de
Mercado de Valores, N° 18.045, las bolsas de valores son “entidades que tienen por
objeto proveer a sus miembros la implementación necesaria para que puedan realizar
eficazmente, en el lugar que les proporcione, las transacciones de valores mediante
mecanismos continuos de subasta pública y para que puedan efectuar las demás
actividades de intermediación de valores que procedan en conformidad a la ley”,
entendiendo dicha ley por valores “cualesquiera títulos transferibles incluyendo
acciones, opciones a la compra y venta de acciones, bonos, debentures, cuotas de
fondo mutuos, planes de ahorro, efectos de comercio y, en general, todo título de
crédito o inversión” (art. 3) y expresando la referida Ley, que corresponde a la CMF
vigilar el cumplimiento de sus disposiciones con las facultades que se le confieren en
su ley orgánica y en el referido cuerpo legal (art. 2).

El objeto de las bolsas de valores consiste, entonces, en “predisponer los medios
materiales y humanos que sean necesarios para que se produzca la negociación de los
instrumentos financieros respectivos” (Mardones Osorio, Marcelo (2022): Lecciones de
Derecho Económico. Regulación económica de los mercados, Vol. II, Tirant lo Blanch, p. 159).

SEXTO: En el mercado de valores intervienen oferentes (emisores),
compradores (inversionistas) e intermediarios (corredores de bolsa y agentes de
valores). Estos últimos se definen por el legislador como “las personas naturales o
jurídicas que se dedican a las operaciones de corretaje de valores” (artículo 24),




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distinguiéndose entre los que actúan como miembros de una bolsa de valores y los
que operan fuera de bolsa, denominados corredores de bolsa y agente de valores,
respectivamente.

SÉPTIMO: En el Mensaje con que se dio origen a la tramitación de la Ley N°
18.045 se indicó, con respecto a tales intermediarios, que “teniendo presente los
principios de competencia y no discrecionalidad, se han establecido requisitos
objetivos para ser intermediario. Asimismo, se está promoviendo la máxima
competencia entre los corredores bursátiles, tras el objetivo de un mercado unificado
y competitivo, vale decir un mercado que opera con los menores costos posibles y que
sus precios reflejan efectivamente las fuerzas de oferta y demanda que hay tras los
diferentes títulos que en él se transan. Es así como para inscribirse como agente o
corredor de valores y para constituir una bolsa de valores, la ley establece condiciones
uniformes que se refieren principalmente al cumplimiento de requisitos de idoneidad
técnica, solvencia moral y solvencia económica.” (Mensaje de la Ley N° 18.045, p. 4)

OCTAVO: Atendida la función que realizan y los riesgos asociados a su
actividad, para poder actuar como corredor de bolsa es necesario inscribirse en los
registros que lleva la CMF –a excepción de bancos y sociedades financieras que no
deben inscribirse para ejercer las funciones que conferidas por la Ley General de
Bancos–, debiendo cumplir con los múltiples requisitos que la ley y la CMF establecen
al efecto. Entre éstos destacan ser mayor de edad; acreditar conocimientos suficientes
de la intermediación de valores; mantener un patrimonio mínimo de 6.000 UF y de
14.000 UF en el caso de dedicarse a la compra o venta de valores por cuenta propia sin
ánimo de transferir los derechos sobre los mismos; constituir garantías en la forma y
montos que establece la ley; no haber sido cancelada la inscripción en el Registro; no
haber sido condenados ni encontrarse bajo acusación por delitos establecidos en la ley
de Mercado de Valores que atenten en contra del patrimonio o de la fe pública, o que
tengan asignados una pena aflictiva (artículo 26). Además, están obligados a llevar los
libros y registros que prescribe la ley y la CMF, informar periódicamente a ésta sobre
las operaciones que realicen, enviar a la CMF los estados financieros que este solicite,
pudiendo ser objeto de auditorías por auditores independientes, entre otros (artículo
42).

La ley también regula la cancelación o suspensión de la inscripción cuando los
corredores de bolsa dejan de cumplir con los requisitos necesarios para la inscripción;
por incurrir en graves violaciones a las obligaciones impuestas por la ley, tomar parte
en forma culpable o dolosa en transacciones no compatibles con las sanas prácticas de
los mercados de valores, dejar de desempeñar la función por más de un año, participar
en ofertas públicas de valores o en transacciones de valores que de conformidad a la
presente ley deben inscribirse y mantener vigente su inscripción en el Registro de
Valores sin que hayan cumplido dichas formalidades y, en fin, por dejar de cumplir
por razones imputables obligaciones originadas en transacciones de valores en que ha
tomado parte (artículo 36).



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NOVENO: En conclusión, el ejercicio de la actividad de corredor de bolsa en
Chile se encuentra sujeto a un estricto marco regulatorio debido a la relevancia de su
función en el mercado de valores y los riesgos que implica para el patrimonio de los
inversionistas y para la fe pública. La exigencia de inscripción ante la CMF, junto con
el cumplimiento de una serie de requisitos patrimoniales, técnicos y operativos, así
como las obligaciones permanentes al que están sujetos de información, control y
fiscalización, buscan asegurar un actuar profesional y transparente.



III. No se vulnera el debido proceso

DÉCIMO: El primer reproche que formula el requerimiento se funda en que
el precepto impugnado, al permitir que el corredor de bolsa configure un título
ejecutivo sin la concurrencia del deudor, afectaría el derecho a defensa. Sostiene al
efecto que BCI habría invocado como título ejecutivo la liquidación sin cumplir con
los requisitos legales y sin encontrarse habilitada para hacerlo, asumiendo, en la
práctica, funciones de una comisión especial, cuestión proscrita por la Constitución en
el inciso 5° del numeral 3 de su artículo 19. Reclama en tal sentido que BCI ocupó el
mecanismo de la norma impugnada para construir un título ejecutivo de manera
unilateral efectuando una interpretación mañosa de ella y que la discusión de fondo
debió haber sido conocida en sede arbitral.

UNDÉCIMO: Pues bien, el artículo 47 de la Ley de Mercado de Valores
impugnado en estos autos dispone que tendrá mérito ejecutivo el documento emitido
por el corredor de bolsa o por su oficina que acredite la liquidación de una operación
efectuada entre éste y otros corredores o sus clientes, esto es, “un documento que a
través de operaciones matemáticas revela el saldo final resultante de la operación
bursátil” (Tercer Juzgado de Letras de Iquique, Rol N° 2165-2020, c. 17°).

DUODÉCIMO: Sostener que el precepto impugnado habilita al acreedor para
practicar liquidaciones de manera arbitraria supone desconocer el tenor literal de la
propia disposición, en cuanto esta exige expresamente que el documento “acredite la
liquidación de una operación”. Ello implica que dicha liquidación debe haberse
efectuado con pleno respeto a los requisitos legales exigidos por el ordenamiento
jurídico, de modo que solo aquellas que cumplan tales exigencias pueden dotar al
documento del correspondiente mérito ejecutivo.

DÉCIMO TERCERO: En el presente caso la demanda de liquidación forzosa
se funda en la liquidación de una operación simultánea.

Estas operaciones consisten en la realización de una compra o venta a plazo,
conjunta e indisoluble, con una operación de venta o compra al contado por igual
número de acciones, existiendo “dos operaciones de compraventa de signo contrario,




12
0000721
SETECIENTOS VEINTIUNO




una al contado y otra a plazo, que versan sobre idéntico número de acciones y constan
en el mismo instrumento” (Corte Suprema Rol N° 7484, c. 8°)

Por lo tanto, se trata de una operación que comprende dos contratos: a) un
primer contrato de compraventa, celebrado pura y simplemente en la fecha de la
operación, mediante el cual se adquiere una determinada cantidad de valores por un
determinado precio; y b) un segundo contrato de compraventa celebrado a plazo, de
la misma fecha, a través del cual quien adquirió los valores en la primera operación se
obliga a restituir el mismo número de ellos, y quien los enajenó se obliga a adquirirlos
por el mismo precio.

DÉCIMO CUARTO: Según la letra d) del párrafo 2.5.6. del Manual de
Operaciones en Acciones de la Bolsa de Comercio de Santiago, Operaciones
simultáneas, “las operaciones simultáneas podrán realizarse sólo con un corredor
contraparte, quién a su vez, deberá tener la operación simultánea contraria, esto es,
compra o venta al contado y venta o compra a plazo, según corresponda”.

Las operaciones simultáneas se utilizan por las empresas como una forma de
financiamiento que garantiza por los títulos que se adquieren. En ese contexto se
indica que “es un crédito que otorga una corredora de bolsa, donde lo que se evalúa no es el
estado financiero y la capacidad de pago de la persona, como podría ocurrir en los bancos, sino
que se evalúan las acciones que la sociedad posea con ellos y que puede dejarles en garantía”
(Villagrán, Juan Manuel (2016): Suprema confirma sentencia contra corredora Alfa, en
caso de operaciones simultáneas. Economía y Negocios. El Mercurio).

La liquidación de las operaciones simultáneas se efectúa conforme a las
instrucciones y procedimientos establecidos en el párrafo 2.7 del citado Manual de la
Bolsa de Comercio y, según el art. 47 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de
Santiago aprobado por la resolución Exenta N° 1733, de 21 de abril de 2017, de la
Superintendencia de Valores y Seguros (reemplazada luego por la CMF): “La
liquidación de las operaciones podrá efectuarse de manera bilateral, conforme a la
condición de liquidación convenida al ejecutar la transacción, o a través de sistemas
de compensación y liquidación establecidos en conformidad a la Ley 20.345. El
Directorio definirá en los Manuales de Operaciones respectivos las normas, horarios
y procedimientos que aplican a la liquidación, así como la modalidad en que se
liquidarán las distintas operaciones bursátiles.”

DÉCIMO QUINTO: Si el documento debe acreditar la liquidación de una
operación efectuada entre el corredor y su cliente y ella no existe, o se emitió sin
cumplir con los requisitos legales, deberá el tribunal resolverlo según las excepciones
que sean opuestas por el demandado, sin que en el caso exista auto tutela como
reclama la requirente. La prerrogativa que tiene el corredor de bolsa se justifica por
la función específica que desempeña, pero si existió una desviación de la norma en un
ámbito no contemplado por el legislador, tal desviación constituye un tema de




13
0000722
SETECIENTOS VEINTIDOS




interpretación legal, cuya resolución es ajena al ámbito de competencia de esta
Magistratura Constitucional.

De esta forma, como ha señalado este Tribunal, “no se advierte el modo en
que la aplicación de la norma haya vulnerado las garantías constitucionales del
requirente, pues lo que este último cuestiona en realidad es la legalidad de aquel
título, esto es, el cumplimiento de los presupuestos legales necesarios para que esté
dotado de tales atributos, pero ello es una cuestión diversa a la constitucionalidad del
título mismo” (STC 13.033 c. 18°) de modo que la sola circunstancia de conferirle
mérito ejecutivo a un documento “no implica -de suyo- menoscabar el derecho a
defensa que a todas las personas aseguran los artículos 19, N° 3, y 38, inciso segundo,
de la Constitución" (STC 7595-19, c. 7 y 15.153, c. 3°).

DÉCIMO SEXTO: La gestión pendiente recae en un procedimiento de
liquidación forzosa que permite al demandado, en este caso al requirente, oponerse a
la demanda –según lo dispone el artículo 120, numeral 2, de la Ley N° 20.720–
fundándose en cualquiera de las excepciones previstas en el artículo 464 del Código
de Procedimiento Civil, como efectivamente aconteció en la gestión pendiente.

En efecto, la requirente opuso, en primer lugar, la excepción de incompetencia
absoluta, fundada en la existencia de una cláusula arbitral. Asimismo, dedujo la
excepción de nulidad de la obligación, por falta de los requisitos de existencia del acto
jurídico del cual emana el título ejecutivo, argumentando que el propio demandante
declaró resuelta la compraventa de los valores objeto de la operación de simultáneas.
A su vez, opuso la excepción de falta de alguno de los requisitos para que el título
tenga fuerza ejecutiva, sosteniendo que, al haberse resuelto el contrato, la obligación
no sería actualmente exigible, que BCI no cumplió con los requisitos legales para dotar
al título de mérito ejecutivo, que el título no es indubitado y que BCI incumplió su
obligación de vender o entregar las cuotas de los fondos una vez vencida la operación
de simultánea. Finalmente, opuso excepción de pago, fundado en que las cuotas que
se pretenden liquidas permanecieron en el patrimonio de BCI.

DÉCIMO SÉPTIMO: En consecuencia, el precepto impugnado se erige como
un mecanismo inserto en el régimen de funcionamiento del mercado de valores,
orientado a optimizar la efectividad en el cobro de los créditos de los corredores de
bolsa, mitigando los riesgos aparejados a su eventual insolvencia cuyos efectos
podrían eventualmente llegar a impactar el bienestar general. Todo ello, sin perjuicio
de la existencia de un control jurisdiccional ulterior, destinado a resguardar los
derechos de otros corredores de bolsa y de los clientes. Esta circunstancia también
lleva a descartar que BCI esté ejerciendo funciones de una comisión especial en
contravención al numeral 3 del artículo 19 de la Constitución, como fue alegado en el
requerimiento.




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0000723
SETECIENTOS VEINTITRES




IV. No se vulnera la igualdad ante la ley

DÉCIMO OCTAVO: Los títulos ejecutivos solo son creados por ley
considerando el interés público que les afecta. El legislador le ha conferido mérito
ejecutivo a distintos títulos que no requieren de la intervención del deudor en su
establecimiento, señalándose por la doctrina que se pueden identificar un grupo
considerable caracterizado por “la no intervención del deudor en su generación. Esta es
una alternativa que, como veremos, ha seguido el legislador por diversas razones. Así, hoy en
día nuestro ordenamiento cuenta con diversos títulos ejecutivos de esta naturaleza” (Silva
Álvarez, Óscar (2025): “Títulos ejecutivos elaborados sin la intervención del deudor:
una propuesta de sistematización y de alcance de su control judicial”, en Revista
Justicia & Derecho, vol. 8, N° 1, p. 6).

El recién citado autor realiza una clasificación de títulos ejecutivos emitidos
unilateralmente a partir de la naturaleza del crédito a cobrar. En tal contexto,
tratándose de créditos de origen tributario, se incluyen, entre otros, la nómina de
deudores morosos, conforme a lo dispuesto en el artículo 169 del Código Tributario,
así como el certificado emitido por el secretario municipal, en los términos previstos
en el artículo 47 de la Ley de Rentas Municipales. Lo propio ocurre con títulos relativos
a créditos de naturaleza administrativa como la liquidación de créditos otorgados por
ciertos órganos del Estado, como sucede con el Director Nacional del Instituto de
Desarrollo Agropecuario (artículo 10 de la Ley N° 18.910); la liquidación de gastos
efectuada por el presidente de la CMF (artículo 7 de la Ley N° 21.000); como también
sanciones impuestas por la Administración, como las multas aplicadas por el Servicio
de Biodiversidad y Áreas Protegidas (artículo 121 de la Ley N° 21.600) y la multa del
Director del Servicio Electoral (artículo 75 N° 12 de la ley 18.556). En una categoría
diversa se sitúan los títulos ejecutivos derivados de gastos comunes (artículo 32 Ley
N° 21.442); aquellos emanados de créditos originados en determinados mercados
regulados, como las boletas o facturas emitidas por prestadores de servicios de agua
potable (artículo 37 Ley General de Servicios Sanitarios) o de servicios sanitarios
rurales (artículo 48 Ley N° 20.998), así como también con los títulos relativos a
obligaciones de naturaleza previsional (artículo 2 Ley N° 17.322).

DÉCIMO NOVENO: En estos últimos tres grupos, al igual que como ocurre
con la liquidación emitida por el corredor de bolsa, se incluyen títulos ejecutivos que
pueden ser emitidos unilateralmente por particulares sin la intervención del deudor,
circunstancia que se justifica, principalmente, en el interés público comprometido en
el cumplimiento oportuno y efectivo de tales obligaciones. Por lo tanto, existen
numerosos títulos ejecutivos que son emitidos sólo por el acreedor, ya sea por un
órgano del Estado o un particular, no siendo anormal en la legislación. Ello ocurre
especialmente en mercados regulados, en el que el mérito ejecutivo de ciertos
documentos surge “como una suerte de contrapartida por la mayor regulación y control a la
que está sujeta la actividad o servicio respectivo; lo que, a su turno, permitiría presumir que




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0000724
SETECIENTOS VEINTICUATRO




los montos cobrados son aquellos efectivamente adeudados” (Silva, ob. cit., p. 10),
argumentos que llevan a descartar la alegación del requirente.

VIGÉSIMO: A mayor abundamiento, en cuanto a la razonabilidad del
precepto impugnado, cabe señalar que este “cautela la seguridad de los inversionistas en
cuanto a las transacciones que realizan, ya que ante un eventual conflicto entre éstos, o entre
corredores o sus clientes, los documentos emitidos ahorrarán la discusión de la situación en
un juicio de lato conocimiento, y de inmediato se podrá proceder ejecutivamente, lo que ahorra
costos y tiempo, y además garantiza la posibilidad de restablecer el imperio del derecho en un
corto tiempo. En definitiva, esta norma ayuda al funcionamiento de un mercado de capitales
sin trabas ni obstáculos de ningún tipo.” (Madrid Arap, Antonio (2003): Bolsa de Comercio
de Santiago: Regulación jurídica y funcionamiento general. Memoria para optar al Grado
de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile, p. 67), por lo que
se funda en razones de transparencia y fluidez del mercado bursátil.


V. No se afecta el derecho de propiedad

VIGÉSIMO PRIMERO: Finalmente, en lo que respecta a la supuesta
vulneración del derecho de propiedad, que el requirente funda en la circunstancia de
que el contrato de compraventa contenía una cláusula compromisoria que no fue
respetada por BCI, ella también debe ser rechazada. En efecto, quien debe determinar
la procedencia y alcance de esa cláusula es el juez de fondo y no esta Magistratura
Constitucional, cuya atribución se limita a examinar la constitucionalidad de la
aplicación de un precepto legal impugnado en una gestión judicial concreta.

VIGÉSIMO SEGUNDO: A mayor abundamiento, cabe tener presente que
esta es una de las materias que está siendo discutida en la gestión pendiente,
habiéndose fijado, como uno de los hechos a probar, la “Efectividad de que el tribunal
resulta incompetente absolutamente para el conocimiento de la liquidación solicitada.
Hechos y circunstancias que lo constituyen”.

VIGÉSIMO TERCERO: Por todo lo expuesto, se rechaza el presente
requerimiento de inaplicabilidad.



Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93 incisos primero,
N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la
Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional
del Tribunal Constitucional,




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0000725
SETECIENTOS VEINTICINCO




SE RESUELVE:



I. QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DEDUCIDO A LO
PRINCIPAL DE FOJAS 1. OFÍCIESE.

II. QUE SE ALZA LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO
DECRETADA EN AUTOS. OFÍCIESE.

III. QUE NO SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE REQUIRENTE
POR ESTIMARSE QUE TUVO MOTIVO PLAUSIBLE PARA
LITIGAR.



DISIDENCIA



Los Ministros señores MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y HÉCTOR
MERY ROMERO estuvieron por acoger el libelo de fojas 1. Ello, por las consideraciones
siguientes:

1°. Que el requerimiento deducido a fojas 1 de estos autos tiene por finalidad
que no se dé aplicación, en la gestión pendiente, a lo dispuesto en el artículo 47 de la
Ley N° 18.045, sobre Mercado de Valores. El proceso aludido se inició por solicitud
de liquidación forzosa formulada por la requerida BCI Corredor de Bolsa S.A., de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 y siguientes de la Ley 20.720. A esa
solicitud se acompañaron, con citación -conviene destacarlo- los siguientes
antecedentes: 1. Un título ejecutivo, que corresponde a la liquidación de operación
simultánea de Asesorías e Inversiones Sartor S.A., de fecha 26 de diciembre de 2024,
realizada por BCI Corredor de Bolsa S.A.; 2. Un contrato de Operaciones de
Compraventa a Plazo de Valores suscritos por Asesorías e Inversiones Sartor S.A. y
BCI Corredor de Bolsa S.A., de fecha 18 de octubre de 2016; 3. Una carta enviada por
BCI Corredor de Bolsa S.A. a Asesorías e Inversiones Sartor S.A. con fecha 12 de
diciembre de 2024; 4. Una carta enviada por Asesorías e Inversiones Sartor S.A. a BCI
Corredor de Bolsa S.A. con fecha 24 de diciembre de 2024.

BCI Corredor de Bolsa S.A. explica, al fundamentar su acción ejecutiva en los
autos rol C-345-2025 del Décimo Tercer Juzgado Civil de Santiago, que el título en que
fundamenta su pretensión tiene su origen en el Contrato de Operaciones de
Compraventa a Plazo de Valores (“simultaneas”) celebrado con fecha 18 de octubre de
2016, entre Sartor S.A. y BCI Corredores de Bolsa S.A., en virtud del cual la primera
se obligó a pagar el precio de cuotas de los fondos de inversión Sartor Leasing y
Proyección, ambos administrados por la sociedad Sartor Administradora General de
Fondos S.A. (“Sartor AGF”) antes de la fecha de vencimiento, correspondiente al 04
de diciembre de 2024. En concreto, de conformidad al mencionado contrato, Sartor
S.A. debía pagar el precio, más intereses, reajustes y gastos de tres operaciones



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0000726
SETECIENTOS VEINTISEIS




simultáneas efectuadas bajo este Contrato respecto a las cuotas de los fondos antes
indicados. Ocurrió que, al tiempo de realizarse tales operaciones, la Comisión para el
Mercado Financiero (CMF) decidió suspender provisionalmente nuevos aportes y los
rescates a los fondos administrados por Sartor AGF, y, luego, canceló la autorización
de existencia de esta sociedad, nombrándole un liquidador para tales efectos.

A consecuencia de la situación señalada que, de modo manifiesto, afectaba a
Sartor AGF, y por tanto a las cuotas de los fondos que administraba y que eran parte
de las operaciones simultáneas, el 20 de noviembre 2024, BCI Corredores informó
mediante un correo electrónico a Sartor S.A. que las operaciones simultáneas no se
renovarían y que, por ello, al momento de vencimiento del plazo de la compraventa,
esta última tendría que pagar una suma de dinero por concepto de precio de las
operaciones.

La actora en estos autos constitucionales enfatiza que, debido a la cadena de
hechos explicada en lo precedente, BCI Corredores de Seguros S.A. se autogeneró un
título ejecutivo, sin intervención judicial previa ni participación contradictoria del
deudor, violentando así el principio fundamental de que nadie puede ser juez en causa
propia. Queda así permitida, a su juicio, una acción de autotutela contraria a derecho,
encaminada a obtener la ejecución concursal de la requirente de estos autos. De este
modo, la ejecución colectiva tiene su principio en actos previos al proceso a cuyo
respecto el deudor no pudo participar. El título que se ejecuta en su contra se
confeccionó sin participación suya y sin previo contencioso; el derecho a la defensa se
restringió severamente al limitarse a excepciones procesales determinadas, sin
poderse controvertir sustantivamente la validez del título; la igualdad de las partes se
quebranta al otorgarse al acreedor una posición procesal privilegiada mediante la
generación unilateral del título ejecutivo; y el derecho a obtener una resolución
motivada sobre el fondo se ve seriamente menoscabado porque el procedimiento
ejecutivo impide la discusión sustantiva sobre la existencia, validez y exigibilidad de
obligaciones que, de existir, son las que realmente se busca ejecutar.

Continúa Sartor aseverando que se priva a la requirente de una tutela efectiva
al enfrentarla a un título ejecutivo perfecto en apariencia que fue construido
unilateralmente por su adversario. Así, la norma que se viene cuestionando habilita a
BCI para iniciar un proceso ejecutivo con todas las ventajas procesales (inversión de
la carga de la prueba, restricción de excepciones, presunción de veracidad del título),
mientras simultáneamente restringe las posibilidades reales de defensa del deudor,
quien no puede contradecir efectivamente la naturaleza del título ni las circunstancias
de su emisión.

2°. Que la facultad de conocer las causas civiles y criminales, juzgarlas y hacer
ejecutar lo juzgado pertenece a los tribunales de justicia que componen el Poder
Judicial. Es tarea del legislador configurar siempre las normas del procedimiento
judicial, sea este declarativo, o ejecutivo, pesando sobre él el mandato constitucional
de establecer siempre las garantías de un racional y justo procedimiento.



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0000727
SETECIENTOS VEINTISIETE




Nadie discute que el legislador cuenta con la potestad de fijar reglas y
principios de procedimiento diversos para los juicios declarativos y el cumplimiento
de sentencias o la ejecución de títulos ejecutivos. También es pacífico sostener que
distintos juicios ejecutivos especiales pueden estar sometidos a criterios y reglas
distintas, atendida su naturaleza y la finalidad que persiguen. El límite, o más bien, el
deber que la Constitución impone al legislador consiste en establecer siempre las
garantías del racional y justo procedimiento. Al efecto, no está de más tener presente
que esta Judicatura ha sostenido en la STC 1.838, c. 10, que “… el procedimiento legal
debe ser racional y justo. Racional para configurar un proceso lógico y carente de arbitrariedad.
Y justo para orientarlo a un sentido que cautele los derechos fundamentales de los participantes
en un proceso”.

3°. Que toda ejecución, cualquiera sea su naturaleza o especialidad, se funda
necesariamente en un título. Refiriéndose a las particularidades de la ejecución civil
chilena, Pérez Ragone explica que este procedimiento “…está dispuesto como un
contencioso de general o especial aplicación por medio del cual se busca el cumplimiento forzado
de la obligación consistente en un título fidedigno e indubitado” (Álvaro PÉREZ RAGONE
[2019]: “Ejecución Civil”, p. 241. Astrea, Buenos Aires). Con razón sostiene la doctrina
nacional que “… el título ejecutivo, conceptualmente, no es más que el continente de un
derecho indubitado, el que tiene dicha calidad no por el título en cuanto tal, sino que por el
modo en que se generó, obviamente en forma previa a la existencia del título mismo y con la
participación (o al menos la opción de participar) del demandado; ambas cualidades que
permiten predicar la anunciada (mayor o menor) certeza del derecho alojado en el título
“(Oscar SILVA ÁLVAREZ [2025]: “Títulos Ejecutivos Elaborados sin la Intervención del
Deudor: una Propuesta de Sistematización y de Alcance de su Control Judicial”, p. 3. Artículo
publicado en Revista Justicia & Derecho, Universidad Autónoma, pp. 1 – 17, Volumen 8,
número 1, año 2025).

4°. Que la Carta Fundamental no obliga al legislador a reproducir en regímenes
especiales un listado rígido de títulos ejecutivos como el previsto a fines generales en
el artículo 434 del Código de Procedimiento Civil. Decirlo así sería equivalente a
otorgar rango constitucional al mencionado precepto del código de enjuiciamiento
civil.

Lo que sí nos cabe es examinar la interpelación formulada por el
requerimiento, en cuanto a si es pertinente que el legislador declare a su antojo que
cualquier antecedente o elemento puede servir de título ejecutivo, permitiendo así un
procedimiento por acción ejecutiva de tramitación expedita y garantías restringidas.
En lo que a nosotros concierne, cabe examinar si el precepto legal cuestionado, en su
aplicación concreta, se ajusta o más bien, se opone al debido proceso legal, tal cual ha
sido entendido este último por la Constitución.

5°. Que esta Judicatura ha resuelto que “(la) circunstancia de que el inc. 5º del Nº
3 del art. 19 consagre el llamado “debido proceso” sin enumerar garantías de un justo y
racional procedimiento, no puede ni debe entenderse como que tal precepto carezca de todo



19
0000728
SETECIENTOS VEINTIOCHO




contenido y que la Constitución no haya establecido límites materiales al legislador para
determinar dichas garantías. El constituyente decidió no enumerar para evitar la rigidez de la
taxatividad y resguardar la necesaria diferenciación que exigen diversos tipos de
procedimientos” (STC 792, c. 7).

La lectura atenta del artículo 19 número 3° de la Constitución Política nos
permite afirmar que un proceso sin garantías no es un proceso. Un proceso sin
sujeción a la Constitución no es un proceso. Desprovisto por la ley de su contenido
cuya esencia es garantía, un proceso sería la mera suma, secuencia o serie de actos sin
ningún significado dogmático esencial. Tal entendimiento no se aviene, a nuestro
entender, con los preceptos y valores representados en la Carta Fundamental.
Remitiéndose a la dogmática española, Lorca Navarrete sostiene que “… el logro de un
proceso de efectiva tutela “con todas las garantías” (artículo 24.2 de la Constitución) es
sustantividad comprometida constitucionalmente a diferencia del procedimiento que es
formalidad acrítica y mecanicista. El logro de un proceso de efectiva tutela “con todas las
garantías” (artículo 24.2 de la Constitución) con su sustantividad garantística justifica y
corrige las “anomalías” en la aplicación mecanicista, adjetiva, atemporal y acrítica del
procedimiento” (Antonio María LORCA NAVARRETE [2019], “El Proceso Justo,
Equitativo y de Efectiva Tutela”, p. 17. Instituto Vasco de Derecho Procesal, San
Sebastián).

6°. Que nadie discute la facultad del legislador para diseñar un sistema
procesal expedito encaminado a lograr el efectivo cumplimiento de obligaciones
civiles. Esta afirmación resulta obvia respecto de obligaciones fijadas por una
resolución judicial firme que pone fin al proceso. Con todo, también es pacífico
sostener que hay razones que permiten al legislador, en general, establecer títulos
ejecutivos sin necesidad de que exista previa declaración judicial. En otras palabras,
puede el legislador estatuir políticas públicas llamadas a configurar un sistema de
cobro de acreencias que permita el correcto funcionamiento de los mercados de pago.
Es en virtud de esta consideración que puede el legislador fijar los requisitos de todo
título ejecutivo como presupuestos de la vía compulsiva, cuidando de hacerlo
consistir siempre en un antecedente tan sólido y firme que permita asimilarlo a una
sentencia definitiva.

7°. Que, tratándose de títulos ejecutivos extendidos sin la intervención ni
voluntad del deudor, cabe hacer algunas precisiones.

Desde luego, en el proceso de liquidación tramitado ante el Décimo Tercer
Juzgado Civil de Santiago no concurren elementos que permitan afirmar que nos
encontramos en sede de gestión preparatoria. Así, del mérito del proceso en el que se
suscita la gestión pendiente no aparece que el actor quiera preparar la ejecución por
el reconocimiento de firma o por la confesión de la deuda, en los términos fijados por
el artículo 435 del Código de Procedimiento Civil.

Tampoco cabe sostener que nos encontremos en la gestión sub lite ante un
título compuesto. Estos se caracterizan porque no necesariamente constan de un solo



20
0000729
SETECIENTOS VEINTINUEVE




instrumento, sino que “ … puede estar integrado por varios documentos y otros elementos
que tengan entre sí conexiones jurídicas concurrentes e incluso posteriores a la formación del
título documental , sin que por ello se desvirtúe la exigencia de que el título debe bastarse a sí
mismo, porque del conjunto de los elementos relacionados y vinculados con el acto o negocio de
que se trata (título ejecutivo sustancial) fluye la exigibilidad del título para los obligados al
cumplimiento de la prestación que nace de dicho acto o negocio” (René VERGARA
VERGARA [1983]: “Consideraciones sobre el problema de la unidad o multiplicidad del título
ejecutivo”, p. 56. Publicado en Revista de Derecho, Universidad de Concepción, número
173, año LI, pp. 51-56).

En el caso que nos ocupa, la determinación de lo que se debe y la exigibilidad
actual del crédito cuya ejecución se pretende dependen enteramente de la voluntad
del acreedor BCI Corredores de Bolsa S.A., y esto es así porque el artículo 47 de la Ley
18.045, sobre Mercado de Valores, establece que el documento emitido por el corredor
de bolsa o por su oficina que acredite la liquidación de una operación efectuada entre
éste y otros corredores o sus clientes, tendrá mérito ejecutivo. Sin más trámite. Sin
que aparezca testimonio de que concurra la voluntad del deudor en orden a aceptar
la exigibilidad actual y la liquidación del crédito. Desde luego, advertimos que los
aludidos no son aspectos que el juez que conoce de la ejecución se encuentre en
condiciones de controlar en los términos estatuidos por los artículos 437, 441 y 442 del
Código de Procedimiento Civil, ni de atender a través de las excepciones previstas por
el artículo 464 de ese mismo estatuto procesal. Se trata de elementos pertenecientes a
la esencia del título aparejado a la ejecución de los autos C-345-2025, seguidos ante el
Décimo Tercer Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago.

8°. Que esta Magistratura ha tenido la oportunidad de pronunciarse, en
reiteradas ocasiones, sobre la inaplicabilidad de otros preceptos legales que permiten
la generación de títulos ejecutivos por el acreedor, sin intervención del deudor. Tal es
el caso del artículo 47 del Decreto Ley N° 3063, de 1979, Ley de Rentas Municipales,
que otorga mérito ejecutivo al certificado que acredite la deuda emitido por el
secretario municipal. A modo ejemplar, en la causa Rol N° 15.153-24 – rechazada por
empate de votos – estos disidentes estuvimos por acoger el requerimiento teniendo
presente lo siguiente:

“14°. Que, el precepto legal que concede mérito ejecutivo a la certificación municipal
erige ipso iure al municipio como acreedor y como un ente creador de una obligación
patrimonial que, sin embargo, es controvertida, más allá y antes de la gestión pendiente o, al
menos, que plantea un debate en torno a su inexistencia, según la actora, o exige un complejo
entramado de normas legales y administrativas para sostenerla, como ha argumentado el
Municipio, con pronunciamientos Contralores y Jurisdiccionales en uno y otro sentido.
Mediante este expediente, que conduce a la emisión de un acto administrativo de certificación,
se hurta entonces a la requirente el derecho al juicio declarativo y, subrogando a la cognición
judicial ordinaria, se somete el escrutinio del título a las reglas y a la lógica del juicio ejecutivo,




21
0000730
SETECIENTOS TREINTA




en circunstancias que lo procedente, como expresión del derecho a la tutela judicial, es que la
controversia se someta a un juicio declarativo;

15°. Que, la facultad de cognición, expresada en la trilogía de potestades que la
Constitución atribuye a los Tribunales en su artículo 76, ordenada mediante las reglas legales
propias de un procedimiento declarativo, es, entonces, la primera garantía para la defensa de
los derechos de aquel en contra de quien se sostiene una acreencia dubitada, no resultando
constitucionalmente admisible la sustitución de ese poder-garantía de juzgamiento por el
ejercicio de la potestad de ejecución, mediante la emisión de un acto administrativo unilateral.

Así, el derecho fundamental al procedimiento racional y justo exige, cuando hay
controversia sobre la existencia misma de la deuda, la sustanciación previa de un juicio
declarativo. Es, precisamente, esta última vía la que ha permitido a los tribunales sostener la
doctrina según la cual el cobro de derechos “por ocupaciones de la vía pública con mantención
de escombros, materiales de construcción, andamios y cierres, etc. (artículo 41, Nº 2 del D.L.
Nº 3.063) sólo es aplicable previa emisión de un acto administrativo autorizatorio, que en la
especie [una empresa de electricidad que impugna una ordenanza] sería claramente
improcedente” (Corte Suprema Rol N° 832-1997, c. 9°. En sentido similar, Rol N° 4.844-
2014);

16°. Que, en fin, la facultad legal del ejecutado de oponer excepciones en el proceso
ejecutivo ciertamente no purga los efectos contrarios a la Constitución que produce la
aplicación del precepto legal reprochado, en este caso, dadas las exigencias de un procedimiento
racional y justo, pues el conocimiento de una pretensión defensiva en un proceso ejecutivo civil
-diseñado bajo la Carta de 1833 y donde solo merced de la interpretación evolutiva ha sido
posible encontrar espacio a los contenciosos administrativos de legalidad- traslada al
demandado la carga de desvirtuar la prueba privilegiada que resulta del título ejecutivo y
favorece al Municipio al alterar la natural carga de probar la existencia de las obligaciones que
reclama.

En este sentido, es útil recordar que una doctrina que ha sido recibida por la Corte
Suprema sostiene que el título ejecutivo da cuenta de una prueba privilegiada y que corresponde
al ejecutado revertir dicha evidencia (Rol N° 6.335-2022). En la misma línea, se tiene también
presente que hay criterios autorizados de interpretación judicial que sostienen que el escrutinio
del título ejecutivo municipal en el procedimiento de oposición es, más bien, estricto (Rol N°
56.345-2021)”.

9°. Que el escrutinio de la racionalidad y justicia de la aplicación del precepto
legal que se viene impugnando, de cara al debido proceso legal reconocido por la
Constitución como una garantía en favor de todas las personas, nos lleva a concluir
que el requerimiento de fojas 1 debe ser acogido, más aún teniendo en cuenta las
circunstancias del caso concreto en el cual se ha suscitado la gestión pendiente.

Así, el empleo del título así configurado sirvió como elemento fundante para
que el señor juez de la causa proveyera que se tenga por interpuesta solicitud de
liquidación forzosa de conformidad a lo dispuesto en los artículos 117 y siguientes de




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0000731
SETECIENTOS TREINTA Y UNO




la Ley 20.720, en contra de Asesorías e Inversiones Sartor S.A., rol único tributario
número 76.192.568-7, citando a las partes a audiencia inicial del procedimiento
contemplado en ese cuerpo legal., En consecuencia, de desestimarse la oposición del
deudor y prosperar la pretensión compulsiva de BCI Corredores S.A., quedará el
deudor inhibido de pleno derecho de la administración de todos sus bienes presentes,
y no podrá comparecer en juicio como demandante ni como demandado en lo relativo
a los bienes objeto del Procedimiento Concursal de Liquidación.

10°. Que, en fin, no discutimos la potestad del legislador de instaurar vías
ejecutivas diferentes a la común prevista en el Código de Procedimiento Civil en
materia de cumplimiento de obligaciones de dar.

Tal margen, sin embargo, dista de ser absoluto. Puede el legislador disponer
reglas y principios procesales particulares en el procedimiento ejecutivo, a condición
de respetarse siempre las garantías de un procedimiento racional y justo. El debido
proceso, como es natural, también se extiende al cumplimiento de las resoluciones
judiciales y a la ejecución de obligaciones civiles. Puestas las cosas de este modo,
sostenemos que una ejecución como la descrita en las consideraciones que preceden
es, a nuestro juicio, ha permitido iniciar un proceso de liquidación concursal
valiéndose de un documento que cuenta con ropaje de título ejecutivo, pero que a la
vez impide una adecuada defensa para el deudor ejecutado, no satisfaciéndose en el
caso concreto la exigencia constitucional de garantizar siempre las garantías de un
procedimiento racional y justo. Lo anterior sólo es posible de remediar dando cabida
a la acción deducida en el requerimiento de fojas 1.



Redactó la sentencia la Ministra señora MARÍA PÍA SILVA GALLINATO. La
redacción corresponde al Ministro señor HÉCTOR MERY ROMERO.



Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.
Rol N° 16.240-25-INA




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SETECIENTOS TREINTA Y DOS


Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 30/01/2026



Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida María Pía Silva Gallinato
Fecha: 30/01/2026 Fecha: 30/01/2026



Miguel Angel Fernández González Raúl Eduardo Mera Muñoz
Fecha: 30/01/2026 Fecha: 30/01/2026



Catalina Adriana Lagos Tschorne Héctor Antonio Mery Romero
Fecha: 30/01/2026 Fecha: 30/01/2026



Alejandra Precht Rorris
Fecha: 30/01/2026


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta,
Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros señora Nancy
Adriana Yáñez Fuenzalida, señora María Pía Silva Gallinato, señor Miguel Ángel
Fernández González, señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana
Lagos Tschorne, señor Héctor Mery Romero y señora Alejandra Precht Rorris.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional, señor Sebastián
López Magnasco.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 30/01/2026




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