TC Rol 16304

Texto completo

0000269
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE




2026

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
____________

Sentencia
Rol 16.304-2025
[15 de enero de 2026]

____________



REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD DE LA FRASE "A CONTAR DE LA
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL DECRETO APROBATORIO DE LA
CUENTA", CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 5° DE LA LEY N° 18.900,
QUE PONE TÉRMINO A LA EXISTENCIA DE LA CAJA CENTRAL
DE AHORROS Y PRÉSTAMOS Y A LA AUTORIZACIÓN DE
EXISTENCIA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE AHORRO Y
PRÉSTAMO


INMOBILIARIA E INVERSIONES FRACOIA S.A.

EN EL PROCESO ROL C-4528-2022, SEGUIDO ANTE EL VIGÉSIMO SÉPTIMO
JUZGADO DE LETRAS EN LO CIVIL DE SANTIAGO



VISTOS:

Que, con fecha 14 de marzo de 2025, Inmobiliaria e Inversiones Fracoia S.A.
acciona de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de la oración “a contar de
la fecha de publicación del decreto aprobatorio de la cuenta”, contenida en el artículo 5° de
la Ley N° 18.900, que pone término a la existencia de la Caja Central de Ahorros y
Préstamos y a la autorización de existencia de la Asociación Nacional de Ahorro y
Préstamo, para que ello incida en el proceso Rol C-4528-2022, seguido ante el Vigésimo
Séptimo Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago.




1
0000270
DOSCIENTOS SETENTA




Precepto legal cuya aplicación se impugna:

El texto del precepto legal impugnado dispone lo siguiente en su parte
destacada:



“Ley N° 18.900, que pone término a la existencia de la Caja Central de Ahorros
y Préstamos y a la autorización de existencia de la Asociación Nacional de Ahorro y
Préstamo

(…)

“Artículo 5°.- Para todos los efectos legales, a contar de la fecha de publicación
del decreto supremo aprobatorio de la cuenta, serán de cargo fiscal las obligaciones de la
Caja y de la Asociación que no alcanzaren a quedar cubiertas por el producido de las
liquidaciones, debiendo consultarse los fondos necesarios en el presupuesto de la Nación, en
conformidad a lo dispuesto en el artículo 21, del decreto ley N° 1.263, de 1975”.



Síntesis de la gestión pendiente y del conflicto constitucional sometido al
conocimiento y resolución del Tribunal

Expone la requirente que la gestión pendiente corresponde a una demanda de
responsabilidad por falta de servicio del Estado deducida en mayo de 2022 ante el
Vigésimo Séptimo Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, en razón de los más de
30 años en que, indica, se ha incumplido la obligación de pago de deudas del Sistema
Nacional de Ahorro y Préstamo (SINAP), al que se le puso término por mandato legal
de la Ley N°18.900. En subsidio, dedujo demanda de cobro de pesos, exigiendo el
equivalente a los montos que invirtió en ahorros en las Asociaciones de Ahorro y
Préstamo Bernardo O'Higgins, Casas Chile y Ahorro Centro, entidades hoy disueltas
conforme a la Ley.

Detalla que Inmobiliaria e Inversiones Fracoia S.A. es titular de diversos
documentos denominados “Valores Hipotecarios Reajustables” (VHR), emitidos por
diferentes asociaciones del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo (SINAP), con un
interés pactado del 6% anual, por una suma total de E° 29.912.043 (veintinueve
millones novecientos doce mil cuarenta y tres Escudos). Señala que hasta la fecha no
ha podido recuperar sus inversiones de manos del Fisco de Chile producto del
incumplimiento de la obligación legal contemplada en la Ley N°18.900. Explica que
los documentos fueron adquiridos por diferentes vías según se detalla: por aporte de
doña Moira Jane Squirrell Romero, quien los adquirió por cesión de doña Juana Cibié
Grignon, correspondientes a créditos 5640, 7112, 5747 y 2178, 3437, 3596 de la A.A.P.
Casas Chile; y créditos 34116, 49047, 53806 y otros que constan en certificados de
endoso N°s 42147, 42180, 58032, 58364, 61789, 62647, 62763, 63002 y 63330, y cuenta
especial de ahorro N° 81.400.615 de la A.A.P. Bernardo O'Higgins; créditos N° 22434,
N° 26071, N° 26106 y N° 26138 de la A.A.P. Casas Chile, adquiridos por cesión de doña




2
0000271
DOSCIENTOS SETENTA Y UNO




Moira Jane Squirrell Romero; créditos de la cuenta especial de ahorro N° 05207 de
A.A.P. Ahorrocentro y cuenta N° 81.400.537 de A.A.P. Bernardo O'Higgins,
adquiridos por cesión de don José Luis Norris, quien a su vez los adquirió por cesión
de don Joaquín Pallin Oñate; y créditos de la cuenta especial de ahorro N° 81.400.872
de A.A.P. Bernardo O'Higgins, adquiridos por cesión de don René Rodríguez Arias,
quien a su vez los adquirió por cesión de doña Silvia Santelices González.

Anota que el sistema de las cajas de ahorro comenzó a decaer y sufrió
modificaciones durante los primeros años del Gobierno Militar, cerrándose varias
Cajas de Ahorro y fusionándose otras, quedando todas reunidas en la ANAP, sin que
los ahorrantes tuvieran acceso a los fondos depositados durante años. Luego de que
el Decreto Ley N°1.381 de fecha 23 de marzo de 1976 obligara a las Asociaciones de
Ahorro y Préstamo a consolidar y pagar dentro del plazo de 60 días las deudas que
mantenían con el Banco Central de Chile, cediéndole los créditos hipotecarios que
tenían para cobro y dejándolas sin patrimonio y sin liquidez, dichas asociaciones
cerraron sus oficinas, dejando de atender a los ahorrantes.

Señala que la Ley N°18.900, publicada en el D.O. el 16 de enero de 1990, puso
término al SINAP, disponiendo que la ANAP debía terminarse por el solo ministerio
de la ley, quedando todos sus derechos, obligaciones y patrimonio radicados en la
CCAP, en calidad de sucesora, la cual subsistiría con el solo propósito de liquidarse.
El artículo 4° de la Ley estableció que el producto neto de la liquidación de la Caja y
de la Asociación sería ingresado a rentas generales de la Nación, y que los bienes no
enajenados o liquidados se entenderían transferidos por el solo ministerio de la ley al
dominio del Fisco. Por su parte, el artículo 5° dispuso que serían de cargo fiscal las
obligaciones de la Caja y de la Asociación que no alcanzaren a quedar cubiertas por el
producido de las liquidaciones, pero supeditó dicho traspaso a la aprobación de la
cuenta por parte del Presidente de la República.

Precisa, además, que mediante Dictamen N°14.563, de 11 de abril de 2003, la
Contraloría General de la República expresó que el Fisco carece de título para hacerse
cargo del pago de las prestaciones pecuniarias derivadas de las obligaciones de las
instituciones en liquidación, haciendo presente al Ministerio de Hacienda la necesidad
de que se adopten las medidas pertinentes para que, en definitiva, subsanen los
inconvenientes que han impedido aún la aprobación de la cuenta aludida. La
Contraloría reiteró su prevención en sucesivos dictámenes: N° 41.240 (2006), N° 5.533
(2009), N° 5.907 (2010), N° 55.119 (2012) y N° 78.027 (2015).

Agrega que, posteriormente, mediante Dictamen N°25.892, de 2018, el mismo
Ente Contralor constató la imposibilidad material de realizar y aprobar dicha cuenta,
concluyendo que tras 28 años desde la publicación de la Ley N°18.900, la cuenta no se
podría nuevamente rendir en la actualidad, toda vez que la Caja Central de Ahorros
y Préstamos no existe, así como tampoco los antecedentes necesarios para que aquella
sea llevada a cabo y aprobada, declarando que la vía para la obtención del
resarcimiento es la jurisdiccional.



3
0000272
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS




Al fundar el conflicto constitucional, la requirente sostiene que la aplicación
de la frase impugnada del artículo 5° de la Ley N°18.900 vulnera el principio de
servicialidad del Estado establecido en el inciso cuarto del artículo 1° de la
Constitución Política de la República, el derecho de propiedad consagrado en su
artículo 19 N°24, la igual protección de los derechos y el acceso a la tutela judicial
efectiva contenidos en el artículo 19 N°3, así como la garantía del contenido esencial
de los derechos prevista en el artículo 19 N°26.

En relación con el principio de servicialidad del Estado, argumenta que el
precepto legal impugnado colisiona con uno de los más importantes principios
constitucionales, al supeditar la respuesta fiscal a la aprobación presidencial de la
cuenta. Sostiene que la frase que condiciona la tarea estatal a la ocurrencia de una
circunstancia que depende únicamente del mismo Estado importa invertir la relación
de servicialidad, pues al quedar sujeto a la mera voluntad del Estado el asumir el rol
que la Ley N°18.900 le impone, en la práctica hace que se ponga al individuo al servicio
del Estado, dado que los particulares solo verán solucionadas sus acreencias y
restituidos sus bienes si el Poder Público quiere, lo que no ha pasado por cuarenta
años y muy probablemente nunca sucederá.

Respecto a la vulneración del derecho de propiedad, explica que el derecho de
dominio comprende las facultades de usar, gozar y disponer la cosa o el bien sobre el
cual recae, facultades inherentes contempladas en el artículo 582 del Código Civil.
Señala que en su caso, el Estado de Chile le ha privado de su derecho de dominio sobre
los dineros depositados como ahorro para la vivienda, al impedirle el acceso a dichos
fondos y negarse por décadas a hacer devolución de los mismos.

Expone que la privación del dominio se produce no solo despojando al dueño
del objeto sobre el cual recae su derecho de dominio, sino también al despojarlo de
alguna de las facultades propias de dicho derecho y ciertamente, al impedir que las
ejerza libremente, sea por vías de hecho o por la dictación de implementación de
regulaciones que lo impidan, las que siempre serán contrarias a la Constitución.

Luego, explica que la norma legal cuya constitucionalidad se impugna ha
devenido en una actuación de confiscación por parte del Estado, al mostrarse como el
apoderamiento de los dineros de los ahorrantes que fueron traspasados desde el
dominio privado al patrimonio del Estado, asumiendo éste la obligación de
restituirlos pero sólo después de que concurra una circunstancia que depende
únicamente de su propia diligencia, como es la aprobación y publicación de una
cuenta que, según lo han reconocido distintas autoridades, es imposible rendir.

Indica que este Tribunal ha definido la confiscación como el apoderamiento de
los bienes de una persona que se traspasan desde el dominio privado al del Estado,
sin ley que justifique la actuación ni proceso en que se ventilen los derechos del
afectado. Agrega que en el caso concreto, ese es justamente el resultado que produce
la aplicación de la frase denunciada en el artículo 5° de la Ley N°18.900, pues al dejar
sujeto el traspaso de las deudas del SINAP a la aprobación de la cuenta por parte del



4
0000273
DOSCIENTOS SETENTA Y TRES




Presidente de la República, en la práctica configura una obligación meramente
potestativa del Estado respecto a la devolución de los dineros y activos que son de
propiedad de los particulares y que el Estado debe restituir. Hace presente que la
mencionada condición meramente potestativa de la que dependería la exigibilidad de
la obligación del Estado de restituir el dinero a los ahorrantes del SINAP jamás se
cumplirá, tal como lo reconoció en 2019 el entonces Ministro de Hacienda, sr. Felipe
Larraín Bascuñán en Ord. N°1149, de 12 de junio de 2019, y la propia Contraloría
General de la República en Dictamen N°25.892, de 2018.

En cuanto a la transgresión de la igual protección de los derechos y el acceso a
la tutela judicial efectiva, desarrolla que el artículo 19 N°3 de la Carta Política consagra
el derecho a una igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos de cada
habitante de la República, disposición que se refiere al debido proceso, garantía que
se desarrolla como la exigencia al Estado de garantizar un justo y racional
procedimiento que, si bien no se encuentra definido en la Constitución, se entiende
como el derecho a someter los conflictos jurídicos a la decisión de los tribunales de
justicia mediante un procedimiento que asegure, al menos, una tramitación
legalmente establecida, racional y justa.

Argumenta que este derecho a un justo y racional procedimiento también
contempla el derecho de las personas a acceder libremente a un tribunal de justicia
para la protección de sus derechos, también conocido en la doctrina moderna como
derecho a la tutela judicial efectiva, que es uno de los derechos asegurados por el N°3
del artículo 19 de la Constitución.

Sostiene que en el caso concreto se genera un atropello al N°3 del artículo 19
de la Carta Política, toda vez que se genera un impedimento absoluto para el ejercicio
de la igual protección de los derechos, materializada en la completa imposibilidad de
solicitar la tutela judicial efectiva. Ello, pues cualquier acción de restitución de los
VHR o depósitos del SINAP deducida ante el Fisco de Chile se verá indefectiblemente
frustrada por la operación de esta condición meramente potestativa. Indica que
existen sentencias previas que han declarado la inaplicabilidad del precepto
impugnado en casos análogos. Refiere que el pleno de la Excma. Corte Suprema
declaró inaplicable a la causa rol N°8397-92 la norma del artículo 5° de la Ley N°18.900
por sentencia de 19 de agosto de 1994, señalando que el depósito aludido ha quedado
supeditado al cumplimiento previo de un evento futuro- cuál es la dictación del
decreto supremo aprobatorio de la cuenta- lo que evidentemente condiciona la
exigibilidad de la obligación contraída como pura y simple, y que en estas
condiciones, los reclamantes de autos ven efectivamente restringidos y quebrantados
los atributos esenciales del dominio que tienen sobre el depósito de valores del que
son titulares, y, también, este Tribunal ha declarado la inaplicabilidad del precepto en
diversas oportunidades.




5
0000274
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO




Tramitación

El requerimiento fue acogido a trámite por la Segunda Sala con fecha 18 de
marzo de 2025, a fojas 225. Se otorgó traslado a las demás partes de la gestión invocada
con relación al cumplimiento de los requisitos de admisibilidad.

Precluido el plazo otorgado en la resolución de admisión a trámite, el
requerimiento fue declarado admisible por resolución de fojas 235, de 14 de abril del
mismo año, confiriéndose traslados de fondo a las demás partes de la gestión invocada
y a los órganos constitucionales interesados.



A fojas 243, en presentación de 7 de mayo de 2025, evacúa traslado el Consejo
de Defensa del Estado y solicita el rechazo del requerimiento.

Indica que el libelo carece de conflicto constitucional, ya que el reproche
formulado no versa sobre una vulneración sustantiva de garantías constitucionales,
sino sobre una disconformidad respecto de una regla procesal que ha sido aplicada
sin haber sido declarada contraria a la Constitución. Explica que dicho sistema se
instauró, se desarrolló y se ejerció a través de entidades de carácter privado, en las que
el Fisco no tenía participación alguna. El artículo 2° de la Ley N° 16.807 señaló que las
operaciones de la Caja Central de Ahorro y Préstamos, no de las Asociaciones de
Ahorro y Préstamo, gozarían de la garantía del Estado. Ha de resaltarse que tal
garantía sólo cubrió el capital y su reajuste, sin considerar los intereses ni ningún tipo
de rentabilidad, y además determinó una garantía limitada. El artículo 23 de la Ley
N° 18.482, de 28 de diciembre de 1985, derogó expresamente los artículos 64 y 68 al 74
de la Ley N° 16.807, con lo cual desde esa fecha se extinguió la limitada garantía que
tenían los depósitos en las Asociaciones de Ahorro y Préstamo.

Argumenta que para el Estado ha sido absolutamente imposible determinar
quiénes serían acreedores de la Asociación y cuánto se les adeudaría en total y a cada
cual, por cuanto la ANAP entregó al respecto una documentación ininteligible, que
ha sido imposible interpretar. Nunca se ha cumplido la exigencia contemplada en el
artículo 3° de la Ley N° 18.900, que consistía en incluir en la cuenta "un inventario de
todos los derechos, obligaciones y patrimonio de ésta y de la Asociación". Ante esta
realidad se produjo la total imposibilidad de aprobar la cuenta por parte de los cinco
presidentes que han gobernado a Chile desde el año 1990.

Anota que así lo ha entendido la Contraloría General de la República, siendo
el pronunciamiento más reciente su dictamen E189756/2022, de 1 de marzo de 2022,
que señala, al señalar que por una parte, la cuenta a que se refiere el artículo 3° de la
Ley N°18.900 no fue aprobada y, por otra, el transcurso del tiempo -más de 28 años
desde la publicación de la Ley N°18.900-, es necesario concluir que la aludida cuenta
no se podría nuevamente rendir en la actualidad, toda vez que la anotada Caja Central
de Ahorros y Préstamos no existe, así como tampoco los antecedentes necesarios para
que aquella sea llevada a cabo y aprobada". En base a lo anterior, la Contraloría



6
0000275
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO




concluye que la obligación del Ministerio de Hacienda contenida en el señalado
artículo 3° de la Ley N° 18.900 fue cumplida y, existiendo una imposibilidad material
de realizarse y aprobarse la cuenta en comento, no se reúnen los requisitos legales
para que el Fisco asuma las obligaciones de la Caja y de la Asociación que no
alcanzaron a quedar cubiertas por el producido de las liquidaciones.

Señala que el Presidente de la República no tiene -ni ha tenido- la obligación
de aprobar la cuenta de la liquidación de la Asociación Nacional de Ahorro y
Préstamo, como única opción, puesto que toda cuenta rendida puede ser aceptada, o
igualmente puede ser rechazada.

Desarrolla que en virtud del precepto legal impugnado, el Fisco no privó al
ahorrante de su acreencia, sino que únicamente asumió la obligación de satisfacerla
en forma subsidiaria y sujeto a un presupuesto, lo que no colisiona con el texto de la
Carta Fundamental y que a la fecha no se ha verificado. Lo que hace la Ley N° 18.900
en su artículo 5º, es imponerle al Fisco una obligación subsidiaria pero sujeta a la
comprobación de saldos insolutos. Claramente, se trata de obligaciones distintas. La
primitiva era de cargo de la respectiva Asociación de Ahorro y Préstamo; la segunda,
es de cargo del Fisco, pero una vez que se tenga la certeza que la cuenta final de
liquidación de la respectiva Asociación de Ahorro y Préstamo no alcanzó para pagar
el depósito.

Anota, demás, que el artículo 5° de la Ley N° 18.900 no ha podido afectar el
derecho de dominio del recurrente sobre su depósito de dinero primitivamente
colocado en la Asociación de Ahorro y Préstamo, porque no se refiere a la obligación
que tenían tales Asociaciones de restituir íntegramente tales dineros, sino que impone
al Fisco de Chile la obligación de pagar al ahorrante la diferencia que no ha podido
ser cubierta con la liquidación final de la respectiva Asociación y si es que no es
cubierta.

Argumenta que el presente requerimiento debió ser declarado inadmisible por
cuanto la eventual inaplicabilidad de la frase solicitada por el requirente tampoco
tiene mayor incidencia en las resultas de la gestión pendiente. Para que el Fisco se
haga cargo con sus propios recursos de las obligaciones de la Caja y Asociación, la
norma exige no sólo la condición de aprobarse la cuenta, sino además, que se trate de
obligaciones que no hayan alcanzado a quedar cubiertas con el producido de las
liquidaciones, lo que supone que ellas se hayan practicado, según indica el texto del
artículo 5° de la Ley N° 18.900 respecto del cual no se ha solicitado la inaplicabilidad.

Cita jurisprudencia de este Tribunal en sentencia Rol N° 967, señalando que el
conflicto cuya resolución se solicita a esta Magistratura no implica una cuestión de
constitucionalidad de aquellas que corresponde resolver a este Tribunal, sino una
cuestión de legalidad. El libelo deducido carece de fundamento plausible, por cuanto
pretende que la Magistratura Constitucional desentrañe el real sentido y alcance de la
norma reprochada, motivos suficientes para que este Tribunal rechace en todas sus
partes la presente inaplicabilidad.



7
0000276
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS




A fojas 256, por decreto de 23 de mayo de 2025, se trajeron los autos en relación.



Vista de la causa y acuerdo

La Sesión de Pleno de 1 de octubre de 2025 comenzó a las 9.30 horas, oyéndose
la relación pública y los alegatos de los abogados señores Ricardo Abuauad Dagach,
por la parte requirente, y Francisco Pfeffer Urquiaga, por la parte del Consejo de
Defensa del Estado. Se adoptó acuerdo con igual fecha, conforme certificación del
relator a fojas 268.



Y CONSIDERANDO:

PRIMERO. Que se ha deducido por don Pablo Marín Concha, en
representación de Inmobiliaria e Inversiones Fracoia S.A., requerimiento de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de la frase “a contar de la fecha de
publicación del decreto supremo aprobatorio de la cuenta”, contenida en el artículo 5° de la
Ley N° 18.900 que pone término a la existencia de la Caja Central de Ahorros y
Préstamos y a la autorización de existencia de la Asociación Nacional de Ahorro y
Préstamo, para que tal declaración incida en la causa rol C-4528-2022, seguido ante el
Vigésimo Séptimo Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, sobre cobro de pesos
deducida de forma subsidiaria a la acción principal de responsabilidad por falta de
servicio del Estado. La parte requirente alega que la aplicación del precepto
impugnado en la gestión pendiente vulnera la igual protección de la ley en el ejercicio
de los derechos, el derecho de propiedad, el contenido esencial de los derechos, así
como el principio de servicialidad del Estado, lo que infringiría los artículos 1 inciso
cuarto y 19 numerales 3, 24 y 26 de la Constitución.

SEGUNDO. Que esta Magistratura ha conocido de requerimientos de
inaplicabilidad análogos y los ha acogido en todas las oportunidades por estimar que
la aplicación del precepto cuestionado produce un efecto contrario a la Carta
Fundamental (STC roles 944, 2.793, 9.308, 13.541, 13.908, 13.912, 14.077, 14.538, 15.423,
15.145, 15.058, 15.457, entre otras). En las sentencias estimatorias se han establecido
los siguientes criterios: (i) la supresión del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo
por medio de la Ley 18.900 no suspende la posición de garante que le corresponde al
Estado de Chile, toda vez que ésta posición por subrogación es una obligación que le
asiste al Estado a través de la Caja Central de Ahorros y Préstamos y del Fisco; (ii) la
condición impuesta por el artículo 5° impugnado, es una “condición” suspensiva y
meramente potestativa del depositario (Fisco de Chile), que hace ilusoria el
cumplimiento de la obligación y, consecuentemente, la propiedad del depositante
respecto de las obligaciones derivadas del contrato de depósito; (iii) la falta de un
decreto aprobatorio de la cuenta presentada por la Caja Central de Ahorros y
Préstamos tuvo por único objeto determinar los recursos con cargo a los cuales el Fisco
de Chile en su calidad de sucesor legal de ésta se haría cargo de sus respectivas



8
0000277
DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE




obligaciones sean con aquellos propios de la Caja o nuevos recursos fiscales, la
omisión de dicho acto administrativo es inoponible a los depositantes, acreedores de
la obligación de restitución; (iv) si bien la Ley 18.900 hizo desaparecer el sujeto
obligado a restituir lo depositado (Caja Central de Ahorros y Préstamos), lo sustituyó
por el Fisco condicionando la existencia de la obligación al cumplimiento de una
condición suspensiva meramente potestativa del deudor que no se ha cumplido y a la
que se encuentra supeditado el pago de una obligación de restitución del dinero
depositado, la que por su naturaleza debe ejercerse a voluntad del depositante y no
del depositario; (v) finalmente, el Estado en calidad de garante de los depósitos
efectuados por particulares en el Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo no puede
escudarse en la naturaleza meramente potestativa de sus obligaciones para
incumplirlas sin afectar dos conceptos básicos de la convivencia constitucional, cuales
son el respeto efectivo a los derechos de las personas y la circunstancia de que las
normas legales se expiden para la concreción veraz y efectiva del bien común.

TERCERO. Que, al tratarse de una jurisprudencia asentada en esta
Magistratura, en esta sentencia haremos nuestros los argumentos ya vertidos por este
Tribunal, y reseñados en el considerando precedente, toda vez que en estos autos no
se han hecho valer argumentaciones que permitan modificar lo ya resuelto.

CUARTO. Que, en efecto, el Consejo de Defensa del Estado reitera las
argumentaciones vertidas en los procesos de inaplicabilidad previos, sin hacerse cargo
de la jurisprudencia de esta Magistratura, afirmando la imposibilidad material y
jurídica de cumplir las condiciones previstas por la Ley N°18.900 para que el Fisco
asuma las obligaciones insolutas de la Asociación Nacional de Ahorro y Préstamo. En
efecto, sostiene que desde la dictación de la ley impugnada no ha sido posible aprobar
la cuenta exigida por su artículo 3°, debido a que la documentación proporcionada
por la Asociación resultó ininteligible e incompleta, impidiendo determinar con
precisión quiénes serían acreedores, cuáles serían sus créditos y cuál sería el
patrimonio efectivamente liquidable. Agrega que tal falta de antecedentes ha
impedido aprobar la referida cuenta, lo que a su vez torna imposible verificar la
existencia de saldos insolutos susceptibles de ser asumidos por el erario. Desde esta
perspectiva, argumenta que la obligación estatal configurada en el artículo 5° es de
carácter estrictamente subsidiario y eventual, supeditada a presupuestos normativos
que nunca se han verificado, y que pretender prescindir de tales condiciones
desnaturalizaría la estructura legal diseñada por el legislador. Por lo mismo, afirma
que la alegada vulneración del derecho de propiedad no puede prosperar, puesto que
la falta de restitución no proviene de un acto del Estado, sino de la inexistencia de
antecedentes mínimos que permitan determinar la existencia, monto y titularidad del
crédito reclamado, situación que —a juicio del Consejo de Defensa del Estado—
conduce necesariamente al rechazo de las pretensiones del requirente.

QUINTO. Que corresponde reiterar que, con independencia de las cuestiones
acerca de la determinación y liquidez, sobre el crédito de los depositarios existe un




9
0000278
DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO




derecho de propiedad, que se encuentra constitucionalmente protegido. El depósito
es “el contrato en que se confía una cosa corporal a una persona que se encarga de guardarla y
de restituirla en especie” (art. 2211 del Código Civil) que “se perfecciona por la entrega que
el depositante hace de la cosa al depositario” (art. 2212 del Código Civil). El contrato de
depósito se presenta de dos maneras: el depósito propiamente dicho y el secuestro
(art. 2214 del Código Civil); “El depósito propiamente dicho es un contrato en que una de
las partes entrega a la otra una cosa corporal y mueble para que la guarde y la restituya en
especie a voluntad del depositante” (art. 2215 del Código Civil). Si bien el Código Civil, en los
artículos transcritos, se refiere al depósito de especie o cuerpo cierto (depósito regular), el
artículo 2221 contempla también el depósito de dinero o “depósito irregular”: “En el depósito
de dinero, si no es en arca cerrada cuya llave tiene el depositante, o con otras precauciones que
hagan imposible tomarlo sin fractura, se presumirá que se permite emplearlo, y el depositario
será obligado a restituir otro tanto en la misma moneda”. Respecto del depósito de dinero, se
aplica el inciso 1° del artículo 2226 en cuanto “La restitución es a voluntad del depositante”;
y, asimismo, el artículo 2227 que dispone que “La obligación de guardar dura hasta que el
depositante la pida”.

De esta forma, tratándose del depósito de dinero, la entrega de estos al
depositario, además de perfeccionar el contrato, constituye tradición, haciéndose
dueño el deudor de los dineros entregados, obligándose a restituir otro tanto en la
misma moneda o tantundem (Guzmán Brito, Alejandro. (2014). EL DEPÓSITO
IRREGULAR EN EL DERECHO CHILENO. Revista chilena de derecho privado, (23),
87-137. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-80722014000200003, pág. 121). De ahí que,
aunque pudiere ser cuestionable que sobre el dinero entregado el depositante siga
detentando el derecho de propiedad, cuestión que no es pacífica en la doctrina, resulta
de todas formas indudable que adquiere un derecho personal o crédito que puede
reclamar del depositario que por un hecho suyo ha contraído la obligación correlativa
de restituir (cfr., artículo 578 del Código Civil). Sobre este derecho personal o crédito,
que es una cosa incorporal, hay una especie de propiedad (cfr., artículo 583 del Código
Civil) que se encuentra protegida por el artículo 19 N° 24 de la Constitución.

En este punto no se debe olvidar la estructura de la obligación jurídica
compuesta por: los sujetos (acreedor y deudor), el objeto (prestación) y la relación
jurídica de carácter obligatorio que deriva de dicha obligación. Conforme a ello, el
acreedor tiene la facultad para exigir la prestación; y, el deudor, se encuentra en la
necesidad jurídica de efectuarla, de lo que se colige que, realizado un depósito a la
Asociación de Ahorro y Préstamo respectiva, el depositante adquiere un derecho
personal para exigir la restitución del dinero. Ese derecho, de acuerdo a lo razonado,
está protegido constitucionalmente.

SEXTO. Que sobre el depósito de dinero o “depósito irregular” la Corte
Suprema ha señalado que “aunque el citado artículo 2221 no lo establezca, esta clase de
depósito constituye un título traslaticio respecto del dinero entregado en depósito, razón por la
cual el depositario contrae una obligación de dar individuos de un género o fungibles (dinero).




10
0000279
DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE




En esta clase de obligaciones, como bien se sabe, el deudor no está obligado a la custodia de la
cosa, la cosa es dinero y la obligación restitutoria tiene por objeto ‘otro tanto de la misma
moneda’, perteneciendo al deudor el riesgo de pérdida o deterioro de la cosa debida” (Corte
Suprema, 31 de enero de 2017, rol 38.343-2016, c. 10°, y de forma más reciente: Corte
Suprema, 25 de julio de 2024, rol 53.047-2022, c. 10°).

SÉPTIMO. Que, si bien es cierto que las Asociaciones de Ahorro y Préstamos
dejaron de existir, no debe olvidarse que éstas se fusionaron en la Asociación Nacional
de Ahorro y Préstamo, quien pasaría a ser sucesora legal, en virtud del artículo 7° del
D.L. N° 3.480 de 1980 y, además, se mantuvo la garantía y control del Estado respecto
de la continuidad y regularidad del sistema. Con esta sucesión legal no hay una nueva
obligación, mucho menos esta se ha extinguido, sino sólo se ha modificado por medio
de la subrogación legal la persona del deudor. El depositante mantiene incólume su
derecho a solicitar la restitución del dinero, mas ahora a otro deudor, la Asociación
Nacional de Ahorro y Préstamo, que por disposición de ley ha contraído la obligación
correlativa (cfr., artículo 578 del Código Civil).

Ahora bien, el artículo 1 de la Ley 18.900 dispone: “Pónese término a la existencia
legal de la Caja Central de Ahorros y Préstamos, en adelante la Caja y a la autorización de
existencia de la Asociación Nacional de Ahorro y Préstamos, en adelante la Asociación, a contar
desde la fecha de vigencia de esta ley. La Caja asumirá exento de todo pago o impuesto, por el
solo mérito de la ley, los derechos, obligaciones y patrimonio de la Asociación, entendiéndose,
solamente, subsistente como persona jurídica para este efecto y el de liquidación de los
respectivos patrimonios por el término de tres meses” (énfasis agregado). De esta forma, es
en virtud del artículo 1 de la Ley 18.900 que la Caja Central de Ahorros y Préstamos -
que era un órgano público- pasa a subrogarse en la posición de deudora y depositaria
que ostentaba la Asociación Nacional de Ahorro y Préstamo. Nuevamente, el acreedor
depositante mantiene incólume su derecho a solicitar la restitución del dinero, mas
ahora a otro deudor, la Caja Central, órgano público que por disposición de ley ha
contraído la obligación correlativa.

Sin embargo, la Caja Central de Ahorro y Préstamos, como el artículo 1 se
encarga de precisar, sólo subsistía para los efectos de ser liquidada. En este sentido, el
artículo 3 de la Ley 18.900 establece que “La Caja en liquidación pondrá término a sus
funciones dando cuenta de su cometido, haya o no finiquitado las liquidaciones que le
encomienda esta ley, en las que incluirá un inventario de todos los derechos, obligaciones y
patrimonio de ésta y de la Asociación. Esta cuenta será sometida a la consideración del
Presidente de la República, por intermedio del Ministerio de Hacienda. Si la cuenta no fuere
aprobada, la Caja deberá continuar funcionando para el solo efecto de subsanar totalmente las
observaciones y reparos formulados a aquélla dentro del plazo que le fije el Presidente de la
República.

La aprobación de la cuenta será efectuada por el Presidente de la República mediante
decreto supremo expedido a través del Ministerio de Hacienda, que deberá publicarse en el
Diario Oficial”.



11
0000280
DOSCIENTOS OCHENTA




En definitiva, en virtud de la Ley N° 18.900, particularmente de su artículo 1,
la Caja Central de Ahorros y Préstamos, organismo público, pasó a ser deudora de la
obligación de restituir los dineros depositados originariamente a las Asociaciones de
Ahorro y Préstamo, siendo su sucesora legal.

OCTAVO. Que el artículo 2° inciso tercero de la Ley N° 16.807 establecía que
“Las operaciones de la Caja Central gozarán de la Garantía del Estado”. Consistente con lo
anterior, y atendido el carácter unitario del Estado (artículo 3 de la Constitución), es
que el artículo 4 de la Ley N° 18.900 estableció que “El producto neto de la liquidación de
la Caja y de la Asociación será ingresado a rentas generales de la Nación.

Los bienes, de cualquier naturaleza, no enajenados o liquidados por la Caja en
liquidación, se entenderán transferidos por el solo ministerio de la ley, exentos de todo derecho
o impuesto, al dominio del Fisco a contar desde la fecha de publicación del decreto que se
menciona en el artículo anterior. Los Conservadores de Bienes Raíces y el Servicio de Registro
Civil e Identificación deberá practicar las inscripciones y anotaciones que procedan con el solo
mérito de la exhibición de copia autorizada de dicho decreto”. Como puede apreciarse de la
lectura del articulo 4 transcrito y 5 impugnado, la Ley N° 18.900 dispuso que, tras la
disolución de un organismo público autónomo con patrimonio propio, sus activos y
pasivos sean trasladados al Fisco. Ello no podía ser de otra forma, atendido el carácter
unitario del Estado de Chile y el rol de garante de la Caja que había asumido en virtud
del artículo 2 de la Ley N° 16.807.

NOVENO. Que durante la tramitación de la Ley N° 18.900 se observó por la
Secretaría de Legislación lo siguiente:

“[Se establece] el deber de la Comisión Liquidadora de poner término a sus funciones
dentro del período de su mandato, haya o no finiquitado la liquidación, no señala efectos
específicos o sanciones para el evento de incumplimiento o cumplimiento extemporáneo de esta
obligación por parte de aquélla.

Tampoco se fija un plazo para la presentación de la cuenta que debe rendir la Comisión
al Presidente de la República, expirado el término de su mandato.

Tales omisiones no tienen mayor relevancia, tratándose del eventual retardo en la
presentación de la cuenta, en la medida en que el inciso segundo del artículo siguiente entiende
transferidos por el solo ministerio de la ley los bienes que la Comisión no haya enajenado o
liquidado, a contar desde la fecha de publicación del decreto que aprueba la cuenta.

Sin embargo, sería conveniente complementar el precepto en lo relativo a los efectos del
incumplimiento absoluto en la presentación de la cuenta, que podría afectar la eficacia de la
disposición” (Biblioteca del Congreso Nacional, Historia de la Ley 18.900, p. 18).

DÉCIMO. Que, ante la ausencia mantenida en el tiempo del decreto
aprobatorio de la cuenta, que condicionaba la aplicación de los artículos 4 y 5 de la
Ley N° 18.900, la Ley N° 19.229 vino a disponer que “pasarán a dominio fiscal, de pleno
derecho, a contar desde la fecha de publicación de esta ley, los bienes raíces y la cartera de




12
0000281
DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO




créditos hipotecarios que no fueron enajenados o liquidados por la Caja Central de Ahorros y
Préstamos en liquidación. El Fisco asumirá el dominio y la posesión de dichos bienes,
representado por el Ministerio de Bienes Nacionales, correspondiendo la representación
judicial al Consejo de Defensa del Estado” (art. 1).

Vale decir, tanto el producto neto de la liquidación (art. 3 de la Ley N° 18.900)
como los bienes raíces y cartera de créditos hipotecarios (art. 1 de la Ley N° 19.229) se
incorporaron al patrimonio fiscal. En cambio, respecto de las obligaciones no cubiertas
por el producido de las liquidaciones, su exigibilidad se supeditó a la publicación del
decreto supremo aprobatorio de la cuenta.

UNDÉCIMO. Que el Fisco de Chile no sólo absorbió el patrimonio de la Caja
Central de Ahorros y Préstamos, con sus activos y pasivos, sino que, además y en
forma previa, se había declarado voluntariamente garante de este organismo que, a
su vez, había asumido por el ministerio de la ley, y como sucesor legal, la obligación
de restituir los depósitos efectuados a las Asociaciones de Ahorro y Préstamo o a la
Asociación Nacional de Ahorro y Préstamo, continuadora legal. En este sentido, no se
trata de una nueva obligación que viene a surgir con la dictación de la Ley N° 18.900,
como sostiene el Consejo de Defensa del Estado, sino que es la misma obligación de
restituir, derivada del contrato de depósito originario, por lo que mutatis mutandis, se
trata del mismo derecho personal originario, modificado sólo en cuanto al sujeto
pasivo por medio de la subrogación legal.

DUODÉCIMO. Que, en este contexto, el precepto cuestionado, al supeditar la
exigibilidad de la obligación (y con ello del derecho) a una condición no pactada legal
o convencionalmente al tiempo del contrato, y que depende únicamente del deudor,
a saber, la dictación y publicación de un decreto supremo, y en la cual ninguna
injerencia tiene el acreedor, constituye una vulneración al derecho de propiedad
constitucionalmente resguardado en el artículo 19 numeral 24 de la Constitución,
imponiendo trabas y condiciones que impiden su libre ejercicio, cuestión prohibida
por el numeral 26 del mismo artículo, y contrariando el mandato de su numeral
tercero, en orden a resguardar la igual protección en el ejercicio de los derechos.

En este sentido, ante la negativa del Fisco de restituir los depósitos, el precepto
se alza como un obstáculo para compelerlo judicialmente, lo que pugna con el derecho
a la tutela judicial efectiva o garantía de protección judicial de los derechos.

DECIMOTERCERO. Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos
declaró internacionalmente responsable al Estado de Chile por violar el derecho de
propiedad, el derecho a la protección judicial, e incumplir el deber de adoptar
disposiciones de derecho interno, que se derivó, entre otras razones por “la falta de
expedición o de modificación de normas conducentes al efectivo cumplimiento de las sentencias
por parte de las Municipalidades, sobre todo cuando los beneficiados son parte de una población
en situación de vulnerabilidad, y a la obligación del Estado de dotar de fondos a las
Municipalidades para pagar dichas sentencias” (Corte Interamericana de Derechos
Humanos, Caso Profesores de Chañaral y otras Municipalidades Vs. Chile, Sentencia



13
0000282
DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS




de 10 de Noviembre de 2021, excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, párr.
192), situación que se da en la especie, toda vez que el Estado impone trabas al ejercicio
de acciones judiciales y se niega a asumir el pasivo de uno de sus órganos cuyas
obligaciones había garantizado, y que disolvió, incorporando al patrimonio fiscal

todos sus activos, acreencias y bienes disponiendo la sucesión legal de las obligaciones
correspondiente.

DECIMOCUARTO. Que no desvirtúa lo ya razonado el hecho de que las
cuestiones de titularidad, exigibilidad y cuantía del derecho u obligación puedan ser
debatidas en la gestión pendiente. Corresponde al juez del fondo declarar el derecho
que a cada uno corresponde, de acuerdo con el mérito del proceso. En cambio, esta
Magistratura sólo realiza un control normativo de la ley, a la que se atribuye un efecto
inconstitucional en una gestión pendiente, lo cual ha sido constatado. Los
depositantes detentan un derecho de propiedad sobre un crédito cuyo ejercicio, en el
caso de la Ley N° 18.900, ha sido supeditado por un precepto que no satisface los
estándares constitucionales, como ya fuera razonado, toda vez que el derecho que
detenta el depositante depende de una condición suspensiva meramente potestativa
del acreedor que cede en su exclusivo beneficio. Cosa distinta es que en el proceso se
desvirtúe la calidad de depositante o acreedor; se cuestione la exigibilidad de la
obligación; se aduzca una indeterminación de la deuda; o se plantee cualquier otra
alegación destinada a enervar la pretensión, todas cuestiones sobre las cuales debe
pronunciarse el juez del fondo.

DECIMOQUINTO. Que lo dicho en el considerando precedente permite
reafirmar la infracción al artículo 19 N° 3, en relación con la igual protección de la ley
en el ejercicio de los derechos. Esto, porque el Fisco ha argumentado que nada adeuda
si es que no puede determinar quién o quiénes son sus deudores y cuánto es el monto
debido, lo que conlleva la falacia de homologar la indeterminación de la deuda con la
inexistencia de ella. Sin embargo, esta falacia le ha permitido justificar no pagar el
crédito, y como ha sujetado la exigibilidad de su obligación a una condición que
depende de su solo arbitrio, el depositante se ha visto impedido ejercer las acciones
que le confiere la ley para reclamar lo que estima debido (cfr., artículo 2465 del Código
Civil).

DECIMOSEXTO. Que este Tribunal no emitirá pronunciamiento respecto de
la justificación de la negativa del Presidente de la República a aprobar la cuenta, en
atención a la inexistencia de antecedentes técnicos y fácticos que permitan conocer con
exactitud el estado patrimonial quedado al término de la Caja Central de Ahorro y
Préstamo. Debe recordarse que a través de la inaplicabilidad por inconstitucionalidad
no se juzga ni controla el actuar de los poderes públicos en el ejercicio de sus
facultades que le son privativas, sino sólo enjuiciamos un precepto legal cuya
aplicación resulta contraria a la Constitución, lo que aquí se ha demostrado.

DECIMOSÉPTIMO. Que, finalmente, cabe descartar que con la
inaplicabilidad de la frase cuestionada se genere una situación inconstitucional por



14
0000283
DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES




contravención al artículo 100 de la Constitución que establece que “Las Tesorerías del
Estado no podrán efectuar ningún pago sino en virtud de un decreto o resolución expedido por
autoridad competente, en que se exprese la ley o la parte del presupuesto que autorice aquel
gasto”. La norma constitucional transcrita sólo se refiere a la necesidad de expedir un
decreto de pago, cuyo no es el caso del decreto a que se refiere el artículo 5 de la Ley
18.900 que corresponde a uno aprobatorio de una cuenta. Esto, porque el acto de
aprobar una cuenta es distinto al acto de pago.

Por lo demás, si el Fisco de Chile resulta perdidoso en juicio, y es condenado a
pagar una suma de dinero, resulta ser que es la sentencia del tribunal del fondo, y no
la de inaplicabilidad, la que coloca al Estado en la obligación de pagar de conformidad
a las leyes respectivas. La regla general se establece en el art. 752 del Código de
Procedimiento Civil que señala: “Toda sentencia que condene al Fisco a cualquiera
prestación, deberá cumplirse dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de recepción del
oficio a que se refiere el inciso segundo, mediante decreto expedido a través del Ministerio
respectivo” y “En caso que la sentencia condene al Fisco a prestaciones de carácter pecuniario,
el decreto de pago deberá disponer que la Tesorería incluya en el pago el reajuste e intereses que
haya determinado la sentencia y que se devenguen hasta la fecha de pago efectivo”. Es así que,
en el hipotético caso de que el Fisco sea condenado a una prestación de carácter
pecuniario, existirá un decreto que mencionará la ley o parte de presupuesto que
autoriza el gasto, por lo cual no se ve cómo se incumpliría lo establecido en el artículo
100 de la Constitución.

DECIMOCTAVO. Que, por lo razonado precedentemente, el requerimiento
ha de ser acogido, y así se declarará.



Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93 incisos primero,
N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la
Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional
del Tribunal Constitucional,



SE RESUELVE:



I. QUE SE ACOGE EL REQUERIMIENTO DEDUCIDO A LO
PRINCIPAL DE FOJAS 1, DECLARÁNDOSE LA
INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA
FRASE "A CONTAR DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DEL
DECRETO APROBATORIO DE LA CUENTA", CONTENIDA EN EL
ARTÍCULO 5° DE LA LEY N° 18.900, QUE PONE TERMINO A LA
EXISTENCIA DE LA CAJA CENTRAL DE AHORROS Y
PRESTAMOS Y A LA AUTORIZACION DE EXISTENCIA DE LA




15
0000284
DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO




ASOCIACION NACIONAL DE AHORRO Y PRÉSTAMO, EN EL
PROCESO ROL C-4528-2022, SEGUIDO ANTE EL VIGÉSIMO
SÉPTIMO JUZGADO DE LETRAS EN LO CIVIL DE SANTIAGO.
OFÍCIESE.

II. ÁLCESE LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA
EN AUTOS. OFÍCIESE.



DISIDENCIA



Acordada con el voto en contra de la Ministra señora ALEJANDRA PRECHT
RORRIS, quien estuvo por rechazar el requerimiento de inaplicabilidad deducido,
atendidas las siguientes razones:



I. Conflicto Constitucional

1°. El precepto legal impugnado, corresponde a la frase, destacada en
negrillas, contenida en el artículo 5° de la Ley N°18.900, cuyo tenor es el siguiente:
“Para todos los efectos legales, a contar de la fecha de publicación del decreto
supremo aprobatorio de la cuenta, serán de cargo fiscal las obligaciones de la Caja y
de la Asociación que no alcanzaren a quedar cubiertas por el producido de las
liquidaciones, debiendo consultarse los fondos necesarios en el presupuesto de la
Nación, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 21, del decreto ley N°1.263, de
1975”.

2°. A juicio de la actora constitucional, la aplicación del precepto legal
impugnado vulnera directamente la Constitución al supeditar la devolución de los
fondos del SINAP a una condición meramente potestativa del Estado. Ello ha
impedido por décadas el cumplimiento de una obligación legal, afectando el principio
de servicialidad del Estado (art. 1°, inc. cuarto), el derecho de propiedad (art. 19 N°24)
y el acceso a la tutela judicial efectiva (art. 19 N°3), configurando una confiscación
encubierta y una indefensión permanente para los ahorristas.

3°. Como punto de partida, se advierte la concurrencia de motivos de rechazo
formal del requerimiento, toda vez que el precepto impugnado por sí solo no es
suficiente para garantizar las obligaciones fiscales alegadas, teniendo en
consideración que su aplicación efectiva depende de un conjunto normativo más
amplio.

En primer lugar, la requirente debió impugnar conjuntamente el artículo 3° de
la Ley N°18.900, cuyo tenor literal dispone:

“La Caja en liquidación pondrá término a sus funciones dando cuenta de su cometido,
haya o no finiquitado las liquidaciones que le encomienda esta ley, en las que incluirá un




16
0000285
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO




inventario de todos los derechos, obligaciones y patrimonio de ésta y de la Asociación. Esta
cuenta será sometida a la consideración del Presidente de la República, por intermedio del
Ministerio de Hacienda. Si la cuenta no fuere aprobada, la Caja deberá continuar funcionando
para el solo efecto de subsanar totalmente las observaciones y reparos formulados a aquélla
dentro del plazo que le fije el Presidente de la República.

La aprobación de la cuenta será efectuada por el Presidente de la República mediante
decreto supremo expedido a través del Ministerio de Hacienda, que deberá publicarse en el
Diario Oficial”.

En segundo lugar, el artículo 40 del D.L N°1263, Orgánico de Administración
Financiera del Estado, que regula la deuda pública directa e indirecta, las garantías
del Estado, y otros instrumentos legales necesarios para la gestión presupuestaria
estatal.

En ese contexto, la norma no resulta decisiva en la resolución sustantiva del
asunto que ha motivado la interposición de la acción judicial y no logra superar el
requisito establecido en el artículo 84 N°5 de la Ley Orgánica Constitucional de esta
Magistratura.



II. Antecedentes: el Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo

4°. El Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo fue instituido mediante el
D.F.L. N°205, del año 1960, con el propósito de incentivar el ahorro y propender a la
adquisición y edificación de viviendas económicas.

Para la consecución de dichos fines, se contempló la creación de dos entidades
diferenciadas. En primer lugar, la Caja Central de Ahorros y Préstamos, organismo
autónomo dotado de personalidad jurídica, encargado de la aplicación del D.F.L
N°205 y la supervigilancia de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo. Esta entidad se
encontraba bajo la vigilancia de la Superintendencia de Compañías de Seguros,
Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, sus relaciones con el Gobierno se
ejercían por intermedio del Ministerio de Hacienda, sometida a la fiscalización de la
Contraloría General de la República; y, sus operaciones gozaron de garantía del
Estado, de acuerdo con el artículo 2° del cuerpo normativo referido.

En segundo término, las Asociaciones de Ahorro y Préstamo, entidades de
naturaleza privada cuya creación estaba supeditada a la autorización que les otorgare
la Caja Central (artículo 21, inc. tercero). El objeto de las Asociaciones era recibir
depósitos de ahorro en cuentas individuales de toda clase de personas naturales o
jurídicas (artículo 34) y darlos en préstamos para vivienda, de forma que éstas
invertían sus capitales provenientes de los depósitos en cuentas de ahorro, solamente
en préstamos hipotecarios para la adquisición, construcción, terminación o
ampliación de viviendas económicas, incluidos en ellos el costo de los terrenos y la
urbanización, así como también invertían sus capitales en los préstamos a los




17
0000286
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS




depositantes por un monto equivalente al 75% de la cantidad más baja que hayan
mantenido en sus respectivas cuentas durante los últimos seis meses anteriores al
préstamo (artículo 42). Los saldos efectivos de las cuentas de ahorro y sus reajustes
quedaban asegurados de pleno derecho por la Caja Central hasta un límite de 5.000
escudos, para cada cuenta, contra pérdida o riesgos de cualquier naturaleza (artículo
64).

En cuanto al objeto de los préstamos, se estipuló que éstos debían destinarse
al financiamiento de viviendas económicas, entendidas como aquellas definidas en el
D.F.L. N°2, de 1959, cuyas características técnicas las establece en D.S. 169 de 1984 del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El referido cuerpo reglamentario fija como
límite máximo de superficie construida los 140 m², con una excepción para las
viviendas emplazadas en las provincias de Chiloé y Palena de la X Región, y en las
Regiones XI y XII, a las que se permite anexar construcciones exteriores —exentas de
instalaciones sanitarias— de hasta 16 m², sin que dicha superficie adicional sea
computable para efectos de la aplicación de los beneficios, franquicias y exenciones
previstas en el D.F.L. N°2 (art. 10°, D.S. N°168/1984 MINVU). Así también, se
estableció que el monto del préstamo no podría, en ningún caso, exceder del 90% del
valor de tasación del inmueble ni superar los 10.000 escudos por unidad habitacional.

5°. El régimen jurídico del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo
experimentó un proceso progresivo de reformas estructurales que culminaron en su
extinción. En primer término, el artículo 32 de la Ley N°16.807, que refundió el D.F.L.
N°205, permitió la disolución de las Asociaciones y el consiguiente traspaso de sus
bienes, préstamos, depósitos y obligaciones a otra Asociación de la misma región.
Esta disposición normativa habilitó un proceso gradual de fusiones, el cual culminó,
en 1980, con la dictación del Decreto Ley N°3.480.

Dicho decreto declaró, en su artículo 7°, la Asociación Nacional de Ahorro y
Préstamo como sucesora legal de las asociaciones fusionadas, en particular, las
Asociaciones de Ahorro y Préstamo "Casa Propia Libertador Bernardo O'Higgins y
Ahorromet Integradas", "Diego Portales" y "Patagonia", y de todas aquellas
asociaciones que se constituyeron al amparo del decreto con fuerza de ley N°205, de
1960, y posteriormente de la Ley N°16.807. En el mismo cuerpo normativo, se autorizó
la reliquidación y repactación de las obligaciones hipotecarias vigentes con dicha
entidad (artículo 1°, inciso final).

Posteriormente, la Ley N°18.482, promulgada en 1985, modificó
sustancialmente el régimen aplicable a las Asociaciones. En particular, el artículo 23
de dicha ley sustituyó el artículo 42 de la Ley N°16.807 y derogó el inciso primero del
artículo 1° de la Ley N°16.087, suprimiendo así el objeto esencial de las Asociaciones,
consistente en la inversión de los depósitos de ahorro en préstamos hipotecarios.
Asimismo, fueron derogadas las disposiciones contenidas en los artículos 64 y 68 al
74, eliminando con ello la garantía estatal que respaldaba tanto los depósitos de
ahorro como los créditos hipotecarios otorgados por estas entidades.



18
0000287
DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE




En 1987 se derogaron varias normas de la Ley N°16.807, relativas a la
fiscalización y sanciones a las Asociaciones y la inspección completa de sus
operaciones por funcionarios de la Caja Central y las medidas, incluyendo la
disolución, que pudiere adoptar en contra de las Asociaciones por incumplimiento
leyes, reglamentos o resoluciones administrativas pertinentes, o a las sanas prácticas
de administración, además, se derogó el artículo 41 que disponía: “Los depósitos
podrán ser retirados total o parcialmente, previo aviso de 60 días de anticipación a lo
menos”.

Finalmente, el proceso de desarticulación institucional concluyó con la
dictación de la Ley N°18.900, publicada en 1990, la cual puso término a la Caja Central
de Ahorro y Préstamos y a la autorización de existencia de la Asociación Nacional.
En virtud del artículo 1° de dicha ley, la Caja asumió por el solo mérito de la ley, y
exento de todo pago o impuesto, los derechos, obligaciones y patrimonio de la
Asociación, entendiéndose, solamente, subsistente como persona jurídica para este
efecto y el de liquidación de los respectivos patrimonios, por el plazo de tres meses.

Conforme al artículo 3° del mismo cuerpo legal, habiéndose o no finiquitado
las liquidaciones encomendadas por la ley, la Caja pondría término a sus funciones
dando cuenta de su cometido, a través de un inventario de todos los derechos,
obligaciones y patrimonio de ésta y de la Asociación. Esta cuenta debía ser sometida
a la consideración del Presidente de la República, por intermedio del Ministerio de
Hacienda, aprobada por decreto supremo publicado en el Diario Oficial. En cambio,
si la cuenta no fuere aprobada, la Caja debería continuar funcionando para el solo
efecto de subsanar totalmente las observaciones y reparos formulados a aquélla
dentro del plazo que le fije el Presidente de la República.

El artículo 4° estableció que el producto neto de la liquidación de la Caja y de
la Asociación ingresa a rentas generales de la Nación. Asimismo, los bienes, de
cualquier naturaleza, no enajenados o liquidados por la Caja en liquidación, se
entenderían transferidos por el solo ministerio de la ley al dominio del Fisco a contar
desde la fecha de publicación del Decreto Supremo aprobatorio de la cuenta. En el
mismo sentido, esta fecha determina, para todos los efectos legales, el cargo fiscal de
las obligaciones de la Caja y de la Asociación que no alcanzaren a quedar cubiertas
por el producido de las liquidaciones, debiendo consultarse los fondos necesarios en
el presupuesto de la Nación, y éstos ser incorporados en el presupuesto vigente
durante el ejercicio presupuestario mediante un decreto que determine su ubicación
dentro de la clasificación presupuestaria que corresponderá a dichos gastos, de
acuerdo al artículo 5° en relación con el artículo 21, del Decreto Ley, Orgánico de
Administración Financiera del Estado, N°1.263.

Por último, el artículo 1° de la Ley N°19.229, estableció que, desde la fecha de
su publicación, esto es el 16 de julio de 1993, pasaron de pleno derecho, a dominio
fiscal los bienes raíces y la cartera de créditos hipotecarios que no fueron enajenados
o liquidados por la Caja Central de Ahorros y Préstamos en liquidación. Así, en



19
0000288
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO




relación con la cartera hipotecaria que asume el Fisco, el Ministerio de Bienes
Nacionales estaba facultado para convenir con los deudores transacciones,
renegociaciones y reprogramaciones con la aprobación fundada del Ministro de
Hacienda.

6°. En atención a la secuencia normativa e institucional previamente referida,
resulta procedente examinar la evolución y situación actual del procedimiento de
rendición y aprobación de la cuenta de liquidación a que hacen referencia los artículos
3° y 5° de la Ley N°18.900, en lo concerniente a la rendición, evaluación y eventual
aprobación de la cuenta de liquidación de la Caja Central de Ahorro y Préstamos
(CACAP) y de la Asociación Nacional de Ahorro y Préstamo (ANAP), así como sus
efectos jurídicos y presupuestarios.

A modo ejemplar y, tal como se señaló en la disidencia STC Rol N°15.058,
mediante el Ord. N°1149 de 12 de junio de 2019 del Ministro de Hacienda, don Felipe
Larraín Bascuñán, se señaló que luego de una revisión exhaustiva de cada uno de los
oficios del Ministerio de Hacienda elaborados en relación con la obligación derivada
de la Ley N°19.800, “todos los entes informantes son contestes en que, no obstante su
distinta naturaleza, los antecedentes entregados por la ex-CACAP, no fueron de
modo alguno suficientes para permitir la aprobación de la cuenta; y teniendo además
presente lo expresado por la Contraloría General de la República, cumplo con
informar a S.E que existe, por cierto, una imposibilidad de verificar los supuestos
legislativos contenidos en los artículos 3° y 5° de la Ley N°18.900, necesarios para la
dictación del acto administrativo de aprobación de la cuenta de la CACAP y ANAP
por parte del Presidente de la República, así como para que el Fisco asuma y de
solución de continuidad a las obligaciones derivadas del SINAP”.

Posterior a dicho Ordinario, la Contraloría General de la República afirmó que
“mediante oficio N°2158/2109, de 1991, de ese origen, esa secretaría de Estado elevó
al Presidente de la República la cuenta rendida por la CCAP de las liquidaciones de
esta y de la ANAP, acompañando un informe con observaciones de la misma, siendo
objeto a su vez de reparos por parte de esa máxima autoridad a través de su oficio
N°92/1760, de 1992, los que en definitiva, según información recabada, no fueron
subsanados”. Recuerda el organismo que en el oficio de 1992 el Presidente de la
República, insta a que se propicien iniciativas legales y/o reglamentarias que
permitan al Fisco asumirlas desde luego sin esperar la aprobación de la cuenta, dado
las dificultades y demoras que es posible prever en que se subsanen las observaciones
y reparos aludidos”. Y finaliza señalando que “en su oportunidad, la obligación del
Ministerio de Hacienda contenida en el señalado artículo 3° de la ley N°18.900 fue
cumplida y, existiendo una imposibilidad material de realizarse y aprobarse la cuenta
en comento, no se reúnen los requisitos legales para que el Fisco asuma las
obligaciones de la Caja y de la Asociación que no alcanzaron a quedar cubiertas por
el producto de las liquidaciones” (Dictamen E189756 de 1° de enero de 2022).




20
0000289
DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE




III. Alegaciones referidas al principio de servicialidad

7°. La parte requirente, a fojas 7, afirma: “La frase que condiciona la tarea
estatal a la ocurrencia de una circunstancia que depende únicamente del mismo
Estado, lo que importa invertir la relación de servicialidad. Ello, pues al quedar sujeto
a la mera voluntad del Estado el asumir el rol que la Ley N°18.900 le impone, en la
práctica hace que se ponga al individuo al servicio del Estado, dado que los
particulares solo verán solucionadas sus acreencias y restituidos sus bienes si el Poder
Público quiere, lo que no ha pasado por cuarenta años y, muy probablemente, nunca
sucederá.”.

8°. En primer lugar, cabe recordar que por la vía de la inaplicabilidad no se
puede reprochar la facultad ejercida por el Presidente de la República en orden a no
haber aprobado la cuenta sometida a su consideración. Ello puesto que “las relaciones
entre el Ejecutivo y los jueces constitucionales implican también: - El reconocimiento
de un cierto margen de autonomía del Ejecutivo con relación a las funciones de
gobierno y de administración, obviamente dentro de los márgenes contemplados en
la Constitución.” (Martínez, J. (2014), “Auto-restricción, deferencia y margen de
apreciación: breve análisis de sus orígenes y de su desarrollo”, Estudios
constitucionales, vol. 12, n.1, p. 372).

9°. Por otra parte, la Constitución en su artículo 1° inciso cuarto indica “El
Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien
común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a
todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización
espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta
Constitución establece”.

Esta Magistratura ha señalado que "la Administración del Estado, conforme
al principio de servicialidad del artículo 1°, inciso cuarto, de la Constitución Política,
existe para atender necesidades públicas en forma continua y permanente (artículo
3°, inciso primero, de la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales
de la Administración del Estado), para lo cual actúa a través de servicios públicos,
que son precisamente “órganos administrativos encargados de satisfacer necesidades
colectivas, de manera regular y continua” (artículo 28, inciso primero, de la citada Ley
N°18.575)" (STC 2024-11, c. 6). En este sentido, valga hacer presente que la
Constitución, establece que el Estado debe contribuir a crear “las condiciones
sociales”, entiéndase por tales:

“[A]l conjunto de circunstancias y características que pueden constatarse en
determinado momento de la conveniencia colectiva, configurantes de su realidad, en
cuanto en ella se observan, se imponen o determinan el clima, el ambiente en que se
mueve la actividad de las personas y asociaciones integrantes de la sociedad nacional.

A tales condiciones colectivas el precepto se remite no sólo para constatarlas,
reconocerlas, registrarlas, sino para aquilatarlas desde el prisma de bien general …”




21
0000290
DOSCIENTOS NOVENTA




(Silva Bascuñán, A. y Silva, M. (1995) "La servicialidad del Estado: sus fundamentos
constitucionales", Revista De Derecho Público, Núm. 57/58, p. 71).

10°. Tal como lo señaló la disidencia de la STC Rol N°15.145, “es preciso
observar que los mandatos constitucionales establecidos en el artículo 1 inciso cuarto
de la Constitución resultan vinculantes para el Presidente de la República en el
contexto de sus posibilidades jurídicas de actuación, las que, respecto del caso de
autos, resultan delimitadas, precisamente, por las reglas de la Ley 18.900”.

El procedimiento para que el Estado sea obligado a asumir una deuda
privada, por mandato del artículo 5 de la Ley N°18.900, comprende tres etapas. La
primera es la preparación de la cuenta y su rendición, de acuerdo con el artículo 3°
de la Ley N°18.900, la Caja debió dar cuenta de su cometido, con independencia de la
realización de las liquidaciones señaladas en el artículo 2 del mismo cuerpo
normativo, para ello debió incluir un inventario de todos los derechos, obligaciones
y patrimonio de ella y de la Asociación.

La segunda etapa es que la cuenta de la Caja sea sometida a consideración
del Presidente de la República por intermedio del Ministerio de Hacienda. Sobre este
respecto, las autoridades administrativas detentan discrecionalidad técnica,
“entendida esta como la aplicada en aquellos casos en que la ley confiere un ámbito
de decisión a los órganos de la administración del Estado para reaccionar ante
resultados que provienen de evaluaciones exclusivamente técnicas” (Osorio, C. (2016)
Manual de Procedimiento Administrativo Sancionador. Parte General, Thomson Reuters,
Santiago de Chile, p. 581). En este sentido, la Ley N°18.900 ha conferido un espacio
de discrecionalidad técnica que permite, a través de una actividad lógica, evaluar la
cuenta rendida por la Caja.

La última etapa, estrechamente vinculada con la anterior, es la decisión del
Presidente de la República, quién, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 3° de la
propia ley, puede adoptar las siguientes medidas: a) No aprobar la cuenta,
formulando observaciones o repararos, en cuyo caso la Caja deberá continuar
funcionando para el solo efecto de subsanarlos; b) Aprobar la cuenta, mediante
decreto supremo expedido a través del Ministerio de Hacienda, que deberá
publicarse en el Diario Oficial.

11°. En definitiva, esta Ministra concurre a la opinión expresada por los
Ministros Carmona y Hernández con ocasión del pronunciamiento que tuvo lugar en
causa Rol N°2.800-15 al señalar que “el principio de servicialidad del Estado, “no es
un sacrificio del interés público frente al interés privado. No es una rendición de
intereses de la sociedad frente a cualquier interés de un particular. Aquí existen
razones de interés público que justifican el mecanismo que se diseñó. Por una parte,
no asumir más deudas que las que estrictamente corresponda. Por eso la rendición de
cuentas. Por la otra, la asunción de deudas implica contar con el financiamiento
necesario para ellas” (STC Rol N°2.800-15, 29°).




22
0000291
DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO




IV. Alegaciones referidas al derecho de propiedad

12°. La parte requirente sostiene, a fojas 8, que “la norma legal cuya
constitucionalidad se impugna ha devenido en una actuación de confiscación por
parte del Estado, al mostrarse como el apoderamiento de los dineros de los ahorrantes
que fueron traspasan desde el dominio privado al patrimonio del Estado, asumiendo
éste la obligación de restituirlos pero sólo después de que concurra una circunstancias
que depende únicamente de su propia diligencia, como es la aprobación y publicación
de una cuenta que, según lo han reconocido distintas autoridades, es imposible
rendir”. Además, agrega, “la aplicación de la frase denunciada en el artículo 5° de la
Ley N°18.900, al dejar sujeto el traspaso de las deudas del SINAP a la aprobación de
la cuenta por parte del Presidente de la República, en la práctica, lo que configura es
una obligación meramente potestativa del Estado respecto a la devolución de los
dineros y activos, que son de propiedad de los particulares y que el Estado debe
restituir. Así, si el Estado no aprueba la cuenta, mantiene en su poder estos bienes,
alejados de sus legítimos titulares.”

13°. En lo relativo a que la frase “a contar de la fecha de publicación del decreto
supremo aprobatorio de la cuenta” se trataría de una condición meramente
potestativa, se confunde la discusión al obviar que la condición a la que se refieren
tiene origen legal y no contractual. Y es la ley la que obliga el actuar de la
administración, en conjunto a una serie de otras normas referidas a las finanzas
públicas presentes en el propio texto constitucional, en particular los artículos 32 N°20
y 100 de la Constitución Política.

Dichas normas establecen: Artículo 32: “Son atribuciones especiales del
Presidente de la República: 20º.- Cuidar de la recaudación de las rentas públicas y
decretar su inversión con arreglo a la ley (…). Los Ministros de Estado o funcionarios
que autoricen o den curso a gastos que contravengan lo dispuesto en este número
serán responsables solidaria y personalmente de su reintegro y culpables del delito
de malversación de caudales públicos”. Artículo 100: “Las Tesorerías del Estado no
podrán efectuar ningún pago sino en virtud de un decreto o resolución expedido por
autoridad competente, en que se exprese la ley o la parte del presupuesto que autorice
aquel gasto. Los pagos se efectuarán considerando, además, el orden cronológico
establecido en ella y previa refrendación presupuestaria del documento que ordene
el pago”.

De este modo, el artículo 5° de la Ley N°18.900 es una aplicación de las
normas antes transcritas. La responsabilidad fiscal es un principio que establece la
Constitución Política, y es de tal relevancia que es el propio Presidente de la República
quien debe velar por su cumplimiento. Además, la importancia de este principio, se
refleja en el establecimiento a nivel constitucional de órganos técnicos como son el
Banco Central y la Contraloría General de la República.




23
0000292
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS




En este contexto, la rendición de cuentas es un requisito “sine qua non” para
que se apruebe la misma. Y siguiendo el artículo 95 de la Ley Orgánica Constitucional
de la Contraloría General de la República (Ley N°10.033) el objeto en la rendición de
cuentas es “si se ha dado cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias
que rigen su ingreso y su aplicación o gasto”.

El Ministro de Hacienda debe velar porque la cuenta a rendir cumpla con
características de veracidad y fidelidad. En el caso concreto puede aplicarse un
control de razonabilidad de la decisión, conforme al cual la aprobación de la cuenta
depende de la posibilidad de que las obligaciones del Estado sean demostradas,
cuantificadas y acreditadas contablemente.

La norma permite que el Ministro de Hacienda actúe precisamente dentro
de la esfera de sus atribuciones, cumpliendo así con el mandato del artículo 6° de la
Constitución Política. En efecto y a modo de ejemplo, el Decreto Ley N°1.263, en su
artículo 55 prevé: “Los ingresos y gastos de los servicios o entidades del Estado
deberán contar con el respaldo de la documentación original que justifiquen tales
operaciones…”.

Por lo que esta disposición lejos de transgredir el orden constitucional
asegura el respeto al principio de legalidad del gasto público y refuerza el control del
uso de recursos fiscales, elementos esenciales de la arquitectura constitucional del
Estado.

14°. El artículo 19 N°24 de la Constitución consagra el derecho de propiedad
sobre toda clase de bienes, sean corporales o incorporales, éstos últimos, en palabras
del artículo 565 del Código Civil, “consisten en meros derechos, como los créditos, y
las servidumbres activas". Tal como ha sostenido este Tribunal, “el texto de la
Constitución es claro y su sentido inequívoco: la Constitución asegura el derecho de
propiedad sobre bienes incorporales […]. Distinto es determinar las diferencias de la
propiedad que se ejerce sobre unos y otros bienes.” (STC 505-06, c. 15°).

Ahora bien, en relación con los dineros depositados en la cuenta de ahorro,
cabe señalar que nos encontramos ante “la secular institución del depósito irregular
que deja de ser un título de mera tenencia para convertirse en un título traslaticio de
dominio y una fuente de una obligación de restituir la misma cantidad de dinero
entregada. El depositario en estos casos, en consecuencia, no es mero tenedor, sino
dueño del dinero en depósito y a la vez deudor de la misma cantidad de dinero a la
fecha de término del contrato [...] Como es sabido, el depósito irregular del Código
Civil se ha expandido al negocio bancario y financiero, con lo que aparece el depósito
en cuenta corriente y otras formas de depósito dinerario: en cuentas de ahorro, a
plazo, a la vista, etc.” (Corral, H. (2019) “‘Buen siervo, mal amo’. El dinero en el
Derecho Civil chileno”, Estudios de Derecho Privado en homenaje al profesor Daniel
Peñailillo Arévalo, Thomson Reuters, p. 998).




24
0000293
DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES




En el mismo sentido, el artículo 1° de la Ley N°18.010, de 1981 que “Establece
Normas para las Operaciones de Crédito y Otras Obligaciones de Dinero”, define las
operaciones de crédito de dinero como "aquellas por las cuales una de las partes
entrega o se obliga a entregar una cantidad de dinero y la otra a pagarla en un
momento distinto de aquel en que se celebra la convención". Atendido lo anterior, “la
verdadera naturaleza de la operación consiste en ser un crédito [...] Definimos al
“crédito” como la dación en dominio de una cosa (corporal o incorporal, mueble o
inmueble, fungible o infungible, consumible o inconsumibles) que obliga a quien la
recibe a restituirla después al que se la dio” (Guzmán Brito, A. (2014) "El depósito
irregular en el derecho chileno", en Revista Revista Chilena de Derecho Privado, Nº 23,
p.125).

Por lo que, el requirente, en tanto depositante, no mantiene un derecho de
dominio sobre el dinero depositado, sino un derecho de crédito que le permite exigir
la restitución del saldo disponible. A su vez, el depositario no es mero tenedor, sino
dueño del dinero en depósito y, por tanto, cumple con su obligación de restitución
con cosas del mismo género y calidad, es decir, es deudor de una obligación de
restitución genérica. Por lo que la determinación precisa del monto a restituir en un
depósito irregular es esencial para salvaguardar tanto los derechos del depositante
como el cumplimiento de las obligaciones del depositario.

15°. Como es sabido, la Ley N°18.900 establece una transferencia al Fisco de
obligaciones de la Caja y de la Asociación, deuda que, como se explicó anteriormente
era privada. El legislador al imputar la asunción de una responsabilidad financiera
del Estado puede establecer las condiciones bajo las cuales lo realice, de forma que la
aprobación de la cuenta por el Presidente de la República genera dos efectos legales,
por un lado, los bienes no enajenados en el proceso de liquidación se transfieran al
Fisco (Art. 4°, Ley N°18.900); por otro, el Fisco asume las obligaciones de la Caja y de
la Asociación (Art. 5, Ley N°18.900).

Así, el artículo 5° en cuestión estable que la obligación del Fisco es
subsidiaria, pues opera sólo respecto de aquellas obligaciones que no alcanzaren a
quedar cubiertas por el producto neto de las liquidaciones que entraron a las rentas
generales de la Nación y, además, establece que se requiere disponer de fondos para
responder por esas obligaciones, para ello, se debe consultar el presupuesto de la
Nación, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 21, del decreto ley N°1.263, de
1975. En el mismo sentido, disidencia STC Rol 2793-15, 10°.

En específico, la frase impugnada condiciona la responsabilidad subsidiaria
del Fisco a la publicación de un decreto, cuestión que no se ha verificado a pesar de
que la Caja Central ya no existe legalmente desde 1990. En ese sentido, “fue la ley la
que hizo desaparecer al sujeto obligado a restituir lo depositado, sustituyéndolo por
el Fisco, pero condicionando la existencia de la obligación de restituir del nuevo
obligado a una condición suspensiva meramente potestativa del deudor, que no se ha
cumplido. No es exacto, en consecuencia, argumentar que el depositante se vio



25
0000294
DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO




privado por ley de su dinero, como alega la requirente, pues de lo que se le privó fue
del sujeto deudor, a quien el legislador, por su decisión, hizo desaparecer, de un modo
complejo, pero definitivo (STC Rol 944, c. 12°).

Sobre este respecto, “esta Magistratura ha fallado que “mal podría
infringirse este derecho cuando la ley establece requisitos al efecto que no se han
verificado (STC Rol N°1266, considerandos 29° y 30°). Igualmente, ha afirmado que
"no puede sostenerse que una persona sea titular de propiedad sobre un derecho que
se encuentra pendiente por no haberse cumplido los requisitos legales para
adquirirlo." (STC Rol N°1260, considerando 19° del voto por rechazar) (STC Rol
N°2683-14, c.22°). Por lo que si bien es cierto que la Constitución reconoce una especie
de propiedad sobre bienes incorporales —como los créditos— dicha protección no
puede prescindir del marco normativo que determina su eficacia. De esta forma,
pretender exigir el cumplimiento de una obligación sin que se haya verificado la
condición legal de exigibilidad equivale a desconocer los elementos constitutivos del
derecho mismo que se pretende ejercer.

16°. Tampoco se configuraría en la especie una confiscación. Cabe señalar
que la confiscación “es el apoderamiento de 'todos' los bienes de una persona, que
entonces pasan a poder del Estado” (Marienhoff, M. (2008) Tratado de Derecho
Administrativo, Tomo IV, 4ta ed., Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, p. 201). La
doctrina ha reconocido los siguientes rasgos distintivos de la confiscación, a saber: es
una sanción penal impuesta como resultado de una sentencia judicial condenatoria
dictada en un proceso criminal, que comprende a todos los bienes de propiedad del
afectado y no otorga derecho a indemnización para el propietario que es privado de
su dominio. Por lo que es una limitación a la propiedad privada con carácter
definitivo (Celis, G. (2018) Los bienes de Administración del Estado, Thomson
Reuters, p. 293).

Al tenor del artículo 19 N°7 letra g) de la Constitución, se prohíbe, por regla
general, la imposición de la pena de confiscación de bienes, a excepción del comiso
en los casos de asociaciones ilícitas y en los casos establecidos en la ley. Así, por
ejemplo, el artículo 294 del Código Penal dispone que, además de las penas
correspondientes, se impondrá el comiso de ganancias obtenidas por la organización
delictiva o criminal, en conformidad con los procedimientos establecidos en la ley.
Así también, el artículo 24 bis del mismo cuerpo normativo señala expresamente que
“[t]oda sentencia condenatoria en materia criminal lleva consigo el comiso de las
ganancias provenientes del delito. Por el comiso de ganancias se priva a una persona
de activos patrimoniales cuyo valor corresponda a la cuantía de las ganancias
obtenidas a través del delito, o bien para o por perpetrarlo. Lo obtenido en virtud de
lo señalado precedentemente será transferido al Fisco.”

Por otro lado, existe el decomiso administrativo que se aplica en el marco de
procedimientos administrativos sancionador o de control, con la posibilidad de
revisión judicial posterior, que buscan tutelar bienes jurídicos de relevancia pública.



26
0000295
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO




A modo ejemplar, se puede señalar el artículo 95 del Código Sanitario, conforme al
cual las autoridades sanitarias se encuentran facultadas para decomisar de inmediato
los medicamentos adulterados, falsificados, alterados o contaminados, sin perjuicio
de las responsabilidades que establezcan otros cuerpos legales respecto de los hechos,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 174 de dicho Código.

En palabras de esta Magistratura, “no hay tampoco, si se quiere,
confiscación, toda vez que esta importa un apoderamiento de los bienes de una
persona – generalmente cuando ellos constituyen una universalidad jurídica -, que
‘se traspasen desde el dominio privado al Estado, sin ley que justifique la actuación
ni proceso en que se ventilen los derechos del afectado’” (STC Rol N°1564, c. 44). Una
revisión sistemática del ordenamiento jurídico demuestra que el precepto legal
impugnado no configura, en abstracto ni en concreto, un acto de confiscación, toda
vez que la figura legal no implica una sanción penal impuesta por sentencia judicial
en el marco de un proceso criminal. Además, la disposición impugnada no tiene un
carácter sancionador ni privativo definitivo del derecho de propiedad, sino que
regula un procedimiento administrativo y presupuestario necesario para garantizar
la responsabilidad fiscal del Estado en relación con las obligaciones del SINAP.



V. Alegaciones referidas a la tutela judicial efectiva

17°. La parte requirente, a fojas 10, afirma que “en el caso que nos convoca
se genera un evidente atropello al N°3 del artículo 19 de la Carta Política, toda vez
que se genera un impedimento absoluto para el ejercicio de la igual protección de los
derechos, materializada en la completa imposibilidad de solicitar la tutela judicial
efectiva. Ello, pues cualquier acción de restitución de los VHR o depósitos del SINAP
deducida ante el Fisco de Chile se verá indefectiblemente frustrada por la operación
de esta condición meramente potestativa”.

18°. Esta Magistratura ha reconocido que la tutela judicial efectiva se
encuentra contenida en el artículo 19 N°3 de la Constitución; y que constituye un
presupuesto básico para el ejercicio del derecho a la igual protección de la ley y el
debido proceso (STC 792, c. 8, STC 815, c. 10, STC 946, cc. 28 a 33, STC 1046, c. 20, STC
1061, c. 15, STC 1332, c. 9, STC 1356, c. 9, STC 1382, c. 9, STC 1391, c. 9, STC 1418, c. 9,
STC 1470, c. 9, STC 1502, cc. 8 y 9, STC 1535, cc. 18 y 25, STC 2042, c. 29, STC 2438, c.
11, STC 2688, c. 5). Además, lo ha definido como un “derecho fundamental autónomo,
que tiene por finalidad que las personas accedan al proceso como medio ordinario de
resolución de los conflictos jurídicos, lo que resulta un presupuesto mínimo de todo
Estado de Derecho.” (STC R. 815-08, c. 10°. En el mismo sentido STC Rol N°1535, c.
19°).

El reconocimiento a la tutela judicial efectiva debe tener en consideración
dos elementos, complementarios e interrelacionados: i) el derecho a la acción, de
configuración constitucional autoejecutiva; y, ii) el derecho a la apertura y posterior




27
0000296
DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS




sustanciación del proceso, cuyo ejercicio será regulado por la determinación legal de
las normas del procedimiento respectivo (STC Rol N°1535, c. 20°). En el mismo
sentido STC Rol N°2688, c. 5°. [L]a acción es un poder, una facultad jurídica y cívica
existente indistintamente y autónomamente del derecho material. La acción va
dirigida al órgano jurisdiccional, como representante del Estado, en busca de un
pronunciamiento motivado, fundamentado y razonado, indistintamente a que resulte
favorable o no para el accionante. Por otro lado, se encuentra la pretensión, en la cual
un sujeto se auto-atribuye un derecho a través de una manifestación de voluntad y le
solicita al Juez como autoridad pública e imparcial, su reconocimiento. Es decir, la
pretensión es la afirmación de un derecho y la reclamación de la tutela para el mismo
con la finalidad de lograr el respeto de la colectividad en general” (Montilla, J. (2008)
“La acción procesal y sus diferencias con la pretensión y demanda”, Cuestiones
Jurídicas, vol. II, n°2, p. 107 y 108).

19°. A este respecto es útil recordar la distinción básica entre derecho a la
acción y derecho a la pretensión. Así, la acción es un poder, una facultad jurídica
y cívica existente indistintamente y autónomamente del derecho material. La Acción
va dirigida al órgano jurisdiccional, como representante del Estado, en busca de un
pronunciamiento motivado, fundamentado y razonado, indistintamente a que resulte
favorable o no para el accionante. Por otro lado, se encuentra la pretensión, en la cual
un sujeto se auto-atribuye un derecho a través de una manifestación de voluntad y le
solicita al Juez como autoridad pública e imparcial, su reconocimiento. Es decir, la
pretensión es la afirmación de un derecho y la reclamación de la tutela para el mismo
con la finalidad de lograr el respeto de la colectividad en general” (Montilla, J. (2008)
“La acción procesal y sus diferencias con la pretensión y demanda”, Cuestiones
Jurídicas, vol. II, n°2, p. 107 y 108).

Conforme consta en autos, el requirente interpuso una demanda de
indemnización de perjuicios por responsabilidad del Estado por falta de servicio y,
en subsidio, una demanda de cobro de pesos, la que dio origen a la causa Rol C-4528-
2022, tramitada ante el Vigésimo Séptimo Juzgado Civil de Santiago. El tribunal
admitió a tramitación ambas acciones mediante resolución de fecha 7 de julio de 2022,
dando inicio al procedimiento respectivo. Según consta a fojas 22, la demanda fue
ingresada el 20 de mayo de 2022 y actualmente se encuentra en tramitación, sin que
se haya dictado sentencia definitiva sobre las pretensiones deducidas. Asimismo, con
fecha 8 de agosto de 2022, el receptor judicial ambas demandas, conforme al artículo
44 del Código de Procedimiento Civil. La casusa se encuentra en estado de haberse
recibido recibirse la causa a prueba con fecha 20 de agosto de 2024, encontrándose
dicha interlocutoria recurrida de reposición con apelación subsidiaria con fecha 10 de
febrero de 2025 por la parte demandante, la que se encuentra sin resolver. En el
proceso, al requirente se le ha permitido ejercer plenamente sus derechos procesales,
sin que se advierta impedimento arbitrario o ilegal alguno.




28
0000297
DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE




Distinto es el escenario sobre la pretensión que se desprende de la demanda
interpuesta, la cual busca que se condene al Estado de Chile al pago de la suma de
$1.065.201.600 por concepto de daño emergente, en el contexto de una falta de
servicio. Asimismo, se solicita el pago de E° 29.912.043, más los reajustes e intereses
que correspondan, calculados según lo indicado en el cuerpo de la demanda, esto es,
desde la fecha en que se efectuó cada una de las inversiones objeto del juicio hasta su
pago efectivo, o bien las sumas que el tribunal determine conforme a derecho y al
mérito de los antecedentes.

En mérito a lo expuesto, resulta evidente que la aplicación del precepto
cuestionado no ha producido el efecto de vulnerar la tutela judicial efectiva, que
supone, precisamente, el derecho de activar el proceso y producir una decisión
judicial (Cofré, L. (2020) “Derechos a la tutela judicial y a la asistencia jurídica”, En
Contreras P. y Salgado X. Curso de Derechos Fundamentales, Tirant Lo Blanch, p.
323).



PREVENCIÓN



La Ministra señora MARÍA PÍA SILVA GALLINATO y el Ministro señor RAÚL
MERA MUÑOZ previenen que están por declarar la inaplicabilidad del precepto
legal impugnado, compartiendo la decisión de la mayoría solamente en relación a
la infracción que se produce respecto del artículo 19 N° 3 de la Constitución como
señala el considerando 15° de la sentencia, pero sin suscribir los argumentos
relativos a la afectación del derecho de propiedad, según se explica en las siguientes
consideraciones:

1°. Conforme a lo sostenido por el propio Fisco, es la sujeción a la aprobación
de la cuenta del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo (SINAP), establecida en la
parte impugnada del artículo 5° de la ley 18.900, lo que le ha impedido cumplir con
su obligación legal de hacerse cargo de las deudas del sistema. En el caso concreto, la
aplicación de la norma cuestionada le impide al requirente hacer valer ante los
tribunales los derechos de los ahorrantes a través de la demanda de cobro deducida
subsidiariamente en la gestión pendiente.

A diferencia de ello, en la demanda principal por Responsabilidad del Estado,
lo que pretenden las ahorrantes es censurar y ser indemnizadas por el actuar
persistentemente omisivo del Fisco respecto de las obligaciones de servicio que la Ley
N° 18.900 le impone. Lo que acabamos de anotar explica que la inaplicabilidad que
declara esta sentencia únicamente habrá de incidir en la acción subsidiaria como
gestión judicial pendiente y no respecto de la principal, ya que la declaración de
inaplicabilidad, en relación con esta última, no es necesaria para el éxito de la acción
de cobro impetrada.




29
0000298
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO




2°. La parte impugnada del precepto legal cuestionado, por lo tanto, afecta la
igual protección en el ejercicio de los derechos de las requirentes, vulnerando
especialmente su derecho a la tutela judicial efectiva, asegurado en el art. 19 N° 3 de
la Constitución Política. En efecto, si bien el Fisco ya se hizo dueño de los activos de
la Caja Central de Ahorros y Préstamos, no lo hizo respecto de sus obligaciones, que
continúan sujetas a una condición meramente potestativa e incumplida, sin que
puedan las requirentes acreedoras dirigir su acción en contra de éste. Los acreedores
del Fisco han visto así clausurada la vía de la reclamación judicial ordinaria en su
contra para obtener sus créditos, pues la Ley N° 18.900 ha suprimido al deudor
primitivo, reemplazándolo por uno que se ha exonerado de ejercer su labor. Así la
condición establecida en la norma impugnada se ha constituido en un impedimento
insalvable para acceder a la tutela de derechos, afectando con ello su contenido
esencial (artículo 19 N° 26), porque impide entrar a dimensionar la naturaleza de los
derechos, intereses o expectativas propietarias de los ahorrantes.

En ese sentido, “la frase impugnada vulnera el referido derecho, en tanto priva
a los órganos jurisdiccionales de la potestad de conocer y resolver las pretensiones
dirigidas a obtener la restitución de los fondos depositados por los ahorristas en el
marco del SINAP, constituyendo una gabela o condición que afecta el contenido
esencial de la igual protección de los derechos, impidiendo entrar a dimensionar la
naturaleza de los derechos, intereses o expectativas propietarias de los ahorrantes que
existirían, una vez que las cuentas hubiesen sido aprobadas. Como al impedir a los
afectados acceder a un juez natural que examine y eventualmente reconozca sus
derechos, la norma contraviene la esencia del derecho al acceso a la justicia” (Voto por
acoger STC 15.793, c. 33°).

3°. Ante la existencia, por lo tanto, de una imposibilidad material de realizar y
aprobar la cuenta por la vía administrativa, la inaplicabilidad del precepto impugnado
permitirá a las requirentes que, por vía jurisdiccional y a través de la acción de cobro
de pesos, puedan ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva para que el Fisco se
haga responsable de las obligaciones del SINAP que tiene para con ellas. En el pleito
respectivo deberán probar la titularidad que tengan sobre los créditos, consistentes en
los valores de ahorro reajustables y depósitos de ahorro que afirman poseer y acreditar
el monto preciso que les adeuda el Fisco. Entonces, según lo que puedan probar en la
gestión judicial pendiente, el tribunal dará o no lugar al cobro que corresponda,
constituyendo, por lo tanto, ese cobro por ahora una mera expectativa.

4°. No es entonces el derecho de propiedad sobre los dineros que reclaman el
que resulta afectado, porque no se ha determinado mediante sentencia judicial de que
la titularidad de tal derecho realmente corresponda a las requirentes. El problema,
entonces, no consiste en que la aplicación del precepto cuestionado les vulnere el
dominio de lo que sea realmente suyo, sino que les niega la posibilidad de discutir y
probar esa hipotética propiedad en un juicio. Al efecto cabe recordar que el derecho
de propiedad exige la verificación de la titularidad sobre los créditos, según ha




30
0000299
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE




razonado sistemáticamente la jurisprudencia de este Tribunal (STC Roles Nos 1266, c.
29 y 30; 2312, c. 6 ° y 2683, c. 22°).

5°. A lo anterior cabe agregar que aquí habría nacido un conjunto de
obligaciones mutuas, entre depositante y depositario, en donde el reconocimiento de
la condición de depositario genera un estatuto de responsabilidad (artículo 2.222 del
Código Civil) y habrá que estar al régimen de prueba que permita verificar la
existencia de obligaciones contractuales que se deriven de esos depósitos. Asimismo,
la determinación del legislador de la Ley N° 18.900 implica poner al Estado en
posición de garante de esos depósitos. Lo anterior, incrementa la dimensión de
responsabilidad, sin excluir las obligaciones propias de los depositantes, sin que la
falta de deudor exima de la necesaria constatación de la certidumbre de las acreencias.

6°. Por último, también debe tenerse presente que, desde sus primeras
sentencias, el Tribunal Constitucional ha sostenido reiteradamente que no existe un
derecho de propiedad sobre meras expectativas, sino que sobre derechos adquiridos.
Los derechos adquiridos son aquéllos que han entrado al patrimonio de una persona
por haber realizado un hecho jurídico apto para producirlos al momento de la vigencia
de la ley. Las meras expectativas son las facultades no ejercidas previamente al cambio
de legislación y que, por tanto, el legislador puede modificar sin afectar derechos
adquiridos (STC Rol N° 15, cc. 3° y 4°). En este sentido, la certidumbre de los bienes
incorporales protegidos en los depósitos y que propiciaban su retiro, resulta clara
hasta enero de 1987, pero a partir de la Ley N °18.591, se convirtieron cada vez más en
meras expectativas, sobre las cuales, se insiste, no existe derecho de dominio.



Redactó la sentencia la Ministra señora NANCY YÁÑEZ FUENZALIDA. La
disidencia fue escrita por la Ministra señora ALEJANDRA PRECHT RORRIS.

La prevención fue redactada por la Ministra señora MARÍA PÍA SILVA
GALLINATO.



Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N° 16.304-25-INA




31
0000300
TRESCIENTOS




Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida María Pía Silva Gallinato
Fecha: 16/01/2026 Fecha: 15/01/2026



Miguel Angel Fernández González Raúl Eduardo Mera Muñoz
Fecha: 15/01/2026 Fecha: 15/01/2026



Héctor Antonio Mery Romero Marcela Inés Peredo Rojas
Fecha: 15/01/2026 Fecha: 15/01/2026



Alejandra Precht Rorris
Fecha: 16/01/2026


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta,
Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros señora Nancy
Adriana Yáñez Fuenzalida, señora María Pía Silva Gallinato, señor Miguel Ángel
Fernández González, señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señor Héctor Mery
Romero, señora Marcela Inés Peredo Rojas y señora Alejandra Precht Rorris.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional, señor Sebastián
López Magnasco.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 16/01/2026




78CA68D6-CDF3-405D-80BB-7321F3212CFF
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su
validez puede ser consultada en www.tribunalconstitucional.cl con el
código de verificación indicado bajo el código de barras.