TC Rol 16326

Texto completo

0000796
SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS




2026

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
____________

Sentencia
Rol 16.326-2025
[20 de enero de 2026]

____________



REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 37 N°2,
LETRA A), Y 38 DEL D.L. N° 3.538, QUE CREA LA COMISIÓN PARA
EL MERCADO FINANCIERO


MATÍAS VIDELA SOLÁ

EN EL PROCESO ROL N° 58.127-2024, SEGUIDO ANTE LA EXCMA. CORTE
SUPREMA



VISTOS:

Que, con fecha 21 de marzo de 2025, Matías Videla Solá deduce requerimiento
de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 37 N° 2, letra a),
y 38 del Decreto Ley N° 3.538, de 1980, que crea la Comisión para el Mercado
Financiero, para que ello incida en el proceso Rol N° 58.127-2024, seguido ante la
Excma. Corte Suprema.



Las disposiciones legales impugnadas disponen lo siguiente:



“D.L. N° 3.538, Ley Orgánica de la Comisión para el Mercado Financiero

(…)

Artículo 37.- Las personas o entidades diversas de aquéllas a que se refiere el inciso
primero del artículo anterior que incurrieren en infracciones a las leyes, reglamentos, estatutos
y demás normas que las rijan, o en incumplimiento de las instrucciones y órdenes que les



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imparta la Comisión, podrán ser objeto de la aplicación por parte de ésta de una o más de las
siguientes sanciones, sin perjuicio de las establecidas específicamente en otros cuerpos legales
o reglamentarios:

(…)

2. Multa a beneficio fiscal equivalente, alternativamente, a un monto global por
persona o entidad de hasta:

a) La suma de 100.000 unidades de fomento. En el caso de haber sido sancionado
anteriormente por infracciones de la misma naturaleza, podrá aplicarse una multa de hasta
cinco veces el monto máximo antes expresado.

(…)

Artículo 38.- Para la determinación del rango y del monto específico de las multas a
las que se refieren los artículos anteriores, la Comisión deberá procurar que su aplicación
resulte óptima para el cumplimiento de los fines que la ley le encomienda, considerando al efecto
las siguientes circunstancias:

1. La gravedad de la conducta.

2. El beneficio económico obtenido con motivo de la infracción, en caso que lo hubiese.

3. El daño o riesgo causado al correcto funcionamiento del mercado financiero, a la fe
pública y a los intereses de los perjudicados con la infracción.

4. La participación de los infractores en la misma.

5. El haber sido sancionado previamente por infracciones a las normas sometidas a su
fiscalización.

6. La capacidad económica del infractor.

7. Las sanciones aplicadas con anterioridad por la Comisión en las mismas
circunstancias.

8. La colaboración que éste haya prestado a la Comisión antes o durante la investigación
que determinó la sanción.

La calidad de reincidente del infractor no se tomará en consideración en aquellos casos
en que haya determinado por sí sola el aumento del monto de la multa específica de conformidad
con lo establecido en la letra a) del numeral 2 del artículo 36 y en la letra a) del numeral 2 del
artículo 37.”.



Síntesis de la gestión pendiente y del conflicto constitucional sometido al
conocimiento y resolución del Tribunal

Indica la parte requirente que la gestión pendiente corresponde a un recurso
de apelación tramitado ante la Excma. Corte Suprema, a través del cual se impugna la




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sentencia dictada con fecha 30 de octubre de 2024 por la Corte de Apelaciones de
Santiago, que, a su vez, rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto en contra de las
Resoluciones Exentas N° 7.222, de 29 de septiembre de 2023, y N° 8.327, de 9 de
noviembre de 2023, mediante las cuales el Consejo de la Comisión para el Mercado
Financiero (CMF) decidió aplicar al requirente la sanción de multa, a beneficio fiscal,
ascendente a UF 15.000 por una supuesta infracción al artículo 165 inciso primero de
la Ley N° 18.045, de Mercado de Valores, en vulneración a la prohibición de hacer uso
de información privilegiada.

Contextualiza señalando que, de acuerdo con el contenido de la Resolución N°
7.222, la sanción impuesta radica en la compra de acciones que realizó el 13 de mayo
de 2022 de la sociedad Cencosud S.A. (sociedad de la cual era Gerente General a la
época de la adquisición) y el uso para aquello de la supuesta información privilegiada
con la que contaba en ese momento, consistente en la negociación que llevaba adelante
Cencosud para la adquisición de la cadena de supermercados brasileña Torre y Cía.,
operación que había sido comunicada a la CMF como hecho reservado y que, a la
época de la compra de las acciones, aún tenía el carácter de tal.

Añade que lo anterior fue acordado con el voto en contra del Comisionado
Augusto Iglesias, quien fue del parecer que el requirente infringió únicamente el deber
de abstención del artículo 165 inciso primero de la Ley de Mercado de Valores, es
decir, de operar en posesión -y no en uso- de información privilegiada, y que el caso
ameritaba únicamente una sanción de 4.000 UF -en vez de 15.000 UF- de conformidad
con lo dispuesto en la ley.

Señala que, posteriormente y ante la presentación de un recurso de reposición,
el Consejo CMF dictó la Resolución Exenta N° 8.327 de 9 de noviembre de 2023, la que
nuevamente en votación dividida (tres votos contra dos), rechazó las alegaciones
sostenidas respecto de la Resolución Sancionatoria, sin modificar sus argumentos.

Refiere que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 71 inciso primero del D.L.
N° 3.538, interpuso ante la Corte de Apelaciones de Santiago un reclamo de ilegalidad
denunciando una serie de vicios de legalidad contenidos en las resoluciones dictadas
por el Consejo CMF. En específico, la reclamación contenía los siguientes argumentos:

Primer vicio de ilegalidad: Falta de fundamentación por parte del Consejo
CMF en lo que se refiere a la acreditación de los requisitos que establece la ley para
sancionar por una infracción a la prohibición de uso de información privilegiada.
Desde lo anterior, en tanto las resoluciones impugnadas infringen notoriamente el
principio de legalidad en materia administrativa sancionadora, al sancionar con una
infracción distinta de la que se configura en los hechos, si se sigue la tipificación de
estas figuras en el artículo 165 inciso primero de la Ley de Mercado de Valores.
Además, del contenido de ambas resoluciones, no se observa cómo se configura un
elemento de la prohibición de uso, cual es la relación de causalidad o motivación entre




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la información privilegiada y la decisión de compra, con el objeto de conseguir un
beneficio económico.

Segundo vicio de ilegalidad: Infracción a la garantía del debido proceso
administrativo, al haberse vulnerado el derecho de defensa y los principios generales
del Derecho Administrativo. Explicó que el Consejo CMF aplicó una sanción por
hechos que no fueron materia de la formulación de cargos efectuada por la Unidad de
Investigación de la CMF, infringiendo con ello las garantías relativas al racional y justo
procedimiento en materia administrativa, especialmente aquellas vinculadas al
derecho a defensa y al principio de congruencia.

Tercer vicio de ilegalidad: Falta de fundamento suficiente y, además, de
proporcionalidad en la determinación del quantum de la multa aplicada. El Consejo
CMF no efectuó un análisis que permita entender la aplicación, en los hechos, de una
sanción de UF 15.000, en virtud de lo dispuesto en los artículos 37 y 38 del D.L. N°
3.538. Precisa que de la sola revisión de los criterios establecidos legalmente y de los
casos similares (algunos de ellos mencionados expresamente por el Consejo CMF en
su decisión), se desprende que la sanción de UF 15.000 es desproporcionada, inédita
y abusiva en comparación con el monto total de la operación y la infracción que a
juicio del mismo Consejo CMF se habría configurado.

Luego, detalla que dicho reclamo de ilegalidad fue rechazado mediante
sentencia de fecha 30 de octubre de 2024. En contra de este último pronunciamiento,
interpuso un recurso de apelación, el que se encuentra en tramitación ante la Excma.
Corte Suprema.

Al fundar el conflicto constitucional, sostiene la parte requirente que la
aplicación de los artículos 37 N° 2 letra a) y 38 del D.L. N° 3.538 de 1980 vulnera el
artículo 19 N° 2°, N° 3°, N° 24° y N° 26° de la Constitución.

Argumenta que el principio de proporcionalidad constituye un presupuesto
en el Derecho Administrativo Sancionador que veda el exceso en el contexto del
ejercicio de la potestad sancionatoria por parte de la Administración. Opera como un
requisito que obliga a que exista una debida y razonable correlación entre la sanción
aplicada al particular y la gravedad de la infracción imputada.

Sostiene que la proporcionalidad permite al administrado tener claridad
acerca de qué esperar de la Administración a la hora de producirse una infracción, lo
que no es más que la materialización del principio de predeterminación normativa
que el Tribunal Constitucional ha caracterizado como la necesidad de que tanto la
atribución de la Administración para ejercer su poder punitivo, la conducta
infraccional y la sanción -junto con su extensión- estén dispuestas previamente en una
ley, a fin de que sean conocidas por todos.

Agrega que el D.L. N° 3.538 del año 1980 no fue modificado por la Ley N°
21.000, en cuanto al máximo de multa aplicable a las infracciones de esta normativa,



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OCHOCIENTOS




que se mantuvo en un tope de 15.000 UF. Sin embargo, para poder aplicar esta sanción,
evitando los efectos inconstitucionales que el Tribunal Constitucional ya había
denunciado a través de diversas sentencias, dicho cambio normativo incorporó ciertos
criterios que debían ser considerados por la Comisión a efectos de determinar el
monto de la multa a aplicar, los cuales fueron singularizados en el artículo 38 de este
cuerpo legal.

Años después, anota, el legislador, a partir de la dictación de la Ley N° 21.314,
modificó este tope máximo de multa desde 15.000 UF a 100.000 UF. Sin embargo, a
pesar de haber aumentado las multas en más de un 500%, no se sumó ninguna
modificación legal que viniera a complementar lo dispuesto en el artículo 38 a efectos
de que existiese una efectiva correspondencia normativa entre la sanción a imponer y
la gravedad de la infracción. Refiere que, luego de la modificación en cuestión, la ley
consagra un margen excesivamente amplio dentro del cual puede oscilar la eventual
sanción administrativa a imponer sin criterios que permitan definir adecuadamente
la pertinencia de una u otra suma, de manera tal que la intensidad de la potestad
sancionatoria queda supeditada a la mera discrecionalidad del Consejo CMF.

Sostiene que lo anterior resulta más inexplicable aún si se considera que desde
antes de la modificación introducida por la Ley N° 21.000, e incluso por normativa
dictada entre dicha norma y la Ley N° 21.314, el legislador ya había estimado, en los
procedimientos administrativos sancionadores del ordenamiento, la insuficiencia de
incorporar, únicamente, criterios en abstracto para la determinación de la sanción de
multa, si es que se entrega a la Administración la posibilidad de imponer multas de
gran magnitud. La regla en esta materia es que el respeto por el principio de
proporcionalidad en la aplicación de una sanción administrativa no solo se limita en
abstracto por criterios como los del DL. N° 3.538, sino también en concreto,
incorporándose en la ley diversos rangos de multa en razón de la gravedad del hecho,
distinguiéndose entre infracciones leves, graves y gravísimas. Cita como ejemplos las
Leyes N° 18.410, N° 20.529, N° 19.913, N° 20.417, N° 18.755, N° 19.327, N° 20.720, N°
21.091, entre otras, que establecen el sistema del cual el DL. N° 3.538 carece: fijación
legal de la gradualidad de las infracciones, según su gravedad, junto con el
establecimiento de condiciones para determinar la sanción concreta a las
características que presente el caso en análisis.

Además, argumenta que para, supuestamente, evitar los efectos
inconstitucionales que el Tribunal Constitucional identificó en el pasado respecto a
aquellos procedimientos sancionatorios que no establecían parámetro alguno que
obligara a la Administración al momento de imponer la sanción de multa a un
particular, el artículo 38 N° 7 del DL. N° 3.538 contempla actualmente, como una de
las consideraciones que debe observar la CMF al momento de imponer una multa, las
sanciones aplicadas con anterioridad por la Comisión en las mismas circunstancias.




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OCHOCIENTOS UNO




Precisa, unido a lo señalado, que el DL. N° 3.538 no contempla ningún tipo de
graduación en relación a la gravedad de las posibles infracciones que pudiesen
cometerse en el mercado de valores, el único parámetro que podría ayudar en este
ejercicio a la CMF, y que le permitiría uniformar su respuesta punitiva ante
infracciones de similar gravedad, es la consideración a las sanciones antes aplicadas
por iguales hechos.

Argumenta que considerar como situaciones similares a las del requirente con
otros casos que cita, da cuenta de la desproporcionalidad que se produce en la
respuesta punitiva que ejerce la Comisión CMF en estos casos. Sostiene que en otros
casos y en el del requirente, los hechos son similares: el hecho reservado en ambos
consistió en una negociación, respecto de operaciones ejecutadas durante la vigencia
del hecho esencial indicado, por montos similares, resolviéndose en ambos casos que
no fue posible determinar el beneficio económico obtenido ni buscado con motivo de
la infracción. No obstante, en esos casos se aplicó una multa inferior en un 1.400% y
en un 60%, respectivamente, de aquella que fue aplicada al requirente. Con la
finalidad de justificar el quantum de la sanción aplicada en cada uno de los casos, el
Consejo CMF hace alusión a la gravedad de la infracción cometida por el sancionado,
sin más. Para este organismo, todos estos casos son graves, sea que en casos como el
de Christian Traeger la sanción haya sido de 1.000 UF, o en casos como el del
requirente la multa supere en un 1.400% esta última.

Luego, indica que, al calificar todos estos hechos como graves, sin un
parámetro legal de graduación de la gravedad de las infracciones, lo cierto es que
dicho calificativo corresponde a un término indeterminado que da pábulo para que
dentro de él se comprenda cualquier elemento de juicio, y que no garantiza realmente
que el operador encargado de aplicar la sanción vaya a ajustar o calibrar la sanción
según la gravedad de la infracción.



Tramitación

El requerimiento fue acogido a trámite por la Primera Sala con fecha 27 de
marzo de 2025, a fojas 693. Se confirió traslado a las demás partes para examinar el
cumplimiento de los requisitos de admisibilidad.

Posteriormente, fue declarado admisible, a fojas 721, en resolución de 17 de
abril de 2025. Se confirió traslado a las demás partes de la gestión invocada y a los
órganos constitucionales interesados.



Con fecha 14 de mayo de 2025, a fojas 734, el Consejo de Defensa del Estado,
en representación de la Comisión para el Mercado Financiero evacuó traslado
solicitando el rechazo del requerimiento.




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OCHOCIENTOS DOS




Señala que el requirente funda su requerimiento en sostener que la multa de
15.000 UF impuesta sería desproporcionada y que, supuestamente, no existiría una
norma que delimite al Consejo, en ejercicio de dicha potestad sancionatoria, respecto
al quantum de multa a aplicar según la gravedad del caso, dado que ésta podría
rondar de 0 a 100.000 UF. Luego, agrega que buscado por el requirente es quedar
exento de toda sanción administrativa, a pesar de haber abusado de su posición de
ventaja y adquirido en beneficio propio acciones con información privilegiada. A la
fecha de los hechos infraccionales, el actor era gerente general de un emisor de valores
y sociedad anónima abierta, con acceso a información privilegiada debido a su
posición en la empresa Cencosud.

Acota que tanto el Consejo de la CMF y, después, la Corte de Apelaciones de
Santiago, llegaron a la convicción de que el requirente incurrió en una infracción muy
grave contemplada en la Ley de Mercado de Valores, pues utilizó la información
privilegiada en su beneficio propio, infringiendo de esa forma la prohibición de uso.

Respecto de la gravísima infracción a la Ley, desarrolla que mediante hecho
reservado de 3 de febrero de 2022, firmado por el reclamante, se informó que, por
medio de su filial Cencosud Brasil, iba a suscribir un Memorandum of Understanding
para el análisis y eventual adquisición de la sociedad Torre y Cía. Supermercados S.A.,
propietaria de una parte de la cadena de supermercados Supermarket y que,
asimismo, dicha información debía mantenerse reservada por tratarse de
negociaciones pendientes que podían afectar el interés social de Cencosud. Fue dicha
empresa la que le atribuyó el carácter de hecho reservado a la información
precedentemente referida en los términos del artículo 10 inciso tercero de la Ley N°
18.045.

Agrega que, en los hechos, no resulta aceptable que el gerente general de una
sociedad anónima alegue ahora que la información no era, supuestamente, esencial ni
relevante y que la reserva habría obedecido exclusivamente a fin de resguardar a la
sociedad Torre. El reclamante, en su calidad de gerente general e insider del emisor,
debió inhibirse de operar en el mercado respecto de los valores sobre los cuales recaía
la información privilegiada a la que tuvo acceso, tan pronto el directorio de Cencosud
le atribuyó el carácter de reservada a las negociaciones del caso, lo que no hizo, al
utilizar la información privilegiada en su beneficio.

Respecto de la existencia de un marco legal suficiente, sostiene que a diferencia
de lo expuesto por el requirente, se cuenta con un marco legal que establece de forma
precisa y clara las circunstancias que debe considerar el Consejo de la Comisión para
el Mercado Financiero para los efectos de determinar el quantum de la multa y, a su
vez, se ha establecido un procedimiento de revisión judicial de las multas que dicho
órgano aplique por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago y, en alzada, la
Excma. Corte Suprema.




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OCHOCIENTOS TRES




Explica que, en los artículos 1° incisos segundo y tercero, 36, 37, 38, 39 y 52
inciso segundo del DL. N° 3.538, el legislador ha establecido una serie de objetivos,
requisitos, parámetros y criterios orientadores que el Consejo de la CMF debe seguir
a la hora de escoger entre las sanciones de censura, multa, suspensión y revocación -
e, inhabilidades como sanción complementaria- ante la infracción de la normativa que
rige el Mercado Financiero y cuyo ámbito es propio de la discrecionalidad
administrativa.

Con todo, anota que el artículo 71 del DL. N° 3.538 otorga expresamente a la
Excma. Corte Suprema la facultad de dejar la sanción sin efecto, confirmarla o
modificarla, si así surgiere de los antecedentes puestos en su conocimiento.

En este sentido, la parte requerida anota que el libelo deducido adolece de
manifiesta falta de fundamento. De la exposición de los hechos efectuada se advierte
que lo verdaderamente pretendido es impugnar la resolución sancionatoria, lo cual es
absolutamente diverso al fin establecido en la Carta Fundamental al consagrar la
inaplicabilidad por inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional ha sido
consistente en declarar que tal procedencia no es posible extenderla a aquellos casos
en que dichas consecuencias se producirían por la emisión de un acto administrativo
que interpreta disposiciones legales, como ocurre en la especie.

Unido a lo argumentado, precisa que el requirente se ha valido de su
requerimiento de inaplicabilidad como si se tratara de un recurso jurisdiccional
ordinario, solicitando al Tribunal que declare que las normas serían
inconstitucionales. En este sentido, solicita tener presente la Resolución Sancionatoria,
de la cual es posible advertir que al ponderarse la circunstancia de artículo 38 N° 7 del
DL N° 3.538, esto es, sanciones similares impuestas por operar en posesión de
información privilegiada, el Consejo de la CMF analizó, entre otros factores y casos
relevantes: si se infringió la prohibición de uso o el deber de abstención; si se infringió
otra conducta prohibida en relación con información privilegiada; si mediante la
operación se procuró obtener un beneficio o evitar una pérdida; y el monto, magnitud
y materialidad de la operación.

Acota que en el presente requerimiento se manifiestan reproches genéricos
relativos a la indeterminación de la sanción y a la afectación de los principios del
Estado de Derecho, como el de juridicidad. No obstante, el requirente no explica de
manera clara, delimitada y específica la forma en que se produciría la contradicción
constitucional en este caso concreto, que habilitaría la no aplicación de las normas
impugnadas en el proceso en que incide.

Unido a lo desarrollado, explica que lo que se pretende no es la inaplicabilidad
de la norma, sino su declaración de inconstitucionalidad, pues los escasos reproches
del requirente en cuanto a la inaplicabilidad de la norma se dirigen exclusivamente a
un acto del legislador, esto es, la supuesta redacción indeterminada de la norma.




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OCHOCIENTOS CUATRO




Precluido el traslado otorgado en resolución de admisibilidad, por decreto de
2 de junio de 2025, a fojas 764, se dispuso traer los autos en relación.



Vista de la causa y acuerdo

En Sesión de Pleno de 23 de octubre de 2025 se oyó la relación pública y los
alegatos de los abogados señores Ignacio Ried Undurraga, por la parte requirente, y
Carlos Aranís Olivares, por la parte del Consejo de Defensa del Estado. Fue adoptado
acuerdo con igual fecha, conforme fue certificado por el relator a fojas 787.



Y CONSIDERANDO:



PRIMERO: Que, se ha requerido la inaplicabilidad de los artículos 37 N° 2 letra
a) y 38 del Decreto Ley N° 3.538, de 1980, que crea la Comisión para el Mercado
Financiero. La primera de dichas normas establece que las personas o entidades,
diversas de aquéllas a que se refiere el inciso primero del artículo 36, que incurran en
infracciones a las leyes, reglamentos, estatutos y demás normas que las rijan o en
incumplimiento de las instrucciones y órdenes que les imparta la Comisión, podrán
ser sancionadas con multa a beneficio fiscal equivalente a un monto global por
persona o entidad de hasta 100.000 unidades de fomento.

Por su parte, el artículo 38 establece que, para la determinación del monto
específico de la multa, la Comisión deberá procurar que su aplicación resulte óptima
para el cumplimiento de los fines que la ley le encomienda, considerando al efecto las
ocho siguientes circunstancias: La gravedad de la conducta, el beneficio económico
obtenido, en caso de haberlo, el daño o riesgo causado al correcto funcionamiento del
mercado financiero, a la fe pública y a los intereses de los perjudicados, la
participación de los infractores, el haber sido sancionado previamente, la capacidad
económica del infractor, las sanciones aplicadas con anterioridad por la Comisión en
las mismas circunstancias y la colaboración que el infractor prestó a la Comisión antes
o durante la investigación que determinó la sanción;

SEGUNDO: Que, la requirente sostiene que “(…) la Ley CMF consagra un
margen excesivamente amplio dentro del cual puede oscilar la eventual sanción administrativa
a imponer sin criterios que permitan definir adecuadamente la pertinencia de una u otra suma,
de manera tal que la intensidad de la potestad sancionatoria queda supeditada a la mera
discrecionalidad del Consejo CMF” (fs. 11), siendo insuficientes, para evitar aquel
reproche, los criterios incorporados en el artículo 37, sin perjuicio que, además, no se
gradúa la multa conforme a la mayor o menor gravedad de la infracción (fs. 16).

Lo anterior conduciría a la vulneración del principio constitucional de
proporcionalidad porque “(…) y a diferencia de gran parte de los procedimientos



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OCHOCIENTOS CINCO




sancionatorios integrados a nuestro ordenamiento, la ley permite a la CMF recorrer un
amplísimo margen en cuanto al quantum de la multa -desde 0 hasta 100.000 UF- al momento
de sancionar una determinada infracción siguiendo únicamente directrices que, en abstracto,
son enunciadas en dicha normativa. Lo anterior, indudablemente y como dijimos, implica que
nada obste a que dicho órgano pueda adoptar decisiones arbitrarias o desiguales, en función de
la gravedad de la infracción como, veremos, ocurrió en este caso” (fs. 17). Y, a partir de
aquella vulneración, también resultarían lesionados los numerales 24° y 26° del
artículo 19 de la Carta Fundamental (fs. 29);

TERCERO: Que, en suma, la cuestión constitucional que se ha sometido a
nuestra decisión consiste en determinar si, por aplicación de los artículos 37 N° 2 letra
a) y 38 del Decreto Ley N° 3.538, de 1980, se vulnera el principio de proporcionalidad,
al contemplar un margen excesivamente amplio de la multa susceptible de ser
impuesta, hasta 100.000 unidades de fomento, sin que existan parámetros objetivos
para determinarla en concreto, pues las ocho circunstancias previstas en el referido
artículo 38 no serían suficientes para despejar esta objeción;



I. PRECEPTOS LEGALES IMPUGNADOS

CUARTO: Que, el artículo 37 del Decreto Ley N° 3.538 establece las sanciones
que se pueden aplicar a las personas o entidades -diversas de aquéllas a que se refiere
el inciso primero del artículo 36, esto es, las sociedades anónimas y empresas
bancarias sujetas a la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero- que
incurran en infracciones a las leyes, reglamentos, estatutos y demás normas que las
rijan o en incumplimiento de las instrucciones y órdenes que les imparta la referida
Comisión, sin perjuicio de las establecidas específicamente en otros cuerpos legales o
reglamentarios.

Entre las sanciones, en el numeral 2, se establece una multa a beneficio fiscal
equivalente, alternativamente, a un monto global por persona o entidad de hasta:

“a) La suma de 100.000 unidades de fomento. En el caso de haber sido sancionado
anteriormente por infracciones de la misma naturaleza, podrá aplicarse una multa de hasta
cinco veces el monto máximo antes expresado.

b) El 30% del valor de las operaciones sancionadas.

c) El doble de los beneficios obtenidos producto de las operaciones sancionadas”.

QUINTO: Que, en el texto original del DL. N° 3.538, el artículo 28 establecía
una multa a beneficio fiscal “(…) hasta por un monto global por entidad o persona
equivalente a 1.000 unidades de fomento. En el caso de tratarse de infracciones reiteradas de la
misma naturaleza, podrá aplicarse una multa de hasta cinco veces el monto máximo antes
expresado”.




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OCHOCIENTOS SEIS




En 2005, en virtud de la Ley N° 19.705 se elevó el monto máximo de la multa a
15.000 unidades de fomento, con la finalidad, como explicó el abogado de la entonces
Superintendencia de Valores y Seguros, que “(…) sean realmente medidas que tiendan a
desincentivar las conductas negativas, en beneficio de un actuar correcto en el mercado y no
sean una simple evaluación del ente fiscalizado de cometer la infracción a un bajo costo versus
el beneficio que ello les pueda reportar y en perjuicio del mercado (…)” (Primer Informe de
la Comisión de Hacienda del Senado recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite
constitucional, que regula las ofertas públicas de adquisición de acciones y establece
régimen de Gobiernos Corporativos, Boletín N° 2.289-05, 1 de marzo de 2000, p. 119).

SEXTO: Que, la Ley N° 21.000, en 2016, reemplazó íntegramente el texto del
Decreto Ley N° 3.538, pero, en el caso -ahora- del artículo 37 no modificó el monto
máximo de la multa establecido en 15.000 unidades de fomento. Sin embargo, la Ley
N° 21.314, en 2021, lo aumentó a 100.000 unidades de fomento, a raíz de una indicación
del Presidente de la República (Oficio N° 005-368, 13 de marzo de 2020, p. 11, Boletín
N° 10.162-05);

SEPTIMO: Que, por su parte, el actual artículo 38 del Decreto Ley N° 3.538
dispone que, “para la determinación del rango y del monto específico de las multas a las que
se refieren los artículos anteriores, la Comisión deberá procurar que su aplicación resulte
óptima para el cumplimiento de los fines que la ley le encomienda, considerando al efecto las
siguientes circunstancias:

1. La gravedad de la conducta.

2. El beneficio económico obtenido con motivo de la infracción, en caso que lo hubiese.

3. El daño o riesgo causado al correcto funcionamiento del mercado financiero, a la fe
pública y a los intereses de los perjudicados con la infracción.

4. La participación de los infractores en la misma.

5. El haber sido sancionado previamente por infracciones a las normas sometidas a su
fiscalización.

6. La capacidad económica del infractor.

7. Las sanciones aplicadas con anterioridad por la Comisión en las mismas
circunstancias.

8. La colaboración que éste haya prestado a la Comisión antes o durante la investigación
que determinó la sanción.

La calidad de reincidente del infractor no se tomará en consideración en aquellos casos
en que haya determinado por sí sola el aumento del monto de la multa específica de conformidad
con lo establecido en la letra a) del numeral 2 del artículo 36 y en la letra a) del numeral 2 del
artículo 37”;




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OCHOCIENTOS SIETE




OCTAVO: Que, esta norma tiene su antecedente en el inciso segundo que se
agregó al entonces artículo 28 del Decreto Ley N° 3.538, en virtud de la Ley N° 19.705,
al tenor del cual: “El monto específico de la multa a que se refiere el número 2), se determinará
apreciando fundadamente la gravedad y las consecuencias del hecho, la capacidad económica
del infractor y si éste hubiere cometido otras infracciones de cualquier naturaleza en los últimos
24 meses. Esta circunstancia no se tomará en consideración en aquellos casos en que la
reiteración haya determinado por sí sola el aumento de la multa básica”.

Este nuevo inciso buscaba “(…) precisar que como hay un aumento considerable en
los montos a aplicar, existan criterios básicos para la aplicación de las sanciones tales como
gravedad y consecuencia del hecho; capacidad económica del infractor y si ha habido reiteración
de infracciones en los últimos 24 meses. Tales parámetros que se proponen podrán significar
una mayor precisión en la aplicación sancionatoria” (Primer Informe de la Comisión de
Hacienda del Senado, ya citado, p. 118);

NOVENO: Que, en los antecedentes de la Ley N° 21.000 se explica el nuevo
artículo 38 por la Coordinadora Legislativa del Ministerio de Hacienda, quien señaló
que “se actualiza el régimen sancionatorio especialmente en lo relativo a las multas,
estableciendo un catálogo alternativo de las mismas, precisándose que para la determinación de
su rango y monto específico, la Comisión deberá procurar que su aplicación resulte óptima para
el cumplimiento de los fines que le encomienda la ley, considerando una serie de circunstancias
objetivas” (Informe de la Comisión Mixta encargada de proponer la forma y modo de
superar las discrepancias producidas entre el Senado y la Cámara de Diputados,
respecto del proyecto de ley que crea la Comisión de Valores y Seguros, Boletín N°
9.015-05, 8 de noviembre de 2016, p. 62);

DECIMO: Que, indudablemente, la trayectoria legislativa brevemente descrita
sirve para constatar, por una parte, la decisión de aumentar significativamente, de
1.000 a 15.000 unidades de fomento, primero, y, luego, hasta las 100.000, el máximo de
la multa susceptible de ser aplicada, en conformidad al artículo 37 del Decreto Ley N°
3.538 y, de otra, a propósito de los criterios en que debe basarse la autoridad
fiscalizadora para la determinación específica del monto en cada caso, se confirma que
“(…) en el último tiempo el legislador, alentado fundamentalmente por las precisiones
provenientes de la jurisprudencia, ha configurado las disposiciones sancionadoras sectoriales
disponiendo con un mayor detalle las conductas constitutivas de infracciones, su clasificación,
los tipos de sanciones y los criterios que deben ser utilizados para su determinación, lo cual
refleja un mayor grado de correspondencia con los principios constitucionales y con las
garantías y derechos fundamentales de los particulares” (Rosa Fernanda Gómez González:
“Antecedentes Históricos de la Potestad Sancionadora de la Administración en
Chile”, Revista Derecho del Estado N° 44, 2019, Colombia, Universidad Externado de
Colombia, p. 372);

DECIMOPRIMERO: Que, en definitiva, el legislador ha aumentado -
progresiva y significativamente- el máximo de la multa que la Comisión para el



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OCHOCIENTOS OCHO




Mercado Financiero puede aplicar por infracción, en conformidad al artículo 37 N° 2
letra a) del Decreto Ley N° 3.538, y, al mismo tiempo, ha establecido, en coherencia
con la jurisprudencia, parámetros objetivos y predeterminados conforme a los cuales
determinar el monto específico aplicable en el caso concreto;



II. JURISPRUDENCIA SOBRE PROPORCIONALIDAD

DECIMOSEGUNDO: Que, suele indicarse como la recepción del principio de
proporcionalidad en la jurisprudencia de esta Magistratura la sentencia pronunciada
el 13 de julio de 2006, Rol N° 541, en la que se sostuvo que “(…) La regulación legal debe
ser razonable, no arbitraria, sirviendo como referencia del juicio de razonabilidad la
concurrencia del principio de proporcionalidad, determinado por la relación coherente entre
los medios utilizados y los fines legítimos perseguidos. La extensión de la limitación del derecho
cede frente a la licitud del objeto que se pretende alcanzar, por razón de bien común” (c. 15°);

DECIMOTERCERO: Que, nuestra jurisprudencia ha desarrollado y aplicado,
a partir de aquel pronunciamiento, en muy distintos ámbitos, de diversas formas y
con intensidades variables, el principio de proporcionalidad. Así lo ha hecho también
en relación con el denominado Derecho Administrativo Sancionador, especialmente
en relación con el principio de proporcionalidad, por ejemplo, para el debido
equilibrio entre infracción y sanción (c. 6°, Rol N° 5.018) o para la configuración
legislativa de la sanción, atendiendo a la gravedad de la infracción, al margen dentro
del cual debe decidir la sanción precisa la autoridad competente y los factores que
debe considerar al momento de imponerla concretamente (c. 18° y 19°, Rol N° 2.264-
2012 y c. 7° y 12°, Rol N° 2.658), ya que, “(…) en la actualidad, precisamente, uno de los
principios más relevantes que vincula a la Administración del Estado en el ejercicio de sus
poderes punitivos, es el principio de proporcionalidad de la sanción, principio conforme al cual,
siempre debe existir una razonable adecuación entre el desvalor o naturaleza del ilícito
cometido y la sanción que se aplica al autor del mismo (…)” (Alejandro Cárcamo Righetti:
“La obligatoria observancia del Principio de Proporcionalidad de la sanción en el
Derecho Administrativo Sancionador: Fundamentos, Alcances y Aplicaciones”,
Sanciones Administrativas, Santiago, Ed. Thomson Reuters, 2.014, pp. 149-165);

DECIMOCUARTO: Que, más específicamente y abundando en torno de las
sanciones administrativas, “(…) este Tribunal Constitucional se ha pronunciado en
numerosas oportunidades a favor del principio de proporcionalidad, especialmente en materia
de sanciones o penas. Indicando que esa relación de equilibrio entre el castigo impuesto y la
conducta imputada, que desde el campo penal se extiende como garantía a todo el orden
punitivo estatal, viene a materializar tanto el derecho constitucional de igualdad ante la ley
(artículo 19, N° 2°), cuanto aquella garantía que encauza la protección de los derechos en un
procedimiento justo y racional (artículo 19, N° 3°) (…)”. (c. 7°, Rol N° 2.658), por cuanto
“(…) el derecho a un procedimiento justo y racional no sólo trasunta aspectos adjetivos o
formales, de señalada trascendencia como el acceso a la justicia de manera efectiva y eficaz,



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OCHOCIENTOS NUEVE




sino que también comprende elementos sustantivos de significativa connotación material (Rol
N° 437, considerando 14°), como es -entre otras dimensiones- garantizar la proporcionalidad
de las medidas adoptadas en su virtud. Esto es, en los procesos punitivos, que exista una
relación de equilibrio entre la sanción impuesta y la conducta imputada” (c. 28°, Rol N°
1.518);

DECIMOQUINTO: Que, en el ámbito específico referido a la configuración
de la sanción administrativa por parte del legislador, esta Magistratura ha
considerado que “(…) el principio de predeterminación normativa se integra también con el
elemento de correspondencia entre la conducta ilícita tipificada y la sanción consiguiente, como
se ha discurrido en las consideraciones precedentes. Si bien tal correspondencia puede dejar
márgenes más o menos flexibles a la discrecionalidad judicial, en función de las características
del caso concreto, le está vedado al legislador -so riesgo de vulnerar el principio de
proporcionalidad en el sentido de delimitación de la potestad sancionadora- prescindir de todo
criterio para la graduación o determinación del marco de la sanción a aplicar, sea en términos
absolutos o de manera excesivamente amplia. Ésta, por lo demás, ha sido la impronta seguida
en general en nuestro ordenamiento jurídico administrativo en el ámbito de la regulación
económica, comprobándose que, para el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa,
los órganos dotados de ius puniendi deben sujetarse a ciertos límites impuestos objetivamente
por el legislador para efectos de ponderación de la sanción. El esquema habitualmente utilizado
se orienta a restringir la discrecionalidad del ente sancionador, a través de la incorporación de
directrices que hacen obligatoria la ponderación de las circunstancias para la determinación de
las correspondientes sanciones, en el caso concreto” (c. 13°, Rol N° 2.678).

DECIMOSEXTO: Que, precisamente y como corolario, en el considerando
17° de la sentencia Rol N° 2.666, consta “[q]ue la regulación de la sanción administrativa
exige cumplir, junto con los mandatos de reserva legal y tipicidad, el requisito de
proporcionalidad. En virtud de la proporcionalidad, la regulación ha de establecer un conjunto
diferenciado de obligaciones y de sanciones dimensionadas en directa relación con la entidad o
cuantía del incumplimiento. La gravedad relativa de la infracción es determinante de la
sanción que debe imponer la autoridad de conformidad con la regulación aplicable (…)”;

DECIMOSEPTIMO: Que, así, por lo demás, como se ha hecho presente en
esta causa, ha venido actuando el legislador en importantes cuerpos legales dictados
con posterioridad a los lineamientos jurisprudenciales adoptados por esta
Magistratura, como puede verificarse, por ejemplo, en la Ley N° 20.417, que crea el
Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio
Ambiente; la N° Ley 20.529, que establece el Sistema Nacional de Aseguramiento de
la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización; la Ley N°
20.720, sobre Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, la Ley N° 21.064,
que reformó el Código de Aguas en materia de fiscalización y sanciones, y, por cierto,
en la Ley N° 21.000, que crea la Comisión para el Mercado Financiero;




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OCHOCIENTOS DIEZ




DECIMOCTAVO: Que, finalmente, si se considera la aplicación del principio
constitucional de proporcionalidad en las sentencias de esta Magistratura más
recientes (entre octubre de 2024 y octubre de 2025), se aprecia que se ha utilizado en
más de cincuenta pronunciamientos, v. gr., en el Rol N° 15.036 para sostener que “(…)
el examen de proporcionalidad consiste en una estructura escalonada de razonamiento, que se
articula en base a cuatro pasos de análisis de la medida que establece la norma impugnada, a
saber: (1) la existencia de un fin legítimo, (2) su adecuación, (3) la necesidad de la medida y,
(4) su proporcionalidad en sentido estricto (…)” (c. 7°).

Y, respecto de este último, se ha explicado, en el Rol N° 16.072, que “(…) la
proporcionalidad en sentido estricto exige ponderar si el sacrificio que la medida impone a los
afectados es justificable frente a los beneficios que reporta para el interés general. Es decir, si
la afectación a los derechos fundamentales resulta tolerable, o si, por el contrario, se traduce en
un impacto desmedido e injustificado (…)” (c. 20°) o, en otras palabras y precisamente en
el ámbito sancionatorio (penal, en ese caso), hemos señalado que la proporcionalidad
evalúa “(…) la medida con los fines y la intensidad de la afectación de los derechos
involucrados e invocados por el requirente. Es, en el razonamiento de la sentencia recién
anotada, “una medida equilibrada y justa que es menor al perjuicio que ocasiona la
intervención al derecho fundamental” (Rol N° 3.329, c. 61°)” (c. 22°, Rol N° 16.552).

Y, precisamente considerando también el contexto en que se sitúa la medida
sancionatoria, hemos aclarado que “(…) el principio de proporcionalidad apunta a la
relación entre el merecimiento de pena y el daño social causado, no es posible soslayar,
precisamente, en el examen de confrontación concreta de la norma legal con la Constitución,
el disvalor que envuelve la comisión del delito que trae consigo esta forma de cumplimiento de
la pena, la que se mantiene en el ámbito de la razonabilidad a partir del bien jurídico protegido”
(c. 24°, Rol N° 15.907);

DECIMONOVENO: Que, en suma, los preceptos legales sancionatorios
deben prever “(…) la relación entre la conducta y la pena prevista, en vista al bien jurídico
protegido; la existencia de márgenes o rangos para la aplicación de las penas; y la presencia de
criterios objetivos que auxilien a los intérpretes en la determinación de la sanción definitiva”
(Nicolás Enteiche Rosales: Las Sanciones Administrativas. El Principio de la
Proporcionalidad, Valencia, Tirant lo Blanch, 2017, p. 52);



III. APLICACIÓN AL CASO CONCRETO

VIGESIMO: Que, los artículos 37 N° 2 letra a) y 38 del Decreto Ley N° 3.538
autorizan a la Comisión para el Mercado Financiero para imponer a las personas o
entidades que incurran en infracciones a las leyes, reglamentos, estatutos y demás
normas que las rijan o en incumplimiento de las instrucciones y órdenes que les
imparta dicha Comisión, una multa de hasta 100.000 unidades de fomento. Y agrega
que, para determinar el monto preciso, la Comisión debe procurar que su aplicación




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OCHOCIENTOS ONCE




resulte óptima para el cumplimiento de los fines que la ley le encomienda,
considerando al efecto las ocho circunstancias contenidas en el referido artículo 38;

VIGESIMOPRIMERO: Que, evidentemente corresponde al Juez del Fondo
examinar en la gestión pendiente, la manera cómo la autoridad fiscalizadora ha
efectivamente dado cabal cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 37, en cuanto
al monto máximo de la multa dispuesta por el legislador, y también a la consideración
debidamente motivada de cada una de las circunstancias contenidas en el artículo 38
para que el monto específico impuesto resulte óptimo para el cumplimiento de los
fines que la ley persigue;

VIGESIMOSEGUNDO: Que, en cambio, en el ámbito de competencia que
corresponde a esta Magistratura, esto es, resolver si la aplicación de los dos preceptos
legales cuestionados resultan o no contrarios a la Constitución y, específicamente, al
principio de proporcionalidad, cabe considerar que ellos contemplan la regulación
que esta Magistratura ha exigido en su jurisprudencia al establecer, con suficiente
densidad normativa, una sanción de multa donde, por una parte, se habilita a la
autoridad administrativa para especificar su cuantía, contando con un ámbito de
discrecionalidad necesario en materias de Derecho Administrativo Sancionador y, de
otra, permite a los administrativos saber a cuánto puede ascender el máximo de la
multa y conforme a qué circunstancias será determinada esa cuantía específica en su
caso;

VIGESIMOTERCERO: Que, como se ha dicho, esta regulación legal permite
al Juez del Fondo evaluar si la autoridad administrativa ha obrado en conformidad a
la preceptiva legal aplicable, es decir, examinar si la multa fue impuesta por la
autoridad competente, si se sitúa dentro del máximo permitido por la ley, si se han
considerado y ponderado, en mérito de los antecedentes contenidos en el expediente
administrativo, cada una de las circunstancias que la preceptiva legal exige revisar
para fijar la cuantía y, en fin, si ese monto preciso resulta o no óptimo para el
cumplimiento de los fines que encomienda la ley;

VIGESIMOCUARTO: Que, con todo y llevado el asunto al caso concreto que
constituye la gestión pendiente, la requirente sostiene su alegato de desproporción en
que el legislador no ha distinguido las infracciones que son gravísimas de las graves
o menos graves y leves;

VIGESIMOQUINTO: Que, esta manera de clasificar las infracciones, para
asociar a ellas sanciones distintas, ciertamente, puede ser empleada por el legislador
y, evidentemente, con ello se positiviza una determinación previa mayor por parte de
la ley, con lo que se comprime más la discrecionalidad administrativa para determinar
la cuantía, pues, inmediatamente, sitúa las distintas infracciones dentro de alguna de
esas categorías, regularmente, para asociarlas a multas distintas que van de mayor a
menor entidad.




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OCHOCIENTOS DOCE




Sin embargo, esta fórmula no es obligatoria para el legislador y menos resulta
plausible sostener que ella tiene alguna raigambre constitucional;

VIGESIMOSEXTO: Que, en consecuencia, es efectivo que el Decreto Ley N°
3.538 no ha acudido al mecanismo que distingue, según su gravedad, las infracciones
que pueden ser sancionadas por la Comisión para el Mercado Financiero, lo que no
resulta per se contrario a la Constitución, ya que ha optado -aunque no son
excluyentes- por establecer ocho circunstancias que deben ser ponderadas por la
Comisión para determinar el monto específico de la multa, con la finalidad que su
aplicación resulte óptima para el cumplimiento de los fines que la ley le encomienda,
cuya evaluación corresponde al Juez del Fondo en cada caso concreto;

VIGESIMOSEPTIMO: Que, en todo caso, es claro que no acudir a esta
clasificación referida puede ser un asunto que, en otro caso, pudiera ser relevante para
el respeto del principio de proporcionalidad, sea en la sede del Juez del Fondo o ante
esta Magistratura Constitucional.

Empero, en esta oportunidad, no resulta una cuestión decisiva, desde que la
infracción que se imputa a la requirente, consistente en hacer uso de información
privilegiada -cuya concurrencia corresponde acreditar a la autoridad fiscalizadora
sujeta a control judicial- constituye, sin duda, una de las más graves vulneraciones en
que se puede incurrir en la legislación vigente que regula el mercado de valores;

VIGESIMOCTAVO: Que, tal es así, que fue la ya referida Ley N° 19.301 la que
incorporó en la Ley de Mercado de Valores el Título XXI relativo a la información
privilegiada, esto es, de acuerdo con su artículo 164, “(…) cualquier información referida
a uno o varios emisores de valores, a sus negocios o a uno o varios valores por ellos emitidos,
no divulgada al mercado y cuyo conocimiento, por su naturaleza, sea capaz de influir en la
cotización de los valores emitidos, como asimismo, la información reservada a que se refiere el
artículo 10 de esta ley.

También se entenderá por información privilegiada, la que se posee sobre decisiones de
adquisición, enajenación y aceptación o rechazo de ofertas específicas de un inversionista
institucional en el mercado de valores”;

VIGESIMONOVENO: Que, como lo ha sostenido la Corte de Apelaciones de
Santiago (confirmada por la Corte Suprema, Rol N° 1.798-2024) en una de las causas
anteriores que se han considerado en la gestión pendiente (Rol N° 420-22) tanto por la
autoridad fiscalizadora como por la requirente, “(…) la información privilegiada
constituye una de las instituciones más importantes de los mercados de valores para evitar la
discriminación del distinto grado de información con que participan los actores y propender a
una mayor transparencia, siendo un hecho inobjetable que los emisores disponen de una
cantidad de información superior a cualquier otro agente económico. Lo anterior fue la
motivación para la incorporación del Título XXI, de la Información Privilegiada, a la Ley N°
18.045, definiéndose que se entiende por tal los deberes que se imponen a quienes tienen acceso




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OCHOCIENTOS TRECE




a ella y las distintas hipótesis fácticas en las que es posible hacer uso indebido de ella,
estableciéndose presunciones de acceso a la dicha información respecto de quienes administran
y están ligados a un emisor. Claramente, quien conoce información privilegiada debe ajustar
obligatoriamente su conducta a ellos, entendiéndose vulnerada la disposición referida por la
sola ejecución de la conducta prohibida. Es así como el artículo 165 inciso primero de la Ley N°
18.045 contiene tres figuras infraccionales: el deber de reserva; la prohibición de uso de
información privilegiada; y el deber de abstención o prohibición absoluta de adquirir o enajenar
valores en posesión de información privilegiada, entendiendo que la resolución impugnada
sanciona precisamente estas hipótesis” (c. 8°);

TRIGESIMO: Que, por último, se ha planteado -para determinar si se ha
respetado o no el principio de proporcionalidad- la comparación de este caso con otros
anteriores a los que se ha aplicado la multa contemplada en el artículo 37 N° 2 letra a).
Así lo hace la Comisión en la resolución sancionatoria, a raíz que el séptimo de los
elementos contemplados en el artículo 38 se refiere a las sanciones aplicadas con
anterioridad por la Comisión en las mismas circunstancias (fs. 127) y también lo alega
la requirente, particularmente, focalizando su análisis en cuatro de aquellos casos
anteriores, estimando que, sobre la base de su comparación con el que la afecta a ella,
se configuraría la vulneración del principio de proporcionalidad (fs. 20-22);

TRIGESIMOPRIMERO: Que, indudablemente, este ejercicio de comparación
debe ser también examinado por el Juez del Fondo. Sin embargo, es igualmente útil
para esta Magistratura, pues dice relación con la aplicación que se ha dado -en casos
precedentes y en la gestión aquí pendiente- al precepto legal, tal y como se exige en
sede de inaplicabilidad;

TRIGESIMOSEGUNDO: Que, así, la requirente cuestiona, dos de los casos
tenidos a la vista porque en el primero de ellos, aunque los infractores cometieron dos
infracciones, se sancionó con 7.500 unidades de fomento, considerando la
colaboración del infractor, y, en el segundo, con 10.000 unidades de fomento. En el
tercer caso, aplicó 1.000 unidades de fomento y, en el cuarto, 6.000, aunque en ambos
por vulnerar el deber de abstención;

TRIGESIMOTERCERO: Que, en el primer caso examinado, efectivamente, la
sanción fue de 7.500 unidades de fomento, lo que, en ese momento, correspondía al
50% del máximo permitido, en circunstancias que, en el caso de la requirente, la multa
de 15.000 unidades de fomento corresponde al 15% del máximo posible establecido
por el legislador. En aquel caso, como se dijo, se sancionaron dos infracciones, pero se
consideró la colaboración del infractor;

TRIGESIMOCUARTO: Que, en el segundo caso, multado con 10.000
unidades de fomento, el considerando 22° de la ya aludida sentencia Rol N° 420-2022,
expresa que “(…) no se encuentran autorizados a rebajar la multa impuesta en el
procedimiento sancionatorio, a menos de invocarse y demostrarse una infracción al principio
de proporcionalidad. Y sobre esto se ha dicho que es un elemento que determina “la prohibición



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OCHOCIENTOS CATORCE




de exceso, que implica una relación lógica de los elementos de contexto que generan el acto
(situación, decisión y finalidad), una relación de adecuación de medio y fin, lo que implica
ciertamente una limitación a la extensión de la decisión en la medida que ésta sólo se puede
extender mientras se dé un vínculo directo entre el hecho y la finalidad perseguida con el
procedimiento. De este modo, las situaciones que se dan fuera de esa relación son
desproporcionadas, es decir, manifiestamente excesivas”. (Luis Cordero Vega, “Lecciones de
Derecho Administrativo”, Editorial Thomson Reuters, Segunda Edición, 2015, p. 93)” (c.
22°).

Esto es, precisamente, lo que se discute en la gestión pendiente ante el Juez del
Fondo, pues, como aclara la requirente, ha recurrido de apelación ante la Corte
Suprema para sostener, entre otras alegaciones, que la sentencia de primer grado “(…)
no estimó como ilegal la falta de fundamentación y proporcionalidad en la determinación del
quantum de la multa aplicada a mi representada, a pesar de la notoria desproporción existente
entre la magnitud de la sanción y la gravedad de la infracción imputada” (fs. 5);

TRIGESIMOQUINTO: Que, en conclusión, como se ha señalado y sin
perjuicio del examen que debe realizar el Juez del Fondo en relación con la multa
impuesta, la aplicación de los artículos 37 N° 2 letra a) y 38 del Decreto Ley N° 3.538
no resulta, en este caso, contraria a la Carta Fundamental, por lo que desestimamos la
acción de inaplicabilidad intentada en estos autos constitucionales.



Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93 incisos primero,
N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la
Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional
del Tribunal Constitucional,



SE RESUELVE:



I. QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD
POR INCONSTITUCIONALIDAD DEDUCIDO A LO PRINCIPAL
DE FOJAS 1. OFÍCIESE.

II. ÁLCESE LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA
EN AUTOS. OFÍCIESE.

III. QUE NO SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE REQUIRENTE
POR ESTIMARSE QUE TUVO MOTIVO PLAUSIBLE PARA
LITIGAR.




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OCHOCIENTOS QUINCE




La Ministra señora MARÍA PÍA SILVA GALLINATO, el Ministro señor RAÚL
MERA MUÑOZ, la Ministra señora CATALINA LAGOS TSCHORNE, y el Ministro señor
MARIO GÓMEZ MONTOYA estuvieron por condenar en costas a la parte requirente
al tenor de lo previsto en el artículo 92 inciso segundo de la Ley N° 17.997, Orgánica
Constitucional del Tribunal Constitucional.



Redactó la sentencia el Ministro señor MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ.



Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N° 16.326-25-INA




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OCHOCIENTOS DIECISEIS


Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida
Fecha: 20/01/2026



María Pía Silva Gallinato Miguel Angel Fernández González
Fecha: 20/01/2026 Fecha: 20/01/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz
Fecha: 20/01/2026



Marcela Inés Peredo Rojas
Fecha: 20/01/2026



Mario René Gómez Montoya
Fecha: 20/01/2026


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta
Subrogante, Ministra señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida, y por sus Ministros
señora María Pía Silva Gallinato, señor Miguel Ángel Fernández González, señor
Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne, señora
Marcela Inés Peredo Rojas, señora Alejandra Precht Rorris y señor Mario René
Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional, señor Sebastián
López Magnasco.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 20/01/2026




C7B72524-50E0-4A15-9721-ED8037F065F2
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