TC Rol 16334

Texto completo

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DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS




2026

REPÚBLICA DE CHILE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
____________
Sentencia

Rol 16.334-2025

[29 de enero de 2026]
____________

REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL VOCABLO
“DEFINITIVA”, CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY N°
20.600, QUE CREA LOS TRIBUNALES AMBIENTALES


SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
EN EL PROCESO ROL N° 248.419-2023, SEGUIDO ANTE LA EXCMA. CORTE
SUPREMA



VISTOS:

Que, con fecha 26 de marzo de 2025, la Superintendencia del Medio Ambiente
requiere la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del
vocablo “definitiva”, contenido en el artículo 26 de la Ley N° 20.600, que crea los
Tribunales Ambientales, para que ello incida en el proceso Rol N° 248.419-2023,
seguido ante la Excma. Corte Suprema.



Preceptos legales cuya aplicación se impugna

El texto de los preceptos impugnados dispone lo siguiente:



“Ley N° 20.600

(…)

Artículo 26. Recursos. En estos procedimientos sólo serán apelables las resoluciones
que declaren la inadmisibilidad de la demanda, las que reciban la causa a prueba y las que




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DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE




pongan término al proceso o hagan imposible su continuación. De este recurso conocerá la
Corte de Apelaciones en cuyo territorio jurisdiccional tenga asiento el Tribunal Ambiental que
haya dictado la resolución apelada.

El plazo para la interposición de la apelación será de diez días contado desde la
notificación de la resolución respectiva.

En contra de la sentencia definitiva dictada en los procedimientos relativos a las
materias que son de la competencia de los Tribunales Ambientales, establecidas en los
numerales 1), 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9) y 10) del artículo 17, procederá sólo el recurso de casación
en el fondo, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil.

Además, en contra de la sentencia definitiva dictada en los procedimientos señalados
en el inciso anterior, procederá el recurso de casación en la forma, en conformidad a lo dispuesto
en el artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, sólo por las causales de los números 1, 4,
6 y 7 de dicho artículo. Asimismo, procederá este recurso cuando en la sentencia definitiva se
hubiere omitido alguno de los requisitos establecidos en el artículo 25 de esta ley; o cuando la
sentencia haya sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre apreciación de
la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.

(…)”.



Síntesis de la gestión pendiente y del conflicto constitucional sometido al
conocimiento y resolución del Tribunal

La requirente acciona en el marco de la causa Rol N° 248.419-2023, seguida
ante la Excma. Corte Suprema, originada por recursos de casación en la forma y en el
fondo interpuestos por la Superintendencia del Medio Ambiente y terceros
coadyuvantes en contra de la sentencia de 3 de noviembre de 2023 del Tercer Tribunal
Ambiental, que anuló la Resolución Exenta N° 1073 de la Superintendencia del Medio
Ambiente y ordenó dictar una nueva resolución sancionatoria.

Explica que con fecha 3 de noviembre de 2023 el Tercer Tribunal Ambiental
conociendo de una reclamación judicial deducida por Nova Austral S.A. en contra de
la Resolución Exenta N° 1073 de fecha 6 de julio de 2022 de la Superintendencia del
Medio Ambiente, acogió dicha reclamación y dejó sin efecto la sanción de revocación
de la Resolución de Calificación Ambiental N°54/2010 de titularidad de la empresa
reclamante.

Dicha sanción había sido aplicada por haber cometido la empresa una
infracción de carácter grave, consistente en superar la producción máxima autorizada
en el Centro de Engorda de Salmónidos Cockburn 14, durante el ciclo productivo
comprendido entre los meses de octubre de 2015 y mayo de 2017. La sentencia del
Tribunal Ambiental confirmó tanto la existencia del hecho infraccional como su
gravedad, limitándose a anular la sanción específica aplicada y ordenando a la
Superintendencia dictar una nueva resolución sancionatoria.




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DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO




Con fecha 22 de noviembre de 2023, tanto la Superintendencia del Medio
Ambiente como sus terceros coadyuvantes dedujeron recursos de casación en la forma
y en el fondo en contra de la sentencia del Tercer Tribunal Ambiental. Dicho tribunal
admitió a trámite dichos recursos y elevó los antecedentes a la Corte Suprema, que
con fecha 8 de enero de 2024, en examen de admisibilidad, los admitió a trámite y trajo
los autos en relación.

Con fecha 13 de marzo de 2025, la Corte Suprema declaró inadmisibles los
recursos de casación deducidos, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 26 de la
Ley N°20.600 y concluyendo que la sentencia impugnada no revestía tal carácter por
no poner término al procedimiento administrativo.

Contra esta resolución, la Superintendencia del Medio Ambiente dedujo
recurso de reposición con fecha 17 de marzo de 2025.



El requerimiento de inaplicabilidad fue admitido a tramitación por este
Tribunal con fecha 8 de abril de 2025, decretándose la suspensión del
procedimiento. Y con fecha 10 de abril de 2025 fueron efectuadas las notificaciones
y comunicaciones correspondientes, conforme se lee a fojas 51 a 66 del expediente
constitucional.

Con fecha 10 de abril de 2025 la Excma. Corte Suprema rechazó el recurso de
reposición deducido por la requirente.

Posteriormente, con fecha 30 de abril de 2025, la Segunda Sala de esta
Magistratura resolvió alzar la suspensión decretada sólo para conocimiento y
resolución de una incidencia de nulidad promovida por la requirente contra la
resolución de la Excelentísima Corte Suprema de 10 de abril de 2025 sustentada en
una alegación de incumplimiento de la suspensión decretada por esta Magistratura.

Dicha incidencia fue desestimada con fecha 15 de mayo de 2025, fundándose
la Tercera Sala de la Corte Suprema la comunicación del Tribunal Constitucional
informando sobre la suspensión del procedimiento fue resuelta por la Presidencia sólo
con fecha 11 de abril de 2025, esto es, con posterioridad a que la Corte se pronunciara
desestimando la reposición.

Con fecha 23 de mayo de 2025, este Tribunal declaró la admisibilidad del
requerimiento y ordenó mantener la suspensión del proceso, sin perjuicio del
alzamiento parcial previamente decretado.

Con posterioridad al pronunciamiento de admisibilidad, el recurso de
reposición deducido contra el rechazo de la incidencia de nulidad fue, a su vez,
desestimado con fecha 5 de junio de 2025.

Al fundar el conflicto de constitucionalidad, anota que se vulnera el artículo
19 N°2 de la Carta Fundamental, que consagra el derecho a la igualdad ante la ley. Si
los Tribunales Ambientales hubiesen confirmado las sanciones impuestas por la



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DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE




Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), la reclamante habría podido recurrir
de casación. Sin embargo, al anular dichas sanciones -total o parcialmente- la SMA y
sus terceros coadyuvantes se ven privados de ese derecho, mientras que las empresas
conservan la posibilidad de recurrir cuando las sentencias les son desfavorables. Esta
diferencia arbitraria carece de justificación razonable y no resulta idónea para cumplir
con la finalidad perseguida por el legislador al establecer el sistema recursivo
ambiental, generando una asimetría procesal injustificada entre partes que litigan en
igualdad de condiciones ante el tribunal ambiental.

En segundo lugar, sostiene que se infringe el artículo 19 N°3 de la Constitución
Política de la República, en relación con la garantía de debido proceso y,
específicamente, el derecho a recursos. La aplicación del vocablo cuestionado ha
privado a la requirente del ejercicio legítimo de casar las sentencias dictadas por los
Tribunales Ambientales, en circunstancias que éstas tampoco son susceptibles de ser
apeladas conforme al mismo artículo 26 de la Ley N°20.600, dejándole sin recurso
alguno para impugnar decisiones que les resultan gravosas.

Añade que esta privación del derecho al recurso resulta especialmente grave
en materia ambiental, en cuanto el Acuerdo de Escazú garantiza expresamente en sus
artículos 8.1 y 8.2 el acceso a instancias judiciales para recurrir decisiones que afecten
o puedan afectar de manera adversa al medio ambiente.

En tercer lugar, la SMA sostiene que la aplicación del vocablo impugnado
vulnera el artículo 19 N°8 de la Constitución, que establece el derecho a vivir en un
medio ambiente libre de contaminación y el deber del Estado de velar por que este
derecho no sea afectado. Refiere que se trata de la defensa de una resolución
sancionatoria que revocó la Resolución de Calificación Ambiental de una empresa
salmonera por haber cometido una infracción grave consistente en superar la
producción máxima autorizada, generando daño ambiental en el medio ambiente
marino que forma parte del Parque Nacional Alberto de Agostini, siendo esta la
primera vez en la historia de la SMA que se aplicó la sanción de revocación.

De tal manera, la privación del derecho al recurso impide a la SMA ejercer su
deber constitucional y legal de protección del medio ambiente, consagrado en los
artículos 2°, 3° letras b), c) y o), y 35 letra c) de la Ley Orgánica de la Superintendencia
del Medio Ambiente (LOSMA).

Destaca además que existe actualmente un Proyecto de Ley en tramitación,
Boletín N°16.204-12, que precisamente busca eliminar el vocablo “definitiva” del
artículo 26 de la Ley N°20.600 para garantizar el derecho al recurso de todas las partes
en materia ambiental. Este Proyecto modificó su texto original para abordar
específicamente el problema que genera la aplicación del concepto “definitiva” al
momento de resolver las admisibilidades de las casaciones deducidas en contra de las
sentencias de los tribunales ambientales, reconociendo expresamente en su
fundamentación que la situación actual “genera falta de certeza” y “pugna con el




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DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA




derecho al debido proceso consagrado en el artículo 19 N°3 de la Constitución Política
de la República”.



Tramitación

El requerimiento fue acogido a trámite por la Segunda Sala, con fecha 8 de abril
de 2025, a fojas 48, disponiéndose la suspensión del procedimiento.

En resolución de fecha 23 de mayo de 2025, a fojas 241, se declaró admisible.
Conferidos los traslados de fondo a los órganos constitucionales interesados y a las
demás partes en la gestión invocada, Nova Austral S.A. solicita el rechazo del
requerimiento de inaplicabilidad, a fojas 266.



Observaciones de Nova Austral S.A.

Arguye que el requerimiento carece del requisito esencial de gestión pendiente
establecido en el artículo 93 N°6 de la Constitución. Indica al efecto que la
Superintendencia invocó como gestión pendiente un recurso de reposición
interpuesto el 17 de marzo de 2025 contra la sentencia dictada por la Excma. Corte
Suprema el 13 de marzo de 2025. Sin embargo, la Corte Suprema rechazó
sistemáticamente todos los intentos de la requirente por mantener artificialmente viva
una discusión completamente agotada conforme a las etapas procesales
correspondientes:

• 10 abril 2025: se rechazó la reposición de la sentencia final declarando “no ha
lugar a lo solicitado”.

• 11 abril 2025: La Superintendencia promovió incidente de nulidad alegando
que la resolución anterior se dictó con posterioridad a la comunicación de
suspensión del Tribunal Constitucional.

• 30 abril 2025: La Segunda Sala de este Tribunal alzó parcialmente la suspensión
sólo para conocimiento y resolución de la incidencia de nulidad promovida
por la requirente contra la resolución de la Excma. Corte Suprema de fecha 10
de abril de 2025.

• 15 mayo 2025: La Corte Suprema rechazó el incidente de nulidad,
considerando que la comunicación fue resuelta por la Presidencia el 11 de
abril, con posterioridad al pronunciamiento del 10 de abril.

• 23 mayo 2025: Este Tribunal declaró admisible el requerimiento, manteniendo
el alzamiento parcial de la suspensión, considerando pendiente el recurso de
reposición contra el rechazo del incidente de nulidad.

• 5 junio 2025: La Corte Suprema rechazó definitivamente la reposición del
rechazo de la nulidad, declarando no ha lugar a la reposición solicitada.




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DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO




Esta sucesión de rechazos demuestra que no existe gestión pendiente alguna y
como ha sostenido este Tribunal en Roles N°s 15.516, 14.959, el control de
inaplicabilidad no puede sustraerse del devenir de la gestión pendiente, la que debe
estar auténticamente pendiente al momento de resolverse el fondo.

Seguidamente sostiene que en realidad nunca existió gestión pendiente útil. El
recurso de reposición nunca tuvo aptitud para constituir gestión pendiente. El artículo
97 del Código Orgánico de Tribunales dispone que las sentencias de casación dictadas
previa vista de la causa “no son susceptibles de recurso alguno”. La Sentencia Final
del 13 de marzo de 2025 quedó firme al notificarse, operando el desasimiento del
tribunal conforme al art. 182 del Código de Procedimiento Civil.

La Superintendencia pretendió aplicar los artículos 781 y 782 del del Código
de Procedimiento Civil, que solo permiten reposición cuando se declara
inadmisibilidad de oficio. Y en este caso, los recursos fueron resueltos previa vista de
la causa, descartando completamente dicha vía.

Destaca que en dos casos idénticos (Roles 251.034-2023 y 3.762-2024), la Corte
Suprema rechazó reposiciones similares de la SMA aplicando directamente el artículo
97 del Código Orgánico de Tribunales. Y en esta línea, el recurso de reposición solo
mantuvo una apariencia de gestión pendiente, pero nunca representó una
oportunidad procesal real.

Complementa sus alegaciones refiriendo que el vocablo impugnado carece de
carácter decisivo. El vocablo definitiva no ha tenido ni tendrá efecto decisivo. La Corte
Suprema resolvió todas las impugnaciones aplicando el artículo 97 del del Código
Orgánico de Tribunales (norma no impugnada), no el artículo 26 de la Ley 20.600.

Para rechazar la reposición, la Corte no interpretó nuevamente la normativa
ambiental ni aplicó el vocablo impugnado. Simplemente declaró “no ha lugar” por
aplicación directa del artículo 97 del Código Orgánico de Tribunales, que establece
que las sentencias de casación previa vista de la causa no son susceptibles de recurso
alguno.

Arguye asimismo que lo planteado constituye una cuestión de legalidad, no
constitucional. Al efecto, la requirente impugna una interpretación legal, no efectos
derivados de la aplicación de la preceptiva. La propia SMA caracteriza el conflicto
como interpretativo, afirmando que la Corte Suprema habría interpretado
erróneamente el alcance del artículo 26.

Añade que la Superintendencia incurre en contradicción insalvable: mientras
en su reposición ante la Corte Suprema sostuvo que la “recta interpretación” del
vocablo “definitiva” obligaría a declarar admisibles sus recursos de casación, ante este
Tribunal argumenta que la aplicación del mismo vocablo produce
inconstitucionalidad al impedirle recurrir. Y en esta línea, no puede sostener
simultáneamente interpretaciones opuestas del mismo precepto.




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DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS




Por lo demás, como ha resuelto este Tribunal en causa Rol N° STC 749
corresponde zanjar entre interpretaciones legales al juez de fondo, no al Tribunal
Constitucional en sede de inaplicabilidad.

Refiere que la Superintendencia del Medio Ambiente no se encuentra en
indefensión, toda vez que la sentencia del Tribunal Ambiental ordenó devolver los
antecedentes a la Superintendencia para que dicte una nueva resolución sancionatoria
dentro de parámetros de proporcionalidad establecidos por dicho tribunal.

En consecuencia, la SMA podrá reinstruir el procedimiento administrativo
sancionatorio, aplicar una nueva sanción proporcional conforme a los criterios fijados
por el Tribunal Ambiental y, si existe una nueva reclamación contra esa resolución,
ejercer todos los recursos legales contemplados en el artículo 26 de la Ley N°20.600.
Por tanto, la requirente ha tenido y tendrá pleno acceso a la justicia.

En cuanto a las vulneraciones constitucionales alegadas, argumenta que
carecen de sustento. Respecto de la vulneración del derecho a la igualdad ante la ley,
sostiene que el argumento de la SMA es meramente hipotético, pues supone un
escenario paralelo en el cual Nova Austral habría obtenido sentencia confirmatoria.
Añade que la ley no confiere el recurso de casación a ninguna parte cuando la
sentencia no reviste el carácter de “definitiva”, sin importar el contenido de la
decisión.

En relación con la alegada vulneración del debido proceso, Nova Austral
argumenta que la SMA accedió a tribunales especializados y podrá hacerlo
nuevamente en el procedimiento sancionatorio que debe reinstruir. Destaca que la
jurisprudencia de este Tribunal Constitucional reconoce amplia libertad al legislador
para configurar sistemas recursivos diferenciados (STC 15.570, 14.427).

Finalmente, respecto de la supuesta infracción al principio de inexcusabilidad,
sostiene que los tribunales han conocido y resolverán las futuras gestiones que se
promuevan, agregando que la inexcusabilidad no garantiza un recurso específico ante
un tribunal determinado, sino el deber general de ejercer jurisdicción

Finaliza señalando que, bajo la apariencia de una acción de inaplicabilidad
sobre un vocablo, la SMA busca reestructurar el sistema recursivo ambiental. Existe
un proyecto de ley en tramitación (Boletín 16.204-12) para modificar precisamente el
artículo 26 en el sentido pretendido por la requirente, lo que demuestra que la solución
corresponde al ámbito legislativo.

Como ha resuelto este Tribunal (STC 626, 9538), no puede admitirse
requerimientos que no buscan inaplicar un precepto, sino modificar la ley mediante
la alteración de su sentido y alcance, actuando como legislador positivo, función que
excede las competencias constitucionales del Tribunal.




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DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES




A fojas 395, por decreto de fecha 23 de junio de 2025, se trajeron los autos en
relación.

A fojas 2400, en resolución de 25 de noviembre de 2025, se acepta la inhabilidad
para conocer y resolver de la Ministra señora Alejandra Precht Rorris.



Vista de la causa y acuerdo

En Sesión de Pleno de 25 de noviembre de 2025 se verificó la vista de la causa,
oyéndose la relación pública, alegatos por la requirente del abogado Francisco
Sepúlveda Muñoz y por la requerida del abogado Camilo Lledó Veloso. Se adoptó
acuerdo con igual fecha, conforme certificación del relator.



Y CONSIDERANDO:



I- CUESTIONES DE FORMA

PRIMERO: Que, el requerimiento impugna la expresión “definitiva” contenida
en el artículo 26 de la Ley N°20.600, por cuanto su aplicación impediría que la Corte
Suprema revise la sentencia del Tribunal Ambiental que acogió la reclamación contra
un acto administrativo sancionador de la parte requirente.

Lo anterior, a juicio de la requirente, se traduciría en que la aplicación del
precepto impugnado vulnera su derecho al recurso (artículo 19 numeral 3 CPR), la
igualdad ante la ley (artículo 19 numeral 2 CPR) y el deber de inexcusabilidad de los
órganos jurisdiccionales (artículo 76 CPR).

SEGUNDO: Que, en julio de 2022 la Superintendencia del Medio Ambiente
impuso la sanción de revocación de la Resolución de Calificación Ambiental
N°54/2010 de titularidad de la empresa Novo Austral S.A. Contra esta decisión la
afectada interpuso reclamación judicial, que fue acogida por el Tercer Tribunal
Ambiental en noviembre de 2023. Esta sentencia fue objeto de recursos de casación en
la forma y en el fondo, promovidos por la Superintendencia del Medio Ambiente y
por terceros coadyuvantes. El 13 de marzo de 2025 la Corte Suprema declaró
inadmisibles los recursos, en virtud de la disposición impugnada, sosteniendo que la
resolución judicial no era una sentencia definitiva. Esta decisión fue objeto del recurso
de reposición, interpuesto el 17 de marzo de 2025.

El 26 de marzo de 2025 la Superintendencia del Medio Ambiente interpuso
requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el artículo 26 de la
Ley N°20.600, invocando como gestión pendiente el recurso de reposición interpuesto
contra la resolución mediante la cual la Corte Suprema declaró inadmisibles los
referidos recursos de casación.




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DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO




TERCERO: Que, el requerimiento fue admitido a trámite por el Tribunal
Constitucional el 8 de abril de 2025, decretándose en esa resolución la suspensión del
procedimiento. Sin embargo, pese a que esta Magistratura suspendió la gestión
pendiente y comunicó dicha decisión en tiempo y forma, la Corte Suprema se
pronunció sobre el recurso de reposición, rechazándolo.

En efecto, a fojas 51 a 66 del expediente constitucional consta que la resolución
fue notificada el 10 de abril de 2025 a las 11:05 am. El mismo día, pero en horario
posterior (13:11 pm), la Corte Suprema rechazó el recurso de reposición. Por ello, a
solicitud del requirente, la Segunda Sala del Tribunal Constitucional alzó la
suspensión decretada “sólo para conocimiento y resolución de la incidencia de nulidad
promovida por la requirente contra la resolución de la Excma. Corte Suprema de fecha 10 de
abril de 2025” (a fojas 216). El incidente de nulidad de todo lo obrado fue rechazado
por la Corte Suprema, que argumentó que “la comunicación recibida del Tribunal
Constitucional, informando acerca de la suspensión del procedimiento, fue resuelta por la
Presidencia sólo con fecha once de abril de dos mil veinticinco, es decir, con posterioridad a que
esta Corte se pronunciara desestimando la reposición”, considerando que la comunicación
del Tribunal Constitucional surte efectos no en la oportunidad en que es recibida por
la Corte Suprema, sino que cuando el Presidente del tribunal colegiado se pronuncia
en torno a ella.

Con fecha 23 de mayo de 2025, el Tribunal Constitucional declaró la
admisibilidad del requerimiento y respecto de la suspensión dispuso: “Comuníquese a
la Excma. Corte Suprema para remisión de piezas actualizadas del expediente, atendido el
alzamiento parcial de la suspensión decretado a fojas 216 para conocimiento y resolución de la
incidencia de nulidad promovida por la requirente contra la resolución de la Excma. Corte
Suprema de fecha 10 de abril de 2025. 3.º. Manténgase la suspensión del proceso decretada en
autos a fojas 48, con motivo de la admisión a trámite del requerimiento, sin perjuicio del
alzamiento parcial resuelto a fojas 216” (a fojas 242).

Pese a los términos en que fue decretada la suspensión, en la resolución que
admitió a trámite el requerimiento, en la que alzó parcialmente la suspensión y en la
que declaró admisible la acción, además de fallar la reposición contra la
inadmisibilidad de los recursos de casación, la Corte Suprema llevó a efecto otras
actuaciones: el 5 de junio de 2025 rechazó la reposición intentada contra la resolución
que rechazó el incidente de nulidad y el 11 de agosto comunicó la dictación de fallo al
Tercer Tribunal Ambiental y devolvió el expediente por interconexión, antecedentes
que solicitó de vuelta el mismo mes a solicitud de la Superintendencia.

CUARTO: Que, como es posible constatar del iter descrito, no obstante
haberse decretado y comunicado oportunamente la suspensión, actualmente no existe
gestión pendiente en la que el artículo 26 impugnado haya de tener aplicación
decisiva.

De los incisos primero numeral 6 y décimo primero del artículo 93, unido a lo
dispuesto en el artículo 84 inciso primero numeral tercero de la Ley N°17.997,



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DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO




Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, consta que la acción de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad requiere de la existencia de una gestión
pendiente ante un tribunal ordinario o especial.

Desde que comenzara a conocer de esta acción, el Tribunal Constitucional ha
sostenido que, como la acción de inaplicabilidad es un medio para evitar la aplicación
de determinadas normas legales, los preceptos reprochados han de poder ser derecho
aplicable en el caso. Es por ello que se exige que exista gestión pendiente y que los
preceptos legales tengan aplicación decisiva en ella. Esa exigencia es del todo
razonable, pues responde a la naturaleza del control concreto de la acción, lo que
permite dimensionar los reales efectos que la aplicación del precepto puede producir
(resolución de inadmisibilidad Rol N°981-2007, cc. 4° y 7°). La gestión pendiente
supone, en su sentido natural y obvio, que la gestión judicial no haya concluido
(resolución de inadmisibilidad Rol N°12.240-2021, c. 5°), por lo que en el actual estado
procesal la acción constitucional deducida no puede prosperar, puesto que la gestión,
en lo recurrido por el requirente de inaplicabilidad, ha concluido su tramitación.



II- CUESTIONES DE FONDO

QUINTO: Que, lo que el requirente expone como fundamentos para acoger la
inaplicabilidad corresponde, más bien, a una discrepancia con la calificación jurídica
que hizo la Corte Suprema respecto de la resolución impugnada, antes que a
argumentos dirigidos a establecer la inconstitucionalidad de la aplicación del precepto
legal objetado. Así, lo que causa agravio al requirente no es el precepto legal en sí
mismo, sino que la interpretación que la Corte Suprema ha hecho de la naturaleza
jurídica de la resolución que aspira a poder cuestionar.

En este ámbito, conviene tener presente lo decidido por el Tribunal
Constitucional en la STC Rol N°15.666-2024, cuyas líneas principales se reproducen
en esta sentencia.

SEXTO: Que, en relación con la calificación de las resoluciones dictadas por
los tribunales ambientales, al pronunciarse sobre reclamaciones dirigidas contra
resoluciones de la Superintendencia del Medio Ambiente, han coexistido distintas
posturas: por una parte, la de la Corte Suprema, que sostiene que una sentencia
definitiva es aquella que pone término al asunto al pronunciarse sobre el fondo de lo
debatido en el procedimiento administrativo, y por otra, la del requirente, quien
defiende que la sentencia definitiva es la que se pronuncia sobre la legalidad o
ilegalidad del acto administrativo impugnado, pues ese es el asunto controvertido.

Así las cosas, estamos ante un problema interpretativo en torno a la normativa
aplicable, lo que escapa a las competencias del Tribunal Constitucional. Un criterio
elemental y asentado es el que ha establecido desde larga data la judicatura
constitucional, al sostener que esta Magistratura resuelve, mediante la acción de
inaplicabilidad, sobre la constitucionalidad de disposiciones legales aplicadas en un



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DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS




caso concreto, careciendo de competencia para resolver asuntos de mera legalidad: “el
tipo de controversia caracterizado en el razonamiento precedente es de aquellos que, según el
criterio sostenido por la jurisprudencia de este Tribunal, así como por la de los tribunales
superiores de justicia, corresponde dilucidar a los jueces del fondo, por tratarse de un conflicto
de mera legalidad, que debe resolverse de conformidad a las normas pertinentes a la vigencia de
las leyes contenidas en el Código Civil. Por consiguiente, no le corresponde a esta Magistratura
expedirse acerca de un conflicto de aplicación de normas legales cuya resolución ha de hacerse
por los tribunales competentes de acuerdo a las preceptivas pertinentes de ese rango
normativo.” (STC Rol N°796-2007, c. 27°).

SÉPTIMO: Que, en línea con lo anterior, ha quedado establecido que el
requerimiento de inaplicabilidad no es la vía para impugnar resoluciones de los
sentenciadores, punto que ha sido confirmado por el Tribunal Constitucional de
forma reiterada, tanto en sentencias que se pronuncian sobre la admisibilidad de un
requerimiento (STC roles N°1217-2009, 2880-2015, 3144-2016), como en aquellas que
resuelven el fondo del asunto. En este sentido, esta Magistratura ha acuñado un
principio de respeto por la competencia del juez de fondo, en virtud del cual ha
señalado “Que, atendido lo anterior, no le corresponde al Tribunal Constitucional, en el
examen que debe realizar de la acción de inaplicabilidad, emitir pronunciamiento alguno
respecto de las decisiones adoptadas por el tribunal que conoció o está conociendo de la gestión,
ni en torno a las consideraciones que el juez a quo tuvo al resolver un asunto, por equivocadas
que éstas pudieran haber sido. Adoptar el criterio inverso importaría atribuirse impropiamente
competencias exclusivas de la jurisdicción ordinaria. (STC 564 c. 8)” (STC Rol N°5442-2018,
c. 5°).

Por lo antes dicho, está vedado a esta Magistratura calificar el mérito de la
resolución judicial, sin que le corresponda determinar si la resolución que se pretende
impugnar es o no una sentencia definitiva, incluso conforme al estándar propio de la
Corte Suprema.

OCTAVO: Que, además de tratarse de una cuestión de interpretación legal, la
improcedencia de la casación no implica una vulneración al derecho al recurso.

El derecho al recurso ha sido comprendido como parte integrante del debido
proceso, concepto que no es definido por nuestra Constitución, pero del cual se
entregan luces acerca de su contenido: la sentencia debe ser antecedida por un proceso
legalmente tramitado, correspondiendo al legislador establecer las garantías de un
procedimiento racional y justo. Dentro de este marco, el constituyente regula en el
artículo 19 numeral 3 de la Carta Fundamental dos de los elementos configurativos
del debido proceso: el derecho al ser juzgado por un tribunal prestablecido por ley y
el derecho a defensa jurídica.

Así, al intentar establecer cuáles son las garantías cuya presencia determina la
existencia de un procedimiento racional y justo, vemos que estas varían según el
procedimiento de que se trate. Las garantías específicas y su intensidad cambiarán
dependiendo de si estamos frente a un procedimiento penal, civil, de familia, laboral,



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contencioso-administrativo, etc., según las particulares características de ese
procedimiento y los distintos intereses que estén en juego en el mismo. Por lo tanto,
el debido proceso no cuenta con un contenido determinado de manera general y
previa por nuestra Constitución -mucho menos con un procedimiento único, sin
atender a diferencias en relación con las materias y sus propios principios cardinales-
y, en consecuencia, a nivel legal, varía.

NOVENO: Que, esta forma de regular el asunto fue el resultado de una opción
deliberada del Constituyente, quien decidió abstenerse de enunciar expresamente las
garantías que configuran un procedimiento racional y justo, dejando abierta la
posibilidad de que sea el legislador quien las precise caso a caso, atendiendo a las
características, necesidades y naturaleza de cada procedimiento (STC Rol N° 576-2006,
cc. 40° y 41°).

En esta línea, el Tribunal Constitucional ha señalado que “la Carta Política,
además, no estableció un conjunto de elementos que deban estar siempre presentes en todos y
cada uno de los procedimientos de diversa naturaleza que debe regular el legislador. Frente a la
imposibilidad de determinar cuál es ese conjunto de garantías que deben estar presentes en cada
procedimiento, el artículo 19, numeral 3°, inciso sexto de la Constitución optó por un modelo
diferente: mandató al legislador para que en la regulación de los procedimientos éstos siempre
cumplan con las exigencias naturales que la racionalidad y la justicia impongan en cada
proceso específico. Por lo mismo, “el procedimiento legal debe ser racional y justo. Racional
para configurar un proceso lógico y carente de arbitrariedad. Y justo para orientarlo a un
sentido que cautele los derechos fundamentales de los participantes en un proceso. Con ello se
establece la necesidad de un juez imparcial, con normas que eviten la indefensión, que exista
una resolución de fondo, motivada y pública, susceptible de revisión por un tribunal superior
y generadora de la intangibilidad necesaria que garantice la seguridad y certeza jurídica propias
del Estado de Derecho” (STC Rol N° 1838-2010, c. 10°).

DÉCIMO: Que, por tanto, el derecho al recurso no se encuentra expresamente
contemplado, ni menos desarrollado, en nuestra Constitución, sino que su
configuración ha sido producto del desarrollo doctrinario y jurisprudencial,
adaptándose según el procedimiento correspondiente. Estamos, entonces, ante un
ámbito en el que el legislador dispone de un amplio margen de configuración, cuya
regulación concreta constituye una opción de política legislativa. En el contexto de un
procedimiento sancionatorio ambiental, la celeridad adquiere especial relevancia,
debido a la naturaleza del bien jurídico protegido, lo que explica que el legislador haya
optado por este sistema recursivo. Así, si bien los recursos buscan salvaguardar la
corrección de errores en las resoluciones judiciales y reparar un agravio, para la
vigencia de un procedimiento racional y justo también resulta necesario resguardar
otros valores, como la solución definitiva de un conflicto mediante la preclusión de
los mecanismos de impugnación.

DÉCIMO PRIMERO: Que, el derecho a la impugnación de las sentencias
tampoco implica el derecho a un recurso en particular.



12
0002448
DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO




Respecto del recurso de casación, el Tribunal Constitucional ha indicado que
“si el mandato del artículo 19 N°3 de la Constitución no obliga al legislador a dotar a las partes
de un recurso específico, como la apelación, mucho menos lo coloca en la necesidad de establecer
un recurso de carácter extraordinario y de derecho estricto, como la casación” (STC Rol
N°12.548-2021, c. 11°). Además, en materia administrativa la exclusión de este recurso
ha sido una solución habitual: “En el caso de reclamos judiciales que contemplan el
agotamiento previo de la vía administrativa no ha sido inusual que el legislador establezca la
improcedencia de recursos de casación o, inclusive, la improcedencia de todo recurso (véase
artículo 30 de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública; artículo 34 de la Ley
N° 19.995 que Establece las Bases Generales para la Autorización, Funcionamiento y
Fiscalización de Casinos de Juegos). En tales casos, lo resuelto por la Corte de Apelaciones
respectiva queda sujeto al control de la Excma. Corte Suprema vía recurso de queja, tal como
ocurre con el reclamo de ilegalidad de la Ley N° 19.175 (véase, Corte Suprema, 5 de mayo de
2016, 18.613-2015, sobre recurso de queja acogido en contexto de reclamo de ilegalidad respecto
de un Plan Regulador Metropolitano).” (Disidencia STC Rol N°15.738-2024, c. 6°).

DÉCIMO SEGUNDO: Que, en relación con lo anterior, la expresión
impugnada tampoco infringe la igualdad ante la ley. En primer lugar, porque existen
otros procedimientos contencioso-administrativos en los que se excluye este recurso,
y, en segundo lugar, porque la regulación del recurso de casación contenida en el
artículo 26 de la Ley N° 20.600 se aplica por igual a todas las partes del juicio, rigiendo
de la misma forma para todas ellas.

DÉCIMO TERCERO: Que, por último, también ha de excluirse una supuesta
vulneración al artículo 76 de la Constitución. Si la Corte Suprema es competente para
decidir, conociendo de un recurso de casación, si la resolución judicial es de aquellas
respecto de las cuales la ley hace procedente el recurso, la inconformidad del
requirente con lo resuelto por la Corte en el ámbito de esta atribución no puede ser
considerado un incumplimiento al deber de inexcusabilidad.

DÉCIMO CUARTO: Que, por las razones expuestas, el requerimiento de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad no puede prosperar y, en consecuencia, será
rechazado.



Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93 incisos primero,
N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la
Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional
del Tribunal Constitucional,




13
0002449
DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE




SE RESUELVE:



I. QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DEDUCIDO A LO
PRINCIPAL DE FOJAS 1. OFÍCIESE.

II. QUE SE ALZA LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO
DECRETADA EN AUTOS. OFÍCIESE.

III. QUE NO SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE REQUIRENTE
POR ESTIMARSE QUE TUVO MOTIVO PLAUSIBLE PARA
LITIGAR.



PREVENCIÓN



Los Ministros señores MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y HÉCTOR
MERY ROMERO, y la Ministra señora MARCELA PEREDO ROJAS previenen que
concurren a la sentencia compartiendo exclusivamente sus considerandos 1° a 4°.



Redactó la sentencia la Presidenta, Ministra señora DANIELA MARZI MUÑOZ.
La prevención fue redactada por sus autores.



Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.
Rol N° 16.334-25-INA




14
0002450
DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA


Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 30/01/2026



Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida María Pía Silva Gallinato
Fecha: 30/01/2026 Fecha: 30/01/2026



Miguel Angel Fernández González Raúl Eduardo Mera Muñoz
Fecha: 30/01/2026 Fecha: 30/01/2026



Catalina Adriana Lagos Tschorne Héctor Antonio Mery Romero
Fecha: 30/01/2026 Fecha: 30/01/2026



Marcela Inés Peredo Rojas Mario René Gómez Montoya
Fecha: 30/01/2026 Fecha: 30/01/2026


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta,
Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros señora Nancy
Adriana Yáñez Fuenzalida, señora María Pía Silva Gallinato, señor Miguel Ángel
Fernández González, señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana
Lagos Tschorne, señor Héctor Mery Romero, señora Marcela Inés Peredo Rojas
y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional, señor Sebastián
López Magnasco.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 30/01/2026




E2391212-095C-40A0-8B44-7C49A71EDD70
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