TC Rol 16351

Texto completo

0000619
SEISCIENTOS DIECINUEVE




2026

REPÚBLICA DE CHILE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
____________
Sentencia

Rol 16.351-2025 INA

[21 de enero de 2026]
____________

REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL ARTÍCULO 125
NUMERAL 18) DE LA LEY N° 18.892, LEY GENERAL DE PESCA Y
ACUICULTURA


QUENER YAURI GUISABAL

EN EL PROCESO ROL C-1783-2024, SEGUIDO ANTE EL SEGUNDO JUZGADO DE
LETRAS DE ARICA, EN CONOCIMIENTO DE LA CORTE DE APELACIONES DE
ARICA BAJO ROL N° 122-2025 (CIVIL)



VISTOS:

Que, con fecha 2 de abril de 2025, Quener Yauri Guisabal acciona de
inaplicabilidad respecto del artículo 125, numeral 18), de la Ley N° 18.892, Ley General
de Pesca y Acuicultura, para que ello incida en el proceso Rol C-1783-2024, seguido
ante el Segundo Juzgado de Letras de Arica, en conocimiento de la Corte de
Apelaciones de Arica bajo Rol N° 122-2025 (Civil).



Preceptos legales cuya aplicación se impugna

El texto de los preceptos impugnados dispone lo siguiente:



“Ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura

(…)

“Artículo 125.- A los juicios a que se refiere el artículo precedente se aplicará el
procedimiento que a continuación se señala: (…)



1
0000620
SEISCIENTOS VEINTE




18) En lo no previsto en este artículo, se aplicarán supletoriamente las normas
contenidas en los Libros I y II del Código de Procedimiento Civil, salvo las relativas al abandono
del procedimiento, desistimiento de la demanda y lo que resulte contrario a la naturaleza
contravencional de este procedimiento.

(…).”.



Síntesis de la gestión pendiente y del conflicto constitucional sometido al
conocimiento y resolución del Tribunal

La gestión pendiente invocada corresponde a un procedimiento infraccional
seguido ante el 2° Juzgado de Letras de Arica, causa Rol C-1783-2024, en apelación
ante la Corte de Apelaciones de Arica, Rol N° 125-2025. Contextualizando, la
requirente refiere que con fecha 10 de mayo de 2024, la Armada de Chile sorprendió
a la embarcación pesquera de bandera peruana “Jhoan”, matrícula PT-69264-CM,
realizando labores extractivas en el mar territorial chileno con arte de pesca de cerco,
encontrándose en sus bodegas 2.460 kilos del recurso “mono”. La denuncia señala así
que la embarcación fue sorprendida en el límite interior del mar territorial chileno,
aunque también menciona la Zona Económica Exclusiva (ZEE), sin precisar
exactamente el lugar de los hechos.

Posteriormente, con fecha 1 de julio de 2024, la Capitanía de Puerto de Arica
presentó denuncia ante el Segundo Juzgado Civil de Arica por infracción al artículo
115 de la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA).

La causa no fue admitida inicialmente (rol C-1375-2024, rechazada el 28 de
mayo de 2024), reingresó el 1 de julio de 2024 como rol C-1783-2024, pero nuevamente
fue rechazada el 3 de julio por falta de identificación de los denunciados. Con fecha 5
de julio de 2024, el requirente solicitó el zarpe de la nave a la Capitanía de Puerto,
siendo negado en razón de que la orden judicial de prohibición de zarpe estaría “por
salir”. Coincidentemente, anota, ese mismo día el Tribunal resolvió de oficio anular
todo lo obrado y posteriormente, el 8 de julio de 2024, dio curso a la denuncia.

Agrega que el Tribunal inicialmente rechazó la solicitud de prohibición de
zarpe con fecha 8 de julio, señalando que tal medida no garantiza el pago de multas y
genera costos económicos y ambientales. Sin embargo, con fecha 11 de julio, el Servicio
Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) se hizo parte y presentó recurso de
reposición, el cual fue acogido el 12 de julio de 2024, decretándose finalmente la
prohibición de zarpe. Esto provocó que la Corte de Apelaciones de Arica, con fecha
29 de julio de 2024, rechazara igualmente un recurso de protección deducido por ella.

Posteriormente, con fecha 1 de agosto de 2024, se fijó una caución de 1.492,2
UTM ($ 101.520.334 a marzo de 2025) para alzar la prohibición de zarpe.




2
0000621
SEISCIENTOS VEINTIUNO




La requirente afirma que hasta la fecha de presentación del requerimiento no
habría sido realizada la audiencia indagatoria. Tampoco se habría citado a los
presuntos infractores ni recibido la causa a prueba.

Por lo anterior, con fecha 17 de marzo de 2025, solicitó declarar el abandono
del procedimiento, siendo rechazado de plano por el Tribunal con fecha 19 de marzo
de 2025, fundado en lo dispuesto en el numeral 18 del artículo 125 de la Ley General
de Pesca y Acuicultura. El recurso de reposición también fue rechazado,
concediéndose apelación subsidiaria que se tramita bajo Rol N° 125-2025 ante la Corte
de Apelaciones de Arica.



En el marco de lo anterior, el requirente arguye contravención a los artículos
19 N°s 1, 2 y 3 de la Constitución Política.



A. Transgresión al artículo 19 N° 3 de la Constitución

El requirente sostiene que el artículo 125 N° 18 de la LGPA al excluir del
procedimiento la aplicación del abandono del procedimiento, otorga una ventaja
arbitraria, irracional e injusta al Estado, vulnerando la garantía del debido proceso.
De esta manera a SERNAPESCA solo le basta obtener del Tribunal la prohibición de
zarpe para satisfacer sus pretensiones, dejando de tramitar el juicio y eternizándolo.
La inactividad del órgano del Estado infringe el interés público que está llamado a
cautelar, permitiendo una situación de abuso del derecho.

Señala que en el procedimiento establecido en el artículo 125 de la LGPA debe
realizarse: a) Una audiencia indagatoria donde los denunciados pueden esgrimir
todas las defensas pertinentes; b) El juez debe interrogar a los denunciados; c) Si
resultaren hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, debe fijarse un segundo
comparendo para audiencia de prueba; y d) Ambas partes pueden valerse de
cualquier medio probatorio.

Para el caso concreto, no obstante, ninguna de estas actuaciones se ha llevado
a cabo durante más de 10 meses, derivado de la inactividad negligente de
SERNAPESCA, impidiendo la defensa adecuada de los derechos de los
administrados.

Seguidamente, la requirente invoca el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos (artículos 9.3 y 14.3) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(artículo 8.1) sobre el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas y dentro de un
plazo razonable.




3
0000622
SEISCIENTOS VEINTIDOS




B. Transgresión al artículo 19 N° 1 de la Constitución

El requirente sostiene que el artículo 19 N° 1 inciso tercero garantiza la
prohibición de aplicación de todo apremio ilegítimo, el cual se configura en este caso
al obligar, mediante el abuso del derecho, al administrado a permanecer a la sola
voluntad de SERNAPESCA, debiendo tolerar su inactividad en un procedimiento que
no se ha iniciado siquiera, impidiéndole defenderse y perpetuándose la prohibición
de zarpe de la nave, constituyendo un apremio ilegítimo.

Con todo, anota que la prohibición de zarpe se ha perpetuado por más de 10
meses sin que el procedimiento haya comenzado, privando al requirente de poder
disponer de su nave. El Estado permite una situación de abuso del derecho,
impidiendo al administrado solicitar el abandono del procedimiento como
consecuencia de la ineficiencia y negligencia del órgano del Estado (SERNAPESCA).

Destaca que la nave estuvo dos meses arrestada ilegalmente (mayo-julio 2024)
sin existir prohibición legal ni resolución judicial para ello, y cuando fue solicitado el
zarpe el 5 de julio de 2024, le fue arbitrariamente denegado por la Capitanía de Puerto,
a pesar de no existir orden judicial vigente.



C. Transgresión al artículo 19 N° 2 de la Constitución

El requirente alega que el numeral 18 del artículo 125 de la LGPA establece una
diferencia arbitraria entre las personas involucradas en un procedimiento por
infracción a la LGPA y aquellas que sean parte en otros procedimientos civiles. En la
generalidad de los procedimientos radicados en Juzgados Civiles, los demandados
pueden oponer el abandono del procedimiento una vez cumplidos los requisitos del
Código de Procedimiento Civil, mientras que el requirente se ve impedido de hacerlo
en la gestión pendiente.

Esta diferenciación resulta arbitraria pues no guarda una fundamentación
objetiva y razonable. El legislador al prohibir la aplicación del abandono del
procedimiento no expresó motivación alguna de esta distinción. Destaca que en otras
materias donde también se encuentra envuelta la protección del interés público, sí está
considerada la aplicación del abandono del procedimiento, como en el cobro de
tributos.

El requirente indica que el procedimiento no es racional porque: no hay ningún
fundamento jurídico ni ético para dar tal ventaja a los órganos del Estado; no existe
norma que obligue a SERNAPESCA a proseguir con el juicio e instar a la conclusión
del mismo, eternizando las contiendas judiciales; y en el caso particular no se ha
tramitado juicio alguno, no habiéndose realizado los comparendos o audiencias y
etapas que el procedimiento regula Esto, arguye, implica que se priva a las personas
que litigan con SERNAPESCA a poner término a un juicio que ha sido “abandonado”
por éste, mientras que la negligencia de SERNAPESCA no les causa ningún perjuicio.




4
0000623
SEISCIENTOS VEINTITRES




Además, el requirente queda completamente paralizado: sin posibilidad de
defenderse y sin posibilidad de disponer de su nave atendida la eternización de la
prohibición de zarpe. Y en esta línea, no puede realizar acto alguno que obligue al
Estado a procurar la secuela del juicio.



Tramitación

El requerimiento fue acogido a trámite por la Segunda Sala, a fojas 168, con
fecha 22 de abril de 2025, decretándose la solicitud de suspensión del procedimiento
y confiriéndose traslados para su pronunciamiento en torno al cumplimiento de los
requisitos de admisibilidad.

Posteriormente, fue declarado admisible, a fojas 522, por resolución de fecha
16 de mayo de 2025, confiriéndose traslados de fondo.



Observaciones de Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA)

A fojas 538, en presentación de 5 de junio de 2025, formula observaciones
instando por el rechazo del requerimiento. Expone que conforme a los artículos 1° A
y 1° C de la LGPA, el Estado de Chile tiene el derecho de regular la explotación,
conservación y administración de los recursos hidrobiológicos, aplicando el enfoque
ecosistémico, evitando la sobreexplotación y fiscalizando el cumplimiento normativo.
Y corresponde a SERNAPESCA ejecutar esta política pesquera y fiscalizar su
cumplimiento, labor que responde a un claro interés público: contribuir a la
sustentabilidad del sector y a la protección de los recursos hidrobiológicos y su medio
ambiente.

La regulación pesquera se fundamenta constitucionalmente en el deber de
tutelar la preservación de la naturaleza (art. 19 N° 8 CPR), la función social de la
propiedad que incluye la conservación del patrimonio ambiental (art. 19 N° 24 CPR),
y la libertad para adquirir bienes con las limitaciones que establezca la ley por razones
de interés nacional (art. 19 N° 23 CPR). La pesca es una actividad extractiva en la que
el Estado interviene para garantizar su racional explotación mediante un sistema de
permisos, cuotas, medidas de administración y fiscalización, pues lo lucrativo del
negocio genera incentivos para evadir responsabilidades, dañando la sustentabilidad
de los recursos.

Añade, en torno al sistema infraccional y exclusión del abandono del
procedimiento, que el procedimiento relacionado con el artículo 125 de la LGPA es un
juicio sumario especial de naturaleza contravencional conocido por jueces civiles.
Contempla una audiencia indagatoria donde los denunciados ejercen su defensa, y si
resultan hechos controvertidos, audiencia de prueba con plena libertad probatoria,
apreciándose la prueba según sana crítica. Este procedimiento cumple el estándar
constitucional del debido proceso, poseyendo un fin público que protege intereses




5
0000624
SEISCIENTOS VEINTICUATRO




superiores de la nación, a diferencia de los procedimientos civiles que protegen
intereses privados.

Refiere que el abandono del procedimiento es una sanción civil fundada en la
voluntad de las partes de extinguir el proceso sin sentencia. Pero ello no puede ocurrir
en procesos contravencionales donde hay intereses públicos superiores envueltos,
como ha señalado la jurisprudencia. La Corte de Apelaciones de Punta Arenas ha
establecido que el abandono no procede en procedimientos destinados a investigar y
sancionar contravenciones, en los que hay intereses de la nación involucrados, a
diferencia de los procesos civiles donde se ventilan intereses privados y disponibles.

Este Tribunal, precisa, en causa Rol N° 12.765-22 razonó considerando que el
legislador tiene amplia capacidad para configurar procedimientos según sus
necesidades. El procedimiento civil se rige por el impulso procesal de parte, mientras
que el procedimiento contravencional de la LGPA protege el bien jurídico
medioambiental y los recursos hidrobiológicos, constituyendo un interés comunitario,
colectivo y un deber constitucional del Estado. Concluyó que aun sin la norma
impugnada, la exclusión del abandono del procedimiento podría colegirse de los
caracteres contravencionales del procedimiento, por no ser renunciables ni
disponibles los intereses que lo determinaron, de modo que la aplicación del precepto
no resulta decisiva en la resolución del asunto.

En el marco de lo expuesto, niega la existencia de contravenciones conforme
sostiene la requirente.

Respecto a la igualdad ante la ley señala que no hay vulneración pues el
precepto excluye tanto el abandono como el desistimiento, afectando a ambas partes
por igual. Las normas admiten aplicación diferenciada para circunstancias diversas.
El procedimiento infraccional es especial por el interés público comprometido,
aplicándose la exclusión a todos en igual situación. La diferenciación tiene
fundamentación objetiva y razonable basada en la naturaleza contravencional del
procedimiento, sin arbitrariedad.

Respecto a la alegación de vulneraciones al debido proceso, la requirente no
cuestiona la racionalidad del procedimiento sino su no realización en el caso concreto.
Sin embargo, las actuaciones no se realizaron por conductas de las partes y del juez,
no por vulneración al debido proceso. El requirente señala que ninguna parte se
presentó a la audiencia indagatoria del 8 de agosto de 2024, correspondiendo entonces
al tribunal verificar la necesidad de diligencias probatorias o dictar sentencia. Existen
todas las oportunidades procesales para ejercer defensa, lo que simplemente no
ocurrió. Y este ha señalado que las potestades sancionatorias pueden sufrir
“decaimiento”, por lo que el requirente no queda en indefensión y puede solicitar la
declaración de decaimiento de potestades sancionatorias.

Respecto a las alegaciones en torno a presuntos apremios ilegítimos sostiene
que debe entenderse restrictivamente referido a la persona, no a las cosas. No se ha




6
0000625
SEISCIENTOS VEINTICINCO




aplicado apremio contra la persona de los denunciados. La prohibición de zarpe es
una medida cautelar racional para embarcaciones extranjeras, asegurando el pago de
la eventual multa. El tribunal fijó caución de 1.492,2 UTM para alzarla, lo que resulta
racional pues no hacerlo impediría perseguir la sanción si la embarcación regresa a su
país de origen.



A fojas 571, por decreto de fecha 16 de junio de 2025, se trajeron los autos en
relación.



Vista de la causa y acuerdo

En Sesión de Pleno de 16 de octubre de 2025 se verificó la vista de la causa,
oyéndose la relación pública, alegatos del abogado Roberto Goldenberg Fernández,
por la requirente, y del abogado René Cerda Adasme, por el Servicio Nacional de
Pesca y Acuicultura.

Se adoptó acuerdo en sesión de 6 de noviembre de 2025, conforme certificación
del relator a fojas 617.



Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha 1 de julio de 2024, la Capitanía de Puerto de Arica
interpone denuncia contra el armador y el patrón de la nave por infracción a la Ley
N°18.892 General de Pesca y Acuicultura. La acción se tramita ante el Segundo
Juzgado de Letras de Arica, bajo el Rol C-1783-2024. En dicho proceso infraccional se
denunció que, con fecha 10 de mayo de 2024, la embarcación de pabellón peruano
llamada "JHOAN" fue sorprendida por la Armada de Chile realizando labores
pesqueras extractivas en el mar territorial chileno, con 2.460 kilos de recurso "mono"
en sus bodegas, infringiendo lo dispuesto en el artículo 115 de la citada ley.

SEGUNDO: Que, durante la tramitación del proceso, con fecha 17 de marzo
de 2025, el requirente solicitó se declarara el abandono del procedimiento. Fundó su
solicitud en que había transcurrido el plazo de seis meses establecido en el artículo
153 del Código de Procedimiento Civil sin que las partes hubieren realizado gestión
útil alguna para dar curso progresivo a los autos, argumentando que la última
actuación válida databa de septiembre de 2024.

TERCERO: Que, la incidencia promovida fue desestimada de plano por el
tribunal de la instancia mediante resolución de 19 de marzo de 2025, resolviendo:
“Atendido lo dispuesto en el numeral 18 del artículo 125 de la Ley General de Pesca y
Acuicultura, no ha lugar, por improcedente”. Contra dicha resolución, el requirente
interpuso recurso de reposición con apelación subsidiaria, la que fue concedida tras el




7
0000626
SEISCIENTOS VEINTISEIS




rechazo de la reposición. Dicho recurso de apelación se tramita actualmente ante la
Corte de Apelaciones de Arica bajo el Rol N° 125-2025.

CUARTO: Que, en este contexto, el requirente solicita la inaplicabilidad por
inconstitucionalidad del artículo 125, numeral 18, de la Ley N° 18.892, que dispone:

Artículo 125.- “A los juicios a que se refiere el artículo precedente se aplicará el
procedimiento que a continuación se señala:

[…]

18) En lo no previsto en este artículo, se aplicarán supletoriamente las normas
contenidas en los Libros I y II del Código de Procedimiento Civil, salvo las relativas al abandono
del procedimiento, desistimiento de la demanda y lo que resulte contrario a la naturaleza
contravencional de este procedimiento.”

QUINTO: Que, la cuestión de constitucionalidad planteada ante esta sede se
funda en que la imposibilidad de declarar el abandono del procedimiento en los
juicios por infracción a la Ley de Pesca, conforme a lo dispuesto por el artículo 125 N°
18 de ese cuerpo normativo, vulnera en este caso concreto las garantías
constitucionales de prohibición de apremios ilegítimos, igualdad ante la ley y debido
proceso (artículo 19 N°s 1, 2 y 3 de la Constitución Política de la República).

SEXTO: Que, señala el requirente que la norma legal impugnada realizaría una
diferencia arbitraria entre las personas que se encuentran involucradas en un
procedimiento por infracción a la Ley N° 18.892 y aquellas que son parte en otros
procedimientos civiles. Argumenta que la distinción efectuada por el legislador no
sería razonable ni justa, por cuanto: (i) En la especie, la norma permite que el Servicio
Nacional de Pesca y Acuicultura se aproveche de su propia negligencia e inactividad,
perpetuando indefinidamente la prohibición de zarpe de la nave —la que califica
como una sanción práctica—, constituyendo esto un abuso del derecho que impide al
administrado defenderse o disponer de su propiedad. (ii) En la historia de la Ley N°
20.434, que incorporó la norma reprochada y suprimió el carácter de demanda de la
denuncia, no se señalaron mayores motivos para realizar esta distinción arbitraria. (iii)
El requirente se enfrenta a un órgano del Estado en una posición de desventaja, dado
que la fiscalización del funcionario tiene mérito probatorio de ministro de fe,
invirtiendo la carga de la prueba respecto del denunciado, situación que contraviene
el principio in dubio pro reo. (iv) Al no existir razones jurídicas ni éticas para privar del
derecho a alegar el abandono, se presume la existencia de una discriminación
arbitraria.

SÉPTIMO: Que, cabe advertir que esta magistratura ha tenido ocasión de
resolver un requerimiento en el que se impugnó el mismo precepto que ahora se
cuestiona: el artículo 125, numeral 18 de la LGPA (STC roles N° 8168-20; 12765-22 y
16163-25). Es por ello que esta sentencia recogerá, en lo que sea pertinente, la doctrina
emanada de las referidas sentencias, ambas rechazando los requerimientos.




8
0000627
SEISCIENTOS VEINTISIETE




En ese contexto, y antes de analizar los reproches de constitucionalidad
formulados a la luz del caso concreto de que se trata, resulta necesario situar los
preceptos legales dentro del ordenamiento jurídico que los explica y de los principios
que los inspiran. Ello nos obliga a revisar: a) el marco constitucional que da
fundamento a la Ley General de Pesca y Acuicultura N° 18.892; b) el deber estatal de
preservar la naturaleza; y, en fin, c) las particularidades del proceso infraccional
contemplado en la LGPA en relación con la institución del abandono del
procedimiento.



I. EL MARCO CONSTITUCIONAL

OCTAVO: Que, aun cuando la Constitución no se refiere especialmente a la
pesca, lo cierto es que, acorde con lo que ha expresado la jurisprudencia de este
Tribunal, las disposiciones contempladas en la LGPA forman parte de un sistema que
se relaciona directamente con la libertad de acceder a la propiedad (art. 19 N° 23), con
el derecho a desarrollar una actividad económica (art. 19 N° 21) y con el deber del
Estado de preservar la naturaleza (art. 19 N° 8).

NOVENO: Que, en relación con el derecho a adquirir el dominio, la Carta
Fundamental dispone que tal libertad se extiende a toda clase de bienes “excepto
aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deban
pertenecer a la Nación toda y la ley lo declare así” (art. 19 N° 23, inciso 1°), recogiendo
así lo que el artículo 589 del Código Civil prescribe respecto de los bienes públicos, en
cuanto son “aquellos cuyo dominio pertenece a la nación toda”. Entre éstos, el
mencionado Código alude a los bienes nacionales de uso público, cuyo “uso pertenece a
todos los habitantes de la nación, como el de calles, plazas, puentes y caminos, el mar
adyacente y sus playas” y a los bienes del Estado o bienes fiscales, en los que “su uso no
pertenece generalmente a los habitantes” (art. 589).

Para los efectos de comprender la materia sobre la que recae el presente
requerimiento, cabe recordar entonces que, entre los bienes de dominio de la Nación
toda y que, por ello, son inapropiables, se encuentra el mar adyacente. Aun cuando
su uso pertenece a todos los habitantes del país, se trata también de uno de aquellos
bienes que “[e]stán naturalmente fuera del comercio, por su propio destino” (Fermandois V.,
Arturo (2010). Derecho Constitucional Económico. Tomo II. Ediciones UC. p. 238).

DECIMO: Que, a la especie natural viva que se halla en el mar y sobre el cual
el Estado ejerce soberanía se le denomina “hidrobiológica”, consistiendo ésta en una
“especie de organismo en cualquier fase de su desarrollo, que tenga en el agua su
medio normal o más frecuente de vida” (art. 2° N° 17 de la LGPA), poseyendo la
calidad de “recursos hidrobiológicos” si tales especies son “susceptibles de ser
aprovechadas por el hombre” (art. 2° N° 36 de la LGPA).

Por otra parte, a tales recursos se refiere el artículo 1° A de la LGPA, cuando
prescribe: "Los recursos hidrobiológicos y sus ecosistemas están sometidos a la



9
0000628
SEISCIENTOS VEINTIOCHO




soberanía del Estado de Chile en las aguas terrestres, aguas interiores y mar territorial,
así como a sus derechos de soberanía y jurisdicción en la Zona Económica Exclusiva
y en la Plataforma Continental, de acuerdo con las normas de derecho internacional y
a las de la presente ley.”

En consecuencia, de conformidad con los derechos de soberanía y a la
jurisdicción que ejerce el Estado de Chile sobre el mar adyacente según la ley, este
tiene el derecho de regular la exploración, explotación, conservación y administración
de los recursos hidrobiológicos y sus ecosistemas existentes en todos los espacios
marítimos antes mencionados.

DECIMO PRIMERO: Que, la extracción de los referidos recursos
hidrobiológicos se vincula entonces con el acceso a la propiedad (Rol N° 115-90, c. 25°
y 26°), ya que el Código Civil concibe la pesca como una especie de ocupación
(artículos 606, 607, 608, 611 y 622), que permite apropiarse de aquellos animales
bravíos o salvajes que, como los peces y demás recursos hidrobiológicos, viven
naturalmente libres e independientes del hombre, con arreglo a “la legislación especial
que rija al efecto”.

Es decir, el derecho a la propiedad asegurado por el constituyente en el
numeral 23° del artículo 19, no recae directamente sobre los recursos marinos, ya que
el ejercicio de tal derecho está subordinado, en materia de pesca, al régimen que
determine la ley. El precepto constitucional entonces no crea, por sí solo, un beneficio
sobre los recursos hidrobiológicos, puesto que, si el legislador está autorizado por el
citado N° 23 del artículo 19 a disponer el régimen de adquisición de los bienes, el
derecho a la propiedad se precisa sobre la adquisición de acuerdo con las bases
consagradas por el mismo legislador.

En otras palabras, como el pescador adquiere los recursos hidrobiológicos a
través de la ocupación, tal título sólo puede proyectarse si ese modo de adquirir el
dominio es legal, es decir, si se ajusta al régimen general de pesca vigente, según lo
expresado por el ya mencionado artículo 611 del Código Civil, por la primera oración
del inciso segundo del numeral 24° del artículo 19 de la Constitución Política “sólo la
ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad” y por el inciso segundo del
numeral 23° del artículo 19 de la Carta Fundamental: “Una ley de quórum calificado
y cuando así lo exija el interés nacional puede establecer limitaciones o requisitos para
la adquisición de algunos bienes“.

DECIMO SEGUNDO: Que, por otra parte, la actividad pesquera extractiva,
que “tiene por objeto capturar, cazar, segar o recolectar recursos hidrobiológicos” (art.
2 N° 1 de la LGPA), se vincula con el derecho a desarrollar actividades económicas,
puesto que, de acuerdo a lo señalado por esta Magistratura, “[l]a pesca es una forma
de actividad económica que se realiza mediante la captura de recursos hidrobiológicos
y que se halla resguardada por la garantía contemplada en el art. 19 N° 21 de la Carta
Fundamental” (STC Rol N° 8614 c. 45°). Así también, la doctrina ha explicado que “[e]s
una actividad económica que, al basarse en la captura de los recursos hidrobiológicos, supone



10
0000629
SEISCIENTOS VEINTINUEVE




un riesgo para la conservación de los mismos, ya que por el ejercicio de la libertad de pesca
podría llegarse a una situación de sobreexplotación y la consiguiente desaparición de los
recursos pesqueros (…) En consecuencia, en virtud del artículo 19 N° 21 C.Pol., por la
necesidad de asegurar la conservación de los recursos hidrobiológicos y la sustentabilidad de la
actividad pesquera, se emitió la LGPA” (Fuentes, Jessica. (2012), “Las autorizaciones de
pesca y el derecho de propiedad”, Revista de Derecho de la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso, XXXVIII, pp. 552-553).

Siendo entonces la pesca una actividad económica amparada por el ejercicio
de la libertad consagrada en el numeral 21° del artículo 19° de la Constitución Política,
para que su desarrollo pueda ser calificado como de legítimo debe respetar las normas
legales que la regulen, lo cual se complementa con la habilitación al legislador para
establecer limitaciones o requisitos para adquirir algunos bienes cuando así lo exija el
interés nacional, como dispone el inciso 2° del numeral 23° del artículo 19° de la Carta.



II. DEBER ESTATAL DE PRESERVAR LA NATURALEZA

DÉCIMO TERCERO: Que, por otra parte, la materia se vincula al numeral 8°
del artículo 19° de la Constitución Política, que establece como obligación del Estado
“tutelar la preservación de la naturaleza”, deber que conduce a “[l]a necesidad de cuidar
que la naturaleza no sea agotada, destruida o menoscabada, salvo en lo que resulte inevitable”
(Cea, José Luis. Derecho Constitucional Chileno. Derechos, deberes y garantías. Tomo
II. p. 333). El legislador, a través de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio
Ambiente, interpretó tal obligación como “el conjunto de políticas, planes, programas,
normas y acciones destinadas a asegurar la mantención de las condiciones que hacen
posible la evolución y el desarrollo de las especies y de los ecosistemas del país”
(artículo 2°, letra p).

DÉCIMO CUARTO: Que, cabe hacer notar que el inciso segundo del artículo
19 numeral 8° de la Constitución dispone que “la ley podrá establecer restricciones
específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio
ambiente”, regla que se ve complementada en la propia Constitución, en el numeral
24° del mismo artículo 19, cuando, al limitar el derecho de propiedad con la función
social que se le asigna, incluye “la conservación del patrimonio ambiental”.

Al respecto, la doctrina ha expresado que la autorización que expresamente
formula el constituyente al legislador para imponer límites a un derecho fundamental
da cuenta del especial interés que manifiesta respecto de un determinado bien, como
es en este caso la conservación del patrimonio ambiental. La profesora Liliana
Galdámez explica al efecto que “[e]l legislador, el juez y todos los poderes del Estado, ante
una eventual tensión entre otros derechos y el medio ambiente, no sólo pueden, sino que deben
restringirlos, si eso garantiza la protección de este último. Es una solución que, prima facie, se
resuelve en favor del medio ambiente. Por eso sostengo que la cuestión ambiental goza de una




11
0000630
SEISCIENTOS TREINTA




especial y reforzada protección en la Constitución” (Galdámez, Liliana. (2017). ob. cit., p.
129).

DÉCIMO QUINTO: Que, además debe tenerse presente que, vinculados a la
garantía de preservar la naturaleza, se encuentran los principios de desarrollo
sustentable y precautorio.

El concepto de desarrollo sustentable se encuentra recogido en la Ley N°
19.300, que lo define como “el proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la
calidad de vida de las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y
protección del medio ambiente, de manera de no comprometer las expectativas de las
generaciones futuras” (artículo 2°, letra g). Por su parte, el artículo 2, N° 61, de la
LGPA señala que el uso sustentable es la “utilización responsable de los recursos
hidrobiológicos, de conformidad con las normas y regulaciones locales, nacionales e
internacionales, según corresponda, con el fin de que los beneficios sociales y
económicos derivados de esa utilización se puedan mantener en el tiempo sin
comprometer las oportunidades para el crecimiento y desarrollo de las generaciones
futuras.”

Mientras tanto, el Principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo de las Naciones Unidas, de junio de 1992, describe el
principio precautorio en los siguientes términos: “Con el fin de proteger el medio
ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus
capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica
absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en
función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”.

El respeto al principio precautorio implica entonces que las amenazas al medio
ambiente no requieren ser establecidas con certidumbre (Sunstein Cass R. (2007)
Worst-case scenarios. Harvard University Press. Cambridge. Massachusetts. pp. 2, 124
y 184). Tampoco se exige una evidencia científica irrefutable que establezca daños. En
tal sentido, es clave considerar que el principio precautorio sugiere regulaciones que
construyan el margen de seguridad dentro de todo el proceso decisorio. Por tanto, no
se necesita esperar daños irreversibles para instar por la aplicación de una alta
aproximación precautoria (Sunstein. ob. cit. p. 2)

DÉCIMO SEXTO: Que, la extracción racional, controlada y sustentable de los
recursos pesqueros constituye un compromiso y un deber para el Estado chileno,
desde que éste se encuentra vinculado por diversos tratados internacionales sobre la
materia. Así, en el plano del derecho internacional, dicha forma de extracción se
encuentra en diversas fuentes convencionales y no convencionales de obligaciones
generales y específicas para el resguardo de la sustentabilidad, la recuperación de las
pesquerías, los métodos de pesca, la protección de especies, entre otras materias.

A este respecto se pueden mencionar las siguientes fuentes: Convención de
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, suscrita por Chile el 10 de diciembre de




12
0000631
SEISCIENTOS TREINTA Y UNO




1982, ratificada el 28 de agosto de 1997 y publicada el 18 de noviembre de 1997; Código
Internacional de Conducta para la Pesca Responsable, norma voluntaria aprobada en
1995 por la FAO; Acuerdo para Promover el Cumplimiento de las Medidas
Internacionales de Conservación y Ordenación por los Buques Pesqueros que pescan
en Alta Mar, aprobado mediante Resolución 15/93, de la FAO, el cual entró en vigor
el 24 de abril de 2003, fecha en que el Director General recibió el 25o instrumento de
aceptación; Acuerdo sobre la Aplicación de las Disposiciones de la Convención de las
Naciones Unidas sobre Derecho del Mar (10 de diciembre de 1982, relativas a la
Conservación y Ordenación de las Poblaciones de Peces Transzonales y Altamente
Migratorias o Acuerdo de Nueva York, ratificado mediante Decreto N° 31,
promulgado el 8 de marzo del 2016 y publicado el 21 de septiembre del 2016; Comisión
de Pesca Continental para América Latina (COPESCAL), creada en Roma en 1976 por
la resolución 4/70 de la Septuagésima Sesión del Consejo de la FAO; Convención sobre
la Diversidad Biológica (CBD, suscrita en la Conferencia de Río de Janeiro de 1992 y
ratificada por Chile en 1994; Convenio sobre la Diversidad Biológica suscrita por Chile
el 9 de septiembre de 1994, contenido en el Decreto Supremo No 1.963 del Ministerio
de Relaciones Exteriores, el que fue publicado en el Diario Oficial con fecha 6 de mayo
de 1995; Convención de Wellington sobre Prohibición de Pesca con Redes de Enmalle
y Deriva de Gran Escala en el Pacífico Sur, suscrita en Wellington el 20 de octubre de
1990 y ratificada por Chile el 1° de noviembre de 1991; Protocolo II de la Convención
sobre Prohibición de la Pesca con Redes de deriva y de gran escala en el Pacifico Sur,
promulgado el 09 de diciembre de 1993 y publicado el 03 de marzo del año 1994;
Convenio para la Protección del Medio Marino y la Zona Costera del Pacífico Sudeste,
de 1981, ratificado mediante Decreto N° 296, promulgado el 07 de abril de 1986 y
publicado el 14 de junio de 1986.



III. LA PESCA ARTESANAL Y CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO
INFRACCIONAL DE LA LEY DE PESCA

DECIMO SEPTIMO: Que, en sentencias anteriores este Tribunal se ha
pronunciado sobre el proceso en general y la supletoriedad del Código de
Procedimiento Civil en el marco de la aplicación del artículo 125 de la Ley N°18.892.
Así, en la STC 12.765-22 se establecieron los siguientes estándares: (i) La Constitución
garantiza la igual protección en el ejercicio de los derechos, el derecho a la defensa
jurídica y el debido proceso; y, en este marco, el proceso jurisdiccional se erige como
el mecanismo de heterocomposición para la resolución de los conflictos jurídicos; (ii)
La validez del proceso se estructura en base al principio de legalidad procedimental,
para lo cual se requiere que su sustanciación se desarrolle conforme al procedimiento
dispuesto por el legislador; (iii) El proceso no es un fin en sí mismo, sino que un medio
para resolver los conflictos, de modo que la relación jurídico-procesal debe tener un
tiempo acotado a la tramitación del proceso, previniendo dilaciones innecesarias para
lo cual se contemplan diversos mecanismos que varían según la materia de que se




13
0000632
SEISCIENTOS TREINTA Y DOS




trate, es decir dependiendo si el proceso refiere a controversias en el ámbito civil,
penal o sancionatorio administrativo (STC 12.765-22, considerandos 6°, 7°, 8° y 9°).

DECIMO OCTAVO: Que, la diversidad de materias y conflictos que derivan
de las relaciones jurídicas sobre los cuales debe pronunciarse la judicatura “determinan
que el legislador esté dotado de una amplia capacidad regulatoria para configurar los
procedimientos según las necesidades y caracteres de las diferentes áreas del sistema de fuentes
(derechos de familia, del trabajo, civil, del consumidor, penal, etc). Así, los procedimientos se
estructurarán en base a los denominados principios informadores de los cuales derivarán reglas
específicas.” (STC 12.765-22, c. 11°).

DECIMO NOVENO: Que, no son homologables los principios que orientan el
procedimiento civil en relación con los procesos contravencionales de interés público,
como en el caso de autos, aquellos que persiguen la conservación de los recursos
hidrobiológicos, la administración eficiente de los recursos pesqueros y la protección
de los ecosistemas marítimos. En efecto, en el procedimiento civil, los derechos e
intereses sobre los que versa la controversia son de orden privado y, por tanto, del
ámbito particular y esencialmente disponibles para las partes mientras no se afecte el
orden público; por lo tanto, en aquel caso el impulso procesal corresponde a las partes.
En cambio, cuando la controversia guarda relación con cuestiones de interés público,
el legislador suele radicar el impulso procesal en la judicatura, a quien corresponde
dar curso progresivo a los autos con el objeto de dirimir los conflictos de orden público
de su competencia y, asimismo, adoptar los mecanismos procesales necesarios para
evitar que se frustre la acción coercitiva del Estado en la prosecución del fin
sancionatorio que subyace a la controversia.

VIGESIMO: Que, siguiendo estos razonamientos, el Tribunal Constitucional
se ha pronunciado respecto a la institución del “abandono de procedimiento” en
relación con la aplicación del precepto impugnado en el presente requerimiento (STC
roles N°8168-20 y STC 12765-22). Asimismo, se ha pronunciado reiteradamente sobre
dicho instituto procesal en materia laboral, donde el legislador ha restringido su
aplicación radicando en el juez el impulso procesal habida consideración de los
principios protectores de la legislación laboral y de previsión social (STC roles N°
15.847-24; 15.385-24; 15.225-24; 15.045-23; 14.463-23; 14.838-23; 14.685-23; 14.649-23;
14.615-23; 14.588-23; 14583-23; 14.573-23; 14.562-23; 14.553-23; 14.547-23; 14.506-23;
14.276-23; 14.018-23; 13.948-23; 13.905-22; 13.806-22; 13.804-22; 13.716-22; 13.678-22;
13.633-22; 13.624-22; 13.606-22; 13.559-22).

VIGESIMO PRIMERO: Que, el legislador ha desarrollado estándares
específicos en relación a las garantías procesales exigibles por los administrados en un
proceso administrativo sancionador. Este desarrollo ha tenido lugar, particularmente,
como consecuencia de las regulaciones sectoriales en distintos ámbitos de referencia
(educación, medio ambiente, libre competencia, mercados financieros, entre otros),
donde se ha procedido incrementalmente a la homologación de ciertas garantías
procesales y, especialmente, se ha perseguido compatibilizar los derechos



14
0000633
SEISCIENTOS TREINTA Y TRES




individuales con el ejercicio efectivo de las potestades sancionatorias de la
administración para la prosecución de los intereses públicos que subyacen a la
regulación (Cordero Vega, Luis. (2020). El derecho administrativo sancionador y los
sectores de referencia en el sistema institucional chileno. Revista Ius et Praxis, Año 26,
N° 1, pp. 240 - 265). Así, de cara a dicho objetivo, ha sostenido la doctrina que “el
legislador desde hace un poco más de una década ha visto en la potestad sancionatoria de la
Administración uno de los elementos adicionales para garantizar el cumplimiento de las
regulaciones que trata de promover el bien público” (Cordero Vega, Luis. (2020). ob. cit., p.
256).

VIGESIMO SEGUNDO: Que, la legislación en Chile en materia de pesca
responde a este marco regulatorio y, por tanto, ha establecido un sistema de
infracciones, sanciones y procedimientos, a través de los cuales se ejerce la potestad
sancionatoria para cumplir los objetivos de la ley, esto es, gestionar las pesquerías,
salvaguardando la sustentabilidad ambiental y económica del sector pesquero. En
efecto, el Título IX de la Ley N° 18.892, titulado “Infracciones, Sanciones y
Procedimientos”, especifica las conductas infraccionales, las sanciones y el
procedimiento sancionador, confiando la fiscalización del cumplimiento de las
disposiciones legales a los funcionarios de SERNAPESCA, a personal de la Armada y
de Carabineros de Chile (artículo 122), y disponiendo que el conocimiento de los
procesos sancionatorios corresponderá a los jueces civiles (artículo 124).

VIGESIMO TERCERO: Que, el legislador en ejercicio de sus potestades
constitucionales ha especificado en el artículo 125 de la Ley N° 18.892 un
procedimiento sancionatorio especial ante la concurrencia de hechos que
contravienen la norma en análisis, el cual está inspirado en el derecho a la defensa y
principio de contradictoriedad, que asegura al denunciado la posibilidad de ser oído,
la presentación de descargos y rendir pruebas, así como recurrir contra la sentencia.
A través del precepto en análisis se instaura un proceso sumario ágil y efectivo,
eficiente en la sanción de las contravenciones a la ley, excluyendo la institución del
abandono del procedimiento, asegurando la oficialidad del proceso, proscribiendo el
desistimiento de la demanda y potenciando el carácter contravencional del mismo,
disponiendo que la aplicación supletoria de las normas del Código de Procedimiento
Civil se encuentra limitada a todas aquellas instituciones que no sean contrarias a la
naturaleza contravencional del procedimiento que se trata.

VIGESIMO CUARTO: Que, siendo evidente para esta Magistratura el
carácter eminentemente contravencional de la controversia que da origen al presente
requerimiento resulta del todo razonable que se restrinja la aplicación de instituciones
que son propias del proceso civil como es el abandono del procedimiento. Lo anterior
ha sido señalado en precedentes jurisprudenciales de esta Magistratura, quien
dispuso que “los procedimientos relativos a cuestiones de interés público el impulso procesal
no será de parte, pues el interés involucrado en el conflicto no es privado ni menos disponible
por una persona individual, sino que es de carácter público, de una titularidad que




15
0000634
SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO




evidentemente no es individual, los que en un Estado democrático significa que es de la
comunidad, representada en las instituciones públicas. Así, a contrario sensu, si el impulso
procesal no es de parte y el proceso no es disponible, no habrá abandono del procedimiento,
cuestión que resultaría impropia” (STC 8.168-20, c. 29°; STC 12.765-22, c. 27°).

VIGESIMO QUINTO: Que, lo razonado nos lleva a concluir, tal y como fue
consignado en los fallos citados en el considerando precedente (STC 8.168-20, c. 37°;
STC 12.765-22, c. 34°), que en la eventualidad de que se acogiera el presente
requerimiento y se excluyera del ordenamiento la norma que declara la
improcedencia del abandono del procedimiento, este no sería aplicable realmente al
caso concreto, habida consideración de la naturaleza contravencional del proceso
sancionatorio en el que se adscribe la norma que se impugna. En efecto, el mismo
artículo 125 numeral 18 explicita que la aplicación supletoria del Código de
Procedimiento Civil se remite a aquello que no “resulte contrario a la naturaleza
contravencional de este procedimiento”. De esta forma se colige que, aun cuando se
eliminara íntegramente la norma que se impugna “la naturaleza contravencional y no
civil del contenido del proceso especial que constituye la gestión pendiente subsiste, además es
reconocida expresamente y no cambia sin dicha remisión al Código de Procedimiento Civil,
pues con o sin ella y con o sin la preceptiva cuestionada sigue siendo un procedimiento
contravencional y sancionatorio por infracción a deberes y prohibiciones establecidos [en] leyes
de interés público, de lo cual deriva que la exclusión del abandono del procedimiento podría ser
perfectamente colegida a partir de sus caracteres contravencionales sin necesidad de norma que
lo diga expresamente, por no ser renunciables ni disponibles los intereses que determinaron la
apertura del proceso.” (STC 8.168-20, c° 37; STC 12.765-22, c° 34).

VIGESIMO SEXTO: Que, en este caso concreto, la solicitante considera que la
medida es desproporcionada, ya que se le ha denegado la solicitud de zarpe de la
embarcación pesquera de su propiedad, algo que, en su opinión, sería posible si el
proceso sancionador concluyera con la aplicación del instituto de abandono del
procedimiento que reclama. No menciona que, con fecha de 1 de agosto de 2024, se
fijó una caución de 1492,2 UTM (101 520 334 pesos chilenos en marzo de 2025) para
levantar la prohibición de zarpe, la cual no ha pagado, por lo que resulta evidente que
el objetivo de este recurso constitucional es eludir el cumplimiento de las obligaciones
que se le pudieran imponer y que están garantizadas precisamente con la aplicación
de la caución como condición para otorgar la correspondiente autorización de zarpe
que solicita.

VIGESIMO SÉPTIMO: Que por todo lo expuesto, el requerimiento debe ser
rechazado.



Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93 incisos primero,
N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la
Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional
del Tribunal Constitucional,



16
0000635
SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO




SE RESUELVE:



I. QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DEDUCIDO A LO
PRINCIPAL DE FOJAS 1. OFÍCIESE.

II. QUE SE ALZA LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO
DECRETADA EN AUTOS. OFÍCIESE.

III. QUE NO SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE REQUIRENTE
POR ESTIMARSE QUE TUVO MOTIVO PLAUSIBLE PARA
LITIGAR.



DISIDENCIA



Acordada con el voto en contra del Ministro señor MIGUEL ÁNGEL
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, quien estuvo por acoger el requerimiento en virtud de las
siguientes consideraciones:

1°. Que, se ha requerido la inaplicabilidad del artículo 125 N° 18) de la Ley
General de Pesca y Acuicultura, en cuanto prohíbe el abandono del procedimiento en
la gestión pendiente ante Segundo Juzgado Civil de Arica, iniciada por denuncia por
infracción al artículo 115 de dicha ley;

2°. Que, no compete a esta Magistratura resolver si concurren o no los
requisitos legales para acoger la solicitud de abandono del procedimiento, pues lo que
nos corresponde es examinar si la aplicación de la regla legal que impide,
precisamente, que el Juez competente realiza ese examen, contenida en el artículo 125
N° 18) de la Ley General de Pesca y Acuicultura, resulta o no contraria a la
Constitución porque conduce a una extensión excesiva del proceso judicial, con
transgresión a la garantía de un procedimiento racional y justo y la imposibilidad de
subsanar esta vulneración mediante el cierre de la controversia a través de la
institución que el ordenamiento jurídico, en general, contempla para ello;

3°. Que, en este punto, resulta pertinente tener en consideración que, en
relación a la institución del abandono del procedimiento, la doctrina ha indicado
que “el fundamento subjetivo ve en el abandono en que las partes tienen al proceso, una
presunción de que su voluntad es dejarlo extinguir sin que se llegue normalmente a su término
mediante la dictación de una sentencia definitiva. El fundamento objetivo, en cambio, observa
que la pendencia indefinida en los procesos atenta en contra de la seguridad y buen orden
jurídico, lo cual es necesario extirpar” (Mario Casarino Viterbo: Manual de Derecho
Procesal, Tomo III, Ed. Jurídica de Chile, Santiago, 2005, p. 178). En igual sentido, se ha
señalado que “tiene por fundamentos la certeza jurídica y la tranquilidad social, pues tiende
a corregir la situación anómala que crea entre los litigantes la subsistencia de un juicio largo




17
0000636
SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS




tiempo paralizado” (Jorge Correa Selamé: El Abandono del Procedimiento, Ed. Jurídica
ConoSur. Santiago, 2000, p. 7).

4°. Que, como se advierte, estamos frente a una institución cuyo objetivo
esencial radica en dotar de certeza jurídica a las partes, poner fin a la indeterminación
que genera el proceso y, en definitiva, propender a la efectiva solución de los conflictos
sometidos a decisión jurisdiccional a través del cumplimiento de lo resuelto. Siendo
de este modo, la ausencia de un remedio para hacer frente a la inactividad de las partes
en juicio, unido a la falta de actuaciones impulsadas desde el Tribunal que conoce del
asunto para avanzar en la consecución del proceso y poner término al conflicto, se
puede traducir en una afectación de los derechos de las partes, tal como alega el
requirente en este caso;

5°. Que, desde esta perspectiva, en relación con la garantía del derecho a un
procedimiento racional y justo, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que el
derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas constituye un elemento integrante de
ese derecho (c. 13°, Rol N° 5.669);

6°. Que, lo anterior es concordante con el criterio sostenido por esta
Magistratura desde fallos de antigua data, en los cuales indicó que, por debido
proceso, se entiende aquel que cumple integralmente la función constitucional de
resolver conflictos de intereses de relevancia jurídica con efecto de cosa juzgada,
protegiendo y resguardando, como su natural consecuencia, la organización del
Estado, los derechos fundamentales y, en definitiva, la plena eficacia del Estado de
Derecho. El debido proceso, más allá de consagrar los derechos de los litigantes y el
poder-deber del juez en la forma que el constituyente ha establecido para eliminar la
fuerza en la solución de los conflictos, genera un medio idóneo para que cada cual
pueda obtener la solución de sus conflictos a través de su desenvolvimiento. (c. 16°,
Rol N° 619);

7°. Que, siendo así, la resolución de conflictos dentro de un plazo razonable
constituye una expresión de este derecho fundamental, pues una controversia cuya
resolución se dilata en el tiempo, lejos de alcanzar el objetivo pretendido, extiende
artificialmente la discordia entre las partes, hace persistir la vulneración del
ordenamiento jurídico y, en definitiva, priva a las partes del conflicto de una solución
acorde a derecho que asegure la plena observancia de sus garantías y la eficacia del
Estado de Derecho. Y es precisamente esta extensión de una controversia judicial en
el tiempo, sin certeza alguna del momento en que ello tendrá un punto cúlmine que
restablezca el derecho de las partes, unido a la imposibilidad de alegar el abandono
de la actividad procesal, lo que configura un resultado atentatorio al procedimiento
racional y justo para el caso concreto de que se trata;

8°. Que, más todavía, si el racional y justo procedimiento asegurado en el
artículo 19 número 3° inciso sexto de la Carta Fundamental se vincula con lo dispuesto
en su artículo 77 inciso primero, que ordena al legislador orgánico constitucional




18
0000637
SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE




determinar la organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para
la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República;

9°. Que, lo contrario a “pronta y cumplida” es una dilación indebida, pues, como
ha señalado el Tribunal Supremo de España “(la) existencia de dilación indebida no cabe
apreciarla tan solo de la mera constatación de la duración total del proceso […], sino que es
preciso efectuar un análisis del mismo, para determinar las razones de tal duración y poder
apreciar si se trata de tales dilaciones indebidas o responden a la naturaleza, características y
alcance del proceso, la intervención o actitud de las partes o la disponibilidad de medios, ya que
de ello deriva la imputación de los resultados a un funcionamiento anormal o a otros
factores”(STS 3ª, 16 de enero de 2015);

10°. Que, tal como se señaló en los Roles N° 5.151 y 5.152, “si bien el legislador
goza de discreción y de un amplio margen en la regulación de las relaciones sociales, debe cuidar
que las restricciones al goce de los derechos que puedan resultar de tales regulaciones
encuentren justificación en el logro de fines constitucionalmente legítimos, resulten
razonablemente adecuadas o idóneas para alcanzar tales fines legítimos y sean -las mismas
restricciones- proporcionales a los bienes que de ellas cabe esperar (STC Rol 1046 c. 22). En
tal sentido, la restricción legal contenida en el artículo 429 del Código del Trabajo y que en esta
oportunidad se cuestiona, no satisface este estándar (…)”. (c. 21°).

11°. Que, así las cosas, la aplicación de la regla que prohíbe el abandono del
procedimiento en la gestión pendiente resuelta, por ende, contraria al derecho a un
procedimiento racional y justo;

12°. Que, siguiendo esta línea de racionamiento, esta aplicación del precepto
legal inconstitucional no se salva por los bienes jurídicos protegidos por la legislación
pesquera, vinculados con la protección del medio ambiente -que la Constitución
encarga especialmente, en su artículo 19 N° 8°- ni por tratarse de un procedimiento
infraccional, en el marco del Derecho Administrativo Sancionador, donde debe regir
el principio dispositivo.

Al contrario, la protección de aquellos bienes jurídicos de jerarquía
constitucional y la naturaleza infraccional de lo debatido a raíz de su vulneración,
llevan a sostener, ineludiblemente, que el procedimiento no se puede dilatar
indefinidamente, abonando la inactividad de la autoridad encargada de velar por el
resguardo de aquellos bienes o del juez para la prosecución de la causa;

13°. Que, en efecto, precisamente el deber del Estado de velar para que el
derecho a un medio ambiente libre de contaminación no sea afectado y tutelar la
preservación de la naturaleza., conforme al numeral 8° del artículo 19 constitucional,
y el carácter sancionatorio del procedimiento imponen una actitud diligente de la
Administración fiscalizadora y de la Judicatura de Fondo que permita evitar que se
sigan produciendo los hechos infraccionales o que se demore la aplicación de la
sanción que en Derecho proceda;




19
0000638
SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO




14°. Que, por las razones expuestas, estuve por acoger la acción de
inaplicabilidad intentada a fs. 1.



Redactó la sentencia la Ministra señora NANCY YÁÑEZ FUENZALIDA. La
disidencia corresponde al Ministro señor MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ.



Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.
Rol N° 16.351-25-INA




20
0000639
SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE


Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 25/01/2026



Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida Miguel Angel Fernández González
Fecha: 23/01/2026 Fecha: 23/01/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 23/01/2026 Fecha: 26/01/2026



Marcela Inés Peredo Rojas Alejandra Precht Rorris
Fecha: 23/01/2026 Fecha: 23/01/2026



Mario René Gómez Montoya
Fecha: 23/01/2026


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta,
Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros señora Nancy
Adriana Yáñez Fuenzalida, señor Miguel Ángel Fernández González, señor Raúl
Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne, señora Marcela
Inés Peredo Rojas, señora Alejandra Precht Rorris y señor Mario René Gómez
Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional, señor Sebastián
López Magnasco.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 26/01/2026




53483D3B-0917-4149-946D-6C4FA9F4B46E
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su
validez puede ser consultada en www.tribunalconstitucional.cl con el
código de verificación indicado bajo el código de barras.