TC Rol 16385

Texto completo

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UNO MIL TRESCIENTOS SESENTA




2026

REPÚBLICA DE CHILE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
____________
Sentencia

Rol 16.385-25 INA

[07 de enero de 2026]
____________




REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL ARTÍCULO 482, INCISO
CUARTO, PARTE FINAL, DEL CÓDIGO DEL TRABAJO



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
EN EL PROCESO RIT O-67-2022, RUC 2240414413-1, SEGUIDO ANTE EL
JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE CASTRO, EN CONOCIMIENTO
DE LA CORTE DE APELACIONES DE PUERTO MONTT, POR RECURSO DE
HECHO, BAJO EL ROL N° 131-2025 (LABORAL COBRANZA).


VISTOS:

Que, con fecha con fecha 12 de abril de 2025, la IIlustre Municipalidad de
Queilen deduce requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
respecto del artículo 482, inciso cuarto, parte final, del Código del Trabajo, para
que ello incida en el proceso RIT O-67-2022, RUC 2240414413-1, seguido ante el
Juzgado de Letras del Trabajo de Castro, en conocimiento de la Corte de
Apelaciones de Puerto Montt, por recurso de hecho, bajo el Rol N° 131-2025
(Laboral Cobranza).



Preceptos legales cuya aplicación se impugna

El texto del precepto legal impugnado dispone lo siguiente en su parte
destacada:




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“Código del Trabajo

Artículo 482.- El fallo del recurso deberá pronunciarse dentro del plazo de
cinco días contado desde el término de la vista de la causa.

[…]

No procederá recurso alguno en contra de la resolución que falle un
recurso de nulidad. Tampoco, en contra de la sentencia que se dictare en el
nuevo juicio realizado como consecuencia de la resolución que hubiere
acogido el recurso de nulidad.



Síntesis de la gestión pendiente y conflicto constitucional sometido
al conocimiento y resolución del Tribunal Constitucional.

Como antecedentes de la gestión pendiente, expone la requirente que
con fecha 11 de julio de 2022 Pedro Carmona Antigual y Luis Cumicheo Gómez,
interponen demanda de relación laboral, despido injustificado, y cobro de
prestaciones laborales en su contra ante el Juzgado de Letras del Trabajo de
Castro.

Señala que con fecha 19 de octubre de 2022, dicho tribunal dictó
sentencia definitiva rechazando la demanda en todas sus partes.

Frente a dicha decisión, los demandantes presentaron recurso de
nulidad ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, el que fue acogido con
fecha 28 de agosto de 2023.

En el nuevo juicio, con fecha 14 de marzo del año 2025, el Juzgado de
Letras del Trabajo de Castro, dictó sentencia definitiva, acogiendo la demanda
en todas sus partes, salvo la petición de lucro cesante.

Seguidamente, indica que interpuso recurso de nulidad en contra de
dicha sentencia condenatoria, alegando la causal del artículo 478, letra b), del
Código del Trabajo. Sin embargo, con fecha 24 de marzo de dicho año, el
tribunal, atendido lo dispuesto en el artículo 482, inciso final, del Código del
Trabajo, no dio lugar al recurso de nulidad, por lo que interpone recurso de
apelación, el que tampoco prosperó, atendido a lo dispuesto en los artículos 187,
del Código de Procedimiento Civil y 482, inciso final, del Código del Trabajo.

En contra de dicha resolución, la Ilustre Municipalidad de Queilen
interpuso recurso de hecho, el que según certificado de la gestión pendiente que
rola a fojas 20, se encuentra en tramitación, constando que con fecha 08 de abril,
se tuvo por evacuado el informe del recurrido, y se ordenó que pasen los
antecedentes al Relator de la causa.




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Como conflicto constitucional, alega que la aplicación del precepto
impugnado en la parte que indica infringe el artículo 19, numerales 2, 3 y 26; y
artículo 6°, todos de la Constitución Política de la República.



En efecto, sostiene que dicha norma al impedir a la Municipalidad
recurrir en contra de la nueva sentencia definitiva dictada por el Juzgado de
Letras del Trabajo de Castro, vulnera directamente el derecho al debido
proceso.

Al respecto, afirma que el inciso cuarto, parte final, del artículo 482, del
Código del Trabajo no contiene elemento de racionalidad y justicia, pues en los
hechos, hace que la nueva sentencia sea dictada en un procedimiento que
impide a una de las partes, pedir en el ejercicio legítimo de una garantía
fundamental, que dicha sentencia sea conocida por un Tribunal Superior, lo que
en este caso, resulta más gravoso, si se considera que el recurso de nulidad
primitivo se acogió en contra de una sentencia que había rechazado la demanda
laboral, por lo cual era racional estimar que una sentencia en contrario, debía
convencer en sí misma, es decir, ser suficiente en su razonamiento, sin perjuicio
de la valoración de la prueba completa, y de no fallar en contra de texto expreso.

Adicionalmente, hace presente que el derecho a un debido proceso se
encuentra consagrado en tratados internacionales sobre derechos humanos
ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, citando al efecto el artículo
8°, de la Convención Americana de Derechos Humanos y artículo 14, del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que son parte de la garantía
constitucional indicada, según lo dispuesto en el artículo 5°, inciso segundo, de
la Carta Fundamental.

De otro lado, y desde el punto de vista procesal, argumenta que la norma
impugnada genera un desequilibrio tal, ya que no existe forma de remediar la
infracción al debido proceso cometida, y que se manifiesta en la imposibilidad
de la parte demandada de que el recurso de nulidad deducido sea conocido y
fallado por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.

Al mismo tiempo, alega que el precepto legal impugnado lesiona la
garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales establecida en el
numeral 26, del artículo 19, de la Constitución, pues contiene una restricción
bajo la forma de una prohibición, que impide acudir ante un tribunal superior
jerárquico para la revisión de una sentencia viciada de nulidad.

Por último, estimada vulnerado lo preceptuado en el artículo 6°, de la
Carta Fundamental, atendido a que la norma cuestionada incumple el deber de
sujetarse al principio de supremacía constitucional, al producir los efectos
inconstitucionales alegados.




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Tramitación del requerimiento

Por resolución de fecha 17 de abril de 2025 a fojas 115, la Primera Sala de
esta Magistratura admitió a trámite el requerimiento, ordenándose la
suspensión del procedimiento, siendo declarado admisible por la referida Sala
con fecha 08 de mayo de dicho año a fojas 1334.

Previo a la declaración de admisibilidad, los demandantes y requeridos
en auto, solicitaron la inadmisibilidad del requerimiento, atendido a que, a su
juicio, no existe gestión judicial pendiente, toda vez que, si bien la
Municipalidad de Queilen con fecha 23 de marzo del año 2025 interpuso recurso
de nulidad en contra de la segunda sentencia pronunciada el 14 de marzo de
dicho año por el Juzgado del Trabajo de Castro, al día siguiente- 24 de marzo- se
desiste de su recurso de nulidad y acto seguido interpone por segunda vez
recurso de nulidad en contra de la referida sentencia, produciéndose el
desistimiento respecto del primer recurso y en cuanto al segundo, ha operado la
preclusión, por lo que en apariencia, podría estimarse que existe una gestión
pendiente; sin embargo, procesalmente ello no es así. En consecuencia,
“mediante el desistimiento planteado en la causa de base, quedó necesariamente
firme la sentencia que resuelve la cuestión principal; luego, como lo accesorio en
este caso sigue la suerte de lo principal, el presente requerimiento carece de todo
sustento” (fojas 1313).

Por otro lado, hacen presente que la Municipalidad cuestiona
específicamente el inciso final, del artículo 482, del Código del Trabajo que le
impide recurrir en contra de la sentencia que se dictare en un nuevo juicio como
consecuencia de la resolución que hubiere acogido el recurso de nulidad, pero
no del hecho de tener derecho a recurrir.

En este sentido, estiman que la requirente no ha visto afectado su
derecho a recurrir, siendo absolutamente constitucional la norma impugnada,
toda vez que ha habido una revisión del fallo por vía del recurso de nulidad, por
lo que el derecho a recurrir no ha sido afectado, es más, ha sido válidamente
ejercido.

Por último, indican que, con la declaración de inaplicabilidad de la
norma cuestionada, se abre la posibilidad de que los juicios pudieran anularse y
repetirse indefinidamente, cuestión que precisamente evita el precepto
impugnado en el presente requerimiento.



Conferidos los traslados de fondo a los órganos constitucionales
interesados y a las demás partes en la gestión invocada, no se formularon
observaciones.




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A fojas 1344 en decreto de fecha 02 de junio del año 2025 fueron traídos
los autos en relación.



Vista de la causa y acuerdo

En audiencia de Pleno del día 15 de octubre de 2025, se verificó la vista de
la causa, oyéndose la relación pública y los alegatos de los abogados Jaime
Mariman Naguelquin, por la parte requirente, y Fabián Quiroz Gutiérrez, por la
parte requerida, adoptándose acuerdo con igual fecha, conforme certificación
de la señora relatora.



Y CONSIDERANDO:

I. GENERALIDADES

PRIMERO: Que, la parte requirente impugna la constitucionalidad del
inciso cuarto parte final del artículo 482 del Código del Trabajo, que establece la
improcedencia del recurso de nulidad en contra de la sentencia dictada en el
nuevo juicio realizado como consecuencia de la resolución que hubiere acogido
un recurso de nulidad previo. La requirente estima que el precepto legal, en la
parte impugnada, vulnera el artículo 19 numerales 2, 3 y 26 de la Constitución,
toda vez que lo priva de la posibilidad de recurrir, configurándose una
discriminación arbitraria.

SEGUNDO: Que, en contra de la parte requirente se interpuso demanda
de relación laboral, despido injustificado y cobro de prestaciones laborales, que
fue rechazada en todas sus partes en la instancia. Luego, la Corte de Apelaciones
acogió un recurso de nulidad promovido por los demandantes, concluyendo el
nuevo juicio en una sentencia definitiva que acogió la demanda. Contra esta
decisión la parte requirente interpuso recurso de nulidad, al que el tribunal no
dio lugar, en virtud de lo dispuesto en el artículo 482 del Código del Trabajo. Con
posterioridad a ello, la municipalidad solicitó que el recurso se tuviera por no
presentado y en su lugar fuera reemplazado por otro que se acompañaba,
resolviendo el juzgado estar al mérito de autos, tras lo cual certificó que la
sentencia definitiva se encontraba firme y ejecutoriada. Después, la resolución
que no daba lugar al recurso de nulidad que luego solicitó tener por no
presentado fue apelada, recurso al que tampoco se dio lugar. Contra esta
decisión, la municipalidad requirente interpuso recurso de hecho, el que se
invoca como gestión pendiente.

TERCERO: Que, según lo expuesto, se ha certificado en la gestión
pendiente que la sentencia definitiva se encuentra firme y ejecutoriada para




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todos los efectos legales. Lo anterior puesto que, si bien la parte requirente
acompañó otro recurso de nulidad en su lugar, al no existir procesalmente el
retiro del recurso se produjo su desistimiento. Además, no es la resolución que
certifica el carácter firme de la sentencia la que se está impugnando, si no que se
cuestionan aquellas que no dieron lugar al primitivo recurso de nulidad que
después se solicitó tener por no presentado y a la apelación contra esta decisión.
Por tanto, todo el debate posterior se ha dado en torno a un recurso nulidad que,
por la propia voluntad del requirente, no ha de ser considerado.

Así las cosas, la gestión pendiente se encuentra en un estado procesal que
excluye la interposición de recursos, por lo que un precepto legal destinado a
regular la procedencia del recurso de nulidad no es decisivo para la resolución
del asunto, lo que es un requisito esencial para que la acción de inaplicabilidad
pueda prosperar.

II. SOBRE EL DEBIDO PROCESO LABORAL

CUARTO: Que, en cuanto al fondo, el cuestionamiento a determinar en el
campo constitucional es si la regla que excluye el recurso de nulidad contra
sentencias dictadas en nuevos juicios realizados por haberse acogido
previamente un recurso de nulidad infringe el derecho a un debido proceso, en
el aspecto normativo de una presunta afectación al derecho al recurso. Ante
esto, se puede plantear como razonamiento preliminar y sin posicionarse
respecto de una diferencia específica de la sede procesal laboral que el
legislador puede establecer diferencias siempre que resulten razonables. En
este sentido, “el Tribunal Constitucional ha señalado antes que “La igualdad ante
la ley o en el ejercicio de los derechos no puede consistir en que las partes que
confrontan pretensiones en un juicio tengan idénticos derechos procesales. Del
momento en que uno es demandante y el otro demandado, tendrían actuaciones
distintas; el uno ejercerá acciones y el otro opondrá defensas y excepciones. Cada
una de esas actuaciones procesales estará regida por reglas propias, que no
pueden ser idénticas, pues las actuaciones reguladas no lo son. Se podrá examinar
si las reglas propias de las demandas y de las excepciones permiten trabar una
contienda regida por principios de racionalidad y justicia; podrá examinarse si
las reglas que, en principio debieran ser comunes para ambas partes, como la
facultad de probar o de impugnar un fallo, establecen diferencias que puedan ser
calificadas de arbitrarias; pero no puede pretenderse que actuaciones diversas,
como lo son una demanda ejecutiva y la interposición de excepciones para oponer
a dicha demanda, queden sujetas a un mismo estatuto” (STC Rol N°977-2007-INA,
c. 8°. Reiterado en STC Rol N°14.504-23-INA, c. 3°).

QUINTO: Que, la parte de la disposición que se impugna indica
“Tampoco, en contra de la sentencia que se dictare en el nuevo juicio realizado
como consecuencia de la resolución que hubiere acogido el recurso de nulidad”.




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Del tenor literal del precepto legal es evidente que este tuvo por objetivo limitar
la procedencia del recurso de nulidad, lo cual es coherente con los principios
formativos del proceso laboral, regulados en el capítulo II del Libro V del Código
del Trabajo. Allí, se establece en el artículo 425 que los procedimientos del
trabajo serán “orales, públicos y concentrados” y regirán los principios de
“inmediación, impulso procesal de oficio, celeridad, buena fe, bilateralidad de la
audiencia y gratuidad”.

Complementa lo anterior el artículo 430 del Código del Trabajo, que
dispone que los actos procesales deberán ejecutarse de buena fe, facultándose
al tribunal para adoptar las medidas necesarias para impedir las actuaciones
dilatorias, las cuales el juez podrá rechazar de plano, entendiéndose por tales
“todas aquellas que con el sólo objeto de demorar la prosecución del juicio sean
intentadas por alguna de las partes. De la resolución que declare como tal alguna
actuación, la parte afectada podrá reponer para que sea resuelta en la misma
audiencia”.

SEXTO: Que, vinculado a lo anterior, el Tribunal Constitucional ha
señalado antes que “En armonía con lo expuesto, la improcedencia del recurso de
nulidad en el caso concreto, que se relaciona exclusivamente con la imposibilidad
de recurrir contra la sentencia que se dictare en el nuevo juicio consecuente a la
resolución que hubiere acogido el recurso de nulidad, ya intentado (acápite
segundo del artículo 482, en su inciso final), no puede analizarse con
independencia de estas características y principios, que son inherentes al juicio
laboral y a la naturaleza de la disciplina que lo regula.

Más pues que en otras ramas del derecho, el procedimiento laboral debe
procurar la adecuada atención de los derechos de los trabajadores, como es lo
propio de todos los ordenamientos de carácter estamental, centrados en el
resguardo de dichos derechos. Para este fin, resulta evidente que la dilación
excesiva de las controversias entre empleadores y trabajadores atenta contra la
esencia del orden jurídico laboral” (STC Rol N°3886-2017 INA, c.3°).

SÉPTIMO: Que, sin duda, un justo y racional procedimiento es un
procedimiento, de un lado, libre de dilaciones indebidas, lo que configura una
respuesta judicial oportuna; y, de otro lado, uno en que la resolución del
conflicto constituye un cierre del mismo. Al respecto se ha explicado que un
procedimiento de estas características “Se define como el "derecho que tiene toda
persona a que su causa sea resuelta dentro de un tiempo razonable y sin
dilaciones indebidas". Efectivamente tiene una fuente constitucional indirecta en
el artículo 19 N°3 inciso segundo, puesto que una vez que el proceso ha sido
iniciado y se ejercitan los derechos de defensa correspondientes, en la forma que
la ley señale, a partir de ese momento, "ninguna autoridad o individuo podrá
impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado". Si bien esta
norma está considerada como regla relativa al derecho de defensa, la sola




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vinculación a la "debida intervención del letrado" da pie para una remisión a este
derecho. De esta manera, estas trabas a la obtención de un proceso en forma sí se
encuentran reguladas en los artículos 14.3 letra c) del PID-CyP que asegura el
derecho "a ser juzgado sin dilaciones indebidas" y el artículo 8.1 de la CADH que
expresa que "toda persona tiene derecho a ser oída, con todas las garantías y
dentro de un plazo razonable". Es un derecho sostenido doblemente en los
conceptos indeterminados de "razonable" e "indebidas". La determinación de un
plazo supondrá el ejercicio de los derechos fundamentales de todos, como el
derecho a ser oído y con las garantías procesales mínimas.

El TC ha reconocido esta garantía como un mandato al legislador en la
configuración de los procedimientos judiciales. Es decir, como una obligación
constitucional que determina y condiciona la reserva de ley en materia procesal.
Por lo tanto, se trata de un "límite material" a los procedimientos. El Tribunal
sostiene que "también se manifiesta en los límites materiales a todo
procedimiento: el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y el derecho a
obtener una resolución judicial firme contra la cual no quepa recurso judicial
alguno. Es parte de la efectividad y justicia de todo procedimiento un derecho de
acceso a la jurisdicción, tramitado sin retardos formalistas y una resolución de
fondo sobre el interés o derecho justiciable” (García Pino, G. y Contreras, P., El
derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional chileno, Estudios Constitucionales, Vol. 11, N°2 Santiago,
2013).

OCTAVO: Que, para hacerse cargo de la acusación del requirente, en
orden a no respetarse su debido proceso, es necesario antes determinar en qué
consiste esta garantía en materia laboral. Al respecto, ha de tenerse en cuenta
que nuestra Constitución no define lo que debe entenderse por debido proceso,
sino que simplemente da luces acerca de su contenido: la sentencia debe ser
antecedida por un proceso legalmente tramitado, correspondiendo al legislador
establecer las garantías de un procedimiento racional y justo. Dentro de este
marco, el constituyente regula dos de los elementos configurativos del debido
proceso cuyo respeto en el caso de marras no es objeto de discusión: el derecho
al ser juzgado por un tribunal prestablecido por ley y el derecho a defensa
jurídica.

NOVENO: Que, al intentar establecer cuáles son las garantías cuya
presencia determina la existencia de un procedimiento racional y justo, vemos
que estas varían según el procedimiento de que se trate. Las garantías
específicas y su intensidad cambiarán dependiendo de si estamos frente a un
procedimiento penal, civil, de familia, laboral, etc., en atención a las
particulares características de ese procedimiento y los distintos intereses que
estén en juego en el mismo. En consecuencia, el debido proceso no cuenta con
un contenido determinado de manera general y previa por nuestra
Constitución, y a nivel legal, este varía.




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DÉCIMO: Que, en el caso del derecho al recurso −que sería la garantía
que de acuerdo con el requirente no se cumple, impidiendo la configuración de
un debido proceso en el caso concreto− esta Magistratura ha afirmado que “ el
diseño legislativo del sistema recursivo es una “opción de política legislativa”.
Esto obedece a que el legislador es libre de establecer un sistema de recursos, en
cuanto a su estructura, forma y especificación que le parezcan pertinentes a la
naturaleza y fines de la controversia para la protección de los derechos e intereses
comprometidos de los justiciables” (STC Rol N°13.166-22, c. 9°), lo que en materia
laboral se traduce en que “Nada impide que en materia laboral (Principio de
Protección) el legislador limite los recursos, puesto que dicha decisión obedece al
mandato constitucional de que el legislador laboral no tiene más limitación que el
afectar derechos fundamentales de forma preclara y determinantemente” (STC
Rol N°13.166-22, c. 9°).

DÉCIMO PRIMERO: Que, en este sentido, este Tribunal ha declarado que
“ha de tenerse presente que el derecho al recurso, como requisito del debido
proceso, admite una serie de matices y precisiones. Por de pronto, la ausencia de
recursos puede ser constitucionalmente aceptada y compensada por la jerarquía,
integración o composición e inmediación del tribunal que conoce el asunto. Por su
parte, cuando se reconoce legalmente el derecho al recurso, no existe la exigencia
constitucional respecto al tipo específico de recurso. La exigencia constitucional
del derecho al recurso como componente del debido proceso depende de múltiples
circunstancias sistemáticas y de contexto procesal, o incluso concretas, y no
configura un requisito de validez del juicio per se. La validez constitucional de una
restricción legal al acceso a los recursos procesales, ordinarios o extraordinarios,
se juega en la existencia de una razón objetiva, no discriminatoria, que justifique
dicha diferencia de trato, en función de un fin constitucionalmente legítimo y
dejando siempre a salvo la existencia de otros recursos, acciones u oportunidades
que garanticen adecuadamente el derecho de defensa” (STC Rol N°9625-2020, voto
de minoría, c. 10°. Reiterado en voto de mayoría STC Rol N°14.155-2023, c. 10°).

DÉCIMO SEGUNDO: Que, lo anteriormente expresado es coincidente con
el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. En relación a este, el Tribunal
Constitucional ha afirmado que “la superposición de sucesivos recursos
contribuye al efecto contrario a una “pronta y cumplida administración de
justicia” (artículo 77 de la Constitución) generando un diseño institucional que
permite la dilación indebida y el riesgo de no ser juzgado dentro de un plazo
razonable” (STC Rol N°9625-2020, c. 10°).

DÉCIMO TERCERO: Que, en la misma línea, el Tribunal Constitucional
ha señalado antes que “es posible colegir que la intención de presentar reiterados
recursos de nulidad contraviene la certeza y seguridad jurídica, por cuanto se
manifiesta la voluntad de la parte que es vencida, en este caso la misma
requirente, de revertir dicho resultado, y no, necesariamente, de corregir los
vicios que se presentan en una decisión judicial en ausencia de las garantías
propias de un debido proceso, sometiéndose a la posibilidad que la corrección de



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la infracción invocada no cambie el resultado del juicio (…) 11°. En este mismo
sentido, cabe señalar que toda sentencia, en algún momento es agraviante para
una de las partes, específicamente para la parte vencida, y si el agravio implicara
que siempre debe haber un recurso que lo remedie, el proceso nunca podría tener
fin.” (STC Rol N°8695-2020, voto de minoría, c. 11°. Criterio reiterado en voto de
mayoría STC Rol N°14.155-2023, c. 12°).

Debe ponerse en perspectiva que la técnica del reenvío, que fue la que
operó a causa de la sentencia de nulidad del primer juicio, lleva ínsito un grado
de retardo “Recordemos que la casación nació como un mecanismo político de
defensa del ordenamiento jurídico, de tutela de la norma legal abstracta
─asumida como expresión de la voluntad del poder legislativo─, protección que se
expresaba en la invalidación de la sentencia, cuando llegaba a contrariar el
mandato del monarca o el mandato popular, en su caso. Originariamente el
órgano de casación no era el tribunal y de ahí que nunca tomaba la decisión. Se
limitaba a anular y a reenviar el asunto al juez de la instancia, para que éste
adoptara una nueva resolución. Históricamente, el mantenimiento de ese sistema
en el derecho comparado generó demoras irracionales en la finalización del
proceso y disputas absurdas entre las Cortes de Casación y los tribunales de
instancia, cuando éstos se resistían a resolver el asunto de un modo coherente al
motivo de la anulación, dando lugar a casaciones sucesivas inaceptables”
(Astudillo, Omar, El recurso de nulidad laboral. Algunas consideraciones técnicas
, Thomson Reuters, pp. 243 y 244).

DÉCIMO CUARTO: Que, en el caso del precepto impugnado no procede
recurso de nulidad, lo que encuentra una justificación razonable, ya que no solo
es coincidente con los principios formativos del proceso, como se explicó, sino
que además busca dar certeza y seguridad jurídica, cuestión esencial en toda
actuación ante tribunales. Como ya se ha recalcado en este fallo, ha señalado
antes esta Magistratura que las necesidades de certeza y seguridad jurídica son
inherentes a la resolución de conflictos por medio del proceso, en lo que se basa
la preclusión de la impugnabilidad de las sentencias (STC Rol N°14.067-2023, c.
13°).

En la misma línea, esta disposición no solo encuentra una explicación
lógica a la luz de los objetivos del procedimiento laboral y los principios que lo
rigen, sino que también tiene un fin que es constitucionalmente legítimo: la
prohibición de “hacer revivir procesos fenecidos”, consagrada en el inciso
primero del artículo 76 de la Constitución. Al respecto, este Tribunal
Constitucional ha dicho que “resulta obvio concluir que la Constitución Política
ha estructurado el ejercicio de la jurisdicción reconociendo expresamente la
fundamental premisa de la necesidad del fin del proceso como forma de solución
real y definitiva de los conflictos. Sin la aplicación del efecto de cosa juzgada, el
conflicto no queda resuelto, con lo cual el proceso no cumple con su función,
reconociéndose como única excepción a ello la acción de revisión de sentencias
firmes, contemplada expresamente en la legislación procesal y penal (STC Rol N°



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1130, c. 17).” (STC Rol N°9870-2020, voto de minoría, c.11°, reiterado en STC Rol
N°12.659, c. 18°).

DÉCIMO QUINTO: Que, en cuanto a las posibilidades de defensa de la
parte requirente, si bien el precepto impugnado impide que respecto de esta
segunda sentencia dictada en el nuevo juicio proceda recurso de nulidad, no se
agotan con éste los mecanismos de impugnación que el requirente tiene a su
disposición. De esta forma, el demandado tuvo la oportunidad de oponer
excepciones y promover incidentes.

En cuanto a los recursos, esta Magistratura ha señalado: “Además, se
debe considerar que no se han extinguido para el requirente todos los recursos
procesales que nuestro ordenamiento jurídico contempla, en particular mediante
el ejercicio de las facultades correctivas inherentes a la superintendencia que los
tribunales superiores de justicia ejercen sobre todos los tribunales de la Nación,
acorde lo dispuesto en el artículo 82 constitucional” (STC Rol N°3886-2017 INA,
c.11). El derecho de impugnación no alude a un recurso en específico y la
sentencia que decida este proceso, al poner término al juicio y no proceder a su
respecto otros recursos ni ordinarios ni extraordinarios, será recurrible por vía
del recurso de queja, argumentando que ha habido falta o abuso grave en su
dictación, sin perjuicio de las facultades de oficio que detenta la Corte Suprema
en esta materia según el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales. Así,
revisado el arco de derechos procesales que se han ejercido en esta causa, no
logra sostenerse la idea de que no se ha accedido a un justo y racional
procedimiento que conduzca a una decisión fundada del conflicto.

DÉCIMO SEXTO: Que, como ya se adelantó, además del derecho al
recurso, en el proceso laboral se otorgan a ambas partes una serie de garantías,
tales como el derecho a ser juzgado por un tribunal establecido con
anterioridad, compuesto de jueces independientes e imparciales, la posibilidad
de rendir prueba y defenderse, el reconocimiento al principio de bilateralidad
de la audiencia, etc.

De este modo, se ha dicho que “[…] el derecho a un proceso previo,
legalmente tramitado, racional y justo, que la Constitución asegura a todas las
personas, debe contemplar las siguientes garantías: la publicidad de los actos
jurisdiccionales, el derecho a la acción, el oportuno conocimiento de ella por la
parte contraria, el emplazamiento, adecuada defensa y asesoría con abogados, la
producción libre de pruebas conforme a la ley, el examen y objeción de la
evidencia rendida, la bilateralidad de la audiencia, la facultad de interponer
recursos para revisar las sentencias dictadas por tribunales inferiores” (STC Rol
N°1443-09, c. 11°).

DÉCIMO OCTAVO: Que, todas las prerrogativas enumeradas en forma
precedente se materializaron en el caso concreto, sin que el requirente haya
aportado ningún antecedente que permita acreditar que los derechos
fundamentales que alegó vulnerados efectivamente no se respetaron. Ello, en



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adición a lo ya señalado en relación con el derecho al recurso, obliga a desechar
la posibilidad de que no se haya respetado el debido proceso.

DÉCIMO NOVENO: Que, por todo lo anterior, el requerimiento de
inaplicabilidad impetrado será rechazado.



Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93, incisos
primero, N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y
pertinentes de la Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997,
Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,



SE RESUELVE:

1) QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD
DEDUCIDO A FOJAS 1, EN TODAS SUS PARTES.



2) QUE SE DEJA SIN EFECTO LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO
DECRETADA. OFÍCIESE AL EFECTO.



3) QUE NO SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE REQUIRENTE, POR
ESTIMARSE QUE TUVO MOTIVO PLAUSIBLE PARA LITIGAR.



DISIDENCIA

El Ministro señor MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, la Ministra señora
MARCELA PEREDO ROJAS, y el Ministro señor MARIO GÓMEZ MONTOYA, estuvieron
por acoger el requerimiento atendido a las siguientes consideraciones:

1° Que, la Municipalidad de Queilen requiere la inaplicabilidad del inciso
cuarto del artículo 482 del Código del Trabajo, el cual dispone: “[n]o procederá
recurso alguno en contra de la resolución que falle un recurso de nulidad.
Tampoco, en contra de la sentencia que se dictare en el nuevo juicio realizado
como consecuencia de la resolución que hubiere acogido el recurso de nulidad”.

Lo anterior, por cuanto dicho precepto le impide deducir recursos en
contra de la sentencia definitiva que acogió la demanda por relación laboral,
despido injustificado y cobro de prestaciones laborales, interpuesta por don
Pedro Carmona Antigual y don Luis Cumicheo Gómez en su contra, dictada por
el Juzgado de Letras del Trabajo de Castro.

Ello ocurrió luego de un segundo juicio tramitado ante dicho tribunal,
tras haberse acogido un recurso de nulidad deducido por los demandantes en




12
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UNO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS




contra de la sentencia definitiva que, en un inicio, había rechazado
íntegramente la acción que dio origen al procedimiento de la especie.

La gestión judicial pendiente corresponde específicamente a un recurso
de hecho, Rol Nº 131-2025, seguido ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt,
el cual incide en el proceso RIT O-67-2022 del Juzgado de Letras del Trabajo de
Castro.

2° Que, en resumen, la entidad municipal -requirente- sostiene en su
presentación que la norma cuya inaplicabilidad se solicita infringe el deber de
sujetarse al principio de Supremacía Constitucional, la garantía de la igualdad
ante la ley, el debido proceso, particularmente en lo referido al derecho al
recurso como elemento integrante de dicha garantía y la no afectación de los
derechos en su esencia.

A su juicio, el precepto impugnado establece una restricción bajo la
forma de una prohibición, que le impide acudir ante un tribunal superior en
demanda de la revisión de una sentencia viciada de nulidad, afectando con ello
el derecho al recurso y a la revisión judicial -solo a su respecto-, toda vez que la
parte demandante pudo ejercer su derecho. En consecuencia, estima que se
vulnera lo dispuesto en el artículo 6°, artículo 19° Nos 2, 3, inciso sexto y 26, todos
de la Constitución Política de la República.

3° Que, de esta forma, cabe determinar, en concepto de los disidentes, si
la restricción a la procedencia de recursos, contemplada en el inciso cuarto del
artículo 482 del Código del Trabajo, resulta o no compatible con la Constitución
Política de la República. En particular, en relación con el principio de legalidad,
consagrado en el artículo 6°, la igualdad ante la ley, establecida en el artículo 19°
N° 2, el derecho a un procedimiento racional y justo, garantizado en el artículo
19° N° 3, inciso sexto, así como con el contenido esencial de las garantías
fundamentales reconocido en el numeral 26 del mismo precepto constitucional.
Todo ello, a raíz de la imposibilidad de la requirente de deducir recursos contra
la sentencia que le causa agravio.

4° Que la Constitución Política de la República, en su artículo 6°, inciso
primero, dispone que “Los órganos del Estado deben someter su acción a la
Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden
institucional de la República”. Este precepto viene a consagrar el principio de
legalidad o juridicidad, que, como señala el ex contralor don Jorge Bermúdez
Soto, implica en relación con la actuación de los órganos de la Administración
del Estado “un respeto al ordenamiento jurídico, propio de la vigencia de la
norma de Derecho, el cual implica este deber de no contradicción de la norma, que
recae incluso sobre los sujetos privados de Derecho. Pero, además, la vinculación
positiva de la Administración en este sentido supone que esta podrá realizar solo




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UNO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES




aquello para lo cual fue expresamente autorizada y nada más”1, lo que trae como
consecuencia que las entidades públicas solo puedan realizar aquellas
actuaciones que el Ordenamiento Jurídico les ha otorgado, en la forma
previamente establecida por nuestra normativa.

5° Que, dicho lo anterior, en lo que respecta a la transgresión por parte de
la norma requerida de inaplicabilidad al artículo 6° de la Carta Fundamental
-alegación que no es desarrollada por la parte requirente en su presentación-,
resulta pertinente indicar que el precepto antes señalado contiene un mandato
dirigido a la totalidad de los órganos que conforman la Administración del
Estado, consistente en el deber de ejercer las facultades que les han sido
otorgadas en los lineamientos de la Carta Fundamental. En este sentido, esta
Magistratura ha señalado que “que el aludido principio, conocido
tradicionalmente bajo el nombre de "principio de clausura del derecho público",
supone que el ejercicio de las competencias de las autoridades públicas se realice
de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y las leyes, de forma que se
disminuya el riesgo de la extralimitación de funciones. Desde este punto de vista,
cabe hablar, más propiamente, de principio de juridicidad, en la medida que
asegura el sometimiento integral de las autoridades públicas al imperio del
ordenamiento jurídico en su conjunto” (c° 48 STC N° 790). Por ello, no resulta
factible configurar una infracción del citado artículo 6° por parte del precepto
impugnado, por lo que no corresponde a esta Magistratura emitir un
pronunciamiento sobre el particular.

6° Que, en relación a la vulneración de la garantía de igualdad ante la ley
contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República y
como lo ha señalado este Tribunal “la igualdad ante la ley y la igual protección en
el ejercicio de los derechos debe examinarse con relación a las partes de un mismo
proceso judicial” (c° 2 STC Rol N° 14.072), sin que se verifique una infracción a
esta garantía en la medida que la restricción relativa a la procedencia de
recursos en contra de la sentencia que se dicte en un nuevo juicio realizado
como consecuencia de la resolución que hubiere acogido el recurso de nulidad
que motiva el presente reclamo, rige para todas las partes del juicio.

7° Que, sobre la vulneración de la garantía constitucional del debido
proceso alegada por la requirente, resulta útil recordar que la Constitución
Política de la República, en su artículo 19 N° 3, inciso sexto, establece que:
“[t]oda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un
proceso previo legalmente tramitado”, otorgándole al legislador un mandato en
orden a establecer las garantías de un procedimiento e investigación racionales
y justos.


1
Bermúdez Soto Jorge “Derecho Administrativo General”. Abeledo Perrot, segunda edición
actualizada, 2011, pp. 66-67.




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UNO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO




Dicha disposición fue el resultado de una opción deliberada del
Constituyente de abstenerse de enunciar de manera taxativa las garantías del
debido proceso, dejando abierta la posibilidad para que el legislador las precise
caso a caso, atendiendo a las características, necesidades y naturaleza de cada
procedimiento (STC Rol N° 576-2006, c. 41°).

8° Que, en relación con lo expuesto, esta Alta Magistratura ha señalado de
forma reiterada que, si bien el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la
República no detalló expresamente los elementos que integran la garantía del
debido proceso legal, ha establecido que el derecho a un proceso previo,
legalmente tramitado, racional y justo, que la Carta Fundamental asegura a
todas las personas, debe contemplar las siguientes garantías: ”la publicidad de
los actos jurisdiccionales, el derecho a la acción, el oportuno conocimiento de ella
por la parte contraria, el emplazamiento, adecuada defensa y asesoría con
abogados, la producción libre de pruebas conforme a la ley, el examen y objeción
de la evidencia rendida, la bilateralidad de la audiencia, la facultad de
interponer recursos para revisar las sentencias dictadas por tribunales
inferiores” (STC N° 12.337, c. 5°) (el destacado es del redactor).

9° Que, en este sentido, la parte litigante que se considera perjudicada
con la dictación de una sentencia cuenta con el derecho a solicitar la revisión de
dicho acto, ante uno de mayor jerarquía, derecho que se ha denominado
“derecho al recurso”, consistente “en la facultad de solicitar a un tribunal
superior que revise lo resuelto por el inferior, y el racional y justo procedimiento
necesariamente debe contemplar la revisión de las decisiones judiciales” (c. 9°, Rol
N° 10.623).

Dicho derecho tiene su fundamento en la posibilidad cierta que el juez
incurra en error al dictar sentencia generando un perjuicio, el cual requiere ser
revisado, y en su caso, enmendado. Al respecto, la doctrina ha sostenido que:
“La existencia de los recursos nace de la realidad de la falibilidad humana, que en
el caso de la sentencia recae en la persona del juez, y en la pretensión de las partes
de no aceptar la resolución que les cause un perjuicio por no haber acogido las
peticiones formuladas en el proceso”2.

10° Que, en lo que respecta a la norma requerida de inaplicabilidad, es
del caso mencionar que este precepto fue incorporado mediante la Ley N°
20.260, de 2008, y que tuvo por objeto evitar la dilación excesiva de las causas a
través de la reiteración indefinida de recursos de nulidad.

En este contexto el numeral 13 del voto disidente en la sentencia rol N°
13.166 destaca que, durante la tramitación legislativa, la Corte Suprema en su
Oficio N°27 de 28 de enero de 2008 observó en su numeral 10° que respecto del

2
Mario Mosquera y Cristián Maturana, “Los Recursos Procesales”, Editorial Jurídica de Chile,
(2010), p. 29.




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UNO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO




inciso final del artículo 482 referido “Si bien parece lógico que no proceda
recurso alguno contra la resolución que falla un recurso de nulidad,
especialmente cuando existen vicios de fondo, parece inconveniente que tampoco
sea susceptible de ser atacada por esta vía, la sentencia que se dicta como
consecuencia de la resolución que hubiere acogido el recurso de nulidad por
materias de forma. Lo anterior, teniendo presente que el nuevo fallo podría
haberse dictado con otro o el mismo vicio que motivó tal recurso.” (Historia de la
Ley N°20.260, 2008, p. 240).

11° Que, en este orden de ideas, resulta necesario recalcar que la
finalidad de evitar dilaciones en la justicia laboral no puede traducirse en una
restricción procedimental como la contemplada en el artículo 482, inciso cuarto,
del Código del Trabajo, toda vez que dicha limitación conlleva una severa
restricción a los derechos de las partes.

Es pertinente recordar lo señalado por esta Alta Magistratura en cuanto
a que “si bien el legislador goza de discreción y de un amplio margen en la
regulación de las relaciones sociales, debe cuidar que las restricciones al goce de
los derechos que puedan resultar de tales regulaciones encuentren justificación en
el logro de fines constitucionalmente legítimos, resulten razonablemente
adecuadas o idóneas para alcanzar tales fines legítimos y sean -las mismas
restricciones- proporcionales a los bienes que de ellas cabe esperar” (c° 22 STC Rol
N° 1.046).

12° Que, en atención a lo previamente expuesto, y aplicando un
escrutinio intermedio al caso concreto, se advierte una infracción al debido
proceso de la requirente que no resulta razonable ni aceptable. Ello, por cuanto
la aplicación de la norma en estudio impide la procedencia de recursos en
contra de lo resuelto por el juez del Juzgado de Letras del Trabajo de Castro,
privando a la entidad municipal de la posibilidad que los antecedentes fácticos y
jurídicos que motivan la resolución cuestionada -que, en concepto de la
impugnante, le causan agravio- sean revisados por uno superior. Esta limitación
restringe su acceso al recurso, componente esencial del “debido proceso”,
consagrado en la Carta Fundamental en su artículo 19 N° 3, inciso sexto, que
ordena al legislador establecer “las garantías de un procedimiento y una
investigación racionales y justos”.

13° Que, al respecto, es del caso recalcar que la doctrina especializada en
materia procesal, indica que los verdaderos recursos implican un tránsito del
tribunal que dictó la resolución impugnada -llamado a quo- a otro tribunal,
normalmente superior jerárquico del primero, quien revisará lo decidido por
este -llamado ad quem-.De esta forma, por la misma etimología del vocablo
“recurso”, la interposición de uno de estos medios de impugnación debería
implicar una doble instancia. Así, el jurista Eduardo Couture ha señalado que




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UNO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS




“recurso quiere decir, literalmente, regreso al punto de partida. Es un re-correr,
correr de nuevo, el camino ya hecho. Jurídicamente la palabra denota tanto el
recorrido que se hace nuevamente mediante otra instancia, como el medio de
impugnación por virtud del cual se re-corre el proceso”3.

14° Que, de esta forma, la limitación de instrumentos procesales de
defensa en juicio, como lo son los recursos procesales, infringe la garantía
fundamental de acceder a un procedimiento racional y justo. Esto implica una
afectación del contenido esencial de dicha garantía, en la medida en que
vulnera los principios de certeza jurídica y doble conforme, indispensables
además, en un Estado de Derecho. La existencia de estos principios busca que
los intervinientes acepten y comprendan que las decisiones jurisdiccionales,
entregadas a órganos jurisdiccionales independientes e imparciales, con
conocimiento de la cuestión debatida, se alejen de sus intereses particulares y
de sus pretensiones, prevaleciendo sobre el argumento de evitar dilaciones en
materia laboral, que sería utilizada para impedir un “justo procedimiento”.

15° Que, por las razones expuestas, estos disidentes estuvieron por
acoger la acción de inaplicabilidad, explicitada en los numerales 1° y 2° de esta
disidencia.



PREVENCIÓN

El Ministro señor RAÚL MERA MUÑOZ, previene que estuvo por rechazar el
requerimiento teniendo para ello solamente en consideración los siguientes
argumentos:

1.- Que las dos partes coincidieron ante estrados en señalar que el ahora
requirente, demandado en el juicio laboral que está en la base de la gestión
pendiente, dedujo contra el fallo de aquel proceso un recurso de nulidad y
posteriormente presentó un escrito en cuya petición principal solicitó tener por
no presentado aquel recurso y en el otrosí intentó deducir otro, contra la misma
sentencia, petición denegada por el juez a quo.

2.- Que, contra lo que supone la requirente, no existe tal cosa como un
“retiro del recurso”; lo que se puede retirar son las demandas, antes de
notificarse, porque entonces no existe juicio, ya que no se ha establecido aún la
relación procesal. Pero una vez iniciado el proceso las peticiones no se retiran,
se desisten. Pedir que se tenga por no presentado un recurso es desistirse de él,
llámesele como se le llame en el escrito, porque en derecho las cosas son lo que
son y no lo que las partes digan. En consecuencia, el demandado laboral se
desistió de su recurso de nulidad y con ello la sentencia, si no fue recurrida por

3
Couture Etcheverry, Eduardo “Fundamentos del derecho procesal civil”. Buenos Aires, Ediciones
Depalma (1997).




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UNO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE




el actor, quedó firme. Y aún si no estuviere firme por mediar recurso de la
contraria, precluyó el derecho a recurrir del demandado, por haberse desistido.
La pretensión de un nuevo recurso, intentada en el otrosí del mismo escrito de
desistimiento, no tiene sentido, jurídicamente hablando, y el artículo 482 inciso
final, del Código del Trabajo, no resulta decisivo al respecto, pues, aunque este
Tribunal lo removiera del caso, ese pretendido último recurso de nulidad no
podría de todos modos admitirse, por lo ya expuesto.

3.- Que, si añadimos a lo dicho que la gestión pendiente ni siquiera es el
juicio del trabajo, sino un recurso de hecho que, a su turno, no se refiere al
pretendido de recurso de nulidad, sino a una apelación de la decisión de
inadmisibilidad de aquel, se refrenda que el artículo 482 inciso final citado no
es, de modo alguno, norma que tenga influencia en la decisión de la gestión
judicial sobre la que este requerimiento se apoya.



Redactó la sentencia la Ministra señora DANIELA MARZI MUÑOZ, la
disidencia, el Ministro señor MARIO GÓMEZ MONTOYA y la prevención, su autor.



Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N° 16.385-25 INA.




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UNO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO


Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 07/01/2026



Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida Miguel Angel Fernández González
Fecha: 07/01/2026 Fecha: 08/01/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 07/01/2026 Fecha: 07/01/2026



Marcela Inés Peredo Rojas Alejandra Precht Rorris
Fecha: 07/01/2026 Fecha: 07/01/2026



Mario René Gómez Montoya
Fecha: 07/01/2026


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta,
Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros señora Nancy
Adriana Yáñez Fuenzalida, señor Miguel Ángel Fernández González, señor Raúl
Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne, señora Marcela
Inés Peredo Rojas, señora Alejandra Precht Rorris y señor Mario René Gómez
Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional, señor Sebastián
López Magnasco.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 08/01/2026




7036F83B-06B4-4957-8383-6EA9B5F62273
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