TC Rol 16428

Texto completo

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DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE




2026

REPÚBLICA DE CHILE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
____________
Sentencia

Rol 16.428-2025 INA

[29 de enero de 2026]
____________

REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL ARTÍCULO 196 TER DE
LA LEY N° 18.290, DE TRÁNSITO, CON RELACIÓN A LO PREVISTO
EN SU ARTÍCULO 195 INCISO TERCERO


TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE VIÑA DEL MAR
EN EL PROCESO RUC N° 2300897566-3, RIT N° 16-2025, SEGUIDO ANTE EL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE VIÑA DEL MAR



VISTOS:

Que, con fecha 24 de abril de 2025, en Ord. N° 168/2025 UC, el Tribunal de
Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar remite auto motivado requiriendo
pronunciamiento de la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 196 ter de
la Ley N° 18.290, de Tránsito, con relación a lo previsto en su artículo 195 inciso
tercero, para que ello incida en el proceso RUC N° 2300897566-3, RIT N° 16-2025,
seguido ante dicho Tribunal.



Preceptos legales cuya aplicación se impugna

El texto de los preceptos impugnados dispone lo siguiente:



“Ley N° 18.290

(…)

“Artículo 195.- (…)




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Si en el caso previsto en el inciso anterior las lesiones producidas fuesen de las señaladas
en el número 1º del artículo 397 del Código Penal o se produjese la muerte de alguna persona,
el responsable será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo, inhabilidad
perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica, multa de once a veinte unidades
tributarias mensuales y con el comiso del vehículo con que se ha cometido el delito, sin perjuicio
de los derechos del tercero propietario, que podrá hacer valer conforme a las reglas generales del
Código Procesal Penal. Para los efectos de determinar la pena prevista en este inciso, será
aplicable lo dispuesto en los artículos 196 bis y 196 ter de esta ley.

(…).”.



Artículo 196 ter.- Respecto del delito previsto en el inciso tercero del artículo 196,
será aplicable lo previsto en la ley Nº 18.216, conforme a las reglas generales. Sin embargo, la
ejecución de la respectiva pena sustitutiva quedará en suspenso por un año, tiempo durante el
cual el condenado deberá cumplir en forma efectiva la pena privativa de libertad a la que fuere
condenado.”

(…)



Síntesis de la gestión pendiente y del conflicto constitucional sometido al
conocimiento y resolución del Tribunal

A fojas 1 rola automotivado a fojas 1 del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de
Viña del Mar de fecha 24 de abril de 2025, en que se requiere pronunciamiento
respecto de la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 196 ter de la Ley
18.290 en relación con el artículo 195 inciso tercero en causa Ruc 2300897566-3, Rit 16-
2025, seguida contra Juan Carlos Francisco Maggiolo Caro.

Dicha causa dice relación con un proceso penal en el que el Ministerio Público
acusó a Juan Carlos Francisco Maggiolo Caro, como autor del delito previsto y
sancionado en el artículo 195 inciso tercero de la Ley N° 18.290, consistente en
marcharse del sitio del suceso sin prestar auxilio a la víctima.

Los hechos que sustentan la acusación ocurrieron el día dieciocho de agosto de
dos mil veintitrés, en la comuna de Concón. Conforme al fallo condenatorio, los
hechos son los siguientes:

“El 18 de agosto de 2023, cerca de las 23:48 horas, en circunstancias que Marcelo
Claudio Ithal Hernández conducía el automóvil marca Nissan, modelo V16, P.P.U PN-4979
por calle Francisco Soza Cousiño, en dirección al poniente, al llegar a la intersección con
Avenida Los Pellines, sector Bosques de Montemar, Concón, no respetó la señal vertical “ceda
el paso” que enfrentaba y que se encontraba obligado a cumplir, a raíz de lo cual fue colisionado
por el vehículo Station Wagon marca Subarú, modelo Outback, P.P.U RYHC-32, que circulaba
por Avenida Los Pellines en dirección al sur, y que era conducido por el imputado Juan Carlos
Francisco Maggiolo Caro. En el primero de los vehículos mencionados se desplazaban como



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pasajeras, en el asiento del copiloto, Nidia Ivonne Muñoz Líbano y, en la parte trasera, Evelyn
Gisselle Líbano Muñoz.

A consecuencia del impacto, un tercer vehículo -el automóvil marca Mercedes Benz
P.P.U KVHK-64, conducido por Diego Eduardo Ávalos López- impactó con el vehículo
Subarú, para finalmente y debido a la fuerza cinética, los tres vehículos se detuvieron en el
bandejón central de Avenida Francisco Soza Cousiño con calle Los Pellines.

Producto de la colisión, Nidia Ivonne Muñoz Líbano murió debido a la gravedad de
sus lesiones, consistentes en un traumatismo raquimedular cervical. Además, Evelyn Gisselle
Líbano Muñoz resultó con lesiones descritas como policontusas y traumatismo encéfalo
craneano, de carácter menos grave.

Luego del impacto, el acusado Juan Carlos Francisco Maggiolo Caro descendió de su
vehículo Subarú y abandonó caminando el lugar del accidente, sin prestar ayuda posible a los
afectados, y sin dar cuenta a la autoridad del accidente en el que estuvo involucrado”

Con fecha 23 de abril de 2025, el Tribunal dictó veredicto condenatorio
unánime en contra del imputado como autor del delito previsto y sancionado en el
artículo 195 inciso tercero, en relación con el artículo 176, ambos de la Ley N° 18.290.

Con fecha 5 de mayo de 2025, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña
del Mar dictó sentencia definitiva condenatoria, imponiendo al acusado la pena de 3
años y un día de presidio menor en grado máximo, inhabilitación perpetua para
conducir vehículos de tracción mecánica, multa de 11 Unidades Tributarias
Mensuales, comiso del vehículo patente RYHC-32 y pena accesoria de suspensión de
cargo u oficio público durante el tiempo de la condena por su responsabilidad como
autor del delito consumado previsto y sancionado en los artículos 176 y 195, inciso 3°,
ambos de la Ley N° 18.290.

El tribunal sustituyó la pena privativa de libertad por libertad vigilada
intensiva, aplicando el artículo 196 ter de la Ley N° 18.290, pero debiendo cumplir una
privación efectiva de libertad por el plazo de un año.

El tribunal requirente fundamentó su solicitud señalando que, atendida la
naturaleza del delito por el cual se emitió veredicto de condena, no resultaría
procedente el otorgamiento al acusado de ninguna de las penas sustitutivas que
contempla la Ley N° 18.216, debiendo dar cumplimiento efectivo a la pena privativa
de libertad. Sin embargo, hizo presente que el acusado no registra anotaciones de
condena en su extracto de filiación y antecedentes, por lo que, de no existir la
limitación establecida en el artículo 196 ter de la Ley de Tránsito, podría acceder a la
pena sustitutiva de libertad vigilada conforme a las reglas generales de la Ley N°
18.216.

Al efecto se invocan las garantías constitucionales del artículo 19 números 2° y
3° de la Constitución, referidas a la igualdad ante la ley y al debido proceso. Señalaron
que conocen del efecto relativo de las sentencias que dictan los Tribunales Ordinarios




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de justicia y que han tomado conocimiento de pronunciamientos del Tribunal
Constitucional respecto de la norma cuya constitucionalidad se cuestiona.



Tramitación

El requerimiento fue acogido a trámite por la Segunda Sala, a fojas 28, con
fecha 9 de mayo de 2025, decretándose la solicitud de suspensión del procedimiento.
Con igual fecha fue aceptada la inhabilidad para conocer y resolver de los Ministros
señores Raúl Mera Muñoz y Mario Gómez Montoya.

En igual fecha fue declarado admisible, confiriéndose traslados.
Posteriormente, fueron formuladas observaciones por el Ministerio Público a fojas
262.



Observaciones del Ministerio Público

Afirma que procede rechazar el requerimiento porque los sentenciadores
orales que promovieron el presente requerimiento ya aplicaron la regla objetada en la
sentencia de cinco de mayo de dos mil veinticinco. Argumenta que, además de hacer
aplicación del precepto cuestionado, lo que extingue el conflicto planteado, al dictar
sentencia operó el desasimiento de los jueces requirentes de inaplicabilidad y, en el
ámbito que aquí importa, ya no son quienes conocen del asunto pendiente, como lo
demanda el artículo 93 de la Constitución Política de la República en relación con el
artículo 44 de la Ley N° 17.997.

En segundo lugar, el Ministerio Público sostiene que procede igualmente
desestimar el requerimiento porque la aplicación del precepto no provocaría los
resultados contrarios a la Constitución que el tribunal requirente invoca. Argumenta
que la imposición de una pena sustitutiva está sujeta al cumplimiento de variados
requisitos y corresponde al ejercicio de una facultad que ha sido puesta en manos del
juez. La decisión judicial se define mediante una sentencia condenatoria fundada, y la
pena sustitutiva no es inmodificable, pudiendo cambiarla el juez cuando pondere que
se están cumpliendo las condiciones que les son inherentes o porque se está
vulnerando su cumplimiento, conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 33 de la
Ley N° 18.216.

El persecutor sostiene que, en este caso, no está impedida la sustitución de una
pena privativa de libertad, sino que es suspendida su ejecución por un año. Su
imposición no implica la eliminación de los antecedentes penales relativos a la
infracción de las reglas del tránsito, ni sustituye otras penas que pueda imponer la
sentencia condenatoria. Por ende, el legislador no habría eliminado la facultad judicial
de imponer penas sustitutivas, ni las reglas para interrumpirlas, modificarlas o darlas
por cumplidas, sino que sólo impone una suspensión de la decisión judicial por un
año, durante el cual se debe cumplir pena privativa de libertad efectiva.




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Hace presente que el legislador está facultado para configurar políticas
preventivas que busquen disuadir efectivamente de la comisión de los delitos viales
con resultado de muerte, y tiene potestades constitucionales formales y sustantivas
para perseguir la erradicación de las conductas de riesgo como conducir vehículos
motorizados con consumo de alcohol. Por lo mismo, puede contemplar sanciones
penales de acuerdo con su propio mérito. En consecuencia, no se podría deducir la
existencia de un derecho subjetivo a una pena alternativa si el artículo primero de la
Ley N° 18.216 establece que es una facultad del juzgador.

Destaca que el artículo 196 ter, inciso primero, de la Ley de Tránsito, no
configuraría una prohibición, bloqueo o impedimento de aplicación de una pena
alternativa o sustitutiva a la pena privativa de libertad. Ni el juez ni las partes se verían
impedidos de debatir sobre su aptitud para el caso concreto, su aplicación y sobre la
mejor modalidad que pueda revestir. Tampoco la suspensión de la pena alternativa
no infringiría el principio de igualdad ante la ley, ya que la regla impugnada no
distingue en su aplicación a destinatarios específicos y se dirige contra todos los que
se encuentren en la misma situación jurídica en relación con esa preceptiva de la Ley
N° 18.290.

Finalmente, respecto al artículo 195 inciso tercero de la Ley de Tránsito,
argumenta que este precepto establece una sanción para quien, en un accidente de
tránsito en el que se produzcan lesiones o la muerte de una persona, incumpla la
obligación de detener la marcha, prestar la ayuda posible y dar cuenta a la autoridad.
La obligación en cuestión arranca del artículo 176 de la misma ley, que se encuentra
en el párrafo relativo a los procedimientos policiales y administrativos. Esta
Magistratura ha revisado con anterioridad el precepto en múltiples sentencias,
siguiendo un razonamiento consistente desde los fallos Roles N°s 5782-2018 y 7076-
2019.



A fojas 271, por decreto de fecha 6 de junio de 2025, se trajeron los autos en
relación.



Vista de la causa y acuerdo

En Sesión de Pleno de 5 de noviembre de 2025 se verificó la vista de la causa,
oyéndose la relación pública y alegatos por el Ministerio Público del abogado Pablo
Campos Muñoz.

Se adoptó acuerdo con fecha 25 de noviembre de 2025, conforme certificación
del relator.




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Y CONSIDERANDO:



PRIMERO: Que, se ha requerido la inaplicabilidad de los artículos 195 inciso
tercero y 196 ter de la Ley N° 18.290, en cuanto imponen al condenado en la gestión
pendiente cumplir efectivamente, por un año, la pena privativa de libertad que se le
ha impuesto, por haber incumplido la obligación de prestar la ayuda posible y dar
cuenta a la autoridad competente del accidente en que participó, lo que se estima
resultaría contrario a los numerales 2° y 3° del artículo 19 de la Constitución;

SEGUNDO: Que, esta Magistratura ha venido pronunciándose,
consistentemente, por el rechazo de los requerimientos de inaplicabilidad en que se
impugna el año de cumplimiento efectivo de privación de libertad, pues, como
sostuvimos en el Rol N° 14.800, “(…) el intérprete constitucional no puede ignorar la
decisión legislativa que originó la prohibición que configura un determinado ilícito penal, sino
que, también, la sanción y su especial forma de cumplimiento. Allí es posible obtener su
fundamento y legitimación, dando cuenta, en el examen constitucional, de su razonabilidad y
proporcionalidad en el marco de sus fines” (c. 7°).

En efecto, ha sido reiterado el rechazo no solo de las inaplicabilidades
planteadas respecto del artículo 196 ter de la Ley N° 18.290, sino también, en más de
cincuenta casos, las que refieren a su artículo 195. Es más, incluso en jurisprudencia
que ha acogido la inaplicabilidad del primero de aquellos preceptos legales,
igualmente siempre se han desestimado las que inciden en el aludido artículo 195;

TERCERO: Que, ello nos ha conducido a descartar los distintos reproches que
se suelen formular a dicha preceptiva, vinculados con la vulneración de la igualdad
ante la ley, el principio de proporcionalidad, especialmente en relación con la
finalidad de resocialización de las penas, y la supuesta restricción a la competencia de
los Tribunales del Fondo para determinar la sanción que procede conforme a Derecho;



I. CIRCUNSTANCIA DEL CASO CONCRETO

CUARTO: Que, sin embargo, el requerimiento de fs. 1 pide la inaplicabilidad
del cumplimiento efectivo de la privación de libertad por un año en una gestión
pendiente en que se presenta una circunstancia nueva que debe ser evaluada por esta
Magistratura para resolver, tal y como también lo planteó el condenado en causa Rol
N° 16.546.

¿Por qué la gestión aquí pendiente nos exige volver a examinar esta objeción?
Porque en ninguno de los cincuenta casos hemos estado frente a la circunstancia
concreta consistente en que el condenado por el delito de omisión de los deberes
contemplados en el artículo 195 inciso segundo de dicho cuerpo legal no ha sido el
causante del accidente, ya que, como se ha referido en la parte expositiva, el vehículo
conducido por él, impactó a otro móvil que no respetó la señal “Ceda el Paso”,




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resultando fallecida la persona que iba en el asiento del copiloto de este vehículo y un
tercer pasajero con lesiones menos graves. El condenado -no causante de la colisión-
hizo abandono del lugar incurriendo, a juicio del Sentenciador de Fondo, en la
conducta descrita en el artículo 195, lo que, conforme a lo acreditado en el expediente
penal, lleva a que se suspenda, por un año, la concesión de penas sustitutivas;

QUINTO: Que, en consecuencia, la cuestión que debemos dilucidar radica en
determinar si subsisten los argumentos para rechazar la inaplicabilidad del artículo
195 inciso tercero o si la circunstancia referida exige alterar esa decisión, para lo cual
acudiremos al “leading case” en la materia, Rol N° 2.983, repetido invariablemente
hasta el día de hoy (v. gr., Rol N° 15.375);



II. PRECEDENTE

SEXTO: Que, en el Rol N° 2.983, sostuvimos que cabía desestimar la
inaplicabilidad pretendida en contra del artículo 195, en primer lugar, porque su
aplicación no resultaba contraria al debido proceso desde que los Jueces del Fondo,
precisamente en el marco de un procedimiento racional y justo, habían determinado
la pena correspondiente al delito, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 195
y 195 bis de la Ley del Tránsito (c. 6° y 7°).

Asimismo, se invocaba la vulneración del principio de culpabilidad, en
circunstancias que la determinación de si la conducta se subsume o no en el tipo penal
corresponde al Juez del Fondo (c. 10°).

En tercer lugar, se alegaba la lesión del principio de proporcionalidad, a
propósito de lo cual expusimos que “(…) el legislador tiene amplia libertad para aumentar
las penas en beneficio de la seguridad vial y el interés social comprometido en materia de tráfico
de vehículos motorizados, así como también posee un margen amplio de libertad para
determinar las penas asociadas a comportamientos valorados negativamente en atención a sus
consecuencias, muchas de las cuales pueden resultar irreparables. Del mismo modo, el
legislador tiene libertad para definir los bienes jurídicos que pretende cautelar mediante la
sanción punitiva, de forma tal que incluso puede tutelar diversos bienes jurídicos, generando
una multiplicidad de penas, en tanto se respete la restricción o límite punitivo de la doble
incriminación (ne bis in ídem material). En consecuencia, es permitido al legislador de manera
legítima -como sucede en el caso concreto de autos- tipificar como delito la conducta de aquel
sujeto que luego de protagonizar un accidente de tránsito huye sin prestar ayuda y no da aviso
a la autoridad de la ocurrencia del injusto o retarda sin justificación el sometimiento al examen
de alcoholemia” (c. 13°).

Se invocaba, por último, el quebrantamiento del principio de
proporcionalidad, pero esta vez en relación con la pena impuesta, frente a lo cual
nuestra argumentación desestimatoria reiteró la competencia de la ley para decidir en
la materia “(…) en relación a la descripción legal de la figura delictiva como asimismo a la
definición de los bienes jurídicos pretendidos cautelar, el legislador, como ya se expresó, es



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soberano para tipificar conductas y a la vez para considerar al sujeto infractor del derecho, que
huye sin prestar ayuda ni dar aviso a la autoridad, lo que configura los tipos penales de los
artículos 195 y 195 bis de la Ley de Tránsito; al efecto, es menester recordar el criterio expuesto
por esta Magistratura en la sentencia Rol N° 787: "La política criminal se formula y se ejecuta
en un determinado contexto social y es producto de las decisiones de los órganos colegisladores
que responden a sus demandas. Sin perjuicio de la importancia de la participación que les cabe
a las instituciones jurisdiccionales en la aplicación de sus medidas, el contenido de la política
criminal no es modificable por los jueces". Asimismo, "se entiende como tolerable la fijación de
sanciones de acuerdo a los fines de convivencia establecidos por los órganos legítimos y a los
efectos de que su mayor severidad o laxitud, según el caso, resulte más eficaz en el logro de los
propósitos propuestos". Por cierto, la facultad de fijación de la pena debe ejercerse con sujeción
a los límites que impone el respeto de los derechos, principios y valores constitucionales, que en
este caso no se ven amagados por el contenido de las figuras delictivas en referencia” (c. 18°);

SEPTIMO: Que, en dicha sentencia, en suma, concluíamos afirmando que
“(…) dadas las razones expuestas, resulta inobjetable y legítima la configuración de los tipos
penales, en la medida que representa una justificación político-criminal del aseguramiento de
la función de la pena en un Estado de Derecho, lo cual no significa desconocer los principios de
legalidad y reserva, la orientación resocializadora y de legitimación de la pena (con prohibición
de que en su ejecución se transforme en una pena o trato cruel, inhumano o degradante)” (c.
20°);



III. APLICACIÓN AL CASO CONCRETO

OCTAVO: Que, aquellos razonamientos no se ven alterados por la
circunstancia nueva que aparece en la gestión pendiente, donde el Tribunal de Juicio
Oral requirente ha invocado la eventual vulneración de los numerales 2° y 3° del
artículo 19 constitucional, esto es, las normas ya examinadas en sentencias
precedentes, a partir del referido Rol N° 2.983;

NOVENO: Que, más específicamente dicho, el bien jurídico protegido por el
delito contemplado en el artículo 195, en el marco de la regulación prevista en la Ley
N° 18.290, y las obligaciones allí contempladas, cuyo incumplimiento se tipifican por
el legislador, imponiendo la restricción de pena sustitutiva que se pide revisar por la
Magistratura requirente, no se encuentra mediado ni admite distinción -al menos
desde el ángulo constitucional- por la posición del condenado en los hechos, de tal
manera que no resulta pertinente diferenciar entre el causante del accidente y el
tercero que, como el condenado, ha incurrido en la conducta tipificada de no prestar
ayuda posible ni dar cuenta a la autoridad competente del accidente en que participó;

DECIMO: Que, tal es así, que el artículo 195 inciso tercero impone la pena allí
prevista al “responsable” y, por su parte, el artículo 176 grava con el deber de detener
la marcha, prestar la ayuda que sea posible y dar cuenta a la autoridad policial más
inmediata al conductor que “participe” en los hechos, lo que, ciertamente, abre la




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discusión en torno del sujeto activo alcanzado por dicha tipificación, precisamente,
en relación con quien no ha sido “causante” del accidente (Javier Escobar Veas: “Sujeto
Activo del Delito de Omisión de Auxilio en Accidentes de Tránsito”, Política Criminal, Vol.
13, N° 26, 2018, pp. 1.003-1.026).

Empero, dilucidar esta cuestión corresponde al Juez del Fondo y no a esta
Magistratura, sin perjuicio de lo cual, en la gestión pendiente, lo cierto es que el
Tribunal Oral en lo Penal ha condenado, como autor del delito previsto y sancionado
en el artículo 195 inciso tercero de la Ley N° 18.290, porque “(…) en lugar de auxiliar a
las víctimas y dar cuenta a la autoridad competente, esto es, Carabineros de Chile, el imputado
huyó del lugar del accidente; primero caminando, luego trotando y, finalmente, corriendo
(…)” (fs. 244);

DECIMOPRIMERO: Que, aplicar las disposiciones impugnadas en la gestión
pendiente no resulta contrario al artículo 19 N° 2° y N° 3° de la Constitución, pues,
como ya referimos en el Rol N° 14.800, el sistema penal, en cuanto “reflejo de la
identidad social, es decir, de la comprensión que una sociedad tiene de sí misma en
un determinado momento histórico”, se expresa en la política criminal (Alex Van
Weezel: Curso de Derecho Penal. Parte General, Santiago, Ediciones Universidad
Católica de Chile, 2023, p. 17), vinculando, de esta manera, la Constitución con dicho
sistema, al que le corresponde el aseguramiento de los valores fundamentales más
importantes de la vida social, garantizar el mantenimiento de la paz jurídica en el
marco del orden social e imponer el derecho en caso de conflicto (Wessels et. al.:
Derecho Penal. Parte General. El Delito y su Estructura, Lima, Instituto del Pacífico, 2018,
p. 4).

Con todo, el trabajo del legislador penal y procesal penal se estructura a partir
de un presupuesto o programa contenido en la Constitución, el que no puede
transgredirse (Harro Otto: Manual de Derecho Penal. Teoría General del Derecho Penal,
Barcelona, Ed. Atelier, 2017, pp. 43-44), por lo que la norma penal debe cumplir con
un doble criterio de legitimación frente a la Carta Fundamental: El principio de
legalidad, en virtud del cual sólo la ley puede sancionar las conductas prohibidas (c.
24°, Rol N° 6), y la prohibición de transgredir los principios de subsidiariedad,
fragmentariedad, proporcionalidad, humanidad, igualdad, lesividad, culpabilidad y
non bis in ídem;

DECIMOSEGUNDO: Que, si bien la Constitución establece estos límites a la
actuación legislativa, del principio democrático contenido en su artículo 4° se
desprende que “el legislador es libre para determinar razonablemente los requisitos para
castigar una conducta y establecer la sanción correspondiente” (c. 28°, Rol N° 2.022), en
tanto, “corresponde al legislador el establecimiento de una pena para un determinado delito.
Por tanto, éste tiene discrecionalidad para la fijación de las penas, en la medida que respete los
límites que le fija la Constitución. Así, asignar penas para un delito es parte de la política
criminal y depende de un juicio de oportunidad o conveniencia que corresponde efectuar al
legislador” (c. 13°, Rol N° 1.329), por lo que el intérprete constitucional no puede



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ignorar la decisión legislativa que originó la prohibición que configura un
determinado ilícito penal, así como la sanción y su especial forma de cumplimiento,
sin perjuicio de verificar que la decisión legislativa respete la Carta Fundamental,
como se ha explicado;

DECIMOTERCERO: Que, en este marco, al examinar la cuestión de
constitucionalidad que plantea el requerimiento, cabe considerar, primeramente, que
la preceptiva legal impugnada no prohíbe la aplicación de alguna de las penas
sustitutivas establecidas en la Ley N° 18.216, de acuerdo con lo que actualmente se
contiene en su artículo 1° inciso segundo, sino que suspende su ejecución, conforme
al mérito y antecedentes del proceso, por un año. Precisamente, este año de
cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad corresponde a una decisión
del legislador, en el ámbito de competencia bajo los lineamientos de la política
criminal respecto de un específico grupo de delitos, contenidos en la legislación del
tránsito, que persiguen la protección de algunos de los fines más relevantes que
cautela nuestra Constitución, como son la vida y la integridad física y síquica;

DECIMOCUARTO: Que, más concretamente dicho, las normas legales
cuestionadas no afectan la igualdad ante la ley, asegurada en el numeral 2° del
artículo 19 constitucional ni en su N° 3° (c. 29°, Rol N° 1.365), ni aun considerando la
posición del condenado en la secuencia de hechos que se han examinado en la gestión
pendiente, en cuanto no fue el causante basal del accidente, pero participó en él,
habiéndose producido la muerte de uno de los pasajeros del primer vehículo, desde
que el delito tipificado por el legislador (no prestar la ayuda que sea posible y no dar
cuenta a la autoridad policial más inmediata) protege bienes jurídicos relevantes, de
jerarquía constitucional, vinculados con la vida y la integridad física y síquica de las
personas, como se ha dicho, cuya afectación no depende de quien causó el accidente,
sino de quien realizó sancionada en el artículo 195.

En este sentido, “el Derecho Penal (…) realiza valoraciones sobre actos u omisiones
y no sobre personas” (c. 53°, Rol N° 8.792), por lo que el examen que se nos plantea, en
esta oportunidad, sobre la obra del legislador, pretende incorporar al análisis
constitucional una decisión de política criminal, adoptada con base en accidentes del
tránsito que causen la muerte de alguna persona;

DECIMOQUINTO: Que, en cuanto al principio de proporcionalidad, dada la
posición de partícipe, pero no de causante basal del accidente que provocó la muerte
de una persona, exige revisar si los preceptos legales persiguen un fin legítimo, son
idóneos, necesarios y proporcionales en sentido estricto.

Esta Magistratura ha razonado que este método de resolución de conflictos
plantea la “búsqueda de equilibrio entre garantías como una colisión más que entre reglas,
más bien entre principios, caracterizados como mandatos de optimización que, a diferencia de
las reglas, pueden cumplirse en distinto grado y en la medida de lo posible” (c. 54°, Rol N°
3.329);




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DECIMOSEXTO: Que, al tenor de lo ya razonado en torno a la política
criminal y el ámbito competencial del legislador, en el marco constitucional, surge la
legitimidad de la medida legislativa que se impugna de inaplicabilidad. Su finalidad
es conforme con la Carta Fundamental. Ella busca proteger la vida y la integridad
física y síquica, en cuanto impone a las personas que participen en accidentes de
tránsito el deber de prestar, en lo posible, ayuda y dar cuenta a la autoridad policial,
lo que resulta idóneo para la protección de bienes jurídicos de relevancia a partir de
la dañosidad que expresan las conductas que son sancionadas penalmente en la
legislación del tránsito, en el marco de la seguridad vial, la vida humada y la salud
individual (c. 13°, Rol N° 1.328). Se trata, así, de una medida que, en la ponderación
del legislador, se tiene por eficaz en el marco de sus objetivos y fines (Mauricio Rettig:
Derecho Penal, Parte General. Fundamentos, Tomo I, Santiago, DER, 2017, p. 21).

DECIMOSEPTIMO: Que, por lo mismo, además de la idoneidad, se satisface
la necesidad o intervención mínima, en tanto “no exist[e] otra igualmente eficaz pero
menos gravosa para amparar el bien jurídico […]” (c. 60°, Rol N° 3.329), conforme a los
objetivos que tuvo a la vista el legislador respecto de la medida que, en tal mérito,
adoptó para imponer las obligaciones cuya omisión sanciona penalmente y que traen
aparejadas una forma de cumplimiento efectiva de la pena privativa de libertad por
espacio de un año:

DECIMOCTAVO: Que, en fin, las normas impugnadas no transgreden la
proporcionalidad en sentido estricto en la concatenación de la medida con los fines y
la intensidad de la afectación de los derechos involucrados e invocados por la
requirente, ya que se trata de “una medida equilibrada y justa que es menor al perjuicio que
ocasiona la intervención al derecho fundamental” (c. 61°, Rol N° 3.329).

En este sentido, el precepto cuestionado no incide en la cuantía de la pena, la
que debe ser establecida por cada juez penal a partir del marco abstracto predefinido
en la ley (c. 37°, Rol N° 8.792) y, en concreto, en la medida de la culpabilidad del
infractor, lo que también determina el Juez del Fondo, incluso debiendo resolver si el
imputado queda o no alcanzado por la conducta tipificada legalmente. Sólo opera en
la fase de cumplimiento de la sanción y no restringe la eventual posibilidad de que
sea concedida alguna de las penas alternativas contenidas en la Ley N° 18.216. Esta
decisión del legislador no contraviene, en consecuencia, la prohibición de exceso tanto
en el establecimiento de la conminación penal en abstracto, como en la imposición
concreta de la pena que ha de decidir el sentenciador de fondo;

DECIMONOVENO: Que, la adecuada ponderación entre los bienes jurídicos
que han sido efectivamente lesionados en los hechos investigados y sancionados en la
gestión pendiente con relación a la respuesta punitiva no sólo se expresa en la pena
dispuesta por el legislador, sino que, también, en la decisión en torno a su
cumplimiento, y expresa la adecuación constitucional y ausencia de desproporción en
la medida. Si el principio de proporcionalidad apunta a la relación entre el
merecimiento de pena y el daño social causado, no es posible soslayar, precisamente,



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TRESCIENTOS OCHO




en el examen de confrontación concreta de la norma legal con la Constitución, el
disvalor que envuelve la comisión del delito que trae consigo esta forma de
cumplimiento de la pena, la que se mantiene en el ámbito de la razonabilidad a partir
de los bienes jurídicos protegidos. No se rebasan los límites de lo necesario que, de
ocurrir, pudieran haber ameritado resolver estimativamente el conflicto
constitucional propuesto (Mauricio Rettig ya citado, p. 213);

VIGESIMO: Que, en definitiva, tampoco resulta afectada la igual protección
de la ley en el ejercicio de los derechos, especialmente, en el ámbito del derecho a un
procedimiento racional y justo, ya que no se vulnera por la imposición en orden a
cumplir efectivamente la pena privativa de libertad por un año, adoptada por el juez
competente, en el marco de un debido proceso y conforme a los derechos y garantías
de que el condenado es titular por mandato constitucional y legal, los que ha podido
ejercer en la gestión pendiente, por lo que desestimamos la inaplicabilidad requerida.



Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93 incisos primero,
N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la
Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional
del Tribunal Constitucional,



SE RESUELVE:



I. QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DEDUCIDO A LO
PRINCIPAL DE FOJAS 1. OFÍCIESE.

II. QUE SE ALZA LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO
DECRETADA EN AUTOS. OFÍCIESE.



DISIDENCIA



Acordada con el voto en contra de la Presidenta, Ministra señora DANIELA
MARZI MUÑOZ, y del Ministro señor HÉCTOR MERY ROMERO, quienes estuvieron
por acoger el requerimiento en lo que respecta a la impugnación del artículo 196 ter
de la Ley N° 18.290, por las siguientes razones:

1°. Que, el tribunal requirente dictó veredicto condenatorio contra Juan Carlos
Francisco Maggiolo Caro como autor del delito previsto y sancionado en el artículo
195 inciso tercero, en relación con el artículo 176, ambos de la Ley N° 18.290. Ante esta
Magistratura se impugna, por razones de constitucionalidad, el artículo 196 ter inciso
primero parte final, todos de la Ley N°18.290.




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TRESCIENTOS NUEVE




Al respecto, la parte requirente argumenta que este precepto legal es contrario
a la Carta Fundamental, ya que afecta las garantías constitucionales de
proporcionalidad y debido proceso, así como la garantía de igualdad ante la ley y su
racionalidad en el caso de autos. Esto, al imponer al infractor la obligación de cumplir
de manera efectiva un año de la pena privativa de libertad, incluso cuando podría
aplicarse una pena sustitutiva conforme a la Ley N°18.216.

2°. Que, el razonamiento que se expone se asienta sobre la premisa de la
proporción y su vinculación con el Derecho y, en particular, de un concepto mayor
como lo es el delito. Al respecto se ha dicho que “El sentido de la proporción se desprende
del doble significado de la palabra Derecho, o sea, depende del objeto de la regulación y, por otra
parte, de la estructura de las proposiciones jurídicas. En cuanto materia del conocimiento, el
Derecho designa un ordenamiento predominantemente objetivo de regulación del
comportamiento exteriorizado e interindividual de los hombres, mediante normas cuya
prescripción, sancionada con la legítima posibilidad del empleo de la fuerza organizada de la
sociedad y ejercida con exclusividad por el Estado o por instituciones a que éste se haya
subordinado, se orienta a la consecución de fines valorados por cada comunidad según el
correspondiente estadio de su evolución cultural”. Pues bien, el Derecho como ciencia
investiga precisamente dichas normas y valoraciones en las tareas sucesivas que la
distinguen, tales como la interpretación, construcción y sistema: “Para las tres el
pensamiento proporcional tiene una palabra que pronunciar. La interpretación ha de buscar la
coherencia íntima de las normas, la simetría entre sus partes, la proporción normativa en el
sentido original de esta idea. Luego, interviene en la elaboración de los conceptos jurídicos, con
lo que aludimos a los conceptos que se ofrecen en los supuestos de hecho de las normas,
previamente aclarados por la interpretación, como los de dolo, ánimo de lucro, error en la
persona, etc. (…) En seguida, la unidad conceptual y la simetría de los componentes son
indispensables para elaborar las instituciones, o sea, la reproducción de una relación jurídica
que se presenta con idéntico contenido en diferentes normas de Derecho (…) Por último, el
sistema jurídico, el conjunto ordenado, coherente y total de conocimientos acerca de un
determinado Derecho positivo, sería de imposible realización si no hubiera afinidad -antes
constatada a través de la interpretación sistemática- entre sus partes ni derivación de un único
fin supremo e interno” (Guzmán Dalbora, José Luis “La idea de proporción y sus
implicaciones en la dogmática penal”, Política criminal, Vol. 12 N°24, Santiago dic.
2017, pp. 1228- 1263).

3°. Que, el Derecho penal como última ratio del ius puniendi estatal no es
concebible como un mero sistema de incentivo y desincentivo de conductas. Por ser
la consecuencia más gravosa del ordenamiento jurídico se construye con estricto
apego a la idea de proporción tanto en la configuración del delito como de la pena,
unidades distintas pero vinculadas, al ser esta última expresión del reproche hacia la
conducta delictiva. En consecuencia, sin necesidad de recurrir a las finalidades
resocializadoras −que, sin embargo, son reconocidas en el Derecho internacional de
los derechos humanos, aunque no como las únicas posibles de considerar en un
ordenamiento jurídico− sino que desde la idea de la retribución, tenemos que la norma



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TRESCIENTOS DIEZ




requerida de inconstitucionalidad distorsiona la valoración de diversos elementos del
delito, dando lugar a un resultado carente de razonabilidad. En este sentido, se ha
declarado en la jurisprudencia de esta Magistratura que “la naturaleza retributiva de la
pena hace que esta pueda conmensurarse en cada caso a la gravedad del respectivo delito. Como
escribió Bettiol, “es sobre la base de la idea de retribución sobre la que se hizo su ingreso en el
Derecho Penal el criterio de proporcionalidad, ya que la pena retributiva es ‘naturalmente’
proporcionada al comportamiento efectuado” (Rivacoba, Manuel, La retribución penal,
Editorial Jurídica Conosur Ltda., 1995, Santiago de Chile, p. 51) (STC Rol N°14.129-2023,
c°26).

4°. Que, lo hasta aquí dicho puede reconstruirse en el sub juicio más difícil del
test de proporcionalidad −método de interpretación constitucional ampliamente
reconocido en la argumentación jurídica− ya que, siendo la pena de reclusión efectiva
de corta duración idónea para un fin legítimo, y, a su turno, no siendo posible
valorarlas en términos de ser menos gravosa e igualmente efectiva que otras posibles,
debido a que es una cuestión que en realidad es empírica y deriva en algo que no es
decisivo para el razonamiento judicial −como es el éxito o fracaso de una política
legislativa en la disuasión del delito− se arriba a la proporcionalidad en sentido
estricto.

Para este sub juicio se vuelve relevante el análisis dogmático, pues exigirá
fundamentar plenamente si el sacrificio de bienes individuales −libertad individual−
expresado en la máxima injerencia estatal como la privación de libertad −cuyo único
borde es su duración temporal−, se encuentra justificado en los intereses estatales que
se buscan proteger, siendo un camino altamente inseguro el desatender la
reconstrucción sistemática de la disciplina penal, ya que ese constituiría un
procedimiento automático, al entender que la proporcionalidad será aquello que
decida el legislador democrático, puesto que es igual a sostener que la
proporcionalidad no tiene ninguna cabida como razonamiento constitucional.

5°. Que, se ha calificado que el control de proporcionalidad tiene una
“dinámica triádica”, ya que se encuentra en la sombra del canon igualdad y
razonabilidad, porque sin estar consagrado en los textos constitucionales, en el ámbito
penal −y siendo éste manifestación de las delicadas decisiones político-criminales de
competencia exclusiva del legislador− ha permitido que la justicia constitucional evite
que esa plena discrecionalidad mute en un arbitrio irracional o que rompa la igualdad,
entre los cuales particularmente califican las penas automáticas, ya que son
simplemente incompatibles con la idea de proporcionalidad (Grimaldi, Italo “Il
principio di proporzionalità della pena nel disegno della Corte Costituzionale, Rivista
di giurisprudenza penale, N°5, 2020). Esta ha sido la forma de dotar de contenido a la
proporcionalidad en materia penal, cuyas decisiones legislativas se determinan de
acuerdo a las épocas y sus valoraciones, y que se construye por medio de
intervenciones episódicas sobre situaciones que fácticamente no podrán ser nunca
iguales y perfectamente delimitables, pero que sí cuentan con una serie herramientas




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para regular la respuesta penal de acuerdo a las características del caso, como
particularmente es el sistema de las atenuantes y agravantes y la prospectiva de pena
que distingue entre crímenes y simples delitos. Finalmente, y en el marco de este
análisis constitucional, la pena de privación de libertad no puede ser subestimada,
pues, como ha señalado la doctrina “en toda limitación de un derecho cabe ver un
desarrollo jurídico del mismo, pues el desarrollo legislativo de un derecho
proclamado en abstracto en la Constitución, consiste en esencia, precisamente, en su
limitación, a causa de la necesaria coordinación con los otros derechos existentes y con
los derechos de los demás ciudadanos, y no existe en un ordenamiento jurídico un
límite más severo a la libertad que la privación de libertad en sí” (Arroyo Zapatero,
Luis, “Principio de legalidad y reserva de ley en materia penal”, Revista española de
Derecho Constitucional, año 3, N°8, pp. 9-46).



Redactó la sentencia el Ministro señor MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ.
La disidencia fue escrita por la Ministra señora DANIELA MARZI MUÑOZ, Presidenta.



Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.
Rol N° 16.428-25-INA




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Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 30/01/2026



Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida María Pía Silva Gallinato
Fecha: 30/01/2026 Fecha: 30/01/2026



Miguel Angel Fernández González Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 30/01/2026 Fecha: 30/01/2026



Héctor Antonio Mery Romero Marcela Inés Peredo Rojas
Fecha: 30/01/2026 Fecha: 30/01/2026



Alejandra Precht Rorris
Fecha: 30/01/2026


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta,
Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros señora Nancy
Adriana Yáñez Fuenzalida, señora María Pía Silva Gallinato, señor Miguel Ángel
Fernández González, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne, señor Héctor
Mery Romero, señora Marcela Inés Peredo Rojas y señora Alejandra Precht
Rorris.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional, señor Sebastián
López Magnasco.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 30/01/2026




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