TC Rol 16440

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CIENTO DIEZ




Santiago, veintitrés de mayo de dos mil veinticinco.



VISTOS Y CONSIDERANDO:

1º. Que, a fojas 1, doña María Julia Campos Molina interpone
“requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad a fin de que sea
declarado inaplicable para la materia de autos, específicamente en lo
referente a la improcedencia del Recurso extraordinario de casación en el
fondo, respecto a la materia pendiente de protección Rol N° C- 5.307-2024 de
la Ilustrísima Corte de apelaciones de Temuco, la norma que no aplica a la
lógica y sentido de nuestra Carta Magna, es el articulo (sic) 12 del ACTA
NÚMERO 94-2015, que corresponde al TEXTO REFUNDIDO DEL AUTO
ACORDADO SOBRE TRAMITACIÓN Y FALLO DEL RECURSO DE PROTECCIÓN DE
LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES. En efecto, en esta materia tal especial y
delicada dicho art. 12 señala: ’En contra de la sentencia que expida la Corte
de Apelaciones no procederá el recurso de casación´.”.
El petitorio del requerimiento deducido, a fojas 45, reza: “Al Excmo.
Tribunal Constitucional respetuosamente pido: Tener por deducido el
presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
acogerlo a tramitación y, en definitiva, declarar para la gestión judicial
pendiente consistente en recurso de casación en el fondo, en causa de
protección, caratulada MOLINA/CELIS, Rol 5307-24 de la I. Corte de
Apelaciones de Temuco (sic), con el objeto que se declare la inaplicabilidad
del. 12 del ACTA NÚMERO 94-2015 (sic), que corresponde al TEXTO
REFUNDIDO DEL AUTO ACORDADO SOBRE TRAMITACIÓN Y FALLO DEL
RECURSO DE PROTECCIÓN DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES. En efecto,
en esta materia tal especial y delicada, dicho art. 12 señala: “En contra de la
sentencia que expedida por la Corte de Apelaciones no procederá el recurso
de casación”. Lo anterior, ya que su aplicación, en la materia de autos, y
conforme a los argumentos expuestos, esta en directa contravención, con
principios, derechos y garantías constitucionales de los artículos 19 N° 2 y N°
3, de la Carta Fundamental, entre otros (…).”;


2º. Que la señora Presidenta del Tribunal ordenó que se diera
cuenta del requerimiento deducido en la Segunda Sala de esta
Magistratura;
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3º. Que, examinado el requerimiento de autos, esta Sala concluye
que a su respecto no se cumplen los requisitos constitucionales y legales
para admitirlo a trámite, conforme se explicará;


4º. Que, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 93, Nº 2º, e inciso
tercero, de la Constitución Política de la República, y con lo que consigna
el artículo 52 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de este
Tribunal Constitucional, la acción de inconstitucionalidad (no de
“inaplicabilidad”) en contra de un auto acordado dictado por la Corte
Suprema, puede ser promovida como personas legitimadas, por quienes
sean parte en una gestión o juicio pendiente ante un tribunal ordinario o
especial, o desde la primera actuación en un procedimiento penal, [y] que
sean afectadas en el ejercicio de sus derechos fundamentales por lo
dispuesto en un auto acordado.
De acuerdo con la misma disposición constitucional aludida y con
los artículos 52 y 63 de la Ley Orgánica Constitucional de esta
Magistratura, en el evento de que el requirente sea una parte en una
gestión judicial pendiente, debe exponer claramente los hechos y
fundamentos de derecho en que se apoya y la forma en que lo dispuesto en
el auto acordado afecta el ejercicio de sus derechos fundamentales. Además,
el artículo 52 referido exige que se acompañe el respectivo auto
acordado, con indicación concreta de la parte impugnada y de la
impugnación;


5º. Que, como esta Magistratura ha explicado en su jurisprudencia,
“debe tenerse en especial consideración que respecto de la acción de
inconstitucionalidad de autos acordados, son órganos legitimados para
incoarla, además de la parte en una gestión judicial, el Presidente de la
República, cualquiera de las Cámaras del Congreso Nacional o de diez de sus
miembros (artículo 93, inciso tercero, de la Constitución; y artículo 52, inciso
primero, de la Ley N° 17.997); a diferencia de la acción de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad de un precepto legal, del artículo 93, N° 6°, de la
Constitución, que sólo puede ser promovida por un de las parte o el juez que
conoce de la gestión judicial en que incide (artículo 93, inciso decimoprimero,
de la Constitución, y artículo 79, inciso primero, de la Ley N° 17.997).
Lo señalado en cuanto a las personas y órganos legitimados para
promover estas acciones de inconstitucionalidad se justifica y se encuentra
en consonancia con los diferentes efectos que cada una de ellas genera. Así,
el requerimiento de inaplicabilidad de un precepto legal genera efectos
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únicamente en la gestión judicial en que se ha promovido (artículo 92, inciso
primero, de la Ley N° 17.997). En cambio, los efectos de la acción de
inconstitucionalidad de un auto acordado, en el evento de prosperar, no
se producen únicamente en relación con la gestión sublite, sino que,
conforme al artículo 58 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal
Constitucional, importan que la parte del auto acordado que se hubiere
declarado inconstitucional se entenderá derogada. Es decir, genera
efectos erga omnes, desde la publicación de la sentencia en el Diario Oficial,
y sin efecto retroactivo (STC Rol N° 2826-15 CAA);


6º. Que a la luz de la explicada naturaleza particular de la acción de
inconstitucionalidad de auto acordado que la Carta Fundamental otorga
como facultad a este Tribunal Constitucional, desde ya se advierte una
serie de errores formales y terminológicos en el libelo intentado a fojas
1, que lo tornan confuso y difícil de comprender, de modo que no se
cumple con exponer claramente los hechos y fundamentos de derecho
en que se apoya la acción intentada. Además, se incumple por el actor la
exigencia de acompañar el respectivo auto acordado, motivos suficientes
para que no pueda ser admitida a trámite la acción de fojas 1.
7°. Que así, y en primer lugar, el actor incumple la exigencia del
referido artículo 52, en orden a mencionar con precisión la manera en que
lo dispuesto en el auto acordado afecta el ejercicio de sus derechos
fundamentales, desde que confunde permanentemente los efectos de la
declaración de inconstitucional de un auto acordado, pretendiendo su
“inaplicabilidad al caso particular” y desconociendo así la naturaleza del
control abstracto que debe efectuar este Tribunal al pronunciarse en
este tipo de requerimiento por los efectos erga omnes que produce la
declaración de inconstitucionalidad de auto acordado, según lo que
dispone el artículo 93 N° 2 constitucional, conforme ya se ha explicado.
En efecto, como fuera razonado en resolución en causa Rol N°
1829, la inaplicabilidad sólo cabe respecto de preceptos legales, o sea,
“de disposiciones de naturaleza diversa a las que se mencionan en el
libelo” (c. 6°), sin que las normas contenidas en el N° 2 y en el inciso
tercero del artículo 93 de la Carta, como señaló la STC Rol N° 10.445,
establezcan “que sea la aplicación de la disposición del auto acordado en
el caso concreto la que resulte contraria a la Constitución por afectar un
derecho fundamental de la parte requirente. Consecuentemente, a esta
Magistratura compete analizar la cuestión de constitucionalidad
planteada desde un punto de vista abstracto, prescindiendo del examen
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de los hechos que se ventilen en la gestión pendiente, ya que debe
confrontar el contenido del auto acordado con el de los derechos
fundamentales afectados contemplados en la Carta e invocados en la
acción”, para señalar luego que la sentencia “produce efectos "erga
omnes", a diferencia de lo que ocurre con la declaración de
inaplicabilidad de un precepto legal, por cuanto esta última tiene efectos
particulares en relación al caso concreto sobre la que recae, ya que
únicamente persigue que el juez prescinda de aplicar esa regla en la
resolución del determinado asunto sometido a su consideración” (c. 13°;
STC 5570, c. 12°; STC Rol N° 11.020, c. 12° y 41°) .


8°. Que, además, el requirente carece de la legitimación activa
atendido que no es parte en una gestión o juicio pendiente ante un tribunal
ordinario o especial, pues de los mismos antecedentes que acompaña
consta que no existe actualmente dicha gestión o juicio pendiente.
Así, si bien la parte requirente consigna que existe en tramitación
la gestión judicial que “consiste en la tramitación y examen de admisibilidad
del recurso de casación en el fondo en referencia, presentado en autos de
protección Rol 5.307-2024 de la I. Corte de Apelaciones de Temuco”, lo cierto
es que la misma certificación de la I. Corte de Apelaciones de Temuco
que acompaña a fojas 99 da cuenta de que “En contra de la sentencia
dictada con fecha 07 de Marzo de 2025 (que rechazó el recurso de
protección) por la Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco, se interpuso un
recurso de Casación que fue declarado improcedente por resolución de
fecha 28 de marzo del año en curso”.
En dicho estado procesal, esta Sala constata que no se cumple
tampoco el requisito del referido artículo 52, esto es, que exista una
gestión o juicio pendiente ante un tribunal ordinario o especial; al tiempo
que no está demás reiterar la uniforme jurisprudencia de esta
Magistratura Constitucional que ha declarado que ni la acción de
inaplicabilidad del artículo 93 N° 6 constitucional ni la acción de
inconstitucionalidad de autos acordados del artículo 93 N° 2
constitucional son vías idóneas para impugnar o dejar sin efecto
resoluciones judiciales;


9°. Que por todo lo expuesto, el requerimiento deducido a fojas 1
no cumple con las exigencias constitucionales y legales para que pueda
dársele tramitación, y así será declarado.
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Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en el artículo 93, inciso
primero, Nº 2°, e inciso tercero, de la Constitución Política de la República
y en los artículos 52 y 53 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del
Tribunal Constitucional,


SE RESUELVE:
Que no se acoge a tramitación el requerimiento deducido en lo
principal de fojas 1. Téngase por no presentado, para todos los
efectos legales. A los otrosíes, a todo, estese a lo resuelto.


Los Ministros señor RAÚL MERA MUÑOZ y señora MARCELA PEREDO
ROJAS previenen que, atendido que el libelo de fojas 1 se plantea por la
parte requirente como “inaplicabilidad”, concurren también respecto de
la acción intentada las causales de inadmisibilidad dispuestas en los
numerales 3° y 4° del artículo 84 de la Ley N° 17.997, Orgánica
Constitucional del Tribunal Constitucional, esto es: “cuando no exista
gestión judicial pendiente en tramitación, o se haya puesto término a ella
por sentencia ejecutoriada”, y “cuando se promueva respecto de un
precepto que no tenga rango legal”.


Notifíquese y comuníquese.

Rol Nº 16.440-25 CAA.

María Pía Silva Gallinato
Fecha: 23/05/2025



Raúl Eduardo Mera Muñoz Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 23/05/2025 Fecha: 26/05/2025



Marcela Inés Peredo Rojas Mario René Gómez Montoya
Fecha: 23/05/2025 Fecha: 26/05/2025


Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada
por su Presidenta, Ministra señora María Pía Silva Gallinato, y por sus Ministros
señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne,
señora Marcela Inés Peredo Rojas y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional.


María Angélica Barriga Meza
Fecha: 26/05/2025




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