INA-Inadmisibilidad

Texto completo

000127

Santiago, siete de julio de dos mil diez.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1?. Que, por resolución de 31 de marzo de 2010 -a
fojas 67-, esta Sala acogió a tramitación el
requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
que ha deducido el abogado Jaime Aburto Guevara, en
representación de la señora Marisa Ansaldo Caferrata,
respecto del artículo 38 ter de la Ley N“% 18.933
(conocida como Ley de Isapres), en la causa sobre recurso
de protección interpuesto en contra de la Isapre Colmena
Golden Cross S.A. ante la Corte de Apelaciones de
Santiago, que se encuentra actualmente pendiente bajo el
Rol de ingreso N* 505-2010.

En la misma oportunidad, se dispuso, entre otras
medidas, la suspensión del aludido proceso judicial y,
para pronunciarse sobre la admisibilidad del
requerimiento, se confirió traslado por cinco días a la
Isapre Colmena Golden Cross S.A., en su condición de
parte en la misma gestión y se le requirió el envío de
copia autorizada del contrato de salud suscrito con la
requirente y de sus modificaciones, si las hubiere.

Por último, en la resólución indicada, también se
solicitó a la requirente que acompañara copia de dicho
contrato de salud y de sus modificaciones, en su caso;

2?. Que, a fojas 80, la aludida Institución de Salud
Previsional evacuó en forma extemporánea el traslado
conferido, solicitando que el requerimiento de
inaplicabilidad deducido fuera declarado inadmisible, por
cuanto, a su juicio, no se cumpliría con los requisitos
establecidos en el inciso decimoprimero del artículo 93
«de la Constitución Política, toda vez que el precepto
legal impugnado no resultaría decisivo en la resolución

del asunto.

A

000128 >

En efecto, la Isapre sostiene que correspondería
declarar inadmisible la acción constitucional deducida
por la señora Marisa Ansaldo Caferrata, atendido -en
síntesis- que el contrato de salud suscrito entre las
partes es de fecha 30 de marzo de 2004, de modo tal que a
la tabla de factores por edad y sexo que en él se
contiene, no le resulta aplicable lo dispuesto en el
artículo 38 ter de la Ley N% 18.933, norma impugnada de
inaplicabilidad. Lo anterior, en virtud de lo dispuesto
en el inciso final del artículo 2* de la Ley N” 20.015.
Por consiguiente, en este caso, no se satisfaría una de
las exigencias que tanto la Constitución como la Ley
Orgánica Constitucional de esta Magistratura prevén para
declarar admisible un requerimiento de esta naturaleza;

3%. Que, a fojas 100, la Isapre aludida acompañó
copia autorizada del contrato de salud suscrito con la
requirente, denominado “Line 803”, el cual se encuentra
firmado por las partes con fecha 30 de marzo de 2004 y
que corresponde al mismo plan indicado en el certificado
de afiliación que la actora acompañó a su requerimiento -—
a fojas 100-, certificado de fecha 5 de febrero de 2010,
que señala que ella actualmente mantiene dicho plan;

Este documento se tuvo por acompañado bajo
apercibimiento legal, sin que la actora lo objetara y, en
general de los antecedentes que cobran en autos, no
aparece que se haya controvertido la fecha del contrato
suscrito. De hecho, en su requerimiento, la actora se
limita a indicar que se encuentra afiliada a la Isapre
desde el 30 de marzo de 2004 y, a lo largo del proceso,
no acompañó copia de su contrato de salud ni de
modificaciones que hubiere sufrido;

4%. Que, a fojas 104, la Corte de Apelaciones de
Santiago remitió a esta Magistratura copia de las piezas

principales de la gestión sub lite y dentro de dichos

antecedentes se contiene el mismo plan del año 2004 ya
individualizado. Además, se encuentra un Formulario Único
de Notificación, de fecha 30 de marzo de 2009, que indica
una modificación de la cotización pactada por aumento de
precio GES (Garantías Explícitas en Saluda).

5%. Que, la aludida modificación del precio del plan
por aumento del precio GES -sin perjuicio de que no forma
parte de la cuestión de constitucionalidad debatida en
estos autos ni en la gestión pendiente, en que se reclama
por el alza de precio del plan por cambio de factor
etáreo- no puede ser considerada como un plan alternativo
o un nuevo plan, en los términos del inciso final del
artículo 2 de la Ley N* 20.015. Ello, desde luego, por
cuanto el aumento del precio GES es impuesto por
disposición expresa de la ley (Ley N* 19.966), sin que
intervenga una manifestación de voluntad del afiliado ni
de la Isapre.

6%. Que el artículo 93, inciso primero, N” 6*, de la
Carta Fundamental establece que es atribución de este
Tribunal Constitucional “resolver, por la mayoría de sus
miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto
legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga
ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria
a la Constitución.”.

El inciso decimoprimero del mismo precepto
fundamental «señala: “En el caso del número 6”, la
cuestión podrá ser planteada por cualquiera de las partes
o por el juez que conoce del asunto. Corresponderá a
cualquiera de las salas del Tribunal declarar, sin
ulterior recurso, la admisibilidad de la cuestión siempre
que verifique la existencia de una gestión pendiente ante
el tribunal ordinario o especial, que la aplicación del
precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la

resolución de un asunto, que la impugnación esté fundada

razonablemente y «se cumplan los demás requisitos que
establezca la ley. A esta misma sala le corresponderá
resolver la suspensión del procedimiento en que se ha
originado la acción de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad.”;

72. "Que la normativa constitucional aludida
precedentemente se complementa con la que se contiene en
la Ley N”* 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal
Constitucional, que en su artículo 47 F establece que
“procederá declarar la inadmisibilidad en los siguientes
casos:

109 Cuando el requerimiento no es formulado por una
persona u órgano legitimado;

2% Cuando la cuestión se promueva respecto de un
precepto legal que haya sido declarado conforme a la
Constitución por el Tribunal, sea ejerciendo el control
preventivo o conociendo de un requerimiento, y se invoque
el mismo vicio que fue materia de la sentencia
respectiva;

30 Cuando no exista gestión judicial pendiente en
“tramitación, O se haya puesto término a ella por
sentencia ejecutoriada;

42 Cuando se promueva respecto de un precepto que no
tenga rango legal;

509 Cuando de los antecedentes de la gestión
.-pendiente en que se promueve la cuestión, aparezca que el
precepto legal impugnado no ha de tener aplicación o ella
no resultará decisiva en la resolución del asunto, y

6% Cuando carezca de fundamento plausible.

Declarada la inadmisibilidad por resolución que
deberá ser fundada, ésta será notificada a quien haya
recurrido, al juez que conozca de la gestión judicial

pendiente y a las demás partes que intervengan en ella, y

000131 >
Crónlo huida. y eno.

el requerimiento se tendrá por no presentado, para todos
los efectos legales.

La resolución que declare la admisibilidad O
inadmisibilidad del requerimiento no será susceptible de
recurso alguno.”;

8%. Que, examinado el requerimiento, a efectos de
pronunciarse sobre su admisibilidad, y atendido el mérito
del proceso, esta Sala concluye que la acción
constitucional deducida no cumple con la exigencia
constitucional transcrita, según la cual “la aplicación
del precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en
la resolución de un asunto” -reiterada como causal de
inadmisibilidad en el N* 5 del artículo 47 F de la Ley
Orgánica Constitucional de esta Magistratura-, en
relación con aquél del que actualmente conoce la Corte de
Apelaciones de Santiago y que se ha individualizado en el
considerando primero de esta sentencia;

9%. Que lo expresado se funda en el siguiente
razonamiento: la norma legal impugnada en autos
corresponde al artículo 38 ter de la Ley N* 18.933,
disposición que fue incorporada a la referida legislación
“por el artículo 1”, N” 15, de la Ley N* 20.015, y que, en
su texto refundido, coordinado y sistematizado, aprobado
por el Decreto con Fuerza de Ley N”* 1, de 2005, del
Ministerio de Salud, corresponde al artículo 199.

Ahora :bien, por disposición expresa del inciso
primero del artículo 2” de la Ley N” 20.015, la norma
cuestionada en estos autos entró en vigencia en el mes de
julio del año 2005 -fecha que coincide con la entrada en
vigencia del Reglamento a que alude el mismo artículo-.
En consecuencia, resulta evidente que el precepto legal
impugnado no tendrá incidencia en la resolución del
asunto sub lite pendiente ante la Corte de Apelaciones de

Santiago, ya que no es legislación aplicable al contrato

000132 *

de salud que vincula actualmente a la actora y a la
Isapre Colmena Golden Cross S.A., el cual, como ya se
indicó, data del mes de marzo del año 2004.

A mayor abundamiento, y en relación con lo dispuesto
en el inciso final del mismo artículo 2% de la Ley N”
20.015, de los antecedentes que obran en autos se colige
que la señora Ansaldo Caferrata -en su condición de
afiliada- no ha aceptado un plan alternativo ofrecido
previamente por la Isapre ni ha contratado un nuevo plan
de salud, distinto del que la ligaba con aquélla a la
fecha de entrada en vigor del artículo 38 ter de la Ley
N* 18.933, por lo que sólo cabe concluir que éste es un
precepto que no podrá aplicarse en la decisión que habrá
de adoptar la Corte de Apelaciones de Santiago al
resolver el recurso de protección Rol N”* 454-2010;

10%. Que, como ya se señaló, el cambio del precio
GES no puede estimarse como la aceptación de un plan
alternativo o la suscripción de un nuevo plan de salud.
Además, en los antecedentes que obran en autos consta que
la carta de adecuación del plan de salud que fue enviada
por la Isapre a la requirente en diciembre de 2009,
aumenta el valor de su plan “de acuerdo a lo estipulado
en su contrato de salud”, en concreto, subiendo del
factor 2,03 al factor 2,07, por cuanto la actora cumplió
51 años de edad, lo que produjo el cambio de tramo
conforme a la tabla de factores -convenida entre las
partes- "incorporada en su contrato de salud con
anterioridad a la vigencia del artículo 38 ter impugnado,
Y

11?. Que, habiéndose verificado que la acción
interpuesta no satisface el requisito referido, este
Tribunal deberá declararla inadmisible.

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos

93, inciso primero, N”* 6*, e inciso decimoprimero, de la

Lento hmdo, 00.

000133 7
Lento bite. y lazo

“Constitución Política de la República, y en el artículo
47 F y demás pertinentes de la Ley N* 17.997, Orgánica
Constitucional del Tribunal Constitucional,

SE RESUELVE:

- QUE SE DECLARA INADMISIBLE el requerimiento
interpuesto en lo principal de fojas uno.

Déjese sin efecto la suspensión del procedimiento
decretada a fojas 67.

El Ministro señor José Antonio Viera-Gallo concurre
a la declaración de “¡inadmisibilidad con la siguiente
prevención:

T.- Que una correcta interpretación del artículo 2%
de la Ley N” 20.015 supone que si un contrato de salud
sufriera modificaciones sustanciales después de la
entrada en vigencia de dicha ley, aun cuando no se
tratara de un plan alternativo o de un nuevo plan de
salud, debería entenderse que aquél pasa a regirse
íntegramente por las disposiciones de la mencionada ley.
Así se desprende de la historia fidedigna del precepto
que considera en sus diversos trámites que las
“adecuaciones” de un contrato importan un cambio en la
normativa que lo regiría;

TI1.- Que, sin embargo, la introducción de las
Garantías Explícitas en Salud en los contratos, por
mandato imperativo de la ley, no puede estimarse como un
cambio suficiente para que se aplicara en plenitud la Ley
20.015, ya que su origen no es convencional, entre las
partes del contrato, sino que emana directamente de una
norma legal, si bien el precio correspondiente puede
variar de un contrato de salud a otro;

III.- Que lo dicho en el considerando anterior es la
única forma en que el mencionado artículo 2% de la Ley
20.015 tenga aplicación efectiva. Dicho precepto comienza

diciendo: “Esta ley entrará en vigencia en la misma fecha

en que entre a regir el primer decreto que contenga las
Garantías Explícitas en Salud del Régimen General de
Garantías en Salud”. Por tanto, de la redacción del
artículo se desprende que no considera que la
introducción del GES sea un Cambio sustancial a los
contratos, que pudiera dar origen a que éstos pasaran a
regirse íntegramente por la nueva ley, y

IV.- Que, en la especie Cabe, entonces, declarar
inadmisible el requerimiento porque tratándose de un
contrato de salud previsional suscrito con anterioridad
al 2005 y no constando a este Tribunal que haya sufrido
otra modificación con posterioridad a esa fecha salvo el
precio del GES, corresponde, como prescribe el propio
artículo 2% en cuestión, que las tablas de factores que
contenga se mantengan en vigor, sin que en este caso
tenga incidencia el artículo 38 ter, nuevo artículo 199
del Decreto con Fuerza de Ley N% 1, del Ministerio de
Salud Pública, del año 2005.

Acordada con el voto en contra del Ministro señor
Carlos Carmona Santander, quien estuvo por declarar
admisible el requerimiento deducido de conformidad a los
“siguientes argumentos:

1. Que la mayoría ha considerado que el presente
requerimiento es inadmisible por dos razones. Por una
parte, atendido que el contrato de la recurrentes fue
suscrito el 30 de marzo de 2004, y toda vez que se
impugna la tabla de factores, se aplica el artículo 2% de
la Ley N* 20.015, que establece una ultra actividad de la
legislación que rige a estas tablas para los contratos
celebrados con anterioridad a julio de 2005, fecha de
entrada en vigencia de dicha ley. Por la otra, la
modificación que sufrió el contrato de la señora Ansaldo
Caferrata en marzo del 2009, no debe ser considerada como

una alteración de dicha ultra actividad, pues fue

000133

producto de la aplicación de las garantías explícitas en
salud que dispone la Ley N* 19.966. Dicha norma, afirman,
no es parte de la cuestión debatida. Además, el aumento
de la cotización que sufrió la requirente es legal, no
convencional; y no es un plan alternativo o un nuevo
plan, como exige el artículo 2% de la Ley N* 20.015,
única manera de poner término a dicha ultra actividad
normativa.

2. Que mediante la decisión anterior, la mayoría
pone en aplicación la doctrina que las Salas de este
Tribunal comenzaron a aplicar a partir de la sentencia
rol N* 1544, de 06.01.2010, de la Primera Sala, y rol N*
1644, de 20.05.2010, de la Segunda Sala, respecto de la
admisibilidad de los requerimientos interpuestos contra
la tabla de factores. Esta doctrina consiste en que hay
que distinguir la fecha del contrato para declarar
admisible un requerimiento de esta naturaleza. Si el
contrato se celebró antes de julio del año 2005 -—fecha en
que entró en vigencia la Ley N* 20.015- éste se rige no
por el artículo 38 ter de la ley N* 18.933 o 199 del
D.F.L. N* 1, de Salud, del año 2006, sino por las reglas
fijadas en dicho contrato, conforme lo dispone el
artículo 2% de dicha ley. Se sostiene que sería el
contrato y no la legislación señalada la aplicable al
contrato de salud. Si, en cambio, el contrato se celebró
con fecha posterior a julio del 2005, por aplicación del
mismo artículo 2%, se rige plenamente por el D.F.L. N* 1,
ya Citado.

No obstante, si el contrato sufrió una modificación
posterior a la fecha señalada, el contrato para a regirse
por la nueva normativa. Un criterio indiciario para
determinar lo anterior es si el beneficiario aceptó un
plan alternativo por la Isapre o ha contratado un nuevo

plan de salud, distinto al que le ligaba.

000136 %
Lánto pitinta ; Meco

3. Que dicho criterio sustentado por las Salas
implicó un cambio de perspectiva respecto de lo que había
sostenido el Pleno de este Tribunal en casos semejantes.
Así, en la sentencia rol N* 976, de 26.06.2008, y en la
sentencia rol N% 1348, de 27 de abril de 2010, este
“Tribunal consideró que la incidencia del artículo 22
_transitorio, era un asunto de mera legalidad, cuyo
esclarecimiento no se encuentra dentro de la órbita de
atribuciones de esta Magistratura.

4. Que dicho nuevo criterio, coincide con el que
la Corte Suprema, en un recurso de protección (rol N*
7779, de 26.10.2009) en que se interpuso un recurso
inaplicabilidad, que esta Magistratura aceptó, (Rol N?
1287, de 08.09.2009). Como principal argumento para
rechazar el recurso, la Corte sostuvo la relevancia de la
fecha del contrato. Para dicha Corte, el legislador
expresamente exceptuó de la regulación contenida en el
artículo 199, aquellos contratos anteriores que habían
incorporado las tablas de factores de sexo y edad.
Respecto de estos contratos, sostuvo, opera lo acordado
al momento de su celebración, sin que forme parte del
estatuto jurídico que rige dicha relación contractual, el
mencionado precepto.

5. Que ¡para decidir, entonces, si la norma
impugnada es o no decisiva, y por lo mismo, si es o no
“admisible el presente requerimiento, es imprescindible
analizar lo dispuesto en el artículo 2% de la Ley N?
20.015.

6. Que al respecto, cabe señalar, en primer lugar,
que la norma no estaba en el texto original del
Ejecutivo, con el que el proyecto que dio origen a la Ley
No 20.015, ingresó a la Cámara de Diputados. Este
disponía (en su artículo 3%) que la ley iba a entrar a

regir 120 días después de su publicación en el Diario

000137 "

Oficial; y que los contratos celebrados con anterioridad,

se debían ajustar a sus disposiciones en sus respectivas

anualidades, sin perjuicio que los contratos que se
celebraren a futuro, debían someterse a sus
disposiciones.

Fue en el Senado que se introdujo una indicación del
Ejecutivo, que cambió dicho régimen. Por una parte, se
estableció que la ley ya no iba a entrar a regir después
de 120 días de publicada, sino que cuando entrara a regir
el primer decreto que contuviera las garantías explícitas
en salud. Por la otra, se mantuvo que los contratos
celebrados con anterioridad debían ajustarse a sus
disposiciones. Pero se estableció que a contar de la
vigencia de la ley, las Isapres debían usar las nuevas
tablas de factores en todos los contratos y en las
adecuaciones que propusieran. Sin embargo, se agregó que
respecto de los contratos en curso a la fecha de vigencia
de la ley, las tablas de factores que éstos contenían, se
mantendrían vigentes hasta que el afiliado opte por
aceptar la adecuación propuesta o contrate un plan de
.Ssalud distinto. En todo caso, la variación del precio
debía sujetarse a las nuevas reglas.

Durante la discusión particular, en el segundo
informe de la Comisión de Salud, se introdujeron
enmiendas ¡por los entonces H. Senadores Boeninger, Ruiz-
Esquide y Viera-Gallo y la H. Senadora Matthei, a la
indicación del Ejecutivo. Este texto es el que aprobó la
Sala del Senado y, luego, la Cámara, convirtiéndose en
ley, al no haber sido vetado por el Ejecutivo. La razón
que se dio para estos cambios, fue que los ajustes a los
planes de salud se refieren a su precio base; y eso nada
tenía que ver con las tablas de factores, que se fijan de

una vez y para siempre en sus planes. Las adecuaciones,

0060138 ”

se afirmó, no pueden hacerse según las nuevas reglas,
porque eso implicaba modificar la tabla.

7. Que el artículo 2%* de la ley N“ 20.015, en lo
que aquí interesa, distingue entre los contratos
anteriores a su entrada en vigencia y los que se celebren
“con posterioridad. La vigencia de esta ley, por mandato
del inciso primero, fue a contar de la fecha en que entró
a regir el primer decreto que contenía las garantías
explícitas en salud (D.S. N* 170, de Salud, de 2005). Eso
sucedió en julio del 2005.

Para los contratos celebrados con posterioridad a
dicha fecha, éstos "deberán ajustarse a ella”. Por lo
mismo, dichos contratos se rigen íntegramente por el
marco jurídico que la Ley N* 20.015 introdujo en la Ley
N* 18.933.

Para los contratos celebrados con anterioridad, este
artículo 2% establece una regla general y una excepción.
La regla general es que estos contratos "se ajustarán a
sus disposiciones en sus respectivas anualidades”
(artículo 2%, inciso 2%). Por excepción, “las tablas de
factores que ellos contengan se mantendrán en vigor hasta
que el afiliado opte por aceptar un plan alternativo que
se le ofrezca en alguna adecuación oO hasta que se
contrate un plan de salud distinto” (artículo 2%, inciso
final). Para que no quedara dudas, reiteró en su inciso

39, que en los nuevos contratos, las Isapres debían
utilizar las nuevas tablas de factores.

8. Que como se observa, la regla general sigue
siendo que los contratos vigentes a Julio del 2005, deben
ajustarse a la normativa que introdujo la Ley N* 20.015.
Sólo quedan exceptuadas de esta regla, las tablas de
factores.

Cabe destacar, sin embargo, cuatro aspectos en la

excepción. En primer término, el hecho que la excepción

dónto heida y Cho.

000139 1
Limlo hiela y pete

no se refiere a un artículo determinado. No habla de que
quede exceptuado el contrato antiguo del artículo 38 ter.
La excepción es por materia: las tablas de factores. Ello
implica que la excepción puede estar en distintas
disposiciones.

En segundo lugar, la excepción no es del contrato.
El contrato, por mandato del inciso segundo del artículo
2% de la Ley N* 20.015, sea que se haya celebrado antes o
después de julio del 2005, debe sujetarse a la nueva
normativa. La excepción es únicamente respecto de la
tabla de factores pactada.

En tercer lugar, como excepción, es de
interpretación restrictiva. De ahí que en todos aquellos
aspectos no comprendidos en la tabla de factores, rige la
nueva ley. Por ejemplo, en materia de procedimiento para
formular las adecuaciones u ofrecer nuevos planes. Lo
mismo sucede con el concepto de “precio base”, definido
en al artículo 170 letra m) y determinado por aplicación
de los artículos 197 y 198.

Finalmente, no es toda la regulación de la tabla de
factores que queda excluída de la aplicación de la
modificación que introduce la ley N* 20.015 a la Ley
N“*%18.933. Es sólo respecto de las tablas de factores que
se hubiesen pactado, no de todo el régimen jurídico
vinculado a ellas. Así de desprende, de un lado, de su

texto. El inciso 3% del artículo 2*%de la Ley N* 20.015
habla de "utilizar las nuevas tablas de factores”; y de
acuerdo a lo que dispone su inciso final, lo que se
excluye de la obligación de adaptación al nuevo marco son
“las tablas de factores que ellos (los contratos)
contengan”. Es decir, se respeta la tabla pactada, no la
definida por la Superintendencia, que es lo que ordena la
nueva ley. Del otro, así de desprende de la regla general

establecido en su inciso 2%, en el sentido que “los

000140 1

contratos celebrados con anterioridad, se ajustarán a sus
disposiciones en sus respectivas anualidades”. Por lo
mismo, otros aspectos vinculados a la tabla de factores,
quedan sometidos a la nueva normativa.

9. Que, por otra parte, es necesario señalar que
el precepto impugnado no sólo regula la tabla de factores
propiamente tal, fijada ahora en su estructura por la
Superintendencia del área, sino otros aspectos de la
misma. Por de pronto, la manera en que incide en el
precio final (inciso 1%? y final). Tambien el régimen de
la tabla de factores, regulado en los incisos 4%, 5%, 62
y 7% (la libertad de las Isapres para determinar los
factores de cada tabla; el que cada plan de salud sólo
podrá tener incorporada una tabla de factores; el que
las Isapres no puedan establecer más de dos tablas de
factores para los planes que comercialicen; el que estas
tablas se establezcan cada cinco años). Y, además, la
obligación de la Isapre de informar al cotizante el
aumento o la reducción del factor que aplique en cada
anualidad (inciso final).

10. Que luego de examinados los puntos anteriores,
estamos en condiciones de pronunciarnos sobre la
admisibilidad del presente requerimiento. Sostenemos que
éste es admisible, por las razones que explicaremos a
continuación, discrepando de los argumentos esgrimidos
por la mayoría.

11. Que, en primer lugar, como más arriba se
indicó, el precepto impugnado es de una gran complejidad,
pues aborda desde distintas perspectivas la tabla de
factores. La tesis de la mayoría considera como un todo
el precepto impugnado, sin hacer los matices a que obliga
la aplicación del artículo 2% de la la Ley N* 20.015.
Este sólo excluye de la regla de orden público de ajustar

todos los contratos a las tablas de factores pactadas;

060141 1
Ltrslo Guortrda emo.

pero no a todo el régimen jurídico de las tablas de
factores que diseña la nueva normativa. Varios de los
elementos que componen dicho régimen jurídico, sin
embargo, se encuentran en el artículo 199. La tesis de la
mayoría excluye la aplicación a los antiguos contratos de
todo el artículo 199, en circunstancias que es
perfectamente separable en dicho precepto la tabla de
factores pactada, el régimen jurídico de las tablas de
factores y la aplicación de estas tablas, excluyéndose
sólo el primer aspecto.

12. Que, en este mismo sentido, para este
disidente el artículo 2 de la Ley N* 20.015, sólo
contempla una ultra actividad para las tablas de
factores. Pero en relación a la forma en que se pone
término o modifica el contrato, mediante la aceptación de
un plan alternativo o la suscripción de un plan de salud
distinto, es una cuestión de procedimiento, que se rige
por la nueva normativa. Es decir, por el artículo 197 y
198 del D.F.L. N* 1. Y, también, por parte del artículo
199, esto es, por la norma impugnada.

13. Que, en segundo lugar, el precio base no es un
aspecto que quede postergado en su aplicación por mandato
del artículo 2%? de la Ley N* 20.015. Este concepto entró
a regir de inmediato.

Pues bien, este contrato tiene una modificación, el
año 2009. La mayoría considera que dicha modificación no
debe ser tenida en cuenta, porque no forma parte de la
cuestión debatida, y no fue producto de un plan
alternativo o de un plan de salud distinto. Discrepamos
de lo anterior. Por de pronto, llama la atención a este
disidente que si dicho aumento de la cotización fue
producto de las garantías explícitas en salud, este haya

operado cuatro años después que estas se establecieron,

es decir, recién en 2009, cuando estas comenzaron a
operar en 2005.

Enseguida, esta modificación consistió en un aumento
de la cotización. Al tener una modificación, y ser ésta
una modificación esencial, impacta en la norma impugnada.
En efecto, de conformidad al artículo 170 letra h) del
D.F.L. N* 1, de Salud, de 2006, las cotizaciones de salud
son aquellas destinadas a financiar las prestaciones a
que da origen el contrato de salud. Estas pueden ser
legales o una superior; en este último caso, debe ser
libremente convenida (artículo 131). Dicha cotización
está en estricta relación a que en el contrato de salud,
las partes convienen libremente las prestaciones y
beneficios, incluidos la forma, modalidad y condiciones
de su otorgamiento (artículo 189). Es tan esencial el
pago de la cotización, que no hacerlo permite que la
Isapre pueda poner término al contrato por incumplimiento
(artículo 201, N2 2).

Ahora bien, el artículo 199 de dicho D.F.L. -
artículo 38 ter- en su inciso primero, parte por señalar
que el afiliado debe pagar a la Isapre un precio
determinado. Este tiene dos componentes. Por una parte,
el precio base. Este es el precio asignado por Cada
Isapre a cada plan de salud. Por la otra, los factores
que deben ser tomados en cuenta para cada beneficiario,
de acuerdo a la respectiva tabla de factores, para
aplicar a dicho precio base. El precio final, entonces,
es lo que resulta de multiplicar el respectivo precio
base por el factor que corresponda al afiliado de
conformidad a la respectiva tabla de factores. Pero el
precio final se expresa en una cotización, que es lo que
el afiliado, mes a mes, entrega a la Isapre.

Como en el presente caso se aumentó la cotización,

se ajustó el precio del contrato. Ya: no estamos, en

000143 0

consecuencia, en el contrato original, pues ha tenido una
modificación esencial en el precio, alterándose un
componente de los que señala el inciso primero del
artículo 199: el precio base.

14. Que, en tercer lugar, la tesis de la mayoría
afirma que la norma impugnada no tendrá aplicación en la
gestión pendiente, "ya que no es legislación aplicable al
contrato de salud que vincula actualmente a la actora y a
la Isapre”; por lo mismo, no es decisiva. Sin embargo,
si bien dicho juicio puede ser emitido al pronunciarse
sobre la admisibilidad de un requerimiento, requiere
mucha prudencia, pues puede invadir las atribuciones de
los jueces de fondo. Además, una cosa es que no sea
decisiva, es decir, que a juicio de este Tribunal no
incidirá en la resolución que deba tomar el juez de
fondo, no será tomada en cuenta ¡por éste (STC rol N*
472, de 30.08.2006), y otra que "no es legislación
aplicable al contrato”. Esto último es algo que, a juicio
de este disidente, esta Magistratura no puede afirmar,
por exceder sus atribuciones.

15. Que, por ello, este disidente considera que el
presente requerimiento es admisible, sin perjuicio de lo
que se resuelva en definitiva.

Notifíquese por carta certificada a la requirente y
a la Isapre Colmena Golden Cross S.A.

Comuníquese por oficio a la Corte de Apelaciones de
Santiago, que conoce de la gestión judicial pendiente.

Archívese.

ROL 1646-10-INA.

SAN ii

060144 18

==

Se certifica que el Ministro señor José Luis Cea Egaña
concurrió al acuerdo pero no firma por haber cesado en su
cargo.

Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal
Constitucional, integrada por su Presidente, Ministro
señor José Luis Cea Egaña, y por los Ministros señor Raúl
Bertelsen Repetto, señora Marisol Peña Torres y señores
Carlos Carmona Santander y José Antonio Viera-Gallo
Quesney .

Autoriza la Secretaria del Tribunal, señora Marta de la
Fuente Olguín.

—o