TC Rol 16467

Texto completo

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CINCUENTA Y CUATRO




Santiago, treinta de mayo de dos mil veinticinco

A fojas 52, ténganse por cumplido lo ordenado.


VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°. Que, con fecha 08 de mayo de 2025, Michael Sebastián Limmer
De La Barra, deduce requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad respecto de los artículos 26, inciso final, en la frase
“Las decisiones que recayeren sobre estos incidentes no serán susceptibles de
recurso alguno"; 67 N°2, de la Ley N° 19.968, que crea los Tribunales de
Familia; y 12, inciso séptimo, de la Ley N°14.908, sobre abandono de
familia y pago de pensiones alimenticias, para que ello incida en el proceso
RIT C-1493-2024, RUC 24-2-4403493-0, seguido ante el Tercer Juzgado de
Familia de Santiago;

2°. Que, la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó dar
cuenta del requerimiento ante la Segunda Sala de esta Magistratura;

3°. Que, dicha Sala constatando la existencia de recursos
pendientes, previo a proveer, requirió la presentación de un “nuevo
certificado expedido por el tribunal que actualmente conoce de la gestión
judicial -Corte de Apelaciones de Santiago-, en que conste la existencia de
dicha gestión judicial”, el que fue acompañado a fojas 52, y en el que consta
la existencia de un recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada, en contra de la resolución dictada el 27 de febrero de 2025
por el Tercer Juzgado de Familia de Santiago;

4°. Que, subsanado lo previamente indicado, la referida Sala
al examinar el requerimiento deducido, se ha formado convicción de que
el libelo no cumple con las exigencias establecidas en el artículo 80 de la
Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, por lo
que no será acogido a trámite, pues no contiene un desarrollo claro de los
hechos y sus fundamentos en que se apoya, ni explica de qué manera las
normas impugnadas, en el caso concreto, producen un efecto contrario a
la Constitución.

En efecto, el requirente relata que, en el marco de una demanda de
pensión de alimentos, la demandante ha solicitado medidas de apremios
en su contra, pero como demandado, no ha tenido “la posibilidad de
concurrir ante algún superior jerárquico que ordene se guarden las
formalidades legales y adopte de inmediato las providencia que juzgue
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CINCUENTA Y CINCO




necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida
protección del afectado” (fojas 7).

En este contexto, ha presentado recursos de reposición con
apelación en subsidio en contra de las resoluciones dictadas por el Tercer
Juzgado de Familia de Santiago, sin precisar cuál o cuáles de estos
recursos constituyen la gestión judicial pendiente, pues a fojas 5 indica
que “es altamente probable que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de
Santiago declare inadmisible los recursos deducidos dado lo ordenado por
normativa expresa”. Conforme con el requerimiento, existirían dos recursos de
apelación en tramitación ante la Corte de Apelaciones de Santiago:
apelación subsidiaria en contra de la resolución dictada el 27 de febrero de
2025 por el Tercer Juzgado de Familia de Santiago que modificó la
modalidad de pago de los gastos educacionales y aplicó apremios al
demandado de arresto nocturno por cinco días, arraigo nacional y
suspensión de licencia de conducir por 60 días; y apelación subsidiaria en
contra de la resolución que rechazó la objeción a la liquidación practicada.
Respecto de esta última apelación, el nuevo certificado que se acompaña a
fojas 52, no indica el estado procesal en que se encuentra.

Del mismo modo, tampoco precisa los vicios de inconstitucionalidad
que se producirían con la aplicación de las normas cuestionadas, pues en
términos genéricos señala que dichas normas infringen el artículo 19
número 3, inciso sexto de la Constitución;

5°. Que, si bien es cierto, el actor indica que el “requerimiento incide
en causa sobre alimentos tramitado ante el Tercer Juzgado de Familia de
Santiago, bajo el Rol número C-1493-2024, caratulados ‘Venegas con Limmer’
el cual se encuentra pendiente en etapa de continuación de audiencia de juicio
…” (fojas 10), al no precisar el recurso judicial pendiente de resolución en
que se aplicarán las normas cuestionadas, no le permite a esta
Magistratura conocer de qué manera dicha aplicación, en el caso
concreto, generará los vicios o efectos inconstitucionales para declarar su
inaplicabilidad en una sentencia de fondo;

6.° Que, anotadas así las falencias, se concluye que el requerimiento
de inaplicabilidad no contiene una exposición clara de los hechos y
fundamentos en que se apoya y de cómo ellos producen como resultado la
infracción de las garantías constitucionales alegadas como transgredidas.
En este sentido, cabe hacer presente lo razonado por el Tribunal
Constitucional en la STC Rol N° 1686 c.7, que al aplicar el mencionado
artículo 80 de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal
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CINCUENTA Y SEIS




Constitucional, ha establecido lo siguiente: “Que, en el requerimiento
interpuesto, lo antes expuesto, no se plantea con la precisión, claridad e
inteligibilidad suficientes en términos de configurar adecuadamente los
fundamentos en que se apoya y de cómo ellos producen como resultado la
infracción constitucional”.



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en el artículo 93, inciso
primero, N° 6°, e inciso decimoprimero, de la Constitución Política y en el
artículo 80, y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,



SE RESUELVE:

Que no se admite a tramitación el requerimiento deducido en lo
principal de fojas 1, teniéndose por no presentado. A los otrosíes,
estese a lo resuelto.



Notifíquese. Comuníquese. Archívese.

Rol N° 16.467-25-INA.

María Pía Silva Gallinato
Fecha: 30/05/2025



Miguel Angel Fernández González Raúl Eduardo Mera Muñoz
Fecha: 02/06/2025 Fecha: 02/06/2025



Alejandra Precht Rorris
Fecha: 30/05/2025


Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada
por su Presidenta, Ministra señora María Pía Silva Gallinato, y por sus Ministros
señor Miguel Ángel Fernández González, señor Raúl Eduardo Mera Muñoz y
señora Alejandra Precht Rorris.

Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional.


María Angélica Barriga Meza
Fecha: 02/06/2025




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