TC Rol 16485

Texto completo

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CUATROCIENTOS VEINTE




2026

REPÚBLICA DE CHILE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
____________
Sentencia

Rol 16.485-25 INA

[07 de enero de 2026]
____________

REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL ARTÍCULO 19, INCISO
DECIMOTERCERO DEL D.L N° 3.500, EN LA ORACIÓN “EL INTERÉS
QUE SE DETERMINE EN CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LOS
INCISOS ANTERIORES SE CAPITALIZARÁ MENSUALMENTE”; Y
DEL ARTÍCULO 8°, INCISO PRIMERO, PRIMERA PARTE, DE LA LEY
N° 17.322, QUE ESTABLECE NORMAS PARA LA COBRANZA
JUDICIAL DE COTIZACIONES, APORTES Y MULTAS DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL


ASOCIACIÓN HACIENDA SANTA MARTINA NATURE CLUB & GOLF


EN EL PROCESO SEGUIDO ANTE EL JUZGADO DE COBRANZA LABORAL
Y PREVISIONAL DE SANTIAGO RIT P-7512-2021, RUC 21-3-0056351-9, EN
CONOCIMIENTO DE LA CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO, POR
RECURSO DE APELACIÓN, BAJO EL ROL N° 1474-2025 (LABORAL COBRANZA).


VISTOS:
Que, con fecha 16 de mayo de 2025 Asociación Hacienda Santa Martina
Nature Club & Golf acciona de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto
de la oración: "El interés que se determine en conformidad a lo dispuesto en los
incisos anteriores se capitalizará mensualmente", contenida en el artículos 19,
inciso decimotercero del D.L N° 3.500, de 1980, que establece nuevo sistema de
pensiones; y del artículo 8°, inciso primero, primera parte, de la Ley N° 17.322,
que establece normas para la cobranza judicial de cotizaciones, aportes y
multas de las instituciones de seguridad social, para que ello incida en el



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proceso RIT P-7512-2021, RUC 21-3-0056351-9, seguido ante el Juzgado de
Cobranza Laboral y Previsional de Santiago, en conocimiento de la Corte de
Apelaciones de Santiago, por recurso de apelación, bajo el Rol N° 1474-2025
(Laboral Cobranza).



Precepto legal cuya aplicación se impugna

El texto de los preceptos impugnados dispone en sus partes destacadas:



“D.L. 3.500

Artículo 19.-

[…]

En todo caso, para determinar el interés penal, se aplicará la tasa vigente
al día primero del mes inmediatamente anterior a aquél en que se devengue. El
interés que se determine en conformidad a lo dispuesto en los incisos
anteriores se capitalizará mensualmente.

[…].”

“Ley 17.322

Artículo 8.- En el procedimiento a que se refiere esta ley, el recurso
de apelación sólo procederá en contra de la sentencia definitiva de
primera instancia, de la resolución que declare negligencia en el cobro
señalado en el artículo 4º bis, y de la resolución que se pronuncie sobre la
medida cautelar del artículo 25 bis. Si el apelante es el ejecutado o la
institución de previsión o de seguridad social, deberá previamente consignar la
suma total que dicha sentencia ordene pagar, de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo anterior.

[…]”.



Síntesis de la gestión pendiente y del conflicto constitucional
sometido al conocimiento y resolución del Tribunal

El requirente acciona de inaplicabilidad en el marco de una demanda
ejecutiva presentada por la Administradora de Fondos de Pensiones Provida
S.A. ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago, por cobro de
cotizaciones previsionales adeudadas, siendo requerida de pago por la suma de
$ 1.671.731 pesos. Refiere que con fecha 31 de marzo de 2025, la ejecutada
realiza un pago parcial de $500.000 pesos. La deuda es reliquidada con fecha 07
de abril del 2025, alcanzando la suma de $10.171.607, siendo objetada por la




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actora. Sin embargo, el tribunal la rechaza por estimar que la liquidación fue
practicada conforme a lo previsto en el artículo 22 de la Ley N°17.322.

En contra de dicha resolución interpone recurso de reposición, con
apelación subsidiaria, siendo rechazada la reposición, mientras que la
apelación fue concedida en el solo efecto devolutivo para ante la Corte de
Apelaciones de Santiago, recurso que se encuentra pendiente de resolución
según certificado de la gestión pendiente que rola a fojas 30.

Al fundamentar el conflicto constitucional, la parte requirente junto
con explicar el concepto de anatocismo desde el punto de vista doctrinal y cómo
ha sido entendido por esta Magistratura, alega que la oración: "El interés que se
determine en conformidad a lo dispuesto en los incisos anteriores se capitalizará
mensualmente", contenida en el artículos 19, inciso decimotercero del D.L N°
3.500, transgrede principios fundamentales del ordenamiento jurídico, tales
como el non bis in ídem y el principio de proporcionalidad, infringiendo también
derechos y garantías fundamentales, los cuales en virtud del artículo 5°, inciso
segundo, artículos 6° y 7°, todos de la Constitución Política de la República,
deben ser respetados por toda autoridad.

A fojas 7 señala que, en el campo de las obligaciones previsionales, a
diferencia de lo que ocurre con ocasión de la aplicación del artículo 9 de la Ley
N°18.010, se aplican intereses sobre intereses, lo que en el caso concreto
produce un efecto inconstitucional, afectando el non bis in ídem, principio que
integra el derecho a un debido proceso consagrado en el artículo 19, numeral 3,
de la Constitución, pues el no pago oportuno de las cotizaciones previsionales
del trabajador, por parte del empleador, se castiga múltiples veces y de diversas
formas en el ordenamiento jurídico nacional. En efecto, se sanciona:

a) Multa para el empleador de 0,75 UF por cada trabajador respecto al
cual se le adeudan cotizaciones previsionales (artículo 22 letra a), de la Ley
N°17.322);

b) Persecución penal por el delito de apropiación indebida (artículo 470
N°1 del Código Penal);

c) Orden de arresto (artículo 12 de la Ley N°17.322);

d) Retención de la devolución de impuestos a la renta que le
correspondiese anualmente a empleadores que adeudasen cotizaciones de
seguridad social (artículo 25 bis Ley N°17.322).

En cuanto al principio de proporcionalidad y, especialmente, el de
proporcionalidad de las penas que se desprende del derecho a un
procedimiento y a una investigación racionales y justos, establecido en el
artículo 19 N° 3, inciso sexto, de la Carta Fundamental, señala que éste debe
basarse en penas proporcionales con una adecuada correspondencia o




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adecuación que debe existir entre la gravedad del hecho juzgado con la reacción
penal de los órganos del Estado.

En relación con el subprincipio de utilidad o de adecuación, advierte que
esta Magistratura ha manifestado que la medida consagrada en el artículo 19,
inciso decimotercero, del D.L N°3.500, tiene una finalidad disuasiva, la cual
consiste en que el empleador pague las cotizaciones previsionales de su
trabajador.

Sin embargo, en los empleadores, dicho fin no se cumple, ni antes ni
después del retardo en el pago de las cotizaciones previsionales, puesto que, la
cuantía absolutamente desproporcionada de estas deudas hace improbable su
pago por parte del empleador, existiendo únicamente abonos, sin que la deuda
se pague total y efectivamente, extendiéndose los procesos judiciales durante
años.

Respecto del subprincipio de necesariedad, refiere que este elemento
dice relación con que la medida ha de ser necesaria, o la más moderada, entre
todos los medios útiles. Es decir, imprescindible para proteger el derecho a la
seguridad social, consagrado en el artículo 19 N° 18 de la Constitución Política de
la República.

Así, y a la luz, del examen de proporcionalidad, afirma la requirente que
las sanciones establecidas en el artículo 19, inciso decimotercero del Decreto
Ley N°3500, no logran sortear dicho análisis.

Por su parte, respecto del artículo 8, inciso primero, primera parte, de la
Ley 17.322, señala que su aplicación infringe el artículo 19, numerales 2 y 3, de
la Constitución Política, toda vez que no le permite recurrir ante el superior
jerárquico frente a una resolución dictada por el tribunal inferior que estima
contraria a derecho, pues deja al demandado en un estado de indefensión, lo
que atenta contra la igualdad y el debido proceso racional y justo.

Al mismo tiempo, indica que la exclusión del recurso de apelación, bajo
la idea abstracta de dotar al procedimiento de mayor celeridad, no resulta
conciliable con las exigencias de racionalidad y justicia que el artículo 19 N°3°,
inciso sexto, de la Constitución le impone al legislador en la configuración de los
procedimientos, pues la falta de este medio de impugnación fuerza al
requirente simplemente a conformarse con lo resuelto por el Tribunal Laboral,
en una especie de “única instancia”, sin la posibilidad de someter su decisión a
la revisión de otro tribunal, deviniendo la resolución en inamovible.

Indica que, “un proceso se estimará racional y justo si las reglas
procesales que lo contienen permiten la defensa amplia en el juicio, tanto del actor
como del demandado, en que puedan presentar e impugnar pruebas, promover
incidentes, interponer recursos contra las resoluciones que les causen agravios,




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entre otros actos procesales. El proceso para que se ajuste a la exigencia
constitucional tiene que respetar las garantías constitucionales, y el derecho a
defensa constituye un elemento esencial en todo juicio” (fojas 21).

Advierte, asimismo, que este derecho ha sido reconocido por diversos
tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes,
estableciendo un límite al ejercicio de la soberanía nacional dentro de las cuales
se encuentra la actividad legislativa, ello en aplicación del artículo 5°, inciso
segundo de la Constitución.

Tramitación y observaciones al requerimiento

Por resolución de fecha 26 de mayo de 2025 a fojas 58 la Segunda Sala de
esta Magistratura admitió a trámite el libelo de inaplicabilidad, ordenando
además la suspensión del procedimiento; y por resolución de la misma Sala, fue
declarado admisible, con fecha 18 de junio de 2025 a fojas 395.

Conferidos los traslados de fondo a los órganos constitucionales
interesados y a las demás partes en la gestión invocada, formuló
observaciones la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.,
solicitando el rechazo del requerimiento, atendido a que la AFP, a fin de cobrar
ejecutivamente las cotizaciones emitió la resolución que constituye el título
ejecutivo de la demanda ejecutiva, en virtud del procedimiento establecido en la
ley N° 17.322, por lo que dicho título tiene el carácter de indubitado, ya que
cumple todos los requisitos que establece el artículo 2° de la referida ley. En
consecuencia, se ha cumplido estrictamente lo ordenado por la normativa
vigente.

Por último, indica que la objeción sobre el cálculo de las cotizaciones
cobradas en juicio de cobranzas es una petición totalmente contraria a derecho
y al mérito del proceso.

A fojas 409, en decreto de fecha 28 de julio de 2025 se dispuso traer los
autos en relación.



Vista de la causa y acuerdo

En audiencia de Pleno del día 04 de noviembre de 2025, se verificó la vista
de la causa, oyéndose la relación pública y los alegatos de los abogados David
Korol Engel, por la parte requirente y Daniel Santoni Garrido, por la parte
requerida, adoptándose acuerdo con igual fecha, según certificación de la
señora relatora.



Y CONSIDERANDO:




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I. PRIMER CAPÍTULO
En cuanto a la impugnación al artículo 8°, inciso primero,
primera parte, de la Ley N° 17.322.



PRIMERO: Que, Asociación Hacienda Santa Martina Nature Club & Golf
solicita la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la primera parte del
inciso primero del artículo 8° de la Ley N° 17.322, en lo que dice relación con la
procedencia del recurso de apelación únicamente respecto de la sentencia
definitiva de primera instancia, de la resolución que declare negligencia en el
cobro señalado en el artículo 4° bis, y de la resolución que se pronuncie sobre la
medida cautelar del artículo 25 bis, para que dicha declaración surta sus efectos
en el proceso RIT P-7512-2021, RUC 21-3-0056351-9, seguido ante el Juzgado de
Cobranza Laboral y Previsional de Santiago, actualmente en conocimiento de la
Corte de Apelaciones de Santiago, por recurso de apelación, bajo el Rol N° 1474-
2025 (Laboral Cobranza).

SEGUNDO: Que, en cuanto al conflicto de constitucionalidad planteado,
se sostiene que la restricción de la procedencia del recurso de apelación ante un
tribunal superior, circunscrita únicamente a determinadas resoluciones
judiciales, vulneraría las garantías de igualdad ante la ley y del derecho a
recurrir, consagradas en los numerales 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución
Política.

Para fundamentar dicha alegación, la requirente expone que el precepto
legal impugnado, “al contemplar la posibilidad del recurso de apelación en la
ejecución laboral y previsional únicamente en los casos dispuestos en el artículo
8° de la ley número 17.322, negándola, incurren en una obvia y manifiesta
diferencia si tomamos como punto de comparación el procedimiento ejecutivo
previsto en las leyes comunes” (f. 9), agregando que “[l]a exclusión del recurso de
apelación, bajo la idea abstracta de dotar al procedimiento de mayor celeridad,
no resulta conciliable con las exigencias de racionalidad y justicia que el artículo
19 N°3° inciso 6 le impone al legislador” (f. 10).

TERCERO: Que, el precepto impugnado tiene por objeto delimitar el
recurso de apelación en el contexto de un procedimiento laboral de carácter
ejecutivo, destinado a obtener el pago de cotizaciones previsionales adeudadas.
Dicho procedimiento se encuentra regulado en la Ley N° 17.322, que establece
normas para la cobranza judicial de cotizaciones, aportes y multas de las
instituciones de seguridad social.

CUARTO: Que, en su formulación original, el artículo 8° de la Ley N°
17.322 disponía: “En los juicios a que se refiere esta ley, el recurso de apelación
sólo procederá contra la sentencia definitiva de primera instancia, y previa
consignación de la suma total que dicha sentencia ordene pagar, de acuerdo con



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lo dispuesto en el artículo anterior”. De ello se desprende que, aunque el texto
actualmente vigente presenta una redacción diversa, la limitación del recurso
de apelación tiene su origen en la versión primitiva de la ley, publicada en el
Diario Oficial con fecha 19 de agosto de 1970.

El Mensaje Presidencial que dio inicio a la tramitación del proyecto de
ley que posteriormente se transformaría en la Ley N° 17.322 destacó que había
constituido una preocupación especial del Gobierno “el estudio de las causas
que provocan el considerable atraso que es posible advertir en la percepción, por
los institutos de previsión, de las imposiciones, aportes y multas que le son
adeudados por patrones y empleadores” (BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE
CHILE, Historia de la Ley N° 17.322, p. 3).

En consecuencia, el proyecto en cuestión buscaba resolver las
deficiencias observadas en el diseño y funcionamiento de los procedimientos
de cobranza previsional, enfatizando la necesidad de unificar las reglas
procesales aplicables a esta clase de juicios y de establecer reglas especiales a su
respecto, en atención a las características particulares de la cobranza
previsional.

QUINTO: Que, en este orden de ideas, el Mensaje fue explícito en
señalar:

“Una de las principales causas del atraso en el cobro de las imposiciones,
aportes y multas, la constituyen los diversos procedimientos judiciales aplicables
en la actualidad en los institutos de previsión. Dichos procedimientos, ideados en
función de la especial situación de cada uno de los organismos a cuyas leyes
orgánicas fueron incorporados han llegado a ser, por su multiplicidad, factor de
innumerables tropiezos y dificultades. (…).

De allí que el proyecto consigne los artículos de ley mediante los cuales se
establece un solo procedimiento ejecutivo para la cobranza judicial de
imposiciones, aportes y multas en los diversos institutos de previsión. Para ello,
se ha partido de dos ideas fundamentales: de una parte, mantener la competencia
que en lo tocante a este punto tienen actualmente los tribunales del trabajo,
cuidando, eso sí, de aclararla en forma de que afecte al cobro que pretenda
realizar cualquiera institución de previsión; de la. otra, haciendo aplicable, a la
ejecución respectiva, el procedimiento ejecutivo establecido en el Título I del
Libro III del Código de Procedimiento Civil, con las modificaciones que son
indispensables para hacerlo más breve y expedito aun y para adaptarlo a la
especial naturaleza de la obligación que se trata de hacer efectiva.” (Ibid., énfasis
agregado).

SEXTO: Que, la redacción actualmente vigente del artículo 8° fue
introducida por el artículo 1°, N° 11, literal a) de la Ley N° 20.023, que modificó




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la Ley N° 17.322, el Código del Trabajo y el D.L. N° 3.500, de 1980, publicada en el
Diario Oficial el 31 de mayo de 2005.

Dicho precepto dispone: “En el procedimiento a que se refiere esta ley, el
recurso de apelación sólo procederá en contra de la sentencia definitiva de
primera instancia, de la resolución que declare negligencia en el cobro señalado
en el artículo 4º bis, y de la resolución que se pronuncie sobre la medida cautelar
del artículo 25 bis. Si el apelante es el ejecutado o la institución de previsión o de
seguridad social, deberá previamente consignar la suma total que dicha
sentencia ordene pagar, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo anterior”. Como
se advierte de su tenor literal, el legislador extendió su ámbito de aplicación en
lo relativo al recurso de la apelación, ampliándose su procedencia contra las
resoluciones que declaren la negligencia en el cobro y las que se pronuncien
sobre la medida cautelar, en los términos que allí se indican.

SÉPTIMO: Que, no puede soslayarse que el Mensaje Presidencial que dio
inicio a la tramitación del proyecto que culminó en la Ley N° 20.023 enfatizó el
carácter esencial del cumplimiento de las cotizaciones previsionales, señalando
expresamente que “el sistema de Seguridad Social en Chile, se financia sobre la
base de las cotizaciones efectivamente enteradas, motivo por el cual el cobro de
las mismas reviste el carácter de esencial y su cumplimiento es de interés público
”, advirtiendo que la morosidad sostenida en el pago de las cotizaciones “podría
provocar el desfinanciamiento de este sistema y, en consecuencia, la falta de
protección del trabajador y su grupo familiar”. Más aún, agrega que “el impacto
que produce el no pago de este tipo de cotizaciones repercute potencialmente en el
aumento de los costos y la cobertura de las pensiones mínimas y asistenciales
otorgadas por el Estado”; para luego concluir destacando la relevancia de esta
iniciativa legislativa para disminuir “la morosidad en el pago de las cotizaciones
previsionales con el objeto de resguardar y hacer efectivos los derechos
previsionales y laborales de los trabajadores. Esto significará, en el futuro,
mejores pensiones para ellos y una mejor focalización en las personas más
necesitadas de los beneficios de pensión mínima garantizada por el Estado y de
Pensiones Asistenciales” (BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE, Historia
de la Ley N° 20.023, pp. 3-4).

En este contexto, la Ley N° 17.322 se configura como una normativa
destinada a diseñar los procedimientos ejecutivos en que se persigue el cobro
de cotizaciones, aportes y multas de las instituciones de seguridad social, cuyo
conocimiento compete a los Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional.

El referido diseño, como se sigue tanto del Mensaje que inició la
tramitación del proyecto que dio lugar a la Ley N° 17.322, como de aquel que dio
lugar a la Ley N° 20.023, tiene por objeto entregar las herramientas procesales
eficientes que permitan obtener el pago de determinadas obligaciones de




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fundamental relevancia para garantizar tanto los derechos de los trabajadores
como la estabilidad del sistema de seguridad social, estableciendo un
procedimiento de cobranza propio de un régimen ejecutivo único, ágil y eficaz,
orientado a superar las deficiencias estructurales y la dispersión normativa
que obstaculizaban la percepción oportuna de las imposiciones adeudadas.

OCTAVO: Que, en cuanto al conflicto de constitucionalidad planteado
por la requirente, debe repararse en que el precepto impugnado es una
disposición que delinea la fisionomía del recurso de apelación en el
procedimiento de cobranza previsional, por lo que incumbe al ámbito
normativo del instituto constitucional comúnmente denominado debido
proceso. Dicho instituto, si bien cuenta con reconocimiento constitucional,
encuentra su desarrollo normativo primario a nivel legal, cuya subsistencia
institucional es garantizada por la propia Carta Fundamental.

En efecto, la Constitución asegura la existencia de un procedimiento
“racional y justo”, pero no impone un modelo único o determinado de
procedimiento aplicable. La configuración concreta de las garantías que
integran este estándar corresponde, por tanto, a la potestad del legislador. Así
ha sido reconocido por esta Magistratura, al sostener que “la Carta
Fundamental no precisa los componentes del debido proceso, delegando en el
legislador la potestad para definir y establecer sus elementos (STC Roles N°s 576
y 1557). De esta manera, es claro que no existe un modelo único de expresión de
las garantías integrantes del debido proceso en Chile (STC Rol N° 1838)” (STC Rol
N° 2.204-12, c. 13°).

NOVENO: Que, en esta línea, si bien es efectivo que el derecho al recurso
es un componente del debido proceso, también es cierto que su reconocimiento
“depende de múltiples circunstancias sistémicas y de contexto procesal, o incluso
concretas, y no configura un requisito de validez del juicio per se” (STC Rol N°
2.798-15, c. 16°), por lo que el legislador no se encuentra constitucionalmente
obligado a asegurar la procedencia de todos los recursos en cada procedimiento
o permitir su ejercicio respecto de cualquier resolución judicial.

En consecuencia, el hecho de que no exista un recurso de apelación en
determinadas etapas o respecto de ciertos tipos de resoluciones no implica, por
sí mismo, una vulneración del debido proceso. La Constitución no consagra un
“derecho al recurso de apelación” ni una garantía general de “doble instancia”.
Al respecto, esta Magistratura ha sostenido reiteradamente que “[e]l legislador
es libre de establecer un sistema de recursos, en cuanto a su estructura, forma y
especificación que le parezcan pertinentes a la naturaleza de la controversia”
(STC Rol N° 7652-19, c. 4°), lo que se alinea con la presunción de
constitucionalidad de la ley y la deferencia debida a su potestad normativa.

DÉCIMO: Que, este Tribunal ha señalado que en el caso de los




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procedimientos laborales “el reconocimiento de la asimetría de poder entre los
intervinientes de la relación laboral, sumado a que las obligaciones del empleador
poseen una naturaleza alimentaria respecto del trabajador o trabajadora, dan
cuenta de que el estándar de ‘racionalidad y justicia’ impuesto al legislador por el
artículo 19 N° 3 de la Constitución, habilitan a la ley para poder crear
justificadamente un procedimiento diferenciado y estructurado en instituciones
procesales propias que, incluso, se pueden alejar del proceso civil tradicional,
fundados en el objetivo de brindar una tutela jurisdiccional efectiva y eficiente a
los derechos de las y los trabajadores” (STC Rol N° 14.619-23, c. 18°).

A su vez, respecto de los procedimientos ejecutivos, esta Magistratura ha
señalado que “un procedimiento de ejecución no está exento del cumplimiento de
las reglas del debido proceso a su respecto. Es natural que las garantías de
racionalidad sean menos densas, se reduzcan plazos, pruebas, se incrementen las
presunciones, etcétera. Todo lo anterior incluso es exigido desde la perspectiva de
los derechos fundamentales. Es así como el legislador puede desarrollar
procedimientos en el marco del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas
(artículo 14.3, literal c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) y
que tengan a la vista la naturaleza de los intereses en juego. En tal sentido, el
ejercicio de reglas de garantía lo podemos situar dentro de los procedimientos de
menor entidad. En segundo lugar, los procedimientos ejecutivos se pueden dar en
un contexto de única instancia y sin necesidad de propiciar impugnaciones latas.
Justamente, el sentido de este tipo de procedimientos es alejarse de modalidades
de amplia discusión e impugnación. Sin embargo, aun en las circunstancias
plenamente ejecutivas, la intervención de la justicia, mediante un “recurso
sencillo y rápido” (artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos), debe contener un sentido finalista y constitucional en relación al
procedimiento” (STC Rol N° 13.067-22, c. 8°).

DÉCIMO PRIMERO: Que, en el procedimiento en cuestión confluyen las
características propias de los procedimientos laborales, como también, aquellas
de los procedimientos ejecutivos. En consecuencia, y en virtud de las
disposiciones que delinean su estructura, el objetivo primordial del
procedimiento es garantizar “un efectivo y oportuno cobro de los créditos
laborales, como también evitar incidencias innecesarias y que limitan las
excepciones, sin vulnerar las garantías del ejecutado, pero que otorgan
efectividad a los derechos de los trabajadores y el acceso a la justicia” (STC Rol N
° 13.029-22, c. 16°).

Asimismo, la naturaleza previsional de la obligación cuya ejecución se
persigue tiene una relevancia fundamental para la caracterización del presente
procedimiento. En este sentido, la Ley N° 17.322 establece reglas especiales,
entre ellas la que se impugna en el presente caso, con el fin de establecer
mecanismos eficaces que aseguren los derechos constitucionales de los



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trabajadores, así como la protección del sistema de seguridad social y el interés
público comprometido en este ámbito.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, conforme a lo expuesto, el diseño del debido
proceso en el presente caso se define por las particularidades propias de la
relación laboral, así como por la especial naturaleza de la obligación cuya
ejecución se persigue, que corresponde al pago de las cotizaciones
previsionales de los trabajadores, cuyo cumplimiento, en virtud del inciso
tercero del artículo 19 numeral 18 de la Constitución, es obligatorio por
mandato de la ley.

En este contexto, se observa que la disposición cuya constitucionalidad
se reprocha, está orientada a evitar la dilación en el pago de las cotizaciones
adeudadas por el empleador. En efecto, el legislador, al prever que el ejercicio
del derecho a recurrir por parte del empleador podría retrasar el cumplimiento
del derecho del trabajador a recibir sus cotizaciones, estableció una limitación
de su procedencia, únicamente respecto de determinadas resoluciones
judiciales, lo que se sostiene en consideración a la finalidad de evitar demoras
injustificadas en perjuicio del interés público comprometido en la oportuna
recaudación de tales recursos.

DÉCIMO TERCERO: Que, en todo caso, cabe advertir que la requirente
no impugnó el artículo 472 del Código del Trabajo, disposición de aplicación
general en los procedimientos de cobranza laboral y que, asimismo, consagra la
limitación recursiva cuestionada por la actora. Por consiguiente, aun cuando
esta Magistratura acogiera el requerimiento, no se produciría el efecto
pretendido por Asociación Hacienda Santa Martina Nature Club & Golf, por
cuanto dicha limitación seguiría operando en virtud de lo dispuesto en el
referido artículo, impidiendo igualmente la interposición de un recurso de
apelación en contra de la resolución que rechazó la objeción a la liquidación del
crédito deducida por su parte en el procedimiento de cobranza.

DÉCIMO CUARTO: Que, finalmente, en relación con la alegada
infracción a la igualdad ante la ley, no resulta pertinente la comparación que
efectúa la actora con “el procedimiento ejecutivo previsto en las leyes comunes”
(f. 9), atendidas las diferencias y características propias del procedimiento
ejecutivo laboral, latamente desarrolladas en los considerandos precedentes.
Por ello, en tanto la disposición impugnada responde a un fin legítimo y a
fundamentos razonables y objetivos, no se advierte una infracción al artículo
19, número 2 de la Constitución.

DÉCIMO QUINTO: Que, en virtud de lo expuesto, este Tribunal estima
que la limitación recursiva establecida en el artículo 8° de la Ley N° 17.322 no
vulnera el derecho al recurso de la requirente ni de su derecho a la igualdad
ante la ley. Por el contrario, se trata de un diseño razonable y justificado en



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atención a la especial naturaleza del procedimiento de cobranza previsional, la
relevancia de los derechos involucrados y el interés público comprometido en la
pronta recaudación de los recursos del sistema de seguridad social. En
consecuencia, al no verificarse en el presente caso las infracciones
constitucionales denunciadas, el requerimiento tampoco puede prosperar a su
respecto.



II. SEGUNDO CAPÍTULO
En cuanto a la impugnación al artículo 19, inciso
decimotercero, segunda parte, del D.L. N° 3.500, en la oración:
“El interés que se determine en conformidad a lo dispuesto
en los incisos anteriores se capitalizará mensualmente”.


DÉCIMO SEXTO: Que, luego de verificarse la vista de la causa, se
procedió a votar el acuerdo respectivo obteniéndose el resultado que a
continuación se enuncia:

La Presidenta del Tribunal, Ministra señora DANIELA MARZI MUÑOZ, las
Ministras señoras NANCY YÁÑEZ FUENZALIDA, MARÍA PÍA SILVA GALLINATO Y
CATALINA LAGOS TSCHORNE, y el Ministro señor MARIO GÓMEZ MONTOYA votaron
por rechazar la acción deducida.

Por su parte, los Ministros señores MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ,
RAÚL MERA MUÑOZ y HÉCTOR MERY ROMERO, y las Ministras señoras MARCELA
PEREDO ROJAS y ALEJANDRA PRECHT RORRIS estuvieron por acoger el
requerimiento.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, en esas condiciones, se ha producido empate
de votos, con lo cual, atendido el quorum exigido por el artículo 93, inciso
primero, N° 6, de la Carta Fundamental para acoger un requerimiento de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad, y teniendo en cuenta, de la misma
forma, que por mandato del literal g) del artículo 8° de la Ley N° 17.997,
Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, el voto de la Presidenta de
esta Magistratura no dirime un empate, como el ocurrido en el caso sub-lite, y,
no habiéndose alcanzado la mayoría para acoger el presente requerimiento de
inaplicabilidad en este capítulo, éste deberá ser necesariamente desestimado.



VOTO POR RECHAZAR

La Presidenta del Tribunal, Ministra señora DANIELA MARZI MUÑOZ,
las Ministras señoras NANCY YÁÑEZ FUENZALIDA, MARÍA PÍA SILVA GALLINATO Y
CATALINA LAGOS TSCHORNE y el ministro señor MARIO GÓMEZ MONTOYA
votaron por rechazar la acción deducida.



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0000432
CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS




1°. Que, por otro lado, el requerimiento solicita la declaración de la
inaplicabilidad por inconstitucionalidad del inciso decimotercero del artículo
19 del D.L. N° 3.500, en la parte que establece como medio de determinación del
interés derivado del no pago oportuno de cotizaciones de seguridad social, la
capitalización mensual de intereses.

Como conflicto de constitucionalidad, Asociación Hacienda Santa
Martina Nature Club & Golf alega que la aplicación del inciso decimotercero del
D.L. N° 3.500 resulta contraria al principio de proporcionalidad –especialmente,
el de proporcionalidad de las penas– que se desprende del derecho a un
racional y justo procedimiento, previsto en el inciso sexto, del artículo 19,
número 3 de la Carta Fundamental, y de la proscripción de la arbitrariedad
contenida en el artículo 19, número 2 de la Constitución Política.

2°. Que, el inciso decimotercero del artículo 19 del D.L. N° 3.500 establece
un sistema agravado de pago de cotizaciones previsionales, consistente en que
éstas, en caso de retardo, se enterarán considerando no sólo el monto de lo
adeudado más reajustes e intereses, sino que, además, la capitalización mensual
de éstos últimos. De ahí que la norma prevea una hipótesis de anatocismo.

3°. Que, a este respecto, expone la actora, que “[a] la luz, del examen de
proporcionalidad, se constata que las sanciones establecidas en el artículo 19
inciso 13 del Decreto Ley N°3500, no logran sortear dicho análisis” (f. 18), para
luego describir, de acuerdo con los elementos propios de dicho examen, cómo
se verificaría, a su juicio, la infracción alegada.

4°. Que, tal como se ha señalado en jurisprudencia reciente de esta
Magistratura (véanse STC Roles N° 15.672-24, 15.858-24, 15.859-24, 15.860-24,
15.902-24, 15.763-24, entre otras), el examen de proporcionalidad consiste en
una estructura escalonada de razonamiento articulada en base a cuatro pasos
de análisis de la medida que establece una norma impugnada, a saber: (i) la
existencia de un fin legítimo, (ii) su adecuación, (iii) la necesidad de la medida y,
(iv) su proporcionalidad en sentido estricto.

5°. Que, la legitimidad del fin perseguido por el legislador a través del
anatocismo previsto en la disposición impugnada resulta evidente: se pretende
proteger las cotizaciones del trabajador, que, habiendo mediado una relación
laboral, ocupó una posición desigual respecto del empleador, lo que no sólo
constituye una finalidad perfectamente legítima, sino que, además, resulta
concordante con el mandato constitucional que conmina al legislador a
resguardar el derecho a la seguridad social y a asegurar la protección del
trabajo, ambas garantías consagradas en el artículo 19 números 18 y 16 de la
Carta Constitucional, respectivamente.




13
0000433
CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES




6°. Que, en relación con la adecuación –es decir, en el análisis que cabe
realizar para determinar si la medida examinada resulta idónea para lograr la
legítima finalidad perseguida– la requirente señala que “en los empleadores, el
fin disuasivo no se cumple, antes del retardo en el pago de las cotizaciones
previsionales” y tampoco “luego de producido el retardo, puesto que, la cuantía
absolutamente desproporcionada de estas deudas que propician dichos
preceptos, hacen a lo menos improbable su pago” (fs. 18-19).

Ahora bien, en ejercicio de las competencias que para ello le entrega la
Constitución, el legislador estimó que la figura del anatocismo sí resulta idónea
para alcanzar la finalidad antes dicha, en tanto constituye un poderoso
incentivo para que el pago de las cotizaciones se efectúe de manera oportuna,
considerándose, en consecuencia, como un medio que reviste la aptitud de
lograr el objetivo perseguido.

En efecto, el Mensaje de la iniciativa de ley que introdujo la disposición
impugnada en 1993 –a saber, la Ley N° 19.260, que modifica la Ley N° 17.322 y el
Decreto Ley N° 3.500, de 1980, y dicta otras normas de carácter previsional–,
contiene la evaluación realizada en torno a su idoneidad, y da cuenta que la
definición de este mecanismo surge a propósito de la insuficiencia de los ya
existentes. Éste describe las razones que dieron lugar a la presentación del
proyecto de ley como sigue: “desde la fecha en que el Nuevo Sistema de Pensiones
entró en vigencia, y transcurridos 10 años desde entonces, se ha podido detectar
que los mecanismos legales contemplados en el Decreto Ley N°3.500, de 1980, y
normas complementarias, para el cobro de las cotizaciones previsionales
adeudadas por los empleadores a sus trabajadores son insuficientes, lo que ha
provocado un aumento considerable de la deuda previsional del Nuevo Sistema.
Para evitar que la situación descrita continúe desarrollándose de igual forma, se
ha estimado necesario introducir algunas modificaciones relativas al
procedimiento aplicable a la cobranza de cotizaciones y a incentivar esta última”
(BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL, Historia de la Ley N° 19.260, p. 4).

En particular, se explica que el precepto contenido en el inciso
decimotercero del artículo 19 del Decreto Ley N° 3.500 incorporó la figura del
anatocismo en tanto “el sistema actual, al no establecer la capitalización de los
intereses, importa aplicar interés simple a las referidas sumas adeudadas, lo que
incentiva a los empleadores a postergar el pago de las imposiciones. En efecto, en
la medida en que el Sistema Financiero deba contratar créditos con interés
compuesto, al empleador moroso le resulta más conveniente utilizar las sumas
correspondientes a imposiciones previsionales, las que devengan interés simple.
Esta situación resulta aún más conveniente para el empleador en la medida que
posterga por mayor tiempo el pago de las cotizaciones adeudadas” (Ibid., p. 3).




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0000434
CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO




Por lo anterior, a diferencia de lo argüido por la Asociación Hacienda
Santa Martina Nature Club & Golf, no resulta procedente que esta Magistratura
cuestione el mérito de dicha definición, así como tampoco se encuentra dentro
de la competencia de este Tribunal evaluar la eficacia de una política pública
como aquella diseñada en el inciso decimotercero del artículo 19 del D.L. N°
3.500. De ahí que, si el empleador persiste en la deuda, pese a que la normativa
legal prevé una hipótesis de anatocismo, el cuestionamiento no puede dirigirse
en contra de la efectividad del precepto impugnado, sino que, en realidad, debe
apuntar a la conducta del deudor.

7°. Que, en lo relativo a la necesidad –esto es, al determinar si se ha
optado por el medio menos lesivo o restrictivo de los derechos fundamentales
involucrados para dar cumplimiento al fin legítimo perseguido–, cabe observar
el límite establecido por el legislador en las normas impugnadas consiste en
que en ningún caso la capitalización puede fijarse por períodos inferiores a un
mes. Es decir, se toma la precaución de imponer restricciones temporales al
mecanismo, tornándolo eficiente, al buscar que su materialización no sea la
más lesiva o restrictiva de derechos.

En este contexto, resulta relevante recordar que el ámbito previsional no
es el único ámbito normativo en que nuestro ordenamiento jurídico contempla
la figura del anatocismo. El ejemplo más característico de la consagración de
esta figura se encuentra en la Ley N° 18.010, que establece normas para las
operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero que indica, cuyo artículo
9° dispone que podrá estipularse el pago de intereses sobre intereses en las
operaciones de dinero. Esa normativa, en el mismo sentido, fija idéntico límite
al establecido en la regulación impugnada, es decir, el de la capitalización
mensual.

A este respecto, esta Magistratura ha reconocido que la capitalización
mensual del interés “tiene límites temporales iniciales y finales. Y ellos dependen
de la voluntad unilateral del deudor, en cuestiones que son de orden público
laboral que le vienen impuestas al empleador” (STC Rol N° 3722-17, c. 29°. Criterio
reiterado en STC Roles N° 15.439-24, c. 6°; 15.736.24, c. 6°; y 15.747-24, c. 6°).

8°. Que, en relación con la proporcionalidad en sentido estricto, la
requirente no identifica cuál derecho fundamental entra en tensión con la
medida legislativa impugnada y, en definitiva, con los derechos fundamentales
y bienes constitucionalmente protegidos que aquella pretende resguardar. De
este modo, no es posible hacer un balance o comparación a efectos de ponderar
el grado de afectación que genera la medida respecto de algún otro derecho
fundamental que pudiera verse involucrado, por lo que no puede pretenderse
que esta Magistratura conjeture una premisa con el propósito de suplir el
déficit argumentativo expuesto en el requerimiento.




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0000435
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO




En cualquier caso, debe apuntarse a este respecto al fundamento que
trasciende a la norma, consistente en la protección del trabajador y el
resguardo a su derecho a la seguridad social, lo que da cuenta de un evidente
interés público comprometido del que no puede prescindirse (véanse STC Roles
N° 13.331-22 y 13.332-22).

9°. Que, en mérito de lo razonado, el requerimiento de inaplicabilidad
por inconstitucionalidad respecto del artículo 19, inciso decimotercero del D.L.
N° 3.500 no puede ser acogido, al no configurarse ninguna de las infracciones
constitucionales denunciadas por la requirente.



VOTO POR ACOGER

Los Ministros señores MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, RAÚL MERA
MUÑOZ y HÉCTOR MERY ROMERO, las Ministras señoras MARCELA PEREDO ROJAS
y ALEJANDRA PRECHT RORRIS estuvieron por acoger el requerimiento.

1°. Que, se ha requerido la inaplicabilidad del artículo 19 inciso
decimotercero del Decreto Ley N° 3.500, en virtud del cual el interés penal que
se aplica por el no pago oportuno de las cotizaciones previsionales se
capitalizará mensualmente;

1. Antecedentes

2°. Que, el denominado anatocismo “(…) es un cultismo que ha llegado
hasta nuestros días y cuyo contenido fácilmente se intuye aunque posteriormente
resulte más difícil precisarlo. Esta expresión, curiosamente, está ausente de todas
nuestras fuentes jurídicas y, lo más sorprendente aun, también de nuestros
históricos antecedentes jurídicos. (…) sin embargo, sí consta en las fuentes
literarias, concretamente en unas epistulae de Cicerón a Ático (…).

(…) El anatocismo ha sido por mucho tiempo una institución «maldita» en
el sentido de ser necesaria su persecución hasta intentar conseguir su
desaparición” (Alfonso Murillo Villar: “Anatocismo: Historia de una
Prohibición”, Anuario de Historia del Derecho Español, N° 69, 1999, pp. 497 y
511);

3°. Que, “[e]ste disfavor hacia el anatocismo se mantuvo hasta el siglo XIX
y, a la prohibición canónica del cobro de intereses, hay que añadir el principio
ideológico francés tendente a propiciar la tutela del deudor: el favor debitoris
(disfavor creditoris)” (María Medina Alcoz: “Anatocismo, Derecho Español y
Draft Common Frame of Reference”, Indret, Revista para el Análisis del Derecho
, N° 4, 2011, p. 5) hasta la dictación del Código Napoleónico en 1804 “(…) que
permitió la capitalización de intereses, aunque con algunas restricciones”
(Fernando Vidal Ramírez: “La Capitalización de Intereses”, Revista de la
Facultad de Derecho, N° 26, Pontificia Universidad Católica de Perú, 1968, p. 83);



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0000436
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS




4°. Que, en Chile, el Código Civil contenía, originalmente, dos
disposiciones relativas al anatocismo. El artículo 1.559 regla 3ª -referido a la
indemnización de perjuicios por la mora en el pago de una cantidad de dinero-
que dispone “los intereses atrasados no producen intereses” y el artículo 2.210
que, a propósito del contrato de mutuo, prohibía estipular intereses de
intereses, mientras que el Código de Comercio lo regulaba con limitaciones, en
sus artículos 617 y 804, a propósito de la cuenta corriente mercantil y el mutuo
mercantil;

5°. Que, por su parte, el Decreto Ley N° 455, de 1974, que fijó normas
respecto de las operaciones de crédito en dinero, mantuvo la prohibición de
pactar intereses sobre intereses. No obstante, los intereses de un capital
proveniente de una operación regida por dicho Decreto Ley podían producir
nuevos intereses, mediante demanda judicial o un convenio especial, con tal
que la demanda o convenio versara sobre intereses debidos al menos por un
año completo;

6°. Que, en fin, la Ley N° 18.010, de 1981, en el ámbito convencional o
contractual, derogó el artículo 2.210 del Código Civil y el Decreto Ley N° 455,
eliminando la prohibición del anatocismo, y dispuso, en su artículo 9° inciso
primero, que puede estipularse el pago de intereses sobre intereses,
capitalizándolos, pero, en ningún caso, la capitalización puede hacerse por
períodos inferiores a treinta días;

2. Marco legal en materia previsional

7°. Que, por su parte y conforme a lo dispuesto en el artículo 19 del
Decreto Ley N° 3.500, las cotizaciones contempladas en dicha normativa deben
ser declaradas y pagadas por el empleador, deduciéndolas de las
remuneraciones del trabajador, en la Administradora de Fondos de Pensiones a
que éste se encuentre afiliado, dentro de los diez primeros días del mes
siguiente a aquél en que se devengaron las remuneraciones y rentas afectas a
aquéllas.

Si el empleador no efectúa oportunamente la declaración será
sancionado con una multa a beneficio fiscal de 0,75 unidades de fomento por
cada trabajador cuyas cotizaciones no se declaren, mientras que si no se pagan
oportunamente, se reajustarán entre el último día del plazo en que debió
efectuarse el pago y el día en que efectivamente se realice, considerando la
variación diaria del Índice de Precios al Consumidor mensual del período
comprendido entre el mes que antecede al mes anterior a aquel en que debió
efectuarse el pago y el mes que antecede al mes anterior a aquel en que
efectivamente se realice.

Adicionalmente, para cada día de atraso la deuda reajustada devengará
un interés penal equivalente a la tasa de interés corriente para operaciones



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0000437
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE




reajustables en moneda nacional a que se refiere el artículo 6° de la Ley N°
18.010, aumentado en un cincuenta por ciento. Y si, en un mes determinado, el
reajuste e interés penal aumentado en la forma señalada en el inciso anterior,
resultare de un monto total inferior al interés para operaciones no reajustables,
o a la rentabilidad nominal de los últimos doce meses promedio de todos los
Fondos de Pensiones, todas ellas aumentadas en un cincuenta por ciento, se
aplicará la mayor de estas dos tasas, caso en el cual no corresponderá aplicación
de reajuste.

En todo caso, para determinar el interés penal, se aplicará la tasa vigente
al día primero del mes inmediatamente anterior a aquél en que se devengue y el
interés que se determine en conformidad a lo dispuesto en los incisos anteriores se
capitalizará mensualmente, conforme lo señala el precepto legal que estuvimos
por inaplicar.

Sin perjuicio de ello, cabe considerar también las normas contenidas en
la Ley N° 17.322 y lo previsto en el artículo 467 del Código Penal, respecto del
empleador que, en perjuicio del trabajador o de sus derechohabientes, se
apropie o distraiga el dinero proveniente de las cotizaciones que se descontaron
de la remuneración. Asimismo, las cotizaciones previsionales, multas, reajustes
e intereses gozan del privilegio establecido en el N° 5 del artículo 2.472 del
Código Civil. Y, en fin, los empleadores que no paguen las cotizaciones no
pueden percibir recursos provenientes de instituciones públicas o privadas,
financiados con cargo a recursos fiscales de fomento productivo;

8°. Que, de esta manera y con evidente base constitucional, en los
numerales 18° y 24° del artículo 19 de la Carta Fundamental, tal y como lo ha
señalado reiteradamente nuestra jurisprudencia (por ejemplo, en el Rol N°
7.442), el legislador ha contemplado una exigente normativa, con consecuencias
patrimoniales graves y hasta de orden penal, en caso que el empleador no
entere, oportunamente, las cotizaciones de los trabajadores, la que, en abstracto,
resulta respetuosa de los derechos constitucionales.

Así, desde luego, no sólo impone la obligación de pagarlas con los debidos
reajustes e intereses, ya agravados, sino que eleva estos últimos, disponiendo
que se capitalizarán mensualmente, y dota al crédito correspondiente de
privilegio para su cobro conforme a la legislación civil e, incluso, tipifica esa
conducta, cuando concurren los requisitos legalmente establecidos para tener
por cometido el delito respectivo;

3. Principio de proporcionalidad

9°. Que, el precepto legal que estuvimos por inaplicar dispone, en
consecuencia, una regla todavía mayormente agravada a las ya previstas para
el cálculo de las cotizaciones adeudadas, en virtud de la cual el interés penal que
corresponde aplicar a esa deuda se capitalizará mensualmente.



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0000438
CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO




Esta norma fue incorporada a nuestro ordenamiento jurídico por la Ley
N° 19.260, en 1993, con la evidente finalidad de incentivar el pago de las
cotizaciones previsionales. De esta manera, el objetivo perseguido por el
precepto legal es lícito y se encuentra amparado constitucionalmente, conforme
a lo dispuesto, como se ha dicho, en el artículo 19 numerales 18° y 24° de la Carta
Fundamental;

10°. Que, sin embargo, “(…) es sabido que esta Magistratura
Constitucional ha otorgado amplio reconocimiento al así llamado principio de
proporcionalidad (aspecto positivo) o de interdicción de la arbitrariedad (aspecto
negativo), el cual si bien no está enunciado gramaticalmente de manera explícita
en general, sí tiene en cambio nítidos fundamentos textuales específicos en la
Constitución, que permiten elucidarlo y enunciarlo por vía secundaria, con
validez general, como aquel en virtud del cual, sustantivamente, las diferencias de
trato en el contenido de la ley deben estar basadas en criterios objetivos,
reproducibles y explícitos, conforme con los valores y principios superiores que la
Constitución consagra, y en función de los fines legítimos que la misma
Constitución define, de manera que los efectos que existan sobre los derechos de
las personas, no se basen en motivaciones arbitrarias, inefables o disvaliosas, ni
excedan la medida equitativa razonable de intervención estatal en balance con su
fin. En ese sentido, cabe aludir al artículo 19, N° 2°, N° 16°, N° 22°, N° 26°, de la Ley
Fundamental, inter alia, según se ha invocado por este Tribunal Constitucional en
los roles N°s 280, 1153, 312, 467, 28, 53, 219, 811, 1217 y 1254. Ello, aparte de los
roles 2196 y 2365, pertinentemente invocados en el requerimiento” (c. 18°, Rol N°
2.648);

11°. Que, sobre esa base, “(…) la doctrina especializada ha comprendido
por proporcionalidad en sentido amplio, también conocida como prohibición de
exceso, “el principio constitucional en virtud del cual la intervención pública ha de
ser susceptible de alcanzar la finalidad perseguida, necesaria o imprescindible, al
no haber otra medida menos restrictiva de la esfera de libertad de los ciudadanos
(es decir, por ser el medio más suave y moderado de entre los posibles -ley del
mínimo intervencionismo-) y proporcional en sentido estricto, es decir ponderada
o equilibrada por derivarse de aquella más beneficiosa o ventajosa para el interés
general que perjudicial sobre otros valores o bienes en conflicto, en particular
sobre los derechos y libertades” (Javier Barnes, “Introducción al principio de
proporcionalidad en el Derecho comparado y comunitario”, en Revista de
Administración Pública, N° 135, 1994, p.500)” (c. 6°, Rol N° 9.299)”;

4. Aplicación al caso concreto

12° Que, conforme a lo señalado en los considerandos precedentes y
confrontando el precepto legal impugnado, sobre capitalización mensual de
intereses, con el principio constitucional de proporcionalidad, en el marco de la




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0000439
CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE




gestión pendiente, estuvimos por acoger la acción de inaplicabilidad intentada
en estos autos;

13°. Que, en primer lugar, ya se ha dicho que no hay duda acerca de la
legitimidad del fin perseguido por el legislador al establecer la completa y
exigente regulación que ha dispuesto el ordenamiento jurídico para incentivar
el pago oportuno de las cotizaciones previsionales. Es más, esa finalidad
encuentra sólido sustento en la Constitución, especialmente, en los numerales
18° y 24° del artículo 19, tal y como, sostenidamente, lo ha resuelto esta
Magistratura. Todo esto, en el plano abstracto de la evaluación del precepto
legal cuestionado;

14°. Que, sin embargo y en segundo lugar, llevado el análisis al caso
concreto, la aplicación del anatocismo aparece desproporcionada, pues
aumenta incrementalmente la deuda, más allá de lo necesario para el pago total
de lo debido, con sus reajustes e intereses ya agravados y debiendo incluso tener
en consideración también el promedio nominal de los Fondos de Pensiones;

15°. Que, así las cosas, la aplicación de una medida como la capitalización
de intereses -ex post y como efecto automático e ineludible para el Juez del
Fondo por disponerlo el precepto legal cuestionado- se vuelve
desproporcionada, dado que, como las cotizaciones no se enteraron
oportunamente, lo que procede es su pago debidamente reajustado, con
intereses agravados y teniendo en cuenta la rentabilidad nominal de los Fondos
de Pensiones, con lo que se resarcirá íntegramente al trabajador, por lo que los
montos derivados de la aplicación del anatocismo constituyen un exceso;

16°. Que, por último, estimamos que no obsta al pronunciamiento
estimatorio que no se haya impugnado la capitalización mensual de intereses
prevista en el artículo 22 de la Ley N° 17.322. Desde luego, porque ello no hace
desaparecer el resultado inconstitucional de aplicar, en la gestión pendiente, el
precepto legal impugnado en estos autos. Asimismo, porque la determinación
acerca de la preceptiva legal aplicable o no en dicha gestión corresponde al Juez
del Fondo. Y, finalmente, desde que, pronunciándose la inaplicabilidad de un
determinado precepto legal, si otros, idénticos o análogos a él, inciden también
en la gestión subyacente, será, precisamente, el Juez del Fondo quien, conforme
a lo dispuesto en el artículo 6° incisos primero y segundo de la Constitución,
deberá dotar de pleno sentido y eficacia al pronunciamiento de
inconstitucionalidad;

17°. Que, en definitiva, capitalizar mensualmente los intereses impone
un gravamen desmesurado sobre el patrimonio de la requirente, sin perjuicio
que el trabajador verá ingresados íntegramente a su cuenta de capitalización
individual los montos adeudados, debidamente reajustados y con los intereses
agravados correspondientes, incluso teniendo como rasero la rentabilidad




20
0000440
CUATROCIENTOS CUARENTA




promedio de los Fondos de Pensiones, de modo que lo añadido por el
anatocismo es desproporcionado, por lo que estuvimos por inaplicar el
precepto legal que sanciona a la requirente con la capitalización mensual de
intereses.



Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93, incisos
primero, N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y
pertinentes de la Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997,
Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,



SE RESUELVE:

I. QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD
DEDUCIDO A FOJAS 1, RESPECTO DEL ARTÍCULO 8°, INCISO PRIMERO,
PRIMERA PARTE, DE LA LEY N° 17.322.

II. QUE, HABIÉNDOSE PRODUCIDO EMPATE DE VOTOS, NO SE HA
OBTENIDO LA MAYORÍA EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 93, INCISO PRIMERO,
NUMERAL 6°, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA DECLARAR LA
INAPLICABILIDAD REQUERIDA RESPECTO DEL ARTÍCULO 19 INCISO
DECIMOTERCERO, SEGUNDA PARTE, DEL D.L. N° 3.500, EN LA ORACIÓN:
“EL INTERÉS QUE SE DETERMINE EN CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN
LOS INCISOS ANTERIORES SE CAPITALIZARÁ MENSUALMENTE”, POR LO
CUAL EN ESTE CAPÍTULO SE RECHAZA, ASIMISMO, EL REQUERIMIENTO
DEDUCIDO A FOJAS 1.

III. ÁLCESE LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA EN
AUTOS. OFÍCIESE.

IV. QUE NO SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE REQUIRENTE, POR
ESTIMARSE QUE TUVO MOTIVO PLAUSIBLE PARA LITIGAR



DISIDENCIA
Acordada la desestimación de la inaplicabilidad por
inconstitucionalidad del artículo 8°, inciso primero, primera parte, de la
Ley N° 17.322 con el voto en contra de los Ministros señores MIGUEL ÁNGEL
FERNÁNDEZ GONZALEZ, y HÉCTOR MERY ROMERO, y la Ministra señora MARCELA
PEREDO ROJAS, quienes estuvieron por acoger el requerimiento en este
capítulo, por las siguientes razones:

1°. Que, se ha requerido la inaplicabilidad del artículo 8° inciso primero
de la Ley N° 17.322 que hace procedente el recurso de apelación sólo respecto de
la sentencia definitiva de primera instancia, de la resolución que declare



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0000441
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO




negligencia en el cobro señalado en el artículo 4° bis y de la resolución que se
pronuncie sobre la medida cautelar del artículo 25 bis, por lo que la accionante
no puede interponerlo respecto de la resolución que rechazó la objeción a la
liquidación del crédito, en este caso;

2°. Que, por ende, la cuestión planteada en este segundo capítulo incide
en un ámbito específico que se vincula con un aspecto del derecho al recurso (c.
19°, Rol N° 3.119), puesto que no está en duda que el legislador ha conferido el
recurso de apelación en el marco del procedimiento regulado en la Ley N°
17.322, pero lo ha limitado sólo a las tres resoluciones referidas, de tal manera
que debemos dilucidar si impedir ese recurso respecto del rechazo de la
objeción a la liquidación del crédito resulta o no contraria a la Constitución;

3°. Que, la decisión que debemos adoptar “(…) deriva de la concepción que
se tenga de los recursos. Es claro que si éstos se entienden más como un
mecanismo de control jerárquico y no tanto como garantías de los justiciables
contra la arbitrariedad y errores que puedan cometer los tribunales en su
actividad de sentenciar, resulta bastante más llano el camino a reformas que
pretendan suprimir la doble instancia, que comienza a plantearse como
prescindible. En cambio, si el planteamiento es del recurso de apelación y la doble
instancia como garantía del justiciable, una reforma en la dirección indicada se
convierte rápidamente en una reformatio in peius que conculca la garantía al
doble examen del mérito” (Diego Palomo Vélez: “Apelación, Doble Instancia y
Proceso Civil Oral. A Propósito de la Reforma en Trámite”, Estudios
Constitucionales, Año 8 N° 2, 2010, p. 489);

4°. Que, desde esta óptica, no son estos sentenciadores los que deben
realizar esa opción, pues estimamos que ha sido resuelta por la Constitución, al
asegurar a todas las personas la igual protección de la ley en el ejercicio de los
derechos, el derecho a defensa jurídica y el derecho a un procedimiento
racional y justo, lo cual nos lleva a acoger el requerimiento, porque impide
someter, vía apelación, a revisión una decisión adoptada por el Juez del Fondo
que causa agravio a la parte que pretende impugnarla, vinculada con la
determinación de lo adeudado;

5°. Que, en este sentido, es menester considerar que nuestra
Constitución, en su artículo 19 N° 3°, precisamente por la amplitud con que fue
deliberadamente diseñado por el constituyente, configura una regla de amparo
de los derechos de las personas en juicio amplia y completa, de tal modo que no
cabe sino acudir al estándar constitucional para resolver la cuestión planteada;

6°. Que, ciertamente, la liquidación de lo adeudado constituye un acto
procesal de enorme trascendencia, dado que determina el monto preciso de lo
que se debe en el proceso que se sigue en su contra. De allí que la corrección o
incorrección del acto de liquidación no pueda ser considerada como una




22
0000442
CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS




cuestión menor o irrelevante para el ejecutado y la correcta determinación de
sus derechos en el marco del juicio respectivo. La requirente, entendiendo que
la liquidación que objetó se encuentra mal practicada, instó para que sea
revisada por el tribunal de Alzada, conforme a las cuestiones fácticas y jurídicas
que deben considerarse para determinarla.

Así, la limitación del medio de impugnación resulta la opción más
gravosa que pudo adoptar el legislador, dentro de un conjunto de otros medios
menos intensos que permitirían dar una tramitación y conclusión más rápida al
recurso de apelación, conjurando con ello el temor de dilación, pero sin
eliminar la posibilidad de revisión de resoluciones que pueden causar agravio a
las partes.

7°. Que, conforme se ha resuelto en ocasiones anteriores por esta
Magistratura, entre otros casos, en Rol N° 9.005, “el artículo 19 N° 3, inciso sexto
constitucional, obliga al legislador establecer un procedimiento racional y justo,
lo cual debe entenderse como la existencia de un debido proceso. Este mismo
Tribunal, siguiendo el criterio sentado en la historia del establecimiento del
artículo 19 N° 3° de la Constitución, ha afirmado que el derecho al recurso forma
parte de la garantía del debido proceso legal consagrada en el inciso sexto de la
norma aludida. En efecto, reconociendo que la Constitución no detalló, en su texto,
los elementos precisos que componen la garantía del debido proceso legal, ha
señalado que “el derecho a un proceso previo, legalmente tramitado, racional y
justo que la CPR asegura a todas las personas, debe contemplar las siguientes
garantías: la publicidad de los actos jurisdiccionales, el derecho a la acción, el
oportuno conocimiento de ella por la parte contraria, el emplazamiento,
adecuada defensa y asesoría con abogados, la producción libre de pruebas
conforme a la ley, el examen y objeción de la evidencia rendida, la bilateralidad de
la audiencia, la facultad de interponer recursos para revisar las sentencias
dictadas por tribunales inferiores” (…). En múltiples ocasiones ha sostenido, en
otros términos, que “El debido proceso contempla, entre sus elementos
constitutivos el derecho al recurso, el cual consiste en la facultad de solicitar a un
tribunal superior que revise lo resuelto por el inferior, y el racional y justo
procedimiento necesariamente debe contemplar la revisión de las decisiones
judiciales (STC Roles N°2743 C.26, 3119 C.19, 4572 C.13, entre otras)” (c. 9°, Rol N°
9.005);

8°. Que, en este sentido, ha sido el legislador, conforme a lo dispuesto en
el artículo 8°, quien ha resuelto someter el cobro de las cotizaciones, incluso en
su fase ejecutiva, al procedimiento judicial previsto en dicha normativa, de tal
manera que, con ello, ha decidido sujetarse al estándar constitucionalmente
exigible a esa especie de procedimientos, el cual requiere, al menos, que lo
decidido en primera instancia sea, por regla general, susceptible de ser revisado
por un Tribunal Superior, sin imponer condiciones que impidan el ejercicio del



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0000443
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES




derecho a la defensa y a un procedimiento racional y justo, como lo exige el
artículo 19 N° 26° de la Carta Fundamental;

9°. Que, por último, no está demás recordar que el texto original del
precepto legal cuestionado limitaba el recurso de apelación solo respecto de la
sentencia definitiva y que fue la Ley N° 20.023, en 2005, la que lo amplió para
impugnar también la resolución que declare negligencia en el cobro señalado
en el artículo 4° bis y la que se pronuncie sobre la medida cautelar del artículo
25 bis, sin que aparezcan antecedentes en la historia de esa modificación que
justifiquen haber restringido solo a esas tres resoluciones el recurso de
apelación;

10°. Que, en definitiva y por las razones expuestas, estuvimos por acoger
la inaplicabilidad solicitada de la primera parte del artículo 8° inciso primero de
la Ley N° 17.322, ya que, con este pronunciamiento estimatorio, la norma legal
cuestionada no quedaría reducida a impugnar solamente las resoluciones allí
indicadas, sino que procedería también admitirlo en contra de la resolución que
rechazó la objeción a la liquidación del crédito.



Redactó el primer capítulo de la sentencia y el voto por rechazar en el
segundo capítulo, la Ministra señora CATALINA LAGOS TSCHORNE; en tanto la
disidencia y el voto por acoger en el segundo capítulo fue escrita por el Ministro
señor MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ.



Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.
Rol N° 16.458-25 INA.




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CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO


Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 07/01/2026



Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida María Pía Silva Gallinato
Fecha: 07/01/2026 Fecha: 07/01/2026



Miguel Angel Fernández González Raúl Eduardo Mera Muñoz
Fecha: 08/01/2026 Fecha: 07/01/2026



Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 07/01/2026



Marcela Inés Peredo Rojas Alejandra Precht Rorris
Fecha: 07/01/2026 Fecha: 07/01/2026



Mario René Gómez Montoya
Fecha: 07/01/2026


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta,
Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros señora Nancy
Adriana Yáñez Fuenzalida, señora María Pía Silva Gallinato, señor Miguel Ángel
Fernández González, señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana
Lagos Tschorne, señor Héctor Mery Romero, señora Marcela Inés Peredo Rojas,
señora Alejandra Precht Rorris y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional, señor Sebastián
López Magnasco.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 08/01/2026




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