TC Rol 16486

Texto completo

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SETENTA Y SIETE


Santiago, cuatro de junio de dos mil veinticinco.



A fojas 70, téngase presente.



VISTOS

Y CONSIDERANDO:

1°. Que, a fojas 1, con fecha 16 de mayo de 2025, Álvaro David
González Salinas acciona solicitando, a lo principal, la declaración de
inconstitucionalidad por inconvencionalidad del artículo 80 inciso tercero
de la Constitución Política de la República. Luego, en el primer otrosí, a
fojas 11, requiere la declaración de inconstitucionalidad por
inconvencionalidad del artículo 40 del Auto Acordado contenido en el Acta
N° 108-2020, de la Excma. Corte Suprema, promulgado el 4 de septiembre
de 2020 y publicado en el Diario Oficial de 16 de septiembre de ese mismo
año. A su turno, en el segundo otrosí, a fojas 26, requiere la declaración de
inconstitucionalidad del artículo 40 incisos primero, segundo y cuarto del
recién anotado Auto Acordado.

Lo anterior, para que incida en el proceso administrativo Rol
AD-1071-2025, seguido ante la Corte de Apelaciones de Santiago;

2°. Que, la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó la
cuenta del requerimiento ante la Primera Sala;

3°. Que, desde ya, examinado el requerimiento al tenor de lo
previsto en el artículo 54 inciso segundo de la Ley Orgánica Constitucional
del Tribunal Constitucional, esta Sala ha constatado que concurre la causal
de inadmisibilidad prevista en su numeral 4°. Siguiendo lo razonado en
resolución recaída en causa Rol N° 11.016-21-CAA, c. 3°, la requirente no
argumenta con precisión la manera en que el auto acordado cuestionado
afecta el ejercicio de sus derechos constitucionales respecto de las
garantías que estima vulneradas;

4°. Que, el actor formula su requerimiento con tres peticiones
diversas en el marco de un procedimiento de remoción seguido en su
contra. Afirma que ante la Corte de Apelaciones de Santiago se sustancia
cuaderno de remoción bajo el Rol AD-1071-2025, indicando que la
aplicación del artículo 80 inciso tercero de la Constitución Política de la
República permitiría sancionarlo en dicho proceso, a pesar de que “el
mandato constitucional está referido exclusivamente a jueces” (f0jas 9). Por




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ello, agrega, “esa prescripción constitucional no puede interpretarse en el
sentido que valida la posibilidad de que la [Corte Suprema] pueda prescindir
del debido procedimiento referido en el artículo 8 de la [Convención Americana
sobre Derechos Humanos], numerales 1;2.b); 2.c) y 4, por lo cual su texto
resulta ser incompatible con la CADH y, por tanto, inconvencional e inaplicable
al caso concreto” (fojas 9).

De esta forma, acciona solicitando la declaración por vía de un
control de convencionalidad del artículo 80 inciso tercero de la
Constitución Política, por cuanto, la “remoción” a la que alude la
disposición, importa una expiración obligada de funciones y tiene, por
tanto, connotación disciplinaria, “en cuanto afecta los derechos del
sancionado. Al tenor del artículo 8, N° 1 de la CADH, esta resolución no
puede adoptarse sin que se respeten, a lo menos, las “garantías mínimas”
consultadas al efecto en dicho artículo, que son consustanciales al debido
proceso legal” (fojas 10);

5°. Que, posteriormente, a fojas 11 y siguientes, en el primer otrosí,
el requirente solicita la declaración de inconstitucionalidad por
inconvencionalidad del artículo 40 del Auto Acordado Acta N° 108-2020 de
la Excma. Corte Suprema, promulgado el 4 de septiembre de 2020, y
publicado en el Diario Oficial de 16 de septiembre de ese mismo año,
indicando que éste es disconforme con el artículo 8° de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.

Anota a fojas 12 que el Auto Acordado cuestionado “incumple
flagrantemente su inspiración, al irrespetar las “garantías judiciales”
vinculantes para los Estados miembros – entre los cuales, Chile12 – contenidas
en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos humanos (CADH),
especialmente en sus numerales 1; 2.b); 2.c) y 4” (fojas 12), disposición que,
agrega a fojas 17, es “inconvencional y también inconstitucional, por ser
contrario a la presunción de inocencia plasmada en el artículo 8.2 de la CADH”
(fojas 17), al permitir estimar que tenga por suficiente para resolver sobre
el procedimiento de remoción de los funcionarios judiciales que no gocen
de inamovilidad, “tener a la vista “su hoja de vida funcionaria” – que ya se
analizó en la instancia disciplinaria previa – y un simple “informe” del
funcionario “en que podrá expresar lo que estime conveniente a sus derechos”,
que debe evacuarse en el plazo de cinco días (inc. 2° del artículo mencionado).
Nítidamente, entonces, se advierte que, en el juicio de amovilidad, ordenado
abrir una vez sancionado Álvaro González Salinas, la presunción de inocencia
se revierte en su antónimo, la presunción de culpabilidad, porque los únicos
antecedentes que manejarán sus juzgadores, en el nuevo proceso de



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amovilidad, son los producidos en la fase disciplinaria, donde fue condenado”
(fojas 17).

El precepto cuestionado, junto a lo argumentado, explicad que
posibilita que no se formule acusación o formulación de cargos alguna
contra el funcionario judicial acusado, ni se le ofrece la posibilidad de
defenderse de un cargo de un cargo que no se diferencia de los que
justificaron la medida disciplinaria, esta garantía mínima tampoco se
respeta. Con ello, además, se contraviene la garantía del principio non bis
in idem, conforme lo establecido en los artículos 8.4 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y 14.7 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, así como la cobertura implícita que encuentra
en los incisos sexto y noveno del artículo 19 N° 3 de la Constitución, en
tanto, analiza a fojas 21, “la medida disciplinaria aplicada en el caso que
interesa implica someter al sancionado a un nuevo juicio, que afecta la
integridad de sus derechos laborales y estatutarios y que se puede traducir en
su exoneración, expresamente descartada en el procedimiento que culminó con
su suspensión del cargo. Tal posibilidad no puede concretarse si no se respetan
sus “garantías mínimas”, entre las cuales el principio non bis in idem”;

6°. Que, luego, en el segundo otrosí, a fojas 25 y siguientes, el
requirente acciona solicitando la inconstitucionalidad del artículo 40 incisos
primero, segundo y cuarto contenidos en el auto acordado recién anotado,
puesto que, en su alegación, se infringe el principio de reserva legal
establecido en el artículo 6° inciso primero de la Constitución y sus
derechos fundamentales desde las garantías del debido proceso a partir
de las exigencias contenidas en el artículo 19 N° 3 inciso sexto. Indica a
fojas 30 que no puede tenerse como racional y justo un procedimiento que
habilita al mismo órgano que por cuatro años ponderó el comportamiento
de este funcionario judicial como responsable y dotado de capacidad,
conocimientos, iniciativa, eficiencia, afán de superación, buenas relaciones
humanas y atención de público, para concluir que su desempeño es
incompatible con el “buen comportamiento” exigible constitucionalmente a
los jueces y funcionarios judiciales. Con ello, indica que el “cuaderno de
remoción representa una tercera oportunidad en que el mismo órgano,
vale decir, la Corte de Apelaciones de Santiago, en la especie, formula una
valoración del comportamiento del mismo funcionario, pero sin que en
esta tercera ocasión se le formule una acusación concreta, se le dé la
oportunidad de contestarla en un plazo razonable y de rendir prueba de
descargos, para en definitiva juzgarlo sobre la base de los mismos




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antecedentes ya analizados y justipreciados por el mismo ente resolutor”
(fojas 31);

7°. Que, respecto de la gestión en que inciden las solicitudes
formuladas a lo principal del libelo y en sus dos primeros otrosíes, explica
el actor que fue sancionado disciplinariamente por la Corte de Apelaciones
de Santiago con suspensión de funciones por sesenta días mediante
resolución de 18 de octubre de 2024, y que, ejecutoriada dicha sanción, se
ordenó dar inicio al procedimiento de remoción en su calidad de notario
público titular (fojas 2);

8°. Que, las disposiciones cuestionadas de inconstitucionalidad por
inconvencionalidad, a lo principal, corresponden al artículo 80 inciso
tercero de la Constitución Política, el que prescribe lo siguiente: “En todo
caso, la Corte Suprema por requerimiento del Presidente de la República, a
solicitud de parte interesada o de oficio, podrá declarar que los jueces no han
tenido buen comportamiento y, previo informe del inculpado y de la Corte de
Apelaciones respectiva, acordar su remoción por la mayoría del total de sus
miembros. Estos acuerdos se comunicarán al Presidente de la República para
su cumplimiento”.

Luego, en el primer otrosí, se cuestiona de inconstitucionalidad de
incisos del artículo 40 del Auto Acordado contenido en el Acta N° 108-2020,
en que se regula el procedimiento de remoción de funcionarios judiciales
que no gocen de inamovilidad. Prescriben lo siguiente, en lo impugnado:

“Artículo 40. Remoción de los funcionarios o las funcionarias que no
gocen de inamovilidad (tribunales no reformados). La Corte de la que depende
podrá iniciar el procedimiento de remoción de un funcionario o una
funcionaria que no goce de inamovilidad una vez ejecutoriada la sanción que le
fuere impuesta, por falta grave o muy grave. Esta determinación podrá ser
solicitada por el juez o la jueza del tribunal donde el funcionario o la
funcionaria trabaja.

Para los efectos señalados, deberán previamente reunirse en un
cuaderno los antecedentes contenidos en su hoja de vida funcionaria y todos
aquellos que se estimen relevantes, entre ellos, un informe del funcionario o de
la funcionaria en el que podrá expresar lo que estime conveniente a sus
derechos, que deberá evacuarse en el plazo de cinco días desde que es
requerido. (…).

Evacuadas las diligencias, se presentarán los antecedentes a la corte a
fin de que se pronuncie sobre la remoción, la que deberá adoptarse por la
mayoría del total de sus componentes”;



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9°. Que, examinando en cuenta el requerimiento deducido, la
gestión que invoca el actor para accionar en estos autos y el conflicto que
propone entre las normas impugnadas con los derechos constitucionales
que estima afectados en su ejercicio, es que se adoptó acuerdo para
declararlo derechamente inadmisible al tenor de lo previsto en el numeral
4° del artículo 54 inciso segundo de la Ley N° 17.997, Orgánica
Constitucional del Tribunal Constitucional. Siguiendo lo que se resolviera
en causa Rol N° 15.053-23-CAA, el libelo deducido no indica de forma
precisa y detallada “la manera en que el auto acordado y el precepto
constitucional afectan el ejercicio de los derechos constitucionales del
requirente”;

10°. Que, el señalado requisito se encuentra formulado en términos
negativos por el legislador orgánico constitucional. Busca no sólo que se
precise y desarrolle la contrariedad constitucional que supone la aplicación
en una concreta gestión, juicio o proceso penal pendiente de un
determinado precepto normativo (Rol N° 1924-11, c. 10°), sino que, junto a
ello, la impugnación que se presente activando la competencia del artículo
93 inciso primero, N° 2, de la Constitución, debe fundarse en el contraste
de las normas cuestionadas con un concreto derecho fundamental
previsto en la Constitución, no así con cualquiera de sus normas. A su
turno, y según se razonó en resolución recaída en Rol N° 7024-19, c. 10°, a
esta Magistratura le compete examinar desde la fundamentación que
desarrolla la parte requirente la aptitud que tengan los preceptos
cuestionados para afectar el ejercicio de los derechos fundamentales de
quien presenta la cuestión de inconstitucionalidad;

11°. Que, por ello, no basta para cumplir con el requisito del artículo
54 N° 4 de la ley orgánica constitucional la mera mención a la afectación de
una garantía fundamental, sino que, además, según se precisara en la
resolución de inadmisibilidad de causa Rol N° 7024-19, c. 19°, debe
acreditarse por quien formula la cuestión de inconstitucionalidad que la
eventual declaración de inconstitucionalidad permite “evitar el resultado
gravoso denunciado por el actor”. Esta precisa cuestión es la que no se
cumple en la especie y lleva -necesariamente- a la declaración de
inadmisibilidad;

12°. Que, según se ha explicado precedentemente, la impugnación
se sustenta en el cuestionamiento directo al artículo 80 inciso tercero de la
Constitución, a lo principal, como al artículo 40 del Auto Acordado
contenido en el Acta N° 108-2020, en los otrosíes, al contravenir el
estándar de racionalidad y justicia exigido por el Derecho Internacional de



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los Derechos Humanos y la Constitución Política, en tanto el procedimiento
que enfrenta prescindiría de diversas garantías esenciales.

Con todo, si bien el requirente efectúa un desarrollo teórico sobre el
control de convencionalidad que llama a ejercer a este Tribunal -a lo
principal y en el primer otrosí- y la eventual incompatibilidad de las normas
cuestionadas con estándares internacionales de derechos humanos, no
articula de manera suficientemente precisa y concreta la forma específica
en que, en la tramitación particular de la gestión que ha invocado, ha visto
mermadas las posibilidades de ejercer sus garantías fundamentales por
aplicación directa de las disposiciones cuestionadas y que ameriten el
efecto que puede generarse a partir de la competencia activada, esto es, la
inconstitucionalidad de las normas cuestionadas con el correspondiente
efecto derogatorio contenido en el artículo 94 inciso tercero de la
Constitución.

En contrario, de las peticiones sucesivas en que se estructura el
requerimiento, a lo principal y en sus dos primeros otrosíes, más bien se
controvierte directamente la norma constitucional que contiene un
determinado estándar de comportamiento, cuyo examen -en los términos
planteados en el libelo- es ajena al examen de inconstitucionalidad de un
auto acordado bajo la competencia del artículo 93 inciso primero N° 2 de la
Constitución.

Tal omisión permite advertir la ausencia de un conflicto
constitucional claro, preciso y detallado de modo tal que permita
comprender la contrariedad específica a la Constitución -en el ejercicio de
sus derechos fundamentales- que significaría la aplicación de las normas
cuestionadas en el caso concreto, tanto a lo principal como en el primer
otrosí, y que amerite el efecto derogatorio que se corresponde con la
acción deducida en la presente causa;

13°. Que, desde lo anterior, no es posible tener por adecuadamente
estructurado un contradictorio constitucional en virtud de la competencia
prevista en el artículo 93 inciso primero, N° 2, de la Constitución, surgiendo
la declaración de inadmisibilidad del requerimiento activado a lo principal
de fojas 1 y en sus dos primeros otrosíes.



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93,
inciso primero, N° 2°, de la Constitución Política y en los artículos 54, N° 4,
y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional de esta
Magistratura,



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SE DECLARA:



Derechamente inadmisible el requerimiento deducido a lo
principal, de fojas 1; a los otrosíes, estese a lo resuelto.



Notifíquese. Comuníquese. Archívese.

Rol N° 16.486-25 CAA.




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Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 04/06/2025



Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida Miguel Angel Fernández González
Fecha: 04/06/2025 Fecha: 04/06/2025



Héctor Antonio Mery Romero Alejandra Precht Rorris
Fecha: 04/06/2025 Fecha: 04/06/2025


Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por
su Presidenta, Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros
señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida, señor Miguel Ángel Fernández
González, señor Héctor Mery Romero y señora Alejandra Precht Rorris.

Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional.


María Angélica Barriga Meza
Fecha: 04/06/2025




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