TC Rol 16491

Texto completo

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NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS




2026

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
____________

Sentencia
Rol 16.491-2025
[15 de enero de 2026]

____________



REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DE LA FRASE “PARA
EFECTOS DEL COBRO JUDICIAL DE LAS PATENTES, DERECHOS Y
TASAS MUNICIPALES, TENDRÁ MÉRITO EJECUTIVO EL
CERTIFICADO QUE ACREDITE LA DEUDA EMITIDO POR EL
SECRETARIO MUNICIPAL”, CONTENIDA EN EL INCISO PRIMERO
DEL ARTÍCULO 47 DEL D.L. N° 3063, DE 1979, LEY DE RENTAS
MUNICIPALES, CUYO TEXTO REFUNDIDO Y SISTEMATIZADO
FUE FIJADO POR EL DECRETO N° 2385, DE 1996, DEL MINISTERIO
DEL INTERIOR.


INVERSIONES C & C LIMITADA Y DOÑA SAMIRE CELIKBAS BAYELLERE

EN EL PROCESO ROL C-1255-2024, SEGUIDO ANTE EL PRIMER JUZGADO DE
LETRAS DE OSORNO, EN CONOCIMIENTO DE LA CORTE DE APELACIONES
DE VALDIVIA BAJO EL ROL N° CIVIL-609-2025



VISTOS:

Que, con fecha 20 de mayo de 2025, Inversiones C & C Limitada y doña Samire
Celikbas Bayellere requieren la declaración de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad respecto de la frase “para efectos del cobro judicial de las patentes,
derechos y tasas municipales, tendrá mérito ejecutivo el certificado que acredite la deuda
emitido por el secretario municipal”, contenida en el inciso primero del artículo 47 del
D.L. N° 3063, de 1979, Ley de Rentas Municipales, cuyo texto refundido y
sistematizado fue fijado por el Decreto N° 2385, de 1996, del Ministerio del Interior,



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para que ello incida en el proceso Rol C-1255-2024, seguido ante el Primer Juzgado de
Letras de Osorno, en conocimiento de la Corte de Apelaciones de Valdivia bajo el Rol
N° Civil-609-2025.

La disposición legal impugnada dispone lo siguiente en su parte destacada:



“D.L. N° 3063, de 1979, Ley de Rentas Municipales, cuyo texto refundido y
sistematizado fue fijado por el Decreto N° 2385, de 1996, del Ministerio del Interior

(…)

Artículo 47. Para efectos del cobro judicial de las patentes, derechos y tasas
municipales, tendrá mérito ejecutivo el certificado que acredite la deuda emitido por
el secretario municipal. La acción se deducirá ante el tribunal ordinario competente y se
someterá a las normas del juicio ejecutivo establecidas en el Código de Procedimiento Civil”.



Síntesis de la gestión pendiente y del conflicto constitucional sometido al
conocimiento y resolución del Tribunal

Indica la parte requirente que la gestión pendiente corresponde al recurso de
apelación interpuesto para ante la Corte de Apelaciones de Valdivia en contra de la
sentencia definitiva dictada el 21 de diciembre de 2024, del Primer Juzgado de Letras
de Osorno. Dicha sentencia rechazó las excepciones opuestas por los ejecutados,
fundadas en los numerales 6, 7, 14 y 17 del artículo 464 del Código de Procedimiento
Civil, manteniendo la ejecución promovida por la Municipalidad de Osorno.

Expone la requirente que la Municipalidad de Osorno dedujo demanda
ejecutiva con fecha 3 de abril de 2024 en contra de Inversiones C & C Limitada y, en
forma solidaria, de doña Samire Celikbas Bayelle, por presunta deuda de patente
municipal. El requerimiento de pago en la sede ejecutiva se tuvo por realizado
fictamente al 27 de junio de 2024, y el título en que se sustenta la acción es el certificado
de deuda N° 067/2023, de fecha 6 de diciembre de 2023, suscrito electrónicamente por
el secretario municipal de Osorno.

Refiere que dicho certificado no contiene mención alguna al rol de una patente
municipal, ni a un folio correlativo de giro u orden de ingreso, ni a vencimientos
semestrales de una obligación tributaria concreta, limitándose a enunciar montos
anuales calculados sobre la base del capital propio tributario informado por el Servicio
de Impuestos Internos entre los años tributarios 2019 a 2023. El documento, además,
no explicita porcentajes de reajuste ni tasas de interés penal aplicados, y no consta que
exista patente otorgada o enrolada a nombre de la entidad ejecutada, ni que se haya
emitido giro municipal previo ni orden de ingreso que identifique el tributo y sus
períodos. Por ello, precisa que se trata de un certificado que crea la deuda en lugar de




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reflejarla, al no existir acto administrativo-tributario anterior que determine el hecho
gravado y la cuantía de la obligación.

Expone, con lo anterior, que la explicación de la existencia de este tipo de
certificados se halla en una licitación pública convocada por la Municipalidad de
Osorno para el “Cobro de los tributos y derechos que adeuden contribuyentes no enrolados
por concepto de patentes municipales”, adjudicada mediante Decreto Alcaldicio N° 7.038
de 16 de agosto de 2022 a la empresa Patricio Enrique Muñoz Aravena Asesorías
E.I.R.L.

En este sentido, indica que tanto la determinación de los supuestos deudores
como la cuantía de las deudas y su vencimiento fueron concebidos, en la práctica, por
el adjudicatario de la licitación, sin intervención sustantiva de los Departamentos de
Rentas y Tesorería de la Municipalidad. Ello se habría acreditado mediante
declaraciones de testigos, quienes señalaron que las respectivas unidades no
participaron en la determinación de los contribuyentes afectados ni de los montos
adeudados; siendo el mismo adjudicatario quien, bajo interés económico directo, en
atención al porcentaje de éxito pactado, llenó los certificados de deuda cuyo contenido
luego fue suscrito electrónicamente por el secretario municipal.

Añade que la ejecutante acompañó, además, una supuesta notificación
administrativa de requerimiento de pago, fechada el 14 de octubre de 2022, en la que
no se individualiza ninguna patente, rol, giro u orden de ingreso, ni se precisan
montos por períodos, limitándose a consignar una cifra global por “períodos
cobrados” 2019 a 2022, por $26.929.187. Esta comunicación habría sido firmada por el
representante legal del adjudicatario de la licitación, quien no es funcionario público,
con lo que la determinación del tributo y la generación del supuesto título ejecutivo
fue realizada por un particular carente de competencia para ejercer potestades
públicas.

Así, desarrolla la actora que no existe patente municipal otorgada ni enrolada;
no existe giro u orden de ingreso; no existen vencimientos semestrales; y la deuda
ejecutada no ha sido incorporada siquiera a la contabilidad, balances ni cuentas
públicas del municipio, según lo demostrarían los certificados de Tesorería y la
Cuenta Pública 2023 acompañada, y la ausencia de registro en la nómina de deudores
morosos. En consecuencia, argumenta que el certificado suscrito por el secretario
municipal no daría cuenta de un tributo previamente establecido por ley y
determinado por la autoridad competente, sino que constituiría el punto de partida
de la creación de un tributo inexistente, basado en una liquidación confeccionada por
un particular interesado, en contravención de los artículos 6° y 7° de la Constitución.

Al fundar el conflicto constitucional, indica que se contravienen la igualdad
ante la ley, el debido proceso y la tutela judicial efectiva, el principio de reserva legal
tributaria y los estándares de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en
cuanto a los derechos a un juicio justo y a un recurso efectivo, de acuerdo con el



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artículo 5° inciso segundo de la Constitución en relación con los artículos 8.1 y 25.1 de
ese cuerpo normativo internacional.

En cuanto a la contravención al artículo 19 N° 3 inciso sexto, sostiene que el
precepto impugnado, al atribuir mérito ejecutivo al certificado del secretario
municipal sin exigir la previa existencia de un acto administrativo válido que
determine el tributo ni contemplar un procedimiento declarativo anterior al cobro
ejecutivo, permite que la existencia y cuantía de la se definan en un procedimiento
ejecutivo civil, el cual fue diseñado históricamente para hacer valer obligaciones
indubitadas. Ello trasladaría al ejecutado la carga de desvirtuar un título que goza de
presunción de legalidad y que opera como “prueba privilegiada”, según
jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, dificultando la revisión de la legalidad
del acto administrativo que está en la base del cobro y obstaculizando el control
judicial de la inexistencia del hecho gravado o de la propia patente.

Luego, con relación a la vulneración al artículo 65 inciso cuarto, N° 1, de la
Constitución, alega que las patentes municipales son tributos que sólo pueden ser
establecidos por ley, y que sus elementos esenciales (hecho gravado, sujeto, base
imponible y tasa) deben emanar de la ley y aplicarse en la forma que ella determine.
En el caso concreto, indica que el hecho gravado descrito en el artículo 23 de la Ley de
Rentas Municipales, es decir, el ejercicio efectivo de actividad económica en un
determinado domicilio, no ha sido acreditado por la Municipalidad, y que, en la
práctica, es el certificado del secretario municipal, elaborado por el adjudicatario de la
licitación, el que crea una obligación tributaria inexistente. De este modo, el precepto
legal cuestionado de inaplicabilidad, al conferir mérito ejecutivo al certificado,
permitiría que un documento carente de soporte en un acto administrativo legalmente
dictado se transforme en fuente de un tributo no establecido por ley, vulnerando el
principio de reserva legal tributaria.

Consecuencialmente, expone la requirente que, respecto del derecho a un
procedimiento racional y justo, la disposición legal impugnada impide o restringe la
revisión judicial de la legalidad del certificado y de la inexistencia de la patente y de
la deuda, puesto que la discusión se canaliza a través de excepciones ejecutivas de
alcance limitado en un proceso que parte de la presunción de validez del título,
reforzada por la jurisprudencia que trata al título ejecutivo como prueba privilegiada.
Con ello, expone que se ha inventado un título ejecutivo sin previo cumplimiento de
un procedimiento administrativo, trasladando al deudor la carga de revertir un acto
que nunca fue debidamente tramitado, y que, por añadidura, habría sido generado
por un particular beneficiado económicamente con el resultado del juicio.

Finalmente, argumenta que lo antes desarrollado contraviene la igualdad ante
la ley y los estándares de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por
cuanto el contribuyente se enfrenta a un régimen en el que una simple certificación de
deuda, elaborada por un tercero interesado, tiene la misma fuerza que un título



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emanado de una determinación legítima de tributo, sin que exista un cauce adecuado
y oportuno para impugnar la inexistencia de la obligación ni la arbitrariedad del
procedimiento que dio origen al certificado. Ello generaría una discriminación
arbitraria en perjuicio de contribuyentes sometidos a un esquema de cobro y ejecución
más gravoso que aquel que se aplica a contribuyentes con patentes debidamente
otorgadas y registradas.



Tramitación

El requerimiento fue acogido a trámite por resolución de 2 de junio de 2025, a
fojas 202. Se confirió traslado a las demás partes para examinar el cumplimiento de
los requisitos de admisibilidad.

A fojas 929, por resolución de 25 de junio de 2025, se declaró la admisibilidad
del requerimiento y confirió traslado de fondo.



A fojas 939, en presentación de 7 de julio de 2025, la I. Municipalidad de
Osorno evacuó traslado y solicitó el rechazo del requerimiento.

La parte requerida sostiene que el requerimiento no plantea un verdadero
conflicto de constitucionalidad respecto de la aplicación del artículo 47 de la Ley de
Rentas Municipales, sino una discrepancia con la valoración de la prueba y con la
interpretación de normas de legalidad propia de la competencia de los tribunales
ordinarios, en particular del juez ejecutivo y de la Corte de Apelaciones de Valdivia.

Afirma que la disposición impugnada no es fuente de la obligación tributaria,
pues ésta deriva del artículo 23 del propio D.L. N° 3.063 y de las reglas del Código
Tributario, y que el artículo 47 se limita a otorgar fuerza ejecutiva al certificado de
deuda, sin impedir la oposición de excepciones ni el ejercicio de otros medios de
defensa.

Con todo, añade que el procedimiento de licitación y la actuación de la
empresa externa se desarrollaron bajo la supervisión de la Dirección de
Administración y Finanzas, que validó las actuaciones realizadas y el contenido de los
certificados, de modo que no existe una delegación inconstitucional de potestades
públicas en un particular. Destaca que la empresa ejecutada fue objeto de una
notificación administrativa previa, respecto de la cual pudo interponer recursos como
el reclamo de ilegalidad municipal o acciones de protección, y que sólo alegó
vulneración de su derecho de defensa una vez iniciada la ejecución y dictada la
sentencia, pese a haber tenido antes otras vías de impugnación.

Unido a lo anterior, la Municipalidad sostiene que no se ha configurado
infracción a la igualdad ante la ley, al debido proceso, a la reserva legal tributaria ni a
los estándares internacionales invocados, por cuanto el artículo 47 establece un



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mecanismo general y objetivo de cobro, aplicable a todos los contribuyentes, que se
inserta en un sistema en el que subsisten posibilidades de defensa administrativa y
judicial.



Precluido el plazo otorgado en la resolución de admisibilidad, a fojas 959, por
decreto de 21 de julio de 2025, se dispuso traer los autos en relación.



Vista de la causa y acuerdo

En Sesión de Pleno de 2 de diciembre de 2025 se oyó la relación pública y los
alegatos de los abogados señor Patricio Elías Sarquis, por la parte requirente, y señora
América Munita Zapata, por la parte de la I. Municipalidad de Osorno. Fue adoptado
acuerdo con igual fecha, conforme fue certificado por el relator a fojas 975.



Y CONSIDERANDO:



I. ANTECEDENTES DEL CASO CONCRETO Y DEL CONFLICTO
SOMETIDO A CONOCIMIENTO DE ESTA MAGISTRATURA

PRIMERO: Que, las requirentes, Inversiones C & C Limitada y doña Samire
Celikbas Bayellere, han deducido requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad respecto del artículo 47 inciso primero, primera parte, del D.L.
N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, en relación con el proceso Rol C-1255-
2024, seguido ante el Primer Juzgado de Letras de Osorno, en conocimiento de la
Corte de Apelaciones de Valdivia, por recurso de apelación, bajo el Rol N° Civil-609-
2025.

La impugnación se dirige específicamente contra de la expresión “para efectos
del cobro judicial de las patentes, derechos y tasas municipales, tendrá mérito
ejecutivo el certificado que acredite la deuda emitido por el secretario municipal”,
contenida en el citado precepto legal.

SEGUNDO: Que, la gestión judicial pendiente corresponde a un juicio
ejecutivo seguido en contra de ambas requirentes, en el que se persigue el cobro de la
suma de $52.925.459 por concepto de patente municipal, de conformidad con el
certificado de deuda N° 067/2023, de fecha 06 de diciembre de 2023, emitido por el
Secretario Municipal de la Municipalidad de Osorno.

En su calidad de ejecutadas, las requirentes opusieron las siguientes
excepciones previstas en el artículo 464 del Código de Procedimiento Civil:




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a) Falta de alguno de los requisitos o condiciones establecidos por las leyes para
que dicho título tenga fuerza ejecutiva (N° 7);

b) Falsedad del título (N° 6);

c) Nulidad de la obligación (N° 14); y,

d) Prescripción (N° 17).

Con fecha 21 de diciembre de 2024, el Primer Juzgado de Letras de Osorno
dictó sentencia definitiva, rechazando las excepciones opuestas y ordenando
continuar con la ejecución. En contra de dicha resolución, las ejecutadas interpusieron
recurso de apelación que, elevado a la Corte de Apelaciones de Valdivia, constituye
la gestión judicial pendiente en el presente caso.

TERCERO: Que, como conflicto de constitucionalidad, las actoras sostienen
que la aplicación del precepto impugnado resulta contraria a los numerales 2 y 3 del
artículo 19 de la Constitución Política, así como también a lo dispuesto en el artículo
65, inciso cuarto, N° 1, y al artículo 5°, inciso segundo, en relación con los artículos 8.1
y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En síntesis, se plantea que el inciso primero del artículo 47 del D.L. N° 3.063,
sobre Rentas Municipales, al permitir que un certificado de deuda emitido por el
secretario municipal constituya un título ejecutivo perfecto, confiere una presunción
de legalidad a un tributo determinado a través de un acto administrativo, respecto del
que no se verificó el hecho gravado –por tratarse, según afirman, de una deuda
inexistente–, sin que se contemplen mecanismos legales idóneos para su revisión
judicial posterior.

CUARTO: Que, este Tribunal Constitucional ha conocido y resuelto una serie
de requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del mismo
precepto impugnado, habiéndose consolidado una línea jurisprudencial en orden a
rechazar las impugnaciones, atendido que el precepto cuestionado no produce los
efectos inconstitucionales denunciados (STC Roles N° 16.233-25, 16.249-25, 16.256-25,
16.261-25, 16.276-25, 15.153-24, 15.344-24, 15.345-24, 15.608-24, 16.007-24, 16.434-25,
entre otras).

La presente sentencia hará suyos los argumentos desarrollados en las
decisiones previamente individualizadas, por cuanto en estos autos no se han
aportado antecedentes ni argumentos que supongan apartarse de lo ya resuelto por
este Tribunal. Sin perjuicio de ello, a continuación, se hará referencia a las alegaciones
específicas formuladas en el presente requerimiento.




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II. EL CUESTIONAMIENTO A LA INDEBIDA CONSTITUCIÓN DE UN
TÍTULO EJECUTIVO ES UN CONFLICTO DE MERA LEGALIDAD

QUINTO: Que, como primer acercamiento, resulta conveniente precisar que
el reproche formulado en el requerimiento se erige sobre la premisa de que la
obligación cuya satisfacción se persigue en el juicio ejecutivo tiene origen en una
patente municipal inexistente.

En efecto, las requirentes sostienen que, en virtud del precepto impugnado, “se
creó un tributo por un acto administrativo, sin verificación alguna del hecho gravado, sin
enrolamiento u otorgamiento de patente alguna y sin emisión de un giro, sin embargo, dicho
documento está dotado de una presunción de legalidad, (…) pese a que, en el caso concreto, ni
siquiera existe deuda” (fojas 35).

En el mismo sentido, agregan que “[s]ólo desde el momento en que se acredite el
ejercicio efectivo de la actividad gravada y se enrole una patente comercial, emitiéndose un giro
u orden de ingreso municipal, se verifica el tipo legal y se determina su cuantía para su cobro.
Antes de eso, no existe tributo y menos aún una deuda. (…) En la especie, no ha habido
acreditación alguna de la actividad por parte del municipio de Osorno y nos encontramos con
un secretario municipal, que certificó la deuda establecida por un particular interesado en las
resultas del juicio, adjudicatario de una licitación realizada por su municipio para el cobro de
patentes no enroladas o inexistentes, donde no ha habido emisión alguna de giro u orden de
ingreso municipal que determine la cuantía de la deuda, sus períodos de vencimiento y demás
menciones esenciales, pese a lo cual, dicho acto administrativo goza del privilegio de tener una
presunción de legalidad y de ser ejecutable, como título perfecto” (fojas 40-41).

SEXTO: Que, las afirmaciones transcritas dan cuenta que el conflicto no se
relaciona con la aplicación de las normas impugnadas, sino que, más bien, con la
indebida constitución del título ejecutivo que originó la demanda por parte de la
Municipalidad. De modo tal que es "la supuesta errónea aplicación de la norma
impugnada, utilizada para constituir el certificado que sirve como título ejecutivo, lo que
produciría las afectaciones de derechos constitucionales de los residentes, siendo en
consecuencia un conflicto ajeno a los que está llamado a resolver este tribunal. En efecto, si el
certificado debe "acreditar" una deuda y ella no existe, no podría dársele mérito ejecutivo lo
cual debe discutirse en un juicio declarativo sin que le corresponda a esta magistratura resolver
un problema que es de mera legalidad" (STC Roles N° 15.345-24, c. 2° del voto por
rechazar; 16.007-24, c. 4°; y 16.434-24, c. 3°).

Como se ha sostenido anteriormente por este Tribunal, lo que se cuestiona en
realidad es la legalidad del título ejecutivo, esto es, “el cumplimiento de los presupuestos
legales necesarios para que esté dotado de tales atributos, pero ello es una cuestión diversa a la
constitucionalidad del título mismo. Por ello, estimamos que el conflicto que expone el
requirente alude a una cuestión que escapa a la constitucionalidad concreta de la norma
impugnada y más bien se vincula a una controversia de naturaleza legal, que como tal compete
a los tribunales de la gestión judicial pendiente” (STC Rol N° 13.033-22, c. 18°). En este



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caso, a la Corte de Apelaciones de Valdivia al conocer del recurso de apelación
interpuesto por las requirentes.

SÉPTIMO: Que, no obstante lo anterior, las alegaciones de fondo planteadas
por Inversiones C & C Limitada y doña Samire Celikbas Bayellere tampoco cuentan
con asidero suficiente y deberán ser desestimadas en atención a las consideraciones
que se desarrollarán a continuación.



III. EL FINANCIAMIENTO MUNICIPAL, EL DECRETO LEY N° 3.063 DE 1979
Y LAS PATENTES MUNICIPALES

OCTAVO: Que, de acuerdo con el artículo 118 de la Constitución Política, las
municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad
jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la
comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y
cultural de la comuna. En cuanto a su financiamiento, el artículo 122 del texto
constitucional reconoce a los municipios autonomía para la administración de sus
finanzas, pudiendo la Ley de Presupuestos de la Nación asignarles recursos para
atender sus gastos, sin perjuicio de los ingresos que directamente se les confieran por
ley.

A su turno, la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades,
regula en su artículo 5°, letra h) como una atribución esencial de las municipalidades
la facultad de aplicar tributos que graven actividades o bienes que tengan una clara
identificación local y estén destinados a obras de desarrollo comunal, para cuyo efecto
las autoridades comunales deberán actuar dentro de las normas que la ley establezca.
Por su parte, el artículo 13, letra f) de la misma ley dispone que el patrimonio de los
municipios estará constituido por los tributos recién referidos, entre los cuales se
contemplan las patentes municipales reguladas en los artículos 23 y siguientes de la
Ley de Rentas Municipales. A continuación, el artículo 14 regula el Fondo Común
Municipal y su forma de redistribución, así como el conjunto de reglas de
administración financiera de las municipalidades.

NOVENO: Que, las referidas disposiciones constituyen el marco normativo
basal del financiamiento requerido para el desarrollo de las actividades y funciones
propias de los municipios. En este sentido, “una entidad pública de tanta envergadura
como es el municipio no puede desarrollar sus actividades y cumplir adecuadamente sus
funciones si no posee ingresos propios garantizados por ley”, razón por la cual “a través de
su evolución histórica siempre los municipios han dispuesto de una ley especial sobre Rentas
Municipales” (FERNÁNDEZ RICHARD, José (2011): Derecho Municipal Chileno. Editorial
Jurídica de Chile, Santiago, p. 132).

DÉCIMO: Que, en lo que interesa al presente análisis, el D.L. N° 3.063, de 1979,
sobre Rentas Municipales, regula en su Título IV, “De los impuestos municipales”,



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junto con el permiso de circulación de vehículos, a las patentes municipales. De
acuerdo con lo previsto en el artículo 23, la patente municipal corresponde a una
contribución propia del ejercicio de toda profesión, oficio, industria, comercio, arte o
cualquier otra actividad lucrativa secundaria o terciaria, sea cual fuere su naturaleza
o denominación. Asimismo, se gravan con esta tributación municipal las actividades
primarias o extractivas en los casos de explotaciones en que medie algún proceso de
elaboración de productos, y cuando los productos que se obtengan de esta clase de
actividades primarias, se vendan directamente por los productores, así como las
empresas o sociedades de inversión que adquieran o mantengan activos o
instrumentos, de cualquier naturaleza, de los cuales puedan obtener rentas derivadas
del dominio, posesión o tenencia a título precario como, asimismo, de su enajenación.

La patente grava la actividad que se ejerce por un mismo contribuyente, en su
local, oficina, establecimiento, kiosco o lugar determinado con prescindencia de la
clase o número de giros o rubros distintos que comprenda.

En cuanto al valor de la patente, la ley establece que por doce meses será de un
monto equivalente entre el dos y medio por mil y el cinco por mil del capital propio
de cada contribuyente, con límites entre una y ocho mil unidades
tributarias mensuales.

Están exentas del pago de la contribución de patente municipal las personas
jurídicas sin fines de lucro que realicen acciones de beneficencia, de culto religioso,
culturales, de ayuda mutua de sus asociados, artísticas o deportivas no profesionales
y de promoción de intereses comunitarios.

Los responsables del pago de las patentes, además de los propietarios de los
establecimientos o negocios sujetos a dicho pago, los administradores o regentes de
los mismos, aun cuando no tengan nombramiento o mandato constituido en forma
legal.

El contribuyente que se constituyere en mora de pagar quedará obligado,
además, al pago de los reajustes e intereses en la forma y condiciones establecidas en
los artículos 53, 54 y 55 del Código Tributario.

La mora en el pago de la contribución de la patente de cualquier negocio, giro
o establecimiento sujeto a dicho pago facultará al alcalde para decretar la inmediata
clausura de dicho negocio o establecimiento, por todo el tiempo que dure la mora y
sin perjuicio de las acciones judiciales que correspondiere ejercitar para obtener el
pago de lo adeudado. Del mismo modo, podrá el alcalde decretar la clausura de los
negocios sin patente o cuyos propietarios no enteren oportunamente las multas que
les fueren impuestas.

DÉCIMO PRIMERO: Que, aun cuando en el mencionado artículo 23 el
legislador optó por el vocablo “contribución” y no así el de “tributo” utilizado por el
texto constitucional, la doctrina ha precisado que ”la Constitución vigente utiliza la



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palabra “tributo” en reemplazo de los términos “contribuciones” e “impuestos”, que figuraban
en la pertinente disposición del anterior texto constitucional, de modo que la expresión tributo
ha sido utilizada por el constituyente de manera amplia, comprensiva de los derechos,
impuestos y contribuciones municipales en general” (FLORES RIVAS, Juan Carlos (2024):
“Rentas y Derechos Municipales”. En Jaime Arancibia Mattar, Rosa Fernanda Gómez
González y Juan Carlos Flores Ricas (Eds.): Estudios de derecho municipal. Marco
normativo, jurisprudencial y dogmático. DER, Santiago, p. 207). De esta manera, cabe
concluir que una patente municipal “no es otra cosa que un impuesto” (FERNÁNDEZ
(2011): Óp. Cit., p. 115).

DÉCIMO SEGUNDO: Que, atendida la naturaleza impositiva de las patentes
municipales, no sólo les resultan aplicables las normas y principios constitucionales
en materia de impuestos que la Carta Constitucional establece –tales como el principio
de legalidad, la reserva legal, la proporcionalidad y no afectación, de conformidad con
lo previsto en los numerales 20 y 22 del artículo 19, y en los artículos 63 y 65 de la
Constitución, (FERNÁNDEZ (2011): Óp. Cit., p. 115; y ARANCIBIA et tal. (2024): Ibid.)–,
sino que, además, la potestad municipal para llevar a cabo esta recaudación encuentra
su fundamento en los fines del Estado consignados en el artículo 1° de la Constitución.
Ello, desde que la promoción del bien común exige dotar al Estado, incluidas sus
entidades territoriales, de recursos suficientes para satisfacer las distintas necesidades
públicas. En el caso de las municipalidades, los ingresos provenientes de tributos
locales –entre los que se incluyen las patentes municipales– permiten financiar el
cumplimiento de las funciones que les son propias conforme al artículo 118 de la
Constitución.

DÉCIMO TERCERO: Que, en esta línea, esta Magistratura ha señalado que la
Constitución “consagra como finalidad el Estado la promoción del bien común y la integración
armónica de todos los sectores de la Nación, asegurando el derecho de las personas a participar
con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Para contribuir a estos fines se establecen
los tributos (…) [que son] una imposición legítima del Estado establecida en cumplimiento de
valores reconocidos en las Bases de la Institucionalidad, del más alto interés colectivo” (STC
Rol N° 2614-13, cc. 7°-8°).

Por su parte, la doctrina ha refrendado esta idea señalando que “el principal
objetivo de los impuestos es ser la fuente de financiamiento fundamental de las múltiples
actividades que el gobierno lleva a cabo en una sociedad en la práctica. Por lo tanto, una
importante razón por la cual los impuestos son necesarios, es servir de fuente de financiamiento
de todo el quehacer del gobierno” (YÁÑEZ HENRÍQUEZ, José (2016): “¿Por qué son
necesarios los impuestos?”. Revista de Estudios Tributarios (Centro de Estudios
Tributarios de la Universidad de Chile), N°16, p. 196).




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IV. SOBRE EL RACIONAL Y JUSTO PROCEDIMIENTO

DÉCIMO CUARTO: Que, como conflicto de constitucionalidad, las
requirentes sostienen que la aplicación del precepto impugnado resulta contraria al
artículo 19, número 3, inciso sexto de la Constitución y al artículo 5° inciso segundo
en relación con los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, en la medida que el artículo 47 del D.L. N° 3.063, de 1979, sobre Rentas
Municipales “impide, limita o restringe la necesaria, justa y oportuna revisión por un
Tribunal de justicia de un acto administrativo que goza de una presunción de legalidad, pese a
que, en su otorgamiento fue contrario a derecho” (fojas 35). A ello agregan que “al establecer
como título ejecutivo el certificado firmado por el secretario municipal, se establece una
obligación indubitada y se priva a esta parte del derecho a un recurso sencillo y rápido que nos
ampare en forma oportuna para la revisión efectiva del tributo” (fojas 42).

DÉCIMO QUINTO: Que, sin embargo, el argumento anterior desconoce que
el propio 47 en su inciso primero, dispone expresamente que la acción de cobro de
derechos municipales “se deducirá ante el tribunal ordinario competente y se
someterá a las normas del juicio ejecutivo establecidas en el Código de Procedimiento
Civil”. En consecuencia, las requirentes, en su calidad de ejecutadas, tienen el derecho
a ejercer su defensa a través de las excepciones pertinentes ante el tribunal de fondo,
como efectivamente aconteció en la gestión pendiente.

Ello reviste particular relevancia, pues “la circunstancia de que la mencionada Ley
de Rentas Municipales le haya conferido mérito ejecutivo al señalado certificado de deuda
emitido por el secretario municipal, no implica -de suyo- menoscabar el derecho a defensa que
a todas las personas aseguran los artículos 19, N° 3, y 38, inciso segundo, de la Constitución.
Lo anterior, por cuanto el mismo artículo 47, cuestionado, en lugar de estatuir un
procedimiento de auto tutela ejecutiva, previene que tal certificado solo debe fundamentar "la
acción [que] se deducirá ante el tribunal ordinario competente y se someterá a las normas del
juicio ejecutivo establecidas en el Código de Procedimiento Civil" (Resolución de
inadmisibilidad, Rol N° 7595-19, c. 7°).

DÉCIMO SEXTO: Que, en la especie, las requirentes cuestionaron la legalidad
del título ejecutivo mediante la interposición de las excepciones contempladas en los
numerales 6, 7, 14 y 17 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil. En
particular, respecto de la excepción prevista en el N° 7 –falta de los requisitos o
condiciones que la ley exige para que el título tenga fuerza ejecutiva– alegaron que “el
título fundante de la ejecución carece de las solemnidades necesarias para su otorgamiento,
exigencia y validez, en atención a la falta, omisión o inexistencia de rol de la patente en cuestión
y carecer también de giros y/o folio de los giros correlativos a dicha presunta patente, como
solemnidades esenciales y determinantes para la existencia o validez de una nómina de deudor
moroso por patente municipal. No puede haber un deudor sin deuda. Ni una patente sin un
folio y giro correlativo” (fojas 290).




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NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO




A este respecto, este Tribunal Constitucional ha relevado la importancia de la
excepción en comento, “como salvaguarda del debido proceso en el contexto del juicio
ejecutivo” al tratarse de “un mecanismo procesal idóneo para controlar la legalidad del título
ejecutivo en que se funda la cobranza”, ya que “permite al juez del fondo controlar si
efectivamente concurren en el instrumento fundante de la demanda ejecutiva, los requisitos o
condiciones establecidos por la ley para que tenga mérito ejecutivo” (STC Rol N° 3222-17, c.
15°). Es precisamente este control el que procuran erróneamente las requirentes a
través del presente requerimiento de inaplicabilidad.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, en la misma línea, esta Magistratura ha señalado
que el artículo 47 de la Ley de Rentas Municipales se trata de una disposición legal
que “confiere título ejecutivo a un determinado documento -certificado emitido por el
Secretario Municipal- respecto del cual, como tal, confiere fuerza compulsiva, suficiente para
que, previa revisión por la Judicatura Ordinaria, se disponga el respectivo mandamiento de
ejecución y embargo; otorgando al deudor el derecho a impugnarlo conforme a las reglas
generales, esto es, oponiendo las excepciones contempladas en el Ordenamiento Jurídico,
declaradas éstas admisibles y recibida las probanzas ofrecidas por las partes -ejecutante y
ejecutada- dictar la sentencia que se pronuncie respecto de aquéllas que, de acogerse se pone
término a la ejecución o se prosigue parcialmente; y, por el contrario, si se desestiman la
totalidad, se proseguirá con la tramitación para materializar el cumplimiento de que da cuenta
el título ejecutivo” (STC Rol N° 15.608-24, c. 4°).

DÉCIMO OCTAVO: Que, el certificado de deuda cuestionado constituye,
entonces, uno más entre los diversos títulos ejecutivos que el legislador ha reconocido
en ejercicio de la potestad normativa que la Constitución le confiere, tal como ocurre,
por ejemplo, con los títulos enumerados en el artículo 434 del Código de
Procedimiento Civil, así como con los previstos en legislaciones especiales (v.gr. aviso
de cobro de gastos comunes contemplado en el artículo 27 de la Ley N° 19.537 sobre
copropiedad inmobiliaria; finiquitos suscritos por el trabajador y el empleador,
autorizados por el Inspector del Trabajo, según lo prescrito en el artículo 464 del
Código del Trabajo; o las nóminas de deudores que se encuentren en mora sobre
obligaciones tributarias, firmadas por el Tesorero Regional o Provincial, según
corresponda, en los términos establecidos en el artículo 169 del Código Tributario).

Si bien las requirentes objetan la inexistencia de un acto declarativo previo a la
emisión del certificado de deuda, lo cierto es que dicho reparo desconoce que la
certificación es una técnica usual utilizada por el legislador con el objeto de facilitar y
dotar de celeridad al cobro de determinadas obligaciones. En materia tributaria, dicho
mecanismo cobra especial relevancia, atendida la finalidad recaudatoria que subyace
a la misma.

Así, se ha destacado que “los títulos ejecutivos derivados de obligaciones tributarias
son instrumentos jurídicos que facilitan su recaudación, cuyo origen está una relación jurídica
de derecho público, en la que el Estado actúa como acreedor y el contribuyente como deudor;



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NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE




siendo la ejecución forzosa un mecanismo legítimo para garantizar el cumplimiento de las
obligaciones fiscales” (SILVA ÁLVAREZ, Óscar (2025): “Títulos ejecutivos elaborados sin
la intervención del deudor: una propuesta de sistematización y de alcance de su
control judicial”. Revista Justicia & Derecho, vol. 8, N° 1, p. 6).

En definitiva, el reconocimiento legal del mérito ejecutivo de los certificados
de deuda municipal, en los casos previstos en el artículo 47 del D.L. N° 3.063, de 1979,
constituye un mecanismo coherente con la finalidad del sistema tributario, al permitir
una gestión recaudatoria municipal más eficiente, sin que ello suponga una afectación
del control judicial posterior destinado a resguardar los derechos de los
contribuyentes.

DÉCIMO NOVENO: Que, por lo anterior, la configuración como título
ejecutivo del certificado de deuda emitido por el secretario municipal no importa
vulneración alguna de la garantía procesales de las requirentes, desde que su eficacia
se encuentra necesariamente supeditada al conocimiento y posterior control del juez
competente, a través de un proceso jurisdiccional. Los eventuales problemas
vinculados con la falta de enrolamiento, giro vinculado a la patente y existencia misma
de la deuda son cuestiones que han precedido la certificación y, como ya se señaló,
corresponden a una materia que debe ventilarse en el juicio ejecutivo correspondiente,
sin que puedan ser revisados en esta sede.



V. SOBRE EL PRINCIPIO DE RESERVA LEGAL

VIGÉSIMO: Que, a su vez, las requirentes denuncian una vulneración al
principio de reserva legal consagrado en el artículo 65 inciso cuarto, N° 1 de la
Constitución. Para fundar esta parte del arbitrio, afirman que “el sistema aplicado por el
municipio de Osorno, implica respaldar la existencia de tributos establecidos por acto
administrativo infundado, abstracto, y no por la ley, al dotar de autarquía y presunción de
legalidad un acto administrativo dubitado y que debería requerir de un previo acto declarativo
de tal obligación de enrolamiento y consecuente giro, cobrándose la obligación principal y las
accesorias, por cierto, sólo después que ha sido enrolada y otorgada la patente, conforme a un
giro u orden de ingreso municipal congruente con el expediente administrativo, emitida por
funcionario competente” (fojas 41).

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, sin perjuicio de que respecto de esta
impugnación resultan plenamente aplicables las consideraciones ya vertidas para
desestimar las restantes alegaciones –todas ellas basadas en un cuestionamiento del
mérito del certificado emitido–, cabe precisar que la objeción planteada se funda en
una comprensión maximalista del principio de legalidad. Este Tribunal ha sostenido
que si bien dicho principio adquiere su expresión más rigurosa en el ámbito de la
tipicidad penal, “deriva del carácter general y del establecimiento de las bases esenciales de
un ordenamiento jurídico que constitucionalmente se exige a la ley” (STC Rol N° 2614-13, c.




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NOVECIENTOS NOVENTA




4°). En consecuencia, la Constitución no exige que el legislador agote en la ley la
descripción pormenorizada de todos los aspectos comprometidos en una determinada
relación jurídica, sino que basta que se consagre su estructura esencial y los elementos
que definen su contenido normativo.

En materia impositiva, ello se traduce en que “los elementos esenciales de la
legalidad tributaria deben encontrarse suficientemente señalados y precisados en la ley. Ello
dice relación con el hecho imponible, los sujetos obligados al pago, el procedimiento para
determinar la base imponible, la tasa, las situaciones de exención y las infracciones” (STC Rol
N° 718-07, c. 19°).

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, en el caso de autos, dicha exigencia se
encuentra cumplida. En efecto, los artículos 23 y siguientes del D.L. N° 3.063, de 1979,
sobre Rentas Municipales –según se expuso en considerando décimo precedente–
regulan de manera expresa:

a) el hecho gravado (artículo 23);

b) la base de cálculo del impuesto (artículo 24);

c) las exenciones (artículo 27);

d) los responsables del pago (artículo 31);

e) la determinación de intereses y reajustes del impuesto (artículo 48, en relación
con los artículos 53, 54 y 55 del Código Tributario);

f) las sanciones (artículo 52 a 58), entre otros aspectos del tributo.

De ello se sigue que, a diferencia de lo sostenido por las actoras, no es el
certificado de deuda el que crea autónomamente la obligación tributaria, pues su
función se limita, conforme al artículo 47 impugnado, a dotar de mérito ejecutivo a
una obligación previamente establecida por ley y cuyos elementos configuradores se
encuentran íntegramente descritos en el marco normativo aplicable.

VIGÉSIMO TERCERO: Que, finalmente, corresponde señalar que la letra b)
del artículo 20 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades,
asigna al secretario municipal la función de actuar como ministro de fe de todas las
actuaciones municipales. Tal atribución, por su propia naturaleza, se expresa en actos
administrativos de “constancia o conocimiento”, conforme a lo dispuesto en el artículo
3°, inciso sexto, de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos
Administrativos.

En consecuencia, la expedición del certificado de deuda constituye un acto
plenamente comprendido dentro de la competencia legal del secretario municipal,
ajustado al ordenamiento administrativo general y carente de la aptitud para alterar,
crear o modificar los elementos del tributo, previamente establecidos por la ley.




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NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO




VIGÉSIMO CUARTO: Que, por lo anterior, en tanto las alegaciones de las
requirentes relativas a una supuesta infracción del principio de reserva legal carecen
de fundamento, desde que la obligación tributaria que subyace al certificado de deuda
municipal se encuentra íntegramente establecida en la ley, la cual define de manera
suficiente sus elementos esenciales, el requerimiento tampoco puede prosperar a este
respecto.

VIGÉSIMO QUINTO: Que, en mérito de lo razonado, habiéndose descartado
las infracciones denunciadas, el presente requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad necesariamente debe ser rechazado y así se declarará.



Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93 incisos primero,
N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la
Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional
del Tribunal Constitucional,



SE RESUELVE:



I. QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD
POR INCONSTITUCIONALIDAD DEDUCIDO A LO PRINCIPAL
DE FOJAS 1. OFÍCIESE.

II. ÁLCESE LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA
EN AUTOS. OFÍCIESE.

III. QUE NO SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE REQUIRENTE
POR ESTIMARSE QUE TUVO MOTIVO PLAUSIBLE PARA
LITIGAR.



DISIDENCIA



Los Ministros señores RAÚL MERA MUÑOZ y HÉCTOR MERY ROMERO, y la
Ministra señora MARCELA PEREDO ROJAS, estuvieron por acoger el requerimiento
atendiendo a las siguientes razones:



I. CONFLICTO DE CONSTITUCIONALIDAD SOBRE EL MÉRITO EJECUTIVO DE
DEUDAS DUBITADAS ANTE EL DEBIDO PROCESO

1°. Que la requirente solicita a esta Magistratura que declare la inaplicabilidad
de la frase “para efectos del cobro judicial de las patentes, derechos y tasas municipales, tendrá



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NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS




mérito ejecutivo el certificado que acredite la deuda emitido por el secretario municipal”
contenida en el artículo 47, inciso primero, del Decreto Ley N°3.063, de 1979, sobre
rentas municipales, porque la aplicación en el caso concreto genera efectos contrarios
a los artículos 5° inciso segundo de la Constitución -en relación con los artículos 8.1 y
25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos-; 19 N°2 y N°3; y 65 inciso
cuarto N°1, todos ellos de la Constitución.

2º. Que el artículo 47, inciso primero, del Decreto Ley sobre rentas municipales
establece que “Para efectos del cobro judicial de las patentes, derechos y tasas municipales,
tendrá mérito ejecutivo el certificado que acredite la deuda emitido por el secretario municipal.
La acción se deducirá ante el tribunal ordinario competente y se someterá a las normas del
juicio ejecutivo establecidas en el Código de Procedimiento Civil”.

3°. Dicha norma surge en la Ley Nº19.388, que modificó a la ley de rentas
municipales respecto al “cobro de los impuestos, derechos y tasas” otorgando
derechamente “mérito ejecutivo al certificado emitido por el Secretario Municipal que
acredite la deuda, con lo cual se dota a las Municipalidades de una herramienta efectiva de
cobranza judicial, la que en la actualidad no existe”, entre otros objetivos (Mensaje
presidencial de 2 de julio de 1991, Boletín Nº396-06).

4º. Por ende, el precepto legal impugnado faculta al secretario municipal a
certificar de oficio con mérito ejecutivo deudas dubitadas que pueden ser cobradas
judicialmente por la autoridad comunal a través de la presentación de acciones
ejecutivas ante los tribunales ordinarios de justicia. Esto significa, entonces, que el
legislador ha habilitado a un órgano de la Administración del Estado para dictar,
unilateralmente, actos desfavorables para los administrados, que dan cuenta o
certifican la existencia de una supuesta deuda en favor de la autoridad municipal; los
cuales gozan de mérito ejecutivo.

5°. Con razón, la doctrina advierte que el medio de ejecución del acto
administrativo que da cuenta de la deuda por “tributos municipales (v.gr., patentes,
permisos, derechos y tasas), solo puede tener lugar la vía judicial, pero que tendrá mérito
ejecutivo el certificado que acredite la deuda emitida por el secretario municipal” (CORDERO
QUINZACARA, Eduardo (2023): Curso de derecho administrativo. Valparaíso, editorial
Libromar, p. 559).

6°. Que, el procedimiento municipal es por definición diverso al juicio
ejecutivo que conforme al debido proceso es un procedimiento destinado para obtener
el cobro compulsivo de obligaciones indubitadas que constan títulos que dan cuenta
de su autenticidad; y, por lo tanto, presupone que no existe duda sobre el crédito que
se pretende cumplir forzosamente. En cambio, en el caso de autos, el precepto legal
impugnado es de dudosa constitucionalidad si se piensa que se trata de mérito
ejecutivo sobre deudas dubitadas lo cual resulta contrario a la Constitución en razón
a la existencia de un justo y racional procedimiento.




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NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES




7°. Que la parte requirente sostiene en razón de la gestión pendiente de autos
el supuesto crédito que se le está cobrando es dubitado, pues ella cuenta con
antecedentes que darían cuenta de que no tiene deuda alguna con la Municipalidad,
entre ellos: i) un certificado de deuda, emitido por el encargado de la tesorería
municipal de Osorno, quien certificó que al 27 de junio de 2024 la sociedad requiere
“no registra deuda vencida” (f. 200 del expediente constitucional); ii) un certificado
emitido por la notaria pública titular de la 48ª notaría de Santiago, quien habría visado
como ministro de fe y certificado que la parte requirente no se encuentra dentro de la
nómina integrada de los deudores morosos de patentes comerciales de la
municipalidad de Osorno (f. 198 del expediente constitucional); entre otros
antecedentes.

8º. Así, la requirente-ejecutada alega no reconocer la deuda ni el carácter
indubitado que ella debiera tener para ser cobrada ejecutivamente en base a un
certificado emitido por un secretario municipal.



II. TEST DE INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD AL CASO CONCRETO

9º. Que en este contexto, la parte requirente presenta un requerimiento de
inaplicabilidad pues considera que la aplicación, en su caso concreto, de la frase “para
efectos del cobro judicial de las patentes, derechos y tasas municipales, tendrá mérito ejecutivo
el certificado que acredite la deuda emitido por el secretario municipal” contenida en el inciso
primero del artículo 47 del Decreto Ley sobre rentas municipales, genera efectos
contrarios a la Constitución porque permite a través de un certificado emitido por el
secretario municipal se cobre ejecutivamente una supuesta deuda por patentes
municipales, que a su juicio es dubitada al no existir ninguna verificación del hecho
gravado en su caso concreto.

Del mismo modo, considera que su derecho a la defensa se ve vulnerado por
la aplicación del precepto impugnado ya que, al permitir el cobro ejecutivo de la
supuesta deuda, las alegaciones que la requirente podría presentar en el proceso se
verían limitadas.

10º. Por tanto, estos jueces constitucionales en un test de subsunción del
precepto legal aplicable al caso a la luz de las garantías constitucionales alegadas por
el requirente razonan que resulta contrario a la Constitución que el secretario
municipal genere unilateralmente certificados con mérito ejecutivo para cobrar
supuestas deudas, aunque estas sean dubitadas. Ello porque el precepto legal
impugnado vulnera la garantía procesal constitucional contenida en el artículo 19 Nº3,
en su inciso sexto, establece que “Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe
fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer
siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos”.




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NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO




11°. A mayor abundamiento, esta Magistratura ha advertido que el debido
proceso reconoce como contenido mínimo “aquel que cumple integralmente la función
constitucional de resolver conflictos de intereses de relevancia jurídica con efecto de cosa
juzgada, protegiendo y resguardando, como su natural consecuencia, la organización del
Estado, las garantías constitucionales y, en definitiva, la plena eficacia del Estado de Derecho”
(STC Rol Nº1.130, c. 7).

12º. Y, es que, ese contenido mínimo supone que el debido proceso posee
elementos básicos que han sido identificados por este Tribunal Constitucional que
deben estar presentes en todo procedimiento, pues la ley, por mandato constitucional
“siempre, esto es sin excepción alguna, ha de contemplar un procedimiento que
merezca calificativo de racional y justo. De ahí que el legislador esté obligado a permitir
que toda parte o persona interesada en un proceso cuente con medios apropiados de defensa que
le permitan oportuna y eficazmente presentar sus pretensiones, discutir las de la otra parte,
presentar pruebas e impugnar las que otros presenten, (…) excluyéndose, en cambio, todo
procedimiento que no permita a una persona hacer valer sus alegaciones o defensas o
las restrinja e tal forma que la coloque en una situación de indefensión o inferioridad”
(STC Rol Nº1.140, c. 7º).

13º. En ese sentido, no cabe confundir el conflicto constitucional con la gestión
pendiente que resolverá el juez del fondo, ya que la norma legal permite que aquel se
resuelva con un precepto legal que posee efectos contrarios a la Carta Fundamental.
Ello porque la gestión pendiente, esto es, el procedimiento ejecutivo está diseñado
para lograr el cobro de una obligación que “se halla establecida de manera
indiscutida” (CORREA SELAMÉ, Jorge (2003): Juicio ejecutivo: doctrina jurisprudencia.
Santiago, Editorial LexisNexis, p.9).

14°. Por ende, el requirente sufre agravio constitucional porque por aplicación
del precepto legal impugnado limita la posibilidad de las partes de discutir sobre el
conflicto que se presenta ante el tribunal, sus antecedentes fundantes y la existencia
del crédito, pudiendo el deudor solamente oponerse a la ejecución mediante las
excepciones taxativamente contempladas para este tipo de juicio. Además, se
restringe la actividad probatoria, en comparación a los juicios declarativos ordinarios
afectando el principio de igualdad consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Carta
Fundamental.

15º. A mayor abundamiento, el certificado de deuda con mérito ejecutivo,
emitido por el secretario municipal, es un acto administrativo desfavorable que fue
dictado sin que existiera un procedimiento administrativo previo que respetara las
garantías de racionalidad y justicia que debe seguir todo procedimiento. (el
destacado es nuestro).

Ello porque “en la tramitación administrativa que tenga lugar deben aplicarse las
reglas legales que configuren un procedimiento racional y justo, como este Tribunal lo ha




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NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO




decidido en forma reiterada” (STC Rol Nº771, c. 16º), exigencia que supone el derecho
del administrado a defenderse; cuestión que no se dio en el caso concreto de autos.

16º. Por todo lo anteriormente expuesto, estos Ministros reafirman la
jurisprudencia previa de este Tribunal, dictada en casos similares, pues consideran
que, en este caso concreto, se ha vulnerado la garantía de un justo y racional
procedimiento ya que la norma legal “conduce a la emisión de un acto administrativo de
certificación, se hurta entonces a la requirente el derecho al juicio declarativo y, subrogando a
la cognición ordinaria, se somete el escrutinio del título a las reglas y a la lógica del juicio
ejecutivo. Este efecto pugna con el derecho a un procedimiento racional y justo pues, existiendo
una norma legal expresa que concede a la requirente un derecho determinado, corresponde al
Municipio controvertir judicialmente la existencia o el alcance de dicho derecho conforme éste
se ha ido decantando por décadas a partir de múltiples precedentes administrativos y decisiones
judiciales que han seguido a procesos declarativos de diversa naturaleza” (STC Rol Nº14.007,
c. 11º).

17°. Además, cabe precisar que, si bien el legislador puede establecer cuáles
son los títulos que tendrán mérito ejecutivo, y la finalidad de otorgarle herramientas
a los Municipios para mejorar el proceso de cobro de lo que se le adeuda parece
legítima en abstracto, nada de esto exime al legislador de contemplar siempre las
garantías propias de un procedimiento racional y justo; las cuales no serán respetadas
si se aplica el precepto impugnado en autos, ya que aquel produce un efecto contrario
a la Constitución al concederle “mérito ejecutivo a la certificación municipal que da por
acreditada una deuda que no es indubitada…” (STC Rol Nº14.007, c. 10º).

18º. Que el hecho de que la requirente pueda oponer excepciones durante el
juicio ejecutivo no obsta a que la aplicación del precepto impugnado genere efectos
contrarios a la Carta Fundamental, por cuanto la naturaleza misma de las reglas
procedimentales de ejecución impide que la ejecutada pueda controvertir y discutir
latamente sobre el crédito que la Municipalidad pretende cobrar restringiendo más
allá de su contenido mínimo el derecho a defensa del requirente en conformidad a la
garantía de seguridad jurídica de la regulación legal en materia de derechos
fundamentales.

19°. Con razón, la doctrina advierte que en los juicios ejecutivos la defensa del
ejecutado “tiene un carácter restrictivo, toda vez que su fundamento es un título ejecutivo,
documento al que el legislador ha dotado de una presunción, simplemente legal, de veracidad,
de autenticidad. Lo anterior se manifiesta en el hecho de que el deudor sólo puede oponer alguna
de las excepciones que taxativamente se contemplan en el Art. 464 del C.P.C., y en la
circunstancia de que dicha defensa es eminentemente formalista, ya que debe efectuarse dentro
de un término fatal y en un escrito que debe cumplir una serie de requisitos para que las
excepciones sean admisibles” (MATURANA MIQUEL, Cristián (2018): Las medidas
cautelares, los incidentes, los procedimientos declarativos especiales, el juicio




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NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS




ejecutivo y los asuntos judiciales no contenciosos. Separata actualizada por el profesor
Javier Maturana Baeza, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, pp. 343-344).

20°. Que, habiéndose comprobado que la aplicación del precepto impugnado
genera efectos contrarios a la igualdad y a la igual protección de los derechos, se hace
innecesario pronunciarse, por ahora, sobre el resto de los vicios de constitucionalidad
alegados por la parte requirente.



III. CONCLUSIÓN
21º. Por todo lo expuesto, para estos Ministros es ineludible concluir que la
aplicación, en este caso concreto, de la frase “para efectos del cobro judicial de las patentes,
derechos y tasas municipales, tendrá mérito ejecutivo el certificado que acredite la deuda
emitido por el secretario municipal” contenida en el artículo 47, inciso primero, del
Decreto Ley sobre rentas municipales, genera efectos contrarios al artículo 19 Nº3.
Esto, pues, al permitir que la Municipalidad emita, a través de su secretario
municipal, certificados de deuda con mérito ejecutivo respecto de créditos dubitados,
se priva a la requirente de la posibilidad de controvertir la obligación en un juicio
declarativo, vulnerándose sus derechos a defensa y a un procedimiento racional y
justo.

Por tanto, estos jueces constitucionales estiman al tenor de lo razonado
precedentemente que el requerimiento deducido a fojas 1 debe ser acogido.



Redactó la sentencia la Ministra señora CATALINA LAGOS TSCHORNE. La
disidencia fue redactada por la Ministra señora MARCELA PEREDO ROJAS.



Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N° 16.491-25-INA




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Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida
Fecha: 16/01/2026



María Pía Silva Gallinato Raúl Eduardo Mera Muñoz
Fecha: 15/01/2026 Fecha: 15/01/2026



Catalina Adriana Lagos Tschorne Héctor Antonio Mery Romero
Fecha: 15/01/2026 Fecha: 15/01/2026



Marcela Inés Peredo Rojas Alejandra Precht Rorris
Fecha: 15/01/2026 Fecha: 16/01/2026



Mario René Gómez Montoya
Fecha: 15/01/2026


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta
Subrogante, Ministra señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida, y por sus Ministros
señora María Pía Silva Gallinato, señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora
Catalina Adriana Lagos Tschorne, señor Héctor Mery Romero, señora Marcela
Inés Peredo Rojas, señora Alejandra Precht Rorris y señor Mario René Gómez
Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional, señor Sebastián
López Magnasco.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 16/01/2026




DDD39DD2-C4BA-4C5F-B02A-78F1ADD073F0
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