TC Rol 16494

Texto completo

0000182
CIENTO OCHENTA Y DOS




2026

REPÚBLICA DE CHILE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
____________
Sentencia

Rol 16.494-25 INA

[27 de enero de 2026]
____________

REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL ARTÍCULO 19, INCISO
DECIMOTERCERO DEL D.L N° 3.500, QUE ESTABLECE NUEVO
SISTEMA DE PENSIONES, EN LA ORACIÓN “EL INTERÉS QUE SE
DETERMINE EN CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LOS
INCISOS ANTERIORES SE CAPITALIZARÁ MENSUALMENTE”.


TRANSPORTES T.D.I. SPA.
EN EL PROCESO SEGUIDO ANTE EL JUZGADO DE LETRAS DEL
TRABAJO DE CURICÓ RIT P-2132-2024, RUC 24-3-0265187-2.


VISTOS:


Que, con fecha 22 de mayo de 2025 Transportes T.D.I. SpA. acciona de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de la oración: "El interés que
se determine en conformidad a lo dispuesto en los incisos anteriores se
capitalizará mensualmente", contenida el artículo 19, inciso decimotercero del
D.L N° 3.500, de 1980, que establece nuevo sistema de pensiones, para que ello
incida en el proceso RIT P-2132-2024, RUC 24-3-0265187-2, seguido ante el
Juzgado de Letras del Trabajo de Curicó.



Precepto legal cuya aplicación se impugna

El texto del precepto impugnado dispone en su parte destacada:




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“D.L. 3.500

Artículo 19.-

[…]

En todo caso, para determinar el interés penal, se aplicará la tasa vigente
al día primero del mes inmediatamente anterior a aquél en que se devengue. El
interés que se determine en conformidad a lo dispuesto en los incisos
anteriores se capitalizará mensualmente.

[…].”

Síntesis de la gestión pendiente y del conflicto constitucional
sometido al conocimiento y resolución del Tribunal

El requirente acciona de inaplicabilidad en el marco de una demanda
ejecutiva presentada por la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital
S.A. en su contra ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago,
por cobro de cotizaciones previsionales adeudadas, siendo requerida de pago
por la suma de $2.942.978 pesos. Refiere que con fecha 26 marzo del año 2025 el
tribunal practica la respectiva liquidación del crédito, alcanzando la suma de
$8.609.139 pesos, la que fue objetada, encontrándose pendiente de resolución,
según certificado de la gestión pendiente que rola a fojas 21.

La parte requirente junto con explicar el concepto de anatocismo desde
el punto de vista doctrinal y cómo ha sido entendido por esta Magistratura,
argumenta como conflicto constitucional que la oración: "El interés que se
determine en conformidad a lo dispuesto en los incisos anteriores se capitalizará
mensualmente", contenida el artículo 19, inciso decimotercero del D.L N° 3.500,
transgrede principios fundamentales del ordenamiento jurídico, tales como el n
on bis in ídem y el principio de proporcionalidad, infringiendo también
derechos y garantías fundamentales, los cuales en virtud del artículo 5°, inciso
segundo, artículos 6° y 7°, todos de la Constitución Política de la República,
deben ser respetados por toda autoridad.

Señala a fojas 6 que, en el campo de las obligaciones previsionales, a
diferencia de lo que ocurre con ocasión de la aplicación del artículo 9 de la Ley
N°18.010, se aplican intereses sobre intereses, lo que en el caso concreto
produce un efecto inconstitucional, afectando el non bis in ídem, principio que
integra el derecho a un debido proceso consagrado en el artículo 19 numeral 3,
de la Constitución, pues el no pago oportuno de las cotizaciones previsionales
del trabajador, por parte del empleador, se castiga múltiples veces y de diversas
formas en el ordenamiento jurídico nacional. En efecto, se sanciona:

a) Multa para el empleador de 0,75 UF por cada trabajador respecto al
cual se le adeudan cotizaciones previsionales, artículo 22 letra a), de la Ley
N°17.322;



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b) Persecución penal por el delito de apropiación indebida, artículo 470
N°1 del Código Penal;

c) Orden de arresto, artículo 12 de la Ley N°17.322;

d) Retención de la devolución de impuestos a la renta que le
correspondiese anualmente a empleadores que adeudasen cotizaciones de
seguridad social, artículo 25 bis Ley N°17.322.

En cuanto al principio de proporcionalidad y, especialmente, el de
proporcionalidad de las penas que se desprende del derecho a un
procedimiento y a una investigación racionales y justos, establecido en el
artículo 19 N° 3, inciso sexto, de la Carta Fundamental, señala que éste debe
basarse en penas proporcionales con una adecuada correspondencia o
adecuación que debe existir entre la gravedad del hecho juzgado con la reacción
penal de los órganos del Estado.

En relación con el subprincipio de utilidad o de adecuación, advierte que
esta Magistratura ha manifestado que la medida consagrada en el artículo 19,
inciso decimotercero, del Decreto Ley N°3.500, tiene una finalidad disuasiva, la
cual consiste en que el empleador pague las cotizaciones previsionales de su
trabajador.

Sin embargo, en los empleadores, dicho fin no se cumple, ni antes ni
después del retardo en el pago de las cotizaciones previsionales, puesto que, la
cuantía absolutamente desproporcionada de estas deudas hace improbable su
pago por parte del empleador, existiendo únicamente abonos, sin que la deuda
se pague total y efectivamente, extendiéndose los procesos judiciales durante
años.

Respecto del subprincipio de necesariedad, refiere que este elemento
dice relación con que la medida ha de ser necesaria, o la más moderada, entre
todos los medios útiles. Es decir, imprescindible para proteger el derecho a la
seguridad social, consagrado en el artículo 19 N° 18, de la Constitución Política
de la República.

Al mismo tiempo, agrega que “no hay duda acerca de la legitimidad del fin
perseguido por el legislador al establecer la completa y exigente regulación que ha
dispuesto el ordenamiento jurídico para incentivar el pago oportuno de las
cotizaciones previsionales. Es más, esa finalidad encuentra sólido sustento en la
Constitución, especialmente, en los numerales 18° y 24° del artículo 19” (fojas 14).

Así, y a la luz, del examen de proporcionalidad, afirma la requirente que
las sanciones establecidas en el artículo 19, inciso decimotercero del Decreto
Ley N°3.500, no logran sortear dicho análisis de proporcionalidad, pues
capitalizar mensualmente los intereses impone un gravamen desmesurado
sobre el patrimonio de la actora, sin perjuicio que el trabajador verá ingresados




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íntegramente a su cuenta de capitalización individual los montos adeudados,
debidamente reajustados y con los intereses agravados correspondientes,
incluso teniendo como rasero la rentabilidad promedio de los Fondos de
Pensiones.

Tramitación y observaciones al requerimiento

Por resolución de fecha 27 de mayo de 2025 a fojas 23 la Segunda Sala de
esta Magistratura admitió a trámite el libelo de inaplicabilidad, ordenando
además la suspensión del procedimiento; y por resolución de la misma Sala, fue
declarado admisible con fecha 18 de junio de 2025 a fojas 159.

Previo al examen de admisibilidad, la Administradora de Fondos de
Pensiones Planvital S.A., señaló que el precepto cuestionado no tiene aplicación
alguna en el procedimiento ejecutivo de cobro que se tramita ante el Juzgado de
Letras del Trabajo de Curicó, ya que en éste solo se está buscando el
cumplimiento compulsivo de la obligación ya determinada en la resolución que
dio origen a dicho procedimiento y que para todos los efectos se encuentra
firme, y en donde se contienen los intereses penales y recargos dispuestos en
dicha normativa.

Luego, realiza alegaciones de fondo, solicitando el rechazo del
requerimiento, atendido a que el precepto cuestionado no contraviene las
normas constitucionales señaladas, y que de acogerse se producirían efectos
perjudiciales aún mayores, afectando el futuro de las prestaciones de seguridad
social del afiliado, dado a que éste estaría perdiendo por un lado la rentabilidad
que le habría significado que su empleador le enterara sus cotizaciones
oportunamente en su cuenta de capitalización individual, y por el otro, no
existiría compensación de ninguna clase de dicha pérdida de utilidad, en
consecuencia, su pensión final se vería reducida injustamente y no reflejaría sus
años de trabajo y de cotizaciones efectivas.

De este modo, afirma que la principal finalidad del precepto impugnado
es obtener el pago íntegro y oportuno de las cotizaciones e incentivar el
cumplimiento de las obligaciones por parte de los empleadores, por lo que la
existencia de intereses penales se ajusta perfectamente a las consideraciones de
justicia y equidad, especialmente teniendo en consideración que se está frente a
un empleador que se encuentra en mora de cumplir con una obligación
respecto de su propio trabajador, a quien le hizo el descuento de sus
remuneraciones por las cotizaciones adeudadas, pero que no las enteró
oportunamente, perjudicando de forma grave a su trabajador y al mismo
tiempo, a la sociedad en su conjunto.

En cuanto a la supuesta infracción al principio constitucional de non bis
in ídem, hace presente que los conceptos que se aplican conforme a lo




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establecido en la norma impugnada son diversos y tienen su fundamento en la
recuperación de la rentabilidad perdida por el no pago oportuno de las
cotizaciones, así como el mitigar la pérdida del valor del dinero en el tiempo.

Asimismo, las comparaciones que realiza la requirente se refieren
principalmente a obligaciones emanadas de operaciones de naturaleza
convencional, en cambio, la obligación previsional tiene su origen en la ley y,
más aún, en un derecho protegido constitucionalmente, en virtud del cual se le
impuso al empleador el deber de descontar y pagar las cotizaciones que se
adeudan a sus trabajadores.

En consecuencia, afirma que no se puede equiparar los intereses y
conceptos que se aplican para determinar la deuda previsional a una pena ni
tampoco a los intereses comerciales para las operaciones de crédito de dinero,
puesto que en ambos casos se trata de situaciones diversas y se persiguen fines
distintos, e inclusive si se tratase de equipararlos se podría llegar a una
situación injusta y perjudicar los intereses de los trabajadores.

Por último, en relación a la supuesta afectación al derecho de propiedad,
advierte que hasta ahora el único afectado es el afiliado con el no pago oportuno
de las cotizaciones previsionales, quien a futuro verá disminuida su pensión de
jubilación, enfatizando que las cotizaciones se fundan tanto en el derecho a la
seguridad social como en el derecho de propiedad de los trabajadores, por lo
que el legislador ha contemplado una exigente normativa, con consecuencias
patrimoniales graves y hasta de orden penal, en caso que el empleador no las
entere oportunamente, lo que resulta proporcionado al respeto de esos
derechos constitucionales, pues el numeral 18 del artículo 19, de la Carta
Fundamental obliga al Estado a proteger la seguridad social del trabajador y es
en cumplimiento de dicha obligación que el legislador estableció las normas
sobre aplicación de intereses para salvaguardar los perjuicios que ocasionen la
morosidad de los empleadores en el pago de las cotizaciones.

Conferidos los traslados de fondo a los órganos constitucionales
interesados y a las demás partes en la gestión invocada, no se formularon
observaciones.

A fojas 169 en decreto de fecha 28 de julio de 2025 se dispuso traer los
autos en relación.

Vista de la causa y acuerdo

En audiencia de Pleno del día 09 de diciembre de 2025 se verificó la vista
de la causa, oyéndose la relación pública y los alegatos de los abogados David
Korol Engel, por la parte requirente y Johanna Hinrichsen Parra, por la parte




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requerida, adoptándose acuerdo con igual fecha, según certificación de la
señora relatora.



Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, Transportes T.D.I. SpA. solicita la inaplicabilidad del
inciso decimotercero del artículo 19 del D.L. N° 3.500, en la parte que establece
como medio de determinación del interés derivado del no pago oportuno de
cotizaciones de seguridad social, la capitalización mensual de intereses, para
que dicha declaración surta sus efectos en el proceso ejecutivo sobre cobro de
cotizaciones previsionales, seguido ante el Juzgado de Letras del Trabajo de
Curicó, bajo RIT P-2132-2024, RUC 24-3-0265187-2.

SEGUNDO: Que, como conflicto de constitucionalidad, estima la
requirente que la aplicación del precepto impugnado resulta contraria a los
principios de non bis in ídem y de proporcionalidad, previstos en los numerales
2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política, así como en el artículo 5°, inciso
segundo del texto constitucional, en relación con los artículos 14.7 del Pacto de
Derechos Civiles y Políticos, y 8.4 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.

Asimismo, agrega que “[c]apitalizar mensualmente los intereses impone
un gravamen desmesurado sobre el patrimonio de la requirente” (fojas 14).

TERCERO: Que, el inciso decimotercero del artículo 19 del D.L. N° 3.500
establece un sistema agravado de pago de cotizaciones previsionales,
consistente en que éstas, en caso de retardo, se enterarán considerando no sólo
el monto de lo adeudado más reajustes e intereses, sino que, además, la
capitalización mensual de éstos últimos. De ahí que la norma prevea una
hipótesis de anatocismo.

CUARTO: Que, como primera alegación, expone la requirente que la
figura del anatocismo supone la imposición de una nueva sanción respecto de
un hecho ya castigado, lo que contraviene el principio non bis in ídem. Ello, toda
vez que el no pago oportuno de las cotizaciones previsionales del trabajador se
sancionaría múltiples veces y de diversas formas en nuestro ordenamiento
jurídico, señalando, al efecto, la multa contemplada en el artículo 22 letra a) de
la Ley N° 17.322; el delito de apropiación indebida previsto en el artículo 470 N°
1 del Código Penal; la orden de arresto regulada en el artículo 12 de la Ley N°
17.322; y la retención de la devolución del impuesto a la renta de conformidad
con lo prescrito en el artículo 25 bis de la Ley N° 17.322.

QUINTO: Que, sin embargo, la hipótesis que permite hacer aplicable el
referido principio no concurre en el caso de autos, en tanto el anatocismo no es




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una sanción (véanse STC Roles N° 2536-13, c. 24°; 13.331-22, c. 16°; y 14.761-23, c.
3° del voto por rechazar).

El artículo 2° de la Ley N° 18.010 define “interés” como “toda suma que
recibe o tiene derecho a recibir el acreedor por sobre el capital reajustado”. En el
presente caso, el interés sobre interés procede por la mora causada, que es “la
dilación o tardanza en cumplir con una obligación, por lo común la de pagar
cantidad liquida y vencida” (Diccionario de la Real Academia Española). En
consecuencia, “[s]i tal interés se aplica mientras esté en mora, no constituye
entonces una sanción impuesta por la ley a un infractor, por cuanto, como ya se
dijo, depende de él mismo poner término a su aplicación (…) La circunstancia de
que tal deuda siga devengando intereses y haya aumentado por el transcurso del
tiempo es consecuencia únicamente del hecho de que el requirente no la ha
pagado en su totalidad” (STC Rol N° 7897-19, cc. 12° y 13°).

SEXTO: Que, sin perjuicio de lo anterior, tal como se razonó en STC Roles
N° 15.439-24, 15.736.24 y 15.747-24, la existencia de apremios, como el arresto
establecido en el artículo 12 de la Ley N° 17.322, o de tipos penales, como el
delito de apropiación indebida previsto en el artículo 470 del Código Penal, no
constituye una vulneración al principio en comento, toda vez que se trata de
instituciones que poseen una naturaleza distinta a la de la capitalización
mensual de intereses.

Al respecto, es posible sostener que el arresto, en tanto medida de
apremio, consiste en un mandamiento de autoridad que persigue compeler al
pago de la cantidad adeudada (Diccionario Panhispánico del Español Jurídico).
Por su parte, el delito de apropiación indebida tiene por finalidad hacer efectiva
la responsabilidad penal derivada de la conducta tipificada. El anatocismo, en
cambio, es un mecanismo particular de reajuste de lo adeudado por disposición
legal. De este modo, los fundamentos de dichas instituciones jurídicas son
distintos, aun cuando –por la naturaleza de la deuda– les subyace un claro
interés social y público.

En consecuencia, en la medida que obedecen a finalidades distintas, la
coexistencia de estas figuras jurídicas no supone castigar dos veces un mismo
hecho, por lo que tampoco se verifica una afectación al principio de non bis in
ídem (véanse STC Roles N° 12.539-2021 y 12.527-2021).

SÉPTIMO: Que, asimismo, la requirente alega una contravención al
principio de proporcionalidad al estimar que la gravedad de la sanción prevista
en el inciso decimotercero del artículo 19 del D.L. N° 3.500 no guarda una
correlación con la gravedad del hecho cometido.

A este respecto, tal como se ha señalado en jurisprudencia reciente de
esta Magistratura (véanse STC Roles N° 15.672-24, 15.858-24, 15.859-24, 15.860-
24, 15.902-24, 15.763-24, entre otras), el examen de proporcionalidad consiste



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en una estructura escalonada de razonamiento articulada en base a cuatro
pasos de análisis de la medida que establece una norma impugnada, a saber: (i)
la existencia de un fin legítimo, (ii) su adecuación, (iii) la necesidad de la medida
y, (iv) su proporcionalidad en sentido estricto.

OCTAVO: Que, la legitimidad del fin perseguido por el legislador a través
del anatocismo previsto en la disposición impugnada resulta evidente: se
pretende proteger las cotizaciones del trabajador, quien, habiendo mediado
una relación laboral, ocupó una posición desigual respecto del empleador, lo
que no sólo constituye una finalidad perfectamente legítima, sino que, además,
resulta concordante con el mandato constitucional que conmina al legislador a
resguardar el derecho a la seguridad social y a asegurar la protección del
trabajo, ambas garantías consagradas en el artículo 19 números 18 y 16 de la
Carta Constitucional, respectivamente.

NOVENO: Que, en relación con la adecuación –es decir, en el análisis que
cabe realizar para determinar si la medida examinada resulta idónea para
lograr la legítima finalidad perseguida– la requirente señala que “en los
empleadores, el fin disuasivo no se cumple, antes del retardo en el pago de las
cotizaciones previsionales” y tampoco “luego de producido el retardo, puesto
que, la cuantía absolutamente desproporcionada de estas deudas que propician
dichos preceptos, hacen a lo menos improbable su pago” (fojas 13).

Ahora bien, en ejercicio de las competencias que para ello le entrega la
Constitución, el legislador estimó que la figura del anatocismo sí resulta idónea
para alcanzar la finalidad antes dicha, en tanto constituye un poderoso
incentivo para que el pago de las cotizaciones se efectúe de manera oportuna,
considerándose, en consecuencia, como un medio que reviste la aptitud de
lograr el objetivo perseguido.

En efecto, el Mensaje de la iniciativa de ley que introdujo la disposición
impugnada en 1993 –a saber, la Ley N° 19.260, que modifica la Ley N° 17.322 y el
Decreto Ley N° 3.500, de 1980, y dicta otras normas de carácter previsional–,
contiene la evaluación realizada en torno a su idoneidad, y da cuenta que la
definición de este mecanismo surge a propósito de la insuficiencia de los ya
existentes. Éste describe las razones que dieron lugar a la presentación del
proyecto de ley como sigue: “desde la fecha en que el Nuevo Sistema de Pensiones
entró en vigencia, y transcurridos 10 años desde entonces, se ha podido detectar
que los mecanismos legales contemplados en el Decreto Ley N°3.500, de 1980, y
normas complementarias, para el cobro de las cotizaciones previsionales
adeudadas por los empleadores a sus trabajadores son insuficientes, lo que ha
provocado un aumento considerable de la deuda previsional del Nuevo Sistema.
Para evitar que la situación descrita continúe desarrollándose de igual forma, se
ha estimado necesario introducir algunas modificaciones relativas al




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procedimiento aplicable a la cobranza de cotizaciones y a incentivar esta última”
(BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL, Historia de la Ley N° 19.260, p. 4).

En particular, se explica que el precepto contenido en el inciso
decimotercero del artículo 19 del Decreto Ley N° 3.500 incorporó la figura del
anatocismo en tanto “el sistema actual, al no establecer la capitalización de los
intereses, importa aplicar interés simple a las referidas sumas adeudadas, lo que
incentiva a los empleadores a postergar el pago de las imposiciones. En efecto, en
la medida en que el Sistema Financiero deba contratar créditos con interés
compuesto, al empleador moroso le resulta más conveniente utilizar las sumas
correspondientes a imposiciones previsionales, las que devengan interés simple.
Esta situación resulta aún más conveniente para el empleador en la medida que
posterga por mayor tiempo el pago de las cotizaciones adeudadas” (Ibid., p. 3).

Por lo anterior, a diferencia de lo argüido por Transportes T.D.I., no
resulta procedente que esta Magistratura cuestione el mérito de dicha
definición, así como tampoco se encuentra dentro de la competencia de este
Tribunal evaluar la eficacia de una política pública como aquella diseñada en el
inciso decimotercero del artículo 19 del D.L. N° 3.500. De ahí que, si el
empleador persiste en la deuda, pese a que la normativa legal prevé una
hipótesis de anatocismo, el cuestionamiento no puede dirigirse en contra de la
efectividad del precepto impugnado, sino que, en realidad, debe apuntar a la
conducta del deudor.

DÉCIMO: Que, en lo relativo a la necesidad –esto es, al determinar si se
ha optado por el medio menos lesivo o restrictivo de los derechos
fundamentales involucrados para dar cumplimiento al fin legítimo
perseguido–, cabe observar el límite establecido por el legislador en la norma
impugnada consiste en que en ningún caso la capitalización puede fijarse por
períodos inferiores a un mes. Es decir, se toma la precaución de imponer
restricciones temporales al mecanismo, tornándolo eficiente, al buscar que su
materialización no sea la más lesiva o restrictiva de derechos.

En este contexto, resulta relevante recordar que el ámbito previsional no
es el único ámbito normativo en que nuestro ordenamiento jurídico contempla
la figura del anatocismo. El ejemplo más característico de la consagración de
esta figura se encuentra en la Ley N° 18.010, que establece normas para las
operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero que indica, cuyo artículo
9° dispone que podrá estipularse el pago de intereses sobre intereses en las
operaciones de dinero. Esa normativa, en el mismo sentido, fija idéntico límite
al establecido en la regulación impugnada, es decir, el de la capitalización
mensual.

A este respecto, esta Magistratura ha reconocido que la capitalización
mensual del interés “tiene límites temporales iniciales y finales. Y ellos dependen




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de la voluntad unilateral del deudor, en cuestiones que son de orden público
laboral que le vienen impuestas al empleador” (STC Rol N° 3722-17, c. 29°. Criterio
reiterado en STC Roles N° 15.439-24, c. 6°; 15.736.24, c. 6°; y 15.747-24, c. 6°).

DÉCIMO PRIMERO: Que, en relación con la proporcionalidad en sentido
estricto, la requirente no identifica qué derecho fundamental entra en tensión
con la medida legislativa impugnada y, en definitiva, con los derechos
fundamentales y bienes constitucionalmente protegidos que aquella pretende
resguardar. De este modo, no es posible hacer un balance o comparación a
efectos de ponderar el grado de afectación que genera la medida respecto de
algún otro derecho que pudiera verse involucrado, por lo que no puede
pretenderse que esta Magistratura conjeture una premisa con el propósito de
suplir el déficit argumentativo expuesto en el requerimiento.

En cualquier caso, debe apuntarse a este respecto al fundamento que
trasciende a la norma, consistente en la protección del trabajador y el
resguardo a su derecho a la seguridad social, lo que da cuenta de un evidente
interés público comprometido del que no puede prescindirse (véanse STC Roles
N° 13.331-22 y 13.332-22).

DÉCIMO SEGUNDO: Que, finalmente, la parte requirente sostiene que la
exigencia de pagar el monto adeudado, con intereses capitalizados
mensualmente, impondría un gravamen desproporcionado sobre su
patrimonio, lo que configuraría una vulneración de la garantía consagrada en
el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

Sin embargo, tal como esta Magistratura ha señalado en ocasiones
anteriores, la protección constitucional del derecho de propiedad no garantiza
la integridad del patrimonio privado a todo evento (véanse STC Roles N° 15.902-
24, 15.866-24, 15.860-24, 15.859-24, entre otras), ni garantiza su conservación
frente a cualquier afectación económica derivada del cumplimiento de
obligaciones legales.

En la especie, el cobro de intereses sobre intereses –que la parte
requirente califica como una afectación ilegítima de su derecho de propiedad–
tiene su origen en la celebración de un contrato de trabajo que da lugar al
surgimiento de una obligación legal, esto es, el pago oportuno de las
cotizaciones previsionales en favor del trabajador. El incumplimiento de dicha
obligación, imputable al empleador, es el supuesto fáctico que habilita la
aplicación de las consecuencias previstas por el legislador.

En este contexto, el establecimiento del anatocismo como efecto jurídico
del retardo en el cumplimiento de una obligación legal constituye una opción
normativa legítima, orientada a asegurar la eficacia del sistema de seguridad
social y el cumplimiento oportuno de prestaciones de carácter alimentario. Tal
regulación no puede estimarse, por sí sola, como una afectación del aspecto



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objetivo del derecho de propiedad, en los términos del inciso segundo del
artículo 19 número 24 de la Constitución, ni tampoco como una vulneración de
su dimensión subjetiva, conforme al inciso tercero de la misma disposición.

Por lo demás, admitir que la imposición de una obligación de fuente legal
vulnera el derecho de propiedad del sujeto obligado, por el solo hecho de
generar consecuencias patrimoniales desfavorables a su respecto, conduciría a
restringir de manera injustificada una de las funciones esenciales del Estado,
cual es la función legislativa o nomogenética. En efecto, la garantía
constitucional del derecho de propiedad no puede erigirse en un límite absoluto
a la potestad del legislador para establecer obligaciones jurídicas, pues, como se
ha reiterado, dicha garantía no asegura la indemnidad del patrimonio privado
en toda circunstancia.

DÉCIMO TERCERO: Que, en mérito de lo razonado, el requerimiento de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad no puede ser acogido, al no
configurarse ninguna de las infracciones constitucionales denunciadas por la
requirente.



Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93, incisos
primero, N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y
pertinentes de la Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997,
Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,



SE RESUELVE:

I. QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD
DEDUCIDO A FOJAS 1

II. ÁLCESE LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA EN
AUTOS. OFÍCIESE.

III. QUE NO SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE REQUIRENTE, POR
ESTIMARSE QUE TUVO MOTIVO PLAUSIBLE PARA LITIGAR



DISIDENCIA
Acordada con el voto en contra de los Ministros señores MIGUEL ÁNGEL
FERNÁNDEZ GONZALEZ, y HÉCTOR MERY ROMERO, y de las Ministras señoras MARCELA
PEREDO ROJAS, y ALEJANDRA PRECHT RORRIS, quienes estuvieron por acoger el
requerimiento por las siguientes razones:


I. CONFLICTO DE CONSTITUCIONALIDAD




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1°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93, incisos primero,
N°6, y decimoprimero de la Constitución, esta Magistratura está llamada a
determinar si la aplicación de la frase “El interés que se determine en
conformidad a lo dispuesto en los incisos anteriores se capitalizará
mensualmente”, contenida en el artículo 19, inciso decimotercero, del Decreto
Ley N°3.500, resulta contraria a la Constitución en el caso concreto.

2°. La gestión judicial pendiente corresponde a la causa cobranza
previsional RIT P-2132-2024, RUC 24-3-0265187-2, caratulada “AFP Planvital S.A.
con Transportes T.D.I. S.p.A.”, que se tramita ante el Juzgado de Letras del
Trabajo de Curicó. En dicho contexto, el requerimiento de pago formulado con
fecha 26 de septiembre de 2024 ascendía a la suma de $2.942.978, monto que,
según consta en la última liquidación practicada con fecha 26 de marzo de 2025,
se incrementó a $8.609.139.

3°. La parte requirente, Transportes T.D.I. S.p.A., afirma que la aplicación
del precepto legal impugnado transgrede el principio non bis in ídem y el
principio de proporcionalidad, contenidos en el artículo 19 N°2 y N°3, y el
artículo 5, inciso segundo, de la Constitución en relación con los artículos 14.7
del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y el Artículo 8.47 de la Convención
Americana de Derechos Humanos (fs. 7). Así como también la afectación al
derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución (fs.
14).



II. MECANISMOS PARA EXIGIR EL PAGO DE COTIZACIONES
PREVISIONALES

4°. El sistema normativo chileno ha establecido diversos mecanismos
orientados a resguardar la seguridad social garantizada por la Constitución.
Entre ellos se contempla la capitalización mensual de intereses ante el
incumplimiento en el pago de cotizaciones previsionales, medida que ha sido
impugnada en la presente causa.

El artículo 19 del D.L N°3.500, establece, por un lado, obligaciones al
empleador derivadas del no pago oportuno de las cotizaciones previsionales de
los trabajadores. A saber: i) Deber de declararlas en la Administradora de
Fondos de Pensiones correspondiente, so pena de la aplicación de una multa a
beneficio fiscal de 0.75 UTM por cada trabajador; ii) Pagar las cotizaciones
impagas, reajustes, intereses y recargos.

Por otro lado, determina la aplicación de las sanciones penales
contenidas en el artículo 467 del Código Penal, para las siguientes conductas: i)
apropiarse o distraer el dinero proveniente de las cotizaciones que se hubiere
descontado de la remuneración del trabajador; ii) omitir retener o enterar las




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CIENTO NOVENTA Y CUATRO




cotizaciones previsionales de un trabajador o declare ante las instituciones de
seguridad social, y iii) pagar una renta imponible o bruta menor a la real.

Y, por último, fija la prohibición de percibir recursos provenientes de
instituciones públicas o privadas, financiados con cargo a recursos fiscales de
fomento productivo, sin acreditar previamente estar al día en el pago de dichas
cotizaciones. Por el contrario, los empleadores que hayan pagado dentro del
plazo que corresponda las cotizaciones previsionales, tendrán prioridad en el
otorgamiento de recursos provenientes de instituciones públicas o privadas,
financiados con cargo a recursos fiscales de fomento productivo.

5°. En relación con los mecanismos para el cálculo de las cotizaciones
impagas, el artículo 19 del D.L N°3.500, en primer lugar, fija el reajuste de la
deuda previsional de acuerdo con la variación diaria del Índice de Precios al
Consumidor (I.P.C) mensual del período comprendido entre el mes que
antecede al mes anterior a aquel en que debió efectuarse el pago y el mes que
antecede al mes anterior a aquel en que efectivamente se realice el pago.

En segundo término, establece el interés aplicable. De forma que para
cada día de atraso la deuda reajustada devengará un interés penal equivalente a
la tasa de interés corriente para operaciones reajustables en moneda nacional a
que se refiere el artículo 6° de la ley N°18.010, aumentado en un 50%.

Y, finalmente, fija la forma para determinar el interés, esto es, la
aplicación de la tasa vigente al primer día del mes inmediatamente anterior a
aquél en que se devengue el interés, a través de su capitalización mensual. De
forma que los intereses producidos en cada periodo se agregan al capital de la
deuda para calcular los intereses del periodo siguiente, y así sucesivamente,
esto es, el mecanismo de cálculo de “interés sobre interés”.

Sumado a lo anterior, anticipa eventuales cálculos del reajuste e interés
penal que resulten inferiores al interés para operaciones no reajustables que
fije la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, o a la
rentabilidad nominal de los últimos doce meses promedio de todos los Fondos
de Pensiones, ambas aumentadas en un cincuenta por ciento. En ese escenario,
el legislador dispone que debe ser aplicada la mayor de estas dos tasas, caso en
el cual no corresponderá aplicación de reajuste antes señalado.

6°. La normativa examinada refleja la relevancia constitucional de las
cotizaciones previsionales como componente esencial del sistema de seguridad
social. Esta Magistratura ha reconocido reiteradamente dicha importancia,
señalando que “el régimen previsional, y específicamente el de cotizaciones
previsionales, constituye parte del entramado del sistema de seguridad social,
amparado en cuanto derecho por la Constitución Política en el numeral 18 de su
artículo 19, cuyo desarrollo corresponde al legislador. Se trata de un derecho
social cuya principal dificultad normativa consiste en la búsqueda de garantías



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CIENTO NOVENTA Y CINCO




efectivas que permitan satisfacer el contenido constitucional de esta clase de
derechos fundamentales” (STC Rol N°1876-10, c. 16°).

Así también ha diferenciado entre “cotización previsional” y “fondo
previsional”, este último “se constituye por los dineros depositados en la cuenta
de capitalización individual, por lo cual la propiedad sobre dicho “fondo
previsional” nace cuando los dineros son depositados en dicha cuenta de
capitalización individual; en cambio, sobre las cotizaciones previsionales el
trabajador tiene el derecho a exigir al empleador el cumplimiento del deber de
depositarlas en dicho fondo” (STC Rol N°767, c. 13. En el mismo sentido, STC Rol
N°7442 c. 22°). Para luego, afirmar que “se está en presencia de dineros
pertenecientes o de propiedad del trabajador, tutelados por el artículo 19 N°24
de la Constitución Política de la República, habida consideración de que tales
cotizaciones se extraen de la remuneración devengada a favor del afiliado. En
efecto, en el sistema de pensiones establecido por el Decreto Ley N°3.500, “cada
afiliado es dueño de los fondos que ingresen a su cuenta de capitalización
individual y que el conjunto de éstos constituye un patrimonio independiente y
diferente del patrimonio de la sociedad administradora de esos fondos”; de
modo que la propiedad que tiene el afiliado sobre los fondos previsionales que
conforman su cuenta individual, aunque presenta características especiales, se
encuentra plenamente protegida por el artículo 19 N°24 de la Constitución
Política de la República que reconoce el derecho de propiedad no sólo sobre los
bienes corporales sino también respecto de los incorporales” (STC Rol N°334-01,
c. 5°).

Además, este Tribunal ha reconocido el deber legal que le corresponde
al empleador de entrar en las instituciones de previsión social los dineros que
previamente ha descontado a sus trabajadores para tal propósito, el cual tiene
carácter alimentario al atender estados de necesidad de las personas y la
manutención de quien los recibe, conforme al interés social involucrado y su
protección por medio de normas de orden público. Esto pues, “el pago de las
respectivas cotizaciones pende en buena medida de un correcto
funcionamiento del sistema de seguridad social, que tiene como consecuencia
asegurar pensiones dignas para los trabajadores del país, deber que además se
impone especialmente al Estado supervigilar en el artículo 19 N°18 de la
Constitución” (STC Rol N°576-06, c. 29°).

Esta disidencia, reafirma lo antes señalado, y según se expondrá, la
figura del anatocismo, no ayuda, más bien dificulta, al pago de las cotizaciones
por parte del empleador.



III. ANATOCISMO: CAPITALIZACIÓN MENSUAL DE INTERESES




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7°. El precepto legal impugnado establece la capitalización mensual de
los intereses, figura legal denominada tradicionalmente como “Anatocismo”
que permite cobrar de manera exponencial los intereses sobre intereses no
pagados.

Para muchos el “anatocismo ha sido por mucho tiempo una institución
«maldita» en el sentido de ser necesaria su persecución hasta intentar conseguir
su desaparición” (Murillo Villar, A. (1999) “Anatocismo: Historia de una
Prohibición”, Anuario de Historia del Derecho Español, N°69, p. 497 y 511).

El profesor Abeliuk señalaba que, “[e]l anatocismo consiste en que los
intereses devengados por el crédito y no pagados al acreedor se capitalizan y
devengan a su vez intereses, esto es, se producen intereses de intereses. Existe
una desconfianza general hacia la institución, pues se presta a abusos y puede
traducirse para el deudor en una verdadera catástrofe; de ahí que el Derecho
Romano haya terminado por prohibirla totalmente, lo que se mantuvo durante
el Medievo y en algunas legislaciones contemporáneas, como el Código alemán
(Art. 289); el Código francés la aceptó con limitaciones (Art. 1154), que impiden
los abusos: sólo por demanda judicial o convención posterior respecto de
intereses debidos a lo menos por un año completo. Disposición semejante
contiene el Código italiano (Art. 1283), pero reducido el plazo a seis meses.”
(Abeliuk Manasevich, R. (2014) Las Obligaciones, Tomo 1, 6° Edición, Thomson
Reuters, p. 241).

En efecto, el artículo 289 del Código Civil Alemán establece
expresamente la “prohibición del interés compuesto” (Zinseszinsverbot), al
señalar que “Los intereses no están sujetos a intereses moratorios” (traducción
propia), la norma dispone: “Von Zinsen sind Verzugszinsen nicht zu entrichten”.
[Disponible en: https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__289.html]. Por su
parte, el Código Civil Francés, modificado el año 2016, ha mantenido el
anatocismo con restricciones. Actualmente, el artículo 1343-2, dispone: “Los
intereses devengados, debidos durante al menos un año completo, generan
intereses si el contrato así lo prevé o si una decisión judicial así lo especifica”
(traducción propia). El texto señala: “Les intérêts échus, dus au moins pour une
année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de
justice le précise” [Disponible en
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/
LEGISCTA000032035257/?
anchor=LEGIARTI000032042171#LEGIARTI000032042171] . Por último, el
artículo 1283 del Código Civil Italiano señala expresamente: “Salvo costumbre
en contrario, los intereses vencidos solo podrán devengarse desde el día de la
acción legal o en virtud de un acuerdo posterior a su vencimiento, y siempre que
se trate de intereses devengados durante al menos seis meses.” (traducción
propia). La norma establece: “(Anatocismo). In mancanza di usi contrari, gli



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CIENTO NOVENTA Y SIETE




interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda
giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che
si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi” [Disponible en:
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-
16;262].

8°. En Chile, “la tendencia ha sido a prohibir el anatocismo, que en la
práctica se suele denominar interés compuesto. De hecho, nuestro Código Civil,
estableció en el art. 2210 que se prohibía pactar intereses sobre intereses, pero
esta norma fue derogada por la ley N°18.010, que, por el contrario, permitió que
los intereses se capitalizaran en cada vencimiento o renovación, siempre que se
trate de períodos que no fueran inferiores a 30 días (art. 9 LOCD). Al derogarse la
prohibición en el Código Civil, por el principio de autonomía privada se llega a
la conclusión de que el anatocismo está permitido en las obligaciones de dinero
que no deriven de operaciones de crédito de dinero. Es cierto que el art. 1559 Nº
3 del Código dispone que "Los intereses atrasados no producen interés" (art.
1559.3º CC), pero parece referirse sólo a los intereses moratorios y, en todo caso,
no excluye que las partes puedan acordar lo contrario. Aunque al parecer para
las obligaciones derivadas de actos de consumo sólo cabría calcular los
intereses sobre los saldos insolutos (del capital) (art. 38 LPDC)” (Corral Talciani,
H. (2023) Curso de Derecho Civil. Obligaciones, Thomson Reuters, p. 30).

De ello se desprende la existencia de un anatocismo convencional y otro
de origen legal. Ninguno de ellos exentos de críticas por parte de la doctrina
especializada. A modo ejemplar, Goldenberg en relación con el derecho del
consumidor, señala: “El principal problema lógico se presenta cuando tratamos
del "anatocismo convencional" reconocido en el primer inciso del citado
artículo 9°, puesto que este parece suponer que las partes se encuentran en una
igual posición negociadora, de modo tal que las partes pueden prever las
ventajas e inconvenientes del pacto. No obstante, queda claro que esta idea es
ajena al planteamiento de una relación de consumo, y, en particular, de
consumo financiero, cuestionamiento que se acreciente si se concluye que la
cláusula no puede ser estimada como abusiva en los términos del artículo 16 de
la Ley N°19.496 porque su posibilidad se encuentra amparada por la
Ley N°18.010” (Goldenberg Serrano, J. (2021) El Sobreendeudamiento del
Consumidor: Un análisis desde la prevención hasta la solución concursal,
Thomson Reuters, p. 125).

9°. El anatocismo legal contemplado en el artículo 19 inciso
decimotercero del Decreto Ley N°3.500, que establece nuevo Sistema de
Pensiones, fue incorporado por el artículo 3° de la Ley 19.260 de 1993. Los
objetivos de la reforma legislativa se basaron en que “el sistema actual, al no
establecer la capitalización de los intereses, importa aplicar interés simple a las
referidas sumas adeudadas, lo que incentiva a los empleadores a postergar el



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CIENTO NOVENTA Y OCHO




pago de las imposiciones. En efecto, en la medida en que el Sistema Financiero
deba contratar créditos con interés compuesto, al empleador moroso le resulta
más conveniente utilizar las sumas correspondientes a imposiciones
previsionales, las que devengan interés simple. Esta situación resulta aún más
conveniente para el empleador en la medida que posterga por mayor tiempo el
pago de las cotizaciones adeudadas” (BCN, Mensaje en Sesión 35, Legislatura
323, Historia de la Ley N°19.260, p.3).

En el marco de la discusión legislativa, se plantearon problemas con la
implementación de dicha disposición, así, la “H. Senadora señora Feliz reiteró
los conceptos expuestos en la discusión general, que la llevan a estar en
desacuerdo con esta disposición. Si bien coincidió en la necesidad de establecer
para la mora consecuencias económicas tales que incentiven el pago oportuno,
estimó que la capitalización de intereses puede hacer tan gravosa la obligación
que imposibilite el pago. Dejó constancia que, a su juicio, debería seguirse un
criterio similar al establecido en el artículo 53 del Código Tributario.

La mayoría de la Comisión, por el contrario, luego de haber analizado la
disposición citada por la H. Senadora señora Feliú, compartió la idea de que los
empleadores no son deudores de dinero comunes y corrientes sino meros
tenedores de fondos de terceros, que, si los deducen de las remuneraciones el
día 30 de cada mes, pueden conservar lícitamente hasta por diez días.
Subrayaron que es posible calcular con toda precisión el daño que produce al
trabajador la falta de entero oportuno de sus cotizaciones, en relación a la
rentabilidad que le habrían reportado, lo que no ocurre en el caso de los
impuestos. Estuvieron contestes, finalmente, con la proposición del Mensaje, de
que la sanción económica contempla una situación similar a la existente en el
mercado, de intereses capitalizados, no obstante, los reparos que este
mecanismo, como criterio legislativo general, merece a algunos de los HH.
señores Senadores que suscribieron esta posición.

Advirtió la Comisión, no obstante, que se suscitaría un problema de
importancia si se aplica la capitalización a toda la deuda acumulada, ya que las
cifras se alzarían a cantidades muy difíciles de solventar; por lo que se mostró
partidaria de regular, en forma transitoria, la puesta al día, a fin de que quienes
paguen no estén afectos a esta nueva fórmula de aplicación de los intereses.”
(BCN, Primer Informe de Comisión de Trabajo, Historia de la Ley N°19.260, p.22).

Posteriormente, en la Comisión de Hacienda se aclaró que “[e]l
fundamento de esta modificación dice relación -según la explicación
proporcionada por el señor Subsecretario de Previsión Social- con la
conveniencia de equiparar el costo del dinero que los empleadores destinan al
pago de las cotizaciones previsionales con el ofrecido por el sistema financiero,
de modo que no se vean aquellos incentivados a dejar de pagar las cotizaciones




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oportunamente. (BCN, Informe de Comisión de Hacienda, Historia de la Ley
N°19.260, p.111).



IV. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

a) Principio non bis in ídem

10°. La parte requirente afirma que “el no pago oportuno de las
cotizaciones previsionales del trabajador, por parte del empleador, se castiga
múltiples veces y de diversas formas al interior de nuestro ordenamiento
jurídico. En efecto, se sanciona: En el Artículo 22 letra a) de la Ley N°17.322 con
una multa para el empleador de 0,75 UF por cada trabajador respecto al cual se
le adeudan cotizaciones previsionales; En el Artículo 470 N°1 del Código Penal,
con Delito de Apropiación Indebida; En el Artículo 12 de la Ley N°17.322 con
orden de arresto; En el Artículo 25 bis Ley N°17.322, con el despacho de una
orden a la Tesorería General de la República, en cuanto a retener la devolución
de impuestos a la renta que le correspondiese anualmente a empleadores que
adeudasen cotizaciones de seguridad social.” (fs. 9).

11°. Este Tribunal ha reconocido el principio non bis in ídem como una
regla de integración convencional de contenidos constitucionales (STC Rol
N°13.077-22, c. 27°). De forma que “los fundamentos que explican el principio
non bis in ídem se relacionan en la Constitución chilena con el principio de
legalidad penal y de tipicidad, en su dimensión material, y con el debido proceso
y la cosa juzgada en la vertiente procedimental del principio non bis in ídem
material. Y en ambas circunstancias, complementadas por los tratados
internacionales que regulan específicamente la materia." (STC Rol N°3054-16, c.
22°).

El presupuesto para la aplicación del principio non bis in ídem es la
sanción, aplicada al mismo sujeto, con la misma identificación de los hechos y
bajo el mismo fundamento que orientan la punición.

12°. La actora constitucional basa su argumento en que las multas,
intereses y demás medidas de apremio derivadas del incumplimiento en el pago
oportuno de las cotizaciones previsionales constituyen sanciones en sí mismas.

Esta Magistratura ha rechazado reiteradamente dicha interpretación,
al considerar que tales mecanismos no tienen un carácter sancionatorio, sino
que responden a una finalidad reparadora y disuasiva, orientada a proteger el
derecho del trabajador a la seguridad social y a garantizar el cumplimiento
efectivo de las obligaciones previsionales por parte del empleador.

Este Tribunal ha estimado que, los reajustes e intereses penales no
constituyen una sanción punitiva, sino un mecanismo legal para reparar al
trabajador y disuadir al empleador moroso. En específico ha señalado que “la
aplicación de intereses penales por el incumplimiento de deudas previsionales



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DOSCIENTOS




no es estimada como una pena o una sanción administrativa en nuestro
Derecho, de aquellas que pudieran invocarse como lesión al artículo 19 N°3 de
nuestra Carta Fundamental” (STC Rol N°2536-2013, c. 24°). Por el contrario, “es
posible señalar que “reajustes, intereses y recargos” son mecanismos que el
legislador ha precisado para reparar al funcionario o al trabajador y disuadir al
empleador, promoviendo así el cumplimiento de sus obligaciones. De tal forma,
el legislador ha valorado el bien jurídico que se custodia, estableciendo que solo
bastará el mero incumplimiento de la obligación respectiva para aplicar
reajustes, intereses y recargos, sin establecer gradación, ni margen de
interpretación para el juzgador; decisión del legislador a la que este Tribunal
debe ser deferente, toda vez que el establecimiento de la medida obedece a una
finalidad legítima y razonable, y no afecta de modo alguno el deber de conocer y
juzgar, propios de la función jurisdiccional. En consecuencia, el precepto
impugnado no infringe el justo y racional procedimiento” (STC Rol N°12.368-
2021, c.24°).

El artículo 19, inciso decimotercero, del D.L N°3.500 cumple una finalidad
constitucionalmente legítima: garantizar el pago oportuno de cotizaciones
previsionales, protegiendo el derecho del trabajador a la seguridad social (art.
19 N°18) y a la propiedad (art. 19 N°24). En tanto, “[s]u régimen diferenciado
está establecido para resguardar el interés público comprometido en el derecho
constitucional a la seguridad social y a la mantención del orden público
económico” (STC Rol N°2.536-13, c. 11°).

13°. En consecuencia, no corresponde aplicar el principio non bis in ídem
en este caso, por cuanto la medida cuestionada no reviste naturaleza
sancionatoria, de modo que no se configura una duplicidad punitiva susceptible
de vulnerar garantías fundamentales.

b) Afectación al derecho de propiedad: proporcionalidad de la medida

14°. La parte requirente, a fojas 14, señala: “Capitalizar mensualmente
los intereses impone un gravamen desmesurado sobre el patrimonio de la
requirente, sin perjuicio que el trabajador verá ingresados íntegramente a su
cuenta de capitalización individual los montos adeudados, debidamente
reajustados y con los intereses agravados correspondientes, incluso teniendo
como rasero la rentabilidad promedio de los Fondos de Pensiones.”.

15°. En mérito a lo expuesto precedentemente, resulta evidente que el
pago de las cotizaciones previsionales adeudadas, con los reajustes e intereses
respectivos, conlleva una transferencia de bienes desde el deudor al acreedor.
Cuestión que, en efecto, no implica una afectación del derecho de propiedad de
quien se ha puesto en situación de deudor, al no solucionar oportunamente la
acreencia. Tampoco se vulnera el derecho de propiedad cuando el legislador,
con base en elementos objetivos, como el tiempo transcurrido, la naturaleza de
la acreencia, los perjuicios causados u otros análogos, establece que los




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DOSCIENTOS UNO




intereses deberán ser aumentados, tal y como lo disponen los incisos undécimo,
duodécimo, y decimotercero, primera parte, del artículo 19 del D.L 3.500.

No obstante, cuando el efecto de la aplicación de la capitalización
mensual de intereses en el cálculo de lo adeudado excede el pago de lo debido,
reajustado y con los intereses que correspondan, incluso agravados por tratarse
de cotizaciones previsionales, ya no puede sostenerse que una norma cuya
aplicación causa ese efecto en el patrimonio del deudor, siga siendo respetuosa
del derecho de propiedad (STC Rol N°15.331, c. 13° y 15°).

16°. Compelido este Tribunal a fallar de acuerdo a derecho,
corresponde emplear el estándar normativo del principio de proporcionalidad
para determinar la validez de la medida legislativa de capitalización mensual
de los intereses y afectación al derecho de propiedad del empleador que
produce su aplicación, dado que el legislador no puede tratar de alcanzar
objetivos constitucionalmente legítimos de un modo abiertamente
desproporcionado y, por ende, intolerable para quien los experimenta.

17°. En primer lugar, conforme al juicio de idoneidad, la medida debe
ser un medio adecuado para conseguir un fin legítimo. Teniendo presente la
historia legislativa del precepto impugnado, la finalidad perseguida por el
legislador con la incorporación del anatocismo en el cálculo de los intereses de
las cotizaciones previsionales impagas tuvo un doble carácter, por un lado,
disuasorio en orden de desincentivar a los empleadores a postergar el pago de
las cotizaciones previsionales, y, por otro, compensatorio, al reparar el perjuicio
ocasionado al trabajador por la demora en el pago oportuno de sus cotizaciones.
Bajo esta perspectiva, no cabe duda sobre la legitimidad del fin perseguido por
el legislador al establecer la completa y exigente regulación que ha dispuesto el
ordenamiento jurídico para incentivar el pago oportuno de las cotizaciones
previsionales, finalidad que, además, encuentra sustento, como ya se ha dicho,
en la Constitución, especialmente, en los numerales 18° y 24° del artículo 19, tal
y como, sostenidamente, lo ha resuelto esta Magistratura.

Sin embargo, es del caso tener presente que, para superar el juicio de
idoneidad, no resulta suficiente la simple mención del fin perseguido por el
legislador, sino que cualquier medida que pudiere afectar un derecho
fundamental exige que sea adecuada para contribuir a la obtención de un fin
constitucionalmente legítimo (Bernal Pulido, C. (2003) “Estructura y Límites de
la Ponderación”, Doxa, vol. 26, p. 687). De forma tal, que la idoneidad, al igual
que la necesidad, se refieren al análisis de lo que es fácticamente posible.

En el marco de la tramitación legislativa, tal como se expuso
anteriormente, fue el propio legislador quién puso en evidencia la falta de
idoneidad de la medida y su capacidad para alcanzar el fin establecido, al
vislumbrar el efecto adverso no deseado que produjese la capitalización




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DOSCIENTOS DOS




mensual de los intereses, esto es, la incapacidad de pago efectivo de las
cotizaciones al aplicarse la capitalización a toda la deuda acumulada.

El mecanismo que se impugna consiste en que, mensualmente los
intereses que ha generado un capital se tornan a su vez capital, de manera tal
que sobre ellos se calculan nuevos intereses y ello en razón que constituirían la
legítima ganancia que el trabajador habría podido obtener de haber sido
pagado a tiempo (STC Rol N°14.761). Es así como, con la aplicación de las
fórmulas de capitalización mensual se alcanzan cifras que no resultan
compatibles ni con el índice de precios al consumidor (I.P.C) ni con la
rentabilidad de los Fondos de Pensiones, sino que muy superiores a éstos,
creando entonces un grado de afectación de la propiedad del empleador no
previsto en el ordenamiento jurídico, el cual, además, impide la satisfacción del
pago de la deuda previsional.

La finalidad compensatoria prevista por el legislador no logra ser
cumplida, pues el excesivo monto final de la deuda resulta tan alto al punto de
hacer inviable el pago de la deuda de cotizaciones previsionales. Tampoco el
propósito disuasorio, pues, en este caso concreto, la existencia del anatocismo
en la legislación previsional no logró evitar el incumplimiento de las
obligaciones del empleador en esta materia. Sobre este punto, conviene hacer
una aclaración, y es que la eliminación de la norma del anatocismo no produce
ningún detrimento en los montos que el trabajador hubiese percibido de un
pago oportuno por parte del empleador y, por el contrario, podría posibilitar el
pago de lo adeudado.

18°. De acuerdo con el juicio de necesidad, la medida legislativa debe
ser la menos gravosa para los derechos fundamentales involucrados. El
presupuesto de este análisis radica en la existencia de una medida alternativa a
la adoptada por el legislador, en este caso, la capitalización mensual o
anatocismo constituye uno de los diferentes mecanismos para calcular los
intereses de una deuda, más no el único posible.

Tal como se señaló precedentemente, nuestro ordenamiento jurídico
contempla diversos mecanismos para resguardar la seguridad social ante el
incumplimiento del pago de cotizaciones previsionales, tales como la
imposición de multas, el cobro de intereses penales y recargos, la aplicación de
sanciones penales en casos de apropiación o retención indebida, y la restricción
al acceso de fondos públicos para empleadores morosos, otorgando además
prioridad a quienes cumplen oportunamente con sus obligaciones.

A nivel comparado, y sólo a modo ejemplar, en España el Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio de 2004, por el que se aprueba el Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, establece un sistema de recargo al
cálculo de la deuda que varía entre un 10 % o 20 % si el empleador ha cumplido




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DOSCIENTOS TRES




con sus obligaciones de liquidación en tiempo y forma, y un recargo del 20 % o
35 % si no lo ha hecho, dependiendo del momento en que se efectúe el pago tras
el vencimiento del plazo (artículo 10); e intereses de demora equivalente al
interés legal del dinero vigente en cada momento del período de devengo,
incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de Presupuestos Generales
del Estado establezca uno diferente (artículo 11.3), es más, se señala
expresamente que “En ningún caso podrá aplicarse recargo sobre la deuda
constituida a su vez por recargos o intereses.” (Art. 10.3) y “En ningún caso, los
intereses de demora devengados se acumularán al principal o al recargo a efectos
del cálculo de nuevos intereses” (Art. 11.1).

Las consecuencias de la aplicación de la capitalización de intereses en
nuestro país, genera la imposibilidad de real de pago y genera una situación de
desprotección para el trabajador que resulta insostenible en el tiempo dentro
del sistema previsional. Razón por la cual la medida legislativa impugnada no
constituye el medio menos lesivo o restrictivo de los derechos fundamentales
que permitan dar cumplimiento al fin legítimo perseguido por el legislador.

19°. Por último, a diferencia de los juicios de idoneidad y necesidad —
que versan sobre lo fácticamente posible—, la proporcionalidad en sentido
estricto, o ponderación, se refiere a lo jurídicamente admisible. “La primera ley
de la ponderación demuestra que tal regla puede descomponerse en tres pasos.
El primero de ellos consiste en establecer el grado de no satisfacción o
afectación de uno de los principios; el segundo paso consiste, a su vez, en
determinar la importancia de la satisfacción del principio que juega en sentido
contrario; finalmente, el tercer paso consiste en definir si la importancia de la
satisfacción de este último principio justifica la afectación o no satisfacción del
primero” (Klatt, M., y Meister, M. (2021) La estructura del principio de
proporcionalidad, Madrid, Marcial Pons, p. 58).

En primer lugar, debe establecerse el grado de afectación del derecho
fundamental comprometido, en este caso, el derecho de propiedad del
empleador (art. 19 N°24), por aplicación del artículo 19 del D.L 3.500, el
empleador no sólo debe pagar el monto de las cotizaciones adeudadas, sino
también ese monto reajustado de acuerdo al I.P.C con un interés penal
incrementada en un 50%, a ello sumado el incremento exponencial de la deuda
total, por aplicación del anatocismo. Este efecto produce un
sobreendeudamiento que, en muchos casos, torna imposible la regularización
de la deuda, afectando gravemente el patrimonio del empleador y
obstaculizando la continuidad de su actividad económica. Se trata, por tanto, de
una afectación intensa y persistente del derecho de propiedad.

En segundo término, debe evaluarse la importancia del principio que se
pretende satisfacer. Tal como se señaló, esta Magistratura reconoce la




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DOSCIENTOS CUATRO




importancia de la protección del derecho a la seguridad social de los
trabajadores y reconoce el carácter alimentario del deber legal del empleador
de pagar oportunamente las cotizaciones previsionales en las instituciones de
previsión social. Sin embargo, el efecto desproporcionado que produce el
anatocismo conlleva resultados contrarios a la finalidad de la norma al imponer
una carga desmedida sobre el empleador que impiden el debido cumplimiento
de sus obligaciones previsionales adeudadas.

El efecto adverso del anatocismo, este es, la desproporción en el monto
final de la deuda tras la aplicación de la capitalización mensual de intereses
genera un detrimento patrimonial para el empleador a nivel de hacer
insostenible el pago de la deuda y la consecuente protección al derecho a la
seguridad social del trabajador y su propiedad sobre los fondos previsionales.
En concreto, la consecuencia que produce la aplicación de la capitalización
mensual de intereses provoca una afectación a los derechos consagrados en el
artículo 19 numeral 24, tanto para la propiedad del empleador, cuanto, para la
propiedad de los fondos previsionales del trabajador, y por consecuencia, el
numeral 18 de la Constitución.

Por último, corresponde determinar si la importancia de la satisfacción
del derecho a la seguridad social justifica la intensa afectación al derecho de
propiedad del empleador. Se puede concluir sin dificultad que la medida
examinada no encuentra justificación alguna a la afectación de derecho de
propiedad del empleador ni logra aportar beneficios que resulten ser mayores
al grado de afectación de los demás derechos fundamentales involucrados.

En palabras de esta Magistratura, “el caso del anatocismo, configura un
efecto anómalo, pues añadirlo a los reajustes e intereses debidos, en el caso de
una obligación de origen legal, supera la proporcionalidad constitucionalmente
exigible, debiendo tenerse en cuenta que este principio, aunque no se encuentre
expresamente consagrado en nuestra Carta Fundamental, está implícito en
diversas disposiciones constitucionales, tales como el artículo 1° y el 19 N°2 que
se refieren a la igualdad ante la ley, que la desproporción infringe, o el artículo
19 N°3 no solo en cuanto exige igual protección de los derechos, sino también en
tanto impone procedimientos racionales y justos, y la desproporción afecta
tanto a la racionalidad como a la justicia debidas. Incluso la misma organización
del Estado como república democrática (artículo 4°) supone la proporcionalidad
de las medidas administrativas, legales y jurisdiccionales que puedan afectar a
los habitantes restringiendo sus derechos, y, finalmente, el artículo 19 N°26
supone igualmente la proporcionalidad, porque precisamente es la
desproporción en la afectación de una garantía constitucional lo que vulnerará
su esencia” (STC Rol N°15.687-24, c. 3°).




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DOSCIENTOS CINCO




20°. Atendidas las anteriores motivaciones y los antecedentes del
precepto impugnado, señalados en los considerados precedentes, el
requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la frase, “El
interés que se determine en conformidad a lo dispuesto en los incisos anteriores se
capitalizará mensualmente”, contenida en el artículo 19 inciso decimotercero
del Decreto Ley N°3.500 debe ser acogido.



Redactó la sentencia la Ministra señora CATALINA LAGOS TSCHORNE y la
disidencia, la Ministra señora ALEJANDRA PRECHT RORRIS.


Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.
Rol N° 16.494-25 INA.




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DOSCIENTOS SEIS


Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 29/01/2026



Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida María Pía Silva Gallinato
Fecha: 28/01/2026 Fecha: 28/01/2026



Miguel Angel Fernández González Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 28/01/2026 Fecha: 28/01/2026



Héctor Antonio Mery Romero Marcela Inés Peredo Rojas
Fecha: 28/01/2026 Fecha: 27/01/2026



Alejandra Precht Rorris Mario René Gómez Montoya
Fecha: 29/01/2026 Fecha: 28/01/2026


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta,
Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros señora Nancy
Adriana Yáñez Fuenzalida, señora María Pía Silva Gallinato, señor Miguel Ángel
Fernández González, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne, señor Héctor
Mery Romero, señora Marcela Inés Peredo Rojas, señora Alejandra Precht Rorris
y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional, señor Sebastián
López Magnasco.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 29/01/2026




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