TC Rol 16508

Texto completo

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VEINTIDÓS




Santiago, seis de junio de dos mil veinticinco.



VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°. Que, con fecha 28 de mayo de 2025, Eduardo Freddy Curín Curín
interpone requerimiento de ilegalidad e inaplicabilidad inconstitucional,
en contra de Andrea Ghislaime Durán García Fiscal Adjunto de la Fiscalía
de Loncoche (sic);

2°. Que, la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó
que se diera cuenta del requerimiento de autos ante la Primera Sala de
esta Magistratura;

3°. Que, para el examen de admisión a trámite del requerimiento de
inaplicabilidad deducido en autos, debe verificarse el cumplimiento de los
requisitos consignados en el artículo 93 de la Constitución Política de la
República, y en los artículos 42, inciso primero; 79, incisos primero y
segundo; y 80 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal
Constitucional;

4°. Que, el artículo 93 N° 6 de la Carta Fundamental establece que
“Son atribuciones del Tribunal Constitucional:

5°.- Resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la
inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que
se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la
Constitución;”.

En tanto, el inciso decimo primero de dicha norma dispone que “En
el caso del número 6º, la cuestión podrá ser planteada por cualquiera de las
partes o por el juez que conoce del asunto. Corresponderá a cualquiera de las
salas del Tribunal declarar, sin ulterior recurso, la admisibilidad de la cuestión
siempre que verifique la existencia de una gestión pendiente ante el tribunal
ordinario o especial, que la aplicación del precepto legal impugnado pueda
resultar decisivo en la resolución de un asunto, que la impugnación esté
fundada razonablemente y se cumplan los demás requisitos que establezca la
ley. A esta misma sala le corresponderá resolver la suspensión del
procedimiento en que se ha originado la acción de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad.”;

A su vez, el artículo 42, inciso primero de la ley orgánica
constitucional de esta Magistratura establece que “En los casos en que la
cuestión que se somete al Tribunal sea promovida mediante acción pública, o
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VEINTITRÉS




por la parte en el juicio o gestión judicial en que se solicita la inaplicabilidad de
un precepto legal o la inconstitucionalidad de un auto acordado, las personas
naturales o jurídicas que lo promuevan deberán señalar en su primera
presentación al Tribunal un domicilio conocido dentro de la provincia de
Santiago. La presentación será patrocinada y suscrita por un abogado
habilitado para ejercer la profesión.”

Por su parte, el artículo 79, incisos primero y segundo de la ley
orgánica constitucional de esta Magistratura dispone que “En el caso
del número 6° del artículo 93 de la Constitución Política, es órgano legitimado
el juez que conoce de una gestión pendiente en que deba aplicarse el precepto
legal impugnado, y son personas legitimadas las partes en dicha gestión.

Si la cuestión es promovida por una parte ejerciendo la acción de
inaplicabilidad, se deberá acompañar un certificado expedido por el tribunal
que conoce de la gestión judicial, en que conste la existencia de ésta, el estado
en que se encuentra, la calidad de parte del requirente y el nombre y domicilio
de las partes y de sus apoderados.”

Finalmente, el artículo 80 de la citada ley establece que “El
requerimiento de inaplicabilidad, sea promovido por el juez que conoce de la
gestión pendiente o por una de las partes, deberá contener una exposición
clara de los hechos y fundamentos en que se apoya y de cómo ellos producen
como resultado la infracción constitucional. Deberá indicar, asimismo, el o los
vicios de inconstitucionalidad que se aducen, con indicación precisa de las
normas constitucionales que se estiman transgredidas”;

6°. Que, la presentación de fojas 1 no cumple con las exigencias
previstas tanto en la Carta Fundamental como en la ley orgánica
constitucional del Tribunal Constitucional.

En primer lugar, el libelo no es patrocinado por un abogado
habilitado para el ejercicio de la profesión.

En segundo término, no se ha acompañado un certificado expedido
por el tribunal que conoce de la gestión judicial con las menciones
previstas en el artículo 79, inciso segundo ya indicado.

Finalmente, se ha presentado a esta Magistratura un
“requerimiento de ilegalidad e inaplicabilidad inconstitucional, en
contra de Andrea Ghislaime Durán García Fiscal Adjunto de la Fiscalía
de Loncoche”, pretensión que no se encuentra dentro de las atribuciones
que la Constitución Política de la República ha otorgado a esta
Magistratura, conforme a la preceptiva anotada precedentemente.
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VEINTICUATRO




Dicha normativa exige el cuestionamiento de una norma de rango
legal cuya aplicación pueda resultar contraria a la Carta Política en una
gestión judicial seguida ante un tribunal ordinario o especial, lo que no
ocurre en la especie;

7°. Que, anotadas así las falencias, se concluye que no se tiene un
requerimiento con las exigencias previstas por la Constitución y la Ley
Orgánica Constitucional Nº 17.997, por lo que no será admitido a trámite.



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93,
inciso primero, N° 6°, e inciso decimo primero, de la Constitución Política y
en los artículos 42, 79, 80, 82, inciso primero, y demás pertinentes de la Ley
Nº 17.997, Orgánica Constitucional de esta Magistratura,




SE RESUELVE:

Que no se admite a tramitación el requerimiento deducido en lo
principal de fojas 1, teniéndose por no presentado. A los otrosíes,
estese a lo resuelto.


Notifíquese y archívese.

Rol N° 16.508-25-INA

Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 06/06/2025



Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida Miguel Angel Fernández González
Fecha: 06/06/2025 Fecha: 06/06/2025



Héctor Antonio Mery Romero Alejandra Precht Rorris
Fecha: 09/06/2025 Fecha: 09/06/2025


Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por
su Presidenta, Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros
señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida, señor Miguel Ángel Fernández
González, señor Héctor Mery Romero y señora Alejandra Precht Rorris.

Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional.
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VEINTICINCO


María Angélica Barriga Meza
Fecha: 09/06/2025




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