TC Rol 16519

Texto completo

0000358
TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO




2026

REPÚBLICA DE CHILE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
____________
Sentencia

Rol 16.519-2025

[6 de mayo de 2026]
____________




REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL ARTÍCULO 489 N° 5
DEL CÓDIGO PENAL


GISSELLE SAAVEDRA RIVEROS

EN EL PROCESO RIT N° 1241-2025, RUC N° 2510008610-K, SEGUIDO ANTE
EL JUZGADO DE GARANTÍA DE PUENTE ALTO


VISTOS:

Que, Gisselle Saavedra Riveros acciona de inaplicabilidad respecto del artículo
489 N° 5 del Código Penal en el proceso penal Rit N° 1241-2025, Ruc N° 2510008610-
K, seguido ante el Juzgado de Garantía de Puente Alto.



Precepto legal cuya aplicación se impugna

El texto de los preceptos impugnados dispone:



“Código Penal

Artículo 489.- Están exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la
civil por los hurtos, defraudaciones o daños que recíprocamente se causaren:

1.º Los parientes consanguíneos en toda la línea recta.

2.º Los parientes consanguíneos hasta el segundo grado inclusive de la línea colateral.




1
0000359
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE




3.° Los parientes afines en toda la línea recta.

4.° Derogado.

5.° Los cónyuges.

6.° Los convivientes civiles.

La excepción de este artículo no es aplicable a los extraños que participaren del delito,
ni tampoco entre cónyuges cuando se trate de los delitos de daños indicados en el párrafo
anterior.

Además, esta exención no será aplicable cuando la víctima sea una persona mayor
de sesenta años.”.

(…)



Síntesis de la gestión pendiente y del conflicto constitucional sometido al
conocimiento y resolución del Tribunal

La requirente, doña Gisselle Nathalie Saavedra Riveros, contrajo matrimonio
con don Francisco Javier Sierra González el 14 de septiembre de 2016. Explica que, tras
episodios de violencia intrafamiliar, se separó de hecho el 13 de junio de 2020,
deduciendo posteriormente acción de divorcio culposo ante el 3° Juzgado de Familia
de Santiago (RIT C-5531-2024), causa que se encuentra en tramitación.

El 19 de febrero de 2025, la requirente presentó querella ante el Juzgado de
Garantía de Puente Alto. Aquella se dirige en contra de don Francisco Javier Sierra
González, cónyuge de la requirente, a quien se le atribuye participación en calidad de
autor de un delito reiterado de celebración de contrato simulado en perjuicio de otro,
previsto y sancionado en el artículo 471 N°2 del Código Penal, y de un delito de lavado
de activos contemplado en el artículo 27 letra a) de la Ley N° 19.913. Asimismo, se
querella en contra de don Matías Antonio Sierra González, hermano del anterior, a
quien se le imputa participación como autor de un delito reiterado de celebración de
contrato simulado en perjuicio de otro. La acción penal se extiende además en contra
de todos quienes resulten responsables como autores, instigadores, cómplices o
encubridores de los delitos señalados, sin perjuicio de aquellos ilícitos que el
Ministerio Público acredite en el curso de la investigación.

La querella fue declarada admisible por resolución de 4 de marzo de 2025,
originándose la causa Rit 1241-2025 seguida ante el Juzgado de Garantía de Puente
Alto.

La imputación de la requirente en la querella dice relación con hechos
acaecidos en el contexto de la separación de hecho desde junio de 2020 y el juicio de
divorcio culposo actualmente en tramitación. Al efecto, alega que, encontrándose
Francisco Sierra en conocimiento del inicio de acciones legales por parte de su
cónyuge -especialmente tras la mediación frustrada de mayo de 2024-, procedió a




2
0000360
TRESCIENTOS SESENTA




simular diversos actos y contratos con la finalidad de ocultar su patrimonio en
perjuicio de ella y de sus tres hijos menores.

En el marco de lo anterior, específicamente, el 28 de junio de 2024 vendió
simuladamente a Panificadora Sierra Limitada (sociedad donde su hermano Matías
actúa como representante legal y que funciona como empresa de fachada) la parcela
donde actualmente vive la querellante con sus hijos, por un precio inferior al avalúo
fiscal. Posteriormente, esta sociedad demandó de precario a la Sra. Saavedra,
obteniendo sentencia monitoria de desalojo que actualmente se encuentra en
apelación.

Adicionalmente, imputa que el 17 de mayo de 2024 Francisco Sierra creó la
sociedad Inmobiliaria Sierra SpA., de la cual es único accionista y administrador, y
aportó cinco inmuebles de su propiedad por un total de $400.000.000, con
valorizaciones inferiores o apenas superiores a los avalúos fiscales, con el propósito
de disminuir fraudulentamente su patrimonio disponible para la liquidación de la
sociedad conyugal y el cumplimiento de obligaciones alimenticias. La querella
sostiene además que Francisco Sierra realiza desde hace años operaciones ilícitas
consistentes en inversiones en dinero efectivo no declaradas que generan cuantiosas
sumas en billetes, las cuales oculta y disimula mediante la apertura de panaderías que
sirven para “blanquear” estos ingresos como supuestas ganancias por venta de
alimentos, todo ello con la colaboración de familiares que actúan como testaferros

En audiencia de 20 de marzo de 2025, la defensa del querellado solicitó el
sobreseimiento definitivo fundado en la eximente de responsabilidad penal del
artículo 489 N°5 del Código Penal, fijándose audiencia para el 9 de junio de 2025 para
discutir dicha solicitud.

El proceso se encuentra suspendido por orden de esta Magistratura, conforme
resolución de admisión a trámite de fecha 5 de junio de 2025, a fojas 88.

Al fundar el conflicto constitucional, la requirente arguye contravención al
artículo 5° inciso 2° de la Constitución Política de la República, en relación con las
letras b), c), d), e), f) y g) del artículo 7° de la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará),
ratificada por Chile el 24 de octubre de 1996.

Al fundar el conflicto constitucional, la requirente arguye contravención al
artículo 5° inciso 2° de la Constitución Política de la República, en relación con las
letras b), c), d), e), f) y g) del artículo 7° de la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará),
ratificada por Chile el 24 de octubre de 1996.

La requirente sostiene que el Estado chileno se encuentra impedido de eximir
de responsabilidad penal al responsable de violencia de género en contra de la mujer,
en su dimensión de violencia económica, puesto que es deber del Estado sancionar
aquella y toda forma de violencia contra la mujer, siendo esta obligación un derecho



3
0000361
TRESCIENTOS SESENTA Y UNO




fundamental de toda mujer. En este sentido, la aplicación del artículo 489 N°5 del
Código Penal al caso concreto transgrede flagrantemente este mandato constitucional
e internacional.

La requirente plantea que la Convención de Belem do Pará, al estar ratificada
por Chile y encontrarse vigente, forma parte del ordenamiento jurídico nacional
conforme lo dispone el artículo 5° inciso segundo de la Constitución, que establece
como deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos esenciales
que emanan de la naturaleza humana, garantizados tanto por la Constitución como
por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

En primer término, la requirente invoca el derecho de toda mujer a que se
investigue y sancione toda forma de violencia ejercida en su contra. Señala que el
artículo 7° letra b) de la Convención de Belem do Pará impone como obligación
ineludible del Estado actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y
sancionar la violencia contra la mujer. Esta obligación convencional, según
argumenta, resulta incompatible con la eximente de responsabilidad penal que
contempla el artículo 489 N°5 del Código Penal, pues esta norma impide precisamente
que se investigue y sancione penalmente al cónyuge que ejerce violencia económica
contra su mujer a través de defraudaciones, generándose así un vacío punitivo
contrario a los compromisos internacionales del Estado.

En segundo lugar, sostiene que existe un deber del Estado chileno de derogar
cualquier norma como la del artículo 489 N°5 del Código Penal que tolere la violencia
contra la mujer. Fundamenta esta afirmación en el artículo 7° letra e) de la Convención,
que impone al Estado la obligación expresa de "tomar todas las medidas apropiadas,
incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o
para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la
tolerancia de la violencia contra la mujer". Argumenta que el artículo 489 N°5 del Código
Penal constituye precisamente una norma que tolera penalmente la violencia
económica contra la mujer al eximir de responsabilidad penal al marido por
defraudaciones cometidas contra su cónyuge, contraviniéndose así de manera frontal
el mandato convencional de abolir este tipo de disposiciones.

En tercer término, plantea que es un derecho de toda mujer que se promulguen
normas penales que sancionen efectivamente al marido que ejerce violencia
económica contra ella. La requirente invoca el artículo 7° letras c) y d) de la
Convención de Belem do Pará, que obliga al Estado a "incluir en su legislación interna
normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer" y a "adoptar medidas
jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner
en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique
su propiedad". Si bien reconoce expresamente que mediante esta acción constitucional
no pretende discutir sobre la inclusión o promulgación de nuevas normas penales que
sancionen la violencia económica contra la mujer, esta obligación internacional del



4
0000362
TRESCIENTOS SESENTA Y DOS




Estado chileno refuerza y reafirma que la existencia y aplicación del artículo 489 N°5
del Código Penal resultan ser contrarias a la Constitución en su aplicación concreta a
los autos RIT 1241-2025 del Juzgado de Garantía de Puente Alto.

En cuarto lugar, la requirente enfatiza que toda mujer tiene derecho a un
procedimiento judicial efectivo para que se determine la verdad sobre la violencia
económica que sufrió por parte de su marido y obtener reparación integral del daño
causado. Señala que el artículo 7° letras f) y g) de la Convención de Belem do Pará
consagra expresamente "el derecho de toda mujer a contar con procedimientos judiciales
efectivos para que se investiguen sus denuncias relativas a violencia de género", como
precisamente resulta ser la querella interpuesta en contra de su cónyuge, "se determinen
medidas de protección en su favor y sean reparadas del daño causado, lo que incluye
necesariamente la sanción penal contra el ofensor". La aplicación del artículo 489 N°5 del
Código Penal frustraría completamente este derecho fundamental, pues impediría el
acceso efectivo a la justicia penal al declarar el sobreseimiento definitivo del
querellado basándose únicamente en su condición de cónyuge.

La requirente refuerza su argumentación señalando que las obligaciones que
el artículo 7° de la Convención de Belem do Pará impone a todo Estado Parte son, en
realidad, derechos inalienables de toda mujer, conforme lo disponen los artículos 1° y
2° letra a) de este tratado internacional. El artículo 1° establece que "para los efectos de
esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta,
basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la
mujer, tanto en el ámbito público como en el privado". Por su parte, el artículo 2° letra a)
especifica que "se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y
psicológica que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación
interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la
mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual".

La requirente destaca que, si bien la doctrina ha sido conteste en reconocer y
proteger la violencia contra la mujer en su dimensión de violencia económica, resulta
particularmente relevante que la Ley N° 21.675 haya reconocido expresamente la
violencia económica como una forma específica de violencia de género. En efecto, el
artículo 5° de dicha ley define la violencia de género como "cualquier acción u omisión
que cause muerte, daño o sufrimiento a la mujer en razón de su género, donde quiera
que ocurra, ya sea en el ámbito público o privado; o una amenaza de ello". Por su
parte, el artículo 6° N°4 de la misma ley define específicamente la violencia económica
como "toda acción u omisión, ejercida en el contexto de relaciones afectivas o familiares, que
vulnere o pretenda vulnerar la autonomía económica de la mujer o su patrimonio, con el afán
de ejercer un control sobre ella o sobre sus recursos económicos o patrimoniales, o en el de sus
hijos o hijas o en el de las personas que se encuentren bajo su cuidado, en los casos que
corresponda".

La requirente también invoca relevante jurisprudencia de la Corte Suprema
que ha reiterado consistentemente que las normas de tratados interamericanos que



5
0000363
TRESCIENTOS SESENTA Y TRES




establecen derechos humanos, como precisamente lo es la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, se aplican
directamente al proceso penal una vez que entran en vigencia. Cita específicamente la
sentencia de la Corte Suprema en causa rol N° 29.025-2019, que estableció de manera
clara que las normas de derechos humanos referidas se aplican de manera directa al
proceso penal por estar incorporadas al ordenamiento jurídico nacional luego de su
publicación en el Diario Oficial, de acuerdo con lo prescrito en el inciso 2° del artículo
5° de la Constitución Política. Por tanto, concluye que estas normas convencionales se
aplican directamente al proceso penal seguido en contra del cónyuge bajo el RIT 1241-
2025 del Juzgado de Garantía de Puente Alto.

Adicionalmente, la requirente destaca circunstancias particulares del caso que
agravan el conflicto constitucional planteado. Señala enfáticamente que los hechos de
violencia económica denunciados ocurrieron el 17 de mayo de 2024, cuando las partes
ya se encontraban separadas de hecho desde el 13 de junio de 2020. Argumenta que si
bien en todo ordenamiento jurídico los procesos familiares y civiles que conlleva
cualquier divorcio donde no existe acuerdo entre los cónyuges implican un
juzgamiento que considera plazos o tiempos importantes, la espera de aquellos
procesos judiciales no puede transformarse en un impedimento para que se sancione
penalmente al marido agresor que violenta económicamente a la mujer con la que
contrajo matrimonio, con el mero pretexto de que aún no ha sido declarado el
divorcio. Sostiene enfáticamente que lo contrario sería tolerar una situación absurda e
injusta: que la mujer que se separa de hecho del marido debe ser advertida que, de
tomárselo mal su marido, éste podría violentarla económicamente a través de
defraudaciones porque éstas serán impunes penalmente hasta que se declare el
divorcio.

Finalmente, la requirente subraya el carácter manifiestamente anacrónico de la
norma impugnada, señalando que la disposición contemplada en el artículo 489 N°5
del Código Penal nació a la vida del derecho con la promulgación del primer Código
Penal en Chile, esto es, el 12 de noviembre de 1874. Esta circunstancia histórica
evidencia, según argumenta, que nos encontramos ante una norma decimonónica
completamente desactualizada y contraria a los estándares contemporáneos de
protección de los derechos humanos de las mujeres, especialmente considerando los
compromisos internacionales asumidos por Chile en las últimas décadas.



Tramitación

El requerimiento fue acogido a trámite por la Primera Sala, con fecha 5 de junio
de 2025, a fojas 88. En resolución de fecha 1 de julio de 2025, a fojas 324, se declaró
admisible.




6
0000364
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO




Conferidos los traslados de fondo a los órganos constitucionales interesados y
a las demás partes en la gestión invocada, Francisco Javier Sierra González formuló
observaciones a fojas 335.



Observaciones de Francisco Javier Sierra González

El requerimiento debe ser rechazado en todas sus partes por las razones
siguientes:



a) La requirente arguye un conflicto entre normas legales

El requerido plantea como objeción fundamental que en este caso no existe un
verdadero conflicto constitucional, sino un mero conflicto entre dos preceptos de
rango legal: el artículo 489 N°5 del Código Penal y las normas de la Convención Belem
do Pará que tienen implementación legal en Chile a través de la Ley N° 21.675.

Señala que el requerimiento omite deliberadamente toda referencia normativa
a la Ley N° 21.675, que implementa precisamente el tratado internacional en el
ordenamiento interno chileno. Esta omisión, lejos de ser casual, evidenciaría que lo
que realmente se pretende es que el Tribunal Constitucional decida un conflicto entre
normas de igual jerarquía legal: el artículo 489 N°5 del Código Penal versus las
disposiciones de la Ley N° 21.675.

El requerido argumenta que la referencia al artículo 5° inciso segundo de la
Constitución constituye, en realidad, una forma de disimular que el verdadero
conflicto es con el tratado internacional, el cual cuenta con implementación legal
expresa en nuestro país. Por tanto, concluye que nos encontramos frente a un
problema de conflicto de normas legales y no ante un conflicto constitucional
propiamente tal. De existir alguna desviación en la aplicación de una norma legal por
sobre otra, ello constituiría una infracción de ley que debe impugnarse por los recursos
procesales ordinarios que establece la ley y no mediante la acción de inaplicabilidad.



b) El artículo 5° inciso segundo de la Constitución no es norma de contraste
autónoma en sede de inaplicabilidad

El requerido sostiene que el requerimiento adolece de un defecto fundamental:
no se ha citado ninguna disposición específica del artículo 19 de la Constitución que
pueda contrastarse con el artículo 489 N°5 del Código Penal. Argumenta que el
artículo 5° inciso segundo de la Constitución, por sí solo, no puede constituir
parámetro de contraste en un requerimiento de inaplicabilidad.

Explica que, desde la perspectiva de la interpretación argumentativa del
derecho, los derechos consagrados en tratados internacionales cumplen la función de
dotar de contenido y dar forma a los derechos reconocidos en la Constitución. Por




7
0000365
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO




tanto, si la aplicación de una norma legal afecta un derecho constitucional —
interpretado y dotado de contenido mediante un tratado internacional— la infracción
sería a esa norma constitucional específica (por ejemplo, alguna garantía del artículo
19), pero no al artículo 5° inciso 2° considerado aisladamente.

Para fundamentar esta tesis, el requerido cita tres precedentes relevantes del
Tribunal Constitucional (Roles 1340-09, 2105-11 y 2257-12) donde, en todos los casos,
cuando se han invocado tratados internacionales en relación con el artículo 5° inciso
2°, estos han servido para dotar de contenido a derechos constitucionales específicos
(como la igualdad ante la ley del artículo 19 N°2 o el derecho a la libertad personal del
artículo 19 N°7), pero siempre vinculados a una norma constitucional concreta que
materializa el derecho en cuestión.

Adicionalmente, el requerido invoca la interpretación histórica del artículo 5°
inciso 2°, citando al profesor Raúl Bertelsen, ex Presidente del Tribunal Constitucional,
quien sostuvo tras la reforma de 1989 que nada se innovó en la solución tradicional
chilena sobre la superioridad de las normas constitucionales sobre las de los tratados
internacionales. Asimismo, cita la sentencia del Tribunal Constitucional Rol 346-02
sobre el Estatuto de Roma, que estableció que cuando existe conflicto entre una norma
legal y un tratado internacional, por aplicación del artículo 5° inciso 2°, debe preferirse
el tratado. Sin embargo, concluye que si en la gestión pendiente se aplica una ley en
vez de otra que debería aplicarse, la requirente cuenta con los recursos procesales
ordinarios para impugnar esta situación ante los tribunales ordinarios, pues se trata
de un control de legalidad y no de constitucionalidad.



c) El artículo 489 N°5 del Código Penal no tiene aplicación en la gestión
pendiente

El requerido arguye que el artículo 489 N°5 del Código Penal no resulta
aplicable a la gestión pendiente. Explica que esta norma establece una excusa legal
absolutoria, la cual —citando al profesor Sergio Politoff— constituye una causal para
prescindir de la pena "aunque el delito esté íntegro en sus ingredientes de tipicidad, injusto
y culpabilidad", requiriendo como presupuesto necesario que el delito exista y haya
sido declarado mediante sentencia.

En este sentido, el requerido cita jurisprudencia de la Corte Suprema (Rol 2251-
97) que estableció categóricamente que "una excusa legal absolutoria no puede dar lugar a
un sobreseimiento definitivo en ningún caso, dado que sólo puede ser aplicada cuando mediante
sentencia se ha declarado la existencia del delito". Por tanto, siendo la gestión pendiente
una audiencia para resolver una solicitud de sobreseimiento definitivo en etapa de
investigación, resulta evidente que el artículo 489 N°5 no puede resolver dicha
gestión, pues su aplicación requiere como presupuesto la previa declaración de
existencia del delito mediante sentencia condenatoria.




8
0000366
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS




Adicionalmente, el requerido señala que uno de los querellados (Matías Sierra)
no es cónyuge de la requirente, por lo que respecto de él la norma cuestionada
tampoco resultaría aplicable en caso alguno.



d) Falta de fundamentación plausible del requerimiento

El requerido sostiene que el requerimiento carece de fundamentación
plausible, pues los argumentos expuestos por la requirente no configuran
propiamente una argumentación de inaplicabilidad. Señala que los puntos 1 y 2 del
requerimiento (relativos al deber del Estado de abolir normas y de promulgar normas
penales) corresponden a materias de actividad legislativa, que escapan
completamente a los fines del procedimiento de inaplicabilidad.

Respecto del punto 3 (acceso a procedimiento judicial), el requerido argumenta
que la requirente ha accedido efectivamente a la jurisdicción en múltiples ocasiones:
ha presentado demandas y querellas en sede civil, de familia, penal, ha recurrido ante
las Cortes de Apelaciones, la Corte Suprema y ante el propio Tribunal Constitucional.
En el caso penal específico, la querella fue declarada admisible y se le dio plena
tramitación, demostrándose que no existe impedimento alguno para el acceso a la
justicia.

Finalmente, el requerido señala que la norma del artículo 489 N°5 del Código
Penal es aplicable tanto a hombres como a mujeres por igual, descartándose que sea
una norma que tolere específicamente la violencia contra la mujer, al ser neutra en
cuanto al género y producir los mismos efectos para ambos cónyuges.



Vista de la causa y acuerdo

En audiencia de Pleno del día 11 de noviembre de 2025, se verificó la vista de
la causa, oyéndose la relación pública, alegatos por la requirente del abogado Rodrigo
Arancibia Moreno y por la requerida del abogado Sebastián Sánchez Fernández. Fue
adoptado acuerdo con fecha 25 de noviembre de 2025.



CONSIDERANDO:



I. ANTECEDENTES DE LA GESTIÓN Y CONFLICTO
CONSTITUCIONAL PLANTEADO

PRIMERO: Ante esta Magistratura se acciona de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad Giselle Saavedra Riveros respecto del artículo 489, numeral 5, del
Código Penal, para que surta efecto en la querella deducida por la requirente en contra
de Francisco Javier Sierra González, por los supuestos delitos de celebración de
contrato simulado en perjuicio de otro, estafa y lavado de activo, seguido ante el



9
0000367
TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE




Juzgado de Garantía de Puente Alto, en el proceso RIT 1241-2025, RUC N° 2510008610-
K.

La requirente expone que contrajo matrimonio con el querellado en septiembre
de 2016, separándose de hecho en junio de 2020, para luego demandarlo de divorcio
culposo, compensación económica, y alimentos menores y mayores, en causa que se
sigue ante el 3° Juzgado de Familia de Santiago. Sostiene que, ante el conocimiento de
estas acciones en su contra, el querellado realizó distintos actos con la finalidad de
ocultar su patrimonio en su perjuicio, los que constituirían los delitos imputados en la
querella. Tales hechos son considerados por la querellante como actos de violencia de
género en su dimensión económica.

Según el certificado emitido por el tribunal que conoce la gestión pendiente, la
causa no ha sido formalizada, encontrándose fijada audiencia de sobreseimiento
definitivo e incompetencia. Tal sobreseimiento fue solicitado por el querellado
basándose en el artículo 489 N° 5 del Código Penal, impugnado en estos autos
constitucionales.

SEGUNDO: El precepto legal cuestionado, en la parte destacada, dispone:

“Están exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la civil
por los hurtos, defraudaciones o daños que recíprocamente se causaren:

(…) 5°. Los cónyuges

(…) La excepción de este artículo no es aplicable a los extraños que participaren
del delito, ni tampoco entre cónyuges cuando se trata de los delitos de daños indicados
en el párrafo anterior.

Además esta exención no será aplicable cuando la víctima sea una persona
mayor de sesenta años”.

TERCERO: En relación con el conflicto constitucional suscitado, la requirente
plantea que la aplicación de la norma en el caso concreto, al eximir de responsabilidad
penal a los cónyuges por hurtos, defraudaciones o daños que recíprocamente se
causaren, vulnera la garantía constitucional del inciso segundo del artículo 5° de la
Constitución Política, en relación con las letras b), c), d), e), f) y g) del artículo 7° de la
Convención Belem do Pará.

Al efecto sostiene que la norma impugnada exime de responsabilidad penal al
responsable de violencia económica, lo cual vulnera el deber del Estado de sancionar
toda violencia en contra de la mujer. En ese sentido, manifiesta que toda mujer tiene
derecho a contar con procedimientos judiciales efectivos para que se investiguen sus
denuncias relativas a violencia de género, como precisamente resulta ser la que suscita
la querella interpuesta en la gestión pendiente.



II. EXCUSAS LEGALES ABSOLUTORIAS




10
0000368
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO




CUARTO: El precepto legal impugnado establece excusas absolutorias, las
cuales han sido definidas como “causales para prescindir de la pena, aun cuando el
responsable haya realizado todos los elementos del delito y no concurran causales de
justificación o exculpación, siempre que se compruebe una determinada característica personal
a la que la ley le otorga ese efecto” (Matus Acuña, J.P. y Ramírez Guzmán, M.C (2025):
Manual de Derecho Penal Chileno. Parte General, Editorial Tirant Lo Blanch, p. 625).

Estas figuras se caracterizan por recaer en situaciones en que concurren todos
los elementos necesarios para que se genere normalmente la responsabilidad penal;
en que su establecimiento por el legislador se funda en argumentos no de índole
jurídico, sino prácticos, como son razones de conveniencia o utilidad social o motivos
de política criminal; en que inciden y benefician según la ley solo a un individuo
determinado; en que solo existen en virtud de texto legal expreso; y, en fin, en que la
ley no las establece de forma general, sino de modo especial para regir determinados
tipos y en circunstancias bien delimitadas (Novoa Monreal, E. (2005): Curso de derecho
penal chileno: parte general, Tercera edición, Editorial Jurídica de Chile, p. 568).

QUINTO: Entre las excusas legales absolutorias, el numeral 5° del artículo 489
del Código Penal, cuestionado en estos autos, dispone que los cónyuges están exentos
de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la civil por los hurtos,
defraudaciones o daños que recíprocamente se causaren.

La finalidad de la norma es evitar la persecución penal de delitos patrimoniales
causado entre personas con estrechos vínculos familiares y además se justifica por la
dificultad de determinar la existencia de los hechos en bienes que suelen ser comunes.
En ese sentido, la doctrina sostiene que su objetivo es “no interferir con la fuerza del
Estado en conductas que, aunque ilícitas, acontecen en el seno de una familia y tienen solo un
alcance patrimonial, ya que, de hacerlo, sería sin duda “el remedio peor que la enfermedad”. En
efecto, el legislador quiere, probablemente, por una parte, evitar la confrontación en un proceso
penal de personas unidas por vínculos familiares; por otra parte, toma en cuenta el hecho de
que la administración y manejo de los bienes puede no estar, en la vida corriente, claramente
definida entre cónyuges y parientes cercanos” (Politoff, S., Matus, J., y Ramírez, C. (2003):
Lecciones de derecho penal chileno. Parte General, Editorial Jurídica de Chile, p. 361 y 362).

La norma de la cual deriva el precepto impugnado es el artículo 268 del Código
Penal español, que exime de responsabilidad criminal a los cónyuges por los delitos
patrimoniales que se causaren entre sí. En la misma línea de lo ya dicho e
interpretando tal precepto, el Tribunal Supremo español ha resuelto que la no
criminalización de estos actos evita provocar una irrupción del sistema dentro del
grupo familiar que perjudicaría la posible reconciliación familiar, lo que estaría en
contra de la filosofía que debe inspirar la actuación penal de mínima intervención
y última ratio, siendo preferible desviar el tema a la jurisdicción civil, la cual
supone una intervención menos traumática y más proporcionada a la exclusiva
afectación de intereses económicos como los únicos cuestionados (Sentencia Tribunal
Supremo Español 334/2003, de fecha 5 de marzo de 2003).



11
0000369
TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE




SEXTO: Si bien el artículo 489 se contiene en el Código Penal desde su
dictación, la norma ha sufrido diversas modificaciones respondiendo a cambios
sociales que condujeron a efectuarle algunas necesarias adecuaciones.

Así es como la Ley N° 20.427, de fecha 18 de marzo de 2010, incorporó el inciso
final a la disposición, según la cual la exención no es aplicable cuando la víctima es
una persona mayor de sesenta años. Al respecto, según consta en la historia fidedigna
de la ley, el Senador Espina manifestó que “resulta muy complejo el criminalizar las
relaciones de familia pero, por otra parte, coincidió con la idea que justifica la norma
aprobada en general, en cuanto es de muy común ocurrencia que los parientes que
viven con un adulto mayor pensionado se apropien de ese ingreso mediante poderes
mal habidos o, directamente, hurtando el dinero del cobro sin que reciban sanción”
(Historia de la Ley N° 20.427, p. 167). El Senador Gómez, por su parte, coincidió en
revisar la norma atendida “las numerosas irregularidades que ocurren en perjuicio de
los adultos mayores que, por cobijar en sus hogares a parientes más necesitados,
terminan siendo víctimas de actos inescrupulosos que no tienen sanción penal. Sin
embargo, agregó, coincide en la conveniencia de ser muy cuidadoso al modificar la
referida disposición del Código Penal, estimando que es necesario mantener como
regla general que no es conveniente criminalizar los conflictos patrimoniales al
interior de la familia” (Historia de la Ley N° 20.427, p. 106).

Luego, mediante la Ley N° 20.480, del 18 de diciembre del mismo año que la
anterior, se limitó la procedencia de la excusa legal absolutoria entre cónyuges si
alguno comete delito de daños (inciso 2° del art. 489). Al respecto se ha dicho que “Ya
no se sostienen las razones de política criminal en estos supuestos y se establece como necesaria
la respuesta penal si se determina la existencia de esta clase de delitos” (Santibáñez Torres,
María Elena y Vargas Pinto, Tatiana (2011), “Reflexiones en torno a las modificaciones
para sancionar el femicidio y otras reformas relacionadas (ley N° 20.480)”, en Revista
Chilena de Derecho, 38(1), p. 206).

Por último, cabe anotar que el legislador consideró necesario extender la
aplicación del precepto a los convivientes civiles, conforme lo dispuso la Ley N°
20.830, de 21 de abril de 2015.

SÉPTIMO: En conclusión, si bien el artículo 489 del Código Penal surgió como
manifestación de una política criminal orientada a evitar la intervención punitiva del
Estado en conflictos patrimoniales intrafamiliares, su alcance ha sido objeto de
sucesivas modificaciones legislativas que reflejan la adaptación del derecho penal a
nuevas realidades sociales. Así, el legislador ha ido introduciendo excepciones con el
objeto de equilibrar la finalidad original de mínima intervención penal con la
necesidad de otorgar una tutela efectiva frente a situaciones de especial
vulnerabilidad o abuso.




12
0000370
TRESCIENTOS SETENTA




III. EN CUANTO A LA INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 5° POR
INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL ESTADO PARA
AJUSTARSE A LA CONVENCIÓN BELEM DO PARÁ.


OCTAVO: En ejercicio de la atribución contenida en el numeral 6 del artículo
93 de la Constitución, esta Magistratura debe ejercer un control concreto respecto de
preceptos legales cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal
ordinario o especial, resulte contrario a la Constitución (artículo 93, N° 6, de la Carta
Fundamental). Por esta consideración, la Ley Orgánica Constitucional de este
Tribunal exige que el requerimiento contenga una exposición de los hechos y sus
fundamentos y de cómo ellos producen como resultado una infracción constitucional,
debiendo indicar, asimismo, los vicios de inconstitucionalidad que se aducen, con
indicación precisa de las normas constitucionales que se estiman transgredidas
(artículo 80 de la LOCTC).

Antes de entrar al fondo del asunto, es preciso referirse a los argumentos
desarrollados en el requerimiento, el cual se funda en que la aplicación del precepto
impugnado infringiría la garantía constitucional del artículo 5° de la Constitución
Política, en relación con las letras b), c), d), e), f) y g) del artículo 7° de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer,
conocida como la Convención Belem do Pará.

NOVENO: Tanto la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) como la Convención Belém do Pará
establecen obligaciones para los Estados para erradicar la discriminación y la violencia
de género.

Cabe tener presente que el inciso 2° del artículo 5 de la Carta Fundamental,
invocado por la requirente como infringido, dispone que “es deber de los órganos del
Estado respetar y promover tales derechos (esenciales que emanan de la naturaleza
humana y que limitan la soberanía), garantizados por esta Constitución, así como por
los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”

DÉCIMO: La jurisprudencia de esta Magistratura ha empleado como estándar
de argumentación el derecho internacional comprendido en las ya mencionadas
convenciones al resolver algunos de los asuntos sometidos a su competencia. En
efecto, al fundar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de preceptos legales en
ejercicio de la competencia que le ha sido asignada ha argumentado no sólo a la luz
de lo que señalan las disposiciones constitucionales que fundan dichas declaraciones,
sino que ha confrontado la ley impugnada con el estándar de debida diligencia que
pesa sobre el Estado de Chile y que se halla contenida en dichas convenciones.

Así sucedió, por ejemplo, en la sentencia que declaró la inaplicabilidad de los
artículos 13 y 14 de la Ley N° 16.441, que crea el Departamento de Isla de Pascua (STC
8792-20, de 29 de enero de 2021) y también luego en el fallo posterior que declaró la




13
0000371
TRESCIENTOS SETENTA Y UNO




inconstitucionalidad de esos mismos preceptos legales en las partes que indica (STC
12.415-21, de 5 de abril de 2022). Según dichas sentencias, las normas impugnadas al
dar una respuesta penal menor frente a los delitos en contra de la indemnidad sexual
de la mujer resultaban un verdadero sistema de discriminación por factores de
territorio, sexo y etnia, vulneraban tanto los numerales 2 y 3 del artículo 19 de la
Constitución, sino que con ello relativizaban los deberes del Estado de erradicación y
sanción efectiva de la violencia sexual contra las mujeres, establecidos en el derecho
internacional convencional (cc. 26° y 27° de la STC 12.415).

Asimismo, puede observarse que algunas sentencias, al rechazar la acción de
inaplicabilidad y afirmar la constitucionalidad del precepto legal impugnado, han
argumentado en torno a reglas de la Convención Belem do Pará. Así, por ejemplo, en
sentencia Rol N° 15.217, al analizar la norma legal que excluye la pena sustitutiva de
un delito de abuso sexual (c. 23°) y en la sentencia Rol N° 15.551, que desestimó la
inaplicabilidad del artículo 387 del Código Procesal Penal respecto de una gestión
pendiente en que había una menor víctima de violencia sexual (c. 14°).

UNDÉCIMO: En el caso concreto no se considera que la aplicación de la regla
impugnada vulnere un derecho fundamental contemplado en la Constitución o en la
Convención Belem do Pará, al invocar el inciso 2° del artículo 5 de la Carta
Fundamental como afectado, sino reglas de dicho tratado internacional que establecen
las obligaciones que adquirió el Estado de Chile al ratificarlo y que dicen relación con
su deber “de respetar y promover” los derechos humanos garantizados en tal
Convención, como señala esa misma disposición constitucional.

El deber de “respetar” los derechos fundamentales “implica
fundamentalmente la obligación de abstenerse de violarlos o infringirlos, es decir, de
abstenerse de realizar actos materiales que incumplan con la obligación correlativa a
la pretensión jurídica” (Coddou, Alberto (2017), “Deberes generales de respetar,
proteger y promover derechos fundamentales”, en Contreras, P. y Salgado, C. (eds),
Manual de Derechos Fundamentales: Parte General. LOM Ediciones, pp. 374 y 375), sin
perjuicio de que ello importa también una obligación positiva por parte del Estado,
cual es “asegurar el respeto” de estos derechos y libertades (García Pino, Gonzalo,
“¿Cómo compatibilizar el orden convencional y constitucional de derechos? Relectura
del artículo 5° de la Constitución”, en Contreras, Pablo y García, Gonzalo (2020),
Estudios sobre control de convencionalidad, Ediciones Der, pp. 85 y 86). Mientras tanto, el
de deber estatal establecido en la Carta Fundamental de “promover” los derechos
esenciales que emanan de la naturaleza humana y que se encuentren garantizados
tanto en la Constitución como en tratados internacionales ratificados y vigentes,
consiste, según el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, en términos
generales, en “tomar la iniciativa para la realización o el logro de algo” y,
particularmente, para el derecho internacional público, en “impulsar decisiones por
los poderes públicos nacionales y las organizaciones internacionales con fines o
propósitos determinados”. Es decir, se trata de una acción positiva por parte del




14
0000372
TRESCIENTOS SETENTA Y DOS




Estado que consista en adoptar las medidas legislativas, ejecutivas o de otro carácter
que sean necesarias para hacer efectivos los derechos.

DUODÉCIMO: La norma del artículo 5° de la Carta Fundamental que
establece los deberes estatales ya examinados busca entonces “reconstruir un deber de
un determinado orden jurídico, desde las normas externas del derecho internacional de los
derechos humanos, y exigir la adecuación interna”, obligación que “es exigida desde el
orden internacional previsto en cada tratado, según lo dispone la modalidad de aplicación que
la propia Constitución ha recogido en su artículo 54 N° 1, inciso quinto. Con ello, se aplican
los criterios que se derivan del propio “alcance del tratado” (art. 54 N° 1, inciso segundo),
según se le informa al Congreso Nacional (García Pino, Gonzalo (2020), “Cómo articular
derechos constitucionales y convencionales en el marco de la teoría de derechos
fundamentales”, en Contreras, Pablo y García, Gonzalo (2020), ob. cit., p. 160).

DÉCIMO TERCERO: Ahora bien, de acuerdo con el requerimiento, el
precepto legal impugnado habría llevado al incumplimiento de Chile de su deber de
respetar y promover los derechos garantizados por la Convención Belem du Pará
por haber infringido las letras b), c), d), e), f) y g) de su artículo 7, que contemplan
una serie de obligaciones que pesan sobre el Estado chileno para adoptar políticas
orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Ese
incumplimiento se da dentro del marco de obligaciones nacionales libremente
asumidas y que derivan de haberse ratificado el señalado tratado y encontrarse éste
vigente.

Algunas de dichas obligaciones dicen relación con actuaciones
administrativas, otras de índole judicial y, en fin, otras con decisiones legislativas.
En este último sentido se encuentran las letras c), e) y f) del artículo 7°, según las
cuales es deber de los Estados parte “c. incluir en su legislación interna normas penales,
civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas
apropiadas que sean del caso”; “e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas
de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar
prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la
violencia contra la mujer” y “f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la
mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección,
un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos”.



IV. FUNDAMENTOS DEL RECHAZO AL REQUERIMIENTO DE
AUTOS
DÉCIMO CUARTO: Al rechazar la declaración de inaplicabilidad del
precepto legal impugnado cabe tener presente, en primer lugar, que el requerimiento,
al fundamentar el vicio denunciado resulta confuso, por cuanto indica que “el Estado



15
0000373
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES




chileno se encuentra impedido de eximir de responsabilidad penal al responsable de
violencia de género en contra de la mujer, en su dimensión económica, ya que es deber
del Estado sancionar aquella y toda violencia contra la mujer, siendo esta obligación
un derecho fundamental de toda mujer” (fs. 3), en circunstancias que la referida
obligación pesa sobre el Estado sin que, por su naturaleza, ésta sea un derecho de la
mujer, sino que, como consecuencia de su cumplimiento, ella se verá beneficiada.

DÉCIMO QUINTO: En segundo lugar, debemos recordar que el
requerimiento de inaplicabilidad es la acción que el ordenamiento supremo franquea
para evitar que la aplicación de un o más preceptos legales, invocados en una gestión
judicial pendiente, produzca efectos contrarios a la Constitución. Se trata, por ende,
de un control concreto de la constitucionalidad de la ley, es decir, centrado en el caso
sub lite. Esta característica se opone a un análisis abstracto entre el precepto legal y la
Constitución y exige abarcar diversos componentes fácticos y normativos aplicables
en la gestión.

DÉCIMO SEXTO: En el sentido recién explicado, cabe tener presente que la
parte requirente, centra su libelo en que su cónyuge, querellado en la gestión
pendiente, habría cometido violencia de género en su contra, la que tendría, además,
carácter de reiterada (fs. 2). En la letra del libelo insiste que en la especie se trata de un
caso de violencia de género, de tipo económica, que es la que imputa, en calidad de
reiterada, y en el certificado acompañado al requerimiento se advierte que la querella
que constituye la gestión judicial pendiente se interpone por un delito reiterado de
celebración de contrato simulado en perjuicio de otro, delito reiterado de estafas y un
delito de lavado de activo que fundaron su querella (fs. 5).

De este modo, arguye que “el Estado chileno se encuentra impedido de eximir
de responsabilidad penal al responsable de violencia de género en contra de la mujer,
en su dimensión de violencia económica” (fs. 3), afirmando que es “derecho de toda
mujer que se promulguen normas penales que sancionen penalmente al marido que
ejerce violencia económica contra la mujer” (fs. 5).

DÉCIMO SÉPTIMO: Como ya explicó, los reproches que formula el
requerimiento son que el Estado de Chile no se habría ajustado a las obligaciones que
le impone un tratado internacional. Sin embargo, tales objeciones no tienen asidero en
la realidad en la medida que, como el mismo requirente indica, luego de la suscripción
de la Convención Belem do Pará e incluso con anterioridad a ello, el legislador chileno
ya había reconocido y condenado la violencia económica como una forma violencia
de género.

DÉCIMO OCTAVO: En efecto, la Ley N° 21.675, de 14 de junio de 2024,
dispone que la violencia de género es “cualquier acción u omisión que cause muerte,
daño o sufrimiento a la mujer en razón de su género, donde quiera que ocurra, ya sea
en el ámbito público o privado; o una amenaza de ello” (art. 5) y, entre las formas de
violencia en contra de las mujeres en razón de su género, la ley incluye, entre otras, la




16
0000374
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO




violencia económica, que es definida en el numeral 4 de su artículo 6 como “toda
acción u omisión, ejercida en el contexto de relaciones afectivas o familiares, que
vulnere o pretenda vulnerar la autonomía económica de la mujer o su patrimonio, con
el afán de ejercer un control sobre ella o sobre sus recursos económicos o
patrimoniales, o en el de sus hijos o hijas o en el de las personas que se encuentren
bajo su cuidado, en los casos que corresponda”.

DÉCIMO NOVENO: Ese tipo de violencia se encuentra además
especialmente tipificada. Así, el artículo 14 de la Ley N° 20.066, de 7 de octubre de
2005, tipifica el delito de maltrato habitual, condenando “el ejercicio habitual de
violencia física, sexual, psíquica o económica” cuando se dirige en contra de uno de
los cónyuges, como ocurriría en el caso concreto, por lo que la requirente no se
encuentra en el estado de indefensión que alega para la persecución de tal delito.

El referido delito de maltrato habitual, que constituye la figura especial para la
situación que afectaría a la requirente y que no ha sido denunciado por ésta, supone
apreciar por el juez la habitualidad de la conducta. Para ello, según establece el inciso
2° del mismo artículo 14 de la Ley N° 20.699, “se atenderá al número de actos
ejecutados, así como a la proximidad temporal de los mismos, con independencia de
que dicha violencia se haya ejercido sobre la misma o diferente víctima. Para estos
efectos, no se considerarán los hechos anteriores respecto de los cuales haya recaído
sentencia penal absolutoria o condenatoria”.

VIGÉSIMO: Teniendo presente lo anterior, el precepto impugnado no puede
producir un efecto inconstitucional en el caso sublite, más allá de la pretendida
obsolescencia o de la situación de separación de hecho habida entre los cónyuges en
este caso.

En efecto, no se advierte cómo el precepto impugnado en estos autos podría
producir ser inconstitucional en el caso concreto si se tiene presente, en primer lugar,
que el artículo 489 N° 5 del Código Penal se vincula con los delitos de hurto y
defraudaciones, sin que tenga relación alguna con delitos de violencia contra la mujer,
incluso si se trata de violencia económica, encontrándose ese tipo de violencia
penalmente tipificada en una norma especial como acabamos de anotar.

VIGÉSIMO PRIMERO: Sin perjuicio de lo anterior, en segundo lugar y
teniendo presente los hechos imputados, podría alegarse que ellos también se
subsumen en los delitos de hurto o defraudación que señala el artículo 489 del Código
Penal, de modo que la víctima podría perseguir la condena de cualquiera de los
delitos, configurándose o bien un concurso ideal, o bien un concurso aparente de leyes
penales que se resuelve por la vía de la especialidad y, en este caso, justamente por la
excusa legal absolutoria respecto de los delitos estrictamente patrimoniales
mencionados en el artículo 489 N° 5 impugnado, decantándose entonces el aparente
conflicto normativo en favor de la regla especial, contenida en el artículo 14 de la Ley
20.066.




17
0000375
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO




Por el contrario, si se estima que lo que hay es un concurso ideal de delitos, la
excusa legal absolutoria lleva a la impunidad a algunos de ellos, pero esos son
justamente los que no se refieren a la violencia de género, quedando vigente la
punibilidad de la figura del artículo 14 ya invocado.

VIGÉSIMO SEGUNDO: En definitiva, los hechos que el requerimiento
imputa a su cónyuge consistentes en una serie de actos constitutivos de violencia
económica se encuentran tipificados en la legislación, con lo cual el Estado se ha
preocupado de proteger la seguridad y dignidad de la mujer, y en consecuencia, no
se produce la infracción denunciada, por cuanto el artículo 489 del Código Penal no
se refiere a delitos de violencia intrafamiliar.

VIGÉSIMO TERCERO: En suma, la excusa legal absolutoria puede operar
respecto de los tipos de estafa o contrato simulado, meramente patrimoniales y en sí
mismos ajenos a la normativa nacional e internacional que protege a la mujer, pero no
opera respecto del tipo que sí tiene esa finalidad protectora penal específica, en este
caso en favor de la cónyuge, incluso tratándose de los mismos hechos, porque el bien
jurídico protegido en el tipo es el que cambia, y el artículo 489 atacado solo relativiza
el bien jurídico propiedad, en aras de la armonía familiar.

Mientras tanto, en el artículo 14 de la Ley 20.066 lo que se protege es siempre
la dignidad y seguridad de la víctima y con ello sus derechos fundamentales, incluso
cuando la violencia es económica, de manera que es imposible que se produzca el
efecto inconstitucional que se acusa.

VIGÉSIMO CUARTO: Así, reiteramos que la legislación se encuentra en
plena concordancia con las obligaciones contraídas por el Estado de Chile en virtud
de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer, específicamente con los compromisos del Estado de Chile de “actuar
con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la
mujer”; “incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así
como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra la mujer”; y “tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo
medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o
para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o
la tolerancia de la violencia contra la mujer” (letras “b”, “c”, y “e”, respectivamente,
del artículo 7 de la Convención Belém Do Pará, que la requirente da por infringidos).

VIGÉSIMO QUINTO: Por otra parte, no puede soslayarse que distintas
aristas del conflicto entre las partes también han sido planteadas en otras sedes, como
ha ocurrido mediante la interposición de una demanda de rescisión de actos y
contratos y de una acción de declaración de bien familiar, lo que refleja que la
requirente cuenta con mecanismos idóneos, en sede no penal, para tutelar su
patrimonio e intereses en las hipótesis que expone.




18
0000376
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS




VIGÉSIMO SEXTO: Por último, y a mayor abundamiento, no puede obviarse
que una sentencia estimatoria en un caso como este provocaría una evidente
infracción constitucional desde que habilitaría la imposición de una sanción penal
respecto de una conducta que, al tiempo de su acaecimiento, no era jurídicamente
reprochable, conculcando de este modo la garantía de irretroactividad de la ley penal
consagrada en el artículo 19 N° 3, inciso octavo, de la Constitución Política de la
República, conforme al cual ningún delito puede ser castigado con otra pena que la
que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una
nueva ley favorezca al afectado.

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Por todos los argumentos y consideraciones
anteriores, se rechaza el requerimiento de inaplicabilidad de autos.



Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93, incisos primero,
N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la
Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional
del Tribunal Constitucional,



SE RESUELVE:

I. QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DEDUCIDO A LO
PRINCIPAL DE FOJAS 1. OFÍCIESE.

II. ÁLCESE LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA
EN AUTOS. OFÍCIESE.

III. QUE NO SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE REQUIRENTE
POR ESTIMARSE QUE TUVO MOTIVO PLAUSIBLE PARA
LITIGAR.



DISIDENCIA

Las Ministras señora DANIELA MARZI MUÑOZ (Presidenta), NANCY YÁÑEZ
FUENZALIDA y CATALINA LAGOS TSCHORNE estuvieron por acoger el libelo de fojas
1. Ello por las consideraciones siguientes:




I. ANTECEDENTES DEL CASO CONCRETO

1°. Que, la requirente, doña Gisselle Nathalie Saavedra Riveros, ha requerido
la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 489 N° 5 del Código Penal por
estimar que su aplicación produce efectos contrarios a la Constitución Política en el




19
0000377
TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE




proceso penal RIT N° 1241-2025, RUC N° 2510008610-K, seguido ante el Juzgado de
Garantía de Puente Alto.

2°. Que, para la adecuada resolución del requerimiento de inaplicabilidad
sometido al conocimiento de esta Magistratura, resulta imprescindible atender al
contexto fáctico del caso concreto.

De acuerdo con los antecedentes que constan en estos autos, con fecha 14 de
septiembre de 2016 la requirente contrajo matrimonio con don Francisco Javier Sierra
González. Según se expone en el libelo, con ocasión de dicha relación se habrían
verificado diversos episodios constitutivos de violencia intrafamiliar, circunstancia
que motivó la separación de hecho de la pareja el 13 de junio de 2020. Posteriormente,
la actora dedujo demanda de divorcio culposo ante el 3° Juzgado de Familia de
Santiago, proceso que se encuentra actualmente en tramitación bajo el RIT C-5531-
2024.

Asimismo, se señala que, como consecuencia de una serie de hechos que la
requirente califica como violencia de género y que le habrían ocasionado un
significativo detrimento patrimonial, con fecha 19 de febrero de 2025 interpuso
querella criminal en contra de su cónyuge ante el Juzgado de Garantía de Puente Alto,
originándose la causa RIT 1241-2025. En dicha acción penal, admitida a tramitación
por resolución de 4 de marzo de 2025, se le imputa la calidad de autor de un delito
reiterado de celebración de contrato simulado en perjuicio de otro, de un delito
reiterado de estafa y de un delito de lavado de activos.

Posteriormente, en audiencia celebrada el 20 de marzo de 2025, la defensa del
querellado solicitó el sobreseimiento definitivo de su representado. Dicha solicitud se
encuentra pendiente de resolución, a la espera de la audiencia fijada para su
discusión. En esa misma oportunidad procesal, la requirente interpuso, además,
denuncia por el delito de amenazas en contra del señor Sierra González.

3°. Que, como conflicto constitucional, la requirente arguye que la aplicación
del precepto impugnado contraviene el artículo 5°, inciso segundo de la Constitución
Política de la República, en relación con las letras b), c), d), e), f) y g) del artículo 7° de
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer o Convención de Belem do Pará, ratificada por Chile el 24 de octubre de 1996.

La requirente sostiene que “el Estado se encuentra impedido de eximir de
responsabilidad penal al responsable de violencia de género en contra de la mujer, en su
dimensión de violencia económica, puesto que es deber del Estado sancionar aquella y toda
forma de violencia contra la mujer, siendo esta obligación un derecho fundamental de toda
mujer” (fojas 3).



II. LAS EXCUSAS LEGALES ABSOLUTORIAS Y SU FUNDAMENTO




20
0000378
TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO




4°. Que, primeramente, resulta necesario abordar la conceptualización y
fundamentos de la institución prevista en el numeral 5 del artículo 489 del Código
Penal.

La normativa impugnada establece que los cónyuges están exentos de
responsabilidad criminal –quedando sujetos únicamente a la responsabilidad civil–
por los hurtos, defraudaciones o daños que recíprocamente se causen. Tal disposición
configura una hipótesis clásica de lo que la doctrina penal denomina excusa legal
absolutoria, en cuanto el legislador, pese a reconocer la concurrencia de un hecho
típico, antijurídico y culpable, decide excluir la imposición de la pena por razones que
atienden a consideraciones ajenas a la estructura del delito. En nuestro ordenamiento
jurídico, el artículo 489 del Código Penal, inspirado en el modelo español, constituye
el ejemplo característico de esta categoría dogmática.

5°. Que, conforme a la conceptualización desarrollada por Sergio Politoff, Jean
Pierre Matus y María Cecilia Ramírez, las excusas absolutorias constituyen causales
que permiten prescindir de la pena, aun cuando el ilícito se encuentra íntegramente
configurado en sus elementos de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad (POLITOFF,
Sergio; MATUS, Jean Pierre; RAMÍREZ, María Cecilia (2004): Lecciones de Derecho Penal.
Parte General. 2ª edición, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, p. 362).

Se trata, en consecuencia, de causas personales de exclusión de la punibilidad,
que operan en atención a una determinada calidad o vínculo del autor y cuyos efectos
se circunscriben exclusivamente a éste, sin extenderse a los demás partícipes del
delito (VAN WEEZEL, Alex (2023): Curso de Derecho Penal. Parte General. 1ª edición.
Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile, p. 144). De ahí que la excusa en
comento tenga un carácter estrictamente personal, no siendo extensible “a los extraños
que participaren del delito”, según el tenor del propio precepto.

6°. Que, el fundamento de estas excusas responde primordialmente a
consideraciones de política criminal de carácter utilitario. Históricamente, las excusas
legales absolutorias han sido entendidas como un mecanismo destinado a evitar la
intervención del Derecho Penal en conflictos patrimoniales surgidos al interior del
núcleo familiar, bajo la premisa de que tales controversias pueden resolverse
adecuadamente sin la intromisión del ius puniendi estatal. Subyace a esta opción
legislativa la finalidad de resguardar la unidad y estabilidad de la familia, así como
de reducir la criminalización de conductas que se desarrollan en un ámbito donde las
relaciones personales y patrimoniales se encuentran estrechamente entrelazadas
(POLITOFF, Sergio; MATUS, Jean Pierre; RAMÍREZ, María Cecilia (2004): Óp. Cit; CURY,
Enrique (2005): Derecho Penal. Parte General, 7ª edición, Santiago, Ediciones
Universidad Católica de Chile, p. 468).

En tal sentido, los precitados autores han destacado que se trata de situaciones
excepcionales y particularmente calificadas, en las cuales la imposición de una pena
podría generar un perjuicio mayor para la convivencia familiar que la abstención de
castigar. Estas excusas representan, por tanto, concesiones singulares al utilitarismo



21
0000379
TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE




penal, justificadas en aquellos supuestos en que, conforme a la experiencia, la
preservación de la paz social y familiar aparece mejor obtenida mediante la renuncia
a la sanción que a través de su aplicación.

Desde esta perspectiva, un Derecho Penal orientado a las consecuencias
prescinde de intervenir con la fuerza punitiva del Estado en conductas ilícitas de
alcance meramente patrimonial, acaecidas en el seno de la familia, en la medida que
la respuesta penal podría resultar desproporcionada o contraproducente. Asimismo,
el legislador ha tenido en consideración la inconveniencia de forzar la confrontación
penal entre personas unidas por vínculos familiares y la frecuente indeterminación
práctica en la administración y manejo de los bienes comunes o familiares (Ibid., p.
468).



III. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

7°. Que, habiendo delimitado el marco dogmático de la excusa legal
absolutoria impugnada, corresponde ahora identificar los bienes jurídicos que se
encuentran comprometidos en el conflicto constitucional sometido a conocimiento de
esta Magistratura.

La requirente ha enmarcado los hechos que imputa a su cónyuge dentro de lo
que denomina violencia de género en su dimensión económica o patrimonial,
alegando que la aplicación del precepto impugnado importaría una desprotección
incompatible con los deberes estatales de prevención, sanción y erradicación de la
violencia contra la mujer, consagrados en la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 5°, inciso segundo de la Constitución Política. Desde esta
perspectiva, el conflicto se proyecta sobre bienes jurídicos de rango constitucional,
tales como el derecho a vivir una vida libre de violencia y la igualdad ante la ley.

Por otra parte, la institución de la excusa legal absolutoria descansa, como se
ha expuesto, en la finalidad de resguardar la familia como núcleo fundamental de la
sociedad y de evitar la intervención punitiva del Estado en conflictos patrimoniales
surgidos al interior de ella. De este modo, también se encuentra en juego la protección
constitucional de la familia y la opción legislativa de limitar el ius puniendi en aras de
la preservación de la convivencia familiar.

8°. Que, de este modo, el análisis de la norma impugnada a la luz de las
circunstancias del caso concreto evidencia una tensión entre, por un lado, derechos
fundamentales y, por otro, un valor constitucionalmente tutelado. Esta tensión o
eventual colisión de principios consagrados constitucionalmente exigen, de acuerdo
con la jurisprudencia de esta alta Magistratura, un análisis a la luz del principio de
proporcionalidad.




22
0000380
TRESCIENTOS OCHENTA




El test de proporcionalidad en el caso concreto

9°. Que, tal como se ha señalado en jurisprudencia reciente de esta
Magistratura (véanse STC Roles N° 15.672-24, 15.858-24, 15.859-24, 15.860-24, 15.902-
24, 15.763-24, entre otras), el examen de proporcionalidad consiste en una estructura
escalonada de razonamiento articulada en base a cuatro pasos de análisis de la
medida que establece una norma impugnada, a saber: (i) la existencia de un fin
legítimo, (ii) su adecuación, (iii) la necesidad de la medida y, (iv) su proporcionalidad
en sentido estricto.



i. Finalidad legítima

10°. Que, para determinar la legitimidad del fin perseguido por el precepto
impugnado –esto es, la preservación y estabilidad de los vínculos familiares– resulta
pertinente tener a la vista la profunda evolución que ha experimentado el Derecho de
Familia en las últimas décadas, especialmente en lo concerniente a los principios que
lo informan, cuya configuración originaria se remonta a la época de dictación del
Código Civil, esto es, mediados del Siglo XIX.

En efecto, las sucesivas reformas introducidas al Libro I, “De las personas”,
del mentado Código, así como la dictación de numerosas leyes especiales y
complementarias en la materia —tales como la Ley N° 19.947, Nueva Ley de
Matrimonio Civil; la Ley N° 19.968 que crea los Tribunales de Familia; y la Ley N°
20.066 sobre Violencia Intrafamiliar, entre otras—, han configurado un marco
normativo sustancialmente diverso del originalmente previsto, alterando de manera
significativa tanto la estructura del Derecho de Familia como los principios que
históricamente lo orientaron.

En este contexto, la doctrina ha sistematizado los principios clásicos del
Derecho de Familia en los siguientes: a) el carácter religioso e indisoluble del
matrimonio; b) la incapacidad relativa de la mujer casada; c) la administración
unitaria y concentrada en el marido de la sociedad conyugal; d) una patria potestad
fuertemente reforzada; y e) la preferencia por la filiación matrimonial. Tales
principios, que reflejaban las concepciones sociales predominantes en la época de
Andrés Bello, han sido progresivamente reemplazados por una nueva matriz
axiológica, estructurada en torno al principio de protección a la familia; la tutela del
matrimonio; el principio de igualdad, tanto entre los cónyuges como entre los hijos;
la protección del más débil, expresada particularmente en el interés superior del niño
y en la tutela del cónyuge más vulnerable; la autonomía de la voluntad; y, finalmente,
el principio de intervención mínima del Estado (LEPIN, Cristian (2014): “Los nuevos
principios del Derecho de Familia”. En: Revista Chilena de Derecho Privado, N° 23, pp.
10-13).

11°. Que, en este contexto, cobra relevancia el principio de protección de la
familia, el cual tiene expreso reconocimiento en la Constitución Política.



23
0000381
TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO




Precisamente, el artículo 1°, inciso segundo, dispone que “[l]a familia es el núcleo
fundamental de la sociedad”, agregando, en su inciso final, que es deber del Estado
protegerla y propender a su fortalecimiento. De esta forma, el texto constitucional no
sólo reconoce la importancia de la familia en la organización social, sino que impone
a los órganos del Estado un mandato de acción positiva orientado a su tutela y
promoción.

El referido principio se encuentra asimismo recogido en diversos tratados
internacionales de Derechos Humanos ratificados por Chile, a saber, la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 17; el Protocolo Adicional a la
Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
en su artículo 15; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo
23.1; y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, en su artículo 44. En todos ellos se
consagra el deber de los Estados de reconocer y proteger a la familia como elemento
fundamental de la sociedad.

Del mismo modo, otros instrumentos internacionales, tales como la
Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 16.3, y la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo VI, reconocen que
la familia constituye el elemento básico y fundamental de la sociedad y que, como tal,
debe recibir la protección del Estado y de la sociedad.

12°. Que, en virtud de lo razonado, la finalidad perseguida por el precepto
impugnado resulta constitucionalmente legítima. El legislador no solamente puede,
sino que, además, tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para reconocer y
proteger a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, de conformidad con el
marco constitucional e internacional descrito.

En consecuencia, verificada la legitimidad del fin, corresponde examinar si la
excusa legal absolutoria prevista respecto de determinados delitos patrimoniales
cometidos entre cónyuges constituye un medio idóneo, necesario y proporcional para
alcanzar el referido objetivo, particularmente en contextos como el del caso concreto
en que la relación conyugal, según se expone, se encuentra marcada por dinámicas
de violencia de género.



ii. Adecuación o idoneidad de la medida

13°. Que, en relación con la adecuación o idoneidad de la medida contenida
en el artículo 489 N° 5 del Código Penal, es indispensable atender a las
particularidades que presenta la relación conyugal objeto del juicio penal del caso sub
lite.

Como se expuso precedentemente, consta en autos que doña Gisselle Nathalie
Saavedra Riveros y don Francisco Javier Sierra González se encuentran separados de




24
0000382
TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS




hecho desde el año 2020, y que la requirente ha deducido demanda de divorcio
culposo actualmente en tramitación ante el 3° Juzgado de Familia de Santiago.
Asimismo, los hechos que motivan la querella criminal se insertan –presuntamente–
en un contexto de violencia intrafamiliar susceptible de ser calificado como violencia
de género.

14°. Que, en tales condiciones, la protección de la familia pretendida por el
precepto impugnado no puede asimilarse a la mantención irrestricta de cualquier
vínculo formal, prescindiendo de las condiciones materiales en que éste se desarrolla.
El mandato constitucional e internacional de protección a la familia presupone la
existencia de una comunidad de vida fundada en el respeto, la igualdad y la dignidad
de sus integrantes, en línea con lo dispuesto en el artículo 1°, inciso tercero de la
Constitución Política, esto es, el deber del Estado de promover el bien común
propendiendo a la mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto
a los derechos y garantías reconocidas por la Carta Fundamental.

Cuando la relación conyugal se encuentra quebrantada de hecho y atravesada
por dinámicas de violencia, no resulta coherente sostener que la exclusión de
responsabilidad penal contribuya a la preservación de un núcleo familiar que, en
términos jurídicos, se encuentra en vías de disolución.

15°. Que, de lo anterior se concluye que la imposibilidad de perseguir la
responsabilidad penal entre cónyuges en los términos del artículo 489 del Código
Penal, con el objeto de evitar la judicialización de conflictos intrafamiliares y limitar
la intervención punitiva del Estado, no constituye una medida idónea en el presente
caso. Si no existe, en la práctica, una comunidad familiar que proteger, la aplicación
de la excusa legal absolutoria impugnada no se ajusta a su fundamento teleológico.

16°. Que, al respecto, la doctrina ha razonado que si la finalidad de “dicha
norma era la mantención de la familia y su protección como estructura central de la sociedad,
existiendo un contexto intrafamiliar de violencia, la norma deja de tener sentido en su
aplicación desde que ese orden institucional de relevancia social ya se ha destruido”
(CASTILLO, Alejandra (2023): "Aproximación al contenido y límites de la violencia
patrimonial en el contexto intrafamiliar". En: Política Criminal, Vol. 18, N° 36, p. 800).

17°. Que, por estas razones, el precepto impugnado no supera el examen de
idoneidad dentro del juicio de proporcionalidad que exige el caso concreto, desde
que, en las particulares circunstancias en que éste se desenvuelve, la medida no
resulta adecuada para satisfacer el objetivo constitucionalmente delineado.



iii. Necesidad de la medida

18°. Que, no habiéndose superado el segundo paso de análisis, es decir, el de
idoneidad o adecuación, no resulta indispensable continuar avanzando en el examen
de proporcionalidad la medida. No obstante, por las características del caso concreto,




25
0000383
TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES




y a propósito del conflicto constitucional planteado y las infracciones normativas
alegadas, resulta relevante detenerse en el análisis de la necesidad de la medida. Tal
como ha precisado esta Magistratura, el análisis de necesidad de la medida, “consiste
en determinar si aquella es eficiente, es decir, si la autoridad ha optado por utilizar el medio
menos lesivo o restrictivo de los derechos fundamentales involucrados para dar cumplimiento
al fin legítimo perseguido” (STC Rol N° 15.036-23, c. 7°).

19° Que, como ya se señaló, la requirente alega haber sido víctima de violencia
, en su dimensión económica o patrimonial. Al efecto, expone el libelo que “[p]roducto
de hechos que le causaron un serio perjuicio patrimonial con ocasión de violencia de género
ejercida por su cónyuge, el 19 de febrero de 2025 doña Gisselle Saavedra Riveros presentó
querella criminal en contra de don Francisco Sierra González ante el Juzgado de Garantía de
Puente Alto, imputándole ser autor de un delito reiterado de celebración de contrato simulado
en perjuicio de otro, de un delito reiterado de estafa del inciso primero del artículo 468 del
Código Penal y de un delito de lavado de activo” (fojas 2).

20°. Que, en pronunciamientos recientes esta Magistratura ha sostenido que
la violencia contra las mujeres constituye un problema de derechos humanos (STC
Rol N° 13.011-22-, c. 18° y STC Rol N° 13.783-22, c. 21°).

Tal entendimiento tiene especial relevancia para el control que debe ejercer
este Tribunal, pues, como se razona en los precitados fallos, en virtud del artículo 5°,
inciso segundo de la Constitución Política, “se incorporan una serie de instrumentos
internacionales que se deben tener en cuenta para determinar si la norma impugnada produce
o no efectos inconstitucionales en [el] caso concreto” (STC Rol N° 13.011-22, c. 17°).

21°. Que, la Convención Belém do Pará afirma expresamente que la violencia
contra la mujer –definida en su artículo 1° como cualquier acción o conducta, basada
en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la
mujer, tanto en el ámbito público como en el privado– constituye una violación de los
derechos humanos y de las libertades fundamentales, en cuanto limita total o
parcialmente el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos.

El numeral 4 del artículo 6° de la Ley N° 21.675 que estatuye medidas para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres en razón de su
género, considera a la violencia económica como una manifestación de la violencia de
género, siendo entendida como toda acción u omisión, ejercida en el contexto de
relaciones afectivas o familiares, que vulnere o pretenda vulnerar la autonomía
económica de la mujer o su patrimonio, con el afán de ejercer un control sobre ella o
sobre sus recursos económicos o patrimoniales, o en el de sus hijos o hijas o en el de
las personas que se encuentren bajo su cuidado, en los casos que corresponda.

22°. Que, el artículo 3° del precitado tratado internacional, reconoce el derecho
de las mujeres a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el
privado. Dicho derecho, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6° de la
Convención, incluye, entre otros, el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de




26
0000384
TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO




discriminación, y el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones
estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en
conceptos de inferioridad o subordinación. A su vez, el artículo 7° de dicho cuerpo
normativo, establece obligaciones correlativas específicas para el Estado con el objeto
de prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia, que dan cuenta del ámbito de
protección del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y cuyo
incumplimiento determina la vulneración de este.

23°. Que, de los deberes enunciados en el artículo 7° es posible concluir que el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos impone un mandato amplio, que
incluye tanto los diversos ámbitos de actuación del Estado, así como también aquellos
referidos a los particulares.

En su Opinión Consultiva OC-27/21, la Corte Interamericana refrendó esta
idea, sosteniendo que “del derecho a las mujeres a vivir una vida libre de violencia y los
demás derechos específicos consagrados en la Convención de Belém do Pará, surgen las
correlativas obligaciones del Estado para respetar y garantizarlos. Las obligaciones estatales
especificadas en el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará deben alcanzar todas las
esferas de actuación del Estado, transversal y verticalmente, es decir, todos los poderes públicos
(legislativo, ejecutivo y judicial), tanto a nivel federal como estadual o local, así como en las
esferas privadas” (Corte IDH (2021): OC-27/21. Derechos a la libertad sindical,
negociación colectiva y huelga, y su relación con otros derechos, con perspectiva de
género, párr. 200).

24°. Que, para el caso en examen, resulta particularmente relevante el deber
de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia
contra la mujer, dispuesto en el artículo 7, letra b), de la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que
el estándar de debida diligencia en los delitos constitutivos de violencia de género
contra las mujeres implica, en concreto, que “[e]l deber de investigar es una obligación de
medio y no de resultado, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y
no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. La obligación del
Estado de investigar debe cumplirse diligentemente para evitar la impunidad y que este tipo
de hechos vuelvan a repetirse. En este sentido, la Corte recuerda que la impunidad fomenta la
repetición de las violaciones de derechos humanos” agregando que “[a] la luz de ese deber,
una vez que las autoridades estatales tengan conocimiento del hecho, deben iniciar ex officio y
sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva por todos los medios legales
disponibles y orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura,
enjuiciamiento y eventual castigo de todos los autores de los hechos, especialmente cuando
están o puedan estar involucrados agentes estatales” (Corte IDH, Caso González y otras
(Campo Algodonero) Vs. México. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas.
Sentencia de 16 de noviembre de 2009, párr. 289 y 290).




27
0000385
TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO




En el caso que ha sido sometido al conocimiento de esta Magistratura, resulta
especialmente relevante el estándar acuñado por el tribunal interamericano en
relación con los efectos que acarrearía una eventual impunidad en casos de violencia
de género: “Por último, la Corte reitera que la ineficacia judicial frente a casos individuales
de violencia contra la mujer propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la
repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual
la violencia contra la mujer puede ser tolerada y aceptada, lo que favorece su perpetuación y la
aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad de las mujeres,
así como una persistente desconfianza de estas en el sistema de administración de justicia.
Dicha ineficacia o indiferencia constituye en sí misma una discriminación de la mujer en el
acceso a la justicia” (Corte IDH. Caso Carrión González y otros Vs. Nicaragua. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2024. Serie C No. 550.,
Párrafo 90; en el mismo sentido: Corte IDH. Caso Angulo Losada Vs. Bolivia.
Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 18 de noviembre de
2022. Serie C No. 475., párr. 161).

En un sentido similar, en la doctrina nacional se ha sostenido que “la abstención
e inhibición de la justicia favorece la repetición de esta violencia y coadyuva a su aceptación
por parte de la víctima, o que ésta pueda suponer que sus derechos no recibirán protección”
(JIMÉNEZ ALLENDES, María Angélica y MEDINA GONZÁLEZ, Paula (2011): Violencia
contra la pareja en la justicia penal: mayores penas, mayor violencia. Librotecnia, 1.ª ed.,
Santiago, p. 46.).

Lo anterior es gravitante en el caso concreto, pues permite afirmar que una
solución normativa como la dispuesta en el precepto legal impugnado no es
admisible en casos constitutivos de violencia de género, al determinar una forma de
ineficacia judicial y propiciar la impunidad. Por lo tanto, desde la perspectiva del
examen de necesidad de la medida, no es posible afirmar que la excusa legal
absolutoria sea el medio menos lesivo para lograr la finalidad perseguida, ya que es
la impunidad –justamente– el resultado que debe evitarse diligentemente por parte
de todos los poderes públicos.

De este modo, la aplicación del precepto legal impugnado en el caso concreto
produce efectos contrarios a la Constitución, al infringir el artículo 5°, inciso segundo
de la Constitución, en relación con una vulneración del derecho a una vida libre de
violencia de la requirente, consagrado en la Convención Interamericana para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

25°. Que, asimismo, se constata una infracción al derecho a la igualdad,
reconocido en el artículo 19, número 2 de la Constitución, puesto que, en palabras de
la Corte Interamericana, la ineficacia judicial frente a casos individuales
de violencia de género “constituye en sí misma una discriminación de la mujer en el acceso
a la justicia” (Corte IDH. Caso Carrión González y otros Vs. Nicaragua. OP. Cit. Párr.
161).




28
0000386
TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS




El vínculo entre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el
derecho a la igualdad y a la no discriminación no sólo ha sido afirmado por los
organismos internacionales de protección a los derechos humanos, sino que también
ha sido reconocido normativamente en el artículo 6° de la Convención Belem do Pará
ya señalado. Como se expone en el preámbulo del referido tratado internacional “la
violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las
relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”. Por su parte, el
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha afirmado
inequívocamente que la violencia contra la mujer constituye una forma de
discriminación por motivos de género y que la discriminación es una de las causas
principales de dicha violencia (Asamblea General de las Naciones Unidas (2006):
Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer. Documento
A/61/122/Add.1, p. 17. Disponible en:
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10742.pdf).

26°. Que, lo anterior resulta relevante, ya que si bien la norma impugnada es
aparentemente neutra –y, por lo tanto, no distingue entre hombres y mujeres–, su
aplicación en casos en que la presunta víctima ha sido objeto de violencia de género
–como se afirma en el caso de autos–, tiene un impacto diferenciado en razón del sexo,
generando consecuencias desfavorables y perjudiciales a su respecto. Dicho de otro
modo, el artículo 489 N° 5 del Código Penal provoca un efecto discriminatorio por
indiferenciación que perpetúa las desigualdades existentes.

Esto es lo que en doctrina se conoce como “discriminaciones indirectas” o
“discriminaciones de impacto”, las que pueden conceptualizarse como “aquellos
tratamientos jurídicos formalmente neutros respecto del sexo, pero de los que derivan, por la
desigual situación fáctica de los hombres y las mujeres afectados, consecuencias desiguales
perjudiciales por el impacto desfavorable que tienen los miembros de uno y otro sexo” (REY
MARTÍNEZ, Fernando (2010): “Igualdad entre mujeres y hombres en la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional Español”. Estudios constitucionales, Vol. 8, N° 2, p. 537).



iv. Proporcionalidad en sentido estricto

27°. Que, finalmente, aun cuando se estimara que el precepto impugnado
supera los pasos anteriores del test de proporcionalidad –lo que, según se ha
razonado, no ocurre en la especie–, su aplicación en el caso concreto tampoco resiste
el examen de proporcionalidad en sentido estricto. Este último paso exige contrastar
los beneficios que la medida reporta con la intensidad de la afectación que ella
produce sobre los derechos fundamentales comprometidos.

En el caso sub lite, dichos beneficios resultan considerablemente exiguos, toda
vez que la finalidad de preservar la unidad familiar que subyace al precepto carece
de un correlato práctico –y, por ende, resulta inidónea– atendida la situación en la
que se encuentra la relación conyugal de la requirente. De este modo, no existe




29
0000387
TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE




comunidad familiar alguna que la norma pueda contribuir a preservar. A su vez,
como se ha argumentado, la excusa legal absolutoria examinada tampoco resulta
necesaria al no ser el medio menos lesivo o restrictivo de derechos.

En contraste, el costo que la aplicación del artículo 489 N° 5 del Código Penal
supone reviste una entidad importante, pues la eximente de responsabilidad penal
contenida en el precepto impugnado pugna gravemente con el estándar de debida
diligencia previsto en el artículo 7°, letra b) de la Convención Belém do Pará –el que
resulta particularmente relevante en contextos de violencia de género– y, por tanto,
con los derechos a una vida libre de violencia de género y a la no discriminación de
la requirente. De ahí que no exista una proporcionalidad en sentido estricto en la
aplicación del precepto impugnado.



IV. CONSIDERACIONES FINALES

28°. Que, por su parte, debe desecharse el argumento del requerido en cuanto
a que el precepto legal impugnado no sería decisivo en la gestión pendiente. El
fundamento de dicha alegación radica en que, encontrándose fijada audiencia para
debatir un eventual sobreseimiento definitivo, sería improcedente que esta
Magistratura emita un pronunciamiento, en la medida que –según la tesis recogida
por la Corte Suprema en sentencia Rol N° 2251-97–, en tanto la configuración de una
excusa legal absolutoria supone la existencia previa de un delito, su aplicación
resultaría incompatible con la decisión de sobreseer definitivamente.

Con todo, sin perjuicio de que corresponde al juez de la causa resolver acerca
de la procedencia y alcance de la tesis invocada, lo cierto es que la sola circunstancia
de encontrarse pendiente una audiencia destinada a discutir el sobreseimiento no
priva al precepto impugnado de su carácter decisivo. En efecto, el sobreseimiento
definitivo requiere de una resolución judicial que así lo declare, de modo que,
mientras ésta no se produzca, su dictación constituye únicamente una mera
posibilidad procesal.

Por otra parte, esta Magistratura ha sostenido de manera constante que el
estándar de decisividad no exige la certeza de aplicación de la norma impugnada,
sino la plausibilidad de que ella pueda incidir en la resolución del asunto sometido al
conocimiento del tribunal de la gestión pendiente (STC Roles N° 2678-14, c. 9°; 2651-
14, c. 7°; 634-06, c. 8°; 506-06, c. 11°, entre otras). Desde esta perspectiva, atendido que
la disposición impugnada regula directamente la posibilidad de excluir la
responsabilidad penal del imputado en el juicio objeto de estos autos, resulta evidente
que su aplicación puede influir de manera sustancial en la decisión que deba
adoptarse por el Juzgado de Garantía de Puente Alto.

29°. Que, por último, corresponde hacerse cargo del argumento sostenido por
el voto de mayoría, en cuanto a que, en la especie, serían aplicables tipos penales
referidos a conductas constitutivas de violencia de género y que, por ende, existiría



30
0000388
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO




un conflicto normativo cuya resolución exigiría preferir la regla contenida en el
artículo 14 de la Ley N° 20.066 por sobre el artículo 489 N° 5 del Código Penal, en
virtud del principio de especialidad (véanse considerandos 21° a 23°).

En primer lugar, en cuanto a la competencia de esta Magistratura para
pronunciarse sobre este asunto, cabe recordar que, conforme lo ha declarado
reiteradamente este Tribunal (STC Roles N° 16.203-25, c. 13°; 16.202-25, c. 12°; 3877-
17, c. 19°), la determinación del derecho aplicable al caso concreto constituye una
prerrogativa exclusiva del juez que conoce del asunto, y no una materia que deba
promoverse en esta sede. En efecto, no le corresponde a este Tribunal calificar el tipo
penal que pudiera configurarse en el caso de autos, pues ello importaría pronunciarse
sobre el fondo de una controversia penal cuyo conocimiento y resolución le son
ajenos.

Sin perjuicio de lo anterior, y a mayor abundamiento, cabe hacer presente que
la cuestión relativa a la aplicabilidad del artículo 489 del Código Penal respecto de
delitos contra la propiedad o el patrimonio perpetrados en el contexto de violencia
intrafamiliar constituye, en sí misma, un problema de interpretación legal no resuelto
por la doctrina ni por el legislador. Así lo pone de manifiesto Alejandra Castillo, al
señalar que ni la Ley N° 21.389 ni su historia fidedigna contienen referencia expresa
a dicha situación, concluyendo que “no existe una interpretación satisfactoria que excluya
sin más su aplicación a los delitos comunes” (CASTILLO, Alejandra (2023): "Aproximación
al contenido y límites de la violencia patrimonial en el contexto intrafamiliar". Política
Criminal, Vol. 18, N° 36, p. 799). Agrega la misma autora que, tratándose de delitos de
hurto, defraudaciones y daños contemplados en el artículo 489 del Código Penal, no
parece admisible, prima facie, excluir su aplicación por el solo hecho de que su génesis
se encuentre en un contexto de maltrato habitual, de manera que, configurada la
hipótesis típica y superado el umbral del control coercitivo, dicha excusa legal
absolutoria mantendría su vigencia (Ibid., p. 800).

De lo anterior se sigue que lo resuelto a este respecto por el voto de mayoría
no sólo excede las competencias de este Tribunal, sino que involucra una materia
genuinamente controvertida en el plano de la interpretación legal, respecto de la cual
coexisten argumentos plausibles en uno y otro sentido. Ello refuerza la idea que no
se trata de un asunto susceptible de ser resuelto en sede de inaplicabilidad, siendo el
juez del fondo el llamado a discernir, en el caso concreto, cuál es la norma aplicable y
el sentido que se le debe atribuir.

30°. Que, en virtud de todo lo razonado, estas Ministras disidentes concluyen
que la aplicación del artículo 489 N° 5 del Código Penal en el caso concreto produce
efectos contrarios a la Constitución Política, por lo que estuvieron por acoger el
presente requerimiento.




31
0000389
TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE




Redactó la sentencia la Ministra señora MARÍA PÍA SILVA GALLINATO. La
disidencia fue redactada por la Ministra señora CATALINA LAGOS TSCHORNE.



Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.
Rol N° 16.519-25-INA




32
0000390
TRESCIENTOS NOVENTA


Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 06/05/2026



Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida María Pía Silva Gallinato
Fecha: 06/05/2026 Fecha: 06/05/2026



Miguel Angel Fernández González Raúl Eduardo Mera Muñoz
Fecha: 07/05/2026 Fecha: 07/05/2026



Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 07/05/2026



Marcela Inés Peredo Rojas Mario René Gómez Montoya
Fecha: 06/05/2026 Fecha: 06/05/2026


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta,
Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros señora Nancy
Adriana Yáñez Fuenzalida, señora María Pía Silva Gallinato, señor Miguel Ángel
Fernández González, señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana
Lagos Tschorne, señor Héctor Mery Romero, señora Marcela Inés Peredo Rojas
y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional, señor Sebastián
López Magnasco.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 07/05/2026




4E80BF7A-FC64-474D-8617-2818654A553D
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su
validez puede ser consultada en www.tribunalconstitucional.cl con el
código de verificación indicado bajo el código de barras.