TC Rol 16538

Texto completo

0002075
DOS MIL SETENTA Y CINCO




2026

REPÚBLICA DE CHILE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
____________
Sentencia

Rol 16.538-2025

[29 de enero de 2026]
____________

REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL ARTÍCULO 768 INCISO
SEGUNDO DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL


ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A.
EN EL PROCESO ROL N° 658-2024 (CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO),
SEGUIDO ANTE LA CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO



VISTOS:

Que, a fojas 1, con fecha 6 de junio de 2025, Enel Distribución Chile S.A. deduce
requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 768
inciso segundo del Código de Procedimiento Civil, para que ello incida en el proceso
Rol N° 658-2024 (Contencioso Administrativo), seguido ante la Corte de Apelaciones
de Santiago.



Preceptos legales cuya aplicación se impugna

El texto de los preceptos impugnados dispone lo siguiente:



“Código de Procedimiento Civil

(…)

“Artículo 768. (…)

En los negocios a que se refiere el inciso segundo del artículo 766 sólo podrá fundarse
el recurso de casación en la forma en alguna de las causales indicadas en los números 1°, 2°,




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3°, 4°, 6°, 7° y 8° de este artículo y también en el número 5° cuando se haya omitido en la
sentencia la decisión del asunto controvertido.”.

(…)



Síntesis de la gestión pendiente y del conflicto constitucional sometido al
conocimiento y resolución del Tribunal

ENEL Distribución Chile S.A. acciona de inaplicabilidad en el marco de la
sustanciación de un reclamo de ilegalidad por ella deducido ante la Corte de
Apelaciones de Santiago, conforme al artículo 19 de la Ley N° 18.410, Orgánica de la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles (Rol Ingreso N° 658-2024,
Contencioso Administrativo).

El reclamo versa sobre actos administrativos dictados por la Superintendencia
de Electricidad y Combustibles (SEC) que rechazaron las postulaciones presentadas
por ENEL para calificar determinadas interrupciones del suministro eléctrico como
casos fortuitos o de fuerza mayor. Estas interrupciones ocurrieron durante el gran
evento climático de los días 1 y 2 de agosto de 2024, que implicó lluvias y vientos
huracanados, irresistibles e imprevistos, que afectaron el funcionamiento normal de
todo el sistema eléctrico y, en particular, del sistema de distribución de energía.

Explica que el procedimiento administrativo que da origen a la controversia se
encuentra regulado en la Resolución Exenta N° 1.829 de 2021 de la SEC, que establece
un mecanismo mensual de postulación de interrupciones. Las empresas
distribuidoras deben cargar la información de las interrupciones ocurridas en la
plataforma STAR entre los días 1 y 20 de cada mes. Luego, la SEC revisa
individualmente cada postulación y sus probatorios hasta el día 11 del mes siguiente,
publicando sus observaciones desde el día 21. Las empresas pueden corregir o
complementar la información hasta el día 18, momento en que la SEC cierra
definitivamente el proceso el día 20.

En el caso concreto, presentó postulaciones correspondientes con
interrupciones ocurridas en agosto de 2024, buscando que fueran calificadas como
casos fortuitos o de fuerza mayor conforme al procedimiento establecido en el Oficio
Circular N° 544 del 11 de enero de 2019. La SEC formuló observaciones de rechazo
respecto de estas postulaciones. No obstante, alega que la SEC dictó estos actos
administrativos de rechazo sin aportar ni explicitar fundamentos razonables que los
justificaran, vulnerando con ello garantías constitucionales.

La causa se sustancia ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Con fecha 22
de mayo de 2025, la Corte rechazó la solicitud de apertura de término probatorio
presentada por ENEL, argumentando que se trata de una cuestión de derecho y que
no existen puntos sustanciales, pertinentes y controvertidos que justifiquen recibir la
causa a prueba.




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Posteriormente, ENEL dedujo recurso de reposición contra esta resolución,
señalando que es necesario acreditar hechos esenciales como que los actos
impugnados constituyen resoluciones y no meras observaciones, que la SEC ha
incurrido en contradicciones, y que se ha vulnerado el debido proceso al restringirse
ilegítimamente los plazos.

Se arguye la existencia de contravenciones constitucionales con motivo de la
aplicación del precepto cuestionado. El artículo 768 inciso segundo del Código de
Procedimiento Civil establece una limitación específica para los recursos de casación
en la forma en procedimientos especiales. Esta restricción vulnera la garantía de
debido proceso, en cuanto impide ejercer un control completo sobre los vicios en que
puede incurrir una sentencia de segunda instancia. Sostiene así que el recurso de
casación en la forma constituye una garantía esencial del debido proceso, pues
permite revisar que las sentencias cumplan con los requisitos formales que aseguran
una decisión fundada, razonada y motivada. Al excluir ciertas causales,
particularmente aquellas relacionadas con la ausencia o deficiencia de los
fundamentos de la sentencia, el precepto impugnado deja sin protección efectiva
aspectos centrales del derecho a obtener una resolución motivada por parte del
tribunal superior.

Esta limitación vulnera el derecho al debido proceso consagrado en el artículo
19 N°3 inciso sexto de la Constitución en dos dimensiones. Por una parte, afecta el
derecho al recurso como componente esencial del debido proceso, al impedir que las
partes puedan impugnar plenamente una sentencia definitiva que carezca de
fundamentos de hecho y derecho adecuados, privándolas de un mecanismo idóneo
para corregir formalmente este vicio. Por otra parte, vulnera el deber constitucional
de fundamentación de las sentencias al permitir la dictación y consolidación de fallos
sin la debida motivación, transformando una exigencia legal esencial (art. 170 N°4
CPC) en una mera formalidad no exigible jurisdiccionalmente.

Adicionalmente, la norma impugnada infringe el principio de igualdad ante la
ley establecido en el artículo 19 N°2 de la Constitución, al establecer una
discriminación arbitraria sin justificación razonable. Otras reclamaciones contencioso-
administrativas especiales de naturaleza análoga -como las dirigidas contra
resoluciones de la Superintendencia de Servicios Sanitarios tramitadas bajo el
procedimiento sumario- permiten el ejercicio pleno del recurso de casación en la
forma en todas sus causales, incluida la omisión de cualquier requisito del artículo 170
CPC. No existe fundamento objetivo que justifique por qué los reclamantes en materia
eléctrica deben soportar un régimen recursivo disminuido respecto de situaciones
jurídicas sustancialmente similares, configurándose así un trato diferenciado que
carece de toda razonabilidad constitucional.




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Tramitación

El requerimiento fue acogido a trámite por la Primera Sala, con fecha 11 de
junio de 2025, a fojas 114, disponiéndose la suspensión del procedimiento. En
resolución de fecha 4 de julio de 2025, a fojas 1479, se declaró admisible.

Conferidos los traslados de fondo a los órganos constitucionales interesados y
a las demás partes en la gestión invocada, la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles formuló observaciones a fojas 1493.



Observaciones de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles
(SEC)

Sostiene que el libelo debe ser rechazado bajo las siguientes consideraciones:

a) Carácter prematuro e hipotético del requerimiento. La SEC sostiene que el
requerimiento resulta prematuro y especulativo. La causa está en etapa inicial. De esta
manera la requirente presume dos hechos futuros e inciertos: que perderá el juicio y
que la sentencia carecerá de fundamentos. Desde ahí es posible considerar estos
supuestos como “futuros, inciertos y con lógica negativa”, no correspondiendo
declarar inaplicable un precepto por meras posibilidades teóricas futuras, sino solo
por efectos concretos verificables en la gestión pendiente específica.

b) Naturaleza del reclamo de ilegalidad. El artículo 19 de la Ley N° 18.410
establece un contencioso administrativo de derecho estricto, destinado
exclusivamente a controlar la juridicidad de los actos administrativos. Solo procede
ante infracciones de ley en sentido técnico, y no ante disconformidades con la
interpretación administrativa. No se trata entonces de una segunda instancia ni
revisión del mérito de decisiones técnicas.

c) Existencia de recurso de apelación. En la especie, además, la garantía de
debido proceso es respetada porque el artículo 19 de la Ley N° 18.410 contempla
expresamente apelación ante la Corte Suprema. Además, el artículo 775 del Código
de Procedimiento Civil faculta a los tribunales, conociendo por apelación, para
invalidar de oficio sentencias con vicios manifiestos. Así, incluso si se denegare la
casación en la forma, la Corte podría resolver los vicios denunciados al conocer la
apelación.

d) Inexistencia de vulneración constitucional. Niega asimismo la existencia
de vulneraciones al principio de igualdad porque no corresponde comparar
procedimientos especiales con el juicio ordinario: son por naturaleza distintos. El
legislador puede diseñar reglas procesales diversas según la materia. Invocar el
sistema recursivo del juicio ordinario como estándar equivaldría a petrificar un
Código centenario preconstitucional (TC Rol 13.720-22). Esto sin perjuicio de que la
restricción recursiva aplica por igual a ambas partes, sin discriminación.




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Destaca que la Constitución no impone un modelo único de ordenación
procedimental. El legislador configura soberanamente el régimen recursivo de cada
procedimiento. La casación es recurso extraordinario y de derecho estricto: el
legislador define contra qué sentencias procede y por qué causales (TC Rol 13.087). El
artículo 768 inc. segundo del Código de Procedimiento Civil no libera del deber de
fundamentación, solo restringe recursos: son cuestiones conceptualmente distintas.

e) Jurisprudencia consolidada del Tribunal Constitucional. Finaliza
refiriendo que diversas sentencias de esta Magistratura que han rechazado
requerimientos idénticos contra el artículo impugnado, a saber: Roles 2.034-11, 2.137-
11, 7.290-19, 13.527-22, 13.745-22, 15.061-23, 15.570-24, 15.572-24, 15.467-24 y 15.874-24.

Enfatiza que existen cuatro sentencias de 2025, siendo la última de julio de ese
año. Argumenta así que lo planteado por ENEL entra en contradicción con
pronunciamientos recientes que han declarado la conformidad con la Constitución de
la misma norma legal objetada, sin cambio efectivo de circunstancias.



A fojas 1512, por decreto de 12 de agosto de 2025, se trajeron los autos en
relación.



Vista de la causa y acuerdo

En Sesión de Pleno de 20 de noviembre de 2025 se verificó la vista de la causa,
oyéndose la relación pública y alegatos, por la requirente, del abogado Matías Mori
Arellano y por la requerida de Mario Campos Poblete. Se adoptó acuerdo con igual
fecha, conforme certificación del relator.



Y CONSIDERANDO:



I- SOBRE EL CONFLICTO CONSTITUCIONAL PLANTEADO

PRIMERO: Que, la parte requirente interpuso reclamo de ilegalidad ante la
Corte de Apelaciones de Santiago, en contra de actos administrativos dictados por la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), en que el órgano
administrativo rechazó calificar determinadas interrupciones del suministro eléctrico
como casos fortuitos o de fuerza mayor. En sede jurisdiccional, la Corte rechazó la
solicitud de apertura de término probatorio presentada por la requirente y ENEL
repuso esta decisión.

SEGUNDO: Que, la parte requirente sostiene que el precepto legal, en la parte
que se cuestiona, vulnera el artículo 19 N°2 CPR, al establecer una discriminación
arbitraria sin justificación razonable, pues otras reclamaciones contencioso-




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administrativas especiales permiten el ejercicio pleno del recurso de casación en la
forma en todas sus causales. Además, alega una infracción al artículo 19 N°3 CPR,
porque la disposición impide ejercer un control completo sobre los vicios en que
puede incurrir una sentencia de segunda instancia, afectando el derecho al recurso y
el deber de motivación de las sentencias.



II- SOBRE LA VULNERACIÓN A LA IGUALDAD ANTE LA LEY

TERCERO: Que, en virtud de la igualdad ante la ley reconocida en el artículo
19 N°2, la Constitución asegura que las reglas serán iguales para todas las personas
que se encuentren en las mismas circunstancias y, consecuencialmente, diversas para
aquellas que están en situaciones diferentes, sin que puedan establecerse distinciones
que constituyan discriminaciones, esto es, distinciones carentes de objetividad y
razonabilidad.

De este modo, “la garantía de igualdad ante la ley no puede traducirse en un
impedimento para el legislador de establecer reglas procesales especiales. La lógica de un
procedimiento especial es que tiene reglas procesales distintas que aquellas dispuestas para el
procedimiento común, general y de aplicación supletoria. Invocar como estándar de
comparación el sistema recursivo general establecido en el Código de Procedimiento Civil para
el juicio ordinario, y luego señalar que una desviación de estas reglas sería vulneratorio de la
garantía de igualdad ante la ley, insinuaría que corresponde petrificar y constitucionalizar las
reglas de un Código centenario de carácter preconstitucional” (STC Rol N° 13.720-22, c. 19°).

CUARTO: Que, en consecuencia, no cualquier distinción constituye una
discriminación arbitraria, pues “el legislador está perfectamente habilitado para diseñar
procedimientos distintos, como de hecho lo hace en diferentes materias o áreas jurídicas, por lo
que no puede pretenderse que deban estar sujetos a las mismas reglas, o que en ellos deban
asegurarse los mismos recursos en tratamiento procesal disímil” (STC Rol N°15.980-2024, c.
2°).

QUINTO: Que, en la gestión pendiente, la parte requirente cuestiona que la
Corte de Apelaciones haya rechazado abrir un término probatorio. A partir de esta
decisión de la Corte, ENEL presume una serie de consecuencias perjudiciales: que se
rechazará la apelación contra esta decisión, que en sentencia definitiva también se
rechazará su reclamo de ilegalidad, que esta sentencia de rechazo será una que
carecerá de motivación, etc. En consecuencia, estamos ante un requerimiento
hipotético, que se sustenta únicamente en conjeturas para alegar las infracciones
constitucionales aducidas.

SEXTO: Que, así como no cabe comparar las posibilidades de impugnación
presentes en un contencioso especial con las del juicio ordinario, tampoco cabe realizar
este ejercicio respecto de la gestión pendiente y otros contenciosos administrativos. Lo




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anterior, porque se trata de procedimientos que por su naturaleza jurídica misma son
diferentes, sin que se pueda establecer un estándar de comparación.

SÉPTIMO: Que, sin embargo, como sostuviera recientemente la STC Rol
N°15.467-2024, la decisión legislativa en orden a que se radique en el respectivo
tribunal la apertura de un término probatorio corresponde a una constante en la
heterogeneidad de procesos de impugnación de actuaciones de la Administración del
Estado. Así, un reciente estudio del Poder Judicial indicó, respecto del término
probatorio, que “[e]n las Cortes de Apelaciones en 41 procedimientos no se contempla y sólo
en 15 sí”. Asimismo, “cuando se contempla la existencia de término probatorio, en la gran
mayoría de los casos, 14 de 15, se señala expresamente sólo si la corte lo estima pertinente”
(Dirección de Estudios de la Corte Suprema, “Minuta sobre caracterización de
procedimientos contencioso-administrativos”, pp. 27 y 28). Así, menos de la mitad de
los procedimientos susceptibles de analizar no admiten prueba, y en caso de que se
disponga de dicha posibilidad, dependerá casi en la totalidad de los casos de la
decisión que adopte el tribunal de alzada.

A modo ejemplar, se pueden mencionar, además del reclamo de ilegalidad en
materia eléctrica (artículo 19 inciso quinto de la Ley N°18.410), el reclamo de
ilegalidad que presenten los sancionados por el Consejo de la Comisión para el
Mercado Financiero (artículo 71 inciso cuarto de la Ley N°21.000) y el reciente reclamo
judicial en contra de actos de la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales
(Ley N°21.719 que reforma la Ley N°19.628, que aún no entra en vigencia).

De esta manera, el diseño legislativo conforme el cual se entrega a la Corte de
Apelaciones respectiva la decisión de abrir un término probatorio es una realidad en
un conjunto de procedimientos contencioso-administrativos. Sumado a lo anterior, en
la gestión pendiente el rechazo a la apertura del término probatorio se ha fundado en
la ausencia de puntos pertinentes, controvertidos y sustanciales, por lo que tampoco
es posible sostener que se trate de una decisión antojadiza del tribunal colegiado, lo
que solo suma a los argumentos ya expuestos en orden a descartar una infracción a la
igualdad ante la ley.



III- SOBRE LA VULNERACIÓN AL DEBIDO PROCESO

OCTAVO: Que, en cuanto a la vulneración al debido proceso por la
improcedencia del recurso de casación en la forma respecto de determinadas causales,
ha de indicarse que “la Constitución no configura un debido proceso tipo sino que concede
un margen de acción para el legislador para el establecimiento de procedimientos racionales y
justos (artículo N°63, N°3 en relación al artículo 19, N°3, inciso 6° ambos constitucionales)
(…) la Carta Política, además, no estableció un conjunto de elementos que deban estar siempre
presentes en todos y cada uno de los procedimientos de diversa naturaleza que debe regular el
legislador. Frente a la imposibilidad de determinar cuál es ese conjunto de garantías que deben



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estar presentes en cada procedimiento, el artículo 19, numeral 3°, inciso sexto de la
Constitución optó por un modelo diferente: mandató al legislador para que en la regulación de
los procedimientos éstos siempre cumplan con las exigencias naturales que la racionalidad y la
justicia impongan en cada proceso específico. Por lo mismo, “el procedimiento legal debe ser
racional y justo. Racional para configurar un proceso lógico y carente de arbitrariedad. Y justo
para orientarlo a un sentido que cautele los derechos fundamentales de los participantes en un
proceso. Con ello se establece la necesidad de un juez imparcial, con normas que eviten la
indefensión, que exista una resolución de fondo, motivada y pública, susceptible de revisión por
un tribunal superior y generadora de la intangibilidad necesaria que garantice la seguridad y
certeza jurídica propias del Estado de Derecho” (STC Rol 1838-2010, c. 10°).

NOVENO: Que, entonces, dentro de aquellos aspectos del procedimiento que
el legislador puede soberanamente configurar se encuentra el diseño recursivo. Así,
la reducción de recursos es una opción de política legislativa que deberá estar fundada
en la racionalidad de la medida y encontrarse ajustada a fines legítimos, sin que exista
un modelo único en nuestra legislación, lo que es constatable si se revisa la gran
variedad de leyes especiales que regulan la materia (En este sentido, STC Rol
N°15.572-2024, c. 6°).

DÉCIMO: Que, en ese sentido “si el mandato del artículo 19 N°3 de la Constitución
no obliga al legislador a dotar a las partes de un recurso específico, mucho menos lo coloca en
la necesidad de establecer que un recurso de carácter extraordinario y de derecho estricto, como
es la casación, contenga un mismo catálogo de causales” (STC Rol N°15.572-2024, c. 7°). Por
lo expuesto, se hace necesario distinguir el derecho a la impugnación de las sentencias,
que integra la garantía del debido proceso, de un supuesto derecho a un recurso en
concreto, tal como la casación (STC Rol N°13.087-2022, c. 14°).

DÉCIMO PRIMERO: Que, como se ha dicho, el debido proceso también se
compone por una serie de otras garantías que sí se han materializado en la especie, sin
que el requirente haya aportado elementos que permitan distorsionar esto. Por lo
anterior, difícilmente la exclusión de determinadas causales para casar en la forma lo
dejará en un estado de indefensión.

En esta línea, ENEL sostiene que la limitación recursiva le impide reclamar
contra una sentencia que se dictaría en un procedimiento en que se vio privado de la
posibilidad de presentar prueba. Como se indicó previamente, este argumento se
sostiene en conjeturas sobre el destino del procedimiento, conservando el requirente
la posibilidad de apelar contra la resolución que negó el término probatorio.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, indirectamente, el requirente intenta afirmar que
se ha afectado su derecho a la prueba. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha
dicho que “respecto del derecho a la prueba, la garantía de un justo y racional procedimiento
contemplada por la Constitución incluye el derecho de las partes a presentar pruebas, el cual
sólo se verifica cuando ella es pertinente o necesaria para el concreto tipo o especie de juicio que
se verifica en un caso determinado.” (STC Rol N°10.109-2021, c. 31°).



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Más importante aún, al sostener que el precepto legal le impide recurrir y, en
definitiva, rendir prueba, la requirente en realidad pretende plantear en esta sede su
desacuerdo con la decisión de no abrir un término probatorio. Es en ese sentido,
sostiene que esta era una etapa necesaria, justificada e ineludible en la gestión
pendiente (a fojas 13).

DÉCIMO TERCERO: Que, como señalara la ya citada STC Rol N°15.467-2024,
fluye de la jurisprudencia constitucional que el derecho de las partes a rendir prueba
se encuentra condicionado a su pertinencia para el caso en concreto, de acuerdo con
el procedimiento dispuesto por el legislador. De ahí que la apertura o no de un
término probatorio se trate más bien de una decisión que le compete al juez que conoce
del asunto, la que debe ser ejercida conforme el marco legal pertinente, sin que
corresponda al Tribunal Constitucional examinar el mérito de tal determinación.

Como se dijo, ello resulta conteste con la mayoría de los contenciosos
administrativos conocidos por las respectivas Cortes de Apelaciones, e inclusive, en
línea con lo previsto para el juicio ordinario de mayor cuantía, según lo establecido en
el artículo 318 del Código de Procedimiento Civil. En definitiva, el derecho a la prueba
invocado no es absoluto ni a todo evento, sino que se encuentra supeditado a la
existencia, en opinión del juez de fondo, de hechos sustanciales, pertinentes y
controvertidos, además de ceñirse a los procedimientos establecidos por el legislador,
en armonía con los estándares constitucionales.

DÉCIMO CUARTO: Que, en base a lo expuesto, el requerimiento de
inaplicabilidad debe ser rechazado.



Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93 incisos primero,
N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la
Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional
del Tribunal Constitucional,



SE RESUELVE:



I. QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DEDUCIDO A LO
PRINCIPAL DE FOJAS 1. OFÍCIESE.

II. QUE SE ALZA LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO
DECRETADA EN AUTOS. OFÍCIESE.

III. QUE NO SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE REQUIRENTE
POR ESTIMARSE QUE TUVO MOTIVO PLAUSIBLE PARA
LITIGAR.




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DISIDENCIA



El Ministro señor MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ estuvo por acoger
el requerimiento, atendiendo a las siguientes razones:

1°. Que, se ha requerido la inaplicabilidad del artículo 768 inciso segundo del
Código de Procedimiento Civil que impide a la requirente recurrir de casación en la
forma en el reclamo de ilegalidad que ha deducido ante la Corte de Apelaciones en
contra de actos administrativos dictados por la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles, en el evento que la sentencia que pronuncie aquella Corte incurra en
los vicios que, conforme al precepto legal impugnado, no son susceptibles de aquel
recurso;



I. MARCO CONSTITUCIONAL

2°. Que, si bien la Constitución no consigna expresamente cuál debe ser el
contenido específico de un determinado procedimiento judicial, tal como lo ha
señalado reiteradamente esta Magistratura, el estándar requerido por la Carta
Fundamental puede ser inferido del tenor y de la aplicación conjunta y sistemática de
diversos preceptos constitucionales, en cuanto se ordenan a asegurar -con igualdad
entre las partes- el respeto del derecho a un procedimiento racional y justo;

3°. Que, en efecto, ese estándar se deduce, en primer lugar, del artículo 6° de
la Constitución al prescribir que los órganos del Estado y toda persona, institución o
grupo deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a
ella, dentro de las cuales se encuentran las que reglan los procedimientos, ya sean
administrativos o judiciales (c. 5°, Rol N° 2.034), a fin de evitar que cualquier decisión
contraria lesione los derechos de los justiciables.

Por su parte, el inciso primero del artículo 7° sujeta específicamente a los
órganos del Estado al principio de juridicidad, en cuanto sus actuaciones son válidas
sólo si quienes los integran han sido investidos regularmente, las realizan dentro de
su competencia y en la forma que prescriba la ley, requisito este último que debe
entenderse referido también a las normas procesales aplicables que requieren cumplir
en el desenvolvimiento de sus atribuciones, incluyendo las de naturaleza
jurisdiccional. El inciso final de aquel artículo 7° previene, además, que la
contravención de este principio base de nuestro Estado de Derecho se sancionará con
la nulidad, lo que en el ámbito judicial se manifiesta, precisamente, a través de los
recursos de casación;

4°. Que, por último, el artículo 19 N° 3° prescribe que, para garantizar a todas
las personas la igual protección en el ejercicio de sus derechos, las sentencias deben
fundarse en un proceso previo legalmente tramitado reservando a la ley establecer




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siempre las garantías de un justo y racional procedimiento, lo cual debe entenderse no
sólo en el sentido de toda ocasión u oportunidad, vale decir, como un ámbito de
reserva legal, sino de la amplitud o extensión con que se regule cualquier
procedimiento judicial o administrativo; y, asimismo, dichas garantías deben
orientarse a hacer efectiva la cautela de los derechos y la racionalidad del
procedimiento, entre cuyos elementos resulta primordial que, en los
pronunciamientos judiciales, se respeten los trámites o diligencias que el mismo
legislador ha calificado como esenciales;

5°. Que, de este modo, es connatural al ejercicio de la jurisdicción e ineludible,
por ende, para el juzgador; a la vez que constituye un derecho para el justiciable,
porque concreta la tutela judicial efectiva, que las sentencias, sobre todo si son
definitivas, contengan cuanto sea necesario para dotar de certeza y racionalidad lo
que en ellas se decide, siendo precedidas de un procedimiento racional y justo, el que
incluye, por cierto, cada uno de los elementos, requisitos y contenidos que debe
contener una sentencia;



II. RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA

6°. Que, por su parte y en relación específica con el recurso de casación en la
forma, ha sido conceptualizado como “el acto jurídico procesal de la parte agraviada
destinado a obtener del Tribunal superior jerárquico la invalidación de una sentencia, por haber
sido pronunciada por el Tribunal inferior con prescindencia de los requisitos legales o emanar
de un procedimiento viciado al haberse omitido las formalidades esenciales que la ley establece”
(Mario Mosquera Ruiz y Cristián Maturana Miquel: Los Recursos Procesales, Ed.
Jurídica de Chile, 2ª Edición, 2012, p. 245), de lo cual se sigue que la finalidad
perseguida por este medio de impugnación se encuentra en el legítimo derecho a
obtener una sentencia que dé pleno cumplimiento a todos los requisitos que el
legislador ha estimado como inherentes a un proceso jurisdiccional;

7°. Que, la preceptiva general en asuntos civiles, esto es, todos aquellos que no
sean los de naturaleza criminal, incluyendo, por cierto, los que se vinculan con el
reclamo de ilegalidad en contra de los actos de la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles, conforme al artículo 76 de la Constitución, contenida en el Código de
Procedimiento Civil contempla el recurso de casación en la forma para denunciar
ciertos vicios que el mismo Código determina en su artículo 768 inciso primero, de
manera tal que las excepciones a esa regla, como la contenida en la disposición aquí
impugnada, deben ser evaluadas dentro de aquella determinación general. Máxime,
si otros procedimientos -análogos al de la gestión pendiente- también admiten el
recurso aludido sin limitaciones;




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1. Antecedentes de la Limitación Legislativa contenida en el Artículo 768

8°. Que, es interesante, intentando encontrar alguna justificación para la
limitación contenida en el precepto legal impugnado, recordar que el texto original
del Código de Procedimiento Civil, de 1902, concedía el recurso de casación “en
jeneral” contra toda sentencia definitiva. Sin embargo, fue la Ley N° 3.390, del año
1918, la que incorporó aquel inciso que excluye el recurso de casación en los juicios o
reclamaciones regidos por leyes especiales (Rol N° 2.529, c. 6°);

9°. Que, examinada la historia fidedigna de aquella reforma, desde la moción
presentada por los senadores Luis Claro Solar y Alfredo Barros Errázuriz, se constata
que tuvo por finalidad resolver una situación de suyo momentánea, pues buscaba
“(…) normalizar el funcionamiento de la Corte de Casación, que se encuentra retardada en su
despacho en términos que constituye una honda perturbación para el ejercicio de todos los
derechos i para la administración de justicia en general (…)” (Informe de la Comisión de
Lejislación y Justicia del Senado, 24 de julio de 1916).

10°. Que, desde entonces, mientras sucesivas leyes han dispuesto que gran
variedad de controversias se sustancien conforme a procedimientos contemplados en
leyes especiales, para la pronta y cumplida administración de justicia, inspiradas en el
sano designio de suprimir o agilizar los trámites más dilatados y engorrosos de un
juicio de lato conocimiento u ordinario, se ha mantenido incólume -salvo por los
pronunciamientos estimatorios de esta Magistratura- la reforma de 1918, no obstante
que fue adoptada con cualidad temporal, sin que, entonces ni ahora, pueda colegirse
que cabe excluir -per se y a todo evento- ciertas causales para recurrir de casación en
la forma, solo por tratarse de un procedimiento previsto en una ley especial, coartando
el acceso a ese arbitrio cuando el vicio que se denuncia es de aquellos que se
encuentran contemplados en el ya mencionado artículo 768 inciso primero del Código
de Procedimiento Civil (c. 7°, Rol N° 2.529), pero excluido por su inciso segundo;

11°. Que, adicionalmente, cabe considerar que en leyes especiales, esto es,
cualquiera que no sea el Código de Procedimiento Civil, entre las cuales se encuentra
la Ley N° 18.410, no obstante que se trata de la ley general que rige en la materia que
ella regula, se suelen establecer procedimientos para resolver conflictos surgidos con
motivo de asuntos complejos o de trascendencia y no sólo para las partes, como es,
precisamente, el caso de la gestión pendiente, de manera que “[e]l fundamento del
recurso de casación en estos juicios regidos por leyes especiales es que en forma creciente se han
ido estableciendo procedimientos en leyes especiales, por ejemplo, reclamos contra resoluciones
del Banco Central, la Superintendencia de Valores y Seguros, resoluciones de alcaldes o
concejos municipales, etc.” (Juan Agustín Figueroa Yávar y Erika Alicia Morgado San
Martín: Recursos Procesales Civiles y Cosa Juzgada, Legal Publishing y Thomson Reuters,
2014, p. 121);




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2. Consecuencias para los Derechos Fundamentales

12°. Que, desde luego, se vuelve imperativo, para que el acatamiento de las
exigencias mínimas de un pronunciamiento judicial se cumpla realmente en la
práctica, que existan medios idóneos y eficaces para que el agraviado pueda impetrar
eficazmente su cumplimiento, permitiendo al Tribunal Superior competente que
examine y se pronuncie respecto de estos reproches y que lo haga a raíz del ejercicio
del recurso destinado especialmente a ese efecto;

13°. Que, no aparece justificado, entonces, que se restrinja la procedencia del
recurso de casación en la forma -limitando de paso la competencia de los Tribunales
Superiores que deberían conocer de él- y, de este modo, que se excluyan (ni siquiera
parcialmente) causales destinadas a corregir vicios del procedimiento o que se
encuentran contenidos en la sentencia, pues, ya Carlos Risopatrón, presidente de la
Corte Suprema a fines del siglo XIX, al preguntarse acerca de cuál era la condición
esencial para que procediera la casación en la forma, explicaba que “(…) basta que la
falta consista en un vicio de sustanciación o de trámite sustancial, de esos que constituyen las
garantías requeridas para que las partes sean oídas con arreglo a derecho y juzgadas por sus
verdaderos jueces naturales“ (Carlos Frontaura Rivera: “Debido Proceso en la Cuenta de
los Presidentes de la Corte Suprema”, 100 Años Cuentas Públicas, Tomo 2, Santiago,
Poder Judicial, p. 537);



III. FUNCION CONSTITUCIONAL DE LA EXCELENTÍSIMA CORTE
SUPREMA, CASACIÓN Y CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS

14°. Que, además, es necesario agregar algunas consideraciones en torno de la
casación en general, en relación con la función que la Constitución confiere a la
Excelentísima Corte Suprema, especialmente atendida la gestión pendiente en el
ámbito del contencioso administrativo, pues estimo que abona la posición estimatoria,
particularmente desde el ángulo del derecho a un procedimiento racional y justo,
puesto que “sí, se crean cuantiosas acciones en el papel, pero al propio tiempo se ponen tantas
injustificadas trabas a su ejercicio efectivo, que difícilmente pueden superar un benévolo test
de juridicidad. Diremos que no son inocentes de sospecha de anticonstitucionalidad y suelen ir
en cohorte: plazos cortísimos para reclamar, cosa que transcurran ya y la determinación quede
luego a firme; la obligación de consignar el total o parte de la multa antes de poder accionar, lo
que incentiva a elevar el monto de la pena y constituye un absurdo, cuando justamente se
reclama que la sanción es improcedente o confiscatoria; el agotamiento previo de la vía
administrativa como requisito para habilitar la acción procesal; la intervención judicial
reducida a una única instancia; la imprevisión de un probatorio donde se tenga la oportunidad
de desvirtuar los hechos en que se basa la autoridad; la prohibición al juez para suspender el
acto impugnado; la amenaza de que si pierde la acción el actor “necesariamente” será
condenado en costas; además –en algunos casos– de tener que pagar intereses leoninos a partir
del día siguiente al vencimiento del plazo para reclamar la pena administrativa” (Iván



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Aróstica Maldonado: “Los Contenciosos Administrativos Especiales en la Legislación
Chilena. Una Visión Crítica a la Luz de la Constitución”, Ius Publicum N° 20, 2008, pp.
93-94);

15°. Que, es interesante recordar que el artículo 143 de la Constitución de 1823
ya dispuso que “[l]a primera magistratura judicial del Estado es la Suprema Corte de
Justicia”, confiriéndole, de acuerdo con su artículo 148, “(…) la superintendencia
directiva, correccional, económica y moral ministerial, sobre los tribunales y juzgados de la
Nación (…)” y encargándole, al tenor del artículo 146 N° 2, “[c]onocer de las nulidades de
sentencias de las Cortes de Apelaciones, en el único caso y forma que señala la Constitución”.

De este modo, la Suprema Corte de Justicia se caracterizó “(…) por el intento de
que mantuviera la competencia a gravamine de la Real Audiencia, para proteger a las personas
frente al gobierno. Esa es la Corte Suprema de Juan Egaña 1823-1835, en cierto modo la fase
epigonal del ulrumque ius. Pronto fue transformada en tribunal de segunda instancia, en
materias del crimen y de hacienda, paralelo a la Corte de Apelaciones. Esta es la Corte de
Mariano Egaña 1835-1903, que cronológicamente corresponde a la época de codificación del
derecho chileno, iniciada por él mismo (1837-1907). Luego, fue convertida en tribunal de
casación, y en lugar de dirimir cuestiones entre partes, pasó a definir el sentido de la ley. Esta
es la Corte de Vargas Fontecilla, 1903-1960, que coincide con el apogeo del derecho nacional
codificado (…)” (Bernardino Bravo Lira: “La Corte Suprema de Chile 1823-2003, Cuatro
Caras en 180 Años”, Revista Chilena de Derecho, Vol. 30 N° 3, 2003, p. 535);

16°. Que, siendo así, “[l]a Corte Suprema es desde principios del siglo XX, por
esencia, un tribunal de casación, acción que procede contra sentencias definitivas o
interlocutorias que pongan término al juicio o hagan imposible su continuación, pronunciadas
por las respectivas Cortes de Apelaciones” (Enrique Navarro Beltrán: “Notas sobre el rol
de la Corte Suprema en Chile”, Expansiva, 2007, p. 6), de tal manera que es posible
sostener que “la ley entrega ya en pleno, ya dividida en salas, según corresponda, una serie
de funciones a la Corte Suprema, pareciendo como la más importante la de resolver los recursos
de casación en el fondo (…) encaminados a uniformar, en el órgano judicial superior, el criterio
interpretativo del derecho vigente (…)” (Alejandro Silva Bascuñán: Tratado de Derecho
Constitucional, Tomo VIII, Santiago, Ed. Jurídica de Chile, 2002, p. 139).

Y no menos puede decirse de su vertiente en la forma, atendida la
trascendencia de los vicios que se deben subsanar mediante este arbitrio procesal,
contenidos en el artículo 768 inciso primero del Código de Procedimiento Civil;

17°. Que, así las cosas y desde la perspectiva constitucional, dotar al Máximo
Tribunal del Poder Judicial de la potestad casacional cumple una función
extraordinariamente relevante dentro del ordenamiento jurídico, pues, sin perjuicio
de otras finalidades, permite unificar la interpretación de la ley en el ámbito
jurisprudencial, coadyuvando a la realización de principios y derechos de jerarquía
constitucional, como la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley, a la par que
corregir vicios graves, como la falta de motivación, todos de raigambre constitucional,
como he expresado, conforme a los artículos 6°, 7° y 19 N° 3° de la Carta Fundamental.



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Por ello, la labor casacional que cabe desplegar a la Excelentísima Corte
Suprema es esencial para la vigencia del Estado de Derecho;

18°. Que, llevadas estas premisas a la sede del contencioso administrativo, la
función de casación adquiere todavía mayor relevancia, pues “(…) la verdad es que es
difícil construir una tipología muy ordenada de éstos, atendido la diversidad de reglas que ha
dado el legislador en esta materia. Así ya desde su denominación (reclamación, apelación,
recurso o demanda), la tramitación que debe seguir la demanda (ordinaria, sumaria, proceso de
protección, tramitación incidental o sin forma de juicio), los plazos de interposición de ésta (5,
10, 15, 30 o 60 días), las reglas probatorias que siguen (ya sea en cuanto al término probatorio,
los medios de prueba y la valoración de éstos) y el contenido mismo de la sentencia (anulatoria,
condenatoria o reparatoria), denotan una pluralidad y heterogeneidad difícilmente
sistematizable” (Juan Carlos Ferrada Bórquez: “Los Procesos Administrativos en el
Derecho Chileno”, Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
XXXVI, Valparaíso, 2011, p. 266);

19°. Que, entonces, sustraer del conocimiento de la Corte Suprema, por vía de
casación, asuntos complejos y de interés cotidiano para las personas, pero que también
dicen relación con cuestiones vinculadas al interés general, como sucede con los que
dicen relación con actos administrativos de la autoridad fiscalizadora en materia de
electricidad y combustibles, es una cuestión que el legislador debe ponderar con
extremo cuidado y ello, vale la pena precisarlo, no desprovee a la casación en la forma
del carácter de recurso extraordinario, en cuanto a que sólo procede por ciertas causales
y bajo el cumplimiento de estrictos requisitos, pero sin que de ello pueda colegirse
que, además, sólo sería procedente en el juicio ordinario o cuando, excepcionalmente, el
legislador lo determine, sin que esta definición pueda ser evaluada
constitucionalmente;

20°. Que, de esta manera, desde hace décadas, se contempla en nuestro
ordenamiento jurídico el reclamo en contra de los actos administrativos, previendo
una primera etapa en dicha sede y, acto seguido, un contencioso judicial especial que,
sin embargo, por efecto de la preceptiva legal impugnada en estos autos queda
excluida del conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema en sede de casación en
la forma, en relación a ciertas causales importantes;



IV. APLICACIÓN A LA GESTIÓN PENDIENTE

21°. Que, comparto la jurisprudencia de esta Magistratura que ha declarado
que el inciso segundo del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil infringe la
garantía de igualdad ante la ley procesal, recogida en los números 2° y 3° del artículo
19 constitucional, dado que -discriminatoriamente- niega a unos justiciables, por sólo
quedar afectos a procedimientos previstos en leyes especiales, el mismo recurso de
interés general por análogas causales del cual disponen todos quienes están sujetos a
los que contempla el Código de Procedimiento Civil. En esta oportunidad, además, la



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DOS MIL NOVENTA




diferencia injustificada se concreta también frente a procedimientos análogos, como el
que se regula en materia sanitaria;

22°. Que, en efecto, ya sabemos que la historia fidedigna de la ley, adoptada en
1918, sustentó la diferencia en la sobrecarga de trabajo de la Excelentísima Corte
Suprema, lo que, transcurridos más de 100 años, no parece subsistir como argumento
suficiente para sostener la diferencia;

23°. Que, asimismo, tampoco es disuasivo el argumento que funda la
limitación de causales en la libertad de configuración del legislador, pues aquella
libertad, precisamente, requiere -siempre que se traza una diferencia- de una
justificación suficiente y no basta la propia decisión autoritativa de la ley para dotar a
unos justiciables del recurso de casación en la forma por todos los vicios previstos en
la norma y a otros, que se encuentran en las mismas circunstancias procesales,
negárselo por algunas de ellas;

24°. Que, en consecuencia, no se advierte claramente una finalidad
intrínsecamente legítima en el precepto cuestionado, al impedir que los fallos recaídos
en los reclamos de ilegalidad como el de la gestión pendiente, puedan ser objeto de
casación sólo por ciertas causales y no por otras. Ningún fundamento racional aparece
en la citada restricción y no se divisa razón para privar al litigante de un juicio
determinado del mismo derecho que le asiste a otros en la generalidad de los asuntos
análogos en el ámbito “civil”, conforme a la expresión del artículo 76 de la
Constitución;

25°. Que, esta diferencia injustificada, además, provoca que la aplicación de la
norma legal impugnada quebrante el derecho a un procedimiento justo y racional, al
privar al afectado -por una sentencia que reclama viciada- del instrumento
naturalmente llamado a corregir el vicio, del que disponen otros justiciables que se
encuentran en análoga situación, amén de no contemplar otra vía de impugnación
suficientemente idónea que asegure un debido proceso y la concesión de tutela
judicial efectiva (Rol N° 1.373, c. 13° y 17°), sin que se vislumbre una conexión racional
lógica para la diferencia así establecida ni un supuesto fin de interés público que la
sustente;

26°. Que, en suma, aplicar el precepto legal impugnado en la gestión pendiente
no se condice con el imperativo que le asiste al legislador, por mandato de la
Constitución (artículo 19 N° 3°), de allanar el acceso a un recurso útil, o sea, idóneo y
eficaz, en las circunstancias anotadas, motivo por el cual estuve por acoger el
requerimiento. Teniendo además en cuenta el criterio sostenido en diversas ocasiones
por este Tribunal, en orden a que los preceptos de excepción contenidos en una ley,
en cuanto sustraen de cierta normativa general a personas o situaciones determinadas,
produciéndoles menoscabo y sin fundamento o justificación, importa incurrir en una




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diferencia arbitraria y que es, por ende, contraria a la Constitución (artículo 19 N° 2°
inciso segundo), como en este caso ocurre (c. 12°, Rol N° 2.529);

27°. Que, en fin, no es suficiente para desestimar el requerimiento sostener una
aparente falta de oportunidad, en el sentido que, al no haberse dictado todavía
sentencia por la Corte de Apelaciones, resulta demasiado anticipado acudir a la acción
de inaplicabilidad para acceder a un recurso de casación que busque reparar
hipotéticos vicios en que ella pueda incurrir.

Desde luego, la exigencia constitucional es que exista una gestión pendiente,
sin que se haya determinado por la Constitución o nuestra Ley Orgánica, un momento
preciso en que debe accionarse ante esta Magistratura, a la par que es necesario que
el precepto legal objetado pueda ser aplicado, lo que resulta perfectamente posible,
especialmente, como se ha dicho, tratándose de asuntos complejos, pues, como lo
hemos resuelto “(…) la ley de servicios eléctricos alberga una concepción económicamente
eficiente, al regular la fijación de los precios máximos oficiales de manera equitativa, como
estímulo para que las empresas ejerzan su actividad. A un tiempo que adscribe el actuar
mancomunado de todas ellas dentro de un “sistema interconectado”, lo que excluye la idea de
entenderlas operando al modo de compartimentos estancos o sin vinculaciones entre sí.

Entonces, si todos los niveles del sistema –concatenados unos con otros– remiten al
abastecimiento ininterrumpido de los consumidores finales, los cuales deben contratar el
suministro sólo con las empresas distribuidoras locales, y únicamente a ellas pagan unas
tarifas previstas a tal propósito, por todo esto, junto, es sensato que las obligaciones de
mantener la continuidad del servicio y de pagar las indemnizaciones a que dé lugar su
incumplimiento sean exigibles directa e inmediatamente de estas concesionarias” (c. 6°, Rol
N° 2.426);

Más aún si se considera que, en cualquier caso, de ser acogido el requerimiento
de inaplicabilidad, el recurso de casación en la forma sin limitaciones queda
disponible para ambas partes, respetando cabalmente la igualdad procesal.



PREVENCIÓN



Los Ministros señor HÉCTOR MERY ROMERO y señora MARCELA
PEREDO ROJAS estuvieron por rechazar el requerimiento, atendiendo únicamente
a las siguientes consideraciones:

1°. Que, de manera habitual, estos previnientes consideramos que el derecho
a un recurso efectivo forma parte esencial del racional y justo procedimiento que la
Constitución asegura a todas las personas en el inciso sexto del numeral 3° del artículo
19 de la Carta Fundamental. La motivación de las sentencias judiciales, y la
posibilidad de revisión de las mismas a través de un recurso efectivo, son garantías
naturalmente asociadas al debido proceso legal. Esta Judicatura ha resuelto



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previamente que “… el procedimiento legal debe ser racional y justo. Racional para
configurar un proceso lógico y carente de arbitrariedad. Y justo para orientarlo a un sentido
que cautele los derechos fundamentales de los participantes en un proceso. De ahí se establece
la necesidad, entre otros elementos, de un juez imparcial, normas que eviten la indefensión,
con derecho a presentar e impugnar pruebas, que exista una resolución de fondo, motivada y
pública, susceptible de revisión por un tribunal superior y generadora de la intangibilidad
necesaria que garantice la seguridad y certeza jurídica propias del Estado de Derecho” (STC
1838 c. 10) (En el mismo sentido, STC 2204 c. 9, STC 2259 c. 9, STC 2452 c. 12, STC 2701
c. 10, STC 2853 c. 15, STC 3309 c. 12, STC 5962 c. 11, STC 6399 c. 18, STC 5369 cc. 6, 7,
STC 5516 c. 7, 8, STC 5820 c. 7, 8, STC 6939 c. 8, STC 4153 c. 15, STC 4710 c. 22, STC
5442 c. 20, STC 5674 c. 5, STC 6419 c. 7, STC 7797 c. 10, STC 3406 c. 5).

Sobre el derecho al recurso, la Corte Suprema ha resuelto que de la preceptiva
constitucional “… es posible desprender la existencia de diversos principios que pretenden
asegurar la racionalidad y justicia del procedimiento. Entre ellos, no es posible dejar de
mencionar el derecho al recurso, que se traduce en el de impugnar las resoluciones judiciales
para permitir su revisión, y que integra el amplio espectro del derecho al debido proceso. Ligado
a lo dicho están los demás derechos, de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva, que
conducen a que en el proceso de interpretación de normas se prefiera aquella que permite el
acceso a la jurisdicción, a obtener una sentencia motivada y, en su caso, el cumplimiento de lo
resuelto. En la perspectiva recién indicada, surge con nitidez, entonces, la necesidad de
interpretar restrictivamente las normas que pudieran dar pábulo a limitar o restringir tales
derechos o garantías” (Corte Suprema, rol 1033-2023, c. 8).

2°. Que, con todo, no podemos desentendernos de la naturaleza, ritualidad y
características del procedimiento del reclamo de ilegalidad previsto en el artículo 19
de la Ley N° 18.410, Orgánica de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles,
en cuya virtud los afectados que estimen que las resoluciones de la Superintendencia
no se ajustan a la ley, reglamentos o demás disposiciones que le corresponda aplicar,
podrán impugnar las mismas dentro del plazo de diez días hábiles, contado desde la
notificación, ante la Corte de Apelaciones correspondiente al domicilio del
reclamante. Tratándose de la imposición de multas, el legislador precisa que éstas
serán siempre reclamables y no serán exigibles mientras no esté vencido el plazo para
interponer la reclamación, o ésta no haya sido resuelta.

El inciso final del precepto citado dispone que la Corte dictará sentencia
dentro del término de quince días. Contra la resolución de la Corte de Apelaciones se
podrá apelar ante la Corte Suprema, dentro del plazo de diez días hábiles, la que
conocerá en la forma prevista por la ley.

3°. Que la resolución mencionada en el motivo precedente es sin duda una
sentencia definitiva, toda vez que pone fin a la instancia de este procedimiento
especial, resolviendo la cuestión o asunto que ha sido objeto del juicio.

4°. Que el legislador ha dispuesto que, en determinadas materias, las Cortes
de Apelaciones actúan como tribunales de primera instancia, para lo cual nos



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remitimos a lo dispuesto en el artículo 63 número 2° del Código Orgánico de
Tribunales. Estas son: a) los desafueros de las personas a quienes les fueren aplicables
los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 58 de la Constitución Política; b) los
recursos de amparo y protección, y c) los procesos por amovilidad que se entablen en
contra de los jueces de letras, y d) las querellas de capítulos.

5°. Que la ley concede un recurso efectivo a las partes que sufrieren en la
sentencia definitiva. Nos referimos al recurso de apelación, contemplado en términos
explícitos en el artículo 19 de la Ley N° 18.410, Orgánica de la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles.

6°. Que los vicios o errores procesales que la requirente pudiere plantear en
torno a las decisiones intermedias del proceso, así como las que pudieren aparecer en
la sentencia definitiva cuya existencia, fundamentos y contenidos son completamente
inciertos, pueden ser denunciadas de modo plausible a través de la apelación,
remedio que tiene por objeto obtener del tribunal superior respectivo que enmiende,
con arreglo a derecho, la resolución del inferior.

7°. Que, en las condiciones que se vienen señalando, la acción de
inaplicabilidad deducida a fojas 1 no puede prosperar.



Redactó la sentencia la Presidenta, Ministra señora DANIELA MARZI MUÑOZ.
La disidencia corresponde al Ministro señor MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ.

La prevención fue escrita por el Ministro señor HÉCTOR MERY ROMERO.



Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.
Rol N° 16.538-25-INA




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Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 30/01/2026



Miguel Angel Fernández González Raúl Eduardo Mera Muñoz
Fecha: 30/01/2026 Fecha: 30/01/2026



Catalina Adriana Lagos Tschorne Héctor Antonio Mery Romero
Fecha: 30/01/2026 Fecha: 30/01/2026



Marcela Inés Peredo Rojas Alejandra Precht Rorris
Fecha: 30/01/2026 Fecha: 30/01/2026



Mario René Gómez Montoya
Fecha: 30/01/2026


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta,
Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros señor Miguel
Ángel Fernández González, señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina
Adriana Lagos Tschorne, señor Héctor Mery Romero, señora Marcela Inés
Peredo Rojas, señora Alejandra Precht Rorris y señor Mario René Gómez
Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional, señor Sebastián
López Magnasco.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 30/01/2026




D9419B46-EE56-4A26-8BE1-D356691B7369
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