TC Rol 16546

Texto completo

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CIENTO NOVENTA Y DOS




2026

REPÚBLICA DE CHILE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
____________
Sentencia

Rol 16.546-2025 INA

[29 de enero de 2026]
____________

REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 195
INCISO TERCERO, PARTE FINAL, 196 BIS Y 196 TER INCISO
PRIMERO, SEGUNDA PARTE, TODOS DE LA LEY N° 18.290


JUAN CARLOS FRANCISCO MAGGIOLO CARO
EN EL PROCESO RUC N° 2300897566-3, RIT N° 16-2025, SEGUIDO ANTE EL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE VIÑA DEL MAR



VISTOS:

Que, a fojas 1, en presentación de 10 de junio de 2025, rectificada a fojas 97,
Juan Carlos Francisco Maggiolo Caro requiere la declaración de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad respecto de los artículos 195 inciso tercero, parte final; 196 bis; y
196 ter inciso primero, segunda parte, todos de la Ley N° 18.290, de Tránsito, para que
ello incida en el proceso penal RIT N° 16-2025, RUC N° 2300897566-3, seguido ante el
Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar.



Preceptos legales cuya aplicación se impugna

El texto de los preceptos impugnados dispone lo siguiente:



“Ley N° 18.290

(…)

“Artículo 195.- (…)




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Si en el caso previsto en el inciso anterior las lesiones producidas fuesen de las señaladas
en el número 1º del artículo 397 del Código Penal o se produjese la muerte de alguna persona,
el responsable será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo, inhabilidad
perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica, multa de once a veinte unidades
tributarias mensuales y con el comiso del vehículo con que se ha cometido el delito, sin perjuicio
de los derechos del tercero propietario, que podrá hacer valer conforme a las reglas generales del
Código Procesal Penal. Para los efectos de determinar la pena prevista en este inciso, será
aplicable lo dispuesto en los artículos 196 bis y 196 ter de esta ley.

(…).”.



Artículo 196 bis.- Para determinar la pena en los casos previstos en los incisos tercero
y cuarto del artículo 196, el tribunal no tomará en consideración lo dispuesto en los artículos
67, 68 y 68 bis del Código Penal y, en su lugar, aplicará las siguientes reglas:

1.- Si no concurren circunstancias atenuantes ni agravantes en el hecho, el tribunal
podrá recorrer toda la extensión de la pena señalada por la ley al aplicarla.

2.- Si, tratándose del delito previsto en el inciso tercero del artículo 196, concurren
una o más circunstancias atenuantes y ninguna agravante, el tribunal impondrá la pena de
presidio menor en su grado máximo. Si concurren una o más agravantes y ninguna atenuante,
aplicará la pena de presidio mayor en su grado mínimo.

3.- Si, tratándose del delito establecido en el inciso cuarto del artículo 196, concurren
una o más circunstancias atenuantes y ninguna agravante, el tribunal impondrá la pena en su
grado mínimo. Si concurren una o más agravantes y ninguna atenuante, la impondrá en su
grado máximo. Para determinar en tales casos el mínimo y el máximo de la pena, se dividirá
por mitad el período de su duración: la más alta de estas partes formará el máximo y la más
baja el mínimo.

4.- Si concurren circunstancias atenuantes y agravantes, se hará su compensación
racional para la aplicación de la pena, graduando el valor de unas y otras.

5.- El tribunal no podrá imponer una pena que sea mayor o menor al marco fijado
por la ley. Con todo, podrá imponerse la pena inferior en un grado si, tratándose de la eximente
del número 11 del artículo 10 del Código Penal, concurriere la mayor parte de sus requisitos,
pero el hecho no pudiese entenderse exento de pena.”.



Artículo 196 ter.- Respecto del delito previsto en el inciso tercero del artículo 196,
será aplicable lo previsto en la ley Nº 18.216, conforme a las reglas generales. Sin embargo, la
ejecución de la respectiva pena sustitutiva quedará en suspenso por un año, tiempo durante el
cual el condenado deberá cumplir en forma efectiva la pena privativa de libertad a la que fuere
condenado.”

(…)




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Síntesis de la gestión pendiente y del conflicto constitucional sometido al
conocimiento y resolución del Tribunal

La gestión pendiente invocada dice relación con un proceso penal en el que el
Ministerio Público acusó a Juan Carlos Francisco Maggiolo Caro, como autor del delito
previsto y sancionado en el artículo 195 inciso tercero de la Ley N° 18.290, consistente
en marcharse del sitio del suceso sin prestar auxilio a la víctima. Los hechos que
sustentan la acusación ocurrieron el día dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, en
la comuna de Concón. Conforme al veredicto condenatorio, los hechos señalados
corresponderían a los siguientes:

“El 18 de agosto de 2023, cerca de las 23:48 horas, en circunstancias que Marcelo
Claudio Ithal Hernández conducía el automóvil marca Nissan, modelo V16, P.P.U PN-4979
por calle Francisco Soza Cousiño, en dirección al poniente, al llegar a la intersección con
Avenida Los Pellines, sector Bosques de Montemar, Concón, no respetó la señal vertical “ceda
el paso” que enfrentaba y que se encontraba obligado a cumplir, a raíz de lo cual fue colisionado
por el vehículo Station Wagon marca Subarú, modelo Outback, P.P.U RYHC-32, que circulaba
por Avenida Los Pellines en dirección al sur, y que era conducido por el imputado Juan Carlos
Francisco Maggiolo Caro. En el primero de los vehículos mencionados se desplazaban como
pasajeras, en el asiento del copiloto, Nidia Ivonne Muñoz Líbano y, en la parte trasera, Evelyn
Gisselle Líbano Muñoz.

A consecuencia del impacto, un tercer vehículo -el automóvil marca Mercedes Benz
P.P.U KVHK-64, conducido por Diego Eduardo Ávalos López- impactó con el vehículo
Subarú, para finalmente y debido a la fuerza cinética, los tres vehículos se detuvieron en el
bandejón central de Avenida Francisco Soza Cousiño con calle Los Pellines.

Producto de la colisión, Nidia Ivonne Muñoz Líbano murió debido a la gravedad de
sus lesiones, consistentes en un traumatismo raquimedular cervical. Además, Evelyn Gisselle
Líbano Muñoz resultó con lesiones descritas como policontusas y traumatismo encéfalo
craneano, de carácter menos grave.

Luego del impacto, el acusado Juan Carlos Francisco Maggiolo Caro descendió de su
vehículo Subarú y abandonó caminando el lugar del accidente, sin prestar ayuda posible a los
afectados, y sin dar cuenta a la autoridad del accidente en el que estuvo involucrado”

Con fecha veintitrés de abril de dos mil veinticinco, el tribunal dictó veredicto
condenatorio unánime en contra del imputado como autor del delito previsto y
sancionado en el artículo 195 inciso tercero, en relación con el artículo 176, ambos de
la Ley N° 18.290.

Luego, con fecha cinco de mayo de dos mil veinticinco, el Tribunal de Juicio
Oral en lo Penal de Viña del Mar dictó sentencia definitiva condenatoria, imponiendo
al acusado la pena de 3 años y un día de presidio menor en grado máximo,
inhabilitación perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica, multa de 11




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Unidades Tributarias Mensuales, comiso del vehículo patente RYHC-32 y pena
accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena por
su responsabilidad como autor del delito consumado previsto y sancionado en los
artículos 176 y 195, inciso 3°, ambos de la Ley N° 18.290.

El tribunal sustituyó la pena privativa de libertad por libertad vigilada
intensiva, aplicando el artículo 196 ter de la Ley N° 18.290, pero debiendo cumplir una
privación efectiva de libertad por el plazo de un año.

El requirente sostiene que la aplicación de los artículos 195 inciso tercero, parte
final, 196 bis y 196 ter inciso primero, segunda parte, de la Ley N° 18.290 en su caso
concreto vulnera los artículos 1°, 5° inciso segundo y 19 N°s 2°, 3°, 7° y 26° de la
Constitución, así como tratados internacionales sobre derechos humanos.

Las normas impugnadas vulneran el principio de igualdad ante la ley al
generar tres desigualdades injustificadas. En primer lugar, tratan de manera
radicalmente diferente a personas en situación similar: el requirente, conductor
diligente que no causó el accidente ni consumió alcohol o drogas, recibe sanción
infinitamente más grave (3 años y 1 día de presidio con 1 año efectivo en cárcel, más
pérdida de vehículo, licencia y trabajo de 25 años como juez) que el conductor
objetivamente responsable, Marcelo Ithal Hernández, quien no respetó señal de
tránsito, reconoció consumo de marihuana y causó muerte y lesiones, pero alcanzó
acuerdo reparatorio consistente en disculpas públicas y fue sobreseído
definitivamente. En segundo lugar, tratan igual a situaciones desiguales: el requirente,
con irreprochable conducta anterior, colaboración sustancial y dos atenuantes sin
agravantes, recibe el mismo marco rígido sin rebaja de pena que cualquier acusado
con prontuario criminal que obstruya la investigación. En tercer lugar, generan trato
diferenciado sin justificación objetiva: el requirente no puede acceder inmediatamente
a pena sustitutiva pese a cumplir todos los requisitos de la Ley N° 18.216, mientras
autores de delitos dolosos más graves (lesiones graves-gravísimas, infanticidio,
castración) sí pueden hacerlo y obtener rebaja por atenuantes.

Las normas también vulneran el principio de proporcionalidad en sus tres
dimensiones. Carecen de idoneidad porque no cumplen su finalidad preventiva: el
requirente no causó el accidente, no consumió alcohol ni drogas, no infringió normas
de tránsito, y paradójicamente el conductor que sí consumió drogas y causó el
accidente quedó impune. La "Ley Emilia" buscaba prevenir la conducción bajo
influencia de sustancias, no sancionar a conductores diligentes víctimas de
conductores negligentes. Carecen de necesidad por la acumulación desproporcionada
de sanciones: 1 año de cárcel efectiva con efectos desocializadores, pérdida del
vehículo, cancelación perpetua de licencia, multa de 11 UTM, pérdida del trabajo de
25 años, e inhabilitación para cargos públicos. Finalmente, carecen de
proporcionalidad en sentido estricto: no existe simetría entre la conducta (no prestar
auxilio sin haber causado lesiones) y la sanción impuesta, especialmente comparada
con el sobreseimiento del conductor causante de muerte y lesiones, la pena máxima



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de 541 días para cuasidelito de homicidio, y el acceso inmediato a penas sustitutivas
para delitos dolosos más graves.

Las normas vulneran la garantía del debido proceso al restringir
arbitrariamente las facultades jurisdiccionales para individualizar la pena. El artículo
196 bis impidió al tribunal rebajar la pena según el artículo 67 del Código Penal pese
a reconocer dos atenuantes sin agravantes. El artículo 196 ter establece suspensión
automática de la pena sustitutiva por un año con cumplimiento efectivo, anulando la
facultad judicial de determinar la forma de cumplimiento adecuada pese a que el
requirente cumplía todos los requisitos de la Ley N° 18.216. Además, existe aplicación
errónea: el artículo 195 inciso tercero remite a los artículos 196 bis y 196 ter solo "para
determinar la pena", no para su ejecución, pero el tribunal aplicó la suspensión del
artículo 196 ter que es regla de ejecución, excediendo el ámbito de la remisión.

El tipo penal del artículo 195 vulnera el derecho a no autoincriminarse al
imponer obligación de autodenuncia bajo amenaza de pena gravísima, transformando
al imputado de sujeto de derechos en instrumento del proceso. La norma parte de
presunción implícita de culpabilidad y consumo de alcohol/drogas, vulnerando la
presunción de inocencia. Genera incoherencia sistemática: la auto-denuncia es
atenuante en el Código Penal, pero su ausencia constituye delito autónomo gravísimo
en la Ley de Tránsito.

Arguye, asimismo, que las normas rompen la armonía del sistema penal al
constituir excepción injustificada al sistema de penas sustitutivas. Desde 1983, la
Ley N° 18.216 establece que penas inferiores a 5 años sin condenas anteriores se
cumplen mediante penas sustitutivas. Sus excepciones se fundan en criterios objetivos
(secuestro, tortura, armas/explosivos). La suspensión del artículo 196 ter carece de
justificación objetiva comparable, especialmente cuando el requirente no causó el
accidente, no infringió normas de tránsito, no consumió alcohol/drogas, y no es
objetivamente responsable de muerte ni lesiones. Además, existe aplicación errónea
del sujeto activo: el artículo 195 inciso tercero se refiere al "responsable" del accidente
(partícipe del delito), consistente con el artículo 176 que habla del "conductor que
participe", pero el tribunal aplicó esta norma al requirente que no es responsable del
accidente. La norma aplicable era el artículo 201 N° 15 (multa de 1 a 1,5 UTM).
Finalmente, generan incoherencia valorativa: manejo ebrio causando lesiones graves-
gravísimas puede acceder inmediatamente a pena sustitutiva con rebaja por
atenuantes, mientras no prestar auxilio sin haber causado lesiones implica 1 año de
cárcel efectiva obligatoria sin rebaja posible.

Destaca por lo demás que el caso presenta circunstancias excepcionales que lo
diferencian radicalmente de otros requerimientos: el requirente no causó el accidente
(responsable: Ithal Hernández por no respetar "ceda el paso"); no consumió alcohol ni
drogas (el responsable sí consumió marihuana reconocido ante la SIAT); el
responsable quedó impune mediante acuerdo reparatorio; existe aplicación
manifiestamente errónea de norma destinada a conductor negligente/drogado



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aplicada a conductor diligente víctima; y se configura injusticia material evidente,
pues el conductor diligente con 25 años como juez, irreprochable conducta y
colaboración sustancial recibe pena infinitamente mayor que el conductor negligente
causante de muerte que consumió drogas. Esta aplicación fuera del ámbito legítimo
de las normas produce efectos flagrantemente inconstitucionales no previstos por el
legislador al dictar la "Ley Emilia".



Tramitación

El requerimiento fue acogido a trámite por la Segunda Sala, a fojas 134, con
fecha 27 de junio de 2025, decretándose la solicitud de suspensión del procedimiento.

En igual fecha fue declarado admisible, confiriéndose traslados.
Posteriormente, fueron formuladas observaciones por el Ministerio Público a fojas
153.



Observaciones del Ministerio Público

Afirma que procede rechazar el requerimiento porque los sentenciadores ya
aplicaron la regla objetada en la sentencia de cinco de mayo de dos mil veinticinco.
Argumenta que, además de hacer aplicación del precepto cuestionado, lo que
extingue el conflicto planteado, al dictar sentencia operó el desasimiento de los jueces
requirentes de inaplicabilidad y, en el ámbito que aquí importa, ya no son quienes
conocen del asunto pendiente, como lo demanda el artículo 93 de la Constitución en
relación con el artículo 44 de la Ley N° 17.997.

En segundo lugar, el Ministerio Público sostiene que procede igualmente
desestimar el requerimiento porque la aplicación del precepto no provocaría los
resultados contrarios a la Constitución que se invoca. Argumenta que la imposición
de una pena sustitutiva está sujeta al cumplimiento de variados requisitos y
corresponde al ejercicio de una facultad que ha sido puesta en manos del juez. La
decisión judicial se define mediante una sentencia condenatoria fundada, y la pena
sustitutiva no es inmodificable, pudiendo cambiarla el juez cuando pondere que se
están cumpliendo las condiciones que les son inherentes o porque se está vulnerando
su cumplimiento, conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 33 de la Ley N° 18.216.

El persecutor sostiene que, en este caso, no está impedida la sustitución de una
pena privativa de libertad, sino que es suspendida su ejecución por un año. Su
imposición no implica la eliminación de los antecedentes penales relativos a la
infracción de las reglas del tránsito, ni sustituye otras penas que pueda imponer la
sentencia condenatoria. Por ende, el legislador no habría eliminado la facultad judicial
de imponer penas sustitutivas, ni las reglas para interrumpirlas, modificarlas o darlas
por cumplidas, sino que sólo impone una suspensión de la decisión judicial por un
año, durante el cual se debe cumplir pena privativa de libertad efectiva.




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Hace presente que el legislador está facultado para configurar políticas
preventivas que busquen disuadir efectivamente de la comisión de los delitos viales
con resultado de muerte, y tiene potestades constitucionales formales y sustantivas
para perseguir la erradicación de las conductas de riesgo como conducir vehículos
motorizados con consumo de alcohol. Por lo mismo, puede contemplar sanciones
penales de acuerdo con su propio mérito. En consecuencia, no se podría deducir la
existencia de un derecho subjetivo a una pena alternativa si el artículo primero de la
Ley N° 18.216 establece que es una facultad del juzgador.

Concluye señalando que el artículo 196 ter, inciso primero, de la Ley de
Tránsito, no configuraría una prohibición, bloqueo o impedimento de aplicación de
una pena alternativa o sustitutiva a la pena privativa de libertad. Ni el juez ni las
partes se verían impedidos de debatir sobre su aptitud para el caso concreto, su
aplicación y sobre la mejor modalidad que pueda revestir. Tampoco la suspensión de
la pena alternativa infringiría el principio de igualdad ante la ley, ya que la regla
impugnada no distingue en su aplicación a destinatarios específicos y se dirige contra
todos los que se encuentren en la misma situación jurídica en relación con esa
preceptiva de la Ley N° 18.290.

Respecto al artículo 195 inciso tercero de la Ley de Tránsito, argumenta que
este precepto establece una sanción para quien, en un accidente de tránsito en el que
se produzcan lesiones o la muerte de una persona, incumpla la obligación de detener
la marcha, prestar la ayuda posible y dar cuenta a la autoridad. La obligación en
cuestión arranca del artículo 176 de la misma ley, que se encuentra en el párrafo
relativo a los procedimientos policiales y administrativos. Esta Magistratura ha
revisado con anterioridad el precepto en múltiples sentencias, siguiendo un
razonamiento consistente desde los fallos Rol N° 5.782-2018 y Rol N° 7.076-2019.

Precisa que estas obligaciones no están asociadas a la responsabilidad delictual
o cuasidelictual del obligado, sino que recaen sobre el conductor que participe en un
hecho que la ley denomina accidente de tránsito. Las obligaciones están separadas de
la responsabilidad por un delito o cuasidelito, lo que impide afirmar que el precepto
infringe la garantía que se denuncia amagada. El artículo 19 N° 7° letra f) de la
Constitución establece que, en las causas criminales, no se podrá obligar al imputado
o acusado a que declare bajo juramento sobre hecho propio. Lo que falta en este caso
es el presupuesto de la referida regla constitucional, esto es, que la disposición legal
apunte a una persona imputada o acusada, pues la obligación recae sobre el conductor
que ha participado en el accidente.

Analizando las conductas que mandata el precepto legal, detener la marcha no
implica de modo alguno declarar bajo juramento sobre hecho propio, y tampoco lo es
prestar la ayuda posible. Respecto a la tercera obligación de dar cuenta a la autoridad,
tampoco puede considerarse que notificar a la autoridad de la ocurrencia del accidente
signifique forzar una declaración sobre hecho propio bajo juramento en causa
criminal, toda vez que aquello puede diferenciarse nítidamente de una autoatribución



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de responsabilidad. La Fiscalía cita además jurisprudencia de la Corte Suprema que
sostiene que el tipo penal no contempla dentro de sus requisitos que quien intervenga
en el evento sea, al mismo tiempo, el responsable, pues la expresión "participe" que
utiliza la norma no atiende a esa condición.

A su vez, en cuanto al artículo 196 bis de la Ley de Tránsito, la Fiscalía señala
que este precepto regula algunos aspectos de la determinación de la pena concreta
para los autores de ciertos ilícitos, y fue introducido por la Ley N° 20.770. La reforma
legal buscó acercar la determinación concreta de la pena a la establecida por el
legislador, lo que descarta la presencia de fines o medios constitucionalmente
reprobables. Tanto el objetivo de acercar la pena concreta a la señalada por la ley como
el específico mecanismo utilizado para alcanzarlo no son exclusivos de este artículo,
existiendo preceptiva similar en el inciso segundo del artículo 17 B de la Ley N° 17.798
y en el artículo 449 del Código Penal.

Las críticas dirigidas contra estas disposiciones de contenido similar han sido
desestimadas por el Tribunal Constitucional en numerosas sentencias. La regla por la
que se fija un mecanismo de determinación de penas tendiente a acercar aquella que
puede hacer el juez al marco punitivo fijado por el legislador persigue un fin
constitucionalmente lícito por medios que son igualmente legítimos, de suerte que no
se logra justificar la infracción denunciada.



A fojas 173, por decreto de fecha 28 de julio de 2025, se trajeron los autos en
relación.



Vista de la causa y acuerdo

En Sesión de Pleno de 5 de noviembre de 2025 se verificó la vista de la causa,
oyéndose la relación pública, alegatos por el requirente del abogado Claudio Fierro
Morales y por el Ministerio Público del abogado Pablo Campos Muñoz.

Se adoptó acuerdo con fecha 25 de noviembre de 2025, conforme certificación
del relator.



Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, se ha requerido, por una parte, la inaplicabilidad de los
artículos 195 inciso tercero, parte final, y 196 ter inciso primero, segunda parte, de la
Ley N° 18.290, en cuanto imponen al condenado en la gestión pendiente cumplir
efectivamente, por un año, la pena privativa de libertad que se le ha impuesto, por
haber incumplido la obligación de prestar la ayuda posible y dar cuenta a la autoridad
competente del accidente en que participó; y, de otra, en relación con el artículo 196
bis, en cuanto impide al Juez del Fondo considerar lo dispuesto en los artículos 67, 68




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y 68 bis del Código Penal y, en su lugar, tiene que aplicar las reglas allí establecidas,
todo lo cual se estima resultaría contrario a los artículos 1°, 5° inciso segundo y 19 N°s
2°, 3°, 7° y 26° de la Constitución;



I. IMPUGNACION DE LOS ARTÍCULOS 195 INCISO TERCERO Y
196 TER INCISO PRIMERO

SEGUNDO: Que, esta Magistratura ha venido pronunciándose,
consistentemente, por el rechazo de los requerimientos de inaplicabilidad en que se
impugna el año de cumplimiento efectivo de privación de libertad, pues, como
sostuvimos en el Rol N° 14.800, “(…) el intérprete constitucional no puede ignorar la
decisión legislativa que originó la prohibición que configura un determinado ilícito penal, sino
que, también, la sanción y su especial forma de cumplimiento. Allí es posible obtener su
fundamento y legitimación, dando cuenta, en el examen constitucional, de su razonabilidad y
proporcionalidad en el marco de sus fines” (c. 7°).

En efecto, ha sido reiterado el rechazo no solo de las inaplicabilidades
planteadas respecto del artículo 196 ter de la Ley N° 18.290, sino también, en más de
cincuenta casos, las que refieren a su artículo 195. Es más, incluso en jurisprudencia
que ha acogido la inaplicabilidad del primero de aquellos preceptos legales,
igualmente siempre se han desestimado las que inciden en el aludido artículo 195;

TERCERO: Que, ello nos ha conducido a descartar los distintos reproches que
se suelen formular a dicha preceptiva, vinculados con la vulneración de la igualdad
ante la ley, el principio de proporcionalidad, especialmente en relación con la
finalidad de resocialización de las penas, y la supuesta restricción a la competencia de
los Tribunales del Fondo para determinar la sanción que procede conforme a Derecho;



1. Circunstancia del Caso Concreto

CUARTO: Que, sin embargo, el requerimiento de fs. 1 pide la inaplicabilidad
del cumplimiento efectivo de la privación de libertad por un año en una gestión
pendiente en que se presenta una circunstancia nueva que debe ser evaluada por esta
Magistratura para resolver, tal y como también lo planteó el Tribunal Oral en lo Penal
de Viña del Mar, en causa Rol N° 16.428.

¿Por qué la gestión aquí pendiente nos exige volver a examinar esta objeción?
Porque en ninguno de los cincuenta casos hemos estado frente a la circunstancia
concreta consistente en que el condenado por el delito de omisión de los deberes
contemplados en el artículo 195 de dicho cuerpo legal no ha sido el causante del
accidente, ya que, como se ha referido en la parte expositiva, el vehículo conducido
por él, impactó a otro móvil que no respetó la señal “Ceda el Paso”, resultando
fallecida la persona que iba en el asiento del copiloto de este vehículo y un tercer
pasajero con lesiones menos graves. El condenado -no causante de la colisión- hizo




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abandono del lugar incurriendo, a juicio del Sentenciador de Fondo, en la conducta
descrita en el artículo 195, lo que, conforme a lo acreditado en el expediente penal,
lleva a que se suspenda, por un año, la concesión de penas sustitutivas;

QUINTO: Que, en consecuencia, la cuestión que debemos dilucidar radica en
determinar si subsisten los argumentos para rechazar la inaplicabilidad del artículo
195 inciso tercero o si la circunstancia referida exige alterar esa decisión, para lo cual
acudiremos al “leading case” en la materia, Rol N° 2.983, repetido invariablemente
hasta el día de hoy (v. gr., Rol N° 15.375);



2. Precedente

SEXTO: Que, en el Rol N° 2.983, sostuvimos que cabía desestimar la
inaplicabilidad pretendida en contra del artículo 195, en primer lugar, porque su
aplicación no resultaba contraria al debido proceso desde que los Jueces del Fondo,
precisamente en el marco de un procedimiento racional y justo, habían determinado
la pena correspondiente al delito, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 195
y 195 bis de la Ley del Tránsito (c. 6° y 7°).

Asimismo, se invocaba la vulneración del principio de culpabilidad, en
circunstancias que la determinación de si la conducta se subsume o no en el tipo penal
corresponde al Juez del Fondo (c. 10°).

En tercer lugar, se alegaba la lesión del principio de proporcionalidad, a
propósito de lo cual expusimos que “(…) el legislador tiene amplia libertad para aumentar
las penas en beneficio de la seguridad vial y el interés social comprometido en materia de tráfico
de vehículos motorizados, así como también posee un margen amplio de libertad para
determinar las penas asociadas a comportamientos valorados negativamente en atención a sus
consecuencias, muchas de las cuales pueden resultar irreparables. Del mismo modo, el
legislador tiene libertad para definir los bienes jurídicos que pretende cautelar mediante la
sanción punitiva, de forma tal que incluso puede tutelar diversos bienes jurídicos, generando
una multiplicidad de penas, en tanto se respete la restricción o límite punitivo de la doble
incriminación (ne bis in ídem material). En consecuencia, es permitido al legislador de manera
legítima -como sucede en el caso concreto de autos- tipificar como delito la conducta de aquel
sujeto que luego de protagonizar un accidente de tránsito huye sin prestar ayuda y no da aviso
a la autoridad de la ocurrencia del injusto o retarda sin justificación el sometimiento al examen
de alcoholemia” (c. 13°).

Se invocaba, por último, el quebrantamiento del principio de
proporcionalidad, pero esta vez en relación con la pena impuesta, frente a lo cual
nuestra argumentación desestimatoria reiteró la competencia de la ley para decidir en
la materia “(…) en relación a la descripción legal de la figura delictiva como asimismo a la
definición de los bienes jurídicos pretendidos cautelar, el legislador, como ya se expresó, es
soberano para tipificar conductas y a la vez para considerar al sujeto infractor del derecho, que
huye sin prestar ayuda ni dar aviso a la autoridad, lo que configura los tipos penales de los



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artículos 195 y 195 bis de la Ley de Tránsito; al efecto, es menester recordar el criterio expuesto
por esta Magistratura en la sentencia Rol N° 787: "La política criminal se formula y se ejecuta
en un determinado contexto social y es producto de las decisiones de los órganos colegisladores
que responden a sus demandas. Sin perjuicio de la importancia de la participación que les cabe
a las instituciones jurisdiccionales en la aplicación de sus medidas, el contenido de la política
criminal no es modificable por los jueces". Asimismo, "se entiende como tolerable la fijación de
sanciones de acuerdo a los fines de convivencia establecidos por los órganos legítimos y a los
efectos de que su mayor severidad o laxitud, según el caso, resulte más eficaz en el logro de los
propósitos propuestos". Por cierto, la facultad de fijación de la pena debe ejercerse con sujeción
a los límites que impone el respeto de los derechos, principios y valores constitucionales, que en
este caso no se ven amagados por el contenido de las figuras delictivas en referencia” (c. 18°);

SEPTIMO: Que, en dicha sentencia, en suma, concluíamos afirmando que
“(…) dadas las razones expuestas, resulta inobjetable y legítima la configuración de los tipos
penales, en la medida que representa una justificación político-criminal del aseguramiento de
la función de la pena en un Estado de Derecho, lo cual no significa desconocer los principios de
legalidad y reserva, la orientación resocializadora y de legitimación de la pena (con prohibición
de que en su ejecución se transforme en una pena o trato cruel, inhumano o degradante)” (c.
20°);



3. Aplicación al Caso Concreto

OCTAVO: Que, aquellos razonamientos no se ven alterados por la
circunstancia nueva que aparece en la gestión pendiente, donde el imputado ha
invocado la eventual vulneración de los artículos 1°, 5° inciso segundo y 19 numerales
2°, 3°, 7° y 26° de la Constitución;

NOVENO: Que, más específicamente dicho, el bien jurídico protegido por el
delito contemplado en el artículo 195, en el marco de la regulación prevista en la Ley
N° 18.290, y las obligaciones allí contempladas, cuyo incumplimiento se tipifican por
el legislador, imponiendo la restricción de pena sustitutiva que se pide revisar por la
requirente, no se encuentra mediado ni admite distinción -al menos desde el ángulo
constitucional- por la posición del condenado en los hechos, de tal manera que no
resulta pertinente diferenciar entre el causante del accidente y el tercero que, como el
requirente, ha incurrido en la conducta tipificada de no prestar ayuda posible ni dar
cuenta a la autoridad competente del accidente en que participó;

DECIMO: Que, tal es así, que el artículo 195 inciso tercero impone la pena allí
prevista al “responsable” y, por su parte, el artículo 176 grava con el deber de detener
la marcha, prestar la ayuda que sea posible y dar cuenta a la autoridad policial más
inmediata al conductor que “participe” en los hechos, lo que, ciertamente, abre la
discusión en torno del sujeto activo alcanzado por dicha tipificación, precisamente,
en relación con quien no ha sido “causante” del accidente (Javier Escobar Veas: “Sujeto




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DOSCIENTOS TRES




Activo del Delito de Omisión de Auxilio en Accidentes de Tránsito”, Política Criminal, Vol.
13, N° 26, 2018, pp. 1.003-1.026).

Empero, dilucidar esta cuestión corresponde al Juez del Fondo y no a esta
Magistratura, sin perjuicio de lo cual, en la gestión pendiente, lo cierto es que el
Tribunal Oral en lo Penal ha condenado al requirente, como autor del delito previsto
y sancionado en el artículo 195 inciso tercero de la Ley N° 18.290, porque “(…) en lugar
de auxiliar a las víctimas y dar cuenta a la autoridad competente, esto es, Carabineros de Chile,
el imputado huyó del lugar del accidente; primero caminando, luego trotando y, finalmente,
corriendo (…)” (fs. 244 de los autos Rol N° 16.428);

DECIMOPRIMERO: Que, aplicar las disposiciones impugnadas en la gestión
pendiente no resulta contrario a las normas constitucionales invocadas en el
requerimiento, pues, como ya referimos en el Rol N° 14.800, el sistema penal, en
cuanto “reflejo de la identidad social, es decir, de la comprensión que una sociedad tiene de sí
misma en un determinado momento histórico”, se expresa en su política criminal (Alex
Van Weezel: Curso de Derecho Penal. Parte General, Santiago, Ediciones Universidad
Católica de Chile, 2023, p. 17), vinculando, de esta manera, la Constitución con dicho
sistema, al que le corresponde el aseguramiento de los valores fundamentales más
importantes de la vida social, garantizar el mantenimiento de la paz jurídica en el
marco del orden social e imponer el derecho en caso de conflicto (Wessels et. al.:
Derecho Penal. Parte General. El Delito y su Estructura, Lima, Instituto del Pacífico, 2018,
p. 4).

Con todo, el trabajo del legislador penal y procesal penal se estructura a partir
de un presupuesto o programa contenido en la Constitución, el que no puede
transgredirse (Harro Otto: Manual de Derecho Penal. Teoría General del Derecho Penal,
Barcelona, Ed. Atelier, 2017, pp. 43-44), por lo que la norma penal debe cumplir con
un doble criterio de legitimación frente a la Carta Fundamental: El principio de
legalidad, en virtud del cual sólo la ley puede sancionar las conductas prohibidas (c.
24°, Rol N° 6), y la prohibición de transgredir los principios de subsidiariedad,
fragmentariedad, proporcionalidad, humanidad, igualdad, lesividad, culpabilidad y
non bis in ídem;

DECIMOSEGUNDO: Que, si bien la Constitución establece estos límites a la
actuación legislativa, del principio democrático contenido en su artículo 4° se
desprende que “el legislador es libre para determinar razonablemente los requisitos para
castigar una conducta y establecer la sanción correspondiente” (c. 28°, Rol N° 2.022), en
tanto, “corresponde al legislador el establecimiento de una pena para un determinado delito.
Por tanto, éste tiene discrecionalidad para la fijación de las penas, en la medida que respete los
límites que le fija la Constitución. Así, asignar penas para un delito es parte de la política
criminal y depende de un juicio de oportunidad o conveniencia que corresponde efectuar al
legislador” (c. 13°, Rol N° 1.329), por lo que el intérprete constitucional no puede, sin
más, ignorar la decisión legislativa que originó la prohibición que configura un
determinado ilícito penal, así como la sanción y su especial forma de cumplimiento,



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DOSCIENTOS CUATRO




sin perjuicio de verificar que la decisión legislativa respete la Carta Fundamental,
como se ha explicado;

DECIMOTERCERO: Que, en este marco, al examinar la cuestión de
constitucionalidad que plantea el requerimiento, cabe considerar, primeramente, que
la preceptiva legal impugnada no prohíbe la aplicación de alguna de las penas
sustitutivas establecidas en la Ley N° 18.216, de acuerdo con lo que actualmente se
contiene en su artículo 1° inciso segundo, sino que suspende su ejecución, conforme
al mérito y antecedentes del proceso, por un año. Precisamente, este año de
cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad corresponde a una decisión
del legislador, en el ámbito de competencia bajo los lineamientos de la política
criminal respecto de un específico grupo de delitos, contenidos en la legislación del
tránsito, que persiguen la protección de algunos de los fines más relevantes que
cautela nuestra Constitución, como son la vida y la integridad física y síquica;

DECIMOCUARTO: Que, más concretamente dicho, las normas legales
cuestionadas no afectan las disposiciones constitucionales señaladas en el
requerimiento de fs. 1, esto es, en primer lugar, la presunta vulneración de la igualdad
ante la ley, por los dos ámbitos de comparación que formula la accionante (respecto
del causante del accidente que tuvo una sanción menor; o de quienes, cometiendo
delitos más graves, no se encuentran en ninguno respecto de los que impiden la
aplicación inmediata de penas sustitutivas).

En segundo lugar, por afectación del principio de proporcionalidad, ya que la
norma no sería idónea para la finalidad preventiva que persigue, desde que el
requirente no causó el accidente, porque tampoco es la respuesta menos gravosa y no
existe simetría entre la conducta imputada y la sanción impuesta.

En tercer lugar, porque vulnerarían la garantía del debido proceso al restringir
arbitrariamente las facultades jurisdiccionales para individualizar la pena. Y, en
cuarto lugar, respecto del artículo 195 en particular, porque lesionaría el derecho a no
autoincriminarse.

DECIMOQUINTO: Que, primeramente, los términos en que la requirente
plantea la comparación para estimar vulnerada la igualdad ante la ley no pueden ser
considerados en el sentido que se propone.

Por una parte, establece una regla de cotejo con el causante basal del accidente,
sosteniendo la discriminación en que éste, a pesar de esa conducta, quedó en una
situación sustancialmente más favorable desde el punto de vista de la reacción penal,
puesto que alcanzó un acuerdo reparatorio y fue sobreseído definitivamente; y, de
otra, se compara con personas condenadas por delitos más graves que no se
encuentran dentro del catálogo establecido en la Ley N° 18.216 que suspende la
aplicación de penas sustitutivas por un año, con lo que, en definitiva, el reproche que
formula en ambas comparaciones es el mismo, esto es, que quien incurrió en una




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DOSCIENTOS CINCO




acción antijurídica más grave que la suya no debe cumplir efectivamente un año
privado de libertad como es su caso;

DECIMOSEXTO: Que, no es factible estimar una transgresión al artículo 19
N° 2° de la Constitución por la aplicación de las normas cuestionadas en el caso
concreto, desde que no resulta procedente plantear la comparación, para arribar al
juicio de igualdad, entre el delito por el cual ha sido imputado el requirente en la
gestión pendiente y cualesquiera otros tipificados en el sistema penal o, incluso, al
interior de la misma Ley del Tránsito, cuestión que, inevitablemente, conduciría a una
evaluación en abstracto de la preceptiva legal cuestionada y no a su aplicación en el
caso concreto, como se exige en sede de inaplicabilidad.

Las reglas impugnadas, en cambio, se aplican en sentido análogo a todas las
personas que han cometido el delito por el que se ha condenado a la requirente,
atendido que persigue el resguardo y protección de la vida humana y la integridad
física y síquica, conforme a lo asegurado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución.

A este respecto, razonamos en la sentencia Rol N° 8.792, en el sentido que “el
Derecho Penal […] realiza valoraciones sobre actos u omisiones y no sobre personas” (c. 53°),
examen que, en su oportunidad, realizó el legislador en la Ley N° 20.770 que incorporó
el delito omisivo por el que se ha condenado a la requirente.

Además, con una eventual comparación de tipo abstracto se pretende
incorporar al examen constitucional una decisión de política criminal en que el
legislador estimó, atendidas las graves consecuencias que pueden tener los accidentes
del tránsito, incluso causando la muerte o lesiones graves gravísimas, la necesidad de
otorgar una aplicación de las penas en los términos contenidos en la disposición,
aspecto que da cuenta de la razonabilidad de la medida, entendiéndola como
motivación (Rol N° 8.792, c. 49°);

DECIMOSEPTIMO: Que, esto es así porque ni aun considerando la posición
del condenado en la secuencia de hechos que se han examinado en la gestión
pendiente, en cuanto no fue el causante basal del accidente, pero participó en él,
habiéndose producido la muerte de uno de los pasajeros del primer vehículo, no es
posible soslayar, como acaba de decirse que el delito tipificado por el legislador (no
prestar la ayuda que sea posible y no dar cuenta a la autoridad policial más
inmediata) protege bienes jurídicos relevantes, de jerarquía constitucional,
vinculados con la vida y la integridad física y síquica de las personas, cuya afectación
no depende de si la conducta típica fue realizada por el causante del accidente o por
algún otro responsable o partícipe en él.

En este sentido, el examen que se nos plantea, en esta oportunidad, sobre la
obra del legislador pretende incorporar al análisis constitucional una decisión de
política criminal, adoptada con base en accidentes de tránsito que causen la muerte de
alguna persona;




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DOSCIENTOS SEIS




DECIMOCTAVO: Que, en segundo lugar, en cuanto al principio de
proporcionalidad, dada la posición de partícipe, pero no de causante basal del
accidente que provocó la muerte de una persona, exige revisar si los preceptos legales
persiguen un fin legítimo, son idóneos, necesarios y proporcionales en sentido
estricto.

Esta Magistratura ha razonado que este método de resolución de conflictos
plantea la “búsqueda de equilibrio entre garantías como una colisión más que entre reglas,
más bien entre principios, caracterizados como mandatos de optimización que, a diferencia de
las reglas, pueden cumplirse en distinto grado y en la medida de lo posible” (c. 54°, Rol N°
3.329);

DECIMONOVENO: Que, al tenor de lo ya razonado en torno a la política
criminal y el ámbito competencial del legislador, en el marco constitucional, surge la
legitimidad de la medida legislativa que se impugna de inaplicabilidad. Su finalidad
es conforme con la Carta Fundamental. Ella busca proteger la vida y la integridad
física y síquica, en cuanto impone a las personas que participen en accidentes de
tránsito el deber de prestar, en lo posible, ayuda y dar cuenta a la autoridad policial,
lo que resulta idóneo para la protección de bienes jurídicos de relevancia a partir de
la dañosidad que expresan las conductas que son sancionadas penalmente en la
legislación del tránsito, en el marco de la seguridad vial, la vida humada y la salud
individual (c. 13°, Rol N° 1.328). Se trata, así, de una medida que, en la ponderación
del legislador, se tiene por eficaz en el marco de sus objetivos y fines (Mauricio Rettig:
Derecho Penal, Parte General. Fundamentos, Tomo I, Santiago, DER, 2017, p. 21).

VIGESIMO: Que, por lo mismo, además de la idoneidad, se satisface la
necesidad o intervención mínima, en tanto “no exist[e] otra igualmente eficaz pero menos
gravosa para amparar el bien jurídico […]” (c. 60°, Rol N° 3.329), conforme a los objetivos
que tuvo a la vista el legislador respecto de la medida que, en tal mérito, adoptó para
imponer las obligaciones cuya omisión sanciona penalmente y que traen aparejadas
una forma de cumplimiento efectiva de la pena privativa de libertad por espacio de
un año:

VIGESIMOPRIMERO: Que, en fin, las normas impugnadas no transgreden
la proporcionalidad en sentido estricto en la concatenación de la medida con los fines
y la intensidad de la afectación de los derechos involucrados e invocados por la
requirente, ya que se trata de “una medida equilibrada y justa que es menor al perjuicio que
ocasiona la intervención al derecho fundamental” (c. 61°, Rol N° 3.329).

Desde esta perspectiva, el precepto cuestionado no incide en la cuantía de la
pena, la que debe ser establecida por cada juez penal a partir del marco abstracto
predefinido en la ley (c. 37°, Rol N° 8.792) y, en concreto, en la medida de la
culpabilidad del infractor, lo que determina el Juez del Fondo, incluso debiendo
resolver si queda o no alcanzado por la conducta tipificada legalmente. Sólo opera en
la fase de cumplimiento de la sanción y no restringe la eventual posibilidad de que
sea concedida alguna de las penas alternativas contenidas en la Ley N° 18.216. Esta



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DOSCIENTOS SIETE




decisión del legislador no contraviene la prohibición de exceso tanto en el
establecimiento de la conminación penal en abstracto, como en la imposición concreta
de la pena que ha de decidir el sentenciador de fondo;

VIGESIMOSEGUNDO: Que, la adecuada ponderación entre los bienes
jurídicos que han sido efectivamente lesionados en los hechos investigados y
sancionados en la gestión pendiente con relación a la respuesta punitiva no sólo se
expresa en la pena dispuesta por el legislador, sino que, también, en la decisión en
torno a su cumplimiento, y expresa la adecuación constitucional y ausencia de
desproporción en la medida.

Si el principio de proporcionalidad apunta a la relación entre el merecimiento
de pena y el daño social causado, no es posible soslayar, precisamente, en el examen
de confrontación concreta de la norma legal con la Constitución, el disvalor que
envuelve la comisión del delito que trae consigo esta forma de cumplimiento de la
pena, la que se mantiene en el ámbito de la razonabilidad a partir de los bienes
jurídicos protegidos. No se rebasan “los límites de lo necesario” que, de ocurrir, pudieran
haber ameritado resolver estimativamente el conflicto constitucional propuesto
(Mauricio Rettig ya citado, p. 213);

VIGESIMOTERCERO: Que, en relación con la igual protección de la ley en el
ejercicio de los derechos, especialmente en el ámbito del derecho a un procedimiento
racional y justo no se vulnera por la imposición en orden a cumplir efectivamente la
pena privativa de libertad por un año, adoptada por el juez competente, en el marco
de un debido proceso y conforme a los derechos y garantías de que el condenado es
titular por mandato constitucional y legal, los que ha podido ejercer en la gestión
pendiente;

VIGESIMOCUARTO: Que, por último, en relación con la prohibición que
establece en el artículo 19 N° 7° letra f) de la Constitución, en virtud de la cual, en las
causas criminales no se puede obligar al imputado o acusado a que declare bajo
juramento sobre hecho propio, no se avizora cómo se habría transgredido cuando el
delito, precisamente, consiste en lo inverso, esto es, no dar cuenta a la autoridad
competente del accidente del que el requirente no fue el causante.

Precisamente, cumplir el mandato legal de dar aviso, lejos de provocar una
autoincriminación, lo que logra es la ausencia de tipificación de su conducta, dado
que, en este caso concreto, el imputado participó en el accidente sin provocarlo, de tal
manera que no fue su declaración, sino la ausencia de ella lo que es reprochado
penalmente;



II. IMPUGNACIÓN DEL ARTÍCULO 196 BIS

VIGESIMOQUINTO: Que, por último, se ha objetado el artículo 196 bis, en
cuanto impide al Juez del Fondo considerar lo dispuesto en los artículos 67, 68 y 68




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DOSCIENTOS OCHO




bis del Código Penal y, en su lugar, le impone aplicar las reglas allí establecidas, lo
que se estima resultaría contrario a la igualdad ante la ley, frente a condenados por
otros delitos más graves que, sin ese marco rígido, quedarían en una situación mejor
que la del requirente, y al debido proceso porque afecta facultades judiciales;

VIGESIMOSEXTO: Que, seguiremos aquí los criterios ya adoptados para
desestimar la impugnación de este precepto legal en el Rol N° 7.448;

VIGESIMOSEPTIMO: Que, por cierto, el precepto impugnado rigidiza y
reduce el ámbito de apreciación judicial para la determinación de la pena en el caso
del delito por el que se ha condenado a la requirente. “Tal restricción de facultades
judiciales apunta en el sentido de que virtualmente sea la ley la que determine, concretamente,
un grado de pena aplicable (no sólo un marco penal, como es lo habitual), ponderando el
legislador (rediciendo correlativamente el rol de juez en ese ámbito) los efectos de la
concurrencia de las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal” (c. 32°, Rol N°
7.448);

VIGESIMOCTAVO: Que, por lo tanto, la cuestión a dilucidar es si esta
decisión legislativa resulta o no contraria a la Constitución, particularmente, como lo
plantea la requirente porque otros imputados, por delitos más graves, no quedan
sujetos a una preceptiva restrictiva como ésta y porque importaría afectar las
atribuciones judiciales;

VIGESIMONOVENO: Que, un planteamiento de esta naturaleza, en ambas
alegaciones, más que efectuar un control, en sede de inaplicabilidad, del resultado
posiblemente inconstitucional de la aplicación del artículo 196 bis importa
conducirnos, nuevamente, a una evaluación en abstracto del sistema punitivo en su
totalidad y, más específicamente, de la decisión de política criminal que, en nexo con
el delito previsto en el artículo 195 de la Ley del Tránsito, ha adoptado el legislador;

TRIGESIMO: Que, ya lo dijimos en el Rol N° 7.448, “(…) la doctrina y el
Derecho Comparado, además de la evolución histórica del Derecho Penal, conocen variados
sistemas de determinación de la pena, cada uno de los cuales exhibe virtudes y defectos, vale
decir, ninguno de ellos es perfectamente coherente, pero no por ello, necesariamente, caen en
el ámbito de la inconstitucionalidad (…). Ciertamente, tal sistema no refleja tanta confianza
en los jueces, como sería deseable, y sigue buscando -en este ámbito del tráfico rodado- ese
“delicado equilibrio entre las exigencias de seguridad jurídica e individualización justa”
(Cury, op. cit. loc cit.)” (c. 34°);

TRIGESIMOPRIMERO: Que, entonces, el requerimiento, más que una
vulneración de la igualdad o la competencia judicial, expresa su desacuerdo con la
determinación legislativa en la materia de que se trata, por lo que también
desestimamos la impugnación del artículo 196 bis.




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0000209
DOSCIENTOS NUEVE




Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93 incisos primero,
N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la
Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional
del Tribunal Constitucional,



SE RESUELVE:



I. QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DEDUCIDO A LO
PRINCIPAL DE FOJAS 1. OFÍCIESE.

II. QUE SE ALZA LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO
DECRETADA EN AUTOS. OFÍCIESE.

III. QUE NO SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE REQUIRENTE
POR ESTIMARSE QUE TUVO MOTIVO PLAUSIBLE PARA
LITIGAR.



DISIDENCIAS



Acordada con el voto en contra de la Presidenta, Ministra señora DANIELA
MARZI MUÑOZ, y del Ministro señor HÉCTOR MERY ROMERO, quienes estuvieron
por acoger el requerimiento en lo que respecta a la impugnación de los artículos 196
bis y ter de la Ley N° 18.290 por las siguientes razones:

1°. Que, contra la parte requirente se dictó veredicto condenatorio como autor
del delito previsto y sancionado en el artículo 195 inciso tercero, en relación con el
artículo 176, ambos de la Ley N° 18.290.
Ante esta Magistratura se han impugnado, por razones de constitucionalidad,
los artículos 195 inciso tercero parte final, 196 bis y 196 ter inciso primero parte final,
todos de la Ley N°18.290. El presente voto se referirá exclusivamente a la
inconstitucionalidad de la parte final del artículo 196 ter, inciso primero.
Al respecto, la parte requirente argumenta que este precepto legal es contrario
a la Carta Fundamental, ya que afecta las garantías constitucionales de
proporcionalidad y debido proceso, así como la garantía de igualdad ante la ley y su
racionalidad en el caso de autos. Esto, al imponer al infractor la obligación de cumplir
de manera efectiva un año de la pena privativa de libertad, incluso cuando podría
aplicarse una pena sustitutiva conforme a la Ley N°18.216.
2°. Que, el razonamiento que se expone se asienta sobre la premisa de la
proporción y su vinculación con el Derecho y, en particular, de un concepto mayor
como lo es el delito. Al respecto se ha dicho que “El sentido de la proporción se desprende
del doble significado de la palabra Derecho, o sea, depende del objeto de la regulación y, por otra




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DOSCIENTOS DIEZ




parte, de la estructura de las proposiciones jurídicas. En cuanto materia del conocimiento, el
Derecho designa un ordenamiento predominantemente objetivo de regulación del
comportamiento exteriorizado e interindividual de los hombres, mediante normas cuya
prescripción, sancionada con la legítima posibilidad del empleo de la fuerza organizada de la
sociedad y ejercida con exclusividad por el Estado o por instituciones a que éste se haya
subordinado, se orienta a la consecución de fines valorados por cada comunidad según el
correspondiente estadio de su evolución cultural”. Pues bien, el Derecho como ciencia
investiga precisamente dichas normas y valoraciones en las tareas sucesivas que la
distinguen, tales como la interpretación, construcción y sistema: “Para las tres el
pensamiento proporcional tiene una palabra que pronunciar. La interpretación ha de buscar la
coherencia íntima de las normas, la simetría entre sus partes, la proporción normativa en el
sentido original de esta idea. Luego, interviene en la elaboración de los conceptos jurídicos, con
lo que aludimos a los conceptos que se ofrecen en los supuestos de hecho de las normas,
previamente aclarados por la interpretación, como los de dolo, ánimo de lucro, error en la
persona, etc. (…) En seguida, la unidad conceptual y la simetría de los componentes son
indispensables para elaborar las instituciones, o sea, la reproducción de una relación jurídica
que se presenta con idéntico contenido en diferentes normas de Derecho (…) Por último, el
sistema jurídico, el conjunto ordenado, coherente y total de conocimientos acerca de un
determinado Derecho positivo, sería de imposible realización si no hubiera afinidad -antes
constatada a través de la interpretación sistemática- entre sus partes ni derivación de un único
fin supremo e interno” (Guzmán Dalbora, José Luis “La idea de proporción y sus
implicaciones en la dogmática penal”, Política criminal, Vol. 12 N°24, Santiago dic.
2017, pp. 1228- 1263).

3°. Que, el Derecho penal como última ratio del ius puniendi estatal no es
concebible como un mero sistema de incentivo y desincentivo de conductas. Por ser
la consecuencia más gravosa del ordenamiento jurídico se construye con estricto
apego a la idea de proporción tanto en la configuración del delito como de la pena,
unidades distintas pero vinculadas, al ser esta última expresión del reproche hacia la
conducta delictiva. En consecuencia, sin necesidad de recurrir a las finalidades
resocializadoras −que, sin embargo, son reconocidas en el Derecho internacional de
los derechos humanos, aunque no como las únicas posibles de considerar en un
ordenamiento jurídico− sino que desde la idea de la retribución, tenemos que la norma
requerida de inconstitucionalidad distorsiona la valoración de diversos elementos del
delito, dando lugar a un resultado carente de razonabilidad. En este sentido, se ha
declarado en la jurisprudencia de esta Magistratura que “la naturaleza retributiva de la
pena hace que esta pueda conmensurarse en cada caso a la gravedad del respectivo delito. Como
escribió Bettiol, “es sobre la base de la idea de retribución sobre la que se hizo su ingreso en el
Derecho Penal el criterio de proporcionalidad, ya que la pena retributiva es ‘naturalmente’
proporcionada al comportamiento efectuado” (Rivacoba, Manuel, La retribución penal,
Editorial Jurídica Conosur Ltda., 1995, Santiago de Chile, p. 51) (STC Rol N°14.129-2023,
c°26).




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DOSCIENTOS ONCE




4°. Que, lo hasta aquí dicho puede reconstruirse en el sub juicio más difícil del
test de proporcionalidad −método de interpretación constitucional ampliamente
reconocido en la argumentación jurídica− ya que, siendo la pena de reclusión efectiva
de corta duración idónea para un fin legítimo, y, a su turno, no siendo posible
valorarlas en términos de ser menos gravosa e igualmente efectiva que otras posibles,
debido a que es una cuestión que en realidad es empírica y deriva en algo que no es
decisivo para el razonamiento judicial −como es el éxito o fracaso de una política
legislativa en la disuasión del delito− se arriba a la proporcionalidad en sentido
estricto.

Para este sub juicio se vuelve relevante el análisis dogmático, pues exigirá
fundamentar plenamente si el sacrificio de bienes individuales −libertad individual−
expresado en la máxima injerencia estatal como la privación de libertad −cuyo único
borde es su duración temporal−, se encuentra justificado en los intereses estatales que
se buscan proteger, siendo un camino altamente inseguro el desatender la
reconstrucción sistemática de la disciplina penal, ya que ese constituiría un
procedimiento automático, al entender que la proporcionalidad será aquello que
decida el legislador democrático, puesto que es igual a sostener que la
proporcionalidad no tiene ninguna cabida como razonamiento constitucional.

5°. Que, se ha calificado que el control de proporcionalidad tiene una
“dinámica triádica”, ya que se encuentra en la sombra del canon igualdad y
razonabilidad, porque sin estar consagrado en los textos constitucionales, en el ámbito
penal −y siendo éste manifestación de las delicadas decisiones político-criminales de
competencia exclusiva del legislador− ha permitido que la justicia constitucional evite
que esa plena discrecionalidad mute en un arbitrio irracional o que rompa la igualdad,
entre los cuales particularmente califican las penas automáticas, ya que son
simplemente incompatibles con la idea de proporcionalidad (Grimaldi, Italo “Il
principio di proporzionalità della pena nel disegno della Corte Costituzionale, Rivista
di giurisprudenza penale, N°5, 2020). Esta ha sido la forma de dotar de contenido a la
proporcionalidad en materia penal, cuyas decisiones legislativas se determinan de
acuerdo a las épocas y sus valoraciones, y que se construye por medio de
intervenciones episódicas sobre situaciones que fácticamente no podrán ser nunca
iguales y perfectamente delimitables, pero que sí cuentan con una serie herramientas
para regular la respuesta penal de acuerdo a las características del caso, como
particularmente es el sistema de las atenuantes y agravantes y la prospectiva de pena
que distingue entre crímenes y simples delitos. Finalmente, y en el marco de este
análisis constitucional, la pena de privación de libertad no puede ser subestimada,
pues, como ha señalado la doctrina “en toda limitación de un derecho cabe ver un
desarrollo jurídico del mismo, pues el desarrollo legislativo de un derecho
proclamado en abstracto en la Constitución, consiste en esencia, precisamente, en su
limitación, a causa de la necesaria coordinación con los otros derechos existentes y con
los derechos de los demás ciudadanos, y no existe en un ordenamiento jurídico un
límite más severo a la libertad que la privación de libertad en sí” (Arroyo Zapatero,



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DOSCIENTOS DOCE




Luis, “Principio de legalidad y reserva de ley en materia penal”, Revista española de
Derecho Constitucional, año 3, N°8, pp. 9-46).



El Ministro señor HÉCTOR MERY ROMERO estuvo por acoger el
requerimiento, además, en lo que respecta a la impugnación de los artículos 196 bis
de la Ley N° 18.290, por las siguientes razones:

1°. Que el precepto legal a que hacemos referencia establece que el tribunal no
tomará en consideración lo dispuesto en los artículos 67, 68 y 68 bis del Código Penal.
En su lugar, estatuye que se dará aplicación a las siguientes reglas:

1.- Si no concurren circunstancias atenuantes ni agravantes en el hecho, el
tribunal podrá recorrer toda la extensión de la pena señalada por la ley al
aplicarla.

2.- Si, tratándose del delito previsto en el inciso tercero del artículo 196,
concurren una o más circunstancias atenuantes y ninguna agravante, el
tribunal impondrá la pena de presidio menor en su grado máximo. Si
concurren una o más agravantes y ninguna atenuante, aplicará la pena de
presidio mayor en su grado mínimo.

3.- Si, tratándose del delito establecido en el inciso cuarto del artículo 196,
concurren una o más circunstancias atenuantes y ninguna agravante, el
tribunal impondrá la pena en su grado mínimo. Si concurren una o más
agravantes y ninguna atenuante, la impondrá en su grado máximo. Para
determinar en tales casos el mínimo y el máximo de la pena, se dividirá por
mitad el período de su duración: la más alta de estas partes formará el máximo
y la más baja el mínimo.

4.- Si concurren circunstancias atenuantes y agravantes, se hará su
compensación racional para la aplicación de la pena, graduando el valor de
unas y otras.

5.- El tribunal no podrá imponer una pena que sea mayor o menor al marco
fijado por la ley. Con todo, podrá imponerse la pena inferior en un grado si,
tratándose de la eximente del número 11 del artículo 10 del Código Penal,
concurriere la mayor parte de sus requisitos, pero el hecho no pudiese
entenderse exento de pena.”.

2°. Que Bullemore y MacKinnon explican que el sentido de las circunstancias
modificatorias es constituir “un conjunto de situaciones concretas descritas por el legislador
y que, al concurrir, producen el efecto de influir en la magnitud de la pena aplicable, sea porque
la conducta es considerada más o menos injusta, o más o menos culpable” (Vivian R.
BULLEMORE G. y John R. W. MACKINNON R. [2018]: Curso de Derecho Penal, T. II
Teoría del Delito, p. 216. Ediciones Jurídicas de Santiago, Santiago). Künsemüller
agrega que las circunstancias – aquello que está alrededor o en torno a algo a lo que




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0000213
DOSCIENTOS TRECE




adhiere- se caracterizan cuando se añaden al elemento principal. Lo segundo,
consecuencia de lo señalado, es su naturaleza accidental o accesoria, “ … lo que supone,
por un lado, que únicamente tendrán virtualidad de la mano del hecho principal y, por otro,
que sus efectos no pueden ser equiparados a los que deriven del elemento esencial” (Carlos
KÜNSEMÜLLER LOEBENFELDER [2019]: “Las Circunstancias Atenuantes de la
Responsabilidad Penal en el Código Chileno. Doctrina, Jurisprudencia, Política Criminal,
Derecho Comparado”, p. 24. Tirant lo Blanc, Valencia). Compartimos la opinión de este
autor en el sentido que “el estudio de las circunstancias modificativas debe tener lugar en el
marco de la Teoría de la Pena, pues su función propia y esencial es la de entregar al sentenciador
la mayor cantidad de elementos de juicio para una acertada individualización del castigo”
(Carlos KÜNSEMÜLLER LOEBENFELDER [2019], ob. cit., p. 26).

3°. Que, sin que su justificación tenga necesariamente un contenido
constitucional, las reglas previstas en los artículos 67, 68 y 68 bis del Código Penal
constituyen el parámetro general. El legislador puede, sin duda, establecer reglas
sobre atenuantes y agravantes de carácter especial, diversas en su contenido y alcances
a la previsión general, pero para ello, a fin de evitar que se establezcan diferencias
arbitrarias prohibidas por la Carta Política, debe proporcionar razones suficientes.

4°. Que de la historia fidedigna del establecimiento de la Ley nro. 20.770,
aparece que el informe de la Comisión de Obras Públicas da cuenta de las ideas
matrices o fundamentales del mensaje presidencial que dio origen al cuerpo legal que
contiene el precepto que se ha impugnado. Éstas se reducen a “hacerse cargo de la
sensación de impunidad ante este tipo de delito, ya que la baja extensión de la pena y la
existencia de penas sustitutivas finalmente llevan a que los autores de este delito cumplan las
penas en libertad. Así ocurrió con el responsable de la muerte de la pequeña Emilia quien, a
pesar de la gravedad del delito, fue condenado a dos años de pena remitida, cumpliendo dicha
condena en libertad”.

En ese mismo informe se recoge la opinión del entonces Ministro de Obras
Públicas, señor Andrés Gómez Lobo, quien manifestó que el diseño del mecanismo
de determinación de la pena del delito previsto en nuevo artículo 196 bis de la Ley de
Tránsito tiene por objeto “impedir que el juez pueda salirse del marco punitivo que entrega
la ley, eliminado el efecto de la concurrencia de dos o más atenuantes, reemplazando dichas
reglas por otras que orientan el sentenciador a imponer la pena dentro del marco penal”. Es
decir, no puede sino entenderse que el propósito del legislador al fijar un régimen
especial de determinación de circunstancias modificatorias fue restringir y limitar las
reglas sobre el poder de singularización de la pena por parte del juez. Mismo
propósito, huelga decirlo, es el que se manifiesta de manera obvia en las reglas que
contiene el Libro I título III párrafo IV del Código Penal.

5°. Que, como constata el mismo Künsemüller, el legislador ha preferido la vía
más rápida de utilizar leyes sectoriales “con el fin de reformar inorgánicamente ciertos
sectores del Código Penal, incrementando generalmente el rigor punitivo …” (Carlos
KÜNSEMÜLLER [2022]: “El Populismo Punitivo”, artículo publicado en El Mercurio



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DOSCIENTOS CATORCE




Legal, edición del 3 de marzo de 2022). Cuando esto ocurre, la regla general, que
asegura la igualdad de todos ante la ley penal, cuya consagración constitucional es
explícita, se debilita sin razones suficientes. Prevalecen finalmente consideraciones
que buscan oír la voz de los que claman por atender la sensación de impunidad, muy
alejadas de los principios cardinales del Derecho Penal que deben ser siempre
respetados por el legislador.



Redactó la sentencia el Ministro señor MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ.
Las disidencias fueron escritas por la Presidenta, Ministra señora DANIELA MARZI
MUÑOZ, y el Ministro señor HÉCTOR MERY ROMERO, respectivamente.



Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.
Rol N° 16.546-25-INA




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DOSCIENTOS QUINCE


Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 30/01/2026



Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida María Pía Silva Gallinato
Fecha: 30/01/2026 Fecha: 30/01/2026



Miguel Angel Fernández González Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 30/01/2026 Fecha: 30/01/2026



Héctor Antonio Mery Romero Marcela Inés Peredo Rojas
Fecha: 30/01/2026 Fecha: 30/01/2026



Alejandra Precht Rorris
Fecha: 30/01/2026


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta,
Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros señora Nancy
Adriana Yáñez Fuenzalida, señora María Pía Silva Gallinato, señor Miguel Ángel
Fernández González, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne, señor Héctor
Mery Romero, señora Marcela Inés Peredo Rojas y señora Alejandra Precht
Rorris.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional, señor Sebastián
López Magnasco.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 30/01/2026




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