TC Rol 16548

Texto completo

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CIENTO CINCUENTA




2025

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
____________

Sentencia
Rol 16.548-2025


[20 de noviembre de 2025]

____________



REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL ARTÍCULO 196 TER, INCISO
PRIMERO, SEGUNDA PARTE, DE LA LEY Nº 18.290


LEONARDO ESTEBAN DÍAZ BECERRA


EN EL PROCESO PENAL RIT N° 1369-2025, RUC N° 2500643280-0, SEGUIDO
ANTE EL JUZGADO DE GARANTÍA DE OVALLE



VISTOS:

Que, con fecha 10 de junio de 2025, Leonardo Esteban Díaz Becerra ha
presentado un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
respecto del artículo 196 ter, inciso primero, segunda parte, de la Ley N° 18.290,
en el proceso penal RIT N° 1369-2025, RUC N° 2500643280-0, seguido ante el
Juzgado de Garantía de Ovalle.

Precepto legal cuya aplicación se impugna



“Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2009, del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones. Fija el Texto Refundido,
Coordinado Sistematizado de la Ley de Tránsito
Artículo 196 ter.- Respecto del delito previsto en el inciso tercero del
artículo 196, será aplicable lo previsto en la ley Nº 18.216, conforme a las



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reglas generales. Sin embargo, la ejecución de la respectiva pena
sustitutiva quedará en suspenso por un año, tiempo durante el cual
el condenado deberá cumplir en forma efectiva la pena privativa de
libertad a la que fuere condenado.
[…].”



Síntesis de la gestión pendiente

Indica el requirente que ante el Juzgado de Garantía de Ovalle se sigue
causa penal en su contra por el presunto delito de manejo en estado de ebriedad
con resultado de muerte y lesiones, encontrándose, a la fecha de presentación
del requerimiento, vigente el plazo de investigación decretado en la respectiva
audiencia de formalización.

En razón de lo anterior, expone que la aplicación de los preceptos
impugnados en la gestión pendiente vulnera garantías constitucionales. Indica
que se transgreden los principios de no discriminación e igualdad ante la ley, de
acuerdo con lo previsto en los artículos 1° y 19 N° 2° de la Constitución, y en los
artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2.1 y
26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Argumenta que se produce una diferencia arbitraria e injustificada con
otras personas imputadas por delitos de igual o mayor gravedad, quienes
pueden acceder a penas sustitutivas sin la suspensión establecida en el precepto
impugnado. Sostiene que esta diferencia carece de fundamentos razonables y
objetivos, y no es idónea para alcanzar los fines de resocialización de la pena,
contraviniendo el principio de proporcionalidad.

Junto a ello, desarrolla que se contraviene la garantía de un procedimiento
racional y justo consagrada en el artículo 19 N° 3° inciso sexto de la Constitución.
La norma reprochada limita severamente la facultad del juez de actuar con
justicia según las características del caso y del sujeto penalmente responsable,
al obligarlo a suspender la pena sustitutiva por un año. Esta situación, acota el
requirente, vulnera el principio de proporcionalidad como garantía de un
procedimiento racional y justo, impidiendo que el juez pueda ponderar
adecuadamente las circunstancias del caso concreto.



Tramitación del asunto

El requerimiento se acogió a tramitación y declaró admisible a través de
resolución de Primera Sala de fecha 19 de junio de 2025, a fojas 25,
confiriéndose traslados de fondo.




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Con fecha 1 de julio de 2025, a fojas 37, el Ministerio Público evacúa
traslado y solicita el rechazo del requerimiento.

Hace presente el ente persecutor que en el presente caso no está impedida
la sustitución de una pena privativa de libertad, sino que es suspendida por un
año.

Por ende, explica que el legislador no eliminó la facultad judicial de
imponer penas sustitutivas, ni las reglas para interrumpirlas, modificarlas o
darlas por cumplidas. Sólo impone una suspensión de la decisión judicial por un
año, imponiendo pena privativa de libertad.

Hace presente que el legislador está facultado para configurar políticas
preventivas que busquen disuadir efectivamente de la comisión de los delitos
viales con resultado de muerte, y tiene potestades constitucionales formales y
sustantivas para perseguir la erradicación de las conductas de riesgo como
conducir vehículos motorizados con consumo de alcohol.

En consecuencia, argumenta que no se puede deducir la existencia de un
derecho subjetivo a una pena alternativa si el artículo 1° de la Ley N°18.216
establece que es una facultad del Juzgador.

Concluye señalando que el precepto legal impugnado no configura una
prohibición, bloqueo o impedimento de aplicación de una pena alternativa o
sustitutiva a la pena privativa de libertad. Ni el juez ni las partes se ven
impedidos de debatir sobre su aptitud para el caso concreto, su aplicación y
sobre la mejor modalidad que pueda revestir.



Vista de la causa y acuerdo

Con fecha 17 de septiembre de 2025 se verificó la vista de la causa,
oyéndose la relación pública y los alegatos certificados por el relator de la causa,
quedando adoptado el acuerdo en la sesión señalada.



CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el reproche constitucional formulado al artículo 196 ter
de la Ley N° 18.290, en aquella parte que suspende por un año la ejecución de
una pena sustitutiva en el caso de delitos contenidos en la Ley de Tránsito, no es
nueva para la resolución de este Tribunal en el ámbito de la inaplicabilidad,
puesto que, desde el primer requerimiento en que se impugnó esta disposición,
en causa Rol N° 2.897, esta Magistratura ha dictado más de cuatrocientas
sentencias con distintos resultados para acoger, en algunas oportunidades, la
inconstitucionalidad de la norma o, en contrario, resolviendo su conformidad
con la Carta Fundamental;



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SEGUNDO: Que, en el caso de las sentencias estimatorias, se ha razonado
que la suspensión en la aplicación de las penas sustitutivas de privación de
libertad por un año resulta desproporcionada e inequitativa respecto a
personas condenadas incluso por delitos de mayor gravedad, añadiendo que
también resulta contraria al principio de proporcionalidad, en cuanto es
inidónea para cumplir los fines de reinserción social y de protección de la
víctima que tiene la pena, ya que -para esta última finalidad- bastan las
restricciones a la licencia de conducir (v. gr., c. 25° Rol N° 4.575);

TERCERO: Que, en sentido opuesto, en sentencias desestimatorias, este
Tribunal ha argumentado la conformidad del precepto legal en cuestión con la
Constitución, considerando que solo impone una suspensión de la decisión
judicial por un año, por lo que, concedida que sea la pena sustitutiva al concluir
esa suspensión, la decisión judicial permite aplicarla en el modo, tiempo y lugar
que el juez competente determine. Además, se ha sostenido que el legislador
debe tener políticas preventivas que disuadan efectivamente los accidentes de
tránsito con resultado de muerte, por lo que resulta razonable que busque los
medios para que las penas sean efectivas y, consecuentemente, no se afectan la
proporcionalidad ni la igualdad ante la ley (c. 7° a 17°, Rol N° 5.328);



I. FUNDAMENTOS DEL RAZONAMIENTO CONSTITUCIONAL

CUARTO: Que, de acuerdo con este devenir jurisprudencial, en que han
sido acogidas y desestimadas las impugnaciones al artículo 196 ter inciso
primero, segunda parte, de la Ley N° 18.290, no es posible soslayar -como
explicamos desde el Rol N° 14.800- que este conflicto constitucional concreto,
como se ha indicado, ha enfrentado diversas aproximaciones conforme a
quienes han integrado el Tribunal para resolver en cada uno de los casos y
conformar las mayorías que posibilitan adoptar acuerdos en un órgano
colegiado.

Así, a partir de la dictación de la sentencia Rol N° 2.897 se han plasmado
en concreto los diversos enfoques de la Justicia Constitucional respecto a los
alcances de la política criminal y la actividad del legislador penal frente a la
Constitución, así como sus límites y los márgenes de razonabilidad con que una
determinada medida puede ser examinada, como sucede, precisamente, con la
suspensión por un año en la ejecución de una eventual pena sustitutiva
atendida la dictación de una condena por determinados delitos pluriofensivos
contenidos en la Ley de Tránsito;

QUINTO: Que, lo anotado es parte del ejercicio de control concreto de
constitucionalidad de la ley que la Constitución ha entregado a esta
Magistratura, de manera que un nuevo enfoque o aproximación al examinar el
precepto cuestionado de inaplicabilidad es imprescindible en la constante



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evolución con que debe ser interpretada y aplicada la Carta Fundamental. En
particular, la comprensión de la política criminal como una disciplina llamada a
ocuparse de la respuesta de la sociedad frente a la delincuencia, demanda una
constante revisión en la aproximación con que la Justicia Constitucional analiza
las decisiones del legislador en su respectivo ámbito de competencia, el que
surge a partir de lo previsto en el artículo 19 N° 3° inciso octavo de la
Constitución, esto es, al establecer delitos y penas.

Por ello, recientemente la doctrina penal ha puesto de relieve que se debe
examinar si “la legislación recibida del pasado y que sigue vigente todavía es
capaz de resolver adecuadamente los conflictos que se presentan en la sociedad”,
a tiempo que debe observarse cómo ella ha evolucionado “reaccionar frente a
los cambios que ha experimentado, creando protección penal allí donde se ha
hecho necesaria como producto de tal evolución histórica” (Alex Van Weezel:
Curso de Derecho Penal. Parte General, Santiago, Ediciones Pontificia
Universidad Católica de Chile, 2023, p. 16).

A fin de cuentas, los fundamentos de las normas e instituciones del
sistema penal residen en las concepciones valorativas ético-sociales que
mantenga una determinada comunidad jurídica, por lo que se encuentran
sujetos a constate revisión, crítica y examen (Wessels et. al.: Derecho Penal,
Parte General. El Delito y su Estructura, [Strafrecht Allgemeiner Teil: Die Straft
und ihr Aufbau]. Raúl Pariona (trad.), Lima, Instituto Pacífico, 2018, p. 4);

SEXTO: Que, de esta forma, la comprensión del sistema penal como
“reflejo de la identidad social, es decir, de la comprensión que una sociedad tiene
de sí misma en un determinado momento histórico” se expresa en su política
criminal (Van Weezel, p. 17), no sin considerar que la imposición de una pena y
de su efectivo cumplimiento configura “la reacción más violenta y vigorosa que
ha contemplado el ordenamiento jurídico” (Juan Ignacio Piña: Derecho Penal
Fundamentos de la Responsabilidad, Santiago, Ed. Thomson Reuters, 2023, p.
122), por lo que resulta imprescindible la concatenación entre la decisión
legislativa con la estructura mayor de legitimación del sistema jurídico que se
contiene en la Constitución para establecer “los fines y funciones que debe
cumplir el Derecho penal y las condiciones para hacerlo” (Piña, p. 123).

Allí encuentra, entonces, sustento la vinculación entre la Constitución y
el sistema penal, al que le corresponde el aseguramiento de los valores
fundamentales más importantes de la vida social, garantizar el mantenimiento
de la paz jurídica en el marco del orden social e imponer el derecho en caso de
conflicto (Wessels et. al., p. 4), por lo que el trabajo del legislador penal y
procesal penal se estructura a partir de un presupuesto o programa contenido
en la Constitución, el que no puede transgredirse (Harro Otto: Manual de
Derecho Penal. Teoría General del Derecho Penal. [Grundkurs Strafrecht -




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Allgemeine Strafrechtslehre]. José R. Béguelin (trad.), Barcelona, Ed. Atelier,
2017, pp. 43-44).

En palabras de esta Magistratura, según se sostuvo en la sentencia Rol N°
2.022, “el Derecho Penal es la herramienta del Estado más invasiva en la
restricción de la libertad, por lo que requiere un mayor cuidado en su
configuración. Efectivamente, la norma de carácter penal debe ser idónea y
necesaria para proteger un determinado bien jurídico, manteniendo un equilibrio
entre la trascendencia social de la conducta típica y la pena que se asigna al delito
” (c. 30°);

SEPTIMO: Que, para examinar esta vinculación, la norma penal debe
cumplir con un doble criterio de legitimación frente a la Constitución. Por una
parte, el principio de legalidad establece que sólo la ley puede sancionar las
conductas prohibidas, debiendo describir expresamente aquellas que prohíbe y
sanciona (Rol N° 1.872, c. 24°), mientras que, en su contenido sustantivo, la ley
penal no puede transgredir los principios de subsidiariedad, fragmentariedad,
proporcionalidad, humanidad, igualdad, lesividad, culpabilidad y non bis in
ídem (Piña, p. 405);

OCTAVO: Que, con base en cuanto se viene explicando, es posible
precisar que, si bien la Constitución establece límites al actuar del legislador
penal, del principio democrático contenido en su artículo 4° se desprende que “
el legislador es libre para determinar razonablemente los requisitos para castigar
una conducta y establecer la sanción correspondiente” (Rol N° 2.022, c. 28°), en
tanto, “[c]orresponde al legislador el establecimiento de una pena para un
determinado delito. Por tanto, éste tiene discrecionalidad para la fijación de las
penas, en la medida que respete los límites que le fija la Constitución. Así, asignar
penas para un delito es parte de la política criminal y depende de un juicio de
oportunidad o conveniencia que corresponde efectuar al legislador” (Rol N° 1329,
c. 13°).

Así, a propósito de un eventual conflicto abstracto o concreto de
constitucionalidad que pudiera invocarse frente a una decisión legislativa en el
marco de la política criminal, a este Tribunal le compete examinar que las penas
“obedezcan a fines constitucionalmente lícitos y que no se vulneren los límites
precisos que la misma Carta ha impuesto como, por ejemplo, en el caso del
artículo 19, N° 1, que prohíbe la aplicación de apremios ilegítimos, del artículo 19,
N° 7, inciso segundo, letras g) y h), que impiden establecer la pena de confiscación
de bienes o la de pérdida de los derechos previsionales, todo lo cual tiende,
finalmente, a dar cumplimiento al deber que el inciso segundo del artículo 5° de la
Constitución impone a los órganos del Estado en orden a respetar y promover los
derechos esenciales del ser humano” (Rol N° 2.022, c. 30°);




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NOVENO: Que, por lo mismo y atendido que la norma penal realiza una
importante función axiológica con relación al bien jurídico, es que ella contiene
un valor que se busca proteger por el legislador y no le resulta posible al
Tribunal Constitucional, en cada oportunidad, examinar su eventual
conformidad o discrepancia con el mérito legislativo sin que sea constatado un
conflicto claro en el contraste que surge entre la norma y la Constitución.

En este sentido, dado que la norma penal se encuentra “llena de
significado y sentido”, es que se vincula con un valor que justifica y legitima su
acatamiento a partir de la respectiva decisión que se adopta luego de la
deliberación democrática suscitada en el Congreso Nacional. En específico, un
precepto legal que integra el sistema penal contiene una orden con significado y
no sólo expresa “el deber de realizar una determinada conducta activa u omisiva
bajo amenaza de sanción, sino también otorga un carácter valioso al interés
protegido” (Juan Luis Modolell: Manual de Derecho Penal. Teoría del Delito,
Santiago, Ediciones DER, 2024, p. 7);

DECIMO: Que, en consecuencia, el intérprete constitucional no puede
ignorar la decisión legislativa que originó la prohibición que configura un
determinado ilícito penal, y tampoco la sanción y su especial forma de
cumplimiento, lo que no conlleva, por cierto, que se limite el ejercicio de la
función judicial de manera que resulte contraria a la Constitución. Al contrario,
allí es posible obtener su fundamento y legitimación, dando cuenta, en el
examen constitucional, de la razonabilidad y proporcionalidad en el marco de
los fines que persiga;



II. APLICACIÓN AL CASO CONCRETO

DECIMOPRIMERO: Que, la cuestión de constitucionalidad que debemos
dilucidar es si, en el caso concreto, se produce una vulneración a la
Constitución, considerando que el precepto cuestionado de inaplicabilidad no
prohíbe o restringe en forma absoluta la aplicación de alguna de las penas
sustitutivas establecidas en la Ley N° 18.216. Más bien, el artículo 196 ter, en la
parte impugnada, suspende su ejecución -en caso que sea procedente su
aplicación, conforme lo determine el Juez competente- de acuerdo con el mérito
y antecedentes del proceso por el lapso de un año durante el que el condenado
quedará privado de libertad;

DECIMOSEGUNDO: Que, así, la norma no incide en la atribución judicial
de determinar la pena que corresponda en el caso concreto de acuerdo con la
culpabilidad del autor o, de ser el caso, de reconocer una eventual pena
sustitutiva, sino que dispone una forma de cumplimiento efectivo, decisión en
que el legislador ha actuado en su ámbito de competencia bajo los lineamientos
de la política criminal respecto de un específico grupo de delitos;



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DECIMOTERCERO: Que, en relación con la pretendida vulneración al
principio de igualdad ante la ley, previsto en el artículo 19 N° 2° de la
Constitución, cabe recordar que este derecho constituye el reflejo “de que la
majestad de la fuerza de la ley debe imperar en todos los supuestos que rige, para
todos sus destinatarios y conforme a una interpretación común a todos, sin
excepciones distintas a las que el propio legislador realice” (Gonzalo García: Los
Principios de Igualdad y no Discriminación, una Perspectiva de Derecho
Comparado, Bruselas, Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, 2021, p. 83),
suponiendo “la distinción razonable entre quienes no se encuentran en la misma
condición” (Rol N° 1.254, c. 46°).

DECIMOCUARTO: Que, precisamente, en el ámbito penal, esta
Magistratura ha explicado que “en principio, frente a la comisión de un mismo
delito, la sanción penal prevista en la ley debe ser la misma” (Rol N° 8.792, c. 48°),
agregando que “[e]n consecuencia, debe superar el test de la diferencia, en cuanto
razonabilidad y no mera racionalidad, a objeto de verificar si nos encontramos
frente a una normativa motivada; si la norma reprochada como medio se
encuentra justificada en un objetivo o finalidad constitucionalmente legítimo y si
la desvinculación de la igualdad general no resulta arbitraria”. Atendido lo
precedentemente transcrito, las diferencias de cada caso al examinar el
cumplimiento del principio de igualdad requieren, por una parte, desvirtuar una
eventual pretensión de igualdad absoluta, y, por otra, identificar la aplicación de
la ley de acuerdo con las diferencias constitutivas para establecer una “distinción
razonable entre quienes no se encuentren en la misma condición” (Rol N° 1.365, c.
29°);

DECIMOQUINTO: Que, desde ya, por lo señalado, no es factible estimar
una transgresión al artículo 19 N° 2° de la Constitución por la aplicación de la
norma cuestionada en el caso concreto. No resulta procedente plantear la
comparación, para arribar al juicio de igualdad, entre el delito por el cual ha
sido imputado el requirente en la gestión pendiente y cualesquiera otros
tipificados en el sistema penal, cuestión que, inevitablemente, conduciría a una
evaluación en abstracto de la preceptiva legal cuestionada y no a su aplicación
en el caso concreto, como se exige en sede de inaplicabilidad.

La regla impugnada, en cambio, se aplica en sentido análogo a todas las
personas que han cometido alguno de los delitos expresamente previstos en la
Ley N° 18.290, en que se transgreden no solo la seguridad vial, sino que,
conjuntamente, la vida humana y la salud individual.

A este respecto, razonamos en la sentencia Rol N° 8.792, en el sentido que
“el Derecho Penal […] realiza valoraciones sobre actos u omisiones y no sobre
personas” (c. 53°), examen que, en su oportunidad, realizó el legislador.




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Además, con una eventual comparación de tipo abstracto se pretende
incorporar al examen constitucional una decisión de política criminal en que el
legislador estimó, atendidos los accidentes del tránsito con motivo de la
conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte o de lesiones graves
gravísimas supuestos de la norma impugnada, la necesidad de otorgar una
aplicación de las penas en los términos contenidos en la disposición, aspecto
que da cuenta de la razonabilidad de la medida, entendiéndola como
motivación (Rol N° 8.792, c. 49°);

DECIMOSEXTO: Que, en este sentido, de acuerdo con el Mensaje con que
S.E. la Presidenta de la República dio inicio a la que se convertiría en la Ley N°
20.770, “[e]ste Proyecto de Ley tiene por fin principal hacerse cargo de la
sensación de impunidad ante este tipo de delito, ya que la baja extensión de la
pena y la existencia de penas sustitutivas finalmente llevan a que los autores de
este delito cumplan las penas en libertad” (Mensaje de S.E. la Presidenta de la
República con el que se inicia un proyecto de ley que modifica la Ley de Tránsito,
en lo que se refiere al delito de manejo en estado de ebriedad, causando lesiones
graves gravísimas o con resultado de muerte, 28 de mayo de 2014, p. 3, Boletín N°
9.411-15).

Asimismo, al revisar la tramitación de dicha iniciativa es posible
constatar que, durante el primer trámite constitucional y avanzado el segundo,
incluso la aplicación de penas sustitutivas, con posterioridad al año de
suspensión, se encontraba severamente restringida en el proyecto de ley. Así,
por ejemplo, se establecía que la sustitución sólo procedería por la pena de
reclusión parcial nocturna, en caso que la pena privativa de libertad que
impusiere la sentencia no excediere de cinco años, de tal manera que el
legislador efectuó un ejercicio de ponderación, arribando, en definitiva, al
estatuto contenido en la Ley N° 20.770.;

DECIMOSEPTIMO: Que, ahora y en cuanto a una eventual transgresión
al principio de proporcionalidad, es menester considerar que dicho principio da
cuenta de un método de interpretación para la resolución de casos en que
pudieran verse afectados diversos derechos fundamentales para que una
determinada medida -en su contraste constitucional- satisfaga, de manera
escalonada, los siguientes elementos: Un fin legítimo; ser idónea; necesaria; y,
por último, proporcional en sentido estricto (Jorge Contesse Singh:
“Proporcionalidad y Derechos Fundamentales”, Pablo Contreras y Constanza
Salgado (Edit.): Manual sobre Derechos Fundamentales. Teoría General, Santiago,
LOM, 2017, pp. 288-289).

En la jurisprudencia de esta Magistratura hemos indicado que este
método de resolución de conflictos entre derechos fundamentales surge a
propósito de la ponderación de derechos y visualiza la “búsqueda de equilibrio
entre garantías como una colisión más que entre reglas, más bien entre



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principios, caracterizados como mandatos de optimización que, a diferencia de
las reglas, pueden cumplirse en distinto grado y en la medida de lo posible” (Rol N°
3.329, c. 54°);

DECIMOCTAVO: Que, al tenor de lo razonado en torno a la política
criminal y el ámbito competencial del legislador, surge la legitimidad de la
medida legislativa que se impugna de inaplicabilidad. Su finalidad es conforme
con la Carta Fundamental, especialmente considerando lo dispuesto en sus
artículos 1°, 5° y 19 N° 2° y N° 3°, invocados por la requirente en la acción de fs. 1.

En efecto, la configuración de delitos y en la decisión en torno a la
entidad de la pena y su forma de cumplimiento, como expresiones de su
legitimación constitucional formal y material, la primera etapa del test de
proporcionalidad que argumenta el requirente permite vincular la
conminación penal del delito por el que se encuentra formalizado a partir de la
correspondiente valoración social del hecho que se juzga (Piña, p. 419).

Dado que la proporcionalidad es un límite al ius puniendi del Estado a
efectos de que “la existencia y cuantía de la pena refleje la existencia e intensidad
de la dañosidad social y culpabilidad del autor”, es que resulta abstracta, en el
marco del diseño legislativo, y concreta, en la adjudicación judicial en cada
proceso (Piña, p. 420);

DECIMONOVENO: Que, de su examen concreto, el artículo 196 ter de la
Ley N° 18.290, en la parte impugnada, no vulnera estas manifestaciones de la
proporcionalidad, sino que, al contrario, se enmarca en la política criminal del
legislador como reacción punitiva frente a un grupo de ilícitos de grave
afectación social y su finalidad no sólo es sistémica en el ámbito de los delitos
más graves contenidos en dicha ley, sino que, además, expresa objetivos
constitucionales que permitieron al legislador diferenciar expresamente esta
forma de cumplimiento frente a otros ilícitos;

VIGESIMO: Que, continuando con el examen de proporcionalidad, la
medida cuestionada es idónea y satisface los estándares de necesidad y
proporcionalidad estricta, pues permite el logro de las finalidades buscadas por
el legislador (Rol N° 825, c. 6°), conforme precedentemente se estimó a propósito
de su razonabilidad y de los objetivos con que, en su oportunidad, se originó la
discusión ante el Congreso Nacional, a partir del Mensaje de S.E. la Presidenta
de la República, a efectos de buscar reducir la comisión de graves delitos
contenidos en la Ley N° 18.290 que exceden a la mera peligrosidad.

Luego y consecuencialmente, su finalidad es constitucional y se expresa
en la protección de bienes jurídicos de relevancia a partir del daño que
expresan las conductas que son sancionadas con esta específica forma de
cumplimiento de la pena, ámbito en que el legislador ha actuado en resguardo
no sólo de la seguridad vial, la vida humada y la salud individual, conforme lo



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establecido en el artículo 19 N° 1° de la Constitución, sino que, como un todo, y
de acuerdo con sus artículos 1° inciso cuarto y 154 N° 5° en protección del bien
común, finalidad que la Carta Fundamental impone al Estado y a todos sus
Órganos.

Más específicamente, la asignación de la pena por estos delitos y la
específica modalidad de cumplimiento fue adoptada por el legislador bajo todas
estas consideraciones que convergen en la política criminal y, por tanto, según
razonamos en la sentencia referida, “depende de un juicio de oportunidad o
conveniencia que corresponde efectuar al legislador” (c. 13°);

VIGESIMOPRIMERO: Que, a partir del examen de idoneidad y
adecuación de la medida, no se tiene que la Constitución establezca un
determinado fin de la sanción penal, como la reinserción social. Aún más, los
tratados internacionales ratificados por Chile no la señalan expresamente como
un objetivo único o específico en el marco de la idoneidad o adecuación para
examinar la proporcionalidad de la medida contenida en la norma impugnada.

Más bien, la norma impugnada prioriza un fin de retribución y ello no es
contrario a la Constitución desde el objetivo buscado por el legislador en torno a
un Derecho Penal eficaz en la protección de la sociedad con relación a las más
graves conductas delictivas vinculadas a la conducción de vehículos
motorizados en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias
psicotrópicas con afectaciones a la vida humana o a la salud individual.

Es una medida que, en la ponderación del legislador, se tiene por eficaz
en el marco de sus objetivos y fines (Mauricio Rettig: Derecho Penal, Parte
General. Fundamentos, Tomo I, Santiago, Ediciones DER, 2017, p. 21). Por lo
mismo, además de la idoneidad, el componente de necesidad o intervención
mínima se satisface en el examen de proporcionalidad.

El precepto legal cuestionado, en consecuencia, es eficaz a propósito del
fin legítimo buscado, en tanto “no exist[e] otra igualmente eficaz pero menos
gravosa para amparar el bien jurídico (…)” (Rol N° 3.329, c. 60°), análisis que, en
concreto, no puede desatender los ya anotados objetivos que tuvo a la vista el
legislador respecto de la medida que, en tal mérito, adoptó para evitar la
comisión de específicos delitos que traen aparejada una forma de cumplimiento
efectiva de la pena por espacio de un año;

VIGESIMOSEGUNDO: Que, junto a lo señalado, la norma no transgrede
tampoco la proporcionalidad en sentido estricto en la concatenación de la
medida con los fines y la intensidad de la afectación de los derechos
involucrados e invocados por el requirente. Es, en el razonamiento de la
sentencia recién anotada, “una medida equilibrada y justa que es menor al
perjuicio que ocasiona la intervención al derecho fundamental” (Rol N° 3.329, c.
61°).



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El precepto impugnado, de esta manera, no incide en la cuantía de la
pena, la que debe ser decretada por cada juez penal a partir del marco abstracto
predefinido en la ley (Rol N° 8.792, c. 37°) y, en concreto, en la medida de la
culpabilidad del infractor. Sólo opera en la fase de cumplimiento de la sanción y
no restringe la eventual posibilidad de que sea concedida alguna de las penas
alternativas contenidas en la Ley N° 18.216.

En tal mérito, la parte impugnada del artículo 196 ter de la Ley N° 18.290
busca asegurar la medida y sólo deja en suspenso una eventual decisión judicial
para que la pena, posteriormente, sea cumplida bajo los requisitos contenidos
en la referida Ley N° 18.216. Esta decisión del legislador no contraviene la
prohibición de exceso tanto en el establecimiento de la conminación penal, en
abstracto, como en la imposición concreta de la pena que ha de decidir el
sentenciador de fondo;

VIGESIMOTERCERO: Que, en fin, la adecuada ponderación entre el bien
jurídico que fue efectivamente lesionado por el infractor de la conducta típica
con relación a la respuesta punitiva no sólo se expresa en la pena dispuesta por
el legislador, sino que, también, en la decisión en torno a su cumplimiento, y
expresa la adecuación constitucional y ausencia de desproporción en la medida,
lo que, por lo demás, sitúa al precepto impugnado en el marco constitucional
permitido por el artículo 19 N° 3° de la Carta Fundamental.

Si el principio de proporcionalidad apunta a la relación entre el
merecimiento de pena y el daño social causado, no es posible soslayar,
precisamente, en el examen de confrontación concreta de la norma legal con la
Constitución, el disvalor que envuelve la comisión del delito que trae consigo
esta forma de cumplimiento de la pena, la que se mantiene en el ámbito de la
razonabilidad a partir del bien jurídico protegido.

No se rebasan los límites de lo necesario que, de ocurrir, pudieran haber
ameritado resolver estimativamente el conflicto constitucional propuesto
(Rettig, p. 213), por cuanto, en definitiva, el artículo 196 ter inciso primero de la
Ley N° 18.290 no puede ser contrastado con la Constitución en forma abstracta o
desvinculada del sistema que integra, ya no únicamente en el ámbito de las
penas y su cumplimiento, sino que, en específico, en el subsistema que integran
los delitos previstos en la legislación de tránsito que ocasionan graves
afectaciones a bienes jurídicos de relevancia;

VIGESIMOCUARTO: Que, protegiendo esos bienes jurídicos, el sistema
penal sirve a la realización de un importante valor constitucional, cual es el bien
común y posibilita salvaguardar la paz social quebrantada por estos delitos
especialmente intolerables para el legislador por el concreta y grave daño que
conllevan.




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0000162
CIENTO SESENTA Y DOS




En contrario, un ejercicio de control concreto de constitucionalidad de la
norma impugnada que prescinda en su análisis del examen de los bienes
jurídicos afectados por los delitos que traen aparejada la pena respectiva y la
forma de cumplimiento que ha dispuesto la ley, implicaría un examen abstracto
que se desvincula del caso concreto y constituiría un análisis de la decisión
legislativa en sí misma, a pesar de constatarse tanto su razonabilidad como la
proporcionalidad de la medida, o, en otros términos, de las razones y contexto
que surgen de lo que ha sido dispuesto por el legislador a partir de la valoración
de los delitos y de sus consecuencias (Rol N° 8.792, c. 36° y 38°).

Un razonamiento de tal naturaleza excedería la competencia del
Tribunal Constitucional en el ámbito de la inaplicabilidad y operaría, más bien,
como un análisis de mérito de la decisión que el Congreso Nacional adoptó en el
marco de la política criminal, cuya constitucionalidad concreta no pudo ser
desvirtuada por el requirente;

VIGESIMOQUINTO: Que, por todo lo precedentemente examinado, debe
ser rechazado el requerimiento de inaplicabilidad deducido en la presente
causa respecto del artículo 196 ter inciso primero, segunda parte, de la Ley N°
18.290, de Tránsito, en la parte que establece la suspensión por un año en la
ejecución de una eventual pena sustitutiva prevista en la Ley N° 18.216,
disponiendo que, durante ese tiempo, la pena debe cumplirse en forma efectiva.


Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93 incisos primero,
N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la
Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997, Orgánica
Constitucional del Tribunal Constitucional,



SE RESUELVE:

I. QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD
DEDUCIDO A LO PRINCIPAL, DE FOJAS 1. OFÍCIESE.

II. ÁLCESE LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA EN
AUTOS. OFÍCIESE.

III. QUE NO SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE REQUIRENTE POR
ESTIMAR QUE TUVO MOTIVO PLAUSIBLE PARA LITIGAR.

DISIDENCIA

Acordada con el voto en contra de la Presidenta, Ministra señora
DANIELA MARZI MUÑOZ, y del Ministro señor HÉCTOR MERY ROMERO, quienes
estuvieron por acoger el requerimiento en la impugnación por las siguientes
razones:




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CIENTO SESENTA Y TRES




I. DILEMA CONSTITUCIONAL E IDEA DE LA PROPORCIÓN EN EL
DERECHO
1°. Que, la parte requirente es investigada por el delito de manejo en
estado de ebriedad con resultado de muerte y lesiones.

Ante esta Magistratura se ha controvertido constitucionalmente el inciso
primero, parte final, del artículo 196 ter de la Ley de Tránsito. La parte
requirente argumenta que este precepto legal es contrario a la Carta
Fundamental, ya que afecta las garantías constitucionales de proporcionalidad
y debido proceso, así como la garantía de igualdad ante la ley y su racionalidad
en el caso de autos. Esto, al imponer al infractor la obligación de cumplir de
manera efectiva un año de la pena privativa de libertad, incluso cuando podría
aplicarse una pena sustitutiva conforme a la Ley N° 18.216.

2°. Que, el razonamiento que se expone se asienta sobre la premisa de la
proporción y su vinculación con el Derecho y, en particular, de un concepto
mayor como lo es el delito. Al respecto se ha dicho que “El sentido de la
proporción se desprende del doble significado de la palabra Derecho, o sea,
depende del objeto de la regulación y, por otra parte, de la estructura de las
proposiciones jurídicas. En cuanto materia del conocimiento, el Derecho designa
un ordenamiento predominantemente objetivo de regulación del comportamiento
exteriorizado e interindividual de los hombres, mediante normas cuya
prescripción, sancionada con la legítima posibilidad del empleo de la fuerza
organizada de la sociedad y ejercida con exclusividad por el Estado o por
instituciones a que éste se haya subordinado, se orienta a la consecución de fines
valorados por cada comunidad según el correspondiente estadio de su evolución
cultural”. Pues bien, el Derecho como ciencia investiga precisamente dichas
normas y valoraciones en las tareas sucesivas que la distinguen, tales como la
interpretación, construcción y sistema: “Para las tres el pensamiento
proporcional tiene una palabra que pronunciar. La interpretación ha de buscar la
coherencia íntima de las normas, la simetría entre sus partes, la proporción
normativa en el sentido original de esta idea. Luego, interviene en la elaboración
de los conceptos jurídicos, con lo que aludimos a los conceptos que se ofrecen en
los supuestos de hecho de las normas, previamente aclarados por la
interpretación, como los de dolo, ánimo de lucro, error en la persona, etc. (…) En
seguida, la unidad conceptual y la simetría de los componentes son indispensables
para elaborar las instituciones, o sea, la reproducción de una relación jurídica
que se presenta con idéntico contenido en diferentes normas de Derecho (…) Por
último, el sistema jurídico, el conjunto ordenado, coherente y total de
conocimientos acerca de un determinado Derecho positivo, sería de imposible
realización si no hubiera afinidad -antes constatada a través de la interpretación
sistemática- entre sus partes ni derivación de un único fin supremo e interno”
(Guzmán Dalbora, José Luis “La idea de proporción y sus implicaciones en la




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CIENTO SESENTA Y CUATRO




dogmática penal”, Política criminal, Vol. 12 N°24, Santiago dic. 2017, pp. 1228-
1263).

II. SOBRE EL DELITO DE MANEJO EN ESTADO DE EBRIEDAD: BIEN
JURÍDICO Y ELEMENTO SUBJETIVO

3°. Que, el delito de manejo en estado de ebriedad o bajo la influencia de
estupefacientes o psicotrópicos presenta una estructura típica particular que
condiciona el alcance del elemento subjetivo de la infracción, tanto en su forma
básica, regulada en el inciso primero del artículo 196 de la Ley N°18.290 sobre
Tránsito, como en la especie agravada del inciso tercero del mismo artículo.

El manejo simple en estado de ebriedad es considerado en general como
un delito de peligro contra la seguridad pública, discutiéndose a su respecto el
carácter de dicho peligro: si es abstracto, concreto o abstracto-concreto
(hipotético). Sobre este punto se ha extendido en particular Carlos Cabezas
Cabezas, en su trabajo titulado "Los delitos de conducción bajo la ingesta de
alcohol o sustancias estupefacientes como delitos de peligro” (Revista de
Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, número XXXIV,
primer semestre de 2010, pp. 227-280).

El dolo, pues, ha de abarcar el riesgo real, presunto o hipotético generado
por el manejo para la circulación vial y, sobre todo, para la vida, integridad
corporal y salud de los automovilistas y peatones. Sin embargo, al hallarse el
sujeto en estado de ebriedad −lo que significa que su conciencia está alterada−
resulta problemático hablar propiamente de dolo. Esto es así tanto si se concibe
al dolo como la conciencia y voluntad de un resultado, como, especialmente, si
se le entiende como la conciencia y voluntad de un resultado antijurídico. La
alteración de la conciencia y del juicio producidos por la ingesta alcohólica, en
efecto, puede afectar las representaciones fácticas y valorativas del autor,
quien, además, atribuirá a su voluntad unos poderes de los que en verdad
carece, con la consiguiente merma del componente afectivo de la imputabilidad
y del dolo. De ahí que la infracción descrita en el inciso primero del artículo 196,
bien mirada, sea una presunción absoluta, no solo de imputabilidad —que
podría estar ausente al momento de la acción—, sino también de dolo. Esta
presunción que va más allá de los términos de los artículos 1, inciso segundo, y
10, número 1, del Código Penal.

En cuanto a la forma agravada, consistente en causar lesiones gravísimas
o la muerte de una persona, se plantean dos interpretaciones respecto a la
imputación subjetiva del resultado calificante. La primera considera que se
trata de un delito calificado por el resultado, en el que la ley no exige prueba de
culpabilidad alguna respecto de la muerte del sujeto pasivo, hecho evidenciado
por la seca redacción causalista del tipo “causare (...) la muerte” y no “cometiere
homicidio o cuasidelito de homicidio”; y porque las penas se desproporcionan
como si hubiese dolo, acercándose mucho a las del homicidio doloso y
superando con largueza las del homicidio culposo, según los artículos 391,



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CIENTO SESENTA Y CINCO




número 2; 490, número 1; y 492 del Código Penal. La segunda postura se decanta
por un delito preterintencional, en que ha de haber culpa en la muerte de la
víctima, para armonizar el delito con la prohibición constitucional de las
presunciones absolutas de la responsabilidad penal.

4°. Que, desde ninguna de estas dos posturas es posible sostener que el
manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte abarque la situación en
que un conductor mata dolosamente a otra persona. Si el conductor, obrando
con dolo directo o eventual, quiere o acepta el deceso de una persona por su
conducción antirreglamentaria, esa muerte se somete a las reglas generales del
homicidio, que es penado con mayor severidad que el delito del artículo 196,
con la pena de presidio mayor en su grado medio a máximo. Pues bien, el
homicidio simple no aparece excluido del campo de aplicación de las penas
sustitutivas de la Ley N°18.216, siempre que las reglas de adaptación y
concreción de la penalidad previstas en el artículo 391, número 2, permitan al
juez imponer una pena que cumpla con los requisitos para la remisión
condicional, reclusión parcial o libertad vigilada.

5°. Que, el artículo 196 ter de la Ley de Tránsito, aunque aparentemente
no excluye el manejo de estado de ebriedad de las penas sustitutivas de la Ley
N°18.216, al establecer que la pena sustitutiva quedará en suspenso durante un
año, tiempo durante el cual el condenado deberá cumplir efectivamente la pena
sustituida, lo que realmente hace es crear una nueva pena sustitutiva, distinta
de las conocidas legalmente, o bien las modifica hasta tornarlas irreconocibles
en la punición de este hecho en particular, a todas luces menos grave que un
homicidio en cualquiera de sus especies (parricidio, femicidio, asesinato, etc.). P
ensar otra cosa, o sea, suponer que la muerte del peatón puede ser cometida con
dolo (directo o eventual), implicaría, por ejemplo, que el marido que en estado
de ebriedad embiste con el coche a su mujer queriendo matarla o asumiendo
esta eventualidad, merecería una pena menor que la asignada al femicidio
vincular (artículo 390 bis), que es necesariamente doloso. Esto resulta absurdo
y, en consecuencia, no puede ser proporcional.

III. PROPROCIONALIDAD DE LA PENA E IGUALDAD

6°. Que, el Derecho penal como última ratio del ius puniendi estatal no es
concebible como un mero sistema de incentivo y desincentivo de conductas. Por
ser la consecuencia más gravosa del ordenamiento jurídico se construye con
estricto apego a la idea de proporción tanto en la configuración del delito como
de la pena, unidades distintas pero vinculadas, al ser esta última expresión del
reproche hacia la conducta delictiva. En consecuencia, sin necesidad de recurrir
a las finalidades resocializadoras −que, sin embargo, son reconocidas en el
Derecho internacional de los derechos humanos, aunque no como las únicas
posibles de considerar en un ordenamiento jurídico− sino que, desde la idea de
la retribución, tenemos que la norma requerida de inconstitucionalidad
distorsiona la valoración de diversos elementos del delito dando lugar a un



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CIENTO SESENTA Y SEIS




resultado carente de razonabilidad. En este sentido, se ha declarado en la
jurisprudencia de esta Magistratura que “la naturaleza retributiva de la pena
hace que esta pueda conmensurarse en cada caso a la gravedad del respectivo
delito. Como escribió Bettiol, “es sobre la base de la idea de retribución sobre la
que se hizo su ingreso en el Derecho Penal el criterio de proporcionalidad, ya que
la pena retributiva es ‘naturalmente’ proporcionada al comportamiento
efectuado” (Rivacoba, Manuel, La retribución penal, Editorial Jurídica Conosur
Ltda., 1995, Santiago de Chile, p. 51) (STC Rol N°14.129-2023, c°26).

7°. Que, lo hasta aquí dicho puede reconstruirse en el sub juicio más
difícil del test de proporcionalidad −método de interpretación constitucional
ampliamente reconocido en la argumentación jurídica− ya que, siendo la pena
de reclusión efectiva de corta duración idónea para un fin legítimo, y, a su
turno, no siendo posible valorarlas en términos de ser menos gravosa e
igualmente efectiva que otras posibles, debido a que es una cuestión que en
realidad es empírica y deriva en algo que no es decisivo para el razonamiento
judicial −como es el éxito o fracaso de una política legislativa en la disuasión del
delito− se arriba a la proporcionalidad en sentido estricto.

Para este sub juicio se vuelve relevante el análisis dogmático, pues
exigirá fundamentar plenamente si el sacrificio de bienes individuales
−libertad individual− expresado en la máxima injerencia estatal como la
privación de libertad −cuyo único borde es su duración temporal−, se
encuentra justificado en los intereses estatales que se buscan proteger, siendo
un camino altamente inseguro el desatender la reconstrucción sistemática de la
disciplina penal, ya que ese constituiría un procedimiento automático al
entender que la proporcionalidad será aquello que decida el legislador
democrático, puesto que es igual a sostener que la proporcionalidad no tiene
ninguna cabida como razonamiento constitucional.

8°. Que, se ha señalado que el control de proporcionalidad tiene una
“dinámica triádica”, pues se encuentra en la sombra del canon igualdad y
razonabilidad, porque sin estar consagrado en los textos constitucionales, en el
ámbito penal −y siendo éste manifestación de las delicadas decisiones político-
criminales de competencia exclusiva del legislador− ha permitido que la
justicia constitucional evite que esa plena discrecionalidad mute en un arbitrio
irracional o que rompa la igualdad. ste enfoque es particularmente relevante
en casos como las penas automáticas, ya que son simplemente incompatibles
con la idea de proporcionalidad (Grimaldi, Italo “Il principio di proporzionalità
della pena nel disegno della Corte Costituzionale, Rivista di giurisprudenza
penale, N°5, 2020).

Esta ha sido la forma de dotar de contenido a la proporcionalidad en
materia penal, cuyas decisiones legislativas se determinan de acuerdo a las
épocas y sus valoraciones, y que se construye por medio de intervenciones
episódicas sobre situaciones que fácticamente no podrán ser nunca iguales y
perfectamente delimitables. Estas situaciones se regulan mediante



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CIENTO SESENTA Y SIETE




herramientas que permiten ajustar la respuesta penal a las características
particulares del caso, como el sistema de atenuantes y agravantes, así como la
clasificación de las penas en función de la gravedad del delito, distinguiendo
entre crímenes y simples delitos. Finalmente, y en el marco de este análisis
constitucional, la pena de privación de libertad no puede ser subestimada, pues,
como ha señalado la doctrina “en toda limitación de un derecho cabe ver un
desarrollo jurídico del mismo, pues el desarrollo legislativo de un derecho
proclamado en abstracto en la Constitución, consiste en esencia, precisamente, en
su limitación, a causa de la necesaria coordinación con los otros derechos
existentes y con los derechos de los demás ciudadanos, y no existe en un
ordenamiento jurídico un límite más severo a la libertad que la privación de
libertad en sí” (Arroyo Zapatero, Luis, “Principio de legalidad y reserva de ley en
materia penal”, Revsita española de Derecho Constitucional, año 3, N°8, pp. 9-46).

9°. Que, por lo anterior, en opinión de quienes suscriben este voto la
acción de inaplicabilidad intentada contra el artículo 196 ter inciso 1° parte final
de la Ley N°18.290 debiese ser acogida.



Redactó la sentencia el Ministro señor MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ
GONZÁLEZ y la disidencia la Ministra señora DANIELA MARZI MUÑOZ (Presidenta).



Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N° 16.548-25-INA




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CIENTO SESENTA Y OCHO


Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 21/11/2025




Miguel Angel Fernández González Raúl Eduardo Mera Muñoz
Fecha: 20/11/2025 Fecha: 20/11/2025



Catalina Adriana Lagos Tschorne Héctor Antonio Mery Romero
Fecha: 21/11/2025 Fecha: 20/11/2025



Alejandra Precht Rorris
Fecha: 20/11/2025


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta,
Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros señora Nancy
Adriana Yáñez Fuenzalida, señora María Pía Silva Gallinato, señor Miguel Ángel
Fernández González, señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana
Lagos Tschorne, señor Héctor Mery Romero y señora Alejandra Precht Rorris.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional, señor Sebastián
López Magnasco.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 21/11/2025




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