TC Rol 1655

Texto completo

Santiago, primero de abril de dos mil diez.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1%. Que cabe tener presente que el Congreso Nacional
aprobó, con fecha 10 de marzo del presente año, el
informe de Comisión Mixta del proyecto de ley en que
incide el requerimiento: formulado, comunicando al
Presidente de la República dicha circunstancia por medio
de oficio fechado el 16 de marzo, en el cual se señala
que “el Congreso Nacional ha dado su aprobación al
siguiente proyecto de Ley”. Por su parte, el
requerimiento formulado en su contra se presentó el

pasado 22 de marzo;

2%, Que, de conformidad al artículo 41 bis de la Ley
N* 17.997, la admisibilidad de un requerimiento, ya
acogido a trámite, depende de la oportunidad en que el

mismo haya sido promovido;

3. Que, en general, las cuestiones de
constitucionalidad pueden “ser formuladas durante la
tramitación de un proyecto de ley, lo que implica que
dicho plazo se ¡inicia al dar cuenta del respectivo
proyecto en la Cámara de Origen y se extiende hasta la

promulgación del mismo;

4. Que, de la lectura de la normativa
constitucional, se constata que la reforma introducida
por la Ley N* 20.050 cambió la redacción del actual
inciso cuarto del artículo 93 de la Carta Fundamental y
con ello la interpretación que se tenía sobre la
oportunidad para requerir. En efecto, la normativa del
antiguo artículo 82 exigía que el requerimiento fuera
“formulado antes de la promulgación de la ley” y por ello

el artículo 20 de la Ley N? 17.997, Orgánica

000146
int, cual. y (tez

Constitucional de esta Magistratura, establece que el
Tribunal informará al Presidente de la República la
existencia del requerimiento, para que se abstenga de
promulgar el proyecto aprobado, norma que desarrolla y
complementa lo dispuesto en el inciso sexto del artículo
93 del texto actual de la Constitución.

Además de lo expuesto, la reforma constitucional
aludida agregó a dicha hipótesis otra situación regulada
en el inciso cuarto del citado artículo 93. En efecto,
dicha disposición establece que “en el caso del número
32, el Tribunal sólo podrá conocer de la materia a
requerimiento del Presidente de la República, de
cualquiera de las Cámaras o de una cuarta parte de sus
miembros en ejercicio, siempre que sea formulado antes de
la promulgación de la ley o de la remisión de la
comunicación que informa la aprobación del tratado por el
Congreso Nacional y, en caso alguno, después de quinto
día del despacho del proyecto o de la señalada

comunicación”;

5%. Que, de esta forma, para efectos de determinar
la oportunidad para requerir, la reforma constitucional
de la Ley N?* 20.050 estableció una distinción entre
tratados internacionales y proyectos de ley. En el caso
de los primeros, la cuestión de constitucionalidad se
puede formular durante la tramitación del mismo; pero, si
el tratado ha sido aprobado por el Congreso, existe un
plazo adicional de > días contados desde la remisión de
la comunicación que informa dicha aprobación. Es la
hipótesis a que se refiere el artículo 38 bis, inciso
segundo, de la Ley N* 17,997,

Respecto de los proyectos de ley, el plazo se
extiende a toda la tramitación del mismo en el Congreso
Nacional. Sin embargo, si el proyecto ha sido despachado
por éste, hay que formular una distinción. Por una parte,

se puede requerir hasta “cuando ingrese a la oficina de

000147
Udo tarde y sick

partes de la Contraloría General de la República el
respectivo decreto promulgatorio” (artículo 38 bis,
LOCTC). Por la otra, en ningún caso se puede requerir
“después de quinto día del despacho del proyecto”,
siempre que aun no haya sido promulgado. Cabe recordar
que de conformidad al artículo 75, inciso segundo, de la
Constitución, el Presidente de la República tiene diez

días para promulgar el proyecto aprobado;

62. Que en el caso en cuestión, a la luz del texto
constitucional introducido por la reforma de 2005, cabe
preguntarse si el proyecto de ley se encuentra Oo no
despachado por el Congreso Nacional, aun cuando esté
pendiente el plazo para vetarlo, al cual se alude en los

artículos 72 y 73 de la Constitución;

7%. Que, en este caso, debe concluirse que el
Congreso Nacional despachó el proyecto de ley por varias
razones; en primer lugar, porque la aludida reforma
constitucional buscó establecer que los requerimientos se
presenten ante este Tribunal mientras el proyecto de ley
se encuentre en discusión, es decir, mientras no haya
emitido un pronunciamiento aprobatorio la última Cámara
que conozca de él. Esto es consistente con el enunciado
de la facultad para requerir que establece el artículo 93
N% 3 de la Constitución, que faculta a esta Magistratura
para “resolver las cuestiones que se susciten durante la
tramitación de los proyectos de ley.”“; y con la
oportunidad para ejercer el control obligatorio de
constitucionalidad, que se ejerce una vez que "quede
totalmente tramitado por el Congreso” el respectivo
proyecto (artículo 93 inciso 2%), mientras que el control
facultativo se debe ejercer “en caso alguno, después de
quinto día del despácho del proyecto”.

En este caso particular, el proyecto fue objeto del

trámite de Comisión mixta, aprobándose el informe

4
000148
Limbo camln y ocho

respectivo en el Senado el 10 de marzo, mismo día en que
lo hizo la Cámara de Diputados y se comunicó su
aprobación al Presidente de la República con fecha 16 de
marzo, quedando así, en consecuencia, despachado el
proyecto por el Congreso Nacional con esta última fecha.
El requerimiento, por su parte, como ya se indicó, se
presentó recién el 22 de marzo.

En consecuencia, no Cabe sino concluir que el
requerimiento fue presentado fuera de la oportunidad
prevista por la Constitución Política al efecto.

En segundo lugar, en nada obsta a lo anterior el
hecho de que el Presidente de la República aún tenga
pendiente el plazo para vetar. Desde luego, porque el
veto se presenta por el Presidente de la República una
vez aprobado el proyecto por ambas cámaras, es decir,
debe haber sido despachado. Recordemos que el oficio por
medio del cual la Cámara de Origen señala, precisamente,
que “.. el Congreso Nacional ha dado su aprobación al
siguiente Proyecto de Ley..”. La reforma constitucional es

M

categórica en su exigencia, pues utiliza la expresión “en
caso alguno”. Y el plazo de cinco días a que alude lo
cuenta no desde que quede totalmente tramitado el
proyecto sino que “del despacho”. Enseguida, debe tenerse
presente que el veto es un trámite adicional y eventual
que depende del Presidente de la República, no de la
voluntad del Congreso, lo que se reafirma por lo
dispuesto en los artículos 32, número 1%, 72 y 73 de la
Carta Fundamental. Además, debe considerarse' que el veto
sólo permite abrir discusión acerca de las normas
observadas, mas no del resto del proyecto. También, que
cada observación debe “ser aprobada o rechazada en su
totalidad y, en consecuencia, no procederá dividir la
votación para aprobar O rechazar sólo una parte”
(artículo 35, Ley N” 18.918, Orgánica Constitucional del
Congreso Nacional).

Admitir que el plazo para requerir se mantendría en

000149
Liemio Url y eur

suspenso hasta el vencimiento del plazo para observar por
parte del Presidente de la República, significaría
introducir un factor de incertidumbre que la reforma
constitucional de 2005 precisamente quiso evitar. También
iría contra la naturaleza del veto, acotado a ciertos
aspectos del contenido de un proyecto de ley y sin que
sean admisibles indicaciones a su texto. Y, por último,
asimilaría el control obligatorio al facultativo de
constitucionalidad, pues mientras el primero exige que
esté “totalmente tramitado”, el segundo no puede
ejercerse “en caso alguno, después de quinto día del

despacho del proyecto”, y

8”. Que corolario de todo lo razonado en los
considerandos anteriores es que el requerimiento materia
de estos autos fue presentado fuera de la oportunidad
señalada por la Constitución para poder formularlo,
debiendo declararse, en consecuencia, su inadmisibilidad

y así se declarará.

Y TENIENDO PRESENTE lo establecido en el inciso
cuarto del artículo 93 de la Constitución Política de la
República y en las normas pertinentes de la Ley Orgánica

Constitucional del Tribunal Constitucional,

SE RESUELVE,
Que es inadmisible el requerimiento de fojas 1l.

Notifíquese, comuníquese, regístrese y archívese.

Acordada con el voto en contra de los Ministros
señores José Luis Cea Egaña y Raúl Bertelsen Repetto y de
la Ministro señora Marisol Peña Torres, quienes
estuvieron por declarar admisible el requerimiento
deducido a fojas 1 por las razones que se expresarán:

PRIMERO.- Que en el caso de los requerimientos de

constitucionalidad deducidos en ejercicio de lo previsto

009150
Li Lo pimcunlla

en el artículo 93, inciso primero, N”* 3, de la
Constitución Política, el inciso cuarto de esa
disposición señala que “el Tribunal sólo podrá conocer de
la materia a requerimiento del Presidente de la
República, de cualquiera de las Cámaras o de una cuarta
parte de sus miembros en ejercicio, siempre que sea
formulado antes de la promulgación de la ley o de la
remisión de la comunicación que informa la aprobación del
tratado por el Congreso Nacional y, en caso alguno,
después de quinto día del despacho del proyecto o de la

señalada comunicación”;

SEGUNDO.- Que la norma recordada precedentemente se
complementa con lo dispuesto en el artículo 41 bis de la
Ley N* 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal
Constitucional, que precisa que en el caso de los
aludidos requerimientos: “Procederá declarar la
inadmisibilidad en los siguientes casos: 1” Cuando el
requerimiento no es formulado por un órgano legitimado.
2* Cuando la cuestión se promueva con posterioridad a las
oportunidades indicadas en el artículo 38 bis” (inciso

segundo).

El artículo 38 bis del mismo cuerpo legal indica,
por su parte, que: “Para los efectos de la oportunidad en
que debe formularse el requerimiento, la promulgación se
entenderá efectuada por el Presidente de la República
cuando ingrese a la oficina de partes de la Contraloría
General de la República el respectivo decreto

promulgatorio.

En ningún caso se podrán admitir a tramitación
requerimientos formulados con posterioridad a ese

instante (..)”;

TERCERO. - Que, en el caso de autos, el
requerimiento ha sido deducido por un grupo de diputados
que constituyen más de la cuarta parte de los miembros en

ejercicio de la Cámara, según certificado extendido por

el Secretario General Accidental de la misma, que rola a
fojas 32. En consecuencia, se encuentra cumplida la
primera exigencia a que aluden el inciso cuarto del
artículo 93 de la Carta Fundamental y el inciso segundo
del artículo 41 bis de la ley orgánica de este Tribunal,
ya transcritos, que incide en la legitimación activa para

deducir el requerimiento;

CUARTO.- Que, en cuanto al segundo requisito de
admisibilidad de un requerimiento como el deducido a
fojas 1, es necesario tener presente que, tanto del
artículo 93, inciso cuarto, como del artículo 38 bis de
la Ley Orgánica Constitucional de esta Magistratura, se
desprende que la oportunidad límite para deducirlo es la
promulgación de la ley en los términos referidos en el
inciso primero del artículo 38 bis ya mencionado, pues
mientras ella no se produzca posibilitando la publicación
de la ley, habría que entender que no ha concluido la

tramitación de la misma.

Sin embargo, la parte final del inciso cuarto del
artículo 93 de la Carta Fundamental, introducido por la
reforma constitucional de 2005, parece circunscribir esa
oportunidad límite disponiendo que "en caso alguno” el
requerimiento puede ser deducido “después de quinto día
del despacho del proyecto”. Ello obliga, naturalmente, a

precisar qué se entiende por “despacho del proyecto”;

QUINTO.- Que de las diversas acepciones que
registra el vocablo “despacho”, según el Diccionario de
la Real Academia de la Lengua Española, debe rescatarse
aquél que lo refiere a la “acción y efecto de despachar”.
A su vez, “despachar” es “resolver o tratar un asunto O

negocio”.

La Constitución Política, entretanto, no define el
concepto que nos ocupa, aun cuando lo utiliza en el
inciso primero del artículo 67, cuando señala que: “El

proyecto de ley de Presupuestos deberá ser presentado por

000451
cielo eimuonllo y uno

Lo

600152
Limbo cin eu, y de

el Presidente de la República al Congreso Nacional, a lo
menos con tres meses de anterioridad a la fecha en que

debe empezar a regir; y si el Congreso no lo despachare

dentro de los sesenta días contados desde su
presentación, regirá el proyecto presentado por el

Presidente de la República.”

De lo antes señalado puede inferirse que, en base a
un sentido natural y lógico, el “despacho” de un proyecto
de ley debe entenderse referido al momento en que se
resuelve o se decide su contenido normativo en términos
de que sólo resta su promulgación y publicación para que

se transforme en ley de la República;

SEXTO.- Que así lo entiende, asimismo, el profesor
Alejandro Silva Bascuñán cuando sostiene que “el término
de la tramitación de un proyecto de ley en el Congreso se
produce cuando sea comunicado su texto por la Cámara de
origen al Presidente de la República, de manera que éste,
una vez recibido, se encuentre en condiciones de dictar
el respectivo decreto de promulgación.” (“Tratado de
Derecho Constitucional”. Tomo VII, Editorial Jurídica de

Chile, 2000, p. 201);

SÉPTIMO.- Que, en lo que se refiere al momento
preciso en que un proyecto de ley está en condiciones de
promulgarse, resulta imperioso acudir al principio
hermenéutico de "unidad de la Constitución”, según el
cual la Constitución es un todo orgánico y el sentido de
sus normas debe ser determinado de manera tal que exista
entre ellas la debida correspondencia y armonía, criterio
al cual este Tribunal ha acudido en numerosas

oportunidades, entre otras, en sentencia Rol N* 21.

Así, Cabe tener presente, en primer término, lo
dispuesto en el artículo 172 de la Carta Fundamental,
según el cual “aprobado un proyecto por ambas Cámaras
será remitido al Presidente de la República, quien, si

también lo aprueba, dispondrá su promulgación como ley.”

000153

El artículo 73, en su inciso primero, dispone, por
su parte, que: "Si el Presidente de la República
desaprueba el proyecto, lo devolverá a la Cámara de su
origen con las observaciones convenientes, dentro del
término de treinta días.” El artículo 75, inciso primero,
expresa, a su vez, que: “Si el Presidente de la República
no devolviere el proyecto dentro de treinta días,
contados desde la fecha de su remisión, se entenderá que

lo aprueba y se promulgará como ley.”;

OCTAVO.- Que de lo que se viene refiriendo puede,
desde ya, afirmarse que un “proyecto de ley está en
condiciones de promulgarse y, por ende, debe entenderse
“despachado”, desde que la Cámara de origen comunica el
Presidente de la República que el Congreso Nacional ha
dado su aprobación al mismo cuando existe constancia en
la tramitación legislativa que el Presidente de la
República ha manifestado su voluntad de no ejercer el

veto respecto del proyecto.

Asimismo, debe entenderse que el proyecto de ley se
encuentra en condiciones de promulgarse y debe entenderse
despachado cuando ha transcurrido el plazo que el
Presidente tenía para vetarlo (30 días) sin que haya
ejercido esa potestad -Ccaso en que opera la sanción
tácita del proyecto-, y cuando, habiéndolo vetado, la
Cámara de origen comunica al Presidente de la República

que se han aprobado o desechado las observaciones por él

formuladas, tanto total como parcialmente.

Esta última hipótesis se desprende de lo
preceptuado en los incisos tercero y cuarto del artículo

13 de la Constitución Política, que señalan:

“vsi las dos Cámaras aprobaren las observaciones, el

proyecto tendrá fuerza de ley y se devolverá al

Presidente para su promulgación.

Si las dos Cámaras desecharen todas o algunas de

las observaciones e insistieren por los dos tercios de

000154
euabio

sus miembros presentes en la totalidad o parte del

proyecto aprobado por ellos, se devolverá al Presidente

para su promulgación.”;

NOVENO.- Que precisando el significado que, en la
Constitución de 1925, tenía que un requerimiento de
constitucionalidad pudiere deducirse “durante la

tramitación” de los proyectos de ley (tal y como hoy reza
el artículo 93, inciso primero, N” 3” de la Constitución
vigente), el Tribunal Constitucional, creado en el año
1970, declaró que: “Que la cuestión de constitucionalidad
se suscite durante la tramitación de un proyecto de ley.
En consecuencia, el período en que puede formularse el
requerimiento, por durar en su curso el proceso de
formación de la ley, se extiende desde el momento en que
el proyecto respectivo ha iniciado su tramitación
legislativa y hasta aquel en que se ha producido la
sanción expresa, tácita o forzada de la ley, es decir, ya
aprobada por el Presidente o transcurrido el plazo para
observarla o comunicado por la Cámara de origen el
resultado de las observaciones que se hubieren
formulado.” (Silva Bascuñán, Alejandro. El Tribunal

Constitucional en “La reforma Constitucional de 1970”.

Editorial Jurídica de Chile, Santiago, p. 249);

DÉCIMO. - Que, aplicadas las nociones explicadas a
la decisión que ha debido enfrentar este Tribunal
respecto de la admisibilidad de un requerimiento de
constitucionalidad destinado a impugnar diversas normas
del proyecto de ley modificatorio de la Ley General de
Pesca y Acuicultura y, específicamente, en lo que dice
relación con la oportunidad en que se ña deducido, estos
Ministros disidentes han sido de la opinión de que la
referida acción se dedujo dentro de plazo y, por ende,

debió haber sido declarada admisible, porque:

1. El Oficio N” 8.580, de la Cámara de Diputados, por el

que se comunica al Presidente de la República que se

000155 |

ha dado aprobación al proyecto de ley mencionado es
de fecha 16 de marzo de 2010.

2. El requerimiento respectivo fue presentado ante esta
Magistratura con fecha 22 de marzo de 2010, esto es,
seis días después del oficio aludido.

3. Revisada la historia de la tramitación legislativa
del referido proyecto de ley, en la página web del
Congreso Nacional, así como en los documentos que se
adjuntan al requerimiento, no consta que el
Presidente de la República haya manifestado su
voluntad de no ejercer su potestad de veto respecto
del proyecto, lo que impedía afirmar, con certeza,
que el mismo se encontrare “despachado”, según lo ya
explicado.

4. Consecuencia de lo anterior es que, en aplicación de
lo dispuesto en el inciso primero del artículo 75 de
la Constitución Política, el plazo que el Presidente
de la República tiene para Sancionar Oo, en su
defecto, vetar el proyecto de ley -que, como se ha
dicho, es de treinta días- se encuentra corriendo,
pese a que este Tribunal ya ha comunicado al Jefe del
Estado que debe abstenerse de promulgar la parte
impugnada del proyecto, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 40 de su ley orgánica.

5. Por lo tanto, los requirentes estaban plenamente
habilitados para deducir el requerimiento -como lo
hicieron- dentro del plazo pendiente que el
Presidente de la República tenía para sancionar 0
vetar el proyecto de ley, lo que, claramente, no
había acontecido. Por ello, es posible sostener que,
en este caso concreto, el proyecto de ley no había
sido “despachado” en la medida que se mantenía
vigente la posibilidad de vetarlo.

6. Aún más, de conformidad con lo dispuesto en el inciso
cuarto del artículo 93 de la Constitución Política,

debe entenderse que Jos requirentes gozaban de un

060156
Liendo Ea cuello y rates

plazo que, incluso, se extendía hasta los cinco días
siguientes a que el proyecto quedara totalmente
despachado, lo cual, como se ha sostenido, suponía

tener claro qué actitud iba a adoptar el Presidente

de ta —Repúbtica—respecto deta sanción (o eventual
veto) del proyecto para que, realmente, quedara en
condiciones de procederse a su promulgación.

Rol 1655-10-INC.

los Ministros que la suscriben y, la
disidencia, istrdY señora Marisol Peña Torres.

Se certificaf que Jos Ministros señores José Luis Cea Egaña y
el Ministro José Antonio Viera-Gallo concurrieron al acuerdo
de la resolución pero no firman por estar ausentes.

Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado
por su Presidente señor Marcelo Venegas Palacios y por los

Redactaron

Ministros señores, José Luis Cea Egaña, Raúl Bertelsen
Repetto, Hernán Vodanocic Schnake, señora Marisol Peña Torres
y señores Enrique Navarro Bertrán, Francisco Fernández

Fredes, Carlos Carmona Santander y José Antonio Viera-Gallo
Quesney. Autoriza la Secretaria del Tribunal, Señora Marta de

la Fuente Olguín.