TC Rol 16556

Texto completo

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SEISCIENTOS CUARENTA




2026

REPÚBLICA DE CHILE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
____________
Sentencia

Rol 16.556-25 INA

[07 de enero de 2026]
____________




REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL ARTÍCULO 32, INCISO
PRIMERO, DE LA LEY N° 18.287, SOBRE PROCEDIMIENTO ANTE
LOS JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL


LEÓN ESTORIL S.A.
EN EL PROCESO ROL N° 12.894-2024, SEGUIDO ANTE EL TERCER JUZGADO DE
POLICÍA LOCAL DE PUERTO MONTT, EN CONOCIMIENTO DE LA CORTE DE
APELACIONES DE PUERTO MONTT, POR RECURSO DE HECHO, BAJO EL ROL
N° 159-2025 (POLICÍA LOCAL).

VISTOS:

Que, con fecha 12 de junio de 2025 León Estoril S.A. acciona de
inaplicabilidad respecto del artículo 32, inciso primero, de la Ley N° 18.287,
sobre Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, para que ello incida en
el proceso Rol N° 12.894-2024, seguido ante el Tercer Juzgado de Policía Local de
Puerto Montt, en conocimiento de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, por
recurso de hecho, bajo el Rol N° 159-2025 (Policía Local).



Precepto legal cuya aplicación se impugna

El texto del precepto impugnado dispone, en su parte destacada:



“Ley N° 18.287




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Artículo 32.- En los asuntos de que conocen en primera instancia los
Jueces de Policía Local, procederá el recurso de apelación sólo en contra
de las sentencias definitivas o de aquellas resoluciones que hagan
imposible la continuación del juicio. El recurso deberá ser fundado y se
interpondrá en el término fatal e individual de cinco días, contados desde
la notificación de la resolución respectiva.

[…]”

Síntesis de la gestión pendiente y conflicto constitucional sometido
al conocimiento y resolución del Tribunal Constitucional.

Como antecedentes de la gestión pendiente, expone que María Cecilia
Asem Schmidt interpuso querella infraccional y demanda civil de
indemnización de perjuicios por la suma de 40 millones de pesos en su contra
por supuesta violación de normas de la Ley de Protección a los Derechos del
Consumidor.

Sostiene que dichas acciones han sido deducidas en forma errada ya que
la demandada no es la empresa que prestó el servicio que reclama la
denunciante; el servicio fue requerido y prestado por otra empresa en la ciudad
de Puerto Montt, cuya razón social es “León Puerto Montt S.A”.

Señala que en el comparendo de estilo, contestó la demanda por escrito y
opuso excepciones. Sin embargo, el Juez del Tercer Juzgado de Policía Local de
Puerto Montt, yendo contra texto expreso del artículo 50 H, inciso cuarto, de la
Ley N° 19.496, dispuso su tramitación en forma incidental, recibiéndola a
prueba y fallando en forma previa a la cuestión de fondo, dictando sentencia
interlocutoria que rechaza la excepción de falta de legitimación pasiva con
fecha 26 de mayo de 2025.

Contra dicha resolución dedujo recurso de apelación ante el mismo
Tribunal, el que fue rechazado con fecha 29 de mayo de 2025, por cuanto la
resolución impugnada no reviste el carácter de sentencia definitiva, ni pone
término al juicio, ni es imposible su continuación conforme a lo dispuesto en el
artículo 32, de la Ley N° 18.287, impugnado en autos.

Al respecto, indica que la apelación deducida en contra de la sentencia es
totalmente procedente, pues Ley 18.287 nada establece respecto a la
interposición de excepciones de previo y especial pronunciamiento, por lo que
deberá estarse a las normas generales contenidas en el Código de Procedimiento
Civil, que contempla la posibilidad de apelar.

Contra esta resolución dedujo recurso de hecho ante la Corte de
Apelaciones de Puerto Montt, que fue acogido a tramitación, encontrándose
pendiente de fallo, según certificado de la gestión pendiente que rola a fojas 25.




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Al fundamentar el conflicto constitucional, alega que la aplicación de la
norma impugnada vulnera el artículo 19, N° 2, de la Constitución, pues la
restricción que impone la norma impugnada carece de razonabilidad, dado que
no existen efectivamente parámetros objetivos y ajustados a la razón que
expliquen la medida.

Tampoco es posible sostener que la decisión señalada en la norma es
suficientemente fundada y que no sea arbitraria, es decir, que carezca de
justificación, pues la decisión del legislador de impedir recurrir de apelación
determinadas resoluciones judiciales y no disponer de otros recursos especiales
como reposición, genera una contradicción esencial a la igualdad con respecto a
otros procedimientos judiciales -materias penales, civiles, administrativos, etc.-,
que sí tienen una amplia gama de recursos judiciales que permiten hacer
efectivo el derecho a defensa y el debido proceso, entre ellos, el de segunda
instancia.

Por ello, establecer una diferencia no razonable, infundada y arbitraria
en el procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, pone a una de las partes
que se someten a este tipo de jurisdicción en una situación diferenciada
respecto del resto de las personas que someten sus conflictos ante otros
tribunales, con otros procedimientos y otras competencias legales.

Al mismo tiempo, estima vulnerada la garantía del debido proceso y el
derecho a la segunda instancia, artículo 19 N° 3, de la Constitución.

Al respecto, advierte que sin perjuicio de que la norma fundamental no
señala expresamente que existe un derecho al debido proceso; o un derecho al
recurso y a la segunda instancia, éstos claramente pueden desprenderse y
derivarse de la defensa jurídica y de las características de un procedimiento
racional y justo, pues implica proveer de todos los mecanismos necesarios para
ejercer el derecho de defensa ante los tribunales de justicia.

Asimismo, considera que la aplicación del artículo impugnado
transgrede el artículo 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos
que consagra el derecho de toda persona de ser oída y a un recurso sencillo,
rápido y eficaz.

A través de la aplicación de la norma cuya inaplicabilidad se solicita se
priva a la parte demandada de obtener un pronunciamiento de un superior
jerárquico respecto de una materia que reviste la mayor importancia, cual es la
revisión del incidente interpuesto que tienen directa relación con el asunto
principal.

Por último, afirma que en el caso concreto se infringe el artículo 14 N° 1
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, atendido a que la norma
aludida de la Ley 18.287 contraviene esta garantía general de igualdad ante los




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tribunales, así como el derecho a ser oído, ya que condiciona y circunscribe la
procedencia del recurso de apelación solo ante ciertos casos, sin que establezca
otro recurso adicional, como el de reposición para las resoluciones que no se
refieren a las sentencias definitivas o resoluciones que pongan término al juicio.

Tramitación y observaciones al requerimiento

Por resolución de fecha 19 de junio de 2025 a fojas 57 fue acogido a
trámite el requerimiento por la Segunda Sala de esta Magistratura,
ordenándose la suspensión del procedimiento; y por resolución de la misma
Sala fue declarado admisible con fecha 09 de julio de dicho año a fojas 612.



Conferidos los traslados de fondo a las partes de la gestión pendiente
y a los órganos constitucionales interesados, no se formularon
observaciones.



A fojas 622, en decreto de fecha 14 de agosto de 2025 fueron traídos los
autos en relación.



Vista de la causa y acuerdo

En audiencia de Pleno del día 26 de noviembre 2025 se verificó la vista de
la causa, oyéndose la relación pública y el alegato del abogado Juan Ramón
Zúñiga Segura, por la parte requirente, adoptándose acuerdo con igual fecha,
según certificación de la señora relatora.



Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que don Pablo Méndez Soto, en representación de León
Estoril S.A. requiere de inaplicabilidad respecto del artículo 32 de la Ley 18.287,
para que se excluya esa norma de las aplicables a la gestión pendiente, que
consiste en un recurso de hecho que lleva el Rol 159-2025 de la Iltma. Corte de
Apelaciones de Puerto Montt, relacionado con la causa 12.894 del Tercer
Juzgado de Policía Local de esa ciudad, por estimar que, en el caso concreto, la
regla legal impugnada genera un efecto inconstitucional desde que vulnera lo
prescrito por los artículos 5 y 19 N° 2 y 3 de la Constitución Política, además de
los tratados internacionales que indica.

SEGUNDO: Que cabe advertir que, respecto del señalado artículo 32 de la
Ley 18.287 existen, en abstracto, pareceres contrapuestos al interior de nuestro
Tribunal, y aun dentro de la mayoría que ahora se conforma, de suerte tal que el
acuerdo se ha adoptado, para este caso, en virtud de las circunstancias del caso




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concreto, más allá de los pareceres razonadamente expuestos en otras causas,
en que la situación de la respectiva gestión pendiente haya sido distinta, porque
es debido a las características de este caso particular que se alcanzó el acuerdo,
por los motivos que se expresarán.

TERCERO: Que, en efecto, lo que ha ocurrido en este caso es que una
excepción de falta de legitimación pasiva se ha fallado anticipadamente por el
juez de policía local, sin esperar la sentencia definitiva. Ahora bien, es
totalmente efectivo que nuestra sede no solo no puede enmendar errores de los
tribunales de base, sino que ni siquiera le cabe adentrarse en su análisis o
calificación. El punto, entonces, no estriba en determinar si el juez cometió o no
una infracción, sino cuál es la consecuencia, para el punto que debemos
resolver, de que la excepción de falta de legitimidad pasiva se haya fallado en
forma incidental, separada y adelantada respecto de la decisión final de la
sentencia definitiva.

CUARTO: Que el artículo 50 H inciso cuarto, de la Ley 19.946 establece, a
la letra que “Las excepciones que se hayan opuesto se tramitarán
conjuntamente y se fallarán en la sentencia definitiva.” Ahora bien, las
sentencias definitivas, en materia de Policía Local son apelables, por disposición
del propio artículo 32 de la Ley 18.287 aquí impugnado. Es decir, la decisión
recaída en la excepción de falta de legitimación pasiva habría sido apelable, de
haberse fallado en la sentencia definitiva como lo ordena el citado artículo 50 H.
Entonces, en este caso no cabe argumentar acerca de la calidad de relativo del
derecho al recurso, que indudablemente es parte del debido proceso según hay
consenso en esta magistratura y así se ha fallado, ni tampoco puede decirse que
es resorte del legislador decidir qué resoluciones sean apelable, porque lo cierto
es que el legislador quiso que la decisión sobre la excepción de falta de
legitimidad pasiva (que con toda claridad es, además, una excepción de fondo)
fuera apelable, porque la incluyó en la sentencia definitiva, que a su vez dispuso
que fuera susceptible de recurso de apelación. Entonces, aquí el tema no es si el
derecho al recurso alcanza o no a la resolución que falla una excepción tal: es
indudable que la alcanza, por lo que el demandado que opuso la excepción de
falta de legitimidad pasiva debiera poder, por el diseño procedimental y
recursivo dispuesto por la ley, poder apelar de la denegatoria.

QUINTO: Que en la causa de base, en cambio, no puede hacerlo por la
naturaleza jurídico procesal que adquirió la resolución dada la particular
actuación del juez y podría decirse entonces que se reclama de una actuación
judicial, pero si bien se mira no es así. Sin perjuicio de las vías que se tenga o
deje de tener para atacar esa decisión del juez de adelantar un fallo que tenía
que incorporarse a la sentencia definitiva, lo que nos interesa acá es que, al
hacerlo como lo hizo, el juez transformó una decisión que debía ser parte de la
sentencia definitiva, en interlocutoria. Dejemos de lado, para el análisis, el error



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o falta que esto pueda significar, pues ello está fuera de nuestras competencias y
centrémonos en el efecto procesal, frente al derecho al recurso, que esto ha
ocasionado.

SEXTO: Que entonces lo que tenemos es una sentencia interlocutoria
que, por mandato del artículo 32 de la Ley 18.287 resulta inapelable. ¿Contraría
en este caso, esa situación, la igualdad ante la ley? En nuestro parecer sí, porque
la comparación debe hacerse con la situación normal regulada por el artículo 50
H antes citado, en la parte aquí reproducida: un proceso por la misma materia
en que se opone la misma excepción, tramitado con apego a la regla del artículo
50 H de la Ley 19.946, permite que la resolución que recaiga sobre esa excepción
sea apelada. En cambio, en el proceso que está en la base de este requerimiento,
ello no es posible. ¿Es razonable esta diferencia? Mal puede serlo, si deriva de la
inobservancia de una regla de tramitación expresamente contemplada en la ley.
La sentencia interlocutoria que en esta causa interesa debería tener el mismo
resguardo recursivo que la sentencia definitiva, pues no hay razón alguna para
que no la tenga. Al contrario, hay razón de texto para que la tenga, dado su
contenido de fondo. De este modo, el tema va más allá de un reclamo por una
decisión procesal errada, el reclamo tiene sustento porque es inaceptable que
ese error altere un derecho al recurso que la parte tenía en abstracto y, por
ende, es legítimo, y hasta imperativo, que ante esa situación dada y que no nos
corresponde corregir, entendamos que esta particular sentencia interlocutoria
(sea como fuere que pensemos respecto del derecho a recurrir de otras
diversas) deba ser susceptible de recurso de apelación, para conservar la
igualdad ante la ley. Pues bien, si eso es así la única manera de que sea
recurrible es acudir a las reglas generales y supletorias del Código de
Procedimiento Civil, para lo cual hace falta remover el artículo 32 de la Ley
18.287 de la gestión pendiente.

SÉPTIMO: Que, así como se afecta la igualdad ante la ley si no se permite
apelar de esa interlocutoria, cuyo contenido en todos los demás casos que se
tramiten ante Juzgados de Policía Local en materias de Ley de Protección al
Consumidor sí será apelable, también es cierto que de no aceptarse el
requerimiento se afectará el debido proceso, según se dirá a continuación.

OCTAVO: Que, en efecto, más allá de la afectación que en sí mismo pueda
haber producido el hecho de apartarse del procedimiento establecido en el
artículo 50 H de la ley citada en el motivo precedente, sobre lo cual cabe repetir
que no tenemos competencia para adentrarnos, no permitir que se apele de la
decisión sobre la legitimidad pasiva afecta la racionalidad y justicia del proceso,
porque se estaría contrariando la voluntad misma del legislador de sí conceder
ese recurso. Por eso decíamos antes que aquí no pueden esgrimirse los
argumentos tradicionales que una mayoría esgrime para rechazar
requerimientos contra la misma norma, en otros casos: en ellos, más allá de las



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particularidades concretas, hay un debate legítimo acerca de la suficiencia
constitucional del artículo 32 de la Ley 18.287 en sí mismo, luego, hay un debate
acerca de cuál deba ser, a la luz de la Constitución, la amplitud del derecho al
recurso, particularmente en los juicios seguidos ante Policía Local. En este caso,
en cambio, la cuestión es paradojal: el espíritu del propio artículo 32
impugnado, hace necesario, para salvaguardar el debido proceso, inaplicarlo a
la especie.

NOVENO: Que lo anterior es así porque la interpretación armónica de los
artículos 50 H de la Ley del Consumidor y 32 de la Ley sobre Procedimientos
ante los Juzgados de Policía Local, lleva a concluir que el legislador quiere que la
excepción de falta de legitimidad activa sea apelable, pues la ha dejado en la
hipótesis en que el recurso sí procede, pero la situación de caso concreto, que la
excluyó de esa hipótesis, exige, para conservar la coherencia y salvaguardar el
derecho que el mismo legislador concedía, que se prescinda el artículo 32
impugnado y se acuda a las reglas generales supletorias conforme a las cuales la
sentencia de rechazo de la excepción, transformada en interlocutoria, vuelve a
su situación normal, resultando apelable. Es decir, se trata de volver a una
racionalidad que conserve la arquitectura del sistema recursivo pensado por el
legislador, dentro del proceso debido, y ello supone acoger el requerimiento.

DÉCIMO: Que, en suma, la cuestión se resuelve atendiendo a la situación
consumada. No se trata de enmendar una resolución judicial; ya es un hecho en
la causa que la excepción de falta de legitimidad pasiva se resolvió en una
sentencia interlocutoria. Lo que hemos intentado dilucidar, entonces, es
simplemente si esa sentencia interlocutoria debiera ser apelable, y la respuesta
es que sí atendido su contenido decisorio, porque todas las decisiones que
resuelven una excepción tal en el procedimiento de la ley del consumidor lo son
(igualdad) y porque en el sistema normativo en abstracto se construyó una
arquitectura que la hace apelable, lo cual demuestra que ese es el estándar de
derecho al recurso y de debido proceso, a su respecto.

UNDÉCIMO: Que, por fin, y a la inversa de lo que acontece con otra clase
de resoluciones de los procesos generales de Policía Local, aquí no puede
afirmarse que el problema quepa resolverlo con la apelación de la sentencia
definitiva, por lo dudoso que resulta suponer que una excepción de legitimidad
pasiva ya desechada (firme, si no puede recurrirse) pueda renovarse en la
apelación de la sentencia definitiva posterior que no contenga decisión sobre el
punto. Este problema es tanto más grave si se atiende a que en materia de
policía local no existe el recurso de casación con el cual reclamar la alteración
del procedimiento, de modo que tanto la igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2 de
la Constitución) como el debido proceso (artículo 19 N° 3 de la Carta) pueden
verse seriamente afectados si no se asegura la posibilidad de revisión por el
tribunal superior de la sentencia relativa a la excepción de falta de legitimación



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pasiva, más allá de toda consideración, que nos es ajena, acerca de la mayor o
menor plausibilidad de dicha excepción.



Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93, incisos
primero, N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y
pertinentes de la Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997,
Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,



SE RESUELVE:

1) QUE SE ACOGE EL REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD
DEDUCIDO A FOJAS 1, DECLARÁNDOSE LA INAPLICABILIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 32, INCISO PRIMERO, DE LA LEY
N° 18.287, SOBRE PROCEDIMIENTO ANTE LOS JUZGADOS DE POLICÍA
LOCAL, EN EL PROCESO ROL N° 12.894-2024, SEGUIDO ANTE EL TERCER
JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE PUERTO MONTT, EN CONOCIMIENTO DE
LA CORTE DE APELACIONES DE PUERTO MONTT, POR RECURSO DE
HECHO, BAJO EL ROL N° 159-2025 (POLICÍA LOCAL). OFICIÉSE

2) QUE SE DEJA SIN EFECTO LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO
DECRETADA. OFÍCIESE AL EFECTO.



DISIDENCIA

Acordada con el voto en contra de las Ministras señoras NANCY YÁÑEZ
FUENZALIDA, CATALINA LAGOS TSCHORNE, y ALEJANDRA PRECHT RORRIS, quienes
estuvieron por rechazar el requerimiento, por las siguientes razones:

1°. Que, los antecedentes y alegaciones que se reseñan en la parte
expositiva de la sentencia conducen a resolver si la aplicación del precepto
impugnado, a saber, el artículo 32° de la Ley N° 18.287 que establece la
procedencia del recurso de apelación sólo en contra de las sentencias definitivas
o de aquellas resoluciones que hagan imposible la continuación del juicio,
produce efectos inconstitucionales por vulnerar el debido proceso y la garantía
de igualdad ante la ley contenidos en los numerales 2° y 3° del artículo 19 de la
Constitución Política de la República, en relación con los artículos 8 y 25 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y el artículo 14° del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), invocados por la
requirente al amparo del artículo 5°, inciso segundo, de la Carta Fundamental.

2°. Que, la presente sentencia sigue la línea de lo razonado anteriormente
en STC Roles N° 12.695, 12.705, 12.985, 13.105, 13.324, 13.531, 14.436, 14.251,
14.421, 14.654, 14.986, 14.871, 15.129, 15.536, 16.164, que rechazaron aquellos



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requerimientos de inaplicabilidad que esgrimían, en lo sustancial,
argumentaciones análogas a las formuladas a fs. 1 y siguientes. Las
particularidades de la gestión pendiente sólo permiten reafirmar los criterios
asentados en los fallos precedentemente individualizados, como se pasa a
demostrar.

3°. Que, lo que la requirente pretende apelar es la sentencia
interlocutoria que rechaza la excepción de falta de legitimación pasiva. Tal
circunstancia permite desechar toda la argumentación que, por remisión del
artículo 5 inciso segundo de la Constitución, se basa en el contenido de los
tratados internacionales sobre derechos humanos, en relación con el derecho a
recurrir ante un tribunal superior jerárquico. Los tratados internacionales
referidos por la parte requirente sólo se refieren al derecho del imputado
condenado a recurrir del fallo condenatorio ante un tribunal superior
jerárquico, y más allá de la discusión de si esta garantía puede ser o no
extrapolable a otro tipo de procedimientos no penales, sucede que en la especie
la requirente no pretende apelar de fallo alguno, sino sólo de una sentencia
interlocutoria que, como ya se introdujo, mediante la cual se desestimó una
excepción de falta de legitimación pasiva.

4°. Que la parte requirente sostiene que la norma cuestionada la priva del
derecho “derecho a la segunda instancia” (fs. 12), sin embargo, éste no es un
derecho fundamental que se encuentre expresamente contemplado en la
Constitución ni en los tratados internacionales sobre derechos humanos, ni
tampoco puede derivarse de las garantías del racional y justo procedimiento. En
efecto, la instancia se trata de un concepto vinculado con la procedencia del
recurso de apelación, en tanto mecanismo de impugnación de resoluciones
judiciales que permite una revisión amplia por parte del Tribunal de Alzada de
las cuestiones fácticas, jurídicas y probatorias suscitadas, de modo que afirmar
la existencia de un “derecho a la segunda instancia” significaría aceptar un
“derecho a la apelación”.

5°. Que, ni la Constitución ni los tratados sobre derechos humanos han
consagrado el derecho a la apelación o el derecho a la segunda instancia, de
modo que no han establecido preferencias respecto de recursos procesales
específicos como mecanismos para impugnar resoluciones judiciales. Es así
como el sistema recursivo debe ser diseñado por el legislador, que cuenta con
un margen de libertad, debiendo intervenir la justicia constitucional sólo
cuando la regulación suprima las garantías de un procedimiento racional y
justo. En este sentido, se ha dicho que “aunque nuestra Constitución exige un
debido proceso que consagre la revisión de las sentencias, ello no significa que
consagre el derecho a la doble instancia. En otras palabras, el derecho al recurso
no es equivalente al recurso de apelación” (STC Rol N° 1.432-09).




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6°. Que, no cabe homologar el “derecho al recurso” con el “derecho a la
doble instancia”, porque es constitucionalmente aceptable que el legislador
establezca procedimientos en única instancia, sometiendo la revisión de la
sentencia definitiva a recursos diversos a la apelación, como ocurre -ni más ni
menos- en el proceso penal. Pero aún si se aceptara que existe el “derecho a
apelar” como una garantía del debido proceso, de ello no se sigue ni se deriva
necesaria y correlativamente un derecho a impugnar a través de la apelación
todas y cada una de las resoluciones que se dicten en el transcurso del
procedimiento. Tal modelo es impracticable e inexistente en nuestra legislación,
porque aún para el procedimiento ordinario común la apelación está
restringida para determinadas resoluciones intermedias.

7°. Que, el artículo 19 N° 3, inciso sexto, de la Carta Fundamental señala
que “Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un
proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer
siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos
”. Esta Magistratura ya ha tenido la oportunidad de explicar que esta disposición
constitucional fue el resultado de una opción deliberada del Constituyente de
abstenerse de enunciar las garantías del procedimiento racional y justo,
dejando abierta la posibilidad de que el legislador las pueda precisar caso a caso
atendiendo a las características, necesidades y naturaleza de cada
procedimiento (STC 576-06, c. 40° y 41°). Sin perjuicio de esto, esta Magistratura
también ha señalado que “el derecho al recurso, esto es, la facultad de solicitar a
un tribunal superior que revise lo hecho por el inferior, forma parte integrante
del derecho al debido proceso” (STC 1.443-09, c. 11°). De este modo, se ha dicho
que “el derecho a un proceso previo, legalmente tramitado, racional y justo, que
la Constitución asegura a todas las personas, debe contemplar las siguientes
garantías: la publicidad de los actos jurisdiccionales, el derecho a la acción, el
oportuno conocimiento de ella por la parte contraria, el emplazamiento,
adecuada defensa y asesoría con abogados, la producción libre de pruebas
conforme a la ley, el examen y objeción de la evidencia rendida, la bilateralidad
de la audiencia, la facultad de interponer recursos para revisar las sentencias
dictadas por tribunales inferiores” (ibid., c. 11°) (En el mismo sentido, STC 2.323-
12 c. 23°, STC 2.452-13 c. 13°, STC 2.743-14 c. 26°, STC 2.791-15 c. 26°, STC 3.309-17
c. 17°, STC 3.119-16 c. 19°, STC 3.338-17 c. 7°, STC 6.411-19 c. 11°, STC 5.878-18 c.
18°).

8°. Que, en este sentido, el sistema recursivo es un aspecto en donde el
legislador tiene un amplio margen para su configuración siempre que, en
materia penal, respecto del imputado, contemple la existencia de un “recurso
ordinario, accesible y eficaz, que permita un examen o revisión integral del fallo
recurrido, esté al alcance de toda persona condenada y respete las garantías
procesales mínimas” (Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Norín




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Catrimán y otros vs. Chile, sentencia de 29 de mayo de 2014, fondo, reparaciones
y costas, párr. 270°). De esta forma, el derecho al recurso no es absoluto y, en
consecuencia, puede ser limitado y regulado por el legislador en atención a los
derechos e intereses en juego, siempre y cuando se respeten las demás garantías
del debido proceso. De este modo, este Tribunal ha sostenido que el legislador
también tiene libertad para determinar el régimen recursivo que mejor se
avenga a las características y naturaleza de cada procedimiento (entre otras,
STC 519-06, STC 576-06, y STC 821-07).

9°. Que, en definitiva, para aceptar la tesis de la requirente que plantea
que la apelabilidad de todas las resoluciones del juicio se impone
constitucionalmente -cuestión que descartamos-, implicaría sostener también
que el derecho al recurso es sinónimo de derecho a un recurso específico -como
la apelación-y que implica necesariamente la revisión de un superior
jerárquico; y la revisión de todas y cada una de las resoluciones del
procedimiento. Tales circunstancias -además de no ser desarrolladas con
densidad en el requerimiento- no se desprenden necesariamente de la garantía
consagrada del inciso sexto del artículo 19 N° 3 de la Constitución, ni tampoco de
las garantías procesales incorporadas por la suscripción de tratados
internacionales de derechos humanos, los que sólo se refieren al derecho del
imputado a recurrir de la sentencia condenatoria ante tribunal superior.

10°. Que, la corrección de errores en las resoluciones judiciales y el
reparo del agravio no son los únicos valores que deben ser salvaguardados por
el legislador al momento de establecer las garantías del racional y justo
procedimiento. Tan importante como ellos, es la solución definitiva y
permanente del conflicto, lo que sólo puede ocurrir con la preclusión de los
mecanismos de impugnación. Para que ello sea posible, hay que aceptar que el
legislador no está obligado a establecer un recurso en específico para todas y
cada una de las resoluciones judiciales y, en esa misma línea, se debe aceptar
que tiene libertad para determinar qué causales justifican su interposición, de
la misma forma que puede establecer plazos, requisitos, tramitación, etc., que
estime se avengan con la naturaleza del procedimiento. En efecto, al momento
de diseñar un sistema de recursos y de mecanismos de impugnación de las
resoluciones judiciales, el legislador resuelve la tensión existente entre la
búsqueda de la justicia o corrección y la necesidad de certeza que se deriva de la
clausura del debate. Como ha sostenido la doctrina, “Aunque el legislador
procesal está interesado en que la decisión sea una ‘decisión correcta’ o ‘conforme
a derecho’, no le es posible, por una parte, asegurar que lo vaya a ser en todos los
casos y, por otra, no puede mantener sin solución la controversia indefinidamente
permitiendo la interposición de recursos sin restricciones, o manteniendo
perpetuamente en suspenso la decisión. No puede asegurar que sea la decisión
correcta ni aún contemplando diversos mecanismos de impugnación, toda vez




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que en la decisión que se pronuncie sobre estos últimos también está presente el
riesgo de error judicial. No puede mantener abiertos los conflictos eternamente,
pues ello haría perder sentido a la jurisdicción, llamada precisamente a darles
solución y, por esa vía, sostienen algunos, contribuir a la convivencia pacífica, a la
estabilización de las relaciones jurídicas y a la seguridad jurídica, todos ellos
valores apreciados por los sistemas jurídicos y sociales” (Flavia Carbonell, 2021,
“El lugar del error en el diseño de los procesos judiciales” en Fundamentos
Filosóficos del Derecho Procesal, Valencia, Tirant lo Blanch, p. 302).

De la misma manera ha razonado esta Magistratura cuando ha advertido
que las necesidades de certeza y seguridad jurídica son inherentes a la
resolución de conflictos por medio del proceso, lo que implica que en algún
momento el mismo debe concluir, hecho en lo que se basa la preclusión de la
impugnabilidad de las sentencias, lo que se ve reforzado por el artículo 76 de la
Carta Fundamental que prohíbe “hacer revivir procesos fenecidos”, con lo cual
resulta obvio concluir que la Constitución ha estructurado el ejercicio de la
jurisdicción reconociendo la fundamental premisa de la necesidad del fin del
proceso como forma de solución real y definitiva de los conflictos (STC 821-07 c.
23°).

11°. Que, a todo lo anterior, se agrega la circunstancia de que la cuestión
de legitimación que la requirente pretende sea revisada por un superior
jerárquico, podrá ser fundamento de un eventual recurso de apelación en
contra de la sentencia definitiva, el que se encuentra contemplado
precisamente en el precepto que se ataca. Este recurso es tan amplio que el
artículo 35 de la Ley 18.287 establece expresamente que “El Tribunal de alzada
podrá pronunciarse sobre cualquier decisión de la sentencia de primera instancia,
aunque en el recurso no se hubiere solicitado su revisión”. Así, aun de aceptar la
tesis de la parte requirente sobre la existencia de un derecho a la doble
instancia, igualmente el requerimiento debería ser rechazado, pues el precepto
que cuestiona contempla el recurso de apelación como medio recursivo para la
impugnación del fallo en sede de Policía Local.

12°. Que, finalmente, cabe descartar que el precepto cuestionado lesione
la garantía de igualdad ante la ley y, con ello, infrinja el N° 2 del artículo 19 de la
Carta Fundamental, bajo el argumento de que se ha establecido un trato
diferenciado a los litigantes respecto a otro tipo de procedimientos (fs. 14). Al
respecto, la comparación con otros procedimientos especiales realizada por la
requirente carece de pertinencia, pues la igualdad ante la ley debe analizarse en
relación con quienes se hallan en una misma situación procesal, respecto de los
cuales se estaría estableciendo diferencias arbitrarias. A mayor abundamiento,
esta Magistratura ya ha señalado que la igualdad ante la ley debe examinarse
con relación a las partes de un mismo proceso judicial, y aquí es evidente que la




12
0000652
SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS




restricción de la apelación que motiva el reclamo rige para todas las partes del
juicio (STC 14.072-23).

13°. Que, en cualquier caso, la diferente regulación entre
procedimientos, más que ser un argumento de inconstitucionalidad, sólo es una
demostración de que los juicios especiales se caracterizan, precisamente,
porque sus normas aplicables son distintas. Afirmar que ello lesiona la garantía
de igualdad ante la ley sería admitir que la Constitución proscribe los
procedimientos especiales y promueve la existencia de un solo modelo de
ordenación procedimental, cuestión que es imposible deducir de nuestra Carta
Política.

14°. Que, sólo a mayor abundamiento, debe considerarse que la Ley N°
20.886 que Modifica el Código de Procedimiento Civil, para establecer la
tramitación digital de los procedimientos judiciales, mejor conocida como “Ley
de Tramitación Electrónica”, no se aplica con plenitud en los procedimientos
seguidos ante los Juzgados de Policía Local, de modo que el establecimiento de
una regla amplia de apelación respecto de las resoluciones intermedias podría
entorpecer y dilatar en demasía la marcha del proceso, considerando
especialmente que todas las argumentaciones se pueden hacer valer al
momento de impugnar la sentencia definitiva de primera instancia.

15°. Que, en definitiva, no es posible sostener que el precepto
impugnado tenga reparos de constitucionalidad, ni en abstracto, ni en concreto,
considerando que la requirente puede plantear la cuestión de competencia ante
un tribunal superior jerárquico al momento de impugnar la sentencia
definitiva, si es que resultare agraviada.

16°. Que, todo lo anteriormente planteado, lleva a la conclusión de estas
Ministras de que el presente requerimiento de inaplicabilidad debió ser
íntegramente rechazado.



Redactó la sentencia el Ministro señor RAÚL MERA MUÑOZ y la disidencia,
la Ministra señora NANCY YÁÑEZ FUENZALIDA.



Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N° 16.556-25 INA.




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SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES


Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida
Fecha: 07/01/2026



Miguel Angel Fernández González Raúl Eduardo Mera Muñoz
Fecha: 08/01/2026 Fecha: 07/01/2026



Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 07/01/2026



Marcela Inés Peredo Rojas Alejandra Precht Rorris
Fecha: 07/01/2026 Fecha: 07/01/2026



Mario René Gómez Montoya
Fecha: 07/01/2026


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta
Subrogante, Ministra señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida, y por sus Ministros
señor Miguel Ángel Fernández González, señor Raúl Eduardo Mera Muñoz,
señora Catalina Adriana Lagos Tschorne, señor Héctor Mery Romero, señora
Marcela Inés Peredo Rojas, señora Alejandra Precht Rorris y señor Mario René
Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional, señor Sebastián
López Magnasco.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 08/01/2026




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