TC Rol 16566

Texto completo

0001504
UNO MIL QUINIENTOS CUATRO




2026

REPÚBLICA DE CHILE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
____________
Sentencia

Rol 16.566-25 INA


[07 de enero de 2026]
____________


REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL ARTÍCULO 358,
NÚMERO 5°, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL


EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A.
EN EL PROCESO ROL C-104-2023, SEGUIDO ANTE EL SEGUNDO JUZGADO DE
LETRAS EN LO CIVIL DE TEMUCO, EN CONOCIMIENTO DE LA CORTE DE
APELACIONES DE TEMUCO, POR RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA Y
APELACIÓN CONJUNTA, BAJO EL ROL N° 1666-2024 (CIVIL).



VISTOS:

Que, con fecha 13 de junio de 2025 la Empresa Eléctrica de La Frontera
S.A. (FRONTEL) acciona de inaplicabilidad respecto del artículo 358, numeral 5°,
del Código de Procedimiento Civil, para que ello incida en el proceso Rol C-104-
2023, seguido ante el Segundo Juzgado de Letras en lo Civil de Temuco, en
conocimiento de la Corte de Apelaciones de Temuco, por recurso de casación en
la forma, y apelación conjunta, bajo el Rol N° 1666-2024 (Civil).



Precepto legal cuya aplicación se impugna

El texto del precepto impugnado dispone, en su parte destacada:

“Código de Procedimiento Civil



Artículo 358.- Son también inhábiles para declarar:




1
0001505
UNO MIL QUINIENTOS CINCO




[…]

5°. Los trabajadores y labradores dependientes de la persona que
exige su testimonio;

[…]

Síntesis de la gestión pendiente y conflicto constitucional sometido
al conocimiento y resolución del Tribunal Constitucional.

Expone la requirente que se inició juicio en su contra por
responsabilidad extracontractual a raíz de un incendio ocurrido en el mes de
febrero del año 2019.

Indica que en dicho hecho se le atribuye responsabilidad por no haber
cumplido sus deberes como empresa distribuidora de electricidad, cuestión que
controvirtió, pero que solo puede acreditar testimonialmente a través de las
declaraciones de quienes conocen los hechos que, en este caso, son sus
dependientes, por ello, en la etapa probatoria, presentó como testigos a tres
trabajadores de la sociedad.

Sin embargo, la parte demandante dedujo la tacha del artículo 358 N°5,
del Código de Procedimiento Civil, impugnado en autos. La referida tacha fue
acogida por el tribunal de instancia al dictar la sentencia definitiva con fecha 27
de agosto de 2024, la que, a su vez, acogió la acción indemnizatoria.

En contra de dicha sentencia presentó recurso de casación en la forma y
apelación conjunta, solicitando a la Corte de Apelaciones de Temuco que anule o
revoque la sentencia del tribunal a quo, para luego resolver el conflicto
tomando en consideración los testimonios de los trabajadores de la Sociedad.

De conformidad con el certificado de la gestión pendiente que rola a fojas
11, el proceso se encuentra actualmente en estado de relación, pendiente de ser
incorporado en tabla.

Al fundamentar el conflicto constitucional, expone que la aplicación de
la norma impugnada vulnera el artículo 19, N° 2, de la Constitución Política,
atendido a que dicho precepto establece una distinción que carece de
fundamento, pues solo la ley puede establecer diferencias justificadas sobre la
base de aspectos fácticos objetivos.

Asimismo, estima vulnerada la garantía del debido proceso, consagrada
en el artículo 19, N° 3, de la Carta Fundamental, pues la norma cuestionada
restringe una defensa eficaz, dado que impide que se valore el actuar de la
empresa por medio de quienes pueden dar cuenta de los hechos controvertidos,
lo que atenta contra la tutela judicial efectiva.

En este sentido, afirma que no parece racional ni justo, coartar su
defensa, amparada en una norma que por su data no tuvo en consideración los



2
0001506
UNO MIL QUINIENTOS SEIS




avances a los que podía llegar la legislación procesal, privando a quien está en
mejor posición para dar cuenta de una situación de hecho como son los propios
trabajadores de la empresa.



Tramitación y observaciones al requerimiento

Por resolución de fecha 19 de junio de 2025 a fojas 130, la Primera Sala de
esta Magistratura admitió a trámite el requerimiento, ordenándose la
suspensión del procedimiento; y por resolución de la misma Sala fue declarado
admisible con fecha 09 de julio de dicho año a fojas 1462.

Conferidos los traslados de fondo a los órganos constitucionales
interesados y a las demás partes en la gestión invocada, no se formularon
observaciones.



A fojas 1473, en decreto de fecha 14 de agosto del año 2025 fueron traídos
los autos en relación.



Vista de la causa y acuerdo

En audiencia de Pleno del día 26 de noviembre 2025 se verificó la vista de
la causa, oyéndose la relación pública y los alegatos de los abogados Simón
Zañartu Gomien, por la parte requirente y Carlos Reyes Gottschalk, por la parte
requerida, adoptándose acuerdo con igual fecha, conforme certificación de la
señora relatora.



Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, del mérito de los antecedentes aportados a este
requerimiento, se advierte que la Empresa Eléctrica de la Frontera S.A.
reprocha la inconstitucionalidad de los efectos que el artículo 358 N° 5 del
Código de Procedimiento Civil tendría en la gestión judicial pendiente, la que
consiste en un juicio ordinario de mayor cuantía, iniciado por una demanda de
indemnización de perjuicios deducida en contra de la requirente, seguida ante
el 2° Juzgado Civil de Temuco, Rol N° C 104-2023, caratulada “Painian con
Frontel S.A.”. Mediante este procedimiento, según consta en las piezas
acompañadas, se persigue la responsabilidad civil de la requirente por los
hechos descritos a fojas 231 y siguientes. La requirente, demandada en sede
civil, es una empresa eléctrica dueña del tendido eléctrico que, producto de
mantenciones deficientes, habría ocasionado un incendio de grandes
proporciones que afectó los inmuebles de los demandantes, según la tesis
planteada en la demanda.



3
0001507
UNO MIL QUINIENTOS SIETE




SEGUNDO: Que, la requirente alega que la aplicación de la disposición
cuya inaplicabilidad se solicita restringe su derecho a defensa, al impedir la
valoración del testimonio de los trabajadores de la Empresa Eléctrica de la
Frontera S.A., quienes podían dar cuenta de hechos relevantes para el litigio,
por su conocimiento directo sobre estos. Esta situación, atentaría contra la
igualdad ante la ley, así como el debido proceso, al no considerarse todos los
elementos probatorios que pueden influir en la decisión del conflicto, lo que
coarta su defensa. Invoca, a tal efecto, una infracción al artículo 19° N os 2 y 3,
inciso sexto, de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que, el artículo 358 del Código de Procedimiento Civil
cuestionado prescribe en su numeral quinto que serán inhábiles para declarar:
“[l]os trabajadores y labradores dependientes de la persona que exige su
testimonio”.

CUARTO: Que, de esta forma, resulta necesario determinar si la
inhabilidad para declarar en juicio, prescrita por la norma requerida de
inaplicabilidad, a los trabajadores dependientes de la parte que exige su
testimonio, y que impide, en el caso concreto, que los trabajadores de la
requirente puedan declarar en el procedimiento que da lugar a la gestión
pendiente, es o no, en su aplicación, compatible con la Constitución Política de
la República.

QUINTO: Que, en primer término, respecto a la vulneración de la
garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19° N° 2 de la
Constitución Política de la República, esta Alta Magistratura, en el considerando
Cuadragésimo de la sentencia recaída en INA. N° 7.972, indicó que “consiste en
que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se
encuentren en las mismas circunstancias y, consecuencialmente, diversas para
aquellas que se encuentren en situaciones diferentes” (aludiendo a otro fallo en
INA N° 53. c. 72°). Con todo, “No se trata, por consiguiente, de una igualdad
absoluta, sino que ha de aplicarse la ley en cada caso conforme a las diferencias
constitutivas del mismo. La igualdad supone, por lo tanto, la distinción razonable
entre quienes no se encuentren en la misma condición” (STC ROL N° 28-85.
párrafo 4°, del voto disidente del Ministro señor Valenzuela). Por lo tanto, se ha
concluido que “la razonabilidad es el cartabón o estándar de acuerdo con el cual
debe apreciarse la medida de igualdad o la desigualdad” (Sentencias Roles Nos 28,
53, 219 y 755).

SEXTO: Que, este Tribunal, también ha afirmado que el análisis de una
eventual infracción al principio alegado exige realizar un juicio de igualdad
referencial, conforme al cual se pueda evidenciar la concurrencia de un
parámetro en términos de comparación que demuestre la exigencia de
igualdad. Es deber del requirente precisar la situación jurídica del individuo




4
0001508
UNO MIL QUINIENTOS OCHO




que se considera discriminado y demostrar cómo se verifica dicha comparación
en términos concretos (STC Rol N°2.702, c. 7° y 9°).

SÉPTIMO: Que, en este orden de consideraciones, en la gestión pendiente
no se evidencia vulneración alguna de la garantía consagrada en el artículo 19°,
N° 2, de la Constitución Política de la República, por cuanto, como lo ha indicado
este Tribunal, la igualdad ante la ley y la igual protección en el ejercicio de los
derechos deben examinarse en relación con las partes de un mismo proceso
judicial (STC 14.072, c. 2°). En el caso concreto, la inhabilidad contemplada en el
precepto que motiva el requerimiento, resulta aplicable a todas las partes del
juicio. Esta situación es evidente, en la medida en que la misma requirente,
según consta a fojas 205 de estos autos constitucionales, solicitó la inhabilidad
del testimonio de doña Nancy del Carmen Osses Higuera, conforme a lo
dispuesto en la norma impugnada, argumentando que la testigo manifestó ser
trabajadora dependiente de don Ceferino Melipil, parte demandante del
proceso en que incide este requerimiento.

OCTAVO: Que, la aplicación del artículo 358 N° 5 del Código de
Procedimiento Civil, en la gestión pendiente, trae como consecuencia privar de
valor probatorio el testimonio de los testigos: don Hernán Eduardo Villagrán
Arias, don Francisco Andrés Salazar Garcés y don Alejandro Mauricio Díaz
Manquehuaque, solicitados por la empresa eléctrica demandada. Como se
adelantó, igual efecto se verifica respecto a la declaración prestada por doña
Nancy Del Carmen Osses Higuera, solicitada por la demandante, toda vez que,
de la revisión de los antecedentes tenidos a la vista, se constata que la sentencia
definitiva del 2° Juzgado Civil de Temuco, de 27 de 2024, acogió las tachas de
testigos formuladas por las partes a fojas 74 y 77 del expediente de la gestión
pendiente, en atención a que los testigos prestaban servicios remunerados en
los términos contemplados en la norma impugnada.

NOVENO: Que, por otra parte, respecto de la vulneración a la garantía
constitucional del Debido Proceso, alegada por la requirente, cabe señalar que
la Constitución Política de la República, en su artículo 19° N° 3, inciso sexto,
dispone que “[t]oda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse
en un proceso previo legalmente tramitado”, otorgando al legislador un mandato
para establecer las garantías de un procedimiento e investigación racionales y
justos.

Dicha disposición fue el resultado de una opción deliberada del
Constituyente de abstenerse de enunciar de manera taxativa las garantías del
debido proceso, dejando abierta la posibilidad para que el legislador las precise
caso a caso, atendiendo a las características, necesidades y naturaleza de cada
procedimiento (c. 41°, STC 576-2006).




5
0001509
UNO MIL QUINIENTOS NUEVE




DÉCIMO: Que, al respecto, como se indicó en el considerando primero
de la STC N° 16.028, resulta pertinente recordar que esta Magistratura ya se ha
pronunciado respecto a la inconstitucionalidad de la normativa sobre
inhabilidades relativas de testigos, siendo la mayoría de las sentencias
desestimatorias. (STC 12.317-21; 13.111-22; 13.505-22; 13.498-22; 13.705-22;
15.622-24; 15.651-24; 15.665-24; 15.752-24). De la revisión de los fallos
previamente señalados, es posible establecer los siguientes criterios:

i.- El recurso de inaplicabilidad debe explicar y argumentar
coherentemente las razones y la forma en que la ley es antagónica a la Carta
Fundamental, de forma tal que se encuentre razonablemente fundado y
explicitado por la actora cómo se generan los efectos contrarios a la
Constitución y sus consecuencias en la aplicación a la gestión pendiente.

ii.- La valoración de la prueba testimonial es privativa de los jueces de
fondo, solamente éstos se encuentran facultados para fijar los hechos de la
causa, y efectuada correctamente dicha labor en atención al mérito de las
probanzas aportadas, ellos resultan inamovibles conforme a lo previsto en el
artículo 785 del Código de Procedimiento Civil.

iii.- Las normas reguladoras de la prueba son una garantía para ambos
litigantes. La norma impugnada en autos se aplica por igual a ambos litigantes,
quienes además disponen de diversos medios de prueba y mecanismos de
impugnación de las resoluciones dictadas por el tribunal de fondo que estimen
contrarias a sus intereses. Las inhabilidades de los testigos operan como una
garantía frente a la ausencia de imparcialidad de los testigos que presenta un
litigante y que podrían afectar a la contraria. Tal disposición supone una
limitación razonable a este medio probatorio y no es vulneratoria ni contraria a
la igualdad ante la ley toda vez que esta norma, en caso de ser invocada, se
aplica con independencia de la calidad procesal del recurrente.

iv.- la igualdad de armas se asocia a temas calificables por el juez de
fondo y en esta perspectiva el procedimiento de tachas de testigos y el valor
probatorio de sus deposiciones en juicio, requiere indicar las razones y explicar
la forma en que la ley es antagónica a la Constitución, circunstancia que el
libelo no cumple.

v.- La garantía constitucional de un proceso racional y justo obliga al
juez a velar por la vigencia tanto del derecho a la libre producción de la prueba,
como al derecho al examen y objeción de la prueba rendida.

UNDÉCIMO: Que, del estudio de los antecedentes tenidos a la vista, se
concluye que la garantía del debido proceso no se ve afectada en el caso
concreto, dado que la aplicación de la norma en cuestión se relaciona con una
regla de aplicación general a las partes del proceso civil, que permite solicitar la




6
0001510
UNO MIL QUINIENTOS DIEZ




inhabilidad de los testigos que se encuentren dentro de las hipótesis previstas
en el aludido precepto.

Dicha limitante, no afecta el derecho a una adecuada defensa, ínsita en el
concepto de un “debido proceso”, principio contenido en la Carta Fundamental,
en su artículo 19, numeral 3°, puesto que ésta entrega al legislador “establecer
siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y
justos” , lo que resulta coherente con los preceptos normativos contenidos en el
artículo 8° de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

DUODÉCIMO: Que, una vez asentado lo expuesto, es pertinente recalcar
que la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad constituye una forma
de hacer valer la supremacía de la Carta Fundamental mediante el control
represivo de disposiciones de rango legal en un caso concreto. Esto ocurre en
aquellos casos en que la aplicación de un precepto legal reclamado implique
una vulneración de las garantías fundamentales consagradas en nuestra Carta
Fundamental, situación que no se verifica en este caso.

DECIMOTERCERO: Que las razones expuestas son suficientes para
desestimar el requerimiento presentado a favor de la Empresa Eléctrica de la
Frontera S.A.



Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93, incisos
primero, N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y
pertinentes de la Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997,
Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,



SE RESUELVE:

1) QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD
DEDUCIDO A FOJAS 1, EN TODAS SUS PARTES.

2) QUE SE DEJA SIN EFECTO LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO
DECRETADA. OFÍCIESE AL EFECTO.

3) QUE NO SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE REQUIRENTE, POR
ESTIMARSE QUE TUVO MOTIVO PLAUSIBLE PARA LITIGAR



DISIDENCIA

Los Ministros señores MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y HÉCTOR
MERY ROMERO, estuvieron por acoger el requerimiento por las siguientes
razones:



7
0001511
UNO MIL QUINIENTOS ONCE




1°. – Que, en la gestión pendiente, se dictó sentencia de primer grado, hoy
apelada.

El razonamiento Tercero del fallo del 27 de agosto de 2024 pronunciada por
el Segundo Juzgado de Letras en lo Civil de Temuco en los autos
PAINIAN/FRONTEL S.A, rol C-104-2023 discurre sobre la base que

“… para resolver las tachas, todas las cuales se fundan en la misma causal, se
estará a lo dispuesto en el artículo 358 N°5 del Código de Procedimiento Civil
y, en especial, a lo declarado por los testigos tachados. … (En) dicho sentido, la
norma citada dispone: “Son también inhábiles para declarar: 5°. Los
trabajadores y labradores dependientes de la persona que exige su
testimonio.”

(Don) Hernán Eduardo Villagrán Arias declaró trabajar para Frontel en
calidad de jefe de Distribución Cautín, desde el mes de febrero de 2023, bajo la
modalidad de contrato de trabajo. A su turno, don Francisco Andrés Salazar
Garcés declaró trabajar para Frontel como jefe de Proyectos y Obras, desde el
año 2010, bajo la modalidad de contrato de trabajo de carácter indefinido.
Por su parte, don Alejandro Mauricio Díaz Manquehual declaró trabajar
para Frontel, en calidad de Técnico de Operaciones elaborando informes a
petición de diferentes áreas de la compañía, desde el año 2001, bajo la
modalidad de contrato de trabajo.

Que, atenta las declaraciones de los testigos, quienes han reconocido
expresamente encontrarse vinculados con la demandada en virtud de
contrato de trabajo, se configura respecto de ellos la hipótesis de inhabilidad
contemplada en la norma transcrita, careciendo, a juicio de esta
sentenciadora, de la imparcialidad suficiente, motivos por los cuales se
acogerán las tachas deducidas, según se indicará en lo resolutivo”.

2°. – Que, aunque nuestro texto constitucional no sea explícito ni prístino en
esta materia, en nuestro medio se acepta por parte de la doctrina, atenta a las
decisiones de esta Judicatura, que “… hay que sostener que la Constitución de la
República de Chile no contiene normas explícitas que se denominen derecho a la
tutela judicial o debido proceso. Y, sin embargo, el texto constitucional es el punto
de partida para ambos derechos. La Constitución no contiene un derecho
específico que responda al nombre de derecho a la tutela judicial y se debate
acerca de la independencia del mismo respecto de la dimensión sustantiva del
derecho al debido proceso. La denominación de este derecho implícito se ha
identificado como el "debido proceso justo" o el "derecho de acceso a la
jurisdicción", "derecho a la tutela jurisdiccional", "tutela jurisdiccional de
derechos" o "derecho a la tutela judicial efectiva" con abiertas reminiscencias al
derecho del mismo nombre reconocido por la Constitución Española (en su
artículo 24.1). No obstante, el TC ha intentado trazar una frontera distintiva ente




8
0001512
UNO MIL QUINIENTOS DOCE




la tutela judicial efectiva y el debido proceso” (Gonzalo GARCÍA PINO y Pablo
CONTRERAS VÁSQUEZ [2023]: “El Derecho a la Tutela Judicial Efectiva y al
Debido Proceso en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Chileno”, p. 235.
Publicado en Estudios Constitucionales, del Centro de Estudios Constitucionales
de Chile Universidad de Talca, Año 11, Nº 2, 2013, pp. 229 – 282).

García y Contreras sitúan en el plano del debido proceso el derecho a una
adecuada defensa, el que “… implica la aptitud procesal de presentar pruebas y
tener derecho a impugnar aquellas que vulneren las pretensiones y derechos que
se hagan valer. De esta manera, … los medios probatorios tienen por finalidad
acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el juez respecto
de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones” (GARCÍA PINO y
CONTRERAS VÁSQUEZ, ob cit, p. 267). Rodríguez y Bordachar, a su vez, agregan
que “… (el) derecho a la prueba forma parte del derecho a la igualdad de las
partes y al contradictorio. El artículo 8.2 de la convención —que, como vimos,
tiene una aplicación amplia y no solo restringida al proceso penal— es el que fija
las garantías mínimas en torno a la presentación y derecho de controvertir las
pruebas “(Manuel RODRÍGEZ VEGA y Rodrigo BORDACHAR URRUTIA [2023]:
“Debido Proceso. Materiales Docentes 65”, p. 56. Academia Judicial de Chile,
Santiago).

3°. – Que, como sostienen Marinoni y Cruz, “(la) decisión judicial es
legitimada por el procedimiento que la precede. Son la forma y las garantías las
que permean el procedimiento que permiten que la decisión de ahí emanada sea
legítima y represente, ipso facto, la manifestación de un Estado de Derecho. Y esa
legitimación se da en la proporción directa del grado de participación que se
autoriza a los sujetos envueltos en el conflicto para la formación del
convencimiento judicial. Así que esa participación se da, en líneas generales, por
medio de alegaciones y de comprobaciones; se permite que las partes afirmen las
situaciones de hecho y de derecho (en suma, de los hechos jurídicos) en los que se
basan sus pretensiones y, como consecuencia necesaria, confiere a ellas la
posibilidad de comprobar [rectius, convencer al magistrado] de que tales
afirmaciones de hecho son verosímiles. La prueba asume, en tanto, un papel de
argumento retórico, elemento de argumentación, dirigido a convencer al
magistrado de que la afirmación hecha por la parte, en el sentido que alguna cosa
efectivamente ocurrió, merece crédito” (Luiz Guilherme MARINONI y Sérgio
CRUZ ARENHART [2011), “Prova”, p. 53. Editora Revista Dos Tribunais, Sao
Paulo).

4°. – Que Joaquín Escriche definía al testigo como “(la) persona fidedigna de
uno u otro sexo que puede manifestar la verdad o falsedad de los hechos
controvertidos”.




9
0001513
UNO MIL QUINIENTOS TRECE




Este autor, señalando causales de inhabilidad relativa otrora aceptadas por
las partidas y leyes, nos recuerda que en el pasado “(no) puede(n) ser testigo por
falta de imparcialidad: el ascendiente ó descendiente por causas recíprocas,; la
muger por su marido, o el marido por su muger, ni un hermano por otro mientras
vivan juntos bajo la patria potestad; el interesado en la causa, escepto el individuo
de ayuntamiento o de universidad; el criado o paniaguado; el enemigo capital; el
hombre muy pobre á menos que sea de buena reputación o arreglada conducta; el
juez en pleito que juzgó o ha de juzgar; el abogado y el procurador por su parte ó
cliente; el tutor ó curador en pleitos de su pupilos ó menores; … el que está preso
en causa criminal contra cualquier acusado, por recelo de que podría dar falso
testimonio á ruego de que podría dar falso testimonio á ruego de alguno que le
prometiese sacarle de la cárcel; … el que por dinero lidie con bestia brava … ; el
moro, judío o herege contra un cristiano” (Joaquín ESCRICHE [1842]:
“Diccionario Razonado de Legislación Civil, Penal, Comercial y Forense”, p. 670.
Librería de Calleja e Hijos, Madrid). Tales motivos de desconfianza han ido
desapareciendo con el paso de los años, debido a las diversas reformas al
enjuiciamiento civil. No obstante, algunas causales permanecen, como la
contenida en el precepto legal que se ha cuestionado en el requerimiento de
fojas 1. Y el fundamento de la subsistencia de ese motivo legal para objetar esta
probanza, centrado en la persona del testigo y no en sus palabras, es explicado
en nuestro medio por la doctrina en el sentido siguiente: “…, al catalogar como
“sospechosos” a un cierto grupo de personas, lo que el legislador hace es
incorporar un prejuicio en contra de las personas allí listadas que se traduce en
una menor credibilidad de su testimonio” (María de los Ángeles GONZÁLEZ
COULON [2022]: “Nuevas Perspectivas sobre los Medios de Prueba”, p. 68. Bosch
Procesal, Barcelona).

5°. – Que no cabe duda de que, al privar de valor legal como prueba en juicio
a las declaraciones de los dependientes de la parte que exige su testimonio, el
legislador está formulando un juicio moral apriorístico respecto del contenido
de las declaraciones de quienes se encuentran en la posición que fija la ley. El
legislador priva de valor probatorio a sus dichos porque entiende, no cabe
dudarlo, que no serán veraces o les faltará imparcialidad. Más allá de compartir
o discrepar de esa definición, no nos parece sensato ni razonable privar a las
partes de valerse de una prueba que, en definitiva, debe ser ponderada y
valorada por la judicatura según las reglas aplicables al caso, trátese del artículo
428 del Código de Procedimiento Civil, o bien de los parámetros de la sana
crítica recogidos por el legislador.

6°. – Desde la perspectiva anotada en las motivaciones precedentes,
advertimos que la aplicación concreta del precepto legal tachado como
contrario a la Constitución ha generado efectos concretos, desfavorables, para
el demandado. En efecto, la aplicación del precepto legal impugnado priva a la




10
0001514
UNO MIL QUINIENTOS CATORCE




requirente de la posibilidad de valerse del testimonio de personas que, aunque
ligadas con la parte que las presenta, pueden estar en conocimiento de
antecedentes que permitan al sentenciador conocer los hechos que constituyen
la teoría del caso promovida en los autos que constituyen la gestión pendiente
por la demandada, apelante y requirente.

7°. – Que sostenemos que no estamos ante una cuestión de mera
ponderación de la prueba en causa civil, tarea que pertenece en exclusiva a los
jueces del fondo. En efecto, se ha denunciado en la acción constitucional
entablada que la aplicación del precepto legal en la gestión pendiente es una
cuestión en esencia constitucional, propia de la competencia de esta Judicatura,
y no una materia meramente entregada a los tribunales llamados por la ley a
apreciar la prueba y resolver el asunto controvertido. Como se sostuvo en la STC
rol 14.326-23 INA, c. 6, “… el que los preceptos legales reprochados admitan otras
formas de interpretación (sistemáticas, evolutivas, conformes con la Constitución
u otras), que están ciertamente dentro de las opciones propias del ejercicio de la
jurisdicción civil, no excluye la jurisdicción de este Tribunal para declarar la
inaplicabilidad de un precepto legal que, interpretado de manera literal, puede
dejar a la requirente sin derecho a la prueba en lo que a sus testigos dependientes
o relacionados se refiere. Esta última interpretación posible y plausible es la que
precisamente justificará el acogimiento de la inaplicabilidad respecto del Nº 5 del
artículo 358 del Código de Procedimiento Civil”.

8°. – Que, por los motivos reseñados en las consideraciones precedente,
estuvimos por acoger el requerimiento de fojas 1 y declarar inaplicable en la
gestión pendiente el artículo 358 numeral 5° del Código de Procedimiento Civil.



Redactó la sentencia el Ministro señor MARIO GÓMEZ MONTOYA, y la
disidencia, corresponde al Ministro señor HÉCTOR MERY ROMERO.



Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N° 16.566-25 INA.




11
0001515
UNO MIL QUINIENTOS QUINCE


Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida
Fecha: 07/01/2026



Miguel Angel Fernández González Raúl Eduardo Mera Muñoz
Fecha: 08/01/2026 Fecha: 07/01/2026



Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 07/01/2026



Marcela Inés Peredo Rojas Alejandra Precht Rorris
Fecha: 07/01/2026 Fecha: 07/01/2026



Mario René Gómez Montoya
Fecha: 07/01/2026


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta
Subrogante, Ministra señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida, y por sus Ministros
señor Miguel Ángel Fernández González, señor Raúl Eduardo Mera Muñoz,
señora Catalina Adriana Lagos Tschorne, señor Héctor Mery Romero, señora
Marcela Inés Peredo Rojas, señora Alejandra Precht Rorris y señor Mario René
Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional, señor Sebastián
López Magnasco.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 08/01/2026




EA58EE66-D504-4E6E-9B65-04528436399D
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su
validez puede ser consultada en www.tribunalconstitucional.cl con el
código de verificación indicado bajo el código de barras.