TC Rol 16584

Texto completo

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SETENTA Y UNO




Santiago, primero de julio de dos mil veinticinco



VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°. Que, con fecha 19 de junio de 2025, Katia Rosalía Tapia
Villalobos, deduce requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad respecto de los artículos 63, de la Ley N° 16.744, que
establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales;12 y 57, inciso primero, del D.L. 3.500; y 4°, inciso sexto, del
D.L. 3.501, para que ello incida en el proceso Rol N° 10421-2025, sobre
recurso de apelación de protección, seguido ante la Corte Suprema;

2°. Que, la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó dar
cuenta del requerimiento ante la Primera Sala de esta Magistratura;

3°. Que, la referida Sala al examinar el requerimiento deducido, se
ha formado convicción de que el libelo no cumple con las exigencias
establecidas en el artículo 80 de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional
del Tribunal Constitucional, por lo que no será acogido a trámite, pues no
contiene un desarrollo claro de los hechos y sus fundamentos en que se
apoya, ni explica de qué manera las normas impugnadas, en el caso
concreto, producen un efecto contrario a la Constitución.

En efecto, la requirente relata que, en el marco de reclamaciones
presentadas ante los organismos administrativos de salud
correspondiente, la Comisión médica de reclamos ratificó el porcentaje de
incapacidad de ganancia en 60%, lo que fue confirmado por la
Superintendencia de Seguridad Social, interponiendo reposición en contra
de dicho dictamen, el que fue rechazado, por lo que accionó de protección
ante la Corte de Apelaciones de Santiago, alegando la vulneración al “el
derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, el derecho a la igualdad
ante la ley y a la no discriminación arbitraria, y el derecho de propiedad,
consagrados en el artículo 19 N° 1 inciso 2°, 19 N° 2 y 19 N° 24 de la CPR,
respectivamente” (fojas 3).

El tribunal de alzada rechazó el recurso de protección interpuesto,
atendido a que “no se configura en el caso sub judice, el supuesto básico de la
presente acción cautelar, cual es, la existencia de un acto ilegal y/o arbitrario
que pudiera permitir el que se acoja el recurso interpuesto y se otorgue la
protección constitucional que se persigue” (fojas 10). La decisión fue apelada
por la actora ante la Corte Suprema, con fecha 19 de marzo del presente
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SETENTA Y DOS




año, recurso que “se encuentra para dar cuenta en la Tercera Sala de este
Tribunal”, según certificado que rola a fojas 64;

4°. Que, al fundar el conflicto concreto de constitucionalidad para
requerir la declaración de inaplicabilidad de los preceptos indicados,
señala que la “imposición arbitraria, ilegal e inconstitucional de estas normas
en el caso concreto, transgrede lo dispuesto en el artículo 19 numeral 3 inciso
sexto y numeral 24 de la Constitución Política. Lo anteriormente esgrimido
dice relación con que la compareciente se encuentra reconocida por
enfermedad profesional desde mayo del 2009, Resolución 109/09 de
13/08/2009 y pensionada desde el primero de marzo del año 2011, bajo la ley
16.744, siendo ésta, un sistema de reparto, lo que se desprende del artículo 19
de la Ley 16.744” (fojas 19), haciendo presente que no corresponde que en
su caso se apliquen los D.L 3.500 y 3.501;

5.° Que, el requerimiento de inaplicabilidad no contiene una
exposición clara de los hechos y fundamentos en que se apoya y de cómo
ellos producen como resultado la infracción de las garantías
constitucionales alegadas como transgredidas, atendido a que no explica
en qué contexto serán aplicadas las normas de capitalización individual,
contenidas en el D.L 3.500, y en qué gestión judicial aquello ocurrirá, sólo
indica a fojas 18 que la recurrida “pretende aplicar una norma errando en el
tiempo de su aplicación, dado que a la compareciente le corresponde el D.L
3.500, pero sólo a partir de los 60 años”.

Al respecto, si bien la actora señala que resulta vulneratorio
imponerle una ley distinta a la ley por la cual está pensionada, y cuyo
resultado afecta su derecho de propiedad y el debido proceso, los
preceptos del D.L 3.500 y del D.L 3.501 impugnados no han sido invocados
en el recurso de protección que fue rechazado por la Corte de Apelaciones
de Santiago y que se encuentra en apelación ante la Corte Suprema. Las
normas invocadas en dichos procesos judiciales corresponden a la Ley
16.744, que establece normas sobre accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales.

En relación a la impugnación del artículo 63, de la mencionada Ley,
que permite la revisión de las declaraciones de incapacidad, la requirente
sostiene que en el caso concreto no le es aplicable, atendido a que la
incapacidad ya fue declarada en el año 2009, por lo que no existe la
necesidad de revisión. Sin embargo, y frente a una eventual aplicación de
la norma en la gestión pendiente, la actora no explica de qué forma
produciría efectos inconstitucionales, sobre todo considerando, que se
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SETENTA Y TRES




trata de un precepto que más bien podría beneficiarla, al contemplar la
revisión de la declaración de incapacidad. Sólo se limita a señalar que el
artículo 63, de la Ley 16.744, y los demás preceptos impugnados tienen
incidencia directa en la resolución de la gestión judicial respectiva;

6°. Que, anotadas así las falencias, se concluye que el requerimiento
de inaplicabilidad no contiene una exposición clara de los hechos y
fundamentos en que se apoya y de cómo ellos producen como resultado la
infracción de las garantías constitucionales alegadas como transgredidas.
En este sentido, cabe hacer presente lo razonado por el Tribunal
Constitucional en la STC Rol N° 1686 c.7, que al aplicar el mencionado
artículo 80 de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal
Constitucional, ha establecido lo siguiente: “Que, en el requerimiento
interpuesto, lo antes expuesto, no se plantea con la precisión, claridad e
inteligibilidad suficientes en términos de configurar adecuadamente los
fundamentos en que se apoya y de cómo ellos producen como resultado la
infracción constitucional”.



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en el artículo 93, inciso
primero, N° 6°, e inciso decimoprimero, de la Constitución Política y en el
artículo 80, y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,



SE RESUELVE:

Que no se admite a tramitación el requerimiento deducido en lo
principal de fojas 1, teniéndose por no presentado. A los otrosíes,
estese a lo resuelto.



Notifíquese. Comuníquese. Archívese.

Rol N° 16.584-25-INA.

Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 01/07/2025



Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida Miguel Angel Fernández González
Fecha: 01/07/2025 Fecha: 02/07/2025
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SETENTA Y CUATRO


Héctor Antonio Mery Romero
Fecha: 01/07/2025


Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por
su Presidenta, Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros
señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida, señor Miguel Ángel Fernández
González y señor Héctor Mery Romero.

Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional.


María Angélica Barriga Meza
Fecha: 02/07/2025




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